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Sentencia CP-326-16 — Registro 12210

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico Alega el recurrente que la sentencia dictada por el tribunal de juicio infringe el artículo 338 del Código Procesal Penal, regla cuarta numeral 3, que establece los requisitos de la Sentencia; asimismo que no valora la prueba producida conforme a las reglas de la sana crítica, ni de manera conjunta y armónica, por lo incurre en una interpretación errónea en la fundamentación jurídica en virtud que interpreta erróneamente del artículo 116 relacionado con el 32 del Código Penal Vigente, al declarar culpable al acusado y condenarlo por el delito de Asesinato, por existir un supuesto dolo directo y su participación a título de autor, situación que no logro probar el ente acusador. Esta Sala observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente fundados en que la norma infringida es el artículo 338, regla cuarta, numeral 3 del Código Procesal Penal, que ordena los requisitos de la sentencia en la fundamentación jurídica, y referentes a que el tribunal de juicio no ha valorado la prueba producida en el juicio conforme a las reglas de la sana crítica, faltan al principio de debida técnica recursiva, pues equivoca la vía recursiva, por tratarse de defectos o vicios de forma tanto en la estructuración de la sentencia como en la valoración de la prueba, que son propios de un motivo de casación de Quebrantamiento de forma. Al respecto al alegato del recurrente cifrado en la violación de ley por interpretación errónea del artículo 116 relacionado con el 32 del Código Penal Vigente, al declarar culpable al acusado Edgard Jared Saenz Flores y condenarlo por el delito de Asesinato, por existir un supuesto dolo directo y su participación a título de autor, situación que no logro probar el ente acusador, esta Sala considera que, ya el artículo 116 del Código Penal tipifica y sanciona el delito de Homicidio, tipo penal que no tiene aplicación en el caso concreto, por no haber sido condenado el acusado del delito de Homicidio, sino de Asesinato, mediando alevosía. Esta Sala considera que los hechos que el tribunal de juicio declara terminantemente probados siguientes: “Primero: El día veinticinco de abril del año dos mil once, aproximadamente a las dos de la tarde, el joven Yerson Javier Reyes Díaz, fue interceptado en una calle que está a las inmediaciones del Centro Básico Desarrollo Juvenil, ubicado en la colonia Villafranca de la ciudad de Comayagüela, por tres sujetos, entre los cuales se encontraba el señor Edgard Jared Sáenz Flores, quienes le obligaron a hincarse. Una vez que Yerson Javier estaba hincado y con las manos levantadas, Edgard Javier Saenz Flores, le disparó en una ocasión en la parte posterior de la cabeza, saliendo el proyectil por la frente y lacerando el cerebro, debido a lo cual Yerson falleció, en tanto que Edgard Jared y las otras dos personas salieron huyendo del lugar”, cuadro fáctico de la sentencia que se impugna que se subsume perfectamente en el tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117 del Código Penal que dispone: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía…”. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. La alevosía se presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental, es el aprovechamiento de una situación de indefensión, y la falta de riesgo para el cometer la acción. En este caso, es la alevosía del acusado es de desvalimiento o con abuso de superioridad, en virtud que el acusado Edgard Javier Saenz Flores junto a otros dos acompañantes encapuchados, coloca en situación de indefensión y absoluto desamparo al joven Yerson Javier Reyes Díaz, quien es menor de edad por tener dieciséis años, lo que le ordenan en plena luz del día, se coloque hincado y con las manos levantadas, lo que el señor acusado señor Edgard Javier Saenz Flores aprovecha para hacerle un disparo de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, con orificio de salida por la frente que le lacera el cerebro y provoca la muerte. Asimismo, el artículo 32 del Código Penal dispone: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”. En el presente caso, el tribunal declara probado que el acusado Edgard Javier Saenz Flores, toma parte directa en los hechos, siendo una de las tres personas que intercepta al joven Yerson Javier Reyes Díaz en el lugar de los hechos y estando hincado con brazos en alto le dispara en la parte posterior de la cabeza, y le causa la muerte. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la sentencia recurrida no incurre en vicio que dé lugar a casación por infracción de Ley, por violación del artículo 116 en relación con el 32 del Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. Sentencia Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020). El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-326-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la Sentencia de fecha tres de mayo del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Edgard Jared Saenz Flores, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Yerson Javier Reyes Díaz, a la pena de veinticuatro años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Edgard Jared Saenz Flores, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Edgard Jared Saenz Flores; Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Edgard Jared Sáenz Flores. SON PARTES: El abogado José Manuel Andrade Ávila, en su condición de Defensor Privado del señor Edgard Jared Saenz Flores, como parte recurrente; y, la abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: El día veinticinco de abril del año dos mil once, aproximadamente a las dos de la tarde, el joven Yerson Javier Reyes Díaz, fue interceptado en una calle que está a las inmediaciones del Centro Básico Desarrollo Juvenil, ubicado en la colonia Villafranca de la ciudad de Comayagüela, por tres sujetos, entre los cuales se encontraba el señor Edgard Jared Sáenz Flores, quienes le obligaron a hincarse. Una vez que Yerson Javier estaba hincado y con las manos levantadas, Edgard Javier Saenz Flores, le disparó en una ocasión en la parte posterior de la cabeza, saliendo el proyectil por la frente y lacerando el cerebro, debido a lo cual Yerson falleció, en tanto que Edgard Jared y las otras dos personas salieron huyendo del lugar.” III. RECURSO DE CASACIÓN: El Recurrente abogado José Manuel Andrade Ávila, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS: Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in iudicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla Cuarta numeral 3 que establece los requisitos de la Sentencia específicamente la fundamentación Jurídica que dice: “En párrafo también separados y numerados se consignarán en forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación legal de los hechos que se hubiesen tenido para mi representado; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas, y de las penas que se impongan en caso de condena así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados.” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Crítica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en la sala quinta por unanimidad de votos, declaro como hecho probado el siguiente: 1.- PRIMERO: El día 25 de abril del año 2011, aproximadamente a las dos de la tarde la tarde el Señor YERSON JAVIER REYES DÍAZ, fue interceptado en una calle que está a inmediaciones del Centro Básico Desarrollo Juvenil ubicado en la colonia villa franca de la ciudad de Comayagüela , por tres sujetos entre los cuales se encontraba EDGAR JARED SAENZ FLORES quienes le obligaron a hincarse y una vez que YERSON JAVIER REYES DÍAZ estaba hincado EDGAR JARED SAENZ FLORES le disparó en la parte posterior de la cabeza saliendo el proyectil por la parte de enfrente y lacerando el cerebro debido a lo cual YERSON REYES falleció en tanto que EDGAR JARED SAENZ FLORES y otras personas salieron huyendo del lugar. SEGUNDO: Dictamen AT-881-2011 que fue ratificada por el Doctor Raúl Mauricio Guillén que hizo la autopsia a un cuerpo masculino de 16 años, correspondiente a YERSON JAVIER REYES DÍAZ el cual tenía una herida en la región posterior derecha de su cabeza con orificio de salida en el lado izquierdo de la frente que le produjo laceración cerebral, se encontraron múltiples escoriaciones rojizas y regulares en el área de la cara, lesiones rojizas en el reporte del laboratorio, no reportó drogas o alcohol en sangre el cabello del orificio de entrada dio como resultado negativo en pólvora por lo que se concluyó que el disparo fue de LARGA DISTANCIA. TERCERO: Acta de levantamiento de cadáver número 7472011 que fue ratificada por Irci Villadil Tejeda Lagos, que se encuentra en los folios 19 al 23 del expediente. Se establece en dicha acta que en fecha veinticinco de abril del año dos mil once, se realizó el levantamiento de cadáver Gerson Javier Reyes Diez, el cual se encontraba en vía pública, la que se encontraba acordada y protegido por personal de la Policía Nacional preventiva. El clima era cálido, y la luminosidad era clara natural, se observó una calle de tierra al lado izquierdo se encuentran las instalaciones de la Escuela Centro Básico Desarrollo Juvenil y al lado derecho se encuentra una pulpería de nombre Jessenia ubicada en la esquina de la otra calle de tierra, sobre calle de tierra, la cual mide 7.50 metros, y frente al lateral izquierdo de la escuela mencionada se encontraba el cuerpo de una persona, el cual estaba cubierto por una sabana color amarillo, se procedió a descubrir el cuerpo tratándose de un joven del sexo masculino que estaba ubicado de una distancia de 1.59 metros de muro de dicha escuela en posición decúbito dorsal con las pierna izquierda flexionada con su cabeza sobre lago hemático húmedo. Se realizó requisa del lugar encontrando en el área de la calle al lado derecho y una distancia de 14.90 metros de cabeza de la víctima, el indicio identificado como número uno el cual es una bala deformada de color amarillo y gris de calibre desconocido el cual fue recolectado, embalado y remitido a los laboratorios balísticos del Ministerio Público. CUARTO: Honorables Magistrados hay que destacar que actualmente en nuestro sistema penal la mayoría de los Jueces están emitiendo sentencia únicamente con declaraciones testificales y de todos es sabido que no es con el indicio de una declaración que se debe sustentar una sentencia por lo que es preciso que el autor o coautor del elemento de participación del encausado esté relacionado con otro tipo de pruebas que sustente cual ha sido su participación con el hecho imputado, en este caso que nos ocupa, no reúne los requisitos de objetivos y subjetivos para establecer o mejor dicho no le podría dar la credibilidad suficiente a los testigos que declararon ya que es de presumir que en el lugar donde se dieron los hechos es una zona de alto riesgo social y según informaciones que han llegado a esta defensa los mismos grupos antisociales se prestan a favor del ente acusador para hacer creer que una persona determinada tiene que ver con la comisión de tal delito, es decir con toda claridad y precisión es procedente analizar y declarar con lugar este curso para evitar así un daño jurídico a la sociedad y en particular al encausado ya que se ha violentado enormemente el debido proceso y las normas que sustentan el Código Penal Vigente. ERROR IN IUDICANDO POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURIR LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA POR EL ÓRGANO SENTENCIADOR. El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. Para SERVIO TULIO RUÍZ el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad..., entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (Ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogotá, Librería del Profesional, 1980, Pág. 39) Para JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134) Al establecer el A-quo como hecho probado el antes mencionado, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica interpreto erróneamente la Ley Sustantiva en su artículo 116 relacionado con el 32 del Código Penal Vigente, cuando decide declarar culpable a mi representado y lo condena por el delito de Asesinato, por existir un supuesto Dolo Directo y su participación a título de autor, situación que no logro probar el ente acusador. Para ser responsable de la comisión de un delito penal, es necesario tener participación en el mismo, ya sea a título de autor o coautor, y esa participación en la comisión del delito debe ser dolosa o culposa; Genéricamente por DOLO simplemente se entiende como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito.- De esta definición se desprende que el dolo está constituido por dos elementos: A.- ELEMENTO INTELECTUAL: Para actuar dolosamente el sujeto de la acción debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica, es decir los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material; el conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial, es decir el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo. B.- ELEMENTO VOLITIVO: Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos.- El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que puede realizar. (Ver Muñoz Conde en la obra supra indicada páginas 269, 270, 271, 272) Atendiendo la mayor o menor intensidad de estos elementos (intelectual o volitivo), tradicionalmente la jurisprudencia distingue entre dolo directo y dolo eventual.- DOLO DIRECTO: El autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad): el autor quería matar y mata, quería dañar y rompe la cosa, etc.» DOLO EVENTUAL: El sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización. - El sujeto no quiere el resultado, pero «cuenta con él», «admite su producción», «acepta el riesgo». (Ver ídem Págs. 272 y 273).» El párrafo segundo del artículo 13 de nuestro Código Penal establece que: “el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan”: La primera parte de la definición anterior constituye lo que se llama dolo directo, mientras que la segunda parte se refiere lo que la jurisprudencia conoce como dolo eventual. PARECER DE LA DEFENSA: Es claro y evidente que de conformidad a la Doctrina penal actual, el A-quo interpretó erróneamente la aplicación de los conceptos de Dolo, Autoría y Delito. Esta defensa tal y como queda plasmado que la ley les da la Facultad de REPRESENTAR, DEFENDER Y PROTEGER, los intereses generales de la sociedad al Ministerio Público, pero nos preguntamos donde queda la objetividad establecida en el artículo 93 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Público debe practicar pruebas de Cargo como de Descargo que puedan favorecer a una persona que se cree puede haber tenido alguna participación en alguna conducta impropia que se pueda tipificar como delito o falta, pero en este caso no es así ya que en el hecho que perdió la vida el joven YERSON JAVIER REYES DÍAZ, resulta supuestamente de una balacera producida en una zona comercial denominada como la Colonia Villafranca, razón por la cual nos preguntamos si el Ministerio Público realizó u ordenó alguna diligencia para dar con el paradero de la persona que le infirió: UN CERTERO BALAZO EN LA CABEZA AL JOVEN YERSON JAVIER REYES DÍAZ QUE COMO RESULTADO HA DEJADO LA MUERTE DE ÉL, razón por la cual la sociedad debe de pedir cuentas tanto al ente investigativo como ser la DNIC ya desaparecida, como al Ministerio Público para encontrar a la persona culpable de dichas acciones, y no a UN CULPABLE. Velando por el respeto y cumplimiento de las garantías constitucionales de nuestro Estado de Derecho, como habla el tratadista FRANCESCO CARRARA en su libro clásicos del Derecho Penal que establece que la SOCIEDAD no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la ley eterna. La autoridad no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la sociedad. El derecho de Punir no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la autoridad. Cadena de medios indisolubles. Emanaciones todas del principio absoluto, y todas convergentes a la armonía universal. Y el tribunal juzgador solo se remite a decir que los tres imputados fueron coautores de una muerte. De tal manera, el derecho de punir se remonta a dos grandes principios: la Justicia absoluta, y la defensa de los derechos del hombre. La necesidad de la defensa en la causa primera del derecho de punir. La justicia determina los límites y la medida del mismo. Porque remontarnos a lo establecido por este tratadista, ya que el Ministerio Público pierde su dirección dentro del papel que tiene dentro de la sociedad que no es tan solo el de acusar, sino que también el de defender, y no seguir permitiendo que nuestros jueces sigan cometiendo atroces errores que terminan de hundir mas en la impunidad los delitos cometidos por otros pero que para que no queden en estadísticas hay que buscar un culpable. El Ministerio Público no toma en consideración que en audiencia inicial no acreditó con la declaración de la testigo protegido que es una supuesta persona que estuvo presentes al momento del hecho en donde se dio una acción delictiva en contra del joven YERSON JAVIER REYES DÍAZ, que lo hacen perder su vida, es un TESTIMONIO que a criterio de esta defensa, nos un margen de duda para lograr establecer que los hoy imputados no tuvieron participación alguna en el hecho que se les quiere imputar estableciendo las contradicciones siguientes: 1.- Otro elemento en el que se contradice es que ella observa como aproximadamente a una media cuadra que los tres imputados le dieron muerte al YERSON JAVIER REYES DÍAZ, ya que el observó cuando los tres detonaron sus armas de fuego contra el joven, pero esto es contradictorio con el dictamen preliminar de autopsia que establece que el hoy occiso solo presenta una peroración de arma de fuego en su Lado izquierdo del pómulo de la cara, razón por la cual no está enmarcado en verdad el testimonio de dicha señora, 3.- Establece como a manera de vinculación de los imputados, en su testimonio el testigo protegido, como a manera de buscar un móvil para poder vincular al imputado con la muerte de YERSON JAVIER REYES DÍAZ, un día después de haber enterrado por sus parientes pero es de hacer ver el asombro que no buscaron apoyo de la autoridad para poder rendir su testimonio y así poder buscar al culpable de la muerte de su pariente, ya que establece que en aquella oportunidad no hizo nada por miedo, pero ahora que es un particular si tiene la valentía de rendir su testimonio algo que es admirable por parte de ellos. Por lo cual vuelvo a traer a colación las palabras del tratadista FRANCESCO CARRARA, al decir muy puntualmente con palabras que se describen textualmente: Así, pudo echar amplias raíces el sentimiento de respeto que se debe al ciudadano aunque este acusado de un crimen, y junto con la caridad hacia el infeliz sobre el que pende una acusación creció el respeto a los sagrados derechos de la defensa, cuyas potestades deben de constituirse sobre la base de la igualdad con las potestades de la acusación para disminuir lo mas que sea posible el peligro de la condena de un inocente, en lo cual no solo existe daño privado, sino el grave daño social de la impunidad del culpable. Deben trazarse los límites de los poderes de la acusación, o sea que se induzca engaño a la justicia por exceso de celo o miras ambiciosas. El Ministerio Público en la audiencia de juicio oral y público mantuvo su tesis, la cual sostuvo con prueba que ya estaba contaminada en virtud de la mala investigación que solo con el sustento de declaraciones testifical de un testigo protegido, y quiere lavarse las manos al establecer que no se les practico una prueba tan fundamental como ser la prueba de absorción atómica para así poder comprobar si los imputados dispararon algún arma de fuego, pero tal prueba nunca podrá ser controvertida en un futuro porque no existe y si existe nunca podrá ser puesta a la orden de la defensa, logrando con ello una aberración jurídica en las potestades represivas que le han permitido con el tiempo ala Ministerio Público, AL VER EL VACIO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA FALTA DE OBJETIVIDAD Y EFICIENCIA, por tal razón refiero las palabras nuevamente del tratadista FRANCESCO CARRARA al decir: Yo también pienso que es un error unificar en el solo principio moral la génesis del derecho punitivo, porque en ellos se trasmuta la función práctica del magisterio penal, impulsándolo a la dirección INTERNA del hombre, con evidente exceso que sobrepasa el FIN al cual está dirigido, y sometiéndolo a las indefinidas exigencias del ascetismo. La defensa del imputado en audiencia inicial no presentó ningún medio de prueba en vista que se iba hacer valer de la prueba científica que con toda objetividad el Ministerio Público presentaría, pero no sucedió así porque a criterio del Fiscal, determinó que no era necesario practicar una prueba científica tan fundamental para seguir manteniendo el estado de inocencia de mis representados, pero fue sorpresa a la establecer que no existe prueba alguna porque a su criterio no es necesaria, pero hay algo fundamental si el joven muerto solo tiene un disparo como el Ministerio Público logró identificar e individualizar al autor del disparo certero que le quito la vida a YERSON JAVIER REYES DÍAZ, si las tres personas a la vez no pudieron detonar la misma arma con sus manos, arma que no se encuentra y que no fue decomisada, por eso las palabras sabias del FRANCISCO CARRARA al decir LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL NO ES, POR LO TANTO, UNA CIENCIA CON LA CUAL SE ANDE BUSCANDO LO QUE UNO U OTRO LE PLACE ESTABLECER. ES EL DESENVOLVIMIENTO DE PRINCIPIO DE RAZÓN ETERNA; ES LA BUSQUEDA DE VERDADES ABSOLUTAS. Solo porque el Ministerio Público considere que existen elementos deberá decretarse una sentencia condenatoria si el mismo solicita algo en contra de su objetividad, porque no se rige por el principio de la objetividad y de la verdad absoluta, sin analizar la teoría del delito que enmarca tres elementos esenciales, como ser el SUJETO ACTIVO, EL SUJETO PASIVO y EL CUERPO DEL DELITO, que haciendo una valoración conjunta y en armonía producirá el efecto que es encontrar al culpable del delito y no a un culpable, y que nuevamente se quede otro hecho en la impunidad, y nos preguntamos donde quedaron supuestamente las armas que portaban mi representado, si en la valoración de la prueba el tribunal habla de un supuesto, pero sabemos que para condenar una persona se tiene que tener la certeza y no hablar de un supuesto, y por tal razón pecan de irresponsables para con los principios del derecho, y abusan del poder que les ha conferido la ley para encontrar la verdad absoluta y no unos supuestos.” IV. Fundamentación Recurso de Casación de infracción de ley por interpretación errónea del artículo 116 relacionado con el 32 del Código Penal Vigente. Primer Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Interpretación errónea del artículo 116 relacionado con el 32 del Código Penal Vigente. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Motivo Único: Resumen: El sentenciador incurre en infracción del artículo 338 del Código Procesal Penal, regla cuarta numeral 3, que establece los requisitos de la Sentencia específicamente la fundamentación Jurídica que dice: “En párrafo también separados y numerados se consignaran de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación legal de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados…”. El órgano sentenciador no valora la prueba producida conforme a las reglas de la sana crítica, ni de manera conjunta y armónica, por lo incurre en un error in iudicando al interpretar de forma errónea en la fundamentación jurídica, del artículo 116 relacionado con el 32 del Código Penal Vigente, cuando el tribunal decide declarar culpable al acusado y condenarlo por el delito de Asesinato, por existir un supuesto dolo directo y su participación a título de autor, situación que no logro probar el ente acusador. A.1) Concepto General del Recurso Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1) Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- Es importante anotar que, debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). A.2) Concepto Especifico “Considera el art 32 autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella. Siguiendo a Ángel De Juanes, resulta necesario pues determinar el concepto de autor a la luz del precepto expresado. Sólo pueden ser autores quienes hayan actuado de manera que el hecho típico le pueda ser imputado objetiva y normativamente. Esta tesis choca con la doctrina del acuerdo previo seguida por el Tribunal Supremo español. En virtud de ésta se deben tener como autores a todos aquellos partícipes que conjuntamente planearon la ejecución del delito, con independencia de cual fuera su ulterior intervención material en el hecho. Así para el Tribunal Supremo quien participaba en el acuerdo previo toma parte en la ejecución. Esta doctrina ha sido abandonada. Así lo dice expresamente la STS de 4 de noviembre de 1997 que en lo que aquí importa dice: “Es evidente que un acto de estas características requiere inexcusablemente una aportación de determinada significación, que no puede ser reemplazada en ningún caso por acuerdo entre los partícipes. En definitiva, no basta con el acuerdo previo, se exige una aportación de determinada significación. No parece relevante hacer grandes disquisiciones doctrinales ente autoría medita o inmediata ya que la responsabilidad penal es idéntica, pero sí debemos detenernos en la participación, pues en ésta ya hay grandes diferencias punitivas, debiendo basarse la diferencia entre autoría y participación en la idea de la accesoriedad, entendida como la dependencia que la conducta del partícipe tiene respecto de la conducta del autor. El autor, a su vez, puede no haber obrado dolosamente, o tener exculpada o justificada su conducta. Para concluir, me referiré a tres cuestiones puntuales como son: la participación culposa en delito doloso, la participación dolosa en delito culposo y la participación culposa en delito culposo. Consiste la complicidad en la ayuda o auxilio al hecho de otro, anterior o simultánea, pero útil para la ejecución del plan del autor, contando como límites que no puede llegar al punto de incluir el acto ejecutivo “típico” pues tal caso constituiría un supuesto de coejecución. Y en segundo término que la aportación ha de ser de alguna utilidad para el plan del autor, pues si es irrelevante no puede tenerse como auxilio a la ejecución. El art 33 del Código hondureño considera cómplices a los no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. Dentro de la complicidad hemos de distinguir entre la cooperación necesaria del art 32 in fine que a l igual que4 el legislador español identifica con el autor a efectos de pena y de ahí la trascendencia entre la distinción entre la cooperación o complicidad simple y la necesaria Las teorías para su diferenciación son varias. Para los defensores de la necesidad Relativa, ésta se contempla en concreto, para la teoría de la necesidad abstracta, se valora en abstracto. El Tribunal Supremo español viene a acogerse a la tesis de la escasez o imprescindibilidad, señalando que la distinción entre el cómplice y el cooperador necesario radica en la necesariedad o no de la cooperación, conjugando diversos criterios, tales como el de la teoría de la condición sine qua non, la del dominio del hecho o la del carácter de las aportaciones necesarias para el resultado, teniendo en cuenta el criterio de la escasez de medios, es decir, será cooperador necesario aquel que contribuya al hecho con una actividad difícil de conseguir, esto es, escasa. Creo con Muñoz Conde que la excepcional aportación del cómplice debe conjugarse con el dominio del hecho, rechazándose la cooperación necesaria en ausencia de cualquiera de dichos factores, debiendo además ser restrictivos en la materia habida cuenta la transcendencia de la equiparación punitiva con el autor Con relación a algo tan problemático como la participación en los delitos especiales, la jurisprudencia española viene entendiendo que no hay ninguna regla que impida que los partícipes en delitos especiales, ya sean propios o impropios, respondan penalmente de acuerdo con el tipo realizado por el autor principal, sea cual sea el tipo”. En su consecuencia el tipo de imputación es el mismo para todos.”[1] “Asesinato. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía; 2. Con premeditación conocida; 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. Como se ve, el Código tipifica el asesinato como delito autónomo, después del de homicidio, mediante la enumeración de una serie de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del artículo 27. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 117. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte como asesinato y, las restantes, dejan de ser elementos constitutivos del delito para actuar como agravantes genéricas del artículo 27. Comunes al homicidio son las cuestiones en torno al bien jurídico protegido (la vida humana independiente), los sujetos activo y pasivo del tipo básico, la causalidad y las formas imperfectas. Cabe resaltar que, en cuanto al sujeto pasivo del tipo cualificado del homicidio no tiene su correspondencia en el asesinato. Así, el asesinato de una autoridad judicial con ocasión o en ejercicio de sus funciones no tiene un tratamiento específico en términos de mayor pena, a diferencia de lo que sucede en el homicidio. En fin, si se da muerte a una autoridad de las mencionadas en el artículo 116.II, concurriendo las circunstancias del artículo 117, habrá que acudir a las normas sobre concurso de leyes del artículo 2.A. Específica del asesinato es una rica problemática que pasamos a exponer a continuación, centrándonos en las circunstancias que constituyen elementos constitutivos del tipo.A) Alevosía. Su definición legal se recoge en el artículo 27.2 del Código Penal: Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. De acuerdo con esta definición, la alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental (aparte del aseguramiento de la ejecución), es el aprovechamiento de una situación de indefensión, y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. Partiendo de esta idea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español distingue tres modalidades de alevosía. a) La llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. b) La alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. c) La alevosía de desvalimiento (que roza el abuso de superioridad), en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de personas desvalidas por su edad (ancianos, niños), por su invalidez física o psíquica (enfermos graves), o por estar en estado de inconsciencia (personas ebrias en fase letárgica o comatosa, drogadas, dormidas o privadas de conocimiento)”.[2] A.3) De la Procedencia Recurso. el Recurso no es de Recibo. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico Alega el recurrente que la sentencia dictada por el tribunal de juicio infringe el artículo 338 del Código Procesal Penal, regla cuarta numeral 3, que establece los requisitos de la Sentencia; asimismo que no valora la prueba producida conforme a las reglas de la sana crítica, ni de manera conjunta y armónica, por lo incurre en una interpretación errónea en la fundamentación jurídica en virtud que interpreta erróneamente del artículo 116 relacionado con el 32 del Código Penal Vigente, al declarar culpable al acusado y condenarlo por el delito de Asesinato, por existir un supuesto dolo directo y su participación a título de autor, situación que no logro probar el ente acusador. Esta Sala observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente fundados en que la norma infringida es el artículo 338, regla cuarta, numeral 3 del Código Procesal Penal, que ordena los requisitos de la sentencia en la fundamentación jurídica, y referentes a que el tribunal de juicio no ha valorado la prueba producida en el juicio conforme a las reglas de la sana crítica, faltan al principio de debida técnica recursiva, pues equivoca la vía recursiva, por tratarse de defectos o vicios de forma tanto en la estructuración de la sentencia como en la valoración de la prueba, que son propios de un motivo de casación de Quebrantamiento de forma. Al respecto al alegato del recurrente cifrado en la violación de ley por interpretación errónea del artículo 116 relacionado con el 32 del Código Penal Vigente, al declarar culpable al acusado Edgard Jared Saenz Flores y condenarlo por el delito de Asesinato, por existir un supuesto dolo directo y su participación a título de autor, situación que no logro probar el ente acusador, esta Sala considera que, ya el artículo 116 del Código Penal tipifica y sanciona el delito de Homicidio, tipo penal que no tiene aplicación en el caso concreto, por no haber sido condenado el acusado del delito de Homicidio, sino de Asesinato, mediando alevosía. Esta Sala considera que los hechos que el tribunal de juicio declara terminantemente probados siguientes: “Primero: El día veinticinco de abril del año dos mil once, aproximadamente a las dos de la tarde, el joven Yerson Javier Reyes Díaz, fue interceptado en una calle que está a las inmediaciones del Centro Básico Desarrollo Juvenil, ubicado en la colonia Villafranca de la ciudad de Comayagüela, por tres sujetos, entre los cuales se encontraba el señor Edgard Jared Sáenz Flores, quienes le obligaron a hincarse. Una vez que Yerson Javier estaba hincado y con las manos levantadas, Edgard Javier Saenz Flores, le disparó en una ocasión en la parte posterior de la cabeza, saliendo el proyectil por la frente y lacerando el cerebro, debido a lo cual Yerson falleció, en tanto que Edgard Jared y las otras dos personas salieron huyendo del lugar”, cuadro fáctico de la sentencia que se impugna que se subsume perfectamente en el tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117 del Código Penal que dispone: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía…”. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. La alevosía se presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental, es el aprovechamiento de una situación de indefensión, y la falta de riesgo para el cometer la acción. En este caso, es la alevosía del acusado es de desvalimiento o con abuso de superioridad, en virtud que el acusado Edgard Javier Saenz Flores junto a otros dos acompañantes encapuchados, coloca en situación de indefensión y absoluto desamparo al joven Yerson Javier Reyes Díaz, quien es menor de edad por tener dieciséis años, lo que le ordenan en plena luz del día, se coloque hincado y con las manos levantadas, lo que el señor acusado señor Edgard Javier Saenz Flores aprovecha para hacerle un disparo de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, con orificio de salida por la frente que le lacera el cerebro y provoca la muerte. Asimismo, el artículo 32 del Código Penal dispone: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”. En el presente caso, el tribunal declara probado que el acusado Edgard Javier Saenz Flores, toma parte directa en los hechos, siendo una de las tres personas que intercepta al joven Yerson Javier Reyes Díaz en el lugar de los hechos y estando hincado con brazos en alto le dispara en la parte posterior de la cabeza, y le causa la muerte. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la sentencia recurrida no incurre en vicio que dé lugar a casación por infracción de Ley, por violación del artículo 116 en relación con el 32 del Código Penal. DECISIÓN, esta Sala declara No Ha Lugar el motivo de casación por infracción de ley, invocado por el recurrente. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de ley en su único motivo, interpuesto por el abogado José Manuel Andrade Ávila, en su condición de Defensor Privado del señor Edgard Jared Saenz Flores, en la causa instruida contra este, a quien se le condenó como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Yerson Javier Reyes Díaz; Segundo: Declarar Firme y Ejecutable la sentencia de fecha tres de mayo del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GÚZMAN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-326-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Manual de Derecho Penal. Parte General. Manuel estrella Ruiz. Proyecto de Fortalecimiento de la carrera Judicial de Honduras, Corte Suprema de Justicia de Honduras, Agencia Española de Cooperación Internacional, Consejo General del Poder Judicial de España. Páginas 42 y 43.

[2] Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. Alfredo de Diego Diez. Páginas 23 a 25.