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Sentencia CP-277-19 — Registro 12203

Resumen

En primera instancia se condeno a la imputada por los delitos de Calumnias Constitutivas de Difamación. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la omisión de las reglas de la Sana Critica ocupa un grande porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal. Desafortunadamente en algunos casos los Recurrentes presentan como pretensión un reexamen o revalorización (revisión de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de Sentencia está bien o mal, a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. El Recurrente en el desarrollo del motivo ataca la sentencia usando como arma sus propias valoraciones y criterios de cómo debió haberse valorado la prueba y el resultado que se obtiene, al manifestar “… sin embargo la valía que el Juez sentenciador le da esta medio de prueba es desproporcional al valor probatorio, pues no se puede observar en dicho medio de prueba si esos comentarios son a favor o en contra de lo declarado por María Luisa Borjas o de las personas mencionadas en el informe que ella da lectura, o si las 1106 expresiones son en favor o en contra de la querellada o del querellante, pues el notario no transcribe, no menciona a que se refiere a dichas expresiones..” Lo anterior desglosado por los recurrentes en su escrito, resulta una clara invitación para que esta Sala de lo Penal deseche los razonamientos intelectivos del A-Quo y los reemplace con los señalados por los suyos, dando al recurso de casación alcances no permitidos en la ley, pues solo así se entiende que la pretensión del recurso sea precisamente anular la sentencia por mala valoración y (en lugar de ordenar reenvío), se dicte una nueva en su lugar. El recurrente omite confrontar el análisis intelectivo del Tribunal de Sentencia con los principios de las reglas de la sana crítica desde su perspectiva transgredida, a efecto de evidenciar la disparidad entre uno y otro, lo que constituye una omisión toral que imposibilita poder dar respuesta a dicho reclamo pues no existe claridad en la exposición de su recurso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...PROCEDENCIA DEL RECURSO EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley o Doctrina Legal, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, quien al explorar este tipo de recurso, no fue capaz de señalar el precepto penal de carácter sustantivo que supuestamente fue violado o que se faltó de aplicar por el Juzgador, en su lugar enunció articulados de una Ley de Protección para las y los defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como la dificultad de determinar qué clase de recurso se ha invocado si el por Infracción de Ley o el por Infracción de Doctrina Legal, así como, no determinar con exactitud la especie del Recurso si se trata solo por violación a una Ley o en su caso por la Falta de aplicación de la Ley y no invocar ambas a la vez. En este tipo de recursos el impetrante debe centrarse en la fundamentación fáctica (Hechos Probados) de la sentencia, para determinar si en los mismos están conformados los elementos objetivos y subjetivos de todo tipo penal, es decir si existe correspondencia entre lo narrado por el Juzgador y la norma penal utilizada. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación invocado en su único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley o Doctrina Legal y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia Designado, Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenando a la señora María Luisa Borjas Vásquez, como autora responsable penalmente por los delitos de Calumnias Constitutivas de Difamación a la pena de dos (02) años ocho (08) meses de reclusión, además a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil.- Segundo: Declaró a la condenada responsable civilmente.- Tercero: No procedió la condena en costas.- Cuarto: No procedió pronunciarse sobre el comiso. Interpuso el Recurso de Casación Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley o Doctrina Legal y por Quebrantamiento de Forma, los Abogados Kenia Veliza Oliva Cardona y Edy Alexander Tabora como titulares y Mario Rene Rojas Ramirez como asistente, actuando en sus condiciones de Defensor Privados de la señora María Luisa Borjas Vásquez. Son partes en única instancia: Los Abogados Kenia Veliza Oliva Cardona, Edy Alexander Tabora y Mario Rene Rojas Ramirez, defensores privados en su condición de recurrentes, y el Abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, Acusador Privado en su condición de recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, en horas de la mañana la señora María Luisa Borjas Vásquez, mediante una conferencia de prensa, que se hizo pública a través de varios medios de comunicación, entre ellos, Radio América, UNE TV, Criterio.hn y el canal de YouTube Honduras Imparcial; expresó que el señor Camilo Alejandro Atala Faraj, a quien identificó como Gerente del banco FICOHSA, junto a otras personas, eran los autores intelectuales de la muerte de la señora Berta Cáceres, partiendo de un documento de procedencia desconocida, sin verificación de su autenticidad, atribuido a la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad, entidad esta que no lo emitió. Segundo: La señora María Luisa Borjas Vásquez, acudió ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos a interponer queja contra el Ministerio Público, por la supuesta violación al derecho de petición, registrada bajo el número de expediente 0801-2017-11-22-104, en la que solicitó que el Ministerio Público realice los requerimientos fiscales en relación con los expedientes de los casos de la ambientalista Berta Cáceres, el ingeniero Alfredo Landaverde y el Fiscal Orlan Chávez, por lo que exigía al Ministerio Público cumplir con sus funciones, ya que afirmó, se contaba con todas las investigaciones concluidas; queja que presentó después de las pláticas sostenidas entre otros con la señora Alba Marina Medina Andino del CPTRT.