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Sentencia CP-279-17 — Registro 11714

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal considera dable dar respuesta unitaria a ambos motivos de casación por Infracción de Ley interpuestos por la defensa pública del señor Ángel Matías Ramos Donaire, pues de no prosperar el primero de los motivos -aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal-, se verá privado de contenido, o en alguna medida, muy restringido, el segundo de los motivos -falta de aplicación del artículo 116 del Código Penal-. De manera previa, es necesario precisar que el precepto autorizante citado por el recurrente establece que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso actual y concreto, el censor del fallo arguye que de la base fáctica de la sentencia no se desprende una modalidad criminosa que pueda catalogarse como de asesinato, por no concurrir circunstancias (alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento) que agraven la situación jurídica del enjuiciado, debiendo, por tanto, aplicarse el tipo penal básico de homicidio y no el tipo penal especial de asesinato. Los hechos probados de la sentencia establecen que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil catorce, momentos después de las cuatro y treinta de la tarde, en la Colonia Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, los señores Brayan Francisco Díaz y Walter Alexander Carranza (ofendidos), se dirigieron a una parada de buses ubicada a una cuadra de la Posta Policial de dicha colonia, donde abordaron un autobús con dirección a la Colonia Cerrito Lindo, al cual ingresó el acusado Ángel Matías Ramos Donaire, conocido como “Pico de Oro” quien haciendo uso de un arma de fuego, disparó en repetidas ocasiones al cuerpo del señor Brayan Francisco Díaz, ocasionándole la muerte inmediata; frente a esta situación, el señor Walter Alexander Carranza, salió corriendo hacia afuera del bus, siendo perseguido por el acusado, quien le disparó varias veces, dejándolo gravemente herido, momento en el cual salió huyendo del lugar en una bicicleta. Instantes después, llegaron a dicho lugar varios agentes de policía asignados a la Posta de la Colonia Rivera Hernández y trasladaron al señor Walter Alexander Carranza al Hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció a consecuencia de las heridas. El enfoque jurídico que el sentenciador le dio a estos hechos dados como probados, fue de asesinato por considerar la concurrencia de una circunstancia alevosa (sin especificar qué clase), y como se dijo, es sobre este enfoque con el cual se muestra en desacuerdo el recurrente, por considerar que no concurre ninguna circunstancia que agrave el tipo penal básico de homicidio. La circunstancia de alevosía ha sido ampliamente explicada de manera precedente por la Sala de lo Penal, y en concreto se encuentra en el desarrollo de una conducta agresora que, objetivamente, puede ser valorada como orientada al aseguramiento de la ejecución en cuanto tiende a la eliminación de la defensa, y correlativamente a la supresión de eventuales riesgos para el actor precedentes del agredido, lo que debe ser apreciado en los medios, modos o formas empleados; y que subjetivamente venga caracterizada por el conocimiento por parte del autor del significado de los medios, modos o formas empleados en la ejecución, en cuanto tendientes a asegurar el resultado, impidiendo la defensa del atacado y suprimiendo los riesgos que de ella pudieran derivarse para el agresor. Al analizar los hechos probados de la sentencia, se destaca que los mismos no son suficientemente expresivos respecto de la situación de alevosía, pues no se aprecia que la agresión se haya iniciado sin la ausencia de posibilidades de defensa en una consecuencia de la misma agresión. Hay un vacío fáctico en relación a si la misma se dio de manera inmediata cuando el acusado Ángel Matías Ramos Donaire se subió al autobús, o si se realizó sin mediar palabra o discusión, lo que en todo caso nos llevaría a un escenario de una alevosía sorpresiva, por ser repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevista por los ofendidos. Asimismo, tampoco del hecho probado concurre una circunstancia de premeditación, pues no nos informan acerca de si el acusado Ángel Matías Ramos Donaire, estaba a la espera de que los ofendidos abordaran el bus para encontrarse con ellos y llevar a cabo su resolución delictiva. Adicional a lo anterior, también se destaca que según el relato fáctico, el atacante era uno solo en relación a dos ofendidos, existiendo una superioridad en número que aumentaba las posibilidades de defensa de estos. Es claro que la mera superioridad en número no determina por sí sola la concurrencia o ausencia de la alevosía, pero en ocasiones, la superioridad numérica, junto con otras