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Sentencia CP-301-17 — Registro 17605

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia de primer instancia que absuelve al menor infractor por el delito de Portación Ilegal de Armas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal. En ese sentido no debe olvidarse que el control de racionalidad de la valoración probatoria realizada por la instancia, no solo entraña hacerlo, desde la solidez o cohesión lógica entre el hecho base y el acontecimiento deducido, sino desde su calidad concluyente, no siendo razonable la inferencia, cuando sea excesivamente débil e imprecisa como ocurre en el caso bajo estudio, pues el juzgador, arguye en su sentencia,  específicamente en el apartado de la valoración de la prueba, que no le puede dar validez a la declaración testifical del Policía, Oscar Iván Pineda Palma, rendida en audiencia de vinculación al proceso y que fue incorporada al juicio mediante lectura autorizada, por estimar que quebranta los principios de inmediación y contradicción, ya que el juez de juicio no tuvo la oportunidad de valorar dicho testimonio y al no deponerse en juicio tal declaración, no estuvo sujeta a refutación ni interrogatorio. De igual manera dicho argumento se extiende en relación al medio de prueba documental, consistente en el acta de decomiso realizado al imputado, por considerar que no fue ratificada en juicio por las personas que realizaron tales diligencias y la evidencia física allegada al proceso, pues en este último caso, considera que no se acreditó su procedencia, si esta debidamente explicado que nuestro Código Procesal Penal, permite incorporar por lectura elementos de prueba o datos objetivos que se ajusten a lo descrito en el artículo 311 antes analizado, siendo en esos casos excepcionalmente aceptados que prueba no controvertida en juicio de conformidad a los principio de inmediación y oralidad pueda ser admitida y valorada armónicamente con el elenco probatorio producido directamente en juicio. Es así que en el caso bajo examen está debidamente acreditado que dichos elementos probatorios están debidamente incorporados al juicio, pues corre agregado a folio 51 de la pieza del juzgado de instancia, que se admitió, la publicación de edictos, por medio del cual se citó al testigo antes referido para que compareciera a la audiencia de juicio a declarar, siendo imposible su localización, dando así cumplimiento al precepto legal supra citado, asimismo corre agregado a folio 22, vuelto de la pieza de autos, que el testigo Oscar Iván Pineda Palma, rindió su declaración ante juez competente, donde las partes involucradas, es decir tanto el fiscal como el apoderado defensor del menor infractor tuvieron la oportunidad de interrogarlo, y someter dicho medio de prueba, a los principios de inmediación y contradicción, razones por las cuales este Supremo Tribunal, estima que el razonamiento emitido por el juzgador a todas luces quebranta el principio de derivación en su apartado de razón suficiente, debiéndose por ende declarar ha lugar el motivo de casación invocado.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García, y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-301-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete; dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual: Primero: Absolvió: al menor L. S. O. A., también conocido como C. N. F. C., del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Se ordenó devolución de las evidencias al Ministerio Público para que sean almacenadas en el depósito de evidencias.- SON PARTES: La Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Mario Reniery Amador Espinal y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del menor L. S. O. A., también conocido como C. N.F. C.. II. HECHOS PROBADOS “UNICO: El día dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, como a eso de las tres de la tarde, el niño L. S. O. A., también conocido como C. N. F. C. fue detenido por policías preventivos, que realizaban patrullaje de rutina en la colonia Melgar 1, de esta ciudad de La Ceiba, Atlántida.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Olga Keydi Jiménez Marroquín, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: Haber dictado el Juzgado un fallo absolutorio, en inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica en la valoración de la Prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La conclusión a la cual arribó el A Quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Juzgado de Letras en materia de Niñez al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Juzgado, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; efectuaremos un análisis de los medios de prueba de cargo allegados legalmente al juicio, mismos que estuvieron integrados por prueba testifical documental y pericial, que se detalla a continuación: TESTIFICAL a) Declaración del agente de policía OSCAR IVAN PINEDA PALMA, incorporada por lectura quien manifiesta “Que realizaban un patrullaje de rutina en la colonia Melgar número Uno, en la calle principal el individuo este