Sentencia CP-325-17 — Registro 13605
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Robo Agravado Continuado, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. - EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Las recurrentes, a partir del planteamiento, dejan claro su falta de entendimiento del recurso de casación en general. Son múltiples defectos se aprecian en todo el escrito: el recurso de casación interpuesto es el de quebrantamiento de forma, el cual fue dividido en tres motivos distintos, pero lo que debió haber sido el planteamientos independientes en realidad son un enjambre de motivos, pues en el “Motivo Primero” se plantean cuatro motivos distintos; en el “Motivo Segundo”, se plantean en la presentación tres motivos distintos, a los que se suman dos motivos más de dos recursos de casación diferentes contenidos en la argumentación; y finalmente en el “Motivo Tercero”, de nueva cuentan se identifican en la presentación tres motivos, y se le suma otro motivo de otro recurso de casación contenido en el desarrollo argumentativo.- Como otra consideración en los motivos “Primero”, “Segundo” y “Tercero”, se plantean en cada uno tres clases de motivos idénticos, pero ninguno de ellos fue explicado y demostrado en el desarrollo argumentativo de los títulos; por otra parte las recurrentes acuñaron argumentaciones propias de la primera instancia, haciendo valoración subjetivas y aquejándose de falta de actividad investigativa que debieron haber planteado y gestionado en las etapas de investigación preliminar o complementaria de la primera instancia. En resumen, la no concreción en u recurso de casación quebrantamiento de forma habiendo adicionado alegaciones propias de los recursos por infracción de ley y de precepto constitucional, el haber opuesto diversos motivos y desarrollado múltiples argumentaciones no relacionadas con los motivos, hacen adolecer la impugnación de claridad y precisión, tal como lo advirtió el Ministerio Público: falto de claridad al agrupar en un solo título diferentes alegatos que debieron ser presentados en motivos diferenciados; y falto de precisión al plantear diferentes argumentos, uno sobreponiendo a otro, de distinta naturaleza, en una construcción de ideas caótica. - Nada de lo expuesto en el escrito de interposición puede dar luz a este tribunal de casación cual es el recurso, el motivo y la infracción que se denuncia, que sección de la sentencia es la viciosa, como repercute el vicio en la decisión adoptada por el tribunal y cuál es la pretensión perseguida para purgar el vicio. Se insiste en que las recurrentes, previo a la interposición del Recurso de Casación no se dieron a la tarea de empoderarse de los principios básicos vinculados con la institución de la Casación, tampoco sobre los requisitos mínimos que debe de satisfacerse en la interposición del recurso según su clase y principalmente como debe de ser planteado el argumento recursivo. Esta falta de experticia técnica provoca la interposición de un recurso tan defectuoso que lastimosamente ha impedido a esta Sala de lo Penal proceder a realizar un estudio de fondo sobre el caso y constatar o descartar los vicios de legalidad..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-325-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Carlos David Mejía Zavala, como autor del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de los señores Elmer David Hernández, E. I. R. F., G. M. F. S. y F. I. V., a la pena de once años, un mes y diez días de reclusión; Segundo: Condenó al señor Carlos David Mejía Zavala, como autor del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio del señor Elmer David Hernández, a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión; Tercero: Condenó al señor Carlos David Mejía Zavala, como autor del delito de Violación Agravada, en perjuicio de la señora E. I. R. F., a la pena de quince años de reclusión; Cuarto: Condenó al señor Carlos David Mejía Zavala, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Quinto: Declaró la responsabilidad civil del señor Carlos David Mejía Zavala; Sexto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Séptimo: No procede el comiso. Son partes en única instancia: Las abogadas Nidia Elizabeth Fuentes y Miryan Ivonne Palomo, en su condición de Defensoras Privadas del señor Carlos David Mejía Zavala, como parte recurrente y la abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados de la instancia Uno: Que en fecha ocho de junio del año dos mil catorce a eso de las tres de la mañana, el señor Elmer David Hernández Pacheco, se conducía en el vehículo de su propiedad marca Volkswagen, color negro, modelo Jetta, tipo turismo, año 2001, placa PAN-1572 junto a su novia E. I. R. F., G. M. F. S. Y F. I. V., a la altura del centro penal, ubicado en el barrio Cabañas de esta ciudad, cuando de pronto fueron golpeados en la parte posterior del vehículo por otro automotor color beige, marca Toyota, placa PAJ-3965, en el que se conducían tres sujetos, entre ellos el señor Carlos David Mejía Zavala, al detenerse el señor Elmer Hernández para ver lo que había pasado, fue encañonado con una arma de fuego por el señor Carlos David Mejía Zavala, mientras los otros dos encañonaban a sus acompañantes al mismo instante que les exigían sus pertenencias, quitándole al señor Elmer Hernández seis mil lempiras en efectivo, tarjetas de crédito, débito y su celular Samsung Galaxia, el celular y la cartera a la joven E. I. R., así como los celulares de G. M. F. y F. I. V., luego de los cual obligaron a la joven E. I. R. a subirse al vehículo Volkswagen Jetta, junto a dos de los sujetos, conduciéndolo uno de ellos, en tanto el señor Carlos David Mejía volvió a subirse al vehículo Toyota y abandonaron