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS Los recurrentes abogados Kenia Veliza Oliva Cardona, Edy Alexander Tabora y Mario Rene Rojas Ramirez, defensores privados, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “PRIMERO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Infracción de lo dispuesto en los artículos 72, 80 y 90 de la Constitución de la República, y 13 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACIÓN: Desarrollamos la fundamentación del motivo de la siguiente forma: La Constitución de la República en su artículo 72 expresa: "Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones". A su vez, el artículo 13 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". Conforme a las bases constitucionales del proceso penal, es posible interponer el motivo de casación por infracción de precepto constitucional cuando el proceso no se haya llevado a cabo con todas las garantías, como lo demanda el artículo 90 de la Constitución de la República. La investigación y juzgamiento de hechos considerados delictivos debe adecuar su actuación al respeto absoluto de los derechos y libertades públicas[1], incluyendo la garantía de libertad de expresión. En los delitos contra el honor, como es el caso que nos ocupa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que existen medios menos gravosos para proteger el honor, como la vía civil en donde se toma como base la mala fe y la real malicia[2]. En relación, la Corte ha establecido que en los delitos contra el honor, se debe atender a una "estricta proporcionalidad de la medida", exponiendo los siguientes lineamientos: 1. El grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedio o moderada. 2. La importancia de la satisfacción del bien contrario. 3. Si la satisfacción de este justifica la restricción del otro. En algunos casos la balanza se inclinará hacia la libertad de expresión y en otros a la salvaguarda del derecho a la honra[3]. De esta manera, la Corte Interamericana señala postulados sobre los que han de acogerse las consecuencias de los actos constitutivos de injurias, consagrando el principio de última ratio y mínima intervención de la esfera penal. En ese orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión señala: "10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público". Al tratarse del presidente una de institución bancaria como BANCO FICOHSA, uno de los bancos más importantes del país, está expuesto al escrutinio público, por lo que deviene aplicable al caso, mencionando además que el señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, no ha sufrido ninguna afectación puesto que mantiene su puesto como presidente del banco y su apoderado legal no presentó ninguna prueba que haya sufrido ninguna afectación social o económica. En la Sentencia el Tribunal establece en SEGUNDO HECHO PROBADO "La Señora MARIA LUISA BORJAS VASQUEZ, acudió ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos a interponer queja contra el Ministerio Publico, por la supuesta violación al derecho a petición, registrada bajo el número de expediente 0801-2017-11-22-104, en la que solicito que el Ministerio Publico realice los requerimientos fiscales en relación con los expedientes de casos de la ambientalista BERTA CACERES, el ingeniero ALFREDO LANDAVERDE y el Fiscal ORLAN CHAVEZ, por lo que exigía al Ministerio Publico cumplir con sus funciones, ya que afirmó, se contaba con todas las investigaciones concluidas, queja que presento después de las pláticas sostenidas con la señora ALBA MARINA MEDIDNA ANDINO y otras personas del CPTRT”. Además que los señalados como autores materiales en dicho documento ya se encontraban guardando prisión preventiva. Ante esta afirmación, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos es el órgano que "Podrá dirigirse directamente a cualquier servidor de la administración pública, organismos o instituciones de cualquier naturaleza y sus titulares tendrán la obligación de contestar las peticiones y requerimientos que se le formulen"[4]. Además que según sus facultades el CONADEH podrá "Presentar ante las autoridades nacionales que fuere necesario, las observaciones, recomendaciones y sugerencias que estimen del caso para el cumplimiento del ordenamiento jurídico.[5] También el Tribunal de Sentencia considera como hecho probado número UNO "en fecha veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, en horas de la mañana la señora MARIA LUISA BORJAS VASQUES, mediante un conferencia de prensa, que hizo pública a través de varios medios de comunicación, entre ellos Radios América, UNE TV, Criterio.hn y el canal de YouTube Honduras Imparcial; expreso que el señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARJ, a quien identificó como gerente de Banco Ficohsa, junto con otras personas, eran los autores intelectuales de la muerte de la señora BERTA CACERES, partiendo de un documento de procedencia desconocida...." El tribuna olvida que la señora María Luisa Borjas, haciendo uso del DERECHO A PETICION que establece la Constitución de la Republica, acudió al órgano encargado de corregir la conducta inadecuada del Ministerio Publico, de esa falta de investigación pero además el derecho constitucional de opinar y expresar libremente su sentir y su malestar por la falta de investigación, ya que por una fuente de confianza de la señora Borjas ella obtuvo un documento tal como lo hizo ver en los medios de comunicación Atribuido a la Inspectoría General de la Secretaria de Seguridad, tomando en cuenta que la señora Borjas laboro más de 25 años para esa institución y que no es la primera vez que tiene acceso a este tipo de informes y que han resultado ciertos en todos los casos anteriores, ella no tenía por qué dudar de dicho documento correspondía a las autoridades al que le había sido atribuido, en todo caso correspondía al Ministerio Publico investigar si dicho documento es verdadero o no. Por lo que no hay proporcionalidad entre la sentencia y el derecho a petición y libertad de expresión. En concