Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-314-17 — Registro 13222

Resumen

En primera instancia se condena a los imputados como autores del delito de Asesinato y como cómplice del delito de Asesinato, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso No es de recibo.- La Sala de lo Penal considera importante señalar que el juzgador de la instancia, al analizar el acervo probatorio en su conjunto fue de la consideración que es contundente para establecer la comisión del hecho y la participación directa a título de autor del acusado Kevin Mariano Pérez Amador, así como los otros acusado, ello al considerar al testigo Protegido P1 como coherente y preciso, permitiéndoles establecer que el día de los hechos el acusado Kevin Mariano Pérez Amador y los demás acusados, sin razón alguna le dieron muerte al ofendido José Luis Lagos Pérez, develando la conducta criminal que realizaron cada uno de ellos, de igual forma la motivación que tuvo el acusado Carlos Ariel para dispararle al ofendido, así como la petición de éste al acusado Kevin Mariano Pérez amador, para que lo terminara de matar y seguidamente huir todos del lugar a bordo de un vehículo que el también acusado Edwin Nahum mantenía encendido para facilitar la fuga.- Declaración del testigo protegido P1, que fue corroborada con la prueba documental consistente en: acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios que no solo describe el lugar en donde finalmente fue pereció el ofendido, sino que además la posición final y las condiciones como se encontraba, fijando como causa de la perdida de la vida los disparos recibidos, producidos por arma de fuego, tal y como lo manifestara el testigo P1.

Esta Sala de Casación descarta la existencia de violación al principio constitucional de inocencia, pues existe suficiente carga probatoria que determina la participación del acusado en éste hecho.- El A-Quo, estableció que el reconocimiento fotográfico fue realizado con las formalidades de prueba anticipada, aportando que el acusado Kevin Mariano Pérez Amador, junto con los otros acusados, dieron muerte al ofendido José Luis Lagos Pérez; prueba al que se le sumo el dictamen de autopsia, que contribuyo para que el tribunal de sentencia llegase al convencimiento de que la muerte del ofendido fue como consecuencia de tres heridas productos de disparos de arma de fuego. Es importante tener presente que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable, lo que se observa en el presente juzgamiento con relación al acusado Kevin Mariano Pérez Amador y los demás acusados. La presunción de inocencia no es una condición inmutable, pues tiene la categoría de “iuris tantum”, es decir que puede ser destruida mediante prueba de cargo, lo que precisamente aconteció en el caso de marras en donde con prueba suficiente se demostró la responsabilidad penal del acusado Kevin Mariano Pérez, como coautor responsable de un delito de Asesinato, en perjuicio del Señor José Luis Lagos Pérez..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-314-2017 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuestos contra la sentencia de fecha uno de julio del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Primero: Condenó a los señores Carlos Ariel Meléndez y Kevin Mariano Pérez Amador, como autores del delito de Asesinato, en perjuicio del señor José Luis Lagos a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señor Edwin Nahúm Oliva Mejía, como cómplice del delito de Asesinato, en perjuicio del señor José Luis Lagos a la pena de trece años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil de los señores Carlos Ariel Meléndez, Kevin Mariano Pérez Amador y Edwin Nahúm Oliva Mejía.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: Recurrente 1: Los abogados Dinabel López Durón y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de Defensores Públicos del señor Kevin Mariano Pérez Amador; Recurrente 2: El abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de Defensor Privado del señor Edwin Nahúm Oliva Mejía; y Recurrida: La abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Primero: En fecha 21 de marzo del año 2014 en el negocio Coco bar Karaoke and Grill del bulevar Morazán de Tegucigalpa siendo aproximadamente las 12:30 a 1:00 de la madrugada llegaron al referido negocio los señores Edwin Nahúm Oliva Mejía, Carlos Ariel Meléndez y Kevin Mariano Pérez Amador ingeridos de bebidas alcohólicas y portando armas de fuego las que dejaron al cuidado del administrador; Carlos Ariel le advirtió al administrador que una de las bailarinas solo le debía de bailar a él esa noche, a su vez éste le dijo al DJ (Disc Jocker) que no subiera a ningún cliente a la barra para que la bailarina que él había elegido no le bailara a nadie más; sin embargo la bailarina no le hizo caso a la petición de Carlos Ariel y le fue a bailar a José Luis Lagos Pérez, situación que le molesto a Carlos Ariel y salió del local dejando a Mariano Pérez cuidando de la bailarina. Segundo: A la salida del negocio Carlos Ariel le advirtió a la bailarina que “hoy si se lo mataba”, por lo que Carlos Ariel y Kevin Mariano esperaron que saliera del negocio José Luis a quien Carlos Ariel le disparo varias veces a José Luis saliendo éste corriendo, ordenándole Carlos Ariel a Kevin Mariano que lo terminara de matar por lo que éste lo alcanzó y le disparo en varias ocasiones perdiendo la vida en el acto José Luis Lagos, tras de lo cual Carlos Ariel y Kevin Mariano se subieron al vehículo que era conducido por Edwin Nahúm Oliva el cual estaba esperando con el motor encendido que Carlos Ariel y Kevin Mariano salieran del lugar una vez cometido el hecho para abordar el vehículo con el cual se dieron a la fuga. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurrente 1.- Recurso De Casación Por Infracción de Precepto Constitucional

Motivo Único: Violación del artículo 89 de la Constitucional de la República. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia que asiste a un imputado. Primero: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio justo y apegado a derecho. En el caso de marras utilizar una declaración incorporada por lectura autorizada rendida con las formalidades de prueba anticipada como único sustento para condenar, sin que dicha declaración sea corroborada por ningún otro medio de prueba, es una flagrante violación al Derecho De Inocencia, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, no pudiendo incorporar a la investigación otros dichos u medios que comprueben la participación de mi poderdante, obvia el Ministerio incorporar aquellas circunstancias o investigaciones que pudiesen eximir la responsabilidad de mi imputado, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de mi patrocinado, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración anticipada del testigo Pl, incorporada por lectura autorizada debido a la no comparecencia al juicio oral y público de dicho testigo. El hecho que nos ocupa se desarrolló en un lugar público denominado Coco Bar Karaoke and Grill, en el cual había una cantidad indeterminada de personas, sin embargo la investigación se vuelve pírrica al atenerse el Ente acusador a depender con una sola declaración llegar a la verdad de cómo sucedieron los hechos, lo que más gravoso es que con ese dicho que ha resultado incierto quebrantar el Estado inocencia, que carece de prueba periférica y científica que vulnere tal principio garantizado por nuestra carta magna. El único extremo que este respaldo es el hecho que hay una persona muerta, ya que este testigo no sabe: 1.- cuantos disparos; 2.- en que partes cuerpo fueron los disparos; 3.- como era la o las armas utilizadas... En ese sentido su declaración no puede ser relacionada con el dictamen de autopsia que determina tales extremos, sumado a que no pudo esta defensa ni el mismo ente Fiscal o el Sentenciado aclarar aspectos ambiguos de su dicho, por la falta del contradictorio debido a la incorporación por lectura autorizada. Asimismo fue valorado el medio de prueba video forense N.2015-0801-0508-04483, del cual el Sentenciador relaciona que: este medio de prueba permitió conocer una parte de la dinámica de los hechos como ser los actos posteriores a la muerte de José Luis Lagos (lo resaltado es nuestro) este medio también resultó inútil para dar por cierto el dicho del testigo Pl. Segundo: Tal como relaciona la togada Wendy Carolina Rivera, juez ponente en el presente caso al motivar su voto disidente de la siguiente manera: “por lo que al no poder ser corroborado con otros medios de prueba objetivamente confiables que hayan sido admitidos y evacuados en el juicio oral y público, esta juez no tiene la certeza de la participación en los hechos imputados por el Ministerio Publico de los hoy encausados.” Durante el juicio oral y público, no se evacuo otro medio de prueba que corroborara lo dicho por el testigo Pl, lo que el acervo probatorio acredito es que el joven José Luis Lagos perdió su vida de manera violenta por seis heridas producidas por arma de fuego el día veintidós de marzo a eso de las doce y treinta de la media noche en el negocio conocido como Bar Coco, Karaoke & Grill, sin establecer de forma indubitada la participación de Kevin Mariano Pérez Amador. Establecer un cuadro factico fidedigno que no deje lugar a dudas sobre la vulneración del Estado De Inocencia de mi patrocinado, llegar al fondo de los hechos, en este caso no será posible debido a la insuficiencia probatoria que ha dejado entrever la incompetencia en la investigación por parte de los que obligados traer a juicio oral y público todo lo permitente para que los Juzgadores puedan impartir justicia. La conocida jurista española María Félix Tena Aragón, en su obra Manual De Derecho Constitucional pagina 34 inciso 7 establece:” Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida”.