circunstancias que operen en el mismo sentido, pueden determinar una situación en donde la víctima de la agresión carezca de cualquier posibilidad cierta de defensa, situación que es aprovechada por el atacante, o por el contrario, aumente sus posibilidades de defensa según sea el caso. En este sentido, se insiste que el sentenciador no fue suficientemente expresivo en relación a la forma de inicio de la agresión por parte del acusado en contra de los ofendidos, lo que nos llevan a descartar una calificación jurídica agravada de la agresión. De conformidad a lo antes expuesto, esos hechos no permiten la apreciación de la alevosía, pues no queda claro si la agresión se inició de forma alevosa y sin ausencia de posibilidades de defensa por parte de los ofendidos. Ni tampoco de premeditación porque no existe en los hechos probados ningún elemento fáctico que conduzca a esta conclusión. En consecuencia, los motivos se estiman..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 279-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Ángel Matías Ramos Donaire, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Brayan Francisco Díaz a la pena de veinte años de reclusión, misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, quedando sujeto a la realización de obras dentro del mismo reclusorio a efecto de coadyuvar con su rehabilitación. Segundo: Condenó al señor Ángel Matías Ramos Donaire, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Walter Alexander Carranza a la pena de veinte años de reclusión, misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, quedando sujeto a la realización de obras dentro del mismo reclusorio a efecto de coadyuvar con su rehabilitación. En aplicación del artículo 35 del Código Penal y existiendo concurso real de delitos, se deberán sumar ambas penas de reclusión, haciendo un total de cuarenta años de reclusión, formando un solo quantum de la pena. Tercero: Condenar al acusado Ángel Matías Ramos Donaire a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Ángel Matías Ramos Donaire, producto del hecho punible, procedimiento especial que se instruye ante el Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial. Quinto: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: No procede declarar el comiso, en virtud de que no ha sido puesta a la disposición del Tribunal, pieza o efecto del delito. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado Christian Fajardo Hernández. Son partes en única instancia: Los Abogados Dinabel López Durón y Arnaldo Alcides García Alvarado, defensores públicos del señor Ángel Matías Ramos Donaire, como recurrentes; y la Abogada Marina Audely Varela, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. Hechos Probados de la Instancia “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El treinta de agosto de dos mil catorce, los señores BRAYAN FRANCISCO DIAZ y WALTER ALEXANDER CARRANZA, fueron detenidos por escándalo público y mantenidos en custodia por veinticuatro horas en la Posta Policial de la Colonia Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, siendo liberados el treinta y uno de agosto de dos mil catorce a las 4:30 p.m. SEGUNDO: Momentos después de ser puestos en libertad, los señores BRAYAN FRANCISCO DIAZ y WALTER ALEXANDER CARRANZA, se dirigieron a una parada de buses ubicada a una cuadra de la Posta Policía antes indicada, donde abordaron un autobús con dirección a la Colonia Cerrito Lindo, al cual ingreso el acusado ANGEL MATIAS RAMOS DONAIRE, conocido como “Pico de Oro,” quien haciendo uso de un arma de fuego, disparó en repetidas ocasiones al cuerpo del señor BRAYAN FRANCISCO DIAZ, ocasionándole la muerte inmediata; frente a esta situación, el señor WALTER ALEXANDER CARRANZA, salió corriendo hacia afuera del bus, siendo perseguido por el acusado, quien le disparo varias veces, dejándolo gravemente herido, momento en el cual salió huyendo del lugar en una bicicleta. Instantes después, llegaron a dicho lugar, varios agentes de policía asignados a la Posta de la Colonia Rivera Hernández y trasladaron al señor Walter Alexander Carranza al Hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció a consecuencia de las heridas.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. El recurrente, Abogado Christian Fajardo Hernández, en su condición de defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO Conforme a los hechos probados en la sentencia, los juzgadores aplican en forma indebida el precepto penal establecido en el artículo 117. SEGUNDO MOTIVO Haber incurrido los juzgadores en una falta de aplicación del precepto penal establecido en el artículo 116 párrafo primero. PRECEPTO AUTORIZANTE Los motivos enunciados se encuentran establecidos en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN Los hechos probados son la base de una sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte de los juzgadores. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. EXPLICACIÓN DEL PRIMER VICIO APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 117 DEL CODIGO PENAL.- En el presente caso, el Tribunal ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: “PRIMERO: El treinta de agosto del dos mil catorce, los señores BRAYAN FRANCISCO DIAZ y WALTER ALEXANDER CARRANZA, fueron detenidos por escándalo público y mantenidos en custodia por veinticuatro horas en la posta policial de la colonia Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes siendo liberados el treinta y uno de agosto de dos mil catorce a las 4:30p.m. SEGUNDO: Momentos después de ser puestos en libertad, los señores BRA YAN FRANCISCO DIAZ y WALTER ALEXANDER CARRANZA, se dirigieron a una parada de buses ubicada a una cuadra de la Posta policial antes indicada, donde abordaron un autobús con dirección a la colonia Cerrito Lindo, al cual ingreso el acusado ANGEL MATIAS RAMOS DONAIRE, conocido como “Pico de Oro” quien haciendo uso de un arma de fuego, disparo en repetidas ocasiones al cuerpo del señor BRAYAN FRANCISCO DIAZ, ocasionándole la muerte inmediata; frente a esta situación, el señor WALTER ALEXANDER CARRANZA, salió corriendo hacia afuera del bus, siendo perseguido por el acusado, quien le disparo varias veces, dejándolo gravemente herido, momento en el cual salió huyendo del lugar en una bicicleta. Instantes después, llegaron a dicho lugar varios agentes de policía asignados a la posta de la colonia Rivera Hernández y trasladaron al señor Walter Alexander Carranza al Hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció a consecuencia de las heridas. Se colige de los hechos probados de la sentencia, que mi representado el joven ANGEL MATIAS RAMOS DONAIRE, ha sido injustamente condenado por dos delitos de ASESINATO, es necesario precisar las circunstancias especializantés de este tipo penal, El Juzgador estando devenido a consignar de forma tacita el fundamento jurídico del fallo al que han arribado, en el caso de autos omite ese elemento, y en el desarrollo de los argumentos jurídicos señalan circunstancias genéricas de la alevosía, mismas que les resultó imposible enmarcarlas en el factum de merito, en tal sentido Francisco Muñoz Conde en su obra Derecho Penal Parte Especial (Pág. 51) señala “Lo decisivo en la alevosía es, por tanto, el aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia de riesgo ante la defensa que pueda hacer el ofendido”.. Circunstancia no probada en el caso de marras. Con base a lo anterior, los juzgadores han incurrido en un error al pretender condenar a mi representado por dos supuestos delitos asesinato, pues en los hechos probados no existen las circunstancias especializantes que agraven la situación jurídica del enjuiciado. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare el primer motivo de casación anteriormente expuesto, declarando la aplicación indebida del articulo 117 del Código Penal.” “EXPLICACION DEL SEGUNDO MOTIVO De acuerdo a nuestra jurisprudencia para que un recurso de casación por infracción de ley prospere “es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la ‘quaestio facti’ debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”[1]. En el presente caso, los hechos considerados como probados no subsumen las agravantes especializantes del delito por el cual mi representado ha sido injustamente condenado. Por lo anterior, los juzgadores han incurrido en una mala aplicación del artículo previamente señalado en la exposición de Tos motivos de casación. EXPLICACION DEL SEGUNDO VICIO. FALTA DE APLICACION DEL ARTÍCULO 116 DEL CODIGO PENAL. Los hechos probados fueron calificados por el Juzgador como constitutivos del delito de dos ASESINATOS en perjuicio de BRAYAN FRANCISCO DIAZ y WALTER ALEXANDER CARRANZA, según lo dispuesto en el artículo 117 sin precisar especialidad del Código Penal. Al analizar los hechos declarados probados en el fallo impugnado» a la luz de las exigencias antes señaladas y con absoluto respeto al principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse que en el referido cuadro fáctico no concurren ninguna de las circunstancias especializantes que agravan el delito de Homicidio.- De la narrativa de los hechos declarados probados señalan la muerte de BRAYAN FRANCISCO DIAZ y WALTER ALEXANDER CARRANZA, sin atribuirle al imputado cuales fueron las actuaciones alevosas en la muerte de los ofendidos.- En tal virtud al no existir tal agravante el fallo condenatorio dictado por el Sentenciador debió subsumirse al tenor del articulo 116 como un delito de Homicidio.” INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Con este segundo motivo de casación pretendo que, al existir una falta de aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el recurso de mérito, dictando una sentencia condenatoria para el joven Ángel Matías Ramos Donaire por el delito de HOMICIDIO, conforme a nuestro derecho penal vigente.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recuso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa pública. Primer motivo. *Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 117 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: aplicación indebida; y, *Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto. Expresa el censor del fallo que a partir de los hechos probados de la sentencia, el acusado Ángel Matías Ramos Donaire, fue injustamente condenado por dos delios de asesinato, pues es necesario precisar en el hecho probado de la sentencia las circunstancias especializantes de este tipo penal, y en el presente caso se omite ese elemento. Asimismo, expresa, que el sentenciador en el desarrollo de los argumentos jurídicos señala circunstancias genéricas de alevosía, mismas que le resultó imposible enmarcarlas en el fáctum de la sentencia. Así como que han incurrido en un error in iudicando al condenar al acusado por dos delitos de asesinato cuando los hechos probados no describen las circunstancias que agraven la situación jurídica del enjuiciado. Recuso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa pública. Segundo motivo. *Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 116 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: falta de aplicación; y, *Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto. Considera que a la luz de los hechos probados de la sentencia y a la luz del principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse que en el referido cuadro fáctico no concurren circunstancias que agraven el delito, no se describen circunstancias alevosas como estableció el sentenciador, y en tal virtud, debió subsumirse la conducta al tenor del artículo 116 del Código Penal. Del delito de asesinato Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Casación afirma que la vida (Artículo 3) y la dignidad humana (Artículo 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Artículo 3) y la libertad (Artículo 3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (Artículo 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Asesinato. El delito de Asesinato, protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: 1. Sujeto activo: puede ser cualquier persona; 2. Sujeto pasivo: podrá ser cualquier persona diferente a: a. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); b. Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y c. Diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 1. Objeto material del delito: es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 2. Conducta Criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; 3. Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Asesinato, las siguientes: 1. Según su estructura: a. Tipo penal especial: por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (homicidio), al que se agregan otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; b. Tipo penal simple: ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; 2. Según su contenido; a. Tipo penal de resultado, que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; b. Tipo de conducta instantánea, al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo penal de acción, porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo penal cerrado, porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3. Según el sujeto activo: a. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo penal común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el bien jurídico tutelado: a. Tipo penal mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; b. Tipo penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona De la alevosía La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida. Es importante resaltar dos puntos: primero, que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; segundo: para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación. Del concepto se derivan tres clases de alevosía: 1. La alevosía proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor sobre seguro y a traición, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; ocurre cuando el sujeto activo se esconde o se disfraza a la vista de su víctima, para poder acercarse a ella y así atacarle; 2. Alevosía sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevisto por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas de su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le dé la ventaja; y 3. Alevosía de prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al visorarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque. De la premeditación La premeditación es el estado intelectivo que se