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Sentencia CP-327-16 — Registro 12211

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de violación. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala, al realizar el análisis del reclamo realizado por la Defensa Privada, encuentra que en la etapa de incidentes durante el inicio del debate, la defensa privada del señor Fausto Francisco Gonzáles García, propuso como medio de prueba documental, una certificación médica con serie 026158, indicándole al tribunal que la misma es extendida por un médico general de una clínica Bautista de Guaimaca, en la cual se dice que el acusado fue intervenido por una brigada médica de Estados Unidos de América, por próstata en agosto de 2012 y le están dando una nueva cita para una nueva intervención. La finalidad probatoria pretendida por la defensa en ese momento, fue establecer que su representado ha venido sufriendo una enfermedad de próstata desde hace varios años y en la cual fue intervenido en esa fecha. Luego de escuchar al Ministerio Público, respecto a la admisión de dicha prueba, el Tribunal de Sentencia resolvió, de acuerdo a lo registrado en el acta de debate, que no debe admitir ese nuevo medio de prueba en virtud de que es desproporcionado con lo que pretende acreditar, que se contará con la valoración de un expediente clínico del Hospital San Felipe a nombre del acusado por la misma enfermedad desde el 2003. Además agrega el Tribunal de Sentencia que no es controvertido el padecimiento del acusado. (Folio 283) En el reproche casacional argumentado por la defensa privada, se establece que los peritos nombrados, un médico urólogo y un médico oncólogo, no emitieron ningún dictamen, manifestando que desconocían la información clínica y no podían emitir dictamen por no ser el acusado paciente de ellos. Fuera de los alegatos de instancia y acotaciones de carácter subjetivo desarrolladas por la impetrante, es imperativo señalar que para valorar el vicio denunciado, han de considerarse algunos presupuestos esenciales. Es decir, existe exclusión de un medio de prueba de valor decisivo cuando: 1. Habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la Audiencia de Debate, el Tribunal de Sentencia, sin ningún razonamiento le niegue valor o lo refute como ilícito; 2. Cuando a pesar de haber sido admitido y reproducido en juicio, el Tribunal de Sentencia no hace ninguna alusión al mismo en la valoración de la prueba. 3. El medio de prueba admitido y evacuado, ha de estar provisto de un valor relevante, es decir de un valor decisivo que influya directamente en la convicción del tribunal, bien sea acreditando el hecho y la participación del acusado en el mismo o bien negando la existencia del hecho o excluyendo la participación del acusado. De lo anterior, debe considerarse que el medio de prueba ha debido ser -en principio-legalmente admitido, considerando las reglas de admisión contenidas en el artículo 199 del Código Procesal Penal. En el caso examinado por esta Sala consta que el medio de prueba nunca fue admitido para ser evacuado en el juicio y las razones por las cuales no fue admitido responden precisamente a lo que señala precisamente el tercer párrafo del artículo 199 del Código Procesal Penal. Al respecto ha constatado esta Sala que como medio de prueba de descargo fue propuesto y legalmente admitido una pericia a realizarse en el expediente clínico del acusado, realizado por un médico oncólogo y un médico urólogo, quienes fueron juramentados en legal y debida forma para ese fin (folios 229 v y 258 respectivamente). Finalmente comprueba esta sala que la pericia fue evacuada y ratificada en el juicio oral y público (folio 287). De esta forma los razonamientos expuestos por el juzgador para no admitir el medio de prueba, que ahora alega excluido la defensa, son válidos y apegados a lo que señala la norma procesal. Con base en lo que se ha expuesto, esta Sala encuentra que no existe el vicio denunciado por el censor de la sentencia, en consecuencia, declara no ha lugar el recurso planteado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-327-2016 por Quebrantamiento de Forma, por Infracción de Ley, y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Fausto Francisco González García, como autor del delito de Violación, en perjuicio de la joven M. M. M. L., a la pena de siete años, seis meses de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Fausto Francisco González García, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Fausto Francisco González García.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- SON PARTES: La Abogada Claudia Delia Maldonado Arriaga, en su condición de defensora privada del señor Fausto Francisco González García, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: ÚNICO: En el mes de enero del año dos mil ocho (2008), M. M. M. L., mayor de catorce años de edad, convivía con su abuela paterna y su abuelo el señor FAUSTO FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA, en la Aldea Cerro Grande, de Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, cuando un día que se encontraba sola en dicha vivienda, el señor FAUSTO FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA, aprovechó tal situación y la tomó por la fuerza, la tiró sobre una cama, le quitó su ropa, luego él se desvistió y la penetró vía vaginal, advirtiéndole que no dijera nada a nadie.- En febrero de ese mismo año, cuando no le vino la menstruación, contó en la Escuela donde estudiaba lo ocurrido, por lo que es llevada al médico del lugar, donde se constató que encontraba embarazada, producto del abuso sexual sufrido.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Claudia Delia Maldonado Arriaga, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN Y MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: por QUEBRANTAMIENTO. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Este planteamiento es dirigido a demostrar que el Tribunal de Sentencia Recurrido ha incurrido en vicios importantes como EXCLUIR PRUEBA DE VALOR DECISIVO, para decidir sobre lo debatido en juicio oral y público. PRECEPTO PENAL ADJETIVO INVOCADO: El artículo 320 de nuestro Código Procesal Penal; donde se establecen los incidentes; como fue el propuesto en Audiencia de Debate en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año 2015; donde como Defensa propuse: Prueba Documental Privada consistente en una Certificación Médica con número: 026158; donde manifesté que se presentaba esa Certificación en virtud haber sido imposible ubicar al médico del Hospital Bautista para comparecer como Testigo al juicio Oral y Público por ser éste extranjero y voluntario de una Brigada Médica; pero en dicho documento privado se hacía referencia del número de expediente clínico y las fechas de inicio que se había tratado al señor FAUSTO FRANCISCO GONZÁLES GARCÍA como fue desde el año 2003 y de haber sido intervenido por dicha brigada médica por próstata en el mes de agosto del año 2012, quedándole otra intervención pendiente; y de haber sido admitida la misma o de haber realizado una simple inspección a dicho expediente clínico al Tribunal Sentenciador se le hubiera acreditado la no participación de mi Representado en dicho ilícito penal; pues mi Representado si padeció y aún padece secuelas de próstata por el contrario el Ministerio Público no actuando con objetividad aseveró que dicha prueba podía ser efectuada por los médicos peritos (urólogo y Oncólogo) del Hospital San Felipe quienes como es costumbre en nuestro país no apoyan al Poder Judicial; y NO EMITIERON NINGÚN DICTAMEN manifestando que desconocían la información clínica y no podían emitir dictamen por no haber sido mi representado paciente de ellos; aunado que en el Departamento de Administración del referido Hospital San Felipe me manifestaron que ellos desechaban información sobre los expedientes antiguos y que solo contaban con información de cinco (5) años, como fue el caso de mi Representado donde dicho Urólogo encontró solo un carne del año 2011 en donde alude que esa vez procedieron a ponerle sondas en el pene; concordando con lo declarado por la compañera de hogar de mi Representado al manifestar que su esposo desde el año 2003 estaba siendo tratado por próstata en el Hospital San Felipe pero al ver que le dejaban citas demasiado largas y temiendo por la vida de su esposo ella y sus hijos optaron por tratarlo en la Clínica Bautista ubicada en Guaymaca de Francisco Morazán; Tal como lo expresa una de las miembros de ese Tribunal de Sentencia en su voto de incidente numeral 3: “Existió una prueba Pericial que no fue posible de Evacuar en virtud de la poca información…” la realidad es que en nuestros hospitales públicos NO llevan ningún registro para poder pericial en un Juicio Oral Y Público y se había acudido a ellos por la falta de esas especialidades en Medicina Forense.” “SEGUNDO MOTIVO: por QUEBRANTAMIENTO. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: contemplado en el Artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal. El artículo 336 primer párrafo del código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo a la sana crítica. *Cuando el Tribunal de Sentencia accede a lo solicitado por el Ministerio Público al incorporar la declaración rendida en la audiencia inicial de la supuesta víctima de violación como prueba constancias de haberla notificado por radio y televisión a la supuesta ofendida las cuales no fueron incorporadas como medios de prueba quedando la duda de su supuesta Citación; y el Tribunal de Sentencia accedió a todo lo solicitado por el Ministerio Público, coartándole todas las garantías Constitucionales e Internacionales a ser oído en Juicio Oral y Público a mi Defendido FAUSTO FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA justo frente a una persona física que supuestamente lo acuse limitando a la defensa de poder interrogar a dicha joven en estrado; y de realizar un careo entre la misma y mi defendido; o de que la misma supuesta ofendida declarase toda la verdad excluyendo a mi defendido de cualquier sospecha en el ilícito penal. Lo cual también fue observado por una de las miembros del Tribunal de Sentencia en su voto de incidente numeral 1: No pudo concurrir a la vista de juicio oral y público la menor M. M. M. L., señalando al Ministerio Público como el responsable pues dichas menores se encontraban bajo su custodia. * Y siendo que no existe una Prueba de ADN que acredite la participación directa de mi Representado en el hecho ilícito penal; tampoco es menos cierto que mi Defendido se NEGÓ a efectuarse dicha prueba como lo manifiesta la representante del Ministerio Público la cual ha conocido en todos estos años del presente caso, faltando a lo establecido en el artículo 93 del Código Procesal Penal que reza que el Ministerio Público deberá actuar con ABSOLUTA OBJETIVIDAD y velará por la CORRECTA APLICACIÓN DE LAS LEYES PENALES; aún a favor del imputado. *Lo que no aconteció en el presente caso pues; cuando se le envió una cita a mi Defendido para practicarse dicha prueba de ADN en el año 2011 éste se encontraba interno en el Hospital San Felipe; como se acreditó al Médico de Medicina Forense del Barrio la Bolsa de Tegucigalpa en una manifestación; y no fue hasta el año 2015, que la Representante del Ministerio Público en Audiencia Preliminar del Juzgado A-quo volvió a citar a mi Representado para PROPONER PRUEBAS RETIRÓ LA PRUEBA DE ADN MANIFESTANDO QUE DESCONOCÍA EL PARADERO DE LA DOCTORA ENCARGADA DE DICHO MUESTREO DE SANGRE, AUNADO QUE SE DESCONOCÍA EL PARADERO DE LA OFENDIDA Y DE LA SUPUESTA RECIEN NACIDA quedando la Duda de como se efectuaría dicha prueba sin contar con las muestras de sangre de la supuesta víctima que jamás ubicó el Ministerio Público y menos cuando ya habían trascurrido más de cinco (5) años. *Es así como el Ministerio Público usa a su favor la prueba del ADN al efectuar sus conclusiones al Tribunal Sentenciador; prueba que pudo presentar en el tiempo oportuno para presentar pruebas, pero no lo hizo porque Medicina Forense no contaba con dichas muestras de sangre de la supuesta ofendida y se desconocía el paradero de la ofendida cuando era responsabilidad de ese ente salvaguardar esas muestras de sangre y mantenerse en contacto con la supuesta víctima sabiendo que tenía un juicio pendiente. *Dicha falta de Objetividad del Ministerio Público se observa: en la Evaluación Médica de la Víctima PARA DETERMINAR SU EDAD CRONOLOGICA estableciendo la posibilidad no concluyente de oscilar entre una edad y otra; sin embargo el Ministerio Público a su libre albedrio tomó la decisión de ordenar al Registro Nacional de las Personas RNP la inscripción de la supuesta víctima en el límite inferior. Dicha falta de Objetividad también fue observada por una de las miembros del Tribunal de Sentencia como lo manifestó con su voto de incidente numeral 4.” “TERCER MOTIVO: por QUEBRANTAMIENTO. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: y precepto autorizante de la norma Adjetiva contemplado en el Artículo 202 de Código Procesal Penal; por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: La Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica: las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica Toda la prueba producida. La Sana Crítica Racional: como lo establece la doctrina, está formada por un conjunto de normas o Leyes, en la cual el Juzgado está obligado a respetar al momento de decidir o resolver una causa o asunto especialmente de orden penal, las que analizadas en su conjunto vienen a constituir aquellos principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Antes de empezar a explicar o exponer los vicios de Casación que adolece la Sentencia que se recurre, trataremos de plasmar el significado de cada una de esa normas o Leyes que integran la lógica la cual está formada por las siguientes: a.-) Ley de Identidad, b.-) Ley de Contradicción, c.-) Ley de tercero excluido y d.-) Ley de razón suficiente. LEY DE IDENTIDAD: Conforme a esta Ley, el Tribunal a través del elenco probatorio que le oferte la acusación, está obligado a identificar plenamente a sus participantes en el juicio, especialmente al o los del delito, su grado de participación, la infracción cometida etc. LEY DE CONTRADICCIÓN: Esta Ley de la lógica se transgrede cuando el Tribunal en una Sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación, es decir esta Ley se violenta, cuando el fallo es contradictorio lo que equivale que el Sentenciador en una parte del fallo exprese que algo es y otra parte exprese totalmente lo contrario.- LEY DE TERCERO EXCLUIDO: Esta Ley se viola cuando los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba se haya ejecutado en el juicio oral o debate, de tal manera que sería ilógica una Sentencia donde se afirma que el imputado es inocente o culpable según el caso; cuando los elementos de prueba con el juzgador sustentó, el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor. LEY DE RAZÓN SUFICIENTE: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y Por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica razonable, bien sea de culpabilidad o de inocencia; implica entonces que si el Juzgador en su fallo establece conclusiones carentes de razón o ilógicos, la consecuencia inmediata es la infracción de la Ley de Razón Suficiente que contiene la lógica como regla de la Sana Crítica. LA PSICOLOGÍA: Que es otra de las Reglas de la Sana Crítica, esta es la considerada como una ciencia empírica, del pensamiento humano que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir que esta regla de la Sana Crítica, no es más que aquellos razonamientos Psicológicos que el Juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de dictar su veredicto. En lo que respecta a la experiencia común, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, espontáneamente por el intelecto humano como verdades indiscutibles; en otras palabras, la experiencia común son aquellas vivencias que el Juez como persona o ciudadano de una determinada comunidad ha tenido o vivido bien sea a título personal o bien apreciándolo en otros individuos, pero que ello le sirve como punto de partida al momento de resolver un asunto controvertido que ha sido sometido a su decisión. En la redacción de la Sentencia en su apartado de valoración Probatoria como ser: *La declaración de la Testigo de cargo Profesora NOHEMI ESTHER ELVIR la cual no debió ser escuchada en juicio Oral y Público, pues su Testimonio fue solo de REFERENCIA es decir chismes de barrio, tal como la misma que manifestó al final de su deposición NO LE CONSTA SI DON FAUSTO VIOLÓ O NO A LA JOVEN M. M. M. L. y que lo anterior solo se podía verificar con un ADN.(Concordancia con el Voto de Incidente numeral 2; en lo expresado por una de las miembros de1 Tribunal de Sentencia). También fue objeto de mi cuestionamiento el hecho que la Testigo NOHEMI ESTHER ELVIR al enterarse del hecho notorio del embarazo de la menor lo que la convierte en un Testigo de referencia y esta a su vez manifiesta tanto que en primer término señaló como responsable a otra persona que era vecino de la localidad y luego a su abuelo de crianza, por lo que no existe la claridad sobre este aspecto. Y no es Testigo que haya presenciado el supuesto Delito de Violación. *Tampoco se valoró conforme a la SANA CRÍTICA la lectura incorporada de la declaración rendida por la supuesta ofendida en fecha 8 de septiembre del año 2011, en Audiencia Inicial ante el A-quo; la menor cambia sus declaraciones rendidas como se observa en lo manifestado administrativamente cuando declaró a los Agentes de Dirección General Investigación Criminal (DGIC) hoy (DPI) que estaba embarazada de su novio de nombre RAMÓN, luego expresa en sus relatos en sus diferentes exámenes sociales y psicológicos que estaba embarazada de su abuelastro y que extrañaba a su familia y que había sido abusada en enero del año 2008. *Sorpresivamente en Audiencia inicial declara: que fue violada cuando tenía 7 años de edad; y para esa fecha vivía en el crematorio con su padre biológico y sus hermanos. Tal como lo manifestó su Abuela PASTORA MARTÍNEZ que ella tenía 8 años cuando la recogió cuando murió su hijo y padre de sus 3 nietos; también corroborado con el Dictamen de Evaluación, DMF-1687-2008, realizada a la supuesta ofendida M. M. M. L. por la doctora ANA ISABEL ANDINO donde se oscilaba una posible edad cronológica diferente a la manifestada por el Ministerio Público. *Dicha menor también manifiesta que su abuelo se enojaba que hablara con RAMON “Quedándonos la duda de por qué ella estaba resentida con su abuelastro porqué no la dejaba estar con “RAMON”, y corroborado con la declaración de la testigo de cargo NOHEMI ESTHER ELVIR CERRATO que le había manifestado que su abuelo se enojaba que MAGDALENA hablara con RAMON; persona que debió ser investigada y que es real y no ficticia como hizo creer el Ministerio Público al Tribunal Sentenciador; siendo mencionado (RAMON) tanto en las declaraciones de cargo como las de descargo y por la supuesta ofendida. *También dicha joven manifiesta que su abuelastro la llevaba a una casita a la orilla del río con sus hermanos y enviaba a estos a trabajar y abusaba de ella “lo cual es producto de su fantasía, pues doña PASTORA MARTÍNEZ manifestó que ella pasaba todo el tiempo con los niños y que a los 3 asistían a la escuela y su casa de habitación no queda por ningún río; aunado que la supuesta ofendida asegura que su abuelastro casi no pasaba en la casa ya que pasaba en unos cuartos que tenía en Tegucigalpa. *Otra gran fantasía vertida por la supuesta ofendida es la manifestar que fue abusada a los 7 años de edad; y para esa fecha vivía con su padre biológico; y por ser una niña de esa edad debió ser notado por la persona adulta que se encargaba de su cuidado. * La joven M. M. M. L. manifestó haber menstruado a los 11 años de edad; de haber sido cierto que era abusada desde niña 7 años hubiese salido embarazada a los 11 años y no a los 16 años. *Tal como lo manifestó la señora PASTORA MARTÍNEZ que su esposo para esa fecha usaba una sonda en su pene el cual podía ser puesto y extraído por persona con conocimientos de medicina es decir una enfermera o médico; extremo que fue corroborado con la declaración del Urólogo del San Felipe cuando al ser preguntado que si le habían puesto una sonda como refería una de las citas del Hospital San Felipe este contestó que SI; quedando la duda como mi Representado pudo haber abusado de la supuesta ofendida cuando desde el año 2003 usaba una sonda en su pene la cual solo podía ser puesta y retirada por un profesional de la medicina. El órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida para que exista una relación clara y precisa que establezca como surgen los hechos estimados probados producto de que los mismos se acreditan a través de la valoración de la sana crítica; así el Tribunal de Sentencia debe explicar de forma clara porque un medio probatorio le merece ser estimado y por el otro no; así como que medio de Prueba le lleva a una conclusión determinada no habiendo ocurrido en el caso sub lite, cuenta que simplemente el Tribunal Sentenciador se aparta de valorar las pruebas de descargo y se concentra en valorar las quimeras de cargo presentadas por el Ministerio Público; faltando con ello al sistema de la Sana Crítica y falta de prueba incriminatoria contra mi Representado establecido en el artículo 339 que a falta de prueba suficiente y duda razonable se emitirá SENTENCIA ABSOLUTORIA. LEYES DE LA LÓGICA QUE VIOLENTA EL TRIBUNAL CON SU FALLO: Queremos ser puntuales estableciendo cuales de la Leyes que integran la lógica han sido transgredidas con el fallo que por este acto se recurre, lo cual consideramos de la siguiente manera: En primer lugar esta Defensa considera que el Tribunal Sentenciador ha violentado con su fallo la Ley de identidad; pues esta Ley se transgrede cuando con el material probatorio incorporado y ejecutado, en debate; no es capáz de identificar plenamente a la persona acusada sin embargo el Sentenciador adopta una decisión de condena para la persona que está siendo acusado; esto implica, que de las declaraciones testificales que se produjeron en el debate, debió haberse reflejado con certeza que la o las personas que cometieron el hecho criminal son el imputado, es decir que la testigo NOHEMY ESTHER ELVIR CERRATO hubiese presenciado la supuesta Violación; no se pudo obtener de la prueba Testifical directa, y menos de la prueba científica o, circunstancial como lo son los distintos dictámenes: Dictamen Pericial Psicológico Forense el cual no determinó ningún daño psicológico sufrido por la supuesta ofendida en la supuesta violación; por el contrario el mismo determinó una Personalidad en formación en la etapa final de la adolescencia con núcleos ansiosos y una capacidad intelectual normal (CI:90); Dictamen de evaluación Psiquiátrica; Dictamen de Evaluación Física DMF-1687-2008 en el cual el Ministerio Público optó por Registrar a la supuesta ofendida con el rango de menor edad; por lo tanto el Tribunal Juzgador al no haberse identificado a mi Representado como el supuesto violador, estaba en la ineludible obligación de dictar un fallo absolutorio a favor de mi Poderdante. Esta Defensa también considera violentada con el fallo la Ley de Tercero Excluido, misma se trasgrede cuando los hechos que el Tribunal Sentenciador ha declarado como probados no son congruentes con la prueba o el material probatorio que se haya reproducido en el momento del debate; el Tribunal de Sentencia al fijar los hechos probados en la Sentencia recurrida estableció que: “en el mes de enero del año dos mil ocho (2008) M. M. M. L. mayor de 14 años de edad, convivía con su abuela paterna y su abuelo FAUSTO FRANCISCO GONZÁLES GARCÍA en la aldea Cerro Grande de Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, cuando un día que se encontraba sola en dicha vivienda, el señor FAUSTO FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA, aprovechó tal situación y la tomó a la fuerza, la tiró sobre la cama, le quitó su ropa, y luego él se desvistió y la penetró vía vaginal, advirtiéndole que no dijera nada a nadie.- En febrero de ese mismo año cuando no le vino la menstruación, contó en la escuela donde estudiaba lo ocurrido, por lo que es llevada al médico del lugar donde se constató que se encontraba embarazada, producto del abuso sexual sufrido.” *De la cual observamos como el Tribunal Sentenciador emite Sentencia Condenatoria a la ligera sin realizar ni siquiera una lectura del expediente de mérito; pues la dirección consignada de mi Representado no es aldea de Cerro Grande de Comayagüela; sino Aldea Cerro Grande El Pichingo de Vallé de Ángeles Departamento de Francisco Morazán; *Así como que en enero del año 2008 la supuesta perjudicada se encontraba sola con su abuelo y así abusó de ella; hecho que no se pudo probar en estrado y se desconoce como el Tribunal llegó a dicha conclusión pues la joven M. M. M. L. manifestó en Audiencia inicial ante el Juzgado A-quo, que había sido abusada en una casita por un río cuando tenía 7 años; lo cual quedó descartado pues cuando tenía esa edad ella vivía con su Padre biológico en el crematorio; y no fue hasta un tiempo después que ésta fue acogida con sus dos hermanos por su abuela paterna y por mi representado. *También se desconoce como el Tribunal llegó a la conclusión de que M. M. M. L. contó en la escuela en el mes de febrero que había sido abusada por su abuelo; si claramente manifestó la única testigo de cargo NOHEMY ESTHER ELVIR CERRATO que ella observó rara físicamente a la niña por la cual la llevaron a un centro de salud, y fue donde les manifestó la doctora de dicho centro que la joven estaba embarazada; también en dicha deposición ella afirma que la joven manifestó, que estaba embarazada de RAMÓN el cual nunca fue investigado y posteriormente manifestó que había sido su abuelastro. *Desconociendo porque el Tribunal Sentenciador llega a la conclusión de ese hecho si esta joven mintió en todas y cada una de las declaraciones vertidas por ella administrativamente y judicialmente; así como en los relatos emitidos en los diferentes Dictámenes que se le efectuaron.- De lo anterior se colige que el Tribunal Juzgador también transgredió o violó con su actuar las normas de categoría Constitucional que hemos señalado; así como también las normas procesales citadas, por lo tanto esta Defensa invoca a la vez este motivo como vicio de Casación en la forma, el cual consideramos deberá ser analizado y tomado en cuenta al momento de decidirse por la Honorable Sala de lo Penal sobre la procedencia del recurso que por este acto se invoca, esperando que el órgano de Alzada una vez que se entere de los vicios contenidos en el fallo recurrido, Procederá hacer las enmiendas de conformidad a derecho, casando la Sentencia impugnada.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medio s o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 320 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Haber excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la Litis. *Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente que el tribunal sentenciador, excluyó prueba de valor decisivo, consistente en una certificación médica con número 026158, la cual propuso en etapa de incidentes del juicio oral y público, argumentando que se presentaba en virtud de haber sido imposible ubicar al médico del Hospital Bautista para comparecer como testigo en el juicio oral y público, por ser un profesional extranjero y voluntario en una brigada médica. Indica la impetrante que de haber admitido dicha prueba, hubiese quedado acreditada la no participación de su representado en el ilícito. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos, está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde sólo se deben reproducir aquellos medios que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario, aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala, al realizar el análisis del reclamo realizado por la Defensa Privada, encuentra que en la etapa de incidentes durante el inicio del debate, la defensa privada del señor Fausto Francisco Gonzáles García, propuso como medio de prueba documental, una certificación médica con serie 026158, indicándole al tribunal que la misma es extendida por un médico general de una clínica Bautista de Guaimaca, en la cual se dice que el acusado fue intervenido por una brigada médica de Estados Unidos de América, por próstata en agosto de 2012 y le están dando una nueva cita para una nueva intervención. La finalidad probatoria pretendida por la defensa en ese momento, fue establecer que su representado ha venido sufriendo una enfermedad de próstata desde hace varios años y en la cual fue intervenido en esa fecha. Luego de escuchar al Ministerio Público, respecto a la admisión de dicha prueba, el Tribunal de Sentencia resolvió, de acuerdo a lo registrado en el acta de debate, que no debe admitir ese nuevo medio de prueba en virtud de que es desproporcionado con lo que pretende acreditar, que se contará con la valoración de un expediente clínico del Hospital San Felipe a nombre del acusado por la misma enfermedad desde el 2003. Además agrega el Tribunal de Sentencia que no es controvertido el padecimiento del acusado. (Folio 283) En el reproche casacional argumentado por la defensa privada, se establece que los peritos nombrados, un médico urólogo y un médico oncólogo, no emitieron ningún dictamen, manifestando que desconocían la información clínica y no podían emitir dictamen por no ser el acusado paciente de ellos. Fuera de los alegatos de instancia y acotaciones de carácter subjetivo desarrolladas por la impetrante, es imperativo señalar que para valorar el vicio denunciado, han de considerarse algunos presupuestos esenciales. Es decir, existe exclusión de un medio de prueba de valor decisivo cuando: 1. Habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la Audiencia de Debate, el Tribunal de Sentencia, sin ningún razonamiento le niegue valor o lo refute como ilícito; 2. Cuando a pesar de haber sido admitido y reproducido en juicio, el Tribunal de Sentencia no hace ninguna alusión al mismo en la valoración de la prueba. 3. El medio de prueba admitido y evacuado, ha de estar provisto de un valor relevante, es decir de un valor decisivo que influya directamente en la convicción del tribunal, bien sea acreditando el hecho y la participación del acusado en el mismo o bien negando la existencia del hecho o excluyendo la participación del acusado. De lo anterior, debe considerarse que el medio de prueba ha debido ser -en principio-legalmente admitido, considerando las reglas de admisión contenidas en el artículo 199 del Código Procesal Penal. En el caso examinado por esta Sala consta que el medio de prueba nunca fue admitido para ser evacuado en el juicio y las razones por las cuales no fue admitido responden precisamente a lo que señala precisamente el tercer párrafo del artículo 199 del Código Procesal Penal. Al respecto ha constatado esta Sala que como medio de prueba de descargo fue propuesto y legalmente admitido una pericia a realizarse en el expediente clínico del acusado, realizado por un médico oncólogo y un médico urólogo, quienes fueron juramentados en legal y debida forma para ese fin (folios 229 v y 258 respectivamente). Finalmente comprueba esta sala que la pericia fue evacuada y ratificada en el juicio oral y público (folio 287). De esta forma los razonamientos expuestos por el juzgador para no admitir el medio de prueba, que ahora alega excluido la defensa, son válidos y apegados a lo que señala la norma procesal. Con base en lo que se ha expuesto, esta Sala encuentra que no existe el vicio denunciado por el censor de la sentencia, en consecuencia, declara no ha lugar el recurso planteado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. *Norma autorizante: Sin determinar por el censor. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Sin determinar por el censor. *Concepto de la infracción: Sin determinar por el censor. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el censor. *Pretensión: Sin determinar por el censor. La recurrente interpone un recurso de casación por quebrantamiento de las normas procesales, mencionando confusamente en su exposición el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal y el artículo 336 primer párrafo del mismo cuerpo legal, sin establecer de ningún modo el vicio que -a su criterio- adolece la sentencia recurrida. En el desarrollo de su planteamiento, la recurrente hace referencia a documentos que nunca han figurado como elementos probatorios en el proceso y además señala que al acusado se le han coartado garantías constitucionales e internacionales, refiriéndose al derecho a ser oído en juicio frente a la persona que lo acuse, limitando el derecho de defensa. De la Debida Técnica Recursiva Es claro para esta Sala de lo Penal que el censor no se ocupó, previo a la confección de su recurso, de hacer el estudio de la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento, por lo que es oportuno hacer una breve relación de ello. El Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia, procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i).- La expresión de la voluntad de impugnar; y ii).- La Fundamentación de la impugnación; Añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición.- Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone.- Además el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1.Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el censor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamenta y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el censor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el censor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-Quo.- La identificación del motivo de casación lleva el censor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el censor señala: i) El tipo de Recurso de Casación (Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma o Infracción de Precepto Constitucional); ii) La norma autorizante que no solo identifica el recurso, sino el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; iii) Concepto de la Infracción, el cual debe ser planteando no solo individualizando el motivo del recurso, el que debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido, sino que además personalizando el motivo en relación al caso concreto; iv) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; v) Reclamación Ex Ante: Que implica señalar que peticiones (incluyendo recursos), fueron planteados por el recurrente previo al recurso de casación para sanear el vicio, o en su caso, la imposibilidad legal para hacerlo; vi) Aplicación Pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el censor su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la Claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal, prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto a lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El censor, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el censor que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1. Derecho de acceso a la justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4.Derecho a la tutela cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. - Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del Recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del Recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. Para esta Sala de lo Penal es importante anotar que la recurrente al momento de formular su recurso no tuvo en cuenta los requisitos de forma que imperativamente establece el artículo 363 del Código Procesal Penal, los cuales fueron explicados anteriormente. El desarrollo del motivo es impropio por su imprecisión: de manera general y abstracta se menciona el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal, relacionado con las lecturas autorizadas, y al mismo tiempo la recurrente involucra el artículo 336 del mismo cuerpo legal haciendo una confusa relación a la violación de las reglas de la sana crítica; de este modo la censora, apartándose de la debida técnica recursiva que exige este tipo de motivo, obvió confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores con los conceptos que definen las reglas que componen la sana crítica: principios lógicos, reglas de la psicología y comportamiento humano, y máximas de la experiencia común o del profano, y así demostrar la disparidad entre unos y otros. La censora no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Tercer Motivo. Interpuesto por la Defensa Privada. *Norma autorizante: Sin determinar por el censor. *Norma sustantiva que denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. *Reclamación ex ante: el vicio se cometió en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: declarar con lugar el recurso. Establece la recurrente que en el caso de mérito, al momento de realizar la valoración de la prueba testifical, el sentenciador infringió las reglas de la Sana Crítica, haciendo referencia a las leyes de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente así como a la psicología como regla de la sana crítica, argumentando que a las declaraciones testificales de cargo no debió otorgárseles valor probatorio, por encontrar en las mismas inconsistencias y que el tribunal se apartó de las pruebas de descargo, De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: • Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. • Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o • Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. Tercer Motivo. El recurso no es de recibo. Esta sala de lo Penal procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: I) Esta Sala reitera que, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[1]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. II) Establece la recurrente en este motivo de casación penal la inobservancia de la sana crítica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada; si bien se regula en un mismo numeral varios supuestos e hipótesis para dar lugar a la casación en la forma, dada las características de cada supuesto, resulta obvio que cada uno constituye un vicio diferente y consecuentemente debe ser planteado independientemente, es decir, indicando separadamente cada motivo. III) No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. El recurrente funda su reproche recursivo en la violación de las reglas de la sana critica, indicando que el tribunal dio una valoración inadecuada a la declaración de la ofendida M. M. M. L., así como de la testigo Nohemí Esther Elvir, considerando a esta última solamente como testigo de referencia, cuestionando sus dichos, señalando lo que a su criterio pueden ser inexactitudes de las declaración y considerando que por ello no debieron considerase ni valorarse, para fundar un fallo condenatorio.Pese a abundar la recurrente en alegatos de instancia y apreciaciones absolutamente subjetivas, por control de convencionalidad deviene esta Sala en apreciar la prueba legalmente admitida y evacuada en el juicio. De esta forma, de las declaraciones rendidas en juicio, se logra determinar: a) La joven M. M. M. L., (rendida en audiencia inicial con las formalidades de prueba anticipada), estableció que, sobre el abuso de su abuelo de