Sentencia CP-32-17 — Registro 11940
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de Fabricación Casera, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso No es de Recibo. – Al referirse los dos motivos de casación en torno a la elección de la norma penal sustantiva que debe gobernar a los hechos declarados probados, considera conveniente la Sala de lo Penal hacer un solo pronunciamiento para la resolución de aquellos. Así pues, al realizar la confrontación entre el factum y los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, concluye sin dificultad alguna que es esta última norma la que debe ser aplicada. Según el relato de los hechos fijado por los juzgadores: el acusado Mauricio Antonio García Maltez es responsable penalmente de un delito de Portación ilegal de arma de uso personal, pues en fecha 08 de agosto de 2010, a eso de las 06:30 p.m., fue requerido por la Policía Nacional Preventiva, encontrándosele en posesión de un arma de fuego de fabricación casera, tipo chimba, en correcto estado operativo y funcional para la eyección de proyectiles calibre 22. El acusado entonces estaba poseyendo un tipo de arma de fuego, conducta que puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, fue confeccionado al margen de la ley, de ahí que el comportamiento merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. El Ministerio Público como recurrente, plantea: 1.- Como Primer Motivo: Indebida aplicación del artículo 332-B del Código Penal, al considerar que el arma decomisada es un arma prohibida por la Ley (Art. 7 de la Ley de Armas) y que por tanto no es de carácter comercial; 2.- Como Segundo Motivo, falta de aplicación del artículo 332-A, del Código Penal, al calificar el arma encontrada en poder del acusado como “arma de guerra”; No siendo de recibo ninguno de los motivos, pues el factum claramente dibuja un hecho en el que se ve involucrada un objeto que es considerado arma de fuego y que no reúne ninguna de las especificaciones de los tratados o instrumentos internacionales que tratan sobre armas de guerra, siendo entonces un arma de uso personal, la que fue fabricada al margen de los controles estatales.- El recurrente confunde la condición de arma personal con la de arma comercial, siendo una y otra diferentes, dado que el arma de fabricación casera puede ser destinada para uso personal sin que sea un arma comercial.- Acceder a lo que el recurrente pretende sería un contrasentido comparativamente: castigar con una pena de 8 a 10 años de reclusión y multa de cinco mil a diez mil lempiras al poseedor de una chimba con capacidad para disparar cartuchería 22, y con una pena de 3 a 6 años de reclusión la portación sin permiso de la autoridad competente de un arma industrial calibre 22, cuando es la segunda la que tiene mayor ofensivo que la primera, dado su mecanismo de disparo, alcance y efectividad de disparo. Al estar relacionados ambos motivos de casación, esta Sala de lo Penal les da respuesta en un solo pronunciamiento, declarando a ambos improcedentes..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 332, A (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-032-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Mauricio Antonio García Maltez, por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Condenó al señor Mauricio Antonio García Maltez, por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de Fabricación Casera, calibre 22 Long Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, de igual forma se le otorga al señor Mauricio Antonio García Maltez, el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta; Tercero: Declaró el comiso de un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre 22 Long Comercial; Cuarto: Declaró al señor Mauricio Antonio García Maltez, civilmente responsable del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Sandra Lorena Zuniga, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente, y los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Arnaldo Alcides García, apoderados defensores públicos del acusado Mauricio Antonio García Maltez, actuando en su condición de recurridos; Hechos Probados de la instancia Único: A eso de las seis de la tarde (6:30 PM), del día ocho (8) del mes de agosto del año dos mil diez (2010), en el Barrio Campo Alegre, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, Agentes de la Policía Nacional Preventiva, motivados por una denuncia que interpuso persona no identificada, al desplazarse hasta a aquel lugar, encontraron en la cintura del señor Mauricio Antonio García Maltez, con un arma de fuego de fabricación casera (Tipo chimba), diseñada para disparar munición calibre 22 Long, la cual resultó estar en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo. Recurso De Casación.- Motivos Y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley Primer Motivo: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposicion Del Motivo: El A quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: Unico: “A eso de las seis con treinta minutos de la tarde (6:30 PM) del día ocho (8) del mes de agosto del año dos mil diez (2010), en el Barrio Campo Alegre, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, agentes de la Policía Nacional Preventiva, motivados por una denuncia que interpuso persona no identificada, al desplazarse hasta a aquel lugar, encontraron en la cintura del señor Mauricio Antonio García Maltez, con arma de fuego de fabricación casera (Tipo chimba), diseñada para disparar munición calibre 22 Long, la cual resultó estar en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo”. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego de fabricación casera, misma que se encontraba en buen estado de funcionamiento y en razón de ello, emite sentencia condenatoria imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión. Sin embargo, el A quo subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o ven da armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas”. De la norma supra indicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (.45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (1308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (.410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas”. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal, defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en sí denominado comúnmente como “chimba”, independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, la misma jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente, tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial por ende no consideramos la apreciación que efectúa el Tribunal en el apartado de la Fundamentación Jurídica cuando establece: “Que la acción típica realizada por el encausado se subsume en el verbo rector de Posesión de arma comercial conforme al articulo 332 B, al estar diseñada para disparar munición calibre 22 Long comercial y puede considerarse de uso personal como lo dispone el articulo 8 de la Ley de Control de armas, aunado a ello el arma decomisada no es de funcionamiento automático.” Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa. Segundo Motivo: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposicion Del Motivo: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5, 000.00) a diez mil (Lps.10, 000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar que el tipo que se adecua al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal, es así que en el citado apartado establece “... Cabe mencionar que dicha arma por la munición utilizada no se puedo considerar de guerra, sin embargo el uso de munición comercial la hace subsumible en el tipo penal por el que se le declaró culpable; además dicha pena es excesivamente desproporcional considerarnos que la norma a aplicar en el caso objeto del presente juicio es la recogida en el artículo 332-B del Código Penal” Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Mauricio Antonio Garcia Maltez, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal, en virtud de que, como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solícita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivos de Casación Primer Motivo *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros Similares; *Concepto de la Infracción: Indebida aplicación de la norma que tipifica el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Personal; y *Pretensión: Se case la sentencia. Alega el recurrente que al confrontar los hechos declarados probados por el juzgador y la norma penal señalada como infringida por aplicación indebida, se denota la concurrencia del vicio in iudicando que se denuncia, dado que el arma de fabricación casera no se considera como de uso personal, defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud de que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas de Fuego. Agrega el recurrente que las armas denominadas “Chimbas”, independientemente del tipo de munición que utilicen, jamás podrían ser objeto de un registro legal por parte del Estado de Honduras. Segundo Motivo *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-A del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación de la norma penal que tipifica el delito de Portación Ilegal de Arma de Guerra; y *Pretensión: Se case la sentencia. Discute el recurrente que el juzgador carece de soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Arma de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a meras apreciaciones en la sección del fallo que corresponde aplicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Denuncia el recurrente que con los hechos fijados por el tribunal queda probada plenamente la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Mauricio Antonio García Maltez, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-A del Código Penal. Tratamiento Penal de las armas de fabricación casera o artesanal. Esta Sala de lo Penal cuenta a la fecha con una vasta producción de sentencias relacionadas con las armas de fabricación casera, habiéndose asentado ya doctrina legal en cuanto a cuál es su tratamiento penal, lo que consta en las sentencias de fecha 20 de febrero de 2019 de los expedientes 330-2014 y 145-2015, de fecha 04 de diciembre de 2018, del Exp 153-2015 y de las sentencias de fecha 28 de julio de 2016 en los Expedientes 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, entre otras; extrañamente el Ministerio Público sigue interponiendo recursos de casación que colisionan con lo que constituye doctrina legal. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de Fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello, o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados -entre ellos Honduras- se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte, el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “Fabricación Ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Concluimos entonces que las armas de fabricación casera o artesanal son “Armas de Fuego” y además son de “Fabricación Ilícita” en los términos referidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal; ahora bien, tarea diferente es establecer en cuál de los tipos penales se encuentran tipificadas, lo que exige un estudio de todas las normas legales relacionadas con el tema. Se ha pronunciado esta Sala de lo Penal que la diversidad de calificativos que proporcionan las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, esto por su uso indistinto, como ser: armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga a hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la otrora vigente Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y Otros Similares (Ley de Armas) hacía una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales: aquellas armas que la ley autorizaba su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello hubiese sido previamente autorizado por autoridad competente con base en la ley. Por otra parte, el Artículo 8 de la misma ley, hacía una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no era permitido; no debiendo entenderse que se trata de armas que son penadas, pues la norma a la que hacemos referencia es administrativa, no penal. En resumen el artículo 7 y 8 de la Ley de Armas definían que armas podían ser objeto de comercio y cuáles no, sin que se ocupen de definir cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B; tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto que en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Los calificativos que hace el Derecho Penal sobre las armas de fuego como: “arma de uso personal”, “arma comercial”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, deben ser explicados conforme a aspectos objetivos extraídos de las normas penales en su conjunto y en particular de los artículos 332-A y 332-B, que tipifican los delitos que tienen por objeto las mismas: 1) Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones, así: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, además del arma de fuego Ak-42, en todas sus versiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de uso personal.- El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se usa el término “armas comerciales”, sino: armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales; por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; el problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador no es útil al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Por otro lado, es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito; por otra parte y aun cuando el tipo penal remite a otra ley para entender el concepto de armas de uso personal, de defensa y deportivas, tal definición no se encuentra en ninguna ley, particularmente en la ley de armas que sería la llamada a hacerlo. Por tanto, es llamada la Sala de lo Penal, por vía de doctrina legal, a llenar de contenido los conceptos enumerados, y por ello llama a entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra (descritas anteriormente).- Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas, no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que sí están proscritas por el peligro que representan: a. Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; b. Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; y c. Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a. No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o b. Se trate de armas de fuego que no siendo de guerra, su comercio igualmente sea ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años de reclusión. Habiéndose establecido que se debe considerar armas de guerra y armas de uso personal (deportivas, de defensa o comerciales), corresponde concretar cómo deben ser catalogadas las armas de fuego de fabricación casera o artesanal, entre ellas las conocidas como “chimbas”; hay que tener presente que las conductas fijadas como verbo rector en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal son: unas de resultado y otras de mera actividad, pero todas representan un peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal. En el caso particular de los verbos rectores de mera actividad, como ser: almacenar, transportar, usar, ingresar o sacar del país, suministrar o vender (Art. 332-A y 332-B), adquirir (Art. 332-A) y poseer (Art. 332-B) basta para su consumación su mera realización sin que se requiera un resultado o cambio fenoménicamente apreciable; por su parte el verbo rector fabricar, requiere un resultado y es la confección terminada del arma de fuego, municiones o explosivos. Al revisar las exigencias objetivas que contienen los tipos penales relacionados, aparece que: “quien sin permiso de la autoridad competente…” realice cualquiera de los verbos rectores, será objeto de sanción penal. - Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Art. 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y Otros Similares, en adelante Ley de Armas). Se consideran armas de fabricación casera, tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no dispuestos en el diseño original (como miras telescópicas o silenciadores).- Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre ilícita sin contar con el permiso de autoridad alguna, pudiendo ser de guerra (Art. 332-A) o de uso personal (Art. 332-B), a depender de su naturaleza; de este modo si el arma fabricada se ajusta a la descripción de aquellas descritas por los Tratados o Convenios internacionales que regulan las armas no convencionales, toxicas, químicas, bacteriológicas, nucleares, cegadoras, incendiarias o minas antipersonales, (enumerados en el apartado anterior), el arma sin duda es de aquellas sancionadas por el artículo 332-A del Código Penal; pero si el arma fabricada artesanalmente no se encuentra regulada por los Convenios y Tratados internacionales que regulan el tema, sino por el contrario es un arma cuya confección permite el uso de munición de carácter comercial, estaremos ante un arma de uso personal sancionada por el artículo 332-B del Código Penal. El reproche formulado por las conductas que tengan como objeto armas de fuego, se realiza sin que sea necesario acreditar un animus domini, siendo suficiente el animus detinendi, es decir la relación entre el arma y el sujeto activo del delito que permita el uso, tenencia, posesión o la disponibilidad de la misma, conforme su voluntad, para darle el destino o función objetiva que le es inherente. Las armas de fabricación casera, no se encuadran exclusivamente en el artículo 332-A del Código Penal, dado que ello dependerá de su naturaleza como ya hemos explicado; por ejemplo: un arma artesanal, compuesta por tubos, uno de ellos como cañón y una aguja percutora, capaz de accionar cartuchos de venta comercial, ciertamente constituirá un arma de uso personal, pero su potencial destructivo, si bien es real, no es igual a las armas fabricadas industrialmente de comercio lícito, mucho menos a alguna de las armas de guerra, siendo su calificación correcta la dispuesta en el Artículo 332-B en el marco del artículo 2-D, cuando la conducta a reprochar sea su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición o venta. Se insiste que al referirse el artículo 332-B, sobre armas de uso personal, están comprendidas dentro de ellas las chimbas o de fabricación artesanal que tenga una ofensividad convencional. En consecuencia, la fabricación y posesión de chimbas, al ajustarse perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. La intención del legislador ha sido la de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. De la Procedencia del Recurso. El Recurso No es de Recibo. – Al referirse los dos motivos de casación en torno a la elección de la norma penal sustantiva que debe gobernar a los hechos declarados probados, considera conveniente la Sala de lo Penal hacer un solo pronunciamiento para la resolución de aquellos. Así pues, al realizar la confrontación entre el factum y los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, concluye sin dificultad alguna que es esta última norma la que debe ser aplicada. Según el relato de los hechos fijado por los juzgadores: el acusado Mauricio Antonio García Maltez es responsable penalmente de un delito de Portación ilegal de arma de uso personal, pues en fecha 08 de agosto de 2010, a eso de las 06:30 p.m., fue requerido por la Policía Nacional Preventiva, encontrándosele en posesión de un arma de fuego de fabricación casera, tipo chimba, en correcto estado operativo y funcional para la eyección de proyectiles calibre 22. El acusado entonces estaba poseyendo un tipo de arma de fuego, conducta que puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, fue confeccionado al margen de la ley, de ahí que el comportamiento merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. El Ministerio Público como recurrente, plantea: 1.- Como Primer Motivo: Indebida aplicación del artículo 332-B del Código Penal, al considerar que el arma decomisada es un arma prohibida por la Ley (Art. 7 de la Ley de Armas) y que por tanto no es de carácter comercial; 2.- Como Segundo Motivo, falta de aplicación del artículo 332-A, del Código Penal, al calificar el arma encontrada en poder del acusado como “arma de guerra”; No siendo de recibo ninguno de los motivos, pues el factum claramente dibuja un hecho en el que se ve involucrada un objeto que es considerado arma de fuego y que no reúne ninguna de las especificaciones de los tratados o instrumentos internacionales que tratan sobre armas de guerra, siendo entonces un arma de uso personal, la que fue fabricada al margen de los controles estatales.- El recurrente confunde la condición de arma personal con la de arma comercial, siendo una y otra diferentes, dado que el arma de fabricación casera puede ser destinada para uso personal sin que sea un arma comercial.- Acceder a lo que el recurrente pretende sería un contrasentido comparativamente: castigar con una pena de 8 a 10 años de reclusión y multa de cinco mil a diez mil lempiras al poseedor de una chimba con capacidad para disparar cartuchería 22, y con una pena de 3 a 6 años de reclusión la portación sin permiso de la autoridad competente de un arma industrial calibre 22, cuando es la segunda la que tiene mayor ofensivo que la primera, dado su mecanismo de disparo, alcance y efectividad de disparo. Al estar relacionados ambos motivos de casación, esta Sala de lo Penal les da respuesta en un solo pronunciamiento, declarando a ambos improcedentes. DECISIÓN: No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal, Falla: Primero: Declarando No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Declarando Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis (f. 60), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-32-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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