caracteriza por la frialdad de ánimo en el autor y la persistencia en la resolución delictiva, por cuanto éste contempla la posibilidad de realizar el delito y persiste con dicha idea por un tiempo claramente diferenciado, es así que la idea del delito no nace en el momento en que éste es ejecutado, sino que de él se tiene una idea preconcebida y acariciada; debe tenerse en cuenta, que la premeditación no implica planeamiento, aunque el planeamiento siempre es característica intrínseca de la premeditación, ya que una persona puede concebir la idea de ejecutar el delito, tenerlo presente en su mente como algo deseable y realizarlo al momento en que circunstancialmente identifica un momento como el ideal para hacerlo, sin que medie planificación; por el contrario, cuando la persona se plantea el modo o la forma de ejecutar el delito, ejecutándolo de tal manera implica planeamiento y por ende premeditación. (Ver al respecto sentencia de la Sala de lo Penal del 27de mayo de 2014, en Exp 057-2012). La premeditación se compone de tres elementos: 1. Elemento cronológico: implica una dilatación de tiempo entre la resolución delictiva y su ejecución; no existe un parámetro de tiempo determinado, más si requiere que entre el momento de la decisión delictiva y el momento de la ejecución de la conducta que busca su materialización exista una disolución temporal que permita apreciar los demás elementos de la premeditación; 2. Elemento ideológico: consistente en la persistencia en la resolución delictiva, en el cual el sujeto activo no solo haya ideado el cometimiento del delito, sino que persista en la idea de su ejecución, representándose formas, medios, instrumentos o momentos para su materialización, ejecutando la conducta como decisión razonada, para lograr un resultado contemplado y deseado; y 3. Elemento psicológico: lo cual implica frialdad de ánimo del sujeto activo, pues el delito no se comete por el estado de ánimo surgido del momento, sino como consecuencia de una más o menos larga contemplación reflexiva, teniendo la oportunidad de considerar todas las variables que pueden presentarse tanto en la ejecución del delito como posterior a éste, sin que el posible reproche social, el riesgo de sanción penal y principalmente el daño a la vida de terceros le desanime en su plan delictivo. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal considera dable dar respuesta unitaria a ambos motivos de casación por Infracción de Ley interpuestos por la defensa pública del señor Ángel Matías Ramos Donaire, pues de no prosperar el primero de los motivos -aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal-, se verá privado de contenido, o en alguna medida, muy restringido, el segundo de los motivos -falta de aplicación del artículo 116 del Código Penal-. De manera previa, es necesario precisar que el precepto autorizante citado por el recurrente establece que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso actual y concreto, el censor del fallo arguye que de la base fáctica de la sentencia no se desprende una modalidad criminosa que pueda catalogarse como de asesinato, por no concurrir circunstancias (alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento) que agraven la situación jurídica del enjuiciado, debiendo, por tanto, aplicarse el tipo penal básico de homicidio y no el tipo penal especial de asesinato. Los hechos probados de la sentencia establecen que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil catorce, momentos después de las cuatro y treinta de la tarde, en la Colonia Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, los señores Brayan Francisco Díaz y Walter Alexander Carranza (ofendidos), se dirigieron a una parada de buses ubicada a una cuadra de la Posta Policial de dicha colonia, donde abordaron un autobús con dirección a la Colonia Cerrito Lindo, al cual ingresó el acusado Ángel Matías Ramos Donaire, conocido como “Pico de Oro” quien haciendo uso de un arma de fuego, disparó en repetidas ocasiones al cuerpo del señor Brayan Francisco Díaz, ocasionándole la muerte inmediata; frente a esta situación, el señor Walter Alexander Carranza, salió corriendo hacia afuera del bus, siendo perseguido por el acusado, quien le disparó varias veces, dejándolo gravemente herido, momento en el cual salió huyendo del lugar en una bicicleta. Instantes después, llegaron a dicho lugar varios agentes de policía asignados a la Posta de la Colonia Rivera Hernández y trasladaron al señor Walter Alexander Carranza al Hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció a consecuencia de las heridas. El enfoque jurídico que el sentenciador le dio a estos hechos dados como probados, fue de asesinato por considerar la concurrencia de una circunstancia alevosa (sin especificar qué clase), y como se dijo, es sobre este enfoque con el cual se muestra en desacuerdo el recurrente, por considerar que no concurre ninguna circunstancia que agrave el tipo penal básico de homicidio. La circunstancia de alevosía ha sido ampliamente explicada de manera precedente por la Sala de lo Penal, y en concreto se encuentra en el desarrollo de una conducta agresora que, objetivamente, puede ser valorada como orientada al aseguramiento de la ejecución en cuanto tiende a la eliminación de la defensa, y correlativamente a la supresión de eventuales riesgos para el actor precedentes del agredido, lo que debe ser apreciado en los medios, modos o formas empleados; y que subjetivamente venga caracterizada por el conocimiento por parte del autor del significado de los medios, modos o formas empleados en la ejecución, en cuanto tendientes a asegurar el resultado, impidiendo la defensa del atacado y suprimiendo los riesgos que de ella pudieran derivarse para el agresor. Al analizar los hechos probados de la sentencia, se destaca que los mismos no son suficientemente expresivos respecto de la situación de alevosía, pues no se aprecia que la agresión se haya iniciado sin la ausencia de posibilidades de defensa en una consecuencia de la misma agresión. Hay un vacío fáctico en relación a si la misma se dio de manera inmediata cuando el acusado Ángel Matías Ramos Donaire se subió al autobús, o si se realizó sin mediar palabra o discusión, lo que en todo caso nos llevaría a un escenario de una alevosía sorpresiva, por ser repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevista por los ofendidos. Asimismo, tampoco del hecho probado concurre una circunstancia de premeditación, pues no nos informan acerca de si el acusado Ángel Matías Ramos Donaire, estaba a la espera de que los ofendidos abordaran el bus para encontrarse con ellos y llevar a cabo su resolución delictiva. Adicional a lo anterior, también se destaca que según el relato fáctico, el atacante era uno solo en relación a dos ofendidos, existiendo una superioridad en número que aumentaba las posibilidades de defensa de estos. Es claro que la mera superioridad en número no determina por sí sola la concurrencia o ausencia de la alevosía, pero en ocasiones, la superioridad numérica, junto con otras circunstancias que operen en el mismo sentido, pueden determinar una situación en donde la víctima de la agresión carezca de cualquier posibilidad cierta de defensa, situación que es aprovechada por el atacante, o por el contrario, aumente sus posibilidades de defensa según sea el caso. En este sentido, se insiste que el sentenciador no fue suficientemente expresivo en relación a la forma de inicio de la agresión por parte del acusado en contra de los ofendidos, lo que nos llevan a descartar una calificación jurídica agravada de la agresión. De conformidad a lo antes expuesto, esos hechos no permiten la apreciación de la alevosía, pues no queda claro si la agresión se inició de forma alevosa y sin ausencia de posibilidades de defensa por parte de los ofendidos. Ni tampoco de premeditación porque no existe en los hechos probados ningún elemento fáctico que conduzca a esta conclusión. En consecuencia, los motivos se estiman. Decisión. Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos interpuesto por la defensa pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Christian Fajardo Hernández, en su condición de defensor público del señor Ángel Matías Ramos Donaire. 2) Casa parcialmente la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en lo que respecta al acápite primero y segundo de la parte dispositiva, los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “PRIMERO: Que debemos condenar y al efecto condenamos, al acusado Ángel Matías Ramos Donaire, como autor responsable penalmente del delito de Homicidio, en perjuicio de Brayan Francisco Díaz, a la pena principal de quince (15) años de reclusión, la cual deberá cumplir en el establecimiento penitenciario que determine el juez de ejecución competente, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. SEGUNDO: Que debemos condenar y al efecto condenamos, al acusado Ángel Matías Ramos Donaire, como autor responsable penalmente del delito de Homicidio, en perjuicio de Walter Alexander Carranza, a la pena principal de quince (15) años de reclusión, la cual deberá cumplir en el establecimiento penitenciario que determine el juez de ejecución competente, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. El condenado deberá cumplir dichas penas de reclusión de manera sucesiva, una en pos de la otra.” 3) Se mantienen los demás pronunciamientos de la sentencia de instancia no afectados por el presente. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-279-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil once en el proceso No.218-2010, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia.