Sentencia CP-303-17 — Registro 13219
Resumen
En primera instancia se condena al imputado acomo autor del delito de Almacenamiento de Armas de Uso Prohibido en Concurso Ideal con el Delito de Almacenamiento Ilegal de Armas de Uso Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. – El recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo fue planteado erróneamente. El recurrente acudió a esta vía impugnativa para reclamar una supuesta falta aplicación de normas que, según su criterio, tenían incidencia en la positividad de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal 144-83, que sirvieron de base para la emisión del pronunciamiento condenatorio de parte de la mayoría del tribunal de sentencia, resultando ello improcedente debido a que: i.- Los vicios denunciables cuando se alega como motivo la violación al estado material de inocencia, deben de estar relacionados con el debido derecho probatorio, como se ha explicado ut supra; y ii.- Toda denuncia de aplicación indebida o falta de aplicación de una norma penal sustantiva o norma que afecte la aplicación del derecho sustantivo, debe de hacerse por la vía del recurso de casación por infracción de ley. En todo caso, lo alegado por el recurrente es improcedente, pues el Principio de Legalidad no ha resultado afectado por la decisión de la mayoría del tribunal de sentencia, ello porque los Decreto de “Veda” concedían una amnistía administrativa, solo aplicable en ese ámbito y sin que afectase de manera la eficacia de los tipos penales contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, como también se ha explicado ut supra. Por lo señalado debe de declararse sin lugar el único motivo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- De nueva cuenta el recurrente plantea un defectuoso recurso que no permite a esta Sala de lo Penal hacer un pronunciamiento de fondo. El recurrente hace la presentación de un recurso de casación por quebrantamiento de forma, oponiendo como motivo la violación de las reglas de la sana critica en la valoración intelectiva de los medios de prueba; motivo que tiene por objeto reflexiones valorativas de los juzgadores que se consideran vicios por no satisfacer las exigencias de razonalidad y logicidad que imponen las normas del recto entendimiento humano que componen las reglas de la sana critica; el recurrente entonces , ante tal denuncia, tiene la obligación de señalar los razonamientos judiciales, señalar la regla de la sana critica transgredida y demostrar la falta de identidad de los primeras con las segundas; el recurrente debe de ser estrictamente especifico al señalar cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y cuál es la regla de la sana critica que considera violentada.- Contrario a lo anterior, el recurrente acude a la vía impugnativa reclamando que el tribunal de sentencia valoró prueba de carácter ilícita, lo que es un defecto ajeno a aquel que el propio recurrente plantea en la apertura, pues no se relaciona con la razonalidad o logicidad de la motivación intelectiva, sino sobre la legalidad de determinados actos de investigación; es improcedente constatar la propiedad del razonamiento judicial, cuando se denuncia al mismo tiempo que dicho razonamiento deriva de un medio de prueba de carácter ilícito; es este conglobado colisionante el que plantea el recurrente. La denuncia sobre la legalidad de actuaciones de investigación debió ser discutida en el marco del recurso de casación por infracción del precepto constitucional a un debido proceso probatorio (Art. 90 de la Constitución, en relación con el art. 361 cpp)...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena.- Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017.- Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, se deberá primero hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas en concurso ideal la observancia de los limites objetivos de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Mario Roberto Zelaya Rojas, por ser responsable de los delitos de almacenamiento de armas de uso prohibido y almacenamiento de arma de uso personal, en concurso ideal, la pena de reclusión por diez años y multa por cinco mil lempiras, más las penas accesorias, conforme los artículos 332-A y 332-B del CN 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: *Por el delito de tenencia de armas de fuego permitida (Art. 580.1): i.- 1 a 4 años de prisión; ii.- Hasta 02 años de localización permanente; e iii.- inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta (Art. 586).- Penas que deben de agravarse en 1/3 cuando el sujeto activo sea funcionario público, quedando la nuevas penas en (Art. 584): i.- 4 a 5 años con 04 meses de prisión; ii.- Hasta 02 años con 08 meses de localización permanente; e iii.- inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta; * Por el delito de tenencia de armas de fuego prohibidas (Art. 580.2): i.- 4 a 6 años de prisión; ii.- Hasta 3 años de localización permanente; e iii.- inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta (Art. 586).- Penas que deben de agravarse en 1/3 cuando el sujeto activo sea funcionario público, quedando la nuevas penas en (Art. 584): i.- 6 a 8 años de prisión; ii.- Hasta 04 años de localización permanente; e iii.- inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta. El concurso ideal de delitos obliga a la imposición de la pena correspondiente al delito que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3); en el presente caso es la que corresponde al delito de tenencia de armas prohibidas, fijándose así el marco abstracto en: i.- 8 a 10 años con 8 meses de prisión; ii.- Hasta 05 años con 04 meses de localización permanente, de los cuales solo cumpliría 05 años conforme el límite absoluto marcado por el artículo 36 NCP; e iii.- inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta, siendo estas las penas que correspondería imponer al acusado de aplicarse la nueva normativa penal. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, ello porque si bien la pena concreta de reclusión se encuentra dentro del marco abstracto de la pena de prisión, y además en la nueva legislación no se prevé como pena principal la multa (L. 5,000.00), si prevé dos penas principales más: la de localización permanente y la de inhabilitación especial, la primera considerada pena menos grave y la segunda como pena grave según el artículo 36 NCP, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación...."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-303-2017 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete; dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó: al señor Mario Roberto Zelaya Rojas, como autor del delito de Almacenamiento de Armas de Uso Prohibido en Concurso Ideal con el Delito de Almacenamiento Ilegal de Armas de Uso Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de diez años más una multa de cinco mil lempiras por el arma prohibida.- Segundo: Condenó: al señor Mario Roberto Zelaya Rojas, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró sin lugar los incidentes de nulidad planteados por la defensa privada.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Quinto: se declaró la responsabilidad civil del señor Mario Roberto Zelaya Rojas.- Sexto: Se ordenó el comiso de las armas anteriormente detalladas en la presente sentencia y que se encuentran en el almacén de evidencias del Ministerio Público, la cual deberá realizar el juez de ejecución de la pena en la fase de ejecución de esta sentencia. Son partes en única instancia: El Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, en su condición de Defensor Privado del señor Mario Roberto Zelaya Rojas, como parte recurrente, y la Abogada Ilse Adela Fuentes, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia Único: En fecha 06 de febrero del 2014 se realizó un allanamiento en la bodega identificada como numero 6 ubicada en la colonia San Ignacio, condominio quinta bella, tercera calle, quinta avenida, bloque f, casa No. 2, cuyo acceso exclusivo era de Mario Roberto Zelaya, se encontraron 1) Un arma de Fuego tipo escopeta color negra marca Mossberg modelo 500 calibre 12GA serie R648610 y como accesorio una linterna, la cual es de bombeo de acción sencilla 2) Un arma de fuego tipo rifle marca Marlin modelo 6OSS calibre 22LR serie 99174651 con mira telescópica SPORTVIEW, con mecanismo de acción semiautomático. 3) Un arma de fuego tipo Fusil de color café, marca REMINGTON calibre 5.56 x 45MM 223 serie 7776181 con mira telescópica, de acción sencilla. 5) Un arma de fuego tipo rifle/Carabine marca RUGER modelo 10/22 calibre 22 LR serie 250-25410 con mira telescópica, mecanismo de acción semiautomática. 6) Un arma de fuego tipo escopeta marca WINCHESTER modelo 1200 calibre 12 GA serie L671006 bombeo de acción sencilla. 7) Un arma de fuego tipo rifle marca MAUSER modelo 98 calibre 8 mm serie 9504, de acción sencilla, todas se encuentran en buen estado de funcionamiento. Sin poseer el permiso extendido por autoridad competente; Asimismo se encontró un arma de fuego tipo rifle/Carabina marca US Carabine, modelo MZ calibre 30 mm serie L70402300, mecanismo de acción automática y semiautomática a través de un selector de disparo en buen estado de funcionamiento, lo cual no es permitida a particulares. Recurso de CASACIÓN. - Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley Motivo Único: Infracción de los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura y plasma al condenar el Tribunal de Sentencia por mayoría de votos por el injusto penal de Almacenamiento de Armas de Uso Prohibido y Almacenamiento de Armas de Uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; quebrantando el estado de inocencia al existir disposiciones legales que taxativamente esgrimen la exclusión de la Positividad de los artículos 332 a y 332 b de la ley penal sustantiva, por ende marginando la punibilidad del acto penal entablado por la existencia y vigencia de los Decretos 184-2013 y 64-14 del Treinta de Septiembre del año Dos Mil Trece. Explico el vicio de la forma siguiente: Primero: El presente motivo de Casación, en efecto no será objeto de una discusión tan prolija y profunda como a contrario sensu lo será el segundo motivo del medio impugnativo en estudio. Ello debido a que al existir una normativa vigente (en el momento en que ocurrió el hecho objeto de encausamiento) que marginaba la Positividad de los artículos 332 A y 332 B, no debería haber causado mayor problema en los criterios de los juzgadores. Es necesario en consecuencia indicar con total claridad, que el hecho que considera penalmente relevante tanto el Ministerio Público como la mayoría del Tribunal de Sentencia, es la no inscripción de las armas objeto de hallazgo en la casa de habitación de mi representado. - Por su altísima relevancia e importancia indicaremos que mediante Decreto 184-2013 y 64-14 del 30 de Septiembre del año 2013, se emitió un Decreto Transitorio por el Soberano Congreso Nacional, a través del cual se concedió un Tiempo de Gracia, (no compartimos el termino semántico Veda, por la implicación filológica); no obstante sea la terminología que sea, la orientación del descrito decreto era orientada a permitir a todas la personas que tuvieran en su poder armas de fuego su permisibilidad en su registro ante la autoridad competente, lo cual como expuse en el preámbulo de este motivo de Casación, excluyó la Positividad de la punibilidad de la norma penal sustantiva, es decir, el hallazgo de la evidencia por parte de la autoridad no constituía per se el descubrimiento de un acto ilegal. Preciso es destacar la cobertura que tal Derecho abarcaba para tales efectos y es precisamente que expiraba el mismo hasta el Cinco de Octubre del año Dos Mil Catorce, es decir que cuando fueron encontradas la armas en cuestión (6 Febrero 2014), no existió razón legal, jurídica ni fáctica para poder encausar penalmente a mi representado, lo cual genera una evidente e incalificable intención del Estado en perjudicar y lesionar al señor Mario Zelaya pues un hecho que no develaba Lesividad alguna, por no extrañar el quebrantamiento de ninguna norma legal ha conllevado no sólo a la instrucción de un proceso criminal, sino a la condena por mayoría de los integrantes del tribunal, aún y cuando existió una determinación legislativa que cubría los aspectos de la tipicidad, por lo tanto al ser una conducta que no representa relevancia alguna por lo ya descrito, la confinaba al fracaso desde su inicio. En tal sentido solicitó a la Sala Penal la apreciación taxativa de la normatividad y la sujeción objetiva al Principio de Legalidad, es imposible pretender una conducta con una norma que no era efectiva en el momento en que ocurrió la infracción cuestionada. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: Infracción por parte del juzgador de lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal al inobservar en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la valoración de la prueba, el juzgador flagrantemente viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, al atribuir valor legal a pruebas cuando estas derivan de Ilicitud. Dicha violación se configura de la manera siguiente: Primero: Análisis Intelectivo del Artículo 200 Código Procesal Penal “Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información” La Defensa Técnica del señor Mario Roberto Zelaya Rojas, comparte todos y cada uno de los extremos intelectivos esgrimidos en el voto disidente a la Sentencia Condenatoria de fecha Catorce de Marzo del presente año Dos Mil Diecisiete, que en ocasión de este recurso extraordinario de Casación nos ocupa, en tal sentido; de forma puntual hemos de pronunciamos bajo cada enunciación. - Tal como se logra apreciar en el contexto histórico de este enjuiciamiento, en fundamento del artículo 320 del Código Procesal Penal en el momento procesal de Incidentes, presenté nulidades por la flagrante violación a Garantías Constitucionales, referentes a la Inviolabilidad del Domicilio, ello en vista de no encontrarse incorporada a los autos el acta de juramentación del juez ejecutor y la solicitud motivada que debió presentar el Ministerio Público al momento de solicitar el allanamiento en el expediente judicial, pues se tuvo que realizar una inspección a otro expediente que se encontraba en un juzgado de la Tegucigalpa, sin que lo solicitase el Ministerio Público sino por iniciativa del mismo Tribunal de Sentencia, de igual forma haciendo alusión que al comprobarse su existencia mucho tiempo después (lo cual devela una situación atípica), se comprobó que el acto solemne de la juramentación del descrito juez ejecutor, fue delegado por el juez de garantías a su secretaria. Es imperativo indicar que a través de la Inspección Judicial practicada en el expediente judicial números 08-14 y 09-14, se logró comprobar y determinar que el Juez Ejecutor José Francisco Godoy Rosales fue juramentado por la secretaria adjunta Verenice Vallejo Sánchez, adscrita al Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal, lo cual devela una evidente infracción al artículo 138 de la ley penal adjetiva; lo cual se simplifica y resume en una decisión que bajo ningún paradigma jurídico y legal compartimos, por resultar a contrario sensu una Grave Violación al Debido Proceso por cuanto tal proveído jurisdiccional per se, descalifica los mecanismos y procedimientos legislados y estipulados en el derecho positivo vigente, maculando y quebrantando los Axiomas Procesales esgrimidos en la ley penal adjetiva, anulando y mancillando las orientaciones epistémicas de un Incidente Procedimental como lo es el “Allanamiento de Morada”, deslegitimando el papel de contralor y director del proceso que es arrogado a la ilustre figura del Juez Penal al ceder y marginar el poder de la jurisdicción en autoridad distinta a la cual la Constitución de la República inviste para tutelar la eficacia del enjuiciamiento o diligencias previas a este, es en tal sentido que disentimos enérgicamente con la postura adoptada por la mayoría del Tribunal de Sentencia por cuanto la misma constriñe abruptamente los linderos de la ley para que no exista tutela judicial cayendo irremediablemente en total Inseguridad Jurídica; exposición que el suscrito abogado penalista desarrollará puntualmente en este libelo, bajo los términos semánticos siguientes. Epitome y Exordio que Devela como Impronta Indeleble la Historicidad de los Antecedentes del Viciado e Ilegal Allanamiento. Fase Propedéutica: En nuestra condición de apoderado legal del señor Mario Roberto Zelaya Rojas, concurro a su estrado con el puntual propósito de cuestionar bajo el marco de la ley el procedimiento ilegítimo que se desarrolló en la diligencia del Allanamiento practicado en casa de mi representado; no obstante previo a desarrollar nuestra antítesis, imperativo es que desglosemos la historicidad de los acontecimientos, los cuales a través del estudio prolijo de la cronología de las actuaciones procesales nos marcan como impronta indeleble el dantesco yerro en que incurrió el órgano jurisdiccional al delegar una función que ni Constitucional como ni procesalmente le es arrogada; en tal sentido muy brevemente en los subsiguientes parágrafos hemos de efectuar una relación de estos presupuestos facticos. Tal como se deriva del contenido de los autos, la Fiscalía del Ministerio Público presentó en fecha Seis de Febrero del año Dos Mil Catorce, solicitud de allanamiento a la vivienda de mi representado, por estimar subjetivamente que en la misma se guardaban medicamentos y otros insumos propiedad del IHSS, solicitud de allanamiento y registro conocida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, describiendo como fundamentos para la diligencia, poseer un informe elaborado que contenía tales afirmaciones, por lo que luego de una exposición confusa de hechos, sin argumentos probatorios proclives a develar la actividad antijurídica relacionada y sin presupuestos objetivos para la apreciación de verbo rector alguno del delito en estudio, se practicó la diligencia, limitándose el tribunal a transcribir literalmente la exposición fáctica externalizada por el ente acusador, sin que en su transliteración mediara algún razonamiento intelectivo tendiente a develar el control efectivo del sistema judicial; ello develando una estereotipada e inmutable postura de sumisión. Continuando con la descripción de los acontecimientos procesales, hemos de hacer referencia que el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional, procedió en contravención del ritual procedimental estatuido por la ley penal adjetiva a levantar las actas de juramentación del Juez Ejecutor, responsabilidad que excluyó y margino el Juez de Letras al delegar tan importante y trascendental diligencia a su secretaria adjunta, es así que fue juramentado e investido la señor José Francisco Godoy Rosales, para la realización del allanamiento de morada en el Inmueble de mi representado, adquiriendo tal documento la formalidad legal que legitimaba su contenido e inmutabilidad. Como consecuencia de ello, es evidente que la diligencia de allanamiento quedo acéfala por cuanto la única persona que tenía la facultad para investir al ejecutor se margino del contexto del proceso; no obstante es sorprendente e inconmensurable el yerro cometido tanto por el órgano acusador como por el órgano jurisdiccional, quienes en abierto desconocimiento de los límites de su autoridad, decidieron de forma unilateral ceder y arrogarse las facultades constitucionales y procesales de la Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional al ejecutar un allanamiento fuera del marco de la ley. Bajo esa misma apreciación Dogmática/Jurídica, la defensa técnica del Señor Mario Roberto Zelaya, pretende introducir en esta acción recursiva extraordinaria, un elemento tan contundente en la enervación de esta Sentencia Condenatoria como el ya relacionado con anterioridad, y es en torno a las pericias de las armas objeto de hallazgo a través de un ilegal Allanamiento en la casa de habitación del mismo, siendo precisamente que no obra en el cumulo de las diligencias de marras la mencionada Acta de Juramentación de la persona que efectuaría la diligencia (perito), hago alusión al contenido de los artículos 243 y 244 del Código Procesal Penal, el cual de forma taxativa devela el procedimiento imperativo y no potestativo o antojadizo para tal cometido, indefectiblemente por lógica común se deberá entender que previo a la realización de cualquier tipo de pericia, debe ser juramentado por el Órgano Jurisdiccional la persona que cuente con la experticia y conocimiento en la ciencia, arte o técnica sobre la cual ha de versar la diligencia, no obstante en el caso sub judice la exigida acta por nuestra parte, no Existe, lo cual produce como efecto jurídico su Desvalor Procesal, no obstante el Tribunal Sentenciador por mayoría de votos le concedió valor probatorio al Dictamen Pericial de Balística número 2014-0502-1477, excluyendo de forma incorrecta y arbitraria la legitimidad del mismo, al dejar de apreciar prolijamente el requisito Sine Quanom De La Juramentación, es inaudito que pueda concederse valor a un medio probatorio que nace de una arbitrariedad, que conculca derechos fundamentales por la forma de ser introducido al debate, no es posible legalmente transgredir los cánones en que se ha de valorar la probanza si su fuente de obtención es ilícita, irregular, contraria a derecho y descalifica per se los mecanismos procedimentales estatuidos.- Considera esta defensa que este aspecto no debería ser susceptible de una exposición tan exuberante, puesto que la ilegitimidad del medio probatorio es palpable, está consolidada a través del espurio mecanismo utilizado, siendo impertinente su presentación al juicio oral y aún más totalmente descalificado para su apreciación.- Los recursos procesales son estimados por Chiovenda como remedios indispensables para la corrección del encausamiento debido a la mala valoración que efectué el juzgador, y en esa apertura y condición que la defensa insta de la Sala Penal la valoración impoluta de estos señalamientos que no pueden pasar por desapercibidos en el proceso, menos aun cuando dieron sustento a un fallo condenatorio por mayoría. El Debido Proceso, impone de forma taxativa el respeto a todos los mecanismos que han de circunscribirse en el plexo procesal, siendo estimado con mucha rigurosidad la aportación probatoria, ya que no es posible ser permisible a la incorporación de medios de probanza que vengan plagados de contaminación,.- He ahí la definición doctrinal de la Prueba Ilícita, y hago alusión en este parágrafo a la exposición esgrimida por el Dr. Oliver Wendell Holmes, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos; considerado como uno de los más brillantes abogados de tal país, “El Estado bajo ningún esquema o paradigma puede ubicarse en el mismo lugar de los delincuentes, al pretender dar valor legal a pruebas introducidas al debate que provengan de una fuente ilícita, las mismas deben ser descalificadas absolutamente del contexto del proceso, pretenderlo así sería calificar al Estado bajo la misma condición del que transgredió la ley” Honorable Sala Penal, este es un aspecto elemental que plasmo de forma categórica en este libelo impugnativo, pretendiendo introducir en este motivo de casación de forma concreta la aberrante Violación al Debido Proceso, la sistemática y estereotipada predisposición de los juzgadores a juzgar no a un ser humano sino a juzgar anticipadamente en su culpabilidad a una persona que no es digna de que se respeten sus derechos y garantías. Considero bajo el marco del respeto que siempre he profesado a los titulares de los órganos jurisdiccionales, que se ha cometido un dantesco yerro que vulnera no solo los derechos de mi representado, sino también que desequilibra el ámbito regulador que el derecho como ciencia impregna en el adecentamiento de la democracia, la Justicia, es un valor en todo Estado de Derecho, el cual no se puede pretender excluir o renunciar de forma tan abierta; expongo esta terminología por cuanto al existir en nuestro derecho positivo marcos reguladores que develan la sinergia en la sagrada manera de impartir justicia que se comentan estos exabruptos, que generan en menoscabo de la seguridad jurídica a sus ciudadanos, ello por la simpleza en que argumenta el fallo condenatorio, sin ecuanimidad, sin ponderación, sin rigurosidad en el análisis intelectivo de la probanza, resultando no ser exhaustiva y congruente la sentencia; es en ese orden de ideas que la defensa refuta enérgicamente este desatino de la mayoría del tribunal, puesto que la vulneración de las normas del procedimiento tal como acontece en el caso de marras, devino en la ineludible obligación de apreciar estos fraccionamientos a la ley, plasmando como impronta indeleble su criterio legal apegado a la Constitución de la República, a las leyes y a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.- La exclusión del medio probatorio en cuestionamiento por nuestra parte, no obedece a de forma alguna al solo hecho de defender, sino al extremo de que poseemos las herramientas legales para esgrimir en nuestra oratoria La Razón y el Derecho con que la ley misma nos ampara. Estos nefastos yerros pueden ocasionar la firmeza de una sentencia que lesiona el espíritu de la ley, que deslegitima la evolución del derecho penal, que transgrede derechos de índole individual e igualmente derechos humanos, no compartiremos bajo ningún esquema las alteraciones a las definiciones semánticas que abriga el derecho positivo, desconocerlas al igual que lo hizo la mayoría del tribunal sentenciador sería hacerme tan responsable como el mismo del quebrantamiento de la ley. -Ruego a Vos honorable Sala Penal efectuar el control jurisdiccional que el Estado de Derecho impele a través de su constitución y de sus leyes. Lo que Debió Haber Acontecido. - Procedimiento Legal. Imposibilidad de Alegar Desconocimiento de la Ley. Es imposible que en el transcurso de catorce años de vigencia que tiene el Código Procesal Penal de la República de Honduras, tanto el Ministerio Público como el Tribunal de Sentencia desconozcan los procedimientos legales y los mecanismos límpidos que fortalecen la ejecución de las diligencias con la debida juridicidad; esta situación no la entendemos debido al alto profesionalismo de los Señores y Señoras Fiscales, la altísima formación académica/profesional y el adiestramiento prolijo en la ley; por ello concluimos que el mecanismo utilizado es ilegitimo; pues lo que debió hacerse resultaba congruente con la lógica común; y es simplemente que al acontecer el hecho de suplantarse la autoridad del Juez de Letras, lamentable de la lesión provocada en el proceso es obvia y tangible, ante ello el Juez de Letras no valoró los hechos ejerciendo el control debido de la jurisdicción para un acto tan importante, pues intrínsecamente conlleva la lesión a un derecho fundamental como lo es la inviolabilidad del domicilio. Ello implica la improvisación y el quebrantamiento de los procedimientos esbozados en la ley penal, cayendo con tal actuación en la ingobernabilidad que en efecto genera el abuso de actuaciones estatales lo cual enerva el verdadero paradigma de un Estado de Derecho, dejando desprovista a la ciudadanía del abrigo de la justicia, en tal sentido ello es un indicativo de la debilidad y fragilidad del sistema judicial hondureño, extremos que no pueden desconocerse pues los mismos se equiparan al sismógrafo que devela la realidad inobjetable del irrespeto a la Constitución de la República tal como asilo enunciara el jurista alemán Klaus Roxin. Postura Intelectiva de Defensa Técnica Constituida como Parte Opositora. - Exclusión del Valor del Allanamiento por ser Producto de una Diligencia Viciada. - Teoría del Fruto del Árbol Envenenado. - Prueba Ilícita. Fase Hermenéutica: Con total criterio, apegados a los postulados legales y dogmáticos, ciñéndonos a los institutos procesales que nacen de la Ruptura Epistemológica que da vida al Derecho Penal Moderno/Humanizado, expuesto en la Teoría del Garantismo Penal señalada por el jurista italiano Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, hemos de exponer con la suficiente altura profesional que lo acontecido en estas diligencias de índole penal, son el reflejo absoluto de la Involución, es imposible que en un Estado que afirma enarbolar el apego y el cumplimiento a principios rectores de la ley permita que sus autoridades cometan tan dantescos yerros los cuales conculcan Derechos Individuales, Derechos Humanos y segmenten la proyección de lo que en teoría enuncia un código tan garantista como lo es el de nuestro país, considerado como uno de los mejores de América Latina. Es un hecho tangible que en ningún Estado Democrático, en cualquier espacio geográfico del orbe, exista la posibilidad que un Allanamiento de Morada, lo cual genera un acto palpable de “intromisión a la intimidad y Violencia Estatal” (Término Semántico utilizado por Ferrajoli) tutelado por el órgano jurisdiccional puedan existir mutaciones tan perceptibles y graves en su esencia que debiliten la eficacia de la diligencia en sí misma, es decir resulta una utopía pretender creer que en este tiempo de avanzada evolución del derecho penal acontezca un hecho tan indignante como el que se enuncia, pero en efecto existe y fue en nuestro país; no es procedente bajo ningún argumento, bajo ningún epígrafe o bajo ningún alegato estimar la viabilidad que en una resolución judicial firme mediante la cual se inviste a la persona natural que ha de tener la responsabilidad de dirigir el allanamiento sea cambiada de forma tan abrupta, inverosímil y tosca por otra autoridad, ello equivale a la intromisión ilegítima en la distribución de funciones que cada cargo con que se faculta a cada operador de justicia, lo acontecido en este procedimiento es en efecto la clara muestra del quebrantamiento de la ley, del irrespeto a los apostolados esgrimidos en el derecho positivo vigente, es sabido que la única autoridad que tiene la legitimación para investir al ejecutor de una diligencia tan delicada y de tanta trascendencia es el Juez de Letras, ninguna otra persona u otra autoridad posee arrogada o franqueada tal potestad, en ningún parágrafo de la carta magna o de la ley adjetiva penal se expone la posibilidad remota de que exista esa intromisión, puesto que el Juez Penal es la persona natural que por disposición del tribunal supremo de justicia del país encarna el poder de la jurisdicción, solo el Juez Penal tiene la potestad de comprobar los elementos cualificaste de la idoneidad de esa persona e igualmente solo es el juzgador quien tiene la facultad de juramentar al nominado para luego investirle en su cargo, ello es abominable desde todo punto de vista jurídico, inaceptable desde toda estructura cognitiva en un operador de justicia, puesto que margina las enunciaciones constitucionales y procesales, descalificando la cualificación de Apotegmas con que fueron concebidas estas normas. No es legal la resolución de la Juez con Competencia Territorial Nacional en materia penal, lo exponemos con respeto pero igualmente de la forma más enérgica puesto que estas destructivas valoraciones son las que tiene sumido aún al pueblo hondureño en la incertidumbre de que no existe ley ni justicia, ¿cómo es posible que el juzgador se margine así mismo para no ejercer el control que deviene en su obligación como director del proceso?, ¿cómo es posible que limite sus facultades de contralor de los procedimientos y asienta pasivamente los vicios causados?, no es entendible desde ninguna perspectiva su postura pues su cargo es concebido tanto constitucional como procesalmente para ello: El Allanamiento es Ilícito por la razón legal descrita y enunciada, el mismo carece de toda eficacia probatoria, carece de toda legitimidad, devela intrínsecamente su condición espuria, devela la debilidad del sistema de justicia, marca como impronta los excesos y extralimitaciones de los funcionarios que participaron en su ejecución, conculca el Estado de Derecho, margina el Debido Proceso, anula los derechos humanos que habitan la vivienda, pisotea la concepción dogmática de la ley procesal y revela la supremacía total que tienen los criterios personalísimos de personas naturales ante el marco reglado de la ley. Este hecho se encuentra recogido en la Teoría del Fruto del Árbol Envenenado, la cual es imperativo que desglosemos de la manera más simplista posible para su comprensión a través de la Antonomasia; así la misma nos orienta a entender que sí las raíces y el tronco del árbol se encuentran envenenados necesariamente el fruto que produjo lo estará igualmente, entonces graficando cronológicamente el caso sub judice, si la juez ejecutora fue nombrada in situ por autoridad distinta a la judicial todas absolutamente todas las diligencias desarrolladas y sus hallazgos son ilícitos, esto es una realidad inobjetable que lo conoce o debería conocer tanto la Fiscal del Ministerio Público como la Señora Juez de Letras, en síntesis no existían presupuestos de Urgencia para que se cometieran tan inconmensurable yerro el cual no es susceptible de enmienda alguna, es un hecho consumado que devela e implica responsabilidad al tenor del artículo 321 de la Constitución de la República. Por todas estas razones solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que asuma su papel protagónico, que ejerza el control jurisdiccional y que haga cesar esta dantesca ilegalidad al Casar la Sentencia Condenatoria que hoy se impugna a través de este recurso extraordinario. Para finalizar he de indicar que ninguna autoridad esta sobre la ley, no ostente el cargo que ostente siempre estará bajo su imperio y autonomía, ¿pues de no ser así qué sentido tendría que existan estas regulaciones, mecanismos y procedimientos legales si nadie los va a cumplir?, es una interrogante efectuada para la reflexión de todos los operadores de justicia. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: i.- Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; ii.- Artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción: Violación al Estado Material de Inocencia; *Motivo: Existencia de disposiciones legales de exclusión de positividad de las normas penales que fundamentan el pronunciamiento condenatorio; *Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Para el recurrente se ha violentado el estado de inocencia del acusado al existir disposiciones legales que taxativamente esgrimen la exclusión de la positividad de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal 144-83; explica que al momento de que ocurrieron los hechos estaban en vigencia los Decretos 184-2013 y 064-14, que tenían como objeto permitir a todas las personas que tuvieran en su poder armas de fuego su permisibilidad en su registro ante la autoridad competente, lo que excluyo la positividad de las normas penales señaladas, por ello el hallazgo de la evidencia por parte de la autoridad no constituyó el descubrimiento de un acto ilegal. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe de estar presente en el proceso penal, sino que debe de respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado/a a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado/a. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado/a, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; Recuerde que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado/a a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá de examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a. Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b. Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c. Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 cpp); d. Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e. Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al tribunal de sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana critica; No puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. De las Armas de fuego La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la otrora vigente Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante: Ley de Armas), reconocía el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley era específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5. Documentos de identificación. El permiso era (y sigue siendo) intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que hiciese del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de la misma en igual término (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos los delitos relacionados con armas prohibidas (Art. 332-A) y de uso personal (Art. 332-B). Decretos Legislativos de gracia o de “veda” o “amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003.- Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigencia precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los Decretos Legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido y consolidado, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal: A) Sala de lo Constitucional: En sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los Exp 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B) Sala de lo Penal: La Sala de lo Penal, a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad pública sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico el Decreto Legislativo. 063-2014 060-2015 constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo 184- 2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de La Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 063-2014 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de armas de fuego, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese poseerlas poniendo en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de recibo. – El recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo fue planteado erróneamente. El recurrente acudió a esta vía impugnativa para reclamar una supuesta falta aplicación de normas que, según su criterio, tenían incidencia en la positividad de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal 144-83, que sirvieron de base para la emisión del pronunciamiento condenatorio de parte de la mayoría del tribunal de sentencia, resultando ello improcedente debido a que: i.- Los vicios denunciables cuando se alega como motivo la violación al estado material de inocencia, deben de estar relacionados con el debido derecho probatorio, como se ha explicado ut supra; y ii.- Toda denuncia de aplicación indebida o falta de aplicación de una norma penal sustantiva o norma que afecte la aplicación del derecho sustantivo, debe de hacerse por la vía del recurso de casación por infracción de ley. En todo caso, lo alegado por el recurrente es improcedente, pues el Principio de Legalidad no ha resultado afectado por la decisión de la mayoría del tribunal de sentencia, ello porque los Decreto de “Veda” concedían una amnistía administrativa, solo aplicable en ese ámbito y sin que afectase de manera la eficacia de los tipos penales contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, como también se ha explicado ut supra. Por lo señalado debe de declararse sin lugar el único motivo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia, hecha por algunas de las partes, de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Motivo planteado: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica; Concepto de la Infracción: Se le atribuyo valor legal a pruebas que eran ilícitas; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículos 138 y 200 Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; y Pretensión: Hacer cesar la ilegalidad al casar la sentencia condenatoria. El recurrente discute que el allanamiento practicado a la casa de habitación del acusado Mario Roberto Zelaya, fue ilegal debido a que el juez ejecutor que realizo el mismo fue juramentado, no por el juez de letras, sino por la señora secretaria del despacho. Explica que fue a través de las inspecciones judiciales practicadas a los expedientes 08-14 y 09-14, se logro comprobar que el Señor Juez Ejecutar José Francisco Godoy Rosales, fue juramentado por la Secretaria Adjunta Verenice Vallejo Sánchez, adscrita al juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia penal, ello en infracción a lo que manda el artículo 138 del Código Procesal Penal. Adiciona el recurrente que las armas encontradas en el allanamiento fueron objeto de pericia, pero que no obra en la foliada judicial acta de juramentación de la persona que fue el perito en dichos estudios, lo que a su criterio produce un desvalor procesal, pero aun con ello la mayoría del tribunal concedió valor probatorio al dictamen pericial de balística número 2014-0502-1477.
Concluye el recurrente que el allanamiento es ilícito, así como todas las diligencias desarrolladas y sus hallazgos tienen el mismo carácter. De la procedencia del Recurso. - El Recurso no es de Recibo.- De nueva cuenta el recurrente plantea un defectuoso recurso que no permite a esta Sala de lo Penal hacer un pronunciamiento de fondo. El recurrente hace la presentación de un recurso de casación por quebrantamiento de forma, oponiendo como motivo la violación de las reglas de la sana critica en la valoración intelectiva de los medios de prueba; motivo que tiene por objeto reflexiones valorativas de los juzgadores que se consideran vicios por no satisfacer las exigencias de razonalidad y logicidad que imponen las normas del recto entendimiento humano que componen las reglas de la sana critica; el recurrente entonces , ante tal denuncia, tiene la obligación de señalar los razonamientos judiciales, señalar la regla de la sana critica transgredida y demostrar la falta de identidad de los primeras con las segundas; el recurrente debe de ser estrictamente especifico al señalar cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y cuál es la regla de la sana critica que considera violentada.- Contrario a lo anterior, el recurrente acude a la vía impugnativa reclamando que el tribunal de sentencia valoró prueba de carácter ilícita, lo que es un defecto ajeno a aquel que el propio recurrente plantea en la apertura, pues no se relaciona con la razonalidad o logicidad de la motivación intelectiva, sino sobre la legalidad de determinados actos de investigación; es improcedente constatar la propiedad del razonamiento judicial, cuando se denuncia al mismo tiempo que dicho razonamiento deriva de un medio de prueba de carácter ilícito; es este conglobado colisionante el que plantea el recurrente. La denuncia sobre la legalidad de actuaciones de investigación debió ser discutida en el marco del recurso de casación por infracción del precepto constitucional a un debido proceso probatorio (Art. 90 de la Constitución, en relación con el art. 361 cpp). De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena.- Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017.- Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, se deberá primero hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas en concurso ideal la observancia de los limites objetivos de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Mario Roberto Zelaya Rojas, por ser responsable de los delitos de almacenamiento de armas de uso prohibido y almacenamiento de arma de uso personal, en concurso ideal, la pena de reclusión por diez años y multa por cinco mil lempiras, más las penas accesorias, conforme los artículos 332-A y 332-B del CN 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: *Por el delito de tenencia de armas de fuego permitida (Art. 580.1): i.- 1 a 4 años de prisión; ii.- Hasta 02 años de localización permanente; e iii.- inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta (Art. 586).- Penas que deben de agravarse en 1/3 cuando el sujeto activo sea funcionario público, quedando la nuevas penas en (Art. 584): i.- 4 a 5 años con 04 meses de prisión; ii.- Hasta 02 años con 08 meses de localización permanente; e iii.- inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta; * Por el delito de tenencia de armas de fuego prohibidas (Art. 580.2): i.- 4 a 6 años de prisión; ii.- Hasta 3 años de localización permanente; e iii.- inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta (Art. 586).- Penas que deben de agravarse en 1/3 cuando el sujeto activo sea funcionario público, quedando la nuevas penas en (Art. 584): i.- 6 a 8 años de prisión; ii.- Hasta 04 años de localización permanente; e iii.- inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta. El concurso ideal de delitos obliga a la imposición de la pena correspondiente al delito que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3); en el presente caso es la que corresponde al delito de tenencia de armas prohibidas, fijándose así el marco abstracto en: i.- 8 a 10 años con 8 meses de prisión; ii.- Hasta 05 años con 04 meses de localización permanente, de los cuales solo cumpliría 05 años conforme el límite absoluto marcado por el artículo 36 NCP; e iii.- inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta, siendo estas las penas que correspondería imponer al acusado de aplicarse la nueva normativa penal. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, ello porque si bien la pena concreta de reclusión se encuentra dentro del marco abstracto de la pena de prisión, y además en la nueva legislación no se prevé como pena principal la multa (L. 5,000.00), si prevé dos penas principales más: la de localización permanente y la de inhabilitación especial, la primera considerada pena menos grave y la segunda como pena grave según el artículo 36 NCP, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el único motivo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y el único motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, ambos interpuestos por el abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenado Mario Roberto Zelaya Rojas; como consecuencia los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete (f. 269), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiún de octubre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-303-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.