el lugar con rumbo desconocido llevándose a la joven E. I. R. y el vehículo negro Volkswagen Jetta. Dos: El señor Carlos David Mejía Zavala y los otros dos sujetos que se conducían junto a la joven E. I. R. F. en el vehículo Volkswagen Jetta se estacionaron ambos vehículos en el barrio Cabañitas de esta ciudad y una vez estacionados y encontrándose la joven E. I. R. dentro del vehículo Volkswagen Jetta procedieron dos de los sujetos a abusar sexualmente de ella cada uno de ellos vía vaginal, anal y oral, sacándola de dicho vehículo el señor Carlos David Mejía Zavala y abusar sexualmente de ella vía vaginal en el pasaje en el cual se habían estacionado ambos vehículos mientras le propinaba un golpe en el brazo y luego la introdujo al vehículo Toyota y ahí siguió abusando de la joven R. F. vía anal y oral. Tres: Mientras eso ocurría el señor Elmer Hernández, busco ayuda en las cercanías del centro penal y puso en conocimiento a las autoridades sobre lo ocurrido, denuncia que fue recibida vía radio por la patrulla número 135 en la que se conducían un grupo de agentes quienes comenzaron la búsqueda de los vehículos, encontrándolos entre las cuatro y cinco de la mañana estacionados ambos automotores a corta distancia en el barrio cabañitas, decidiendo los policías permanecer en el lugar, fue cuando vieron salir del vehículo Toyota beige a la joven E. I. R. F. semi desnuda quien corrió hasta la patrulla y les comunico que dos de los sujetos salieron huyendo cuando vieron la presencia policial, pero que dentro del Toyota quedaba uno de los tres sujetos que la había abusado sexualmente por lo que los policías requirieron al señor Carlos David Mejía Zavala a quien detuvieron y lo pusieron a la orden de la autoridad competente. III. Recurso de CASACIÓN. - Motivos y Argumentos Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. Motivo Primero.- Contener la Sentencia de fecha veinticuatro de enero del año Dos mil Diecisiete, contradicciones evidentes entre los hechos probados en Juicio y las motivaciones fácticas y jurídicas descritas en la sentencia, y como consecuencia tal sentencia no reúne los requisitos de la fundamentación que se exponen e imponen en el artículo 338 del Código Procesal Penal, es decir no resulta coherente entre los hechos probados, a través de los medios de prueba evacuados, su motivación fáctica, motivación probatoria y la motivación jurídica, conduciendo todo ello y como derivación, el no haber realizado valoración de la prueba con apego a las reglas de la sana critica, la lógica y la Experiencia.- Preceptos Autorizantes: El presente motivo primero de casación se encuentra comprendido en el artículo 338 del Código Procesal Penal y en la parte final del numeral 3 del artículo 362.1.3 del código Procesal Penal. Y previo a iniciar el desarrollo de la pretensión recursiva es importante señalar que este defecto se comete en el acto de redacción de la sentencia, de manera que no se tuvo otro momento procesal para reclamar subsanación. Hechos Probados Uno: Fue estimado como hecho probado por el Tribunal sentenciador el siguiente: “En fecha ocho de junio del año 2014, a eso de las tres de la mañana el señor Elmer David Hernández Pacheco, se conducía en su vehículo marca Volkswagen color negro, modelo Jetta, tipo turismo año 2001... en compañía de E. I. R. F., G. M. F. S. Y F. I. V., a la altura del centro penal, ubicado en Barrio Cabañas de esta ciudad cuando fueron golpeados en la parte posterior del vehículo en el que se conducían por otro automotor color beige, 1 testigo Protegido S-43, desde el año 2014 hasta el mes de marca Toyota, placa PAJ-3965, en el que se conducían tres sujetos, entre ellos Carlos David Mejía; al detenerse el señor Elmer Hernández para ver que sucedía, fue encañonado por Carlos David Mejía, mientras los otros dos sujetos desconocidos encañonaban a sus acompañantes, al mismo tiempo que les exigían sus pertenencias, quitándole al señor Elmer Hernández, la cantidad de seis mil Lempiras en efectivo, tarjetas de crédito, débito y su celular Samsung Galaxy, el celular y la cartera a la joven E. I. R., así como los celulares de G. M. F. y F. I. V., luego de lo cual los obligaron a la joven E. I. R. a subirse al vehículo Volkswagen color negro, junto a dos de los sospechosos, conduciéndolo uno de ellos, mientras Carlos David Mejía Abordo nuevamente su vehículo Toyota, abandonando el lugar con rumbo desconocido, llevándose a la joven E. I. R. con rumbo desconocido. Dos: El Señor Carlos David Mejía Zavala y los otros dos sujetos que se conducían con la joven E. I. R., se estacionaron ambos vehículos en Barrio cabañitas y una vez estacionados y encontrándose la joven en el interior del vehículo Volkswagen, procedieron dos de los sujetos a abusar sexualmente de ella, cada uno, vía vaginal, anal y oral, sacándola de dicho vehículo el señor Carlos David Mejía, y abusándola sexualmente vía vaginal en el pasaje en el cual se habían estacionado ambos vehículos, mientras le propinaba un golpe en el brazo, introduciéndola en el vehículo Toyota de su propiedad, donde continuo abusándola vía anal y oral. Tres: Mientras eso ocurría el señor Elmer Hernández, busco ayuda en las cercanías del centro penal y puso en conocimiento de las autoridades sobre lo ocurrido, denuncia que fue recibida vía radio por la patrulla 135, en la que se conducían varios agentes quienes iniciaron la búsqueda de los sospechosos y es así que entre las cuatro y cinco de la madrugada, encontraron ambos vehículos estacionados a corta distancia en el Barrio Cabañitas, donde los policías deciden permanecer en el lugar, cuando vieron salir del vehículo Toyota a una mujer semi desnuda, quien les manifestó que los otros dos sujetos habían huido del lugar y que uno de ellos estaba en el vehículo Toyota; siendo requerido el señor Carlos David Mejía Zavala, a quien detuvieron y lo pusieron a la orden de la autoridad competente.- Motivo Primero: La Declaración Del Hecho Probado No Sea Clara Y Terminante. Precepto Autorizante: Art. 362.1.- Violación De La Sana Crítica En La Valoración De La Prueba, Infracción Del Principio De Contradicción. Precepto Autorizante: Art. 362.3 Del Código Procesal Penal. El hecho probado en sus epígrafes uno, dos y tres no contienen en forma alguna, algún hecho o acto realizado por el acusado u otro sospechoso en perjuicio de F. I, V., a quien el Tribunal Sentenciador la designa como víctima del delito de Robo Agravado Continuado, cuando no fue ni mínimamente demostrado hecho alguno en perjuicio de esta persona; es de observar que la joven F. I. V., no acudió ante los Tribunales a exponer si había sido objeto de algún perjuicio y tampoco existió declaración previa de la referida en las etapas anteriores al proceso que haya podido evacuarse por lectura u otro medio durante el Juicio Oral y Público que hoy nos ocupa, en ese sentido considera esta defensa que el A Quo emite una sentencia condenatoria asumiendo un hecho probado inexistente en el presente proceso en perjuicio de esta persona; aunado a lo anterior, nótese que en las deposiciones de las supuestas víctimas Elmer David Hernández, E. I. R. F. Y G. M. F. S. no existe una individualización siquiera de las características de los objetos que refieren les fueron sustraídos por las personas que les despojaron de sus pertenencias; en ese sentido no existe siquiera en sus deposiciones o mediante algún medio de prueba documental u otro, un detalle especifico e individualizado de los objetos, bienes o pertenencias que supuestamente les fueron sustraídos, al no emitir las victimas claramente en sus declaraciones de que bienes les despojaron; El A Quo refiere en la sentencia que hoy se recurre en el apartado Valoración Del Tribunal (ver página 19, línea 28, 29) que en un vehículo (no determinando en cuál de los dos vehículos, si en el de las víctimas o en el del imputado) se encontraron dos teléfonos celulares pertenecientes a los ofendidos es preciso aclarar que este extremo no fue corroborado con medio de prueba alguno, pues no existe medio de prueba alguno de reconocimiento de estos bienes como propios de alguno de los supuestos ofendidos, como tampoco existe documento alguno que establezca y acredite la propiedad y la ajena pertenencia de estos dos teléfonos; en ese sentido el Tribunal Sentenciador asume que estos dos teléfonos son propiedad de los ofendidos, cuando no existió en la audiencia de Juicio Oral medio de prueba que acreditara este extremo.- Explicación Del Motivo Primero De Casación: Lo anterior descrito en la sentencia que hoy se recurre, no es congruente a lo realmente evacuado en Juicio, pues de la lectura simple del acta de audiencia de Juicio Oral y Público, se puede establecer que no hubo multiplicidad de pruebas a evacuar, siendo evacuadas por lectura las declaraciones de únicamente tres (Elmer David Hernández, E. I. R. F. Y G. M. F. S.) de las cuatro supuestas víctimas de Robo Agravado Continuado, como expone el A quo en su sentencia; aunado a lo anterior, los antes referidos, no detallan mínimamente las características de los bienes o pertenencias que refieren les fueron despojados, siendo preciso establecer que durante la investigación del presente caso, y durante la sustanciación del Juicio Oral y Público, el Ministerio Publico no aporto medio de prueba alguno que sustentara la individualización de los bienes o pertenencias que supuestamente les fueran despojados a los ofendidos; es de observar, que la misma prueba documental consistente en la denuncia interpuesta por el ofendido, el acta de lectura de derechos, el acta de decomiso, el acta de registro personal realizados al imputado, no arrojan indicio alguno de participación del acusado en los hechos relacionados al Robo Agravado Continuado que se le imputan en perjuicio de la joven F. I. V., puesto que la referida no emitió declaración alguna durante todo el proceso ante Juez Competente, en tal sentido, el sentenciador no debió incluirla como Victima en el delito de Robo Agravado Continuado; ante lo antes expuesto estamos ante un caso en el que Tres Personas, refieren haber sido despojadas de indeterminado objeto al no señalar directamente que objeto o bien les fuera despojado y no sustentar la propiedad de estos ya sea mediante reconocimiento, acta o documento alguno; ante tales argumentos nos encontramos que las deposiciones de las víctimas, son dichos que no son corroborados con medio de prueba alguno por parte de los agentes; considera esta defensa, que no es posible que con solo el dicho de una persona, y que no sustenta los dichos de que fue supuestamente objeto, se llegue a condenar a una persona. Motivo Segundo: La Declaración Del Hecho Probado No Sea Clara Y Terminante. Precepto Autorizante: Art. 362.1.- Violación De La Sana Crítica En La Valoración De La Prueba, Infracción Del Principio De Contradicción. Precepto Autorizante: Art. 362.3 Del Código Procesal Penal. El hecho probado en sus epígrafes uno, dos y tres no contienen en forma alguna, algún hecho o acto realizado por el acusado u otro sospechoso que nos lleve a la certeza y convicción que los sospechosos tenían por objetivo despojar del vehículo Volkswagen negro al señor Elmer Hernández; nótese que aun en el apartado hechos probados uno, dos y tres de la sentencia hoy recurrida, el A Quo expone, que dos sospechosos abordan el carro propiedad de Elmer Hernández, que el acusado Carlos David Mejía, aborda su propio vehículo, un Toyota beige,... que aproximadamente entre media hora a una hora más tarde, de los hechos denunciados, ambos vehículos, el perteneciente a Elmer Hernández y el que conducía el imputado, fueron encontrados estacionados, uno a inmediaciones del otro, en un pasaje, a escasas dos cuadras de donde fuera supuestamente despojado el primero; lo anterior nos establece, a través de las declaraciones de las supuestas víctimas y evacuadas por lectura, dos aspectos: en primer lugar que Carlos David Mejía Zavala, nunca abordo el vehículo Volkswagen negro propiedad de Elmer Hernández, segundo, que este vehículo, nunca se alejó de la zona donde fuera supuestamente despojado, pues fue encontrado abandonado (estacionado) a escasas dos calles del suceso, por tanto, nunca hubo ni existió ni la intención de robarlo, ni mucho menos una mínima disponibilidad de ese automotor, por parte de nuestro representado; siendo que la teoría de la complicidad, nunca fue nominada por el ente acusador en el presente caso, no procedía en ese sentido condenar a nuestro representado por un delito de Robo De Vehículo Agravado, puesto que aun y cuando fueron otras dos personas no identificadas a este momento quienes lo abordaron, el delito procedente a incoarles de haber sido habidos, debió haber sido el de Robo De Vehículo En Su Grado De Ejecución De Tentativa; Explicación Del Motivo Segundo De Casación: A nuestro representado se le detuvo a bordo de su propio vehículo en horas de la mañana, a inmediaciones tanto en tiempo como en espacio, de donde sucedieron los hechos, y el vehículo supuestamente despojado, se encontró a inmediaciones del lugar de donde fue despojado, encontrándolo los agentes: estacionado, abandonado en las cercanías del lugar, aproximadamente entre media, a una hora después del hecho denunciado.- este vehículo, propiedad de Elmer Hernández, al momento de su hallazgo y comiso estaba estacionado, apagado, y no había nadie en su interior, aunado al hecho de que a nuestro representado en ningún momento se le decomiso llave o documento alguno de ese vehículo; el hecho de que a nuestro representado se le haya detenido en el interior de su propio vehículo y a inmediaciones del vehículo propiedad de Elmer Hernández, aunado a las declaraciones ofrecidas por los mismos ofendidos y evacuadas por lectura en la audiencia cuya sentencia hoy se recurre, nos establece que Carlos David Mejía Zavala, nunca estuvo ni en posesión, ni tuvo disponibilidad, sobre el automotor de Elmer Hernández; y el hecho de que ese mismo automotor haya sido encontrado estacionado, a inmediaciones tanto en tiempo y espacio, nos establece aún más claramente, que nunca se tuvo la intención de robarlo, pues de haber sido así, los dos sospechosos desconocidos que refieren los testigos que lo abordaron, hubieran huido en el para asegurar su huida y disponer del automotor despojado; considera esta defensa que no se reúnen los requisitos de tipo en el delito de Robo De Vehículo Agravado, incoado a nuestro representado, al no haber existido posesión ni disponibilidad del automotor propiedad de Elmer Hernández por parte de Carlos David Mejía.- el ente fiscal mínimamente debió haber requerido a las personas residentes en las viviendas que estaban al frente de donde se encontró el vehículo estacionado, investigaciones inexistentes y que basan una acusación Infundada; considera esta defensa que la insuficiencia probatoria en el presente caso es un hecho sustancial y motivo por el cual el Tribunal A Quo, debió absolver a nuestro representado de los hechos imputados, pues esta insuficiencia probatoria y falta de corroboración de los hechos denunciados, así como la falta de diligencias investigativas, que arrojaran indicios suficientes es sustancial para efectos de credibilidad de Los testimonios evacuados por lectura otorgado tanto por el referido agente, como por el ofendido y a la vez testigo Protegido S-43, y como es bien conocido, en cuanto a testimonios se refiere, quien miente en lo poco, miente en lo mucho.- Y para aclarar, el motivo que se impetra, ello es que la sentencia emitida y hoy objeto de recurso, establece que se valoró la prueba evacuada en juicio, y cuál fue la prueba evacuada en juicio?, únicamente las declaraciones incorroboradas, no contradichas que fueron evacuadas por lectura y el agente de investigación que refiere haber tomado esa denuncia pero que no realizó investigación de soporte alguna para corroborar esos extremos denunciados. - Y ello se agrava con la fundamentación jurídica de la sentencia que dieta un fallo condenatorio, aun ante la insuficiencia probatoria.-. Entonces la cuestión a la cual reducirnos nuestra impugnación es confrontar dicha actividad con la calificación legal a que arriba el A Quo: “El tribunal Sentenciador es del criterio que se dieron los elementos de tipo como autor del delito enunciado (Robo Agravado Continuado Y Robo De Vehículo Agravado). “Ello ya que sostenemos que dichas calificaciones no encuadran en la conducta que pretendió probar el ente fiscal, que más bien no existió suficiencia probatoria para demostrar los hechos imputados y corroborar los dichos de los supuestos ofendidos, por tanto la estimación de que: “El análisis de la prueba válidamente practicada e introducida en el acto del Juicio Oral, ha sido valorada conforme a las reglas de la sana critica” es incorrecta pues está hiera de ser mínimamente acreditado o sostenible fáctica o jurídicamente en el presente caso. El juzgador da como hecho probado en su sentencia, la identificación del imputado como el autor de los hechos que fundamentan la acusación, a tal efecto, refiere el a quo, que los medios probatorios dan a estos juzgadores la convicción de la participación del imputado en los hechos por los cuales fue juzgado. El argumento de la relación de esta apreciación descrita en la sentencia merece contradicción de la defensa por ser contrario al resultado de la evacuación de la prueba en juicio (La Cual Fue Inexistente), pues no fue evacuada declaración de victima alguna en la audiencia de Juicio Oral y Público que fuera objeto de contradicción por esta defensa, y tampoco existió prueba documental que corroborara los dichos de las victimas leídos en audiencia. Motivo Tercero: La Declaración Del Hecho Probado No Sea Clara Y Terminante. Precepto Autorizante: Art. 362.1.- Violación De La Sana Crítica En La Valoración De La Prueba, Infracción Del Principio De Contradicción. Precepto Autorizante: Art. 362.3 Del Código Procesal Penal. El hecho probado en sus epígrafes uno, dos y tres no contienen en forma alguna, algún hecho o acto realizado por el acusado u otro sospechoso que nos lleve a la certeza y convicción que los sospechosos o nuestro representado, hieran los responsables de la actividad sexual encontrada en la evaluación realizada a la joven E. I. R., pues es de apreciar, que pese a que no existió un reconocimiento en rueda evacuado en la audiencia de Juicio, que señal ara directamente a nuestro representado corno uno de los responsables por el delito de Violación Agravada, en perjuicio de la joven R., aunado a que si bien es cierto los hallazgos en la evaluación realizada a la joven establecen que hubo actividad sexual reciente, y pese a la existencia de células espermáticas, el Ministerio Publico fue incapaz de realizar una comparación de ADN entre los fluidos encontrados en el área vaginal y anal de la víctima y el imputado, prueba científica que hubiera podido establecer una relación directa entre la prueba y los hechos denunciados; contrario sensu, el dictamen realizado a la joven R., solo nos establece, que la referida tuvo actividad reciente, con varias eyaculaciones en sus áreas vaginales y anales, pero no establece o individualiza la participación directa de alguna persona en esa actividad,. Es así que el A Quo emite una sentencia condenatoria, basándose en la declaración de una joven, cuya declaración no fue contradicha en juicio por su ausencia.- Explicación Del Motivo Tercero De Casación: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en lo descrito en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 8 numeral 2, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y relacionado con el artículo 361 del Código Procesal Penal.- Las normas que ha criterio de esta defensa ha violentado gravemente el juzgador, son primeramente el Articulo 82 de la Constitución de la República de Honduras, que taxativamente describe: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las Leyes” “. - el Artículo 89 establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente “. Lo anterior está relacionado con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 2, inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone: “el Derecho a la defensa de Interrogar a los testigos presentes en el Tribuna! y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”.- El derecho a un proceso justo con todas las garantías legales, exige, como regla general, que los medios de prueba se practiquen en el seno del juicio oral, para efectos de contradicción e inmediación de las partes en un sistema acusatorio donde rige el principio de inmediación, la exigencia es especialmente imperiosa, en materia de la práctica de la prueba, lo que implica la relación entre jueces y partes directamente con los medios de prueba, máxime, en materia testifical, pues en ese acto donde el juzgador obtiene o se forma el grado de credibilidad y firmeza de los dichos del declarante o testigo.- En el presente caso se incorpora por lectura, el único medio de prueba que sirvió en la etapa inicial del presente caso como indicio probatorio en contra de nuestro representado, por el delito de Violación Agravada, esta es la declaración que brindara la joven E. R., Considera esta defensa que el A Quo no debió darle el valor probatorio que le dio a este medio de prueba, pues fue un testimonio incorroborado.- Aunado a lo anterior, el testimonio como único medio de prueba no es suficiente conforme a la sana crítica y la experiencia, debe estar apoyado en probanza para llegar a una sentencia condenatoria, pues este testimonio debió ser corroborado con otros medios de prueba o indicios mínimos probatorios que permitieran establecer lo denunciado, lo que no existió en el presente caso,- Se ha incurrido en la infracción de violación de la sana crítica, en el principio de contradicción, en la valoración de la prueba toral del presente juicio. De acuerdo al Tribunal Europeo De Derechos Humanos, (TEDH) para poder erigir como absoluta en prueba de cargo la declaración de un testigo debe reunir como requisito entre otros “que la declaración del testigo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por si sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia”.- en el presente caso este testimonio no corroborado con otra diligencia indiciaria o probatoria, basto al A Quo para dictar un fallo condenatorio en contra de nuestro representado.