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Sentencia CP-328-17 — Registro 11725

Resumen

En priemra instancia se condena al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal (Chimba), se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna incurre en el motivo de casación por infracción de ley, por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de personales o de tipo comercial, y que textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El día lunes 27 de abril del año dos mil quince, siendo las siete de la mañana, agentes de la Policía Preventiva, se desplazaron hacia el caserío de Tierra Arada en el Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán, debido a la denuncia recibida por la señora Antonia Ávila Cruz, quien les indicó que su compañero de hogar José Froylán Fiallos Ávila, la estaba maltratando y que en su casa de habitación tenía un arma de fuego, por lo que los agentes de policía se desplazaron hacia la vivienda, quienes una vez llegando al lugar aproximadamente a las once de la mañana, y con la autorización de la señora Antonia Ávila, encontraron al señor Fiallos Ávila quien tenía en su vivienda un arma de fuego de fabricación casera tipo chimba, la que entregó a los policías por lo que de inmediato procedieron a darle detención, por no contar con el permiso correspondiente.” La acción desplegada por al acusado José Froylán Fiallos Ávila, se subsume claramente en el delito de Portación Ilegal de Armas personales o de tipo comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, pues el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a que ley especial, se debe entender que la remite a las leyes que regulan las armas de fuego, lo que incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. En el segundo párrafo se habla de armas de defensa, sin embargo, no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, se ha de entender como arma de uso personal toda aquella destinada para un fin distinto a la guerra, que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería). Entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras, objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que son proscritas por el peligro que representan, como lo son las armas automáticas, a consecuencia del mecanismo de disparo; las armas de fabricación casera o artesanal, dada  la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control y las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a) No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; b) Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. Siendo la sanción en estos casos de tres (3) a seis (6) años de reclusión. En conclusión, esta Sala considera que la sentencia recurrida no incurre en infracción de ley por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, en virtud de que el arma de fuego tipo chimba, de calibre comercial y fabricación casera decomisada al imputado señor José Froylán Fiallos Ávila no puede ser considerada un arma de guerra. Esta Sala reitera que en este tipo de casos, la conducta desplegada por el acusado al que se le encontró en posesión de un arma de fabricación casera, es autor material del delito de Portación de Arma de Fuego Comercial que se subsume en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, por comprender que se trata de un arma de mano, de tipo defensivo, de bajo poder destructivo, mecanismo simple de funcionamiento y de calibre comercial. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal de reproche, señalado como infringido.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 328-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor José Froylán Fiallos Ávila, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal (Chimba), en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años y seis meses de reclusión; Segundo: Condenó al señor José Froylán Fiallos Ávila, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor José Froylán Fiallos Ávila; Cuarto: Declaró el comiso de un arma de fuego de fabricación casera tipo chimba, la cual se encuentra a la orden del Tribunal y bajo custodia del Ministerio Público; Quinto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Sexto: Absolvió al señor José Froylán Fiallos Ávila, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Son Partes: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos del señor José Froylán Fiallos Ávila, como parte recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “UNICO: El día lunes 27 de abril del año dos mil quince, siendo las siete de la mañana, agentes de la Policía Preventiva, se desplazaron hacia el caserío de Tierra Arada en el Municipio de Sabana grande, Departamento de Francisco Morazán, debido a la denuncia recibida por la señora Antonia Ávila Cruz, quien les indico que su compañero de hogar José Froylán Fiallos Ávila, la estaba maltratando y que en su casa de habitación tenía un arma de fuego, por lo que los agentes de policía se desplazaron hacia la vivienda, quienes una vez llegando al lugar aproximadamente a las once de la mañana, y con la autorización de la señora Antonia Ávila, encontraron al señor Fiallos Ávila quien tenía en su vivienda un arma de fuego de fabricación casera tipo chimba, la que entregó a los policías por lo que de inmediato procedieron a darle detención, por no contar con el permiso correspondiente.” Recurso de Casación: La recurrente Abogada Tesla Sibrian Dueñas, defensora pública del acusado José Froylán Fiallos Ávila, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero Del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO La norma sustantiva aplicada indebidamente es el artículo 332-B del Código Penal que establece: “.....Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivos y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de fuego personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. En cuanto al artículo 332-B del Código Penal consideramos que se ha aplicado incorrectamente por parte del Tribunal de Sentencias, al no haberse aplicado lo que establece el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el cinco de octubre del mismo año; y que fuera ampliado por seis meses más mediante el Decreto No.60-2015 publicado en el Diario Oficial la Gaceta con el No. 33,829 de fecha 8 de septiembre de 2015 referente a la Veda de Armas, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, al no considerar dicho Tribunal la aplicación de este Decreto al caso sub judice. El Tribunal en referencia declaro como probado el siguiente hecho: “UNICO: El día lunes 27 de abril del año dos mil quince, siendo las siete de la mañana, agentes de la policía Preventiva, se desplazaron hacia el caserío de Tierra Arada en el Municipio de Sabana Grande, departamento de Francisco Morazán, debido a la denuncia recibida por la señora Antonia Ávila Cruz, quien les indico que su compañero de hogar JOSE FROYLAN FIALLOS AVILA, la estaba maltratando y que en su casa de habitación tenía un arma de fuego, por lo que los agentes de policía se desplazaron hacia la vivienda, quienes una vez llegando al lugar aproximadamente a las once de la mañana y con la autorización de la señora Antonia Ávila, encontraron al señor Fiallos Ávila quien tenía en su vivienda un arma de fuego de fabricación casera tipo chimba, la que entrego a los policías por lo que de inmediato procedieron a darle detención, por no contar con el permiso correspondiente. Al analizar el contenido del Único hecho probado se observa que el tribunal no aplico como referimos anteriormente el artículo 2 del Decreto 184-20 13 de fecha 1 de septiembre de 2013 publicado el cinco de octubre del mismo año, y que fuera ampliado por seis meses mas mediante el Decreto 60-2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de septiembre de 2015, el que deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en los artículos 332-B del Código Penal.- Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella de la manera mas favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hecho realizados se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos similares ha manifestado: “......Si bien es cierto el Decreto no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la Portación Ilegal de Armas, importa una derogatoria tacita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del Legislador era dejar vigente el artículo 332-B del Código Penal, al regir tanto el artículo 2 del Decreto 69-2007, aun las personas que hubieran acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de Portación Ilegal de Armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el Decreto 184-13 como la ampliación por seis meses más otorgado por la disposición intermedia.[1] Así se desprende del contenido del precepto autorizante (artículo 360 Código Procesal Penal) cuando dice: “habrá lugar al recurso de casación por Infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal, en el caso de autos el artículo 332-B del Código Penal vigente; no tomándose en cuenta la aplicación del Decreto 60-2015 de veda en la sentencia proferida por el A quo, en vista que al momento del decomiso de dicha arma a nuestro representado en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015) estaba vigente dicho Decreto y por ende en suspenso el artículo 332-B del Código Penal, donde establecía por el término de un (1) año la veda para toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego de uso comercial y que no tuviera factura de venta de la Armería, procediera a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad (arma de fuego de uso personal (chimba) y asimismo durante este termino de veda de un año, las personas que tuvieran en su poder armas consideradas de uso ilegal, para hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia (chimba). Examinado lo anterior, somos del criterio que en los casos de recurso de casación por Infracción de Ley, como el presente, por disposición del artículo 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación en ningún caso podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras estos no se modifiquen, es posible revisar su encuadramiento a las normas jurídicas aplicadas; siendo esta la pretensión del presente recurso de casación en el que la decisión del Juzgador no se ajusta a las previsiones del legislador al regular una veda en la Portación ilegal de armas de fuego; debiéndose para tal efecto declarar sin lugar el fallo contra mi representado José Froylán Fiallos Ávila por el delito de Portaron ilegal de Arma de Fuego de uso personal (Chimba) en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO HONDUREÑO.- Pretendiendo para tal efecto que se anule la sentencia del A-quo y que se declare con lugar el recurso de casación por Infracción de Ley, interpuesto por haberse infringido el Decreto 60-15 de fecha 8 de septiembre de 2015 supra indicado.” Fundamentación Primer Motivo: Recurso de Casación por Infracción de ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal. Normas autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Resumen: Infracción por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 332-B del Código Penal que establece: “...Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivos y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de fuego personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” Al analizar el contenido del único hecho probado se observa que el tribunal no aplicó el artículo 2 del Decreto 184-20 13 de fecha 1 de septiembre de 2013 publicado el cinco de octubre del mismo año, y que fuera ampliado por seis meses más mediante el Decreto 60-2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de septiembre de 2015, el que deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en los artículos 332-B del Código Penal. Al momento del decomiso de dicha arma de fuego de fabricación casera conocida como “Chimba” al acusado José Froylán Fiallos Ávila, en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015) estaba vigente dicho Decreto y en suspenso el artículo 332-B del Código Penal, donde establecía el término de un (1) año la veda para toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego de uso comercial y que no tuviera factura de venta de La Armería, procediera a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. El arma de fuego de uso personal (chimba) durante este término de veda de un año, las personas que tuvieran en su poder armas consideradas de uso ilegal, debían hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad. Concepto general del recurso: Esta Sala reitera que, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico Al momento del decomiso de dicha arma de fuego de fabricación casera conocida como “Chimba” al acusado José Froylán Fiallos Ávila, en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015) estaba vigente dicho Decreto y en suspenso el artículo 332-B del Código Penal. Se establecía el término de un (1) año de veda para toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego de uso comercial y que no tuviera factura de venta de la Armería, procediera a realizar los trámites de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y las personas que tuvieran en su poder armas de uso ilegal, debían hacer entrega de éstas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna incurre en el motivo de casación por infracción de ley, por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de personales o de tipo comercial, y que textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El día lunes 27 de abril del año dos mil quince, siendo las siete de la mañana, agentes de la Policía Preventiva, se desplazaron hacia el caserío de Tierra Arada en el Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán, debido a la denuncia recibida por la señora Antonia Ávila Cruz, quien les indicó que su compañero de hogar José Froylán Fiallos Ávila, la estaba maltratando y que en su casa de habitación tenía un arma de fuego, por lo que los agentes de policía se desplazaron hacia la vivienda, quienes una vez llegando al lugar aproximadamente a las once de la mañana, y con la autorización de la señora Antonia Ávila, encontraron al señor Fiallos Ávila quien tenía en su vivienda un arma de fuego de fabricación casera tipo chimba, la que entregó a los policías por lo que de inmediato procedieron a darle detención, por no contar con el permiso correspondiente.” La acción desplegada por al acusado José Froylán Fiallos Ávila, se subsume claramente en el delito de Portación Ilegal de Armas personales o de tipo comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, pues el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a que ley especial, se debe entender que la remite a las leyes que regulan las armas de fuego, lo que incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. En el segundo párrafo se habla de armas de defensa, sin embargo, no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, se ha de entender como arma de uso personal toda aquella destinada para un fin distinto a la guerra, que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería). Entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras, objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que son proscritas por el peligro que representan, como lo son las armas automáticas, a consecuencia del mecanismo de disparo; las armas de fabricación casera o artesanal, dada la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control y las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a) No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; b) Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. Siendo la sanción en estos casos de tres (3) a seis (6) años de reclusión. En conclusión, esta Sala considera que la sentencia recurrida no incurre en infracción de ley por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, en virtud de que el arma de fuego tipo chimba, de calibre comercial y fabricación casera decomisada al imputado señor José Froylán Fiallos Ávila no puede ser considerada un arma de guerra. Esta Sala reitera que en este tipo de casos, la conducta desplegada por el acusado al que se le encontró en posesión de un arma de fabricación casera, es autor material del delito de Portación de Arma de Fuego Comercial que se subsume en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, por comprender que se trata de un arma de mano, de tipo defensivo, de bajo poder destructivo, mecanismo simple de funcionamiento y de calibre comercial. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal de reproche, señalado como infringido. Decisión. Esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocado por la Abogada Tesla Sibrian Dueñas, defensora pública del acusado José Froylán Fiallos Ávila. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 332-B del Código Penal, y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocado por la Abogada Tesla Sibrian Dueñas, en su condición de defensora pública del acusado José Froylán Fiallos Ávila; Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se condena al señor José Froylán Fiallos Ávila, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal (Chimba), en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-328-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia de Casación Penal SP-48-2009