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Sentencia CP-315-16 — Registro 10002

Resumen

En primera instancia se sanciona al menor infractor como autor de la infracción de Violación Especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso No es de RECIBO. - El Ministerio Público desplaya lo que considera son circunstancias particulares que dejó de considerar el juez de juicio al momento de determinar la cuantía de la sanción que debe cumplir el menor E. O. M. C., como consecuencia de haber sido encontrado responsable de una infracción penal; consideraciones que no son de recibo. La recurrente, tomando como referencia el orden de las causales que enumera el artículo 237 del CdNA, da a conocer un total de siete (07) circunstancias de hecho que estima son concurrentes y que determinan que en el caso concreto procede imponer al menor infractor la sanción de privación de la libertad por un término de ocho años, argumentación que resulta novedosa dado que según consta en la audiencia de individualización de la sanción celebrada el 16 de marzo de 2016, el Ministerio Público solo alegó la concurrencia de solo dos circunstancias: gravedad de los hechos y el daño causado a la menor ofendida, lo que hace improcedente que en única instancia se denuncie que en la sentencia el a-quo ha incurrido en vicio por la falta de consideración de circunstancias que no fueron planteadas en su momento procesal oportuno. Por otra parte, como bien lo señaló la Defensa Pública en su escrito de contestación, el Recurso de Casación por Infracción de Ley se rige por el Principio de Intangibilidad de los hechos probados, el que manda a considerar el fáctum como una verdad absoluta e incuestionable, por lo que es sobre su base que debe descansar la protesta de vicio in iudicando, que en el presente caso es la incorrecta interpretación de los alcances materiales de las normas sustantivas que deben gobernar tales hechos, sin embargo la impugnación que nos ocupa desborda tal idea y la recurrente se permite hacer consideraciones de hecho que no están consignadas en el fáctum, lo que convierte el recurso en ineficiente.- Ha sido declarado como probado por el a-quo: a. La menor E. Y. C., residía en la casa de su tía R. C., quien de manera informal tenía la guarda y cuidado de aquella, esto como consecuencia de que la madre de la menor había fallecido y el padre se encontraba recluido en un Centro Penal; b. Que en el mes de enero de 2015 la señora R. C. dejó a la menor E. Y. C. H., en una casa, junto con sus dos hijos menores de edad M. N. M. C. y E. O. M. C., y una señora abuela de los menores; c. Que los menores M. N. M. C. y E. O. M. C., aprovecharon al quedarse solos con la menor E. Y. C., para proceder a abusarla sexualmente; d. Que la menor E. Y. C., al no aguantar más los abusos sexuales que sufría decidió abandonar la casa de su tía; y e. Que la menor E. Y. C., contó lo ocurrido en casa de su tía a la señora Y. G. H., quien es su madrina. La narración fáctica permite determinar la existencia de uno de los dos presupuestos que alegase originalmente el Ministerio Público para efectos de determinar la extensión de la sanción a imponer: i.- Los hechos sin duda son graves: se trata de hechos realizados por el menor infractor E. O. M. C. junto con otra persona que constituyó violación a la indemnidad sexual de otra menor de edad, la que además era su prima, lo que ocasionó que ésta decidiere irse de la casa en donde vivía; ii.- No existe referencia en el fáctum de los daños producidos por la conducta realizada por el acusado, esto no solo porque dicha conducta no se describe de manera específica, al haber optado el a-quo a usar una formula genérica de “abusaban sexualmente”, lo que engloba innumerables actos constitutivos de agresión sexual, sino que además porque no se determina las consecuencias que tuvo en la vida de la ofendida dichos actos, más allá de decidir irse de la casa de su tía como se ha mencionado.- Fueron estos hechos los que fundamentan la sanción impuesta por el juzgador, el que tuvo a su consideración un margen abstracto de 06 meses a 08 años, eligiendo una sanción concreta de 03 años de privación de libertad, es pues una sanción de dos años con 06 meses por encima del margen mínimo. Otro aspecto que afecta la impugnación de la recurrente es la ausencia total de motivación que adolece la sentencia precisamente en cuanto a la individualización de la sanción que debía cumplir el menor infractor. En el apartado séptimo de la Fundamentación Jurídica el juzgador se refiere a ello, dedicando un primer párrafo a lo que se consigna en los artículos 205 y 237 del CdNA y un segundo párrafo a lo que las partes solicitaron en la audiencia de individualización de la sanción, sin que conste reflexión sobre las circunstancias particulares del caso concreto así como las del menor, que hayan llevado al convencimiento del a-quo que una sanción de 03 años de privación de libertad era lo que correspondía.- Así entonces se desconoce el porqué el Juzgado de Letras decidió no solo imponer una sanción privativa de la libertad, misma que tiene el carácter de excepcional en El Sistema, sino que además se desconoce las razones por la que determinó que dicha sanción fuese de 03 años (gravedad de la conducta, gravedad del hecho, consecuencias del hecho, condiciones personales del niño y la necesidad de un proceso especifico de tratamiento para su reeducación, etc.).- Es por ello que esta notable y desafortunada deficiencia de la sentencia suma a lo señalado, lo que en conjunto no permite a esta Sala de lo Penal poder comprobar si existió o no una indebida interpretación de los alcances materiales de los artículos 205, en relación con el artículo 237.a del CdNA. Para finalizar, resulta importante advertir que la falta de motivación en cuanto al tipo de sanción y al quantum de la misma es un vicio que no formó parte de la impugnación presentada por el Ministerio Público en el presente caso, por lo que aun cuando constituye una incongruencia omisiva importante, altamente reprochable al señor juez de juicio, no puede ocupar espacio resolutorio en esta sentencia de casación, por prohibición taxativa del artículo 350 del Código Procesal Penal...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación número SP 315-2016, por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Marcala, Departamento de La Paz, mediante la cual falló: Primero: Sancionó al menor E. O. M. C., como autor de la infracción de Violación Especial, en perjuicio de la menor E. Y. C. H. a la sanción de tres años de privación de libertad.- Segundo: La privación de libertad de tres años, deberá cumplirla en el Centro de Internamiento JALTEVA, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán, la cual será revisada cada tres meses.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Y. M. M. L., agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente, y los Abogados A. R. P. P. y A. A. G. A., defensores privados del infractor E. O. M.C., en su condición de recurridos. Hechos Probados de la Primera Instancia “Que en el mes de enero del dos mil quince (2015), la menor E. Y. C. H., se encontraba viviendo en la casa de su tía R. C. quien tenía de manera informal la guarda y cuidado de la menor debido a que la madre había muerto y su padre se encuentra recluido en el Centro Penal de esta Ciudad de Marcala y siendo que la señora R. C. dejaba a la menor perjudicada en compañía de sus hijos E. O. y M. N. de Apellidos M. C., en una casa que esta tenía donde únicamente vivía la abuela de los menores, aprovechando estos que estaba solos con la menor, abusaban sexualmente de la niña y debido a que ya no aguantaba esos abusos, la menor decidió irse de la casa de su tía, y contarla a su Madrina Y. G. H., lo que le sucedía en la casa de su tía R. C..” Recurso De CASACIÓN. - Motivos Y Argumentos “Recurso de Casación por Infracción de Ley Motivo Único: "Infracción por interpretación errónea del artículo 205 literal A, en relación al 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia". Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Los Preceptos penales sustantivos que se invoca como infringido por interpretación errónea prescribe: Artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia: "La Privación de la libertad en un centro estatal especializado o certificado por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), se ajustará a las reglas especiales siguientes: a) Cuando la edad del infractor oscile entre dieciséis (16) y los dieciocho años no cumplidos, la privación de libertad no podrá ser inferior a seis (6) meses ni exceder los ocho años;….” y éste en relación al; Artículo 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia: "Para la determinación de la sanción y a fin de lograr su mejor individualización, el Juez debe considerar: a. La proporcionalidad con el hecho, las circunstancias del niño (a) y la gravedad de la conducta realizada; b. B. Los principios rectores y fines establecidos en éste título; c. La edad del sancionado y sus circunstancias personales, familiares, sociales y culturales; d. El grado de participación en el hecho; e. Las características del caso concreto, su gravedad y las circunstancias en que se hubiese cometido, tomando especialmente en cuenta aquellas que atenúen la responsabilidad, f. La posibilidad de cumplimiento de la sanción; g. El daño causado y los esfuerzos del niño (a) por repararlo; y cualquier otro supuesto que establezca este título;…..” El Juzgador de instancia declaró expresa y terminantemente probados los hechos que a continuación se transcriben. Único: Que en el mes de enero del año dos mil quince (2015), la menor E.Y. C. H., se encontraba viviendo en la casa de su tía R. C., quien tenía de manera informal la guarda y cuidado de la niña, debido a que la madre había muerto y su padre se encuentra recluido en el Centro Penal de ésta ciudad de Marcala y siendo que la señora R. C. dejaba a la víctima en compañía de sus hijos E. O. y M. N. de apellidos M. C., en una casa que ésta tenía donde únicamente vivía la abuela de los menores, aprovechando éstos que estaban solos con la ofendida, abusaban sexualmente de la niña y debido a que ya no aguantaba esos abusos, la menor decidió