- Ante las manifestaciones antes vertidas, considera esta defensa que no se estableció plenamente la existencia de los hechos que la supuesta ofendida refiere haber sido objeto, lo que dirime que existe un yerro en la valoración de la prueba evacuada en juicio por el A quo. En el caso que nos ocupa al no existir a su vez prueba de cargo que señale a nuestro representado como participe en la violación de la víctima, al contrastar ambas posturas que generan certeza, surge entonces una duda razonable respecto a la responsabilidad que dicho acusado pueda tener realmente en los hechos.” Es ahí donde se cristaliza la contradicción: Se otorgo credibilidad a la versión de un testigo de cargo, solo para luego ser contradicha su versión con la de la defensa, y no poder ser sustentada con otra prueba documental o pericial, que corrobore datos que deberían generar certeza y no dudas sobre los hechos en torno a los actos que fue objeto la víctima, ya que genera duda sobre la certeza de los relatos de este testigo. Por tanto, la sentencia incurre en una contradicción inconciliable. Pero esta postura debe estar reflejada en la redacción de la sentencia, debe ser transcrita conforme al testimonio real del único supuesto ofendido testigo y ante la inexistencia de otra prueba, debió dictar un fallo absolutorio, ya fuera por prueba insuficiente o duda razonable de participación del imputado; porque ello incurre en la causal de nulidad de sentencia, vía casación, por quebranto del principio de contradicción, de la sana critica en la valoración de la prueba. Agotamiento De Recursos Previos. - El vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que impide un ejercicio recursivo previo al presente recurso de casación. IV. Fundamentación Jurídica Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro Tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.- Se concluye a partir de lo anterior que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular el Código Procesal Penal (cpp) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1). - Recurso de reposición; 2). - Recurso de apelación; 3). - Recurso de Casación; 4). - recurso de hecho o de queja. Son Características de los recursos: *Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. *Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dicto o no la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i.- Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto deberá de ser conocido y resuelto por otro Tribunal previamente establecido; ii.- Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del Tribunal sobre lo resuelto mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo éste efecto la excepción en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii.- Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el principio de Igualdad. (Art. 349 cpp); iv.- Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. - En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse por efecto negativo lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continua en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; Su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De La Debida Técnica Recursiva de Casación
El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”.
Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación.
Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); a.Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y b. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivos de Casación Primer Motivo *Norma Autorizante Citada: Artículo 361.1 y 362.3 del Código Procesal Penal. *Motivos: i.- Sentencia contradictoria; ii.- La declaración de los hechos probados no es clara ni terminante; y iii.- Violación de la Sana critica en la valoración de la prueba; *Concepto de la infracción: i.- Contradicciones entre los hechos probados, las motivaciones fácticas y jurídicas; y ii.-Infracción del Principio de Contradicción; *Normas Procesales que se denuncian infringidas: artículo 338 del Código Procesal Penal; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamación ex ante al darse el vicio en la sentencia definitiva; y *Pretensión: Se anule la sentencia emitida y se devuelva el expediente al tribunal de origen para la repetición del juicio oral y público. Las recurrentes dejan claro en su escrito que el recurso interpuesto es el de Casación por Quebrantamiento de Forma, no solo señalado así en la suma del escrito, sino en cada uno de los títulos de los motivos.- Como motivo, las recurrentes en su escrito consignan como título “Exposición de los Motivos del Recurso de Casación”, luego de lo cual se aprecia como sub título “Motivo Primero” en donde denuncian que contradicciones entre los hechos probados, motivaciones fácticas y jurídicas; más adelante en el recurso se vuelve a anunciar el motivo primero, denunciándose que el hecho probado no es claro, que el hecho probado no es terminante y que se ha violentado las reglas de la sana critica; es decir en suma en el primer motivo se oponen cuatro motivos distintos. En el desarrollo del libelo, las recurrentes acusan que el hecho probado no describe ninguna conducta realizada por el acusado Carlos David Mejía Zavala en perjuicio de F. I. V., lo que en esencia es una queja de falta de subsunción, que se debe de alegar en el recurso de casación por infracción de ley. – Además aquejan: i.- que la testigo F. I. V. no acudió a rendir declaración en la audiencia de debate; ii.- que no existe individualización de los bienes muebles que fueron despojados a cada uno de los ofendidos; y iii.- Que la prueba no arroja indicio alguno de la existencia de un delito de robo en perjuicio de la Señora F. I. V.. Segundo Motivo *Norma Autorizante Citada: Artículo 361.1 y 362.3 del Código Procesal Penal. *Motivos: i.- La declaración de los hechos probados no es clara ni terminante; y ii.- Violación de la Sana critica en la valoración de la prueba; *Concepto de la infracción: Violación del Principio de Contradicción; *Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por las recurrentes; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamación ex ante al darse el vicio en la sentencia definitiva; y *Pretensión: Se anule la sentencia emitida y se devuelva el expediente al tribunal de origen para la repetición del juicio oral y público. Las recurrentes de nueva cuentan oponen no solo más de un motivo de casación por quebrantamiento de forma bajo un mismo título, sino que además oponen los mismos motivos que en el su “Primer Motivo”, a saber: i.