crianza, empezó desde que tenía siete años. Indicó que reside con su abuela Pastora Velásquez y el esposo de ésta Fausto Gonzáles. De acuerdo a su testimonio vive con ellos desde que sus padres murieron estando ella pequeña, indicando que su abuela tenía un negocio, que atendía saliendo de su casa desde las siete de la mañana regresando a las cinco de la tarde. Indica que el señor Fausto Gonzáles, la llevaba a ella y a sus hermanos a una casita que tiene por el río y mandaba a sus hermanos a trabajar, quedándose con ella, abusándola quitándole la ropa y sosteniendo relaciones sexuales con ella. Indicando que al resultar embarazada su abuelo le dijo que manifestara que era de otra persona porque no quería ir a la cárcel. Además, a preguntas de la defensa aseguró que cuando le dijeron que diera otra declaración sobre quien abusaba de ella, indicó que le dijeron que se refiriera a Ramón Gonzáles, indicando claramente que no tuvo ningún tipo de relación con éste. (folio 58). b) En cuanto a la declaración de la testigo Nohemí Esther Elvir Cerrato, rendida en el juicio oral y público, se determina que se desempeñaba como directora del centro educativo al que asistía la ofendida, y que pudo observar cambios en ella, así como tristeza. Refiere que al indagar sobre lo que estaba pasando, llevó a la niña al centro de salud, donde fue revisada y la doctora le dijo que la niña estaba embarazada. Indica que la niña les dijo que era su abuelo el que le hacía esto. (folio 287). c) Aunado a ello se evacuaron en el debate dictamen pericial psicológico forense, según el cual la ofendida presenta núcleos ansiosos debidos a la desconfianza, baja autoestima; esto se desarrolla cuando la persona no tiene seguridad en el núcleo y siente que el ambiente es amenazador para la persona, entonces prefiere aislarse; en cuanto al área sexual manifiesta que siente temor hacia los hombres y cuando alguien siente temor es porque se ha sentido en una cierta forma agredida o minimizada. d) La prueba documental consistente en la evaluación psiquiátrica practicada a la ofendida, refleja que la joven presenta trastorno de adaptación; capacidad intelectual limítrofe, explicando que estas personas son más fácilmente abusadas, engañadas o influenciadas por terceras personas. También se incorporó como medio de prueba documental, el Dictamen de evaluación médica física DMF-1687-2008, según el cual encontró a la joven con un útero aumentado por embarazo, membrana himeneal íntegra que permite el paso de dos dedos del examinador sin romperse, lo cual podría permitir el paso de un pene adulto en erección. e) En cuanto a la prueba de descargo se recibió la declaración testifical de Pastora Velásquez Martínez, quien refiere que es la esposa del acusado Fausto Gonzáles; indica que éste padece de la próstata desde 2003 y que la ofendida, quien es su nieta, sobre el embarazo al inicio le dijo de un muchacho Ramón y después decía Fausto, concluyendo que sobre el hecho propiamente dicho no se daba cuenta de nada. f) En cuanto a la pericia rendida por los doctores José Eric Pérez Sorto y Ritza Calero, a propuesta de la defensa, establecen que con la poca información que se recoge en el expediente no pueden concluir que el paciente (en referencia al acusado) sufriera de una impotencia sexual o de presentar dificultad de eyaculación. En relación a una biopsia practicada y una sonda, establecen que está registrada una biopsia con número E-65812, cuyo diagnóstico es de tumoraciones benignas de la próstata, aclarando que muchos pacientes con ese diagnóstico tienen vida sexual totalmente normal. En la valoración a las declaraciones el Tribunal, realizando un ejercicio intelectivo, realiza una valoración conjunta de la prueba evacuada en el debate, contrastando las declaraciones de los testigos de cargo con los otros medios de prueba, encontrando que unas y otras se complementan. En consecuencia, en cuanto a las declaraciones de la ofendida M. M. M. L. y N.E. E. C., les concede valor por considerarlas coincidentes y aportantes de elementos útiles de carácter incriminatorio contra el acusado; además encuentra el tribunal, que tales declaraciones son apoyadas y respaldadas por la prueba pericial y documental, las cuales analiza de forma conjunta concluyendo que de la evaluación armónica de la prueba se ratifica la postura acusatoria, arribando al grado de certeza necesaria para quebrantar el estado de inocencia del acusado. En consecuencia, esta Sala es coincide con el parecer del A quo, considerando que las pruebas evacuadas resultan congruentes, concordantes, inequívocas y además suficientes para quebrantar el estado de inocencia y que los hechos declarados probados, así como la decisión condenatoria del A quo se ha derivado directamente de dichas probanzas, estableciendo su valoración tanto individualmente como en forma colectivas de las mismas, siguiendo para ello las reglas de la sana critica. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuesto por la Defensa Privada. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su tres motivos interpuesto por la Abogada Claudia Delia Maldonado, actuando en su condición de Defensora Privada del señor Fausto Francisco Gonzáles García, a quien se le sigue proceso por el delito de Violación, en perjuicio de M. M. M. L.. Segundo: Declarar firme y ejecutable la sentencia de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de octubre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-327-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Véase German Pabón Gómez, De la Casación y la revisión Penal, Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley.P.144.