cuando miró la presencia policial se dio a la fuga, le dimos persecución como unos 150 metros aproximadamente, lo logramos alcanzar y al registrarlo en una mochila color negra se le encontraron dos armas de fuego”. A las Preguntas de las partes responde: “andábamos cinco cobras, la persona a quien detuvieron se refiere al muchacho( el menor infractor), el Ministerio Público solicita poner a la vista del testigo las evidencias decomisadas consistentes: en dos armas de fuego decomisadas al menor y una mochila en la cual las portaba, el testigo responde: su las reconozco y son las evidencias que decomiso y la mochila negra la andaba guindada en la espalda” .DOCUMENTAL a) Certificación de Nacimiento a nombre de C. N. F. C.. b) Certificación de Nacimiento a nombre de L. S. O. A.. c) Acta de Registro Personal realizado al menor infractor C. N. F. en la cual se detalla lo encontrado consistente en una mochila color negra en la parte frontal tiene un dibujo de Batman al interior de esta se encuentran dos armas de fuego tipo pistola con sus cargadores, elaborada por el policía OSCAR IVAN PINEDA PALMA. d)Acta de Decomiso elaborada por el policía OSCAR IVAN PINEDA PALMA, practicada al menor infractor C. N. F., detallando el decomiso de un arma de fuego tipo pistola, marca Smith&Wesson serie A443724, color plateada con su respectivo cargador, y un arma de fuego tipo pistola marca Smith&Wesson, modelo SW40C con serie PAM3327, color negro, con su cargador y una mochila color negro en la parte frontal tiene un dibujo de Batman. PERICIAL a) Dictamen de Balística forense ratificado en juicio por el perito Jonny Alexander Flores, quien manifestó: “Que realizó pericia a dos armas de fuego la primera un arma de fuego calibre 9mm, marca Smith&Wesson, con serie A443724 y un arma de fuego tipo pistola calibre 4Omm, marca Smith&Wesson modelo SW40C, serie PAM3327, al momento del análisis se determinó que eran dos armas de fuego que presentaban un buen estado de funcionamiento mecánico y operativo que correspondía al calibre 9mm, y 4Omm, y que estaban en buen estado de funcionamiento”. El juzgador refiere en el numeral tercero, párrafo tercero del apartado de valoración probatoria lo siguiente: “se evacuó por medio de lectura autorizada la declaración testifical del policía OSCAR IVAN PINEDA PALMA, rendida en audiencia de vinculación al proceso, la cual si bien es cierto manifestó en aquella ocasión reconocer al niño y vincularlo con lo decomisado, dicha audiencia era para dictar un sobreseimiento o en su defecto vinculación al proceso y la imposición de las medidas cautelares, en ningún caso para emitir sentencia, ya que de acuerdo al artículo 336 del código Procesal Penal, para dictar sentencia solo se tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas durante el debate, y mediante la lectura autorizada se violenta el principio de inmediación y concentración, ya que el juez de juicio no tuvo la oportunidad de valorar dicho testimonio y además al no deponerse en juicio está declaración no estuvo sujeta a refutación ni interrogatorio”. Esta representante de la sociedad no comparte la conclusión a la que ha arribado el juzgador, pues está faltando a la regla de la lógica en su postulado de derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, en virtud que los testimonios que ingresan al debate por lectura autorizada, para ser admitidos válidamente al debate han recorrió todo el camino establecido en la norma procesal para ser admitido como tal, precisamente sobre este aspecto el ente acusador acreditó en la etapa de incidentes la imposibilidad de comparecencia de los dos testigos de cargo refiriéndose a los policías Nahún González Rodríguez y Oscar Iván Pineda, a través de los respectivos edictos los que fueron presentados en original y copias, en los cuales se establece sin lugar a dudas la diligencia del ente acusador para que los testigos estuvieren presentes el día del juicio oral, y ante la incomparecencia solicitó incorporar mediante lectura autorizada la declaración el policía Oscar Pineda Palma, testimonio que se incorporó en base a lo establecido al artículo 311 numeral 2), el que reza: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral, dificultad que fue probada por el ente acusador en la etapa de incidentes al indicar que los policías ya no se encontraban laborando para la Policía Nacional, siendo evidente la falta de interés de estas personas para comparecer al llamado jurisdiccional y testificar. En ese mismo orden de ideas el juzgador al admitir y evacuar el testimonio del policía Oscar Iván Pineda Palma, arriba a la conclusión que la misma no es válida para ser valorada en el presente juicio y que conlleve con este testimonio a emitir una sentencia, puesto que la declaración rendida en la audiencia de vinculación al proceso solamente era para un fin, dictar un sobreseimiento o vincularlo al proceso, además de las medidas cautelares a imponer, este ejercicio intelectivo del juzgador violenta el principio de la derivación, ya que finalidad de recibir el testimonio de una persona ante el órgano jurisdiccional, es