- Tal como ocurre en el caso de mi representado no existe prueba que acredite la declaración de ese testigo, no puede ser corroborado o dado por valido por ningún otro medio de prueba; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivó el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”.- En el caso que nos ocupa resulta insuficiente la deposición de este testigo el cual carece de prueba que lo de por valido. Para concluir con lo dicho por la Jurista Aragón “ A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan con los siguiente requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”.- En el caso de nos ocupa el Tribunal Juzgador no ha corroborado el dicho del testigo Pl con ninguna otra prueba, lo cual es un clara violación al correcto entendimiento humano, es por ello que el dicho constitucional de presunción de inocencia se ve violentado al condenar a mi representado con una escasa actividad probatoria, el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para tener la certeza de culpabilidad. Tercero: Si sacamos mentalmente del legajo probatorio, la declaración del testigo Pl, nos encontramos que el resto de prueba no tiene ningún sustento ya que la prueba principal de la acusación lo constituye dicha prueba anticipada, misma que si la tomamos como prueba fundamental para condenar, se hace en violación al principio de inocencia, y la única forma de poder enmendar dicha vejación es mediante la interposición del presente recurso casación. En ese sentido y siendo que dicho yerro lo constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde. Recurrente 2.- Recurso De Casación Por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Explicación De Motivos Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, manifestando esta representación que la sentencia se obtuvo por mayoría estableciendo el voto disidente los hechos y extremos que aporto esta representación. Se ataca la sentencia dictada por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Critica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto procesal penal aplicable al caso penal en concreto. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán declaro como hechos probados los siguientes: Primero: En fecha 21 de Marzo del 2014, en el negocio Coco Bar Karaoke and Grill, de boulevard Morazán de Tegucigalpa siendo aproximadamente las doce treinta o una de la madrugada llegaron al referido negocio los señores Edwin Nahúm Oliva Mejía, Carlos Ariel Meléndez y Kevin Mariano Pérez Amador ingeridos de bebidas alcohólicas y portando armas de fuego las que dejaron al cuidado del administrador, Carlos Ariel le advirtió al administrador que una de las bailarinas solo le debía de bailar a él esa noche, a su vez le dijo al dj que no subiera a ningún cliente a la barra para que la bailarina que él había elegido no le bailara a nadie más, Sin embargo la bailarina no le hizo caso a la petición de Carlos Ariel y le fue a bailar a José Luis Lagos Pérez, situación que le molesto a Carlos Ariel y salió del local dejando a Mariano Pérez cuidando la bailarina. Segundo: A la salida del negocio Carlos Ariel le advirtió a la bailarina que hoy si se lo mataba, por lo que Carlos Ariel y Kevin Mariano esperaron que saliera del negocio José Luis a quien Carlos Ariel le disparo varias veces a José Luis saliendo este corriendo, ordenándole Carlos Ariel a Kevin Mariano que lo terminara de matar por lo que este lo alcanzo y le disparo en varias ocasiones perdiendo la vida en el acto José Luis Lagos, tras de lo cual Carlos Ariel y Kevin Mariano se subieron al vehiculó que era conducido por Edwin Nahúm Oliva el cual estaba esperando con el motor encendido que Carlos Ariel y Kevin mariano salieran del lugar una vez cometido el hecho para abordar el vehiculó con el cual se dieron a la fuga. Al analizar el hecho probado de la Sentencia nos damos cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido, en este sentido nos permitiremos analizar el hecho probado. Error In Iudicando Por Interpretación Errónea De La Norma Sustantiva, Que Permite Recurrir La Sentencia Injusta Dictada Por El Órgano Sentenciador. El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. Para Jesús Ignacio García Valencia, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo— representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134) Explicación De Motivos Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Ya que la prueba evacuada en juicio, es la que puede formar la convicción al tribunal sentenciador de cómo se realiza una acción y quienes pudieron ser los autores que participan en la misma, en vista que el voto disidente es muy analítico y deja muy clara la siguiente postura, ya que al analizar el testimonio del testigo protegido P! que se incorpora al Juicio por medio de una lectura autorizada según el artículo 311 numeral 2 del código procesal penal, lo que dejo claro son todas las incongruencias e inconsistencias de lo narrado con los demás medios probatorios que no dejan lugar a duda como ser el video forense, y que se agrega al expediente de mérito que prueba totalmente que la declaración es totalmente contradictoria a lo sucedido, en vista que la mayoría del tribunal hace una administración errónea de lo que establece el artículo 202 del Código procesal penal que nos habla de la valoración de la prueba por las reglas de la sana crítica, ya que no existió otro elemento probatorio que probara lo mismo. Por lo que se recalca que la declaración rendida por un testigo es en parte subjetiva por que pueda tener implícitamente un interés o juicio de valor, de perjuicio, de odio, resentimiento, venganza, por tal razón cada ser humano percibe los hechos desde su propia óptica, por tal razón en el proceso penal para que el testimonio de una persona pueda ser valorado se necesita ser estrictamente corroborado por prueba directa, para llevar a la determinación del porque se le da valor o no a un testimonio, por lo que en el presente caso el testimonio rendido por el testigo protegido P!, no fue corroboran por otro medio de prueba de entera credibilidad, es más existiendo supuestamente más personas identificadas como el administrador, el DJ y las otras bailarinas del lugar, ninguno fue interrogado y mucho menos presto una declaración, así mismo establece que observo cuando las tres personas se subieron al vehiculó extremo que es totalmente contradictorio a lo sucedido con el video forense, ya que totalmente el testimonio de esta persona no tiene ningún sustento para darle un valor de credibilidad, así mismo se comprueba con el dictamen de autopsia que los disparos fueron realizados de larga distancia no de corta de una trayectoria de arriba hacia abajo, y si el local es de dos plantas y al esperar que saliera la trayectoria correcta e indicada tendría que ser de abajo hacia arriba, por tal razón se tenía que absolver a mi representado en vista que con indicios no se puede condenar una persona ya que no estamos frente a una audiencia inicial sino en el desarrollo de un juicio oral y público. Parecer De La Defensa: Es claro y evidente que, de conformidad a la Doctrina penal actual, se interpretó erróneamente la aplicación de los conceptos del Delito. Para el Tribunal Sentenciador en el caso sometido a juicio oral y público, analizando el cuadro fáctico , se desprende lo siguiente: a).- El Testigo Protegido Pl: Es la prueba con la que el tribunal sentenciador por mayoría llega a una sentencia condenatoria, la cual en realidad no aporta ninguna identificación real de las personas que pudieron haber cometido un hecho delictivo, así mismo la descripción y narración de como sucede el hecho es totalmente contradictoria con la prueba pericial forense por lo que esta prueba sola y sin sustento tuvo que ser desestimada. Existiendo y haciendo referencia que en el presente caso solo existió evidencia la cual no puede ser confiable en vista que dicha declaración a nuestro parecer carecen de todos los fundamentos legales que nos darían la garantía de no dudar ni un instante en que son cien por ciento confiables, así mismo nos encontramos con prueba de descargo que acredita que el hoy imputado en ningún momento se encontraba en el espacio territorial donde sucede el hecho y que el señor Oliva se encontraba en la ciudad de Choluteca realizando actividades propias de su oficio como mecánico, extremo que se puede refutar aparte de la declaración testifical con la prueba documental presentada como facturas que tienen cien por ciento la valides de un documento expedido por un local comercial ya que tiene un control emitido la Dei, con las cuales se acredita que el señor Oliva en ningún momento podía estar en dos lugares materialmente a la vez, en este caso las declaraciones el tribunal las determino como no válidas y que carecían de valor probatorio, razón que no es compartida, ya que si se tienen elementos de prueba directamente relacionados con la declaración y que dan la certeza de confiablidad. Por lo que el presente recurso debe de ser declarado con lugar y anular la sentencia emitida por mayoría por el tribunal sentenciador, y absolver a mi representado de toda responsabilidad penal y dejarlo en libertad. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurrente 1.- Motivo Único Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Estado Material de Inocencia; Motivo: Única declaración que sustenta la sentencia condenatoria es de un testigo protegido, introducida por lectura a la audiencia de debate y sin corroboración de otros medios de prueba; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por la recurrente; Pretensión: Se dicte a favor del acusado Kevin Mariano Pérez Amador, un fallo absolutorio. Explica la Defensa Pública que en el caso que nos ocupa fue incorporada como lectura autorizada la declaración rendida por el testigo P1, tomada bajo protocolo de prueba anticipada en una etapa anterior a la de juicio; Indican que dicha declaración es el único sustento para condenar al acusado, lo que constituye una flagrante violación al derecho de inocencia.- Relacionan que el hecho ocurrió en lugar público, en presencia de una cantidad indeterminada de personas pero que al debate solo se llevó a un testigo con la carencia de prueba periférica y científica. De la procedencia del recurso. El recurso No es de recibo.- La Sala de lo Penal considera importante señalar que el juzgador de la instancia, al analizar el acervo probatorio en su conjunto fue de la consideración que es contundente para establecer la comisión del hecho y la participación directa a título de autor del acusado Kevin Mariano Pérez Amador, así como los otros acusado, ello al considerar al testigo Protegido P1 como coherente y preciso, permitiéndoles establecer que el día de los hechos el acusado Kevin Mariano Pérez Amador y los demás acusados, sin razón alguna le dieron muerte al ofendido José Luis Lagos Pérez, develando la conducta criminal que realizaron cada uno de ellos, de igual forma la motivación que tuvo el acusado Carlos Ariel para dispararle al ofendido, así como la petición de éste al acusado Kevin Mariano Pérez amador, para que lo terminara de matar y seguidamente huir todos del lugar a bordo de un vehículo que el también acusado Edwin Nahum mantenía encendido para facilitar la fuga.- Declaración del testigo protegido P1, que fue corroborada con la prueba documental consistente en: acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios que no solo describe el lugar en donde finalmente fue pereció el ofendido, sino que además la posición final y las condiciones como se encontraba, fijando como causa de la perdida de la vida los disparos recibidos, producidos por arma de fuego, tal y como lo manifestara el testigo P1.

Esta Sala de Casación descarta la existencia de violación al principio constitucional de inocencia, pues existe suficiente carga probatoria que determina la participación del acusado en éste hecho.- El A-Quo, estableció que el reconocimiento fotográfico fue realizado con las formalidades de prueba anticipada, aportando que el acusado Kevin Mariano Pérez Amador, junto con los otros acusados, dieron muerte al ofendido José Luis Lagos Pérez; prueba al que se le sumo el dictamen de autopsia, que contribuyo para que el tribunal de sentencia llegase al convencimiento de que la muerte del ofendido fue como consecuencia de tres heridas productos de disparos de arma de fuego. Es importante tener presente que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable, lo que se observa en el presente juzgamiento con relación al acusado Kevin Mariano Pérez Amador y los demás acusados. La presunción de inocencia no es una condición inmutable, pues tiene la categoría de “iuris tantum”, es decir que puede ser destruida mediante prueba de cargo, lo que precisamente aconteció en el caso de marras en donde con prueba suficiente se demostró la responsabilidad penal del acusado Kevin Mariano Pérez, como coautor responsable de un delito de Asesinato, en perjuicio del Señor José Luis Lagos Pérez. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 cpp); Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurrente 2.- Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 311.2 del Código Procesal Penal; Motivo: Haber incurrido el sentenciador en infracción de precepto penal; Concepto de la Infracción: Sin determinar por el recurrente; Reclamación Ex ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: que se declare con lugar el recurso y se anule la sentencia emitida por mayoría del tribunal de sentencia, dejando en libertad al acusado Edwin Nahum Oliva. El Recurrente 2 arguye que la sentencia alberga un vicio in iudicando al realizar una interpretación errónea del precepto procesal 311.2.- Explica que la declaración del testigo protegido P1 fue incorporada por lectura a la audiencia de debate en base a la norma in comento, misma que contiene incongruencias e inconsistencias y que aun a pesar de ello la mayoría del tribunal lo valora positivamente, incurriendo en una administración errónea de lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal. Señala que la declaración del testigo P1 no fue corroborada con otro medio de prueba de entera credibilidad, aun cuando existieron más personas en el lugar como el administrador del negocio, la persona encargada de la música, las bailarinas, etc., y ninguno de ellos fue interrogado, mucho menos prestó una declaración. Agrega que el dictamen de autopsia determina que los disparos recibidos por el ofendido fueron hechos a larga distancia, en contrario a lo declarado por el testigo protegido quien indica que fue a corta distancia. Relaciona que la defensa aporto prueba de que el Señor Edwin Nahún Oliva, se encontraba el día de los hechos en la Ciudad de Choluteca, con lo que se refuta la declaración del testigo protegido, pues no es posible que pudiese estar en dos lugares a la vez al mismo tiempo. - Concluye que el conjunto de razones expuestas debió haber motivado una sentencia absolutoria a favor del acusado. De la procedencia del recurso. El recurso No es de recibo.- El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea. Al momento de la interposición del recurso de casación por quebrantamiento de forma, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia. Es importante recalcar que en lo que respecta al motivo el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados. En el caso de marras el recurrente 2 ha interpuesto un recurso por quebrantamiento de forma, invocando como motivo el “… haber incurrido el sentenciador en infracción de precepto penal”, citando como precepto autorizante el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, numeral que contiene cuatro motivos de casación, pero ninguno de ellos el invocado; de hecho si se extiende la búsqueda del motivo que el recurrente 2 presenta, se comprueba que en ninguno de los restantes numerales del artículo 362 se prevé como motivo la infracción de precepto penal.- Como consecuencia el recurso debe de ser denegado al fundamentarse en un motivo inexistente. Decisión. Desestimar el motivo único del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y el motivo único del recurso de casación por infracción de ley. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.

Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.

B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa de los acusados Carlos Ariel Meléndez, Kevin Mariano Pérez Amador y Edwin Nahum Oliva Mejía, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados las siguientes penas: Señores Carlos Ariel Meléndez y Kevin Mariano Pérez Amador: pena principal de reclusión por 20 años, como autores responsables, material y directo, de un delito consumado de asesinato, en perjuicio del Señor José Luis Lagos; además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; Señor Edwin Nahum Oliva Mejía: pena principal de reclusión por 13 años, como cómplice de un delito consumado de asesinato, en perjuicio del Señor José Luis Lagos; además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato tiene una pena principal de 20 a 25 años de prisión para el autor del delito consumado; entretanto la pena para el cómplice del delito consumado es de 13 años con 04 meses a 20 años de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta a los acusados Carlos Ariel Meléndez y Kevin Mariano Pérez Amador, se encuentra dentro del marzo abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal; y respecto al acusado Edwin Nahum Oliva Mejía, la pena impuesta es menor a la que correspondía con la nueva legislación.- Como consecuencia, en cada uno de los casos no es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar motivo único del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la Defensa Pública a favor del acusado Kevin Mariano Pérez Amador.- Segundo: Declara Sin Lugar el motivo único del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado del señor Edwin Nahúm Oliva Mejía.- Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Carlos Ariel Meléndez, Kevin Mariano Pérez Amador y Edwin Nahum Oliva Mejía; Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. - Cuarto: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha uno de julio de dos mil dieciséis (f. 234), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Rafael Bustillo Romero Magistrado Coordinador Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-314 -2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.