Sentencia CP-300-17 — Registro 11719
Resumen
En primera instancia se absuelve a los menores infractores por la infraciión penal de extorsión, se declaar sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Püblico
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación, una vez revisados los hechos que el Juzgado de Letras de la Niñez de la Sección Judicial de La Ceiba, estimó como probados, no encuentra que los menores infractores, J. A. L. y S. S. M. R., hayan realizado alguna conducta que se subsuma en lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, pues del cuadro factico, no se establece de manera contundente que los menores antes mencionados hayan actuado como los sujetos activos, que obligaron a la víctima a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con vicio en su consentimiento, pues en el hecho primero únicamente se narra, que el día domingo cuatro de septiembre del año dos mil dieciséis, alrededor de las ocho de la mañana, el testigo protegido fue objeto de extorsión, a inmediaciones de la terminal de buses San José de la ciudad de La Ceiba, ya que unos jóvenes le dijeron que pertenecían a la mara MS 13, y que tenía que pagarles el impuesto de guerra, otorgándole una hora para entregarles tres mil quinientos lempiras, pero no se establece quienes realizaron tal conducta, y si bien en el hecho segundo, del mismo cuadro factico el juzgador establece, que el mismo día la victima alrededor de las nueve cuarenta minutos de la mañana, llegó hasta donde estaban los dos muchachos que le habían exigido el pago del impuesto de guerra y que de forma inmediata les entregó el dinero, hecho que fue observado por los Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, procediendo a requerir a “dos”, identificándolos y encontrándole al niño J, en su bolsa trasera de su pantalón la cantidad de tres mil quinientos lempiras y un teléfono celular, de igual manera a la joven se le encontró un teléfono celular, este Supremo Tribunal, estima como ya se dijo anteriormente que no se puede determinar que los menores infractores realizaron alguna acción que pueda subsumirse en el tipo penal bajo estudio, pues la redacción de los hechos probados no es clara ni determinante, en establecer quienes fueron los sujetos activos que realizaron la conducta de obligar al sujeto pasivo a hacer una cosa, ya que solo mencionan al niño J,, sin identificarlo plenamente y en relación a la menor S,S, M, R,, esta no es mencionada de manera alguna en el supra mencionado relato de hechos probados, pues si bien se relata que a al niño J. se le encontraron tres mil quinientos lempiras, no se determina que los haya obtenido como objeto de la actividad delictiva de extorsión. Esta Sala de lo Penal, asimismo estima oportuno recordar que en la determinación de los hechos probados no se pueden utilizar conceptos de carácter jurídico, como lo hace el juzgador en el numeral primero de los hechos declarados como probados, al establecer que el testigo fue objeto del delito de extorsión, pues tal extremo puede predeterminar el fallo que haya de dictarse. Es por todas las razones antes expuesta que este Tribunal de casación estima oportuno desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García, y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-300-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete; dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez de la Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual: Primero: Absolvió: a los niños J. A. L. D. y S. S. M. R., del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido AB00104-2016. Segundo: Revocó: la medida de detención cautelar impuesta a los niños J. A. L. D.y S. S. M. R., en la audiencia de vinculación al proceso contentiva en el artículo 192 del Código de la Niñez y la Adolescencia. SON PARTES: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos de los niños J. A. L. D. y S. S. M. R., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: De los hechos acontecidos el día domingo cuatro de septiembre del año dos mil dieciséis alrededor de las ocho de la mañana se desprende que el testigo protegido fue objeto del delito de extorsión, ya que como lo manifiesta transitaba por las inmediaciones de la terminal de buses San José de esta ciudad, cuando una joven le hizo parada y al momento en que la víctima se detuvo la muchacha le hizo señas a otro joven del sexo masculino abordando el vehículo tipo taxi de la victima ambos menores, una vez dentro le dijeron que eran de la mara MS 13 y que tenía que pagarles el impuesto de guerra y que le daban una hora para que reuniera tres mil quinientos lempiras dándole instrucciones de donde lo estarían esperando y amenazándole que no diera aviso a la policía o lo pagaría caro sin embargo a pesar de las amenazas recibidas el testigo protegido decidió dar aviso a la Fuerza nacional Antiextorsión de lo que estaba sucediendo SEGUNDO: es así que alrededor de las 9:40 de la mañana del mismo día el testigo protegido lleva nuevamente en su taxi a la terminal de buses San José y se dirigió hasta donde estaban los dos muchachos que le habían exigido el pago de impuesto de guerra de forma inmediata el joven del sexo masculino se le acerco y le pregunto si ya tenia el dinero de la renta entregándole el testigo protegido dicho dinero, sin embargo agentes de la fuerza nacional antiextorsión se encontraban en vigilancia a efecto de verificar la denuncia y observaron el momento en que la víctima hace entrega del dinero por lo que procedieron a requerir a dos identificándolos y encontrándoles al niño J. en la bolsa trasera de su pantalón la cantidad de 3500.00 lempiras y un teléfono celular de igual forma a la joven se le encontró un teléfono celular se les dio detención y fueron puestos a la orden de autoridad competente.