para descubrir la verdad de los hechos independiente de la forma de como llegue al juzgador( presencial, prueba anticipada, asistencia judicial, etc), más aún si la misma declaración fue evacuada en presencia de las partes procesales, ante un juez de garantías y bajo los principios de concentración, igualdad de armas, derecho de Defensa y Debido Proceso, en el caso in examine el testigo Oscar Ivan Pineda Palma declaró bajo estos parámetros legales, por lo que el juzgador debió valorar su testimonio, aún y cuando no fue él quien estuvo presente en aquel momento que el testigo rindió el testimonio, argumenta el juzgador la violación al principio de inmediación y contradicción, como lo hechos indicado oportunamente la ley procesal permite la figura de la lectura autorizada, partiendo que el ente acusador haya realizado todas las diligencias pertinentes conforme la misma norma procesal, para la incorporación de actos previos al debate, cuando ha sido imposible o extraordinariamente difícil tenerlos presente en el juicio, al respecto la Sala Penal sobre este punto a acotado lo siguiente: “El Art. 311 numeral 2), del Código procesal penal dice que: “Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura que hará el secretario: 1…; 2... Los testimonios o pericias practicados durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil, su reproducción en el acto del juicio oral”. La regla general, es que la prueba sea reproducida en el debate, y la excepción su incorporación por lectura, en los casos y circunstancias señalados en la ley. En el presente caso, el fiscal fundamenta la medida, en la imposibilidad de localizar a los testigos protegidos para hacerlos comparecer a la audiencia de juicio, misma que no fue oportunamente objetada por la defensa. Obviamente, al incorporar por lectura las declaraciones rendidas en audiencias previas, se reduce la posibilidad de las partes a formular preguntas y escuchar sus respuestas, sin embargo, se debe de entender asimismo, que en la audiencia previa, las partes y el juez, han estado presentes y han tenido el momento y oportunidad procesal de someter a los testigos al contradictorio, en condiciones de igualdad”[1] Ahora bien el juzgador bajo los mismos parámetros supra indicados no valora el acta de registro y decomiso practicado al menor infractor C. N. F. porque “los documentos no fueron ratificados en juicio por las personas que realizaron las diligencias, no se puede determinar si se cumplió con las exigencias del Código Procesal Penal en el artículo 206……… que exige, dentro de ser posible, el acta sea firmada por testigos particulares que den veracidad al acto…… por lo antes expuesto no se le puede dar valor a los medios de prueba documentales supra mencionados ya que no existe certeza de cómo y quién practicó estas diligencias, ni de lo que sucedió el día de los hechos”, conclusión que de igual forma no compartimos con el juzgador por cuanto que, al haberse probado la imposibilidad de comparecer del testigo Oscar Iván Pineda Palma, y haberse admitido la lectura autorizada de dicho testigo, el juez en la valoración intelectiva de la prueba hubiese arribado a la conclusión que efectivamente el policía Pineda, fue uno de los cinco policías que capturó al menor infractor C. N. F. C., agente del orden que describió e identificó la evidencia que le decomisaron consistente en las dos arma de fuego tipo pistola, por lo que hubiese derivado que las firmas que calzan en el acta de registro y decomiso fueron colocadas ciertamente por el policía Pineda, además el testimonio del testigo en su esencia no es contradictorio, no generó duda es cuando el Ministerio Público solicitó poner a la vista del testigo las evidencias decomisadas consistentes: en dos armas de fuego decomisadas al menor y una mochila en la cual las portaba, y el policía Pineda respondió: si las reconozco y son las evidencias que decomiso y recuerda que la mochila negra la andaba guindada en la espalda, testimonio que esta concatenado con el resto de la prueba documental, pericial y evidencial, por lo que si el juzgador hubiese realizado una valoración armónica de toda la prueba hubiese arribado a un fallo condenatorio contra el menor infractor L. S. O. A., conocido también como C. N. F. C., por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE COMERCIAL. Es reiterativo el criterio de la Sala de lo Penal respecto que el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo; dentro de las reglas de la lógica se encuentra el principio de derivación, que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se violenta la regla de la sana crítica (lógica), como ha sucedido en el caso subjudice. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Motivo Único *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículos 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: No haber observado el Tribunal de Sentencia las reglas de la sana critica. *Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. *Pretensión: No determinado por la recurrente. Explicó el censor que, el juzgador, quebrantó la regla de la lógica en su postulado de la derivación, integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, al considerar que no le puede dar valor probatorio a la declaración testifical del Policía, Oscar Iván Pineda Palma, rendida en audiencia de vinculación al proceso, y que fue incorporada al juicio mediante lectura autorizada, por estimar que quebranta los principios de inmediación y contradicción, ya que el juez de juicio no tuvo la oportunidad de valorar dicho testimonio y al no deponerse en juicio tal declaración, no estuvo sujeta a refutación ni interrogatorio. De igual manera dicho argumento se extiende en relación al medio de prueba documental, consistente en el acta de decomiso realizado al imputado, por considerar que no fue ratificada en juicio por las personas que realizaron tales diligencias y la evidencia física allegada al proceso, no se acreditó su procedencia. De las Reglas de la Sana Crítica. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. En ese sentido la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva, aquí el juzgador debe valorar la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, tal como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. de las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; b) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; c) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera.[2] d) Ley de Razón Suficiente: Esta ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. De la ley de razón suficiente, se desprende uno de los principios básicos de las reglas de la sana crítica, como es el principio de la derivación, el cual exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que con base en ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella.[3] de la Audiencia de Vinculación al Proceso en Materia de Niñez Infractora conforme al artículo 227 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el proceso para la Niñez Infractora de Ley, estará compuesto por tres fases, las cuales son: La Preparatoria, Intermedia y la de Juicio. Dentro de la fase preparatoria, encontramos la audiencia de vinculación al proceso, la cual conforme al artículo 230 del Código antes citado, se realizará con la presencia del niño, su defensor, el fiscal y el acusador privado. En dicha audiencia el Ministerio Público, deberá acreditar, mínimamente, la existencia del hecho delictivo y de la probable participación de el niño en éste. De igual manera el apoderado defensor del menor, podrá aportar todos los elementos de convicción que estime pertinente, y en caso de no tenerlos podrá inclusive pedir la suspensión de dicha audiencia por un plazo de hasta 72 horas, antes de que se resuelva su situación jurídica o se pronuncie el juez sobre la medida cautelar. Una vez finalizada la intervención de las partes y con base en los elementos de prueba desarrollados, de inmediato el Juez resolverá, dictando: a) Sobreseimiento provisional; b) Sobreseimiento definitivo; c) Con lugar la vinculación al Proceso; o, d) La imposición o no de las Medidas Cautelares procedentes. De la Incorporación de Elementos probatorios Mediante lectura Autorizada El propósito del artículo 311 del Código Procesal Penal, es garantizar que la decisión del Tribunal se adopte en base a la prueba practicada en juicio, determinando que todo acto de investigación que se pretenda utilizar como prueba deberá producirse en juicio siempre que sea posible, caso contrario dichos elementos no podrán tenerse en cuenta para conformar la convicción del juzgador, sólo permitiéndose incorporar material de la etapa preparatoria como medios de prueba en los casos de excepción previstos en dicho artículo. La posibilidad excepcional regulada en la normativa procesal surge como una consecuencia del principio fundamental de la búsqueda de la verdad real o histórica que domina el proceso penal, que permite a los Tribunales la posibilidad de incorporar por lectura elementos de prueba o datos objetivos que se ajusten a lo descrito en el artículo 311 antes citado, siendo en esos casos excepcionalmente aceptado que prueba no controvertida en juicio de conformidad a los principio de inmediación y oralidad pueda ser admitida y valorada armónicamente con el elenco probatorio producido directamente en juicio oral y público. Precisamente, el instrumento idóneo para la búsqueda de la verdad es la prueba, que debe concebirse como una actividad que involucra a todos los sujetos procesales en lo referente a su producción y recepción. De ahí que el vicio de actividad procesal (error in procedendo) estará radicado si se introducen por lectura pruebas no comprendidas en los supuestos previstos con suma claridad en el artículo 311 antes citado, pues estas son las únicas posibilidades autorizadas por el Código Procesal Penal, no permitiéndose ningún otro elemento de prueba para su incorporación por lectura. Partiendo de los supuestos previstos en el artículo 311 en mención, es importante señalar que para que tenga lugar la prueba anticipada se requiere: a. La concurrencia de peligro de pérdida o de inutilización de cualquier medio de prueba b. Existencia de peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil la práctica de la prueba en el acto del debate, c. Existencia de riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito; de que, por ausencia o por cualquier otra causa, sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del juicio; o corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos y d. Se trate de la declaración de personas en estado de vulnerabilidad en el proceso penal. (Ver artículo 277 del mismo Código Procesal Penal); el otro supuesto comprende las declaraciones recibidas en audiencia inicial y que sea imposible o extraordinariamente difícil reproducir en debate. En todo caso, son componentes comunes de todos los supuestos la intervención del órgano jurisdiccional, ordenando la diligencia a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes y la intervención de un defensor.[4] De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de “libre convicción o sana crítica racional”, este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal. En ese sentido no debe olvidarse que el control de racionalidad de la valoración probatoria realizada por la instancia, no solo entraña hacerlo, desde la solidez o cohesión lógica entre el hecho base y el acontecimiento deducido, sino desde su calidad concluyente, no siendo razonable la inferencia, cuando sea excesivamente débil e imprecisa como ocurre en el caso bajo estudio, pues el juzgador, arguye en su sentencia, específicamente en el apartado de la valoración de la prueba, que no le puede dar validez a la declaración testifical del Policía, Oscar Iván Pineda Palma, rendida en audiencia de vinculación al proceso y que fue incorporada al juicio mediante lectura autorizada, por estimar que quebranta los principios de inmediación y contradicción, ya que el juez de juicio no tuvo la oportunidad de valorar dicho testimonio y al no deponerse en juicio tal declaración, no estuvo sujeta a refutación ni interrogatorio. De igual manera dicho argumento se extiende en relación al medio de prueba documental, consistente en el acta de decomiso realizado al imputado, por considerar que no fue ratificada en juicio por las personas que realizaron tales diligencias y la evidencia física allegada al proceso, pues en este último caso, considera que no se acreditó su procedencia, si esta debidamente explicado que nuestro Código Procesal Penal, permite incorporar por lectura elementos de prueba o datos objetivos que se ajusten a lo descrito en el artículo 311 antes analizado, siendo en esos casos excepcionalmente aceptados que prueba no controvertida en juicio de conformidad a los principio de inmediación y oralidad pueda ser admitida y valorada armónicamente con el elenco probatorio producido directamente en juicio. Es así que en el caso bajo examen está debidamente acreditado que dichos elementos probatorios están debidamente incorporados al juicio, pues corre agregado a folio 51 de la pieza del juzgado de instancia, que se admitió, la publicación de edictos, por medio del cual se citó al testigo antes referido para que compareciera a la audiencia de juicio a declarar, siendo imposible su localización, dando así cumplimiento al precepto legal supra citado, asimismo corre agregado a folio 22, vuelto de la pieza de autos, que el testigo Oscar Iván Pineda Palma, rindió su declaración ante juez competente, donde las partes involucradas, es decir tanto el fiscal como el apoderado defensor del menor infractor tuvieron la oportunidad de interrogarlo, y someter dicho medio de prueba, a los principios de inmediación y contradicción, razones por las cuales este Supremo Tribunal, estima que el razonamiento emitido por el juzgador a todas luces quebranta el principio de derivación en su apartado de razón suficiente, debiéndose por ende declarar ha lugar el motivo de casación invocado. V. DECISIÓN. Se declara ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 y 363 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por la Abogada Olga Keydi Jiménez Marroquín, en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, por medio de la cual absolvió de responsabilidad penal al menor L. S. O. A., también conocido como C. N. F. C., como autor material de la comisión del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la menor la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Casa la sentencia. Tercero: Declara la nulidad del juicio y de la sentencia de fecha veintisiete de febrero del dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Juez distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-301-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Fallo SP 21-2009 y fallo SP29-2010

[2] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 189-2010 de fecha 19 de septiembre del 2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

[3] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 16-2009 de fecha 22 de marzo del 2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

[4] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 182-2009 de fecha 24 de agosto del 2010, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.