irse de la casa de su tía y contarle a su madrina Y. G. H., lo que sucedía en la casa de su tía R. C.." El supraindicado relato fáctico, fue subsumido por el juzgador en el infracción de Violación Especial, conforme a lo establecido en el artículo 140 numeral 1) del Código Penal, para el cual ese cuerpo legal, en el caso de enjuiciados adultos, se establece una pena mínima abstracta de hasta quince (15) años de reclusión. Ahora bien, Los hechos declarados probados por el ente jurisdiccional, determinan contundentemente que el joven infractor realizó una conducta de violencia grave hacia la libertad sexual de la víctima, pues aprovechó que la menor estaba en custodia temporal de su madre y la dejaba sola con él y su hermano y abusaban sexualmente de ella, de manera que resultaba procedente aplicarle la sanción ocho años de Privación de Libertad contenida en el artículo 195, numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, teniendo vigencia consecuentemente, los artículos 205 y 237 citados como infringidos. Se considera que ha habido una interpretación errónea de los artículo 205 y 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en virtud de que el Juzgador en el momento determinar la sanción a la infracción cometida el niño E. O. M. C., no tomó en cuenta el alcance de la norma para imponer la sanción, señalada. En el caso suprareferido, el Ministerio Público en audiencia de Individualización de pena celebrada en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis solicitó la imposición de ocho años como pena concreta al infractor; que es el parámetro máximo establecido en el rango de edad de dieciséis a dieciocho años no cumplidos, de acuerdo a la norma citada y el ente acusador acreditó que el infractor cumpliría la edad de diecisiete años en el año dos mil quince, que es el año en el que se desarrolló el suceso criminal y el menor E. O. M. C. nació el tres de noviembre del año mil novecientos noventa y ocho, por ende cumpliría la edad de diecisiete años en el año dos mil quince. Ahora bien, el sentenciador refiere en el apartado séptimo de la fundamentación jurídica del fallo en comento, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Juez determinará el rango mínimo y máximo en el que va oscilar la sanción, si ésta fuese privativa de libertad de acuerdo a la edad del menor y que el artículo 237 del mismo Código señala las consideraciones que deberá tomar en cuenta el Juez para lograr su menor individualización en la sanción. Partiendo de lo establecido en el artículo 237 citado, los supuestos descritos no fueron observados por el Juzgador al determinar la sanción concreta al infractor y a continuación nos referiremos a cada uno de ellos a efecto de señalar que tampoco fue considerado el alcance de la norma en cuestión: Respecto al literal a; el proceso que se le incoó a E. O. M. C. fue por la infracción penal de Violación Especial, que es de naturaleza grave, considerando que el infractor aprovechaba las circunstancias de que la madre de la menor víctima había fallecido y estaba al cuidado de la madre del procesado, quien aprovechando que ésta no estaba en casa, con su hermano mayor abusaban sexualmente de E. Y. C. H.. En cuanto al literal b, que prevé la observancia, al momento de imponer la sanción correspondiente los principios rectores y fines establecidos en el título de la Niñez Infractora de la Ley, contenidos en el artículo 180-b del Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuyo literal a, encontramos que el principio denominado de interés superior del Niño, conlleva el aseguramiento del pleno y efectivo ejercicio y disfrute de los derechos y garantías del Niño, en vinculación con el artículo 5, numerales del 1 al 6 del cuerpo legal supraindicado, entraña no sólo la tutela en el Sistema establecido para el infractor, sino que también opera en relación a considerar la protección de la víctima, respecto a la forma en que ocurrieron los hechos, habida cuenta que se trata también de una menor, a la que se le vulneró a temprana edad su libertad sexual. Con relación a la edad del sancionado contemplado en el literal c, como ya se estableció, el joven M. C. cumplía la edad de diecisiete años cuando ocurrieron los hechos y es precisamente el rango de edad que le puede ser aplicada la sanción máxima a la infracción, es decir de ocho (8) años; y no se presentó dictamen de evaluación psicológica del infractor que estableciera rasgos en su personalidad que le hicieren vulnerable a conductas indeseadas como abusar sexualmente de su pariente y particularmente una niña de corta edad, tampoco se presentó dictamen de Trabajo Social que indicaran las condiciones de vida y patrones culturales del procesado, en tal sentido no pueden ser valoradas esas circunstancias. El grado de participación en el hecho fue a título de Autor; (literal d). En cuanto al literal e, es relevante indicar que las circunstancias del hecho y tal como se indica en el Factum, la madre de la menor había fallecido y por esa razón su tía tenía la custodia temporal y aprovechando que la niña quedaba sola cuando no estaba la señora R. C., el infractor y su hermano abusaban sexualmente de la menor y no se observa de acuerdo a los hechos circunstancias que atenúen su responsabilidad. No se acreditó la imposibilidad de cumplimiento de la sanción; (literal f) Finalmente el literal g, que señala como parámetro para imponer la sanción punitiva, en cuanto al daño causado; tal como ya lo indicamos al acreditarse la comisión de una infracción de naturaleza grave, con la prueba pericial consistente en los dictámenes psicológico y psiquiátrico se estableció que la víctima presenta personalidad normal con núcleos ansiosos y trastorno de estrés postraumático, que éste se define como la consecuencia a un acontecimiento ajeno al marco usual de experiencias humanas y ese acontecimiento en la víctima según el perito se experimenta por recuerdos desagradables, sueños desagradables, conductas o sucesos que rememoren el suceso, malestar psicológico intenso, concluyendo que la menor presenta daño psiquiátrico; y en ese sentido se estableció el daño a la víctima y no se demostró por parte del infractor esfuerzos por reparar el daño causado. Cabe señalar que respecto a la determinación de la pena concreta al infractor, Santiago Mir Puig considera lo siguiente: "La determinación de la Pena para el menor de 18 años deberá decidirse en atención a las circunstancias del menor y del hecho"[1]., pero esos aspectos no fueron considerados por el Juzgador al menoscabar los alcances de los artículos 205 y 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia, lo que hubiere dado lugar a la imposición de una sanción mayor al acusado debido a la naturaleza del hecho. Como se puede apreciar del cuadro fáctico, el Tribunal sentenciador deja claramente establecido que el sentenciador no consideró la edad del joven E. O. M. C., en el rango máximo establecido en el artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a las circunstancias señaladas en el artículo 237 del mismo Código, a efecto de aplicar la sanción solicitada por el ente acusador respecto a la gravedad de la infracción cometida en perjuicio de E. Y. C. H.; menoscabando así el alcance de las normas citadas, las cuales fueron aplicadas erróneamente por el Tribunal. Es evidente que las razones esgrimidas por el Juzgador sobre dicho aspecto son contrarias a las facultades que le han sido delegadas por la ley como ser la de Juzgar aplicando la ley al caso concreto. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado al infractor E. O. M. C., a la sanción de tres (3) años de privación de libertad, por la infracción de Violación Especial, ha producido en consecuencia la infracción del precepto penal contenido en los artículos 205 y 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, la pretensión del Ministerio Público va orientada a que E. O. M. C., sea sancionado con Privación de Libertad, bajo los parámetros de pena que ha venido peticionando el representante de la sociedad que es de ocho años, pues al haber dictado un fallo sancionando con tres (3) años de Privación de Libertad, a pesar de encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el literal a) del artículo 205 y 237 del Código de la Niñez y Adolescencia, ha incurrido en la infracción por Falta de Aplicación de los artículos precitados, mereciendo por ende admisibilidad el presente recurso.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. c. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; d. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; e. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco) quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo. *Precepto autorizante: 360 del Código procesal penal; *normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 205, en relación con el artículo 237.a del Código de la Niñez de la Adolescencia; *Concepto de la infracción: Interpretación errónea de normas sustantivas que definen el quantum de la sanción a imponer a un menor de edad infractor; y *Pretensión: Que se condene al menor infractor E. O. M. C., a una sanción de privación de la libertad por un término de ocho años. Impugna la sentencia emitida el Ministerio Público al considerar que la sanción impuesta al menor infractor por el a-quo consistente en la privación de la libertad por un término de tres años es insuficiente, pues no responde a las circunstancias del caso en concreto, siendo del parecer que la sanción acorde es la máxima señalada por la ley, es decir la de ocho años de privación de la libertad. Señala la recurrente que el vicio fue ocasionado por la interpretación errónea de los artículos 205 y 237 del Código de la Niñez y de la Adolescencia (CdNA), pues el a-quo “no tomó en cuenta el alcance de la norma para imponer la sanción” al menor infractor, reflexionado cada uno de los supuestos del artículo 237, señalando: 1. 237.a CdNA: El proceso en contra del menor infractor E. O. M. fue por la infracción penal de violación especial, que es de naturaleza grave; 2. 237.b CdNA: Manda que se deben considerar al momento de imponer la sanción los principios rectores del Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora, los cuales señala la recurrente no solo atañen al menor infractor, sino que también a la protección de la víctima; 3. 