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Olga Jiménez, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente:“EXPOSICIÓN DEL MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO: “Falta de Aplicación del artículo 222, numeral 1 del Código Penal” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo... “[1]En la interposición de esta clase de recursos, establece la Honorable Sala de lo Penal, lo siguiente: Esta Sala de lo Penal, reitera que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia, a diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, y que corresponde a la Sala actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. En este sentido el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma”. Previo a proceder a la exposición de las argumentaciones que servirán de sustento al presente motivo, se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: PRIMERO: De los hechos acontecidos el día domingo cuatro de septiembre del año dos mil dieciséis alrededor de las ocho de la mañana se desprende que el Testigo Protegido fue objeto del delito de Extorsión, ya que como lo manifiesta transitaba por las inmediaciones de la terminal de buses de San José de esta ciudad, cuando una joven le hizo la parada y al momento en que la víctima se detuvo la muchacha le hizo señas a otro muchacho del sexo masculino abordando el vehículo tipo taxi de la víctima ambos menores, una vez dentro le dijeron que eran de la mara MS 13 y que tenía que pagarles el impuesto de guerra y que le daban una hora para que reuniera tres mil quinientos lempiras, dándole instrucciones de donde lo estarían esperando y amenazándole que no diera aviso a la policía o lo pagaría caro sin embargo a pesar de las amenazas recibidas el testigo protegido decidió dar aviso a la Fuerza Nacional Antiextorsión de lo que estaba sucediendo. SEGUNDO: Es así que alrededor de las 09:40 de la mañana del mismo día el Testigo Protegido, lleva nuevamente en su taxi a la terminal de buses San José y se dirigió hasta donde estaban los dos muchachos que le habían exigido el pago de impuesto de guerra de forma inmediata el joven de sexo masculino se le acercó y le preguntó si ya tenía el dinero de la renta entregándole el testigo protegido dicho dinero, sin embargo agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión se encontraban en vigilancia a efecto de verificar la denuncia y observaron el momento en que la víctima hace entrega del dinero por lo que procedieron a requerir a dos identificándolos y encontrándoles al niño J. en la bolsa trasera de su pantalón la cantidad de 3500.00 lempiras y un teléfono celular de igual forma a la joven se le encontró un teléfono celular se les dio detención y fueron puestos a la orden de autoridad competente. El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: Artículo 222: “Comete el delito de extorsión quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes y otros servicios obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar hacer alguna cosa; 2)...;3) ...” El tipo penal descrito, requiere para su estructuración que el sujeto activo intimide al sujeto pasivo con el objetivo de obtener un provecho económico para sí o para cualquier organización delictiva, lo que implica que hay menoscabo en el patrimonio de la víctima como consecuencia de la violencia ejercida sobre ésta, tal como ocurrió en el presente caso, donde el Testigo Protegido AB00104-2016 fue compelido a entregar la cantidad de Tres Mil Quinientos Lempiras, como consecuencia de las amenazas que recibiera de los menores Infractores, advirtiéndoles que no diera aviso a la Policía o lo pagaría caro. De ahí que la acción descrita en el fáctum, evidencia la violación del precepto legal que se invoca como infringido, al haberse omitido por parte del Juez su aplicación para condenar a los menores infractores; El Juez desconoce lo relatado por el mismo en los hechos probados, donde afirma que el Testigo Protegido entregó la cantidad de tres mil quinientos lempiras como producto de la intimidación y amenazas de que fue objeto, siendo observado este acto por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que se encontraban en vigilancia a efecto de verificar la denuncia y observaron el momento en que la víctima hace entrega del dinero y proceden a requerir a dos identificándolos y encontrándole al niño J. en la bolsa trasera de su pantalón la cantidad de 3,500.00 lempiras y un teléfono celular; de igual forma, a la joven se le encontró un teléfono celular se les dio detención; circunstancia esta última, que implica, que existió perjuicio patrimonial en la víctima, ya que el dinero salió de la esfera de su dominio, porque perdió la disposición sobre ellos, siendo detenidos por causas especiales de la técnica investigativa desarrollada por dichos agentes para combatir este flagelo que golpea fuertemente a la sociedad Hondureña, y esa entrega es en virtud de las amenazas que previamente recibiera el Testigo Protegido, logrando su finalidad los menores infractores, de recibir el dinero solicitado. Por todo lo anterior, si se analiza el contenido del ilícito de Extorsión contenido en el artículo 222 del Código Penal se determina que la acción de los encausados se subsume perfectamente en dicho precepto, ya que como se indicó anteriormente, el fáctum describe todos los elementos objetivos y subjetivos para la configuración del delito en mención. Este agente Fiscal considera, que si se confronta los hechos declarados como probados con el artículo 222 del Código Penal, concluimos que existe identidad entre uno y otro, pues el fáctum reproduce el ámbito situacional previsto en la norma. La intimidación en el delito de Extorsión, es una fuerza perturbadora del espíritu, que tiene por objeto atacar la libertad de disposición de los bienes y la autodeterminación de la víctima que se ve obligada a tolerar el desapoderamiento en contra de su voluntad, sin oponer resistencia, incluso entregando por sí misma el bien exigido; desde el momento que la víctima recibe mediante escrito o llamadas la exigencia a entregar sus bienes mediante palabras ominosas de recado, para éste (extorsionador), es de esencia, que el extorsionado realice personalmente un comportamiento activo de desposesión mediante el otorgamiento, suscripción y entrega de bienes patrimoniales...” En conclusión, el desvalor del delito de Extorsión produjo la Falta de Aplicación del artículo 222 del Código Penal.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “…la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” . Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Motivo Único *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Numeral 1 del artículo 222 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del numeral 1 del artículo 222 del Código Penal. *Pretensión: No determinada por el recurrente. Explicó el censor que, si se confrontan los hechos declarados como probados, con lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, se puede concluir que existe identidad entre uno y otro, pues del factum se reproduce el ámbito situacional previsto en la norma antes relacionada, pues considera que en el relato del cuadro factico consta que el testigo protegido, entregó la cantidad de tres mil quinientos lempiras como producto de la intimidación y amenazas de que fue objeto, siendo observado este acto por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que se encontraban en vigilancia a efecto de verificar la denuncia y observaron el momento en que la victima hizo entrega del dinero, por lo que procedieron a requerir a dos, identificándolos y encontrándole al niño J., en la bolsa trasera de su pantalón la cantidad de tres mil quinientos lempiras y un teléfono celular. De igual forma a la joven se le encontró un teléfono celular, con lo cual se da un daño patrimonial en la víctima, ya que el dinero salió de su esfera de dominio, logrando su finalidad los menores infractores al recibir el dinero. Del Delito de Extorsión Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico, propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de extorsión, contenido en el Decreto Legislativo No. 016-2012, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32, 798 en fecha 18 de Abril de 2012 y vigente a partir de su publicación, el cual expresa lo siguiente: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o a compañero(a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considera un delito de crimen organizado.”. De este tipo penal se distinguen como elementos objetivos los siguientes: a) Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, sin necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de amenaza, intimidación o violencia; b) Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona, ya sea esta natural, jurídica o asociaciones sin personalidad. c) Objeto material del delito: Es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto; d) Conducta Criminosa: Centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligar” al sujeto pasivo a que realice o a que omita un acto o negocio jurídico con vicio de consentimiento; se tiende por acto o negocio jurídico: *Acto, la conducta comisiva u omisiva, que se pretende obtener de parte del sujeto pasivo y que se agota en un solo momento con o sin trascendencia jurídica, más si patrimonial; como por ejemplo cuando se obliga a romper documentos que den fe de obligaciones o de crédito o se obliga a estampar la firma en un documento en blanco. *Negocio jurídico, consistente en la celebración de un contrato, típico o atípico, con trascendencia jurídica y con efectos patrimoniales. Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso es mediante amenazas, intimidación o violencia. La violencia es la ejercida en contra de las personas, a quienes se les obliga a observar un acto o suscribir un negocio jurídico o a un omitir un acto o negocio jurídico. La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; es necesario que la intimidación hecha sea de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (criterio del hombre/mujer medio/a) le provoque la consecuencia descrita, ergo la amenaza debe de tener apariencia de grave y verdadera. Por su parte, la amenaza puede ser directamente al sujeto pasivo o a un tercero (familiar, empleado/a, amigo/a, etc.), entonces se puede amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo. Tal amenaza puede formularse mediante: *Lenguaje hablado o lenguaje de señas; *Por representaciones o dramatizaciones; *De manera escrita, por la plasmación de escritura, dibujos o alegorías; *Por video, editado escenas reales o representadas, fracciones de noticias o películas. f) Punibilidad: El delito de extorsión esta conminado con dos penas principales: una pena de reclusión de 15 a 20 años, y una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto. Al responsable del delito de extorsión además deberán de imponérsele las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo penitenciario obligatorio, que deberá de cumplir de manera simultánea con la pena de reclusión; igualmente la pena de comiso cuando fuese procedente. Como elementos subjetivos del tipo penal de Extorsión se requiere de dolo: conocimiento de los alcances de la conducta realizada como un todo o como una parte del desarrollo del delito y voluntad de realizar la misma; y adicionalmente se requiere un ánimo de lucro, es decir el deseo de obtener para sí o para un tercero un incremento al patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo.[2] Características del Tipo Penal de Extorsión Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de extorsión, las siguientes: a) Según Su Estructura: i. Tipo Penal Especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otros delitos (coacción, amenazas, robo, estafa, hurto, secuestro, chantaje, extorsivo, cohecho), que de manera conjunta configuran un nuevo tipo penal; ii. Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: tratar de obligar; b) Según su Contenido: i. Tipo Penal de mera actividad pues no se requiere un cambio en el mundo físico traducido apreciable fenoménicamente, sino que basta con que el sujeto activo realice la violencia, la amenaza o exigencia en procura de obtener un beneficio patrimonial injusto, sin la necesidad de que efectivamente se consiga. ii. Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii. Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv. Tipo Penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada se desprende con claridad. c) Según el Sujeto Activo: i. Uni-subjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii. Tipo Penal Simple, pues entre el sujeto activo y el sujeto pasivo no necesitan tener cualidad alguna para la configuración del delito. d) Según el Bien Jurídico Tutelado: i. Tipo Penal Pluri-ofensivo, pues si bien tiene como bien jurídicamente tutelado es el patrimonio de las personas, se debe de reconocer que la actual redacción del tipo penal persigue igualmente proteger la libertad de las personas; ii. Tipo Penal de peligro pues no requiere que el bien jurídicamente tutelado resulte lesionado, sino que basta que éste sea puesto en peligro. Requisitos de los Hechos Probados Conviene indicar que los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del hecho; es a partir de los hechos probados que los Juzgadores deberán de determinar la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma, que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1) Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato. 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010, en el Exp 3772008), “… supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Sentencia de fecha 28 de octubre del 2010, en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”.[3] De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación, una vez revisados los hechos que el Juzgado de Letras de la Niñez de la Sección Judicial de La Ceiba, estimó como probados, no encuentra que los menores infractores, J. A. L. y S. S. M. R., hayan realizado alguna conducta que se subsuma en lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, pues del cuadro factico, no se establece de manera contundente que los menores antes mencionados hayan actuado como los sujetos activos, que obligaron a la víctima a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con vicio en su consentimiento, pues en el hecho primero únicamente se narra, que el día domingo cuatro de septiembre del año dos mil dieciséis, alrededor de las ocho de la mañana, el testigo protegido fue objeto de extorsión, a inmediaciones de la terminal de buses San José de la ciudad de La Ceiba, ya que unos jóvenes le dijeron que pertenecían a la mara MS 13, y que tenía que pagarles el impuesto de guerra, otorgándole una hora para entregarles tres mil quinientos lempiras, pero no se establece quienes realizaron tal conducta, y si bien en el hecho segundo, del mismo cuadro factico el juzgador establece, que el mismo día la victima alrededor de las nueve cuarenta minutos de la mañana, llegó hasta donde estaban los dos muchachos que le habían exigido el pago del impuesto de guerra y que de forma inmediata les entregó el dinero, hecho que fue observado por los Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, procediendo a requerir a “dos”, identificándolos y encontrándole al niño J, en su bolsa trasera de su pantalón la cantidad de tres mil quinientos lempiras y un teléfono celular, de igual manera a la joven se le encontró un teléfono celular, este Supremo Tribunal, estima como ya se dijo anteriormente que no se puede determinar que los menores infractores realizaron alguna acción que pueda subsumirse en el tipo penal bajo estudio, pues la redacción de los hechos probados no es clara ni determinante, en establecer quienes fueron los sujetos activos que realizaron la conducta de obligar al sujeto pasivo a hacer una cosa, ya que solo mencionan al niño J,, sin identificarlo plenamente y en relación a la menor S,S, M, R,, esta no es mencionada de manera alguna en el supra mencionado relato de hechos probados, pues si bien se relata que a al niño J. se le encontraron tres mil quinientos lempiras, no se determina que los haya obtenido como objeto de la actividad delictiva de extorsión. Esta Sala de lo Penal, asimismo estima oportuno recordar que en la determinación de los hechos probados no se pueden utilizar conceptos de carácter jurídico, como lo hace el juzgador en el numeral primero de los hechos declarados como probados, al establecer que el testigo fue objeto del delito de extorsión, pues tal extremo puede predeterminar el fallo que haya de dictarse. Es por todas las razones antes expuesta que este Tribunal de casación estima oportuno desestimar el presente motivo de casación. DECISIÓN. Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su motivo único POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349 numeral 3, 376, del Código Penal; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de La Ceiba. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-300-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia SP 306-2014 de fecha 2-11-2016
[2] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 490-2014 de fecha 07 de mayo de 2018, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
[3] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 208-2011 de fecha 25 de abril de 2013 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.