- Los hechos probados no son claros; ii.- Los hechos probados no son terminantes; iii.- violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba por infracción al principio de contradicción. En el desarrollo las recurrentes alegan que los hechos probados no describen, con grado de certeza, que el acusado u otra persona, tenían por objeto despojar del vehículo Volkswagen al Señor Elmer Hernández; arguyen que el acusado nunca abordo el vehículo referido, y que además el vehículo nunca se alejo de la zona donde supuestamente fue despojado y que por ello se puede afirmar que no existió intención de robo y más apreciaciones subjetivas de los medios de prueba.- Agregan que no se reúnan los requisitos del tipo penal de robo de vehículo agravado, pies el acusado no estuvo en posesión ni tampoco tuvo disponibilidad del automotor; alegato con el que se hace cuestionamiento de subsunción de hechos en la tipología aplicada. También las recurrentes señalan que existe insuficiencia probatoria para demostrar los hechos imputados; alegato propio del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, cuando se denuncia infracción al estado material de inocencia. Tercer Motivo *Norma Autorizante Citada: Artículo 361.1 y 362.3 del Código Procesal Penal. *Motivos: i.- La declaración de los hechos probados no es clara ni terminante; y ii.- Violación de la Sana critica en la valoración de la prueba; *Concepto de la infracción: Violación del Principio de Contradicción; *Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por las recurrentes; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamación ex ante al darse el vicio en la sentencia definitiva; y *Pretensión: Se anule la sentencia emitida y se devuelva el expediente al tribunal de origen para la repetición del juicio oral y público. Las recurrentes, por tercera ocasión oponen en un mismo título varios motivos de casación por quebrantamiento de forma, pero además oponen los mismos motivos del “Primer Motivo” y “Segundo Motivo”, a saber: i.- Los hechos probados no son claros; ii.- Los hechos probados no son terminantes; iii.- violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba por infracción al principio de contradicción. En el respectivo desarrollo las recurrentes que los hechos probados no contienen descripción de conducta que haya realizado el acusado Carlos David Mejía u otra persona, que permita tener certeza de que son responsables de la actividad sexual encontrada en la evaluación realizada a la joven E. I. R.; agregaron que el Ministerio Público no hizo comparación de ADN de los fluidos encontrados en la víctima, que tampoco se realizó reconocimiento en rueda, todo ello para poder determinar la identidad de las personas responsables, todo ello alegatos de instancia.- También aquejaron las recurrentes que la declaración de la Señora E. R. fue incorporada por lectura, siendo el único medio de prueba inculpatorio, por lo que no es suficiente para emitir una sentencia condenatoria conforme las reglas de la sana critica y la experiencia, lo que constituye argumentación que es propia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional al alegarse violación al estado material de inocencia. De la Procedencia del Recurso. - El Recurso no es de recibo. Las recurrentes, a partir del planteamiento, dejan claro su falta de entendimiento del recurso de casación en general. Son múltiples defectos se aprecian en todo el escrito: el recurso de casación interpuesto es el de quebrantamiento de forma, el cual fue dividido en tres motivos distintos, pero lo que debió haber sido el planteamientos independientes en realidad son un enjambre de motivos, pues en el “Motivo Primero” se plantean cuatro motivos distintos; en el “Motivo Segundo”, se plantean en la presentación tres motivos distintos, a los que se suman dos motivos más de dos recursos de casación diferentes contenidos en la argumentación; y finalmente en el “Motivo Tercero”, de nueva cuentan se identifican en la presentación tres motivos, y se le suma otro motivo de otro recurso de casación contenido en el desarrollo argumentativo.- Como otra consideración en los motivos “Primero”, “Segundo” y “Tercero”, se plantean en cada uno tres clases de motivos idénticos, pero ninguno de ellos fue explicado y demostrado en el desarrollo argumentativo de los títulos; por otra parte las recurrentes acuñaron argumentaciones propias de la primera instancia, haciendo valoración subjetivas y aquejándose de falta de actividad investigativa que debieron haber planteado y gestionado en las etapas de investigación preliminar o complementaria de la primera instancia. En resumen, la no concreción en u recurso de casación quebrantamiento de forma habiendo adicionado alegaciones propias de los recursos por infracción de ley y de precepto constitucional, el haber opuesto diversos motivos y desarrollado múltiples argumentaciones no relacionadas con los motivos, hacen adolecer la impugnación de claridad y precisión, tal como lo advirtió el Ministerio Público: falto de claridad al agrupar en un solo título diferentes alegatos que debieron ser presentados en motivos diferenciados; y falto de precisión al plantear diferentes argumentos, uno sobreponiendo a otro, de distinta naturaleza, en una construcción de ideas caótica. - Nada de lo expuesto en el escrito de interposición puede dar luz a este tribunal de casación cual es el recurso, el motivo y la infracción que se denuncia, que sección de la sentencia es la viciosa, como repercute el vicio en la decisión adoptada por el tribunal y cuál es la pretensión perseguida para purgar el vicio. Se insiste en que las recurrentes, previo a la interposición del Recurso de Casación no se dieron a la tarea de empoderarse de los principios básicos vinculados con la institución de la Casación, tampoco sobre los requisitos mínimos que debe de satisfacerse en la interposición del recurso según su clase y principalmente como debe de ser planteado el argumento recursivo. Esta falta de experticia técnica provoca la interposición de un recurso tan defectuoso que lastimosamente ha impedido a esta Sala de lo Penal proceder a realizar un estudio de fondo sobre el caso y constatar o descartar los vicios de legalidad. V. Decisión: Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por la defensa privada. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso.- A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le identifica al principio de legalidad con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena.- Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma vigente al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017.- Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a.- La ponderación deberá de realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; y b.- La ponderación deberá de realizarse en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. - Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restara del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho limite. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho limite; b.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: Se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i.- Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las Penas No Concursadas; ii.- Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iii.- Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv.- Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Carlos David Mejía Zavala, las sanciones por tres delitos, a saber: i.- 11 años, 01 mes y 10 días de reclusión por el delito de robo agravado continuado, en perjuicio de 04 personas; y ii.- 13 años 04 meses de reclusión, por un delito de robo de vehículo agravado, en perjuicio de una persona; iii.- 15 años de reclusión por el delito de violación agravada, en perjuicio de una persona.- En suma, la pena concreta impuesta al acusado es de 39 años 05 meses y 10 días de reclusión, de los que cumpliría solo 30 años por disposición del artículo 35 del CN 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, los delitos por los que fue encontrado culpable el acusado se sancionan de la siguiente manera: i. Delito de robo con intimidación en las personas con prisión de 04 a 08 años, la que debe de ser incrementada en 1/3 cuando la intimidación es causada por el uso de armas de fuego, siendo la nueva pena abstracta de 08 años a 10 años 08 meses de prisión; pena a la que a su vez debe de ser incrementada en 1/3 cuando se trate de un delito continuado, siendo la nueva pena de 10 años 08 meses a 14 años con 02 meses de prisión; ii. Delito de violación sexual con la pena de prisión de 09 a 13 años de prisión, la cual debe de ser incrementada en 1/3 cuando la conducta es realizada de manera conjunta entre 02 o más personas, concurriendo dos agravantes especificas más que, en su caso, deben de ser consideradas para la individualización de la pena concreta, quedando la nueva pena en 13 años a 17 años 04 meses de prisión. Además, la pena principal de libertad vigilada hasta por 10 años; pena principal de prohibición de residencia y aproximación a la víctima de 26 años a 34 años con 08 meses, y la consecuencia accesoria de ser anotado el acusado en el registro público de agresores sexuales entretanto no se concrete la remisión total de las penas impuestas; iii. Respecto al delito de robo de vehículo no se encuentra como un delito de tipificación especial a razón del objeto, por lo que debe de ser subsumido como delito de robo, en el presente caso, robo con intimidación de las personas, debiendo sumarse al concurso de delitos. En conclusión, conforme las disposiciones del CP 130-2017, le correspondería cumplir al acusado una pena abstracta de privación de libertad total de 23 años 08 meses a 31 años con 06 meses de los cuales solo cumpliría 30 años en caso que la pena individualizada sobrepasara el límite objetivo ordinario (Art. 66 NCP, y una pena abstracta de privación de derechos de 26 años a 34 años con 08 meses e imposición de libertad vigilada por hasta 10 años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación penal: la pena de reclusión individualizada conforme el CP 144-83 y la pena de prisión abstracta que correspondería aplicar al acusado conforme el CP 130-2017, tienen el mismo limite objetivo ordinario para el cumplimiento de las penas de reclusión (30 años), por lo que la aplicación retroactiva no corresponde conforme lo manda el párrafo 8 del artículo 616 NCP.- Por otra parte, la imposición de dos penas principales más y, especialmente la gravedad de éstas: pena de privación de derechos y pena de libertad vigilada, hacen que en conjunto la nueva norma penal sea más gravosa que la que estaba en vigencia al momento del hecho y que fue la aplicada por el tribunal de sentencia. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto las abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivonne Palomo Núñez, apoderadas defensoras privadas.- Segundo: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a las conductas reprochadas al acusado Carlos David Mejía Zavala.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (f. 186) dictada por el tribunal de sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiún de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-325-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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