237.c CdNA: El menor infractor cumplía la edad de 17 años cuando realizó la infracción penal. Reflexiona la recurrente que no se presentó evaluación psicológica del menor infractor que estableciera rasgos en su personalidad que le hicieren vulnerable a conductas indeseadas, ni dictamen de trabajo social que indicara condiciones de vida y patrones culturales; 4. 237.d CdNA: El menor infractor participó en los hechos a título de autor; 5. 237.e CdNA: Como circunstancias del hecho resalta la recurrente que la madre de la menor había fallecido y que por esa razón su tía (señora R. C.) tenía la custodia temporal y aprovechando que la menor ofendida se quedaba sola el infractor y su hermano la abusaron sexualmente; 6. 237.f CdNA: No se acreditó imposibilidad de cumplimiento de la sanción; y 7. 237.g CdNA: En cuanto al daño causado, la recurrente relaciona que se trata de una infracción penal de naturaleza grave, la cual ocasionó daño psiquiátrico a la menor ofendida, sin que demostrara esfuerzos el menor infractor de reparar el daño causado. Increpa la recurrente que todos los aspectos reseñados no fueron considerados por el Juzgador al menoscabar los alcances de los artículos 205 y 237 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, lo que hubiese dado lugar a la imposición de una sanción mayor al menor infractor. Sanciones en el Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora El Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora (El Sistema) tiene como objetivo legal la rehabilitación integral y reinserción a la familia y la comunidad del menor infractor, entendiéndose como tales aquellos que sean procesados y condenados por cualquier conducta que se subsuma en los supuestos legales previstos en los diferentes delitos, siempre que al momento de realizar la misma tenga una edad igual o superior a los doce años y menor a los dieciocho años. El Sistema, el cual integra autoridades administrativas y judiciales, le comprende el proceso para determinar la existencia de la comisión de una infracción penal, la identificación de su autor, el grado de su participación, la aplicación de medidas alternativas o de simplificación procesal, las sanciones y las reglas de aplicación de las mismas. Para los efectos de El Sistema, el CdNA distinguen tres (3) grupos etarios: i) Entre 12 y 13 años; ii) Entre 14 y 15 años; y, iii) Entre 16 y hasta los dieciocho 18 años no cumplidos. Tales grupos serán determinantes para la sustanciación, aplicación y ejecución del proceso, así como la naturaleza y extensión de las sanciones a imponer y cumplir por el menor infractor en su caso. Manda la ley que El Sistema deberá regirse por un conjunto de principios, siendo los que en específico atañen a lo que se refiere a la definición, imposición y cumplimiento de las sanciones a los menores infractores: i.- Interés superior: El Sistema estará dirigido a asegurar el pleno y efectivo ejercicio y disfrute de todos los derechos y garantías del menor infractor; ii.- Formación integral: La sanción elegida e impuesta al menor infractor estará dirigida a fortalecer el desarrollo personal de éste, el respeto por su dignidad, derechos fundamentales de todas las personas y su función constructiva en la sociedad; iii.- Racionalidad, Proporcionalidad y Determinación de las Medidas y Sanciones: Las medidas y sanciones que se impongan al menor infractor deben ser racionales y proporcionales a la infracción cometida o supuestamente cometida y adecuadas a las circunstancias en que se encuentre el infractor o supuesto infractor; no pueden imponerse medidas o sanciones indeterminadas; iv.- Excepcionalidad: la sanción de privación de libertad tiene carácter excepcional. Uno de los aspectos más importantes de El Sistema son las sanciones que se impongan a los niños infractores, las que deberán tener por objeto su incorporación a un proceso reeducativo, por medio de su formación integral y familiar, para lograr su inserción social y el pleno desarrollo de sus capacidades, mediante su orientación y tratamiento; Entre las sanciones que prevé el CdNA están las privativas de libertad, mismas que son de carácter excepcional, siendo éstas: i.- La privación de libertad domiciliaria; ii.- Régimen de semi-libertad; y, iii.- La privación de libertad en centros certificados o especializados de la Dirección Nacional de la Niñez y la Familia (DINAF).- En específico la Privación de Libertad en un Centro estatal Especializado o certificado solo podrá imponerse cuando el Tribunal constate las siguientes situaciones de hecho: a. Se trate de una conducta realizada mediante grave amenaza o violencia hacia las personas, la vida, la libertad individual, la libertad sexual, robo agravado y tráfico de estupefacientes; y, b. Se trate de delitos dolosos y graves, sancionados por la ley, con una pena mínima superior a ocho (8) años. Cuando proceda la privación de la libertad, esta será impuesta por el juez de juicio determinando el quantum en atención al grupo etario al que pertenezca el menor infractor:

Grupo Etario

Sanción Mínima

Sanción Máxima

Edad mínima

Edad Máxima

12 años cumplidos

13 años Cumplidos

01 mes

03 Años

14 años cumplidos

15 años cumplidos

04 meses

05 años

16 años cumplidos

18 años no cumplidos

06 meses

08 Años

En todos los casos el cumplimiento de la privación de la libertad se llevará a cabo de acuerdo al régimen que el Tribunal señale, el que definirá tomando en cuenta las circunstancias personales, familiares, sociales y educativas del menor infractor. Para la determinación del quantum de la pena el juez de juicio deberá tener en cuenta las necesidades de las personas de su edad (Art. 37.c de la Convención sobre los Derechos del Niño), así como los demás aspectos concretos del caso en juzgamiento, como ser: i.- Circunstancias de vida del menor infractor, que incluye su edad, dinámica familiar y social y la relación de tales circunstancias con el hecho objeto de la infracción penal; ii.- Características del caso concreto como ser el contexto en que se hubiese cometido, la gravedad de la conducta realizada, la gravedad del hecho producido y los esfuerzos realizados por el menor infractor para anularlos o atenuarlos; iii.- Grado de participación del menor infractor en el hecho; y iv.- Posibilidad de cumplimiento de la sanción. La sanción de privación de libertad se ejecutará en centros estatales de internamiento especiales para niños/as, que serán diferentes a los destinados para la población penitenciaria adulta. Cuando cumplan los dieciocho (18) años de edad, durante la ejecución, éstos serán separados de las personas menores de esa edad, no obstante no se podrá ubicar con adultos. De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de RECIBO. - El Ministerio Público desplaya lo que considera son circunstancias particulares que dejó de considerar el juez de juicio al momento de determinar la cuantía de la sanción que debe cumplir el menor E. O. M. C., como consecuencia de haber sido encontrado responsable de una infracción penal; consideraciones que no son de recibo. La recurrente, tomando como referencia el orden de las causales que enumera el artículo 237 del CdNA, da a conocer un total de siete (07) circunstancias de hecho que estima son concurrentes y que determinan que en el caso concreto procede imponer al menor infractor la sanción de privación de la libertad por un término de ocho años, argumentación que resulta novedosa dado que según consta en la audiencia de individualización de la sanción celebrada el 16 de marzo de 2016, el Ministerio Público solo alegó la concurrencia de solo dos circunstancias: gravedad de los hechos y el daño causado a la menor ofendida, lo que hace improcedente que en única instancia se denuncie que en la sentencia el a-quo ha incurrido en vicio por la falta de consideración de circunstancias que no fueron planteadas en su momento procesal oportuno. Por otra parte, como bien lo señaló la Defensa Pública en su escrito de contestación, el Recurso de Casación por Infracción de Ley se rige por el Principio de Intangibilidad de los hechos probados, el que manda a considerar el fáctum como una verdad absoluta e incuestionable, por lo que es sobre su base que debe descansar la protesta de vicio in iudicando, que en el presente caso es la incorrecta interpretación de los alcances materiales de las normas sustantivas que deben gobernar tales hechos, sin embargo la impugnación que nos ocupa desborda tal idea y la recurrente se permite hacer consideraciones de hecho que no están consignadas en el fáctum, lo que convierte el recurso en ineficiente.- Ha sido declarado como probado por el a-quo: a. La menor E. Y. C., residía en la casa de su tía R. C., quien de manera informal tenía la guarda y cuidado de aquella, esto como consecuencia de que la madre de la menor había fallecido y el padre se encontraba recluido en un Centro Penal; b. Que en el mes de enero de 2015 la señora R. C. dejó a la menor E. Y. C. H., en una casa, junto con sus dos hijos menores de edad M. N. M. C. y E. O. M. C., y una señora abuela de los menores; c. Que los menores M. N. M. C. y E. O. M. C., aprovecharon al quedarse solos con la menor E. Y. C., para proceder a abusarla sexualmente; d. Que la menor E. Y. C., al no aguantar más los abusos sexuales que sufría decidió abandonar la casa de su tía; y e. Que la menor E. Y. C., contó lo ocurrido en casa de su tía a la señora Y. G. H., quien es su madrina. La narración fáctica permite determinar la existencia de uno de los dos presupuestos que alegase originalmente el Ministerio Público para efectos de determinar la extensión de la sanción a imponer: i.- Los hechos sin duda son graves: se trata de hechos realizados por el menor infractor E. O. M. C. junto con otra persona que constituyó violación a la indemnidad sexual de otra menor de edad, la que además era su prima, lo que ocasionó que ésta decidiere irse de la casa en donde vivía; ii.- No existe referencia en el fáctum de los daños producidos por la conducta realizada por el acusado, esto no solo porque dicha conducta no se describe de manera específica, al haber optado el a-quo a usar una formula genérica de “abusaban sexualmente”, lo que engloba innumerables actos constitutivos de agresión sexual, sino que además porque no se determina las consecuencias que tuvo en la vida de la ofendida dichos actos, más allá de decidir irse de la casa de su tía como se ha mencionado.- Fueron estos hechos los que fundamentan la sanción impuesta por el juzgador, el que tuvo a su consideración un margen abstracto de 06 meses a 08 años, eligiendo una sanción concreta de 03 años de privación de libertad, es pues una sanción de dos años con 06 meses por encima del margen mínimo. Otro aspecto que afecta la impugnación de la recurrente es la ausencia total de motivación que adolece la sentencia precisamente en cuanto a la individualización de la sanción que debía cumplir el menor infractor. En el apartado séptimo de la Fundamentación Jurídica el juzgador se refiere a ello, dedicando un primer párrafo a lo que se consigna en los artículos 205 y 237 del CdNA y un segundo párrafo a lo que las partes solicitaron en la audiencia de individualización de la sanción, sin que conste reflexión sobre las circunstancias particulares del caso concreto así como las del menor, que hayan llevado al convencimiento del a-quo que una sanción de 03 años de privación de libertad era lo que correspondía.- Así entonces se desconoce el porqué el Juzgado de Letras decidió no solo imponer una sanción privativa de la libertad, misma que tiene el carácter de excepcional en El Sistema, sino que además se desconoce las razones por la que determinó que dicha sanción fuese de 03 años (gravedad de la conducta, gravedad del hecho, consecuencias del hecho, condiciones personales del niño y la necesidad de un proceso especifico de tratamiento para su reeducación, etc.).- Es por ello que esta notable y desafortunada deficiencia de la sentencia suma a lo señalado, lo que en conjunto no permite a esta Sala de lo Penal poder comprobar si existió o no una indebida interpretación de los alcances materiales de los artículos 205, en relación con el artículo 237.a del CdNA. Para finalizar, resulta importante advertir que la falta de motivación en cuanto al tipo de sanción y al quantum de la misma es un vicio que no formó parte de la impugnación presentada por el Ministerio Público en el presente caso, por lo que aun cuando constituye una incongruencia omisiva importante, altamente reprochable al señor juez de juicio, no puede ocupar espacio resolutorio en esta sentencia de casación, por prohibición taxativa del artículo 350 del Código Procesal Penal. Decisión No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único. Por Tanto; La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; y 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Marcala, Departamento de La Paz.- Y Manda: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal Unipersonal de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-315-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Santiago Mir Puig, Derecho Penal Parte General, Barcelona, Euros; 1998. Pág. 757