Sentencia CP-312-17 — Registro 13221
Resumen
En primera instancia se absuelve al acusado por el delito de estafa, se declara sin lugar el recurso interpuesto por el recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."LOS MOTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO NO SON DE RECIBO.- El recurrente, actuando en su calidad de acusador privado, plantea dos motivos en su recurso de casación por infracción de ley; ambos defectuosos, ajenos a la naturaleza del medio de impugnación elegido y discordantes con lo establecido en el precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal.- Lo defectuoso de la interposición impide a esta Sala de lo Penal poder hacer estudio y pronunciamiento de fondo, es así que el rechazo del recurso no es como consecuencia de que este tribunal de casación haya constatado que la sentencia impugnada satisfaga los requerimientos de legalidad, sino que es como consecuencia de la ausencia total de una adecuada técnica recursiva del recurrente. En el primer motivo plantea el recurrente, como defecto, la aplicación indebida del artículo 31 y 32 del Código Penal. - Las normas citadas reglan el concurso de personas en el delito (autoría y participación), estableciendo cuando una persona debe ser considerada autor. Al hacer revisión de la sentencia encuentra la Sala de lo Penal que ésta contiene pronunciamiento absolutorio a favor del acusado Gilbert Carrison Dilbert Green, precisamente porque el tribunal de sentencia no aplicó las normas que señala el recurrente; de otra forma: el recurrente increpa la aplicación indebida de dos normas sustantivas que no fueron aplicadas, por lo que el vicio es inexistente. Por otra parte, siempre en elprimer motivo, el recurrente indica que el acusado confesó su delito, razón por la cual debió condenársele. El planteamiento parte de un erróneo entendimiento de lo que es el factum; el recurrente se refiere a él para identificar la carga probatoria, pero en realidad se trata de los hechos declarados probados por el tribunal, los cuales en el recurso de casación por infracción de ley deben ser considerados como una verdad incuestionable, siendo entonces la aplicación de la ley sustantiva, su subsunción o la falta de ésta, así como su correcta interpretación, los temas a resolver en el recurso, tal y como se explica en el apartado anterior.- El recurrente cita una supuesta confesión del acusado como base de su reclamo, señalando que con ella hubo aceptación de responsabilidad en el delito imputado; alegato ajeno a los hechos probados, pues en éstos no se describe que el acusado haya realizado o aceptado haber realizado una conducta dolosa con el fin de afectar el patrimonio ajeno y con el objeto de acrecentar el propio; el factum se limita a describir el perfeccionamiento de contratos de tradición de bienes inmuebles por compra/venta; por ende el defecto es inexistente. En el segundo motivo el recurrente señala como vicio, la falta de aplicación de los artículos 240 y 241 del Código Penal: el primero contiene la tipificación del delito de estafa; el segundo indica las penas que corresponden imponer a la persona responsable del delito de estafa. Basa el recurrente, de nueva cuenta, en razones no relacionadas con el relato histórico; el recurrente lucubra que el acusado, aprovechándose de su cargo público, accedió a la base de datos del Instituto de la Propiedad para modificar Registros Públicos, sin que ello figure como una verdad acreditada, al no estar tales hechos plasmados en el factum; además el recurrente cuestiona al tribunal de sentencia de trasladar la responsabilidad del delito del acusado al ofendido, cuestionamiento que tampoco se relaciona con el examen de subsunción que supone corresponde hacer en el recurso por infracción de ley. En conclusión: el recurrente acude a la vía casacional sin antes haberse empoderado de su razón, principios y técnica recursiva para un correcto planteamiento impugnativo. Tal falta de familiaridad del proceso casacional ha producido un recurso defectuoso, el que ineludiblemente corresponde desestimar de manera total. ..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-312-2017 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Primero: Absolvió al señor Gilbert Carrison Dilbert Green, del delito de Estafa, en perjuicio de la Sociedad Mercantil Propiedad HADO S.A.- Segundo: No procedió condenar a la parte acusadora en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: El Abogado José Rod Werner Ochoa Reconco, en su condición de acusador privado de la sociedad mercantil Propiedad HADO S.A., como parte recurrente y el Abogado Silverio Flores García, en su condición de defensor privado del señor Gilbert Carrison Dilbert Green, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia Primero: El catorce de junio del año dos mil seis Gregory Lee De Bruler, en su condición de representante de la sociedad mercantil Propiedades HADO S.A. suscribe, mediante escritura pública número 110, ante los oficios del notario Héctor Cárcamo Tercero, con la señora Jessie Eleanor Bodden Thomas la compra venta de un inmueble ubicado en Big Bigth, Banda Norte de la Isla de Roatán, que tiene un área poligonal de Noventa y cinco mil ciento catorce metros cuadrados con sesenta y cinco centésimas de metro cuadrado (95,114.65 Mts2,), equivalentes a veintitrés punto cincuenta (23.50) acres, por el convenido precio de Doscientos veintinueve mil dólares ($ 229,000.00), dicho instrumento público se encuentra inscrito bajo el número 99 del tomo 202 del Registro de La propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Roatán, Islas de la Bahía. Segundo: El doce de octubre del año dos mil seis Gregory Lee De Bruler en su condición de representante de la sociedad mercantil Propiedades HADO S.A., y Gilbert Carrison Dilbert Green suscribe, mediante escritura pública número 99, ante los oficios del notario Ricardo E. Mena Pineda, con la señora Rosalene Abigail Brooks Thomas la compra venta de un inmueble ubicado en Milton Carih Point del municipio de José Santos Guardiola que tiene un área de Dieciséis mil ciento ochenta y cuatro punto treinta y dos metros cuadrados (16,184.32 Mts2)., equivalentes a Cuatro (4) acres, por el convenido precio de Treinta mil dólares exactos ($30,000.00,), dicho instrumento público se encuentra inscrito bajo el número 42 del tomo 212 del Registro de La Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Roatán, Islas de la Bahía. Tercero: El señor Gregory Lee De Bruler en su condición de representante de la sociedad mercantil Propiedades HADO S.A., pagó al señor Dervin Watler la cantidad Doce mil quinientos dólares ($ 12,500.00,) en concepto de pago del cincuenta por ciento de un terreno indeterminado. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley Motivo Primero: “Infracción por aplicación indebida del articulo 31 y 32 del Código Penal”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: En el proceso de mérito el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probados los relacionados con la existencia y declaración del imputado donde confiesa libremente que efectivamente participo en la compra del terreno según los hechos declarados por el imputado a folio número 19 vuelto y folio número 20 frente de la misma sentencia. Al analizar la declaración de hechos probados no se logra visualizar del mismo la concurrencia de la eximente supra mencionada, la cual, vale la pena referir solamente a efecto ilustrativo, le correspondía probar a la defensa al invertirse la carga de la prueba, por ser ésta quien nunca presento documentación alguna que alude el imputado tenerla con gran cantidad de documentos ya que no se propuso nunca como prueba de descargo, esto es que no existe y lo que hace es admitir su participación y sustentar por ningún medio su inocencia, confundiendo y haciendo caer en confusión al mismo Tribunal de Sentencia, este mismo Tribunal lo admite estar confusa la prueba, pero esto es porque desde un inicio de la acusación el imputado fue de difícil localización gracias a la ayuda de autoridades y juzgadores que le daban tiempo para borrar huellas de la comisión del delito. Tal como se desprende del factum, se desarrolló ante la creencia de que el ofendido compro en conjunto dicho terreno, pero en verdad el ofendido fue engañado ya que el imputado se prestó a ser el mediador de la compra con el único fin de hacerle creer al ofendido que el terreno valía 25 mil dólares en sus cuatro acres, pero en verdad los cuatro acres valían 12 mil quinientos dólares, astutamente él nunca iba a poner otro supuesto pago del otro 50 por ciento del valor porque ya lo había negociado por 12 mil quinientos dólares y así quedarse cc5n dos acres de tierra sin pagar un cinco y es más, quedarse con los otros 12 mil quinientos dólares que mi representado daría como pago final. La NO participación del imputado como autor material directo que alude el Tribunal de Sentencias se contrapone con la declaración del imputado confeso, así lo encontramos que no se cumple la misma, en virtud de las circunstancias siguientes: El articulo 31 y 32 del Código Penal textualmente establece: “Artículo 31. — Son responsables criminalmente del delito los autores y los cómplices. Artículo 32.- Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda causan la omisión o cooperan a ella.” Sobre el particular la Tradición Histórica Española, ha señalado que la defensa requiere que sea necesaria y razonable, la necesidad corresponde a una cuestión fáctica y la razonabilidad es una cuestión normativa. Motivo Segundo: “Infracción por falta de aplicación del artículo 240 y 241 del Código Penal”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El vicio se genera de la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida el cual establece en la parte de la valoración según folio 16 vuelto a partir del renglón número treinta de la sentencia: “... para armonizar este orden de ideas se ha tomado en consideración la condición personal del supuesto ofendido así como al rubro al que se dedica, y se observa que la ocupación del señor Debruler, es la compra de bienes inmuebles para desarrollarlos ya sea en proyectos residenciales o para complejos hoteleros, esta circunstancia hace inferir que el supuesto ofendido no adolece de alguna condición concreta como ser que no estuviera preparado profesionalmente o que no tuviera el conocimiento amplio en dicha actividad, si él ha reconocido que es administrador de dicha empresa, es decir que no existió alguna complicación que lo orillara a cometer error…. .”. De la simple lectura del factum, así como del análisis de la norma que se considera infringida por falta de aplicación, se llega a la conclusión que los mismos se subsumen en el tipo penal de ESTAFA prescrito en el artículo 240 y 241 del Código Penal el cual textualmente establece: “Artículo 240.— Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. Artículo 241.- El delito de estafa será sancionado: 1) Con dos (2) a cinco (5) años de reclusión, cuando el valor de lo estafado no exceda de cinco mil lempiras (L. 5,000.00); 2) Con cuatro (4) a siete (7) años de reclusión, si la cuantía supera los cinco (L. 5,000.00) y no excede de cien mil lempiras (L. 100.000.00); y, 3) Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de cien mil lempiras (L. 100,000.00). El agente, además será sancionado con una multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por los artículos 36, 37 y 53, cuando sean aplicables.” En virtud de lo anterior quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado quien tomó parte directa en la ejecución del hecho, envolverlo y confundir las compras aludiendo ser un buen mediador para compra venta de terrenos en aquel sector, cuando desde aquellos año él siempre ha tenido acceso a la base de datos catastrales, pudiendo modificar a su antojo las claves catastrales y líneas limítrofes de los terrenos para causar estafa en beneficio propio, esto es que la pregunta del millón es ¿y dónde está el terreno que mi patrocinado compro?, el Tribunal de Sentencias Se Limita A Decirle Ignorante A Mi Cliente Y Que No Es Perdonable A Un Experto En Tierras, Que Lohagan Caer En Error, Si Esto Fuera Así, No Existirían Los Delitos De Estafas Ya Que Todos Los Seres Humanos Somos Perfectos Y No Nos Dejamos Engañar De Nadie….. .. que ironía castigar a una persona, dejarla perder dinero, patrimonio y premiar a la astucia, engaño y todas las artimañas que se usaron en este caso, para hacer caer al ofendido en error …. Es Casi Como Si El Tribunal Le Eche La Culpa Del Error En El Que Le Hicieron Caer El Imputado A Mi Patrocinado, Por No Prestar atención Al Engaño En Que Le Hicieron Caer, El Tribunal Admite Claramente Que En Verdad Existió Una Trampa Y Un Erros En Beneficio Del Imputado Pero Que Fue Culpa Del “Tonto” Extranjero Que No Se Fijo, el imputado se Valió de cualquier artífico y engaño para agenciarse dinero y terreno de gratis. No obstante, lo anterior, el Tribunal dictó sentencia absolutoria a favor del imputado, al considerar la existencia de la causal de que es culpa del ofendido no fijarse en el engaño y error que le hizo caer el imputado, a pesar de configurarse los elementos del tipo penal de ESTAFA tal como se desprende del factum, produciendo como consecuencia la infracción por falta de aplicación del precepto penal contenido en el artículo 240 y 241 del Código Penal. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Primero: “Adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica contradictoria”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: La motivación para ser lógica debe responder a las leyes del entendimiento humano, con la especial característica de ser coherente, es decir constituida por un conjunto de razonamientos amónicos entre sí, debiendo para ello ser congruente, no contradictoria e inequívoca. El vicio que hoy se alega se pone de manifiesto en la sentencia proferida, cuando en los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Juzgador se denota irrespeto a dicho principio de coherencia al no existir congruencia en el contenido de la sentencia que constituye un todo armónico, al haber entrado el juzgador en juicios inconciliables, es decir contradictorios, entre lo relatado en los hechos probados y lo manifestado en los juicios de fundamentación jurídica. En virtud de lo anterior procedemos a examinar lo esgrimido por el Juzgador al momento de emitir la sentencia de mérito, ver folio número 20 vuelto de la sentencia; aludiendo que el imputado hizo varias transacciones comerciales con el ofendido (y donde están esas pruebas), dice el sentenciador que el imputado es inocente porque no se carga con prueba contra este, ilógico cuando este admite su participación y recepción de dinero, pero dice el imputado tener las pruebas de su buena fe y nunca las presento, pareciera que el Tribunal conoce más de los hechos que nunca se escucharon en el juicio. Si bien es cierto el Juzgador es completamente libre en las cuestiones jurídicas, es decir tiene el derecho y el deber de examinar el hecho, por sí mismo, según todos los puntos de vista jurídicos, nótese a la simple lectura del párrafo anterior que el juzgador no logra determinar si en el presente proceso, concurre o no, prueba a favor del imputado, pero es mentira que la hay ya que existe desde su confesión como imputado y las pruebas que a duras penas se incorporaron al juicio como cargo, que este imputado es culpable, por lo tanto al invocar en la sentencia, la existencia de una diversidad de causas de absolución, produjo como consecuencia en la sentencia proferida una motivación contradictoria, pues la acreditación de cada una de estas causales requiere de condiciones únicas para considerar su concurrencia, es decir, su existencia deriva de diferentes premisas, por lo que debió únicamente inclinarse por una de ellas para la resolución del caso, conforme las probanzas del caso se lo vayan determinando; “al respecto nuestra doctrina y jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como manifestaciones de un genérico “favor reí”, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales, y el principio jurisprudencial “in dubio pro reo” que pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurrente aquella actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate”. En virtud de lo anterior, encontramos que el razonamiento, del Juzgador en este apartado de la sentencia es incoherente, considerando que una resolución motivada debe abarcar indefectiblemente la motivación jurídica en la que se razone sobre la calificación penal de los hechos, su participación y circunstancias, y en el presente proceso es manifiesta la contradicción a la cual arribó el Juzgador, al no haber expuesto de una forma clara y terminante sin dejar lugar a dudas, que el imputado realizó la acción a él reprochada, sin que exista ninguna causal que lo exima de responsabilidad penal, ni mucho menos insuficiencia probatoria o duda razonable, sin embargo al haber invocado al mismo tiempo estas causales para dictar un fallo absolutorio, sin que los criterios plasmados en la sentencia por el Juzgador, deducidos de las probanzas allegadas al proceso, nos condujeran indefectiblemente a dicha conclusión, hace patente el vicio que ahora se reprocha. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. Motivo Segundo: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, en virtud de las probanzas que anteceden en todo el desarrollo del juicio, el suscrito considera que el razonamiento esbozado por el Juzgador deducido del catálogo probatorio infringe el postulado de la Coherencia, en su principio de tercero excluido, estableciéndose que se viola dicha ley, cuando los hechos, que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba vertida en el juicio oral; de tal manera que sería ilógica una sentencia donde se afirmara que el imputado es culpable o inocente, según el caso, pero los elementos probatorios, en los cuales se sustentó el tribunal para dictar su fallo, desvirtúan tal afirmación; principio éste que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador en el acápite de Valoración Probatoria, que llegó a la conclusión que el imputado no engaño por ningún medio al ofendido Sino Que Fue El Mismo Ofendido El Que Cayo En Error Y Detrimento En Su Patrimonio Por Su Culpa Y Falta De Profesionalismo Y Por Confiar En El Imputado, Aun Que Este Imputado Se Queda Con Terreno Que Al Día De Hoy Ni Se Sabe Donde Esta Pero Que Este Imputado Ya Ha Vendido Tres Veces Mas Los Dos Supuestos Acres Que consiguió Con Esta Estafa Pero Que Como Ahora Es Alcalde, Libre Y Antojadizamente Mueve líneas Y Cambia Claves Catastrales A Su Antojo; sin embargo en el párrafo siguiente refiere que ante la insuficiente prueba de cargo aportada por parte del ente acusador y de la acusación privada no logra acreditar que los hechos sucedieron contrario a lo que manifiesta el acusado, por ende la valoración de la prueba se inclina a favor de la tesis formulada por el acusado Gilbert Dilbert, es más grave lo que aquí ha sucedido hasta este momento en este sentido: es de hacer ver que desde antes del juicio se empezaron a desaparecer y cambiar pruebas de cargo del mismo expediente fiscal y judicial, atrasos de años y años sin resolución alguna donde este expediente se desaparición en el limbo y nadie sabía nada, hasta que de repente el ofendido se da cuenta que el juicio de su caso de hace nueve años... se va a realizar en cinco días, se presentó solicitud de prórroga del juicio al fiscal y al tribunal y no le importo, iniciaron el juicio sin siquiera hablar con el ofendido por parte de la fiscalía y aun diciéndole que faltan otras pruebas de suma relevancia y que no se ven incorporadas en el expediente y otras que a todas luces no son las incorporadas desde aquellos años donde otras fiscalías tienen copias de aquellos años y al cotejarlas se deduce los cambios y falsificaciones; véase por favor la última resolución véase El Folio 284 Vuelto Y 285 Frente Del Expediente Judicial En El acápite Cuarto De Dicha resolución De La Corte De Apelaciones, Donde Se Hace Notar Las Enormes Irresponsabilidades Y Negligencia De Los Actuantes Judiciales Y Ente Acusador Al Violentar Inicialmente El Articulo 08 De La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Y La Escueta formalización De Cargos Del Ente Acusador Público Que Deja Ver La Novatada De Cargar Con Un Expediente Desde Ese Momento Y Para Adelante Nadie Supo Como Desaparecieron Pruebas Y Declaraciones De Cargo, es claro que al estado de Honduras en el poder judicial y al Ministerio Publico saldría más barato realizar un nuevo juicio de guante blanco y con las pruebas de cargo reales que existen para condenar a este imputado, que dejar absuelto al imputado y demandar por esta negligencia y retardo injustificado de justicia; Esto Es Lo único Que Deseamos, Otro Juicio Con Diferente Fiscales Y Jueces, jueces que no permitan que los defensores privados los visiten a sus oficinas, o que el mismo defensor privado del imputado fue el mismo juez que lo sobreseyó años atrás en el mismo juicio por los otros delitos, es justo hacer justicia, denos la oportunidad de pelear sobre la mesa el derecho de mi patrocinado. Las pruebas indicadas merecen total credibilidad y al someterlas a una valoración bajo las reglas de la sana critica no pueden ser descartadas por el sentenciador, sin dejar de considerar que las pruebas nos proporcionan elementos que confirman lo manifestado por el imputado en su declaración, sin embargo al no ser valoradas con apego a las reglas de la sana crítica, ni mucho menos haber sido relacionadas entre sí, como lo exigen los Artículos 202, 336 del Código Procesal Penal, el Juzgador ha dejado de extraer la conclusión fáctica positiva que el imputado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. Fundamentación Jurídica Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.- Se concluye a partir de lo anterior que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, previendo como tales: 1. - Recurso de reposición; 2. - Recurso de apelación; 3. - Recurso de Casación; 4. - Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: *Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. *Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación, y los segundos cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. *Devolutivos y no devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada; se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. El CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos del recurso debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i.- Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto deberá ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii.- Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto la excepción en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii.- Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el Principio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv.- Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. - En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse por efecto negativo lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De la debida técnica recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y a. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al tribunal de sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso.El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el tribunal de sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamenta, siempre que se trate de los recursos por infracción de ley y quebrantamiento de forma (el recurso por infracción de precepto constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de recurso de casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. Cuando el defecto sea de forma además deberá de señalar el reclamo ex ante formulado al momento de producirse dicho defecto en la primera instancia. 1. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley para interponer el recurso de casación. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Cuando el caso trate del juzgamiento de varias personas, varios delitos y/o varios ofendidos, el tipo de recurso y el motivo opuesto determinar la necesidad de plantear vicios separados por acusado, por delito o por ofendido. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea precisa en canto el motivo y clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al tribunal de casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2.Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el motivo, explicado en que consiste el vicio, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad, además deberá de agregar la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e.Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”.Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un recurso de casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el tribunal de casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2.Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivos Primer Motivo *Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 31 y 32 del Código Penal; *Concepto de la Infracción planteado: Aplicación indebida de las normas que definen la autoría y complicidad; *Pretensión: sin determinar por el recurrente. El señor acusador privado, hoy constituido recurrente casacional, señala que el tribunal de sentencia ha hecho una aplicación indebida de los artículos 31 y 32 del Código Penal. Explica que el vicio nace como consecuencia de que el acusado confesó el delito por el cual fue juzgado, pero aun con ello se dictó a su favor una sentencia absolutoria; reclama que al señalar el tribunal de sentencia que el acusado no es autor material del delito se contrapone con su propia declaración. Segundo Motivo *Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 240 y 241 del Código Penal; * Concepto de la Infracción planteado: Falta de aplicación de las normas que tipifican el delito de Estafa; *Pretensión: sin determinar por el recurrente. El recurrente indica que quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico en donde el sujeto activo es el acusado; agrega que éste desde hacía muchos años tenía acceso a la base de datos catastrales pudiendo modificar a su antojo claves y líneas limítrofes de los terrenos para causar estafa en beneficio propio. Increpa que el tribunal de sentencia se limitó a decirle “ignorante” al ofendido por haber caído en error, señalando que es como casi sindicar de culpa al propio ofendido por haber sucumbido al error provocado por el acusado. Asegura el recurrente que el a-quo acepta que existió una trampa y un error, pero que ese error es culpa del ofendido. Finaliza que a pesar se configurarse los elementos del tipo penal de estafa, se dictó a favor del acusado una sentencia absolutoria. De la Procedencia Recurso.- Los motivos primero y segundo no son de recibo.- El recurrente, actuando en su calidad de acusador privado, plantea dos motivos en su recurso de casación por infracción de ley; ambos defectuosos, ajenos a la naturaleza del medio de impugnación elegido y discordantes con lo establecido en el precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal.- Lo defectuoso de la interposición impide a esta Sala de lo Penal poder hacer estudio y pronunciamiento de fondo, es así que el rechazo del recurso no es como consecuencia de que este tribunal de casación haya constatado que la sentencia impugnada satisfaga los requerimientos de legalidad, sino que es como consecuencia de la ausencia total de una adecuada técnica recursiva del recurrente. En el primer motivo plantea el recurrente, como defecto, la aplicación indebida del artículo 31 y 32 del Código Penal. - Las normas citadas reglan el concurso de personas en el delito (autoría y participación), estableciendo cuando una persona debe ser considerada autor. Al hacer revisión de la sentencia encuentra la Sala de lo Penal que ésta contiene pronunciamiento absolutorio a favor del acusado Gilbert Carrison Dilbert Green, precisamente porque el tribunal de sentencia no aplicó las normas que señala el recurrente; de otra forma: el recurrente increpa la aplicación indebida de dos normas sustantivas que no fueron aplicadas, por lo que el vicio es inexistente. Por otra parte, siempre en el primer motivo, el recurrente indica que el acusado confesó su delito, razón por la cual debió condenársele. El planteamiento parte de un erróneo entendimiento de lo que es el factum; el recurrente se refiere a él para identificar la carga probatoria, pero en realidad se trata de los hechos declarados probados por el tribunal, los cuales en el recurso de casación por infracción de ley deben ser considerados como una verdad incuestionable, siendo entonces la aplicación de la ley sustantiva, su subsunción o la falta de ésta, así como su correcta interpretación, los temas a resolver en el recurso, tal y como se explica en el apartado anterior.- El recurrente cita una supuesta confesión del acusado como base de su reclamo, señalando que con ella hubo aceptación de responsabilidad en el delito imputado; alegato ajeno a los hechos probados, pues en éstos no se describe que el acusado haya realizado o aceptado haber realizado una conducta dolosa con el fin de afectar el patrimonio ajeno y con el objeto de acrecentar el propio; el factum se limita a describir el perfeccionamiento de contratos de tradición de bienes inmuebles por compra/venta; por ende el defecto es inexistente. En el segundo motivo el recurrente señala como vicio, la falta de aplicación de los artículos 240 y 241 del Código Penal: el primero contiene la tipificación del delito de estafa; el segundo indica las penas que corresponden imponer a la persona responsable del delito de estafa. Basa el recurrente, de nueva cuenta, en razones no relacionadas con el relato histórico; el recurrente lucubra que el acusado, aprovechándose de su cargo público, accedió a la base de datos del Instituto de la Propiedad para modificar Registros Públicos, sin que ello figure como una verdad acreditada, al no estar tales hechos plasmados en el factum; además el recurrente cuestiona al tribunal de sentencia de trasladar la responsabilidad del delito del acusado al ofendido, cuestionamiento que tampoco se relaciona con el examen de subsunción que supone corresponde hacer en el recurso por infracción de ley. En conclusión: el recurrente acude a la vía casacional sin antes haberse empoderado de su razón, principios y técnica recursiva para un correcto planteamiento impugnativo. Tal falta de familiaridad del proceso casacional ha producido un recurso defectuoso, el que ineludiblemente corresponde desestimar de manera total. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivos Primer Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el Recurrente; *Concepto de la Infracción: Motivación jurídica contradictoria; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad por constar el vicio en la sentencia definitiva; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente.Denuncia el recurrente irrespeto el principio lógico de coherencia al haber arribado el tribunal a juicios inconciliables por su contradicción. -Al explicar su denuncia, el recurrente señala que cuando los jueces explican que existe una diversidad de causas para absolver al acusado se produce la contradicción; arguye que. a. Para los jueces de sentencia no existe prueba de cargo en contra del acusado, pero a su criterio ello es ilógico dado que el propio acusado confesó su delito; b.Los juzgadores no logran determinar si en el proceso concurre o no prueba a favor del imputado; c. Que el acusado nunca presentó las pruebas que acreditasen su buena fe en las transacciones comerciales; Concluye que la contradicción es clara debido a que la sentencia no expone que el acusado realizó la acción reprochada, sin que exista ninguna causal que lo exima de responsabilidad penal y al mismo tiempo señala causales para dictar un fallo absolutorio. Segundo Motivo *-Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; *Motivo: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; *Concepto de la Infracción: Violación al principio lógico de coherencia, en su postulado de tercero excluido; * Normas Procesales que se denuncian Infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad por constar el vicio en la sentencia definitiva; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Asegura el recurrente que la sentencia adolece de vicio, al haberse construido la valoración intelectiva de la prueba fuera de la senda del principio lógico de tercero excluido, haciendo que tal valoración no sea coherente.- El recurrente explica que el vicio se produce cuando los juzgadores afirman que el acusado no engañó al ofendido, sino que éste sufrió detrimento en su patrimonio por su falta de profesionalismo y por confiar en el acusado; reclama el recurrente que no se consideró que el acusado, como alcalde municipal, antojadizamente mueve líneas y cambia claves catastrales; agrega que el acusado manifestó su delito y que por ello es contradictorio que el tribunal señale que éste no fue acreditado; reclama sobre actuaciones realizadas previo a la interposición del requerimiento fiscal: cambio y desaparecimiento de pruebas, atraso en el impulso procesal, desaparecimiento del expediente, señalamiento sorpresivo de fecha de debate, la fiscalía inició juicio sin hablar con el ofendido, escueta formalización de cargos por parte del Ministerio Público, que el Abogado defensor fue antes juez de letras que sobreseyó en otros casos al acusado, etc. Agrega el recurrente que al Ministerio Público y al Poder Judicial “les saldría más barato”, realizar un nuevo juicio que ser demandados por negligencia y retardo injustificado de justicia. De la procedencia del recurso.- Los motivos primero y segundo no son de recibo.- El recurrente erra en considerar la única instancia como un estadio en donde se puede formular especulaciones como hechos provistos de razón; un foro en donde se pueda auditar actuaciones administrativas del Ministerio Público o el comportamiento ético de los Abogados privados.- Escapa del conocimiento del recurrente que la única instancia tiene por objeto la tramitación y resolución del recurso de casación, cuya naturaleza gravita en la revisión de la legalidad de lo decidido, sin que sea permisible la revaloración de la actividad probatoria. En el primer motivo, con un discurso ininteligible, el recurrente señala, como defecto, que la sentencia alberga juicios contradictorios; tal denuncia requería que el recurrente señalase de manera precisa los dos juicios o razonamientos judiciales que contienen verdades/negaciones colisionantes, señalando además porque tal contradicción condiciona la decisión adoptada. La tarea del recurrente era demostrar la contradicción entre aseveraciones hechas por los jueces en la sentencia; en su lugar el recurrente señaló que la contradicción estriba entre el contenido de la prueba y la valoración hecha de ésta por el tribunal, pues a su criterio la prueba arroja una verdad que no fue reconocida como existente por los jueces, lo cual no constituye un vicio de contradicción; lo que considera el recurrente como vicio es el proceso de valoración de la prueba, donde los jueces, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, dan a conocer su parecer sobre ésta. No constituye contradicción el hecho de que la valoración de la prueba hecha por los juzgadores sea distinta a aquella que pretendía el recurrente. También en el mismo motivo, el recurrente indica que la contradicción es clara debido a que se declara absuelto al acusado sin que exista ninguna causal que lo exima de responsabilidad; las eximentes de responsabilidad operan ante la acreditación de un hecho penalmente relevante, pero en el presente caso para los juzgadores no se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos del tipo (f. 370), por lo que no podría hablarse de causas que eximen de responsabilidad debido a que no fue acreditado delito del cual se podría eximir al acusado.- Por otra parte lo alegado tampoco puede ser calificado como juicios de valor contradictorios dados por el tribunal de justicia. En el segundo motivo el recurrente indica que se ha violentado el principio lógico de tercero excluido, que compone las reglas de la sana critica.- Al fundamentar su denuncia el recurrente arremete contra el Ministerio Público por actuaciones que a su criterio fueron indebidas; reclamos que escapan a la competencia de la Sala de lo Penal en el proceso de resolución de un recurso de casación; además arremete en contra del juzgado de letras y tribunal de sentencia por supuesta desaparición de folios, supuesto extravío de expediente y por retraso en la tramitación del proceso, todas ellas circunstancias ajenas al recurso de casación, ajenas al contenido de la sentencia que se impugna, y que en su caso deben plantearse ante los órganos competentes: Ministerio Público si se considera que existe delito y/o Dirección de Supervisión de Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte el recurrente afirma, sin que sea parte de la acusación, que el imputado en su condición de alcalde municipal accede a registros públicos para modificarlos y así poder cometer estafas en perjuicio de varias personas.- También el recurrente indebidamente plantea un Argumentum Ad Baculum (Falacia de apelación a la fuerza), cuando indica que el recurso debe ser otorgado, ya que ello saldría más conveniente al Ministerio Público y al Poder Judicial, que ser demandados (presumiblemente ante instancia jurisdiccional internacional), por negligencia a consecuencia del fallo absolutorio proferido, lo cual es inadmisible tanto a nivel ético, tanto porque dista mucho de una debida técnica recursiva, además de no referirse estrictamente al contenido de la sentencia, que es la que debe ser objeto de impugnación. Habiendo planteado como vicio existente la violación a las reglas de la sana crítica el recurrente, además de señalar cual regla era la que había sido inobservada, debió señalar cual era el razonamiento judicial valorativo que contenía el vicio, debió confrontar la regla lógica de tercero excluido con dicho razonamiento y demostrar la existencia del vicio y, finalmente, debió determinar por qué el vicio había incidido en la decisión final del tribunal, a efecto de justificar así la necesidad de su nulidad; empero nada de lo anterior ocupó espacio en el segundo motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, siendo nuevamente la mala técnica recursiva desarrollada lo que condicionó que esta Sala de lo Penal no diese una respuesta de fondo a lo planteado. Decisión: Declarar sin lugar los dos motivos del recurso de casación por infracción de ley y los dos motivos del recurso de casación por quebrantamiento de forma. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos y el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos; ambos interpuestos por el Abogado Rod Werner Ochoa Reconco, en su condición de acusador privado.- Segundo: Declara Firme la sentencia dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis (f. 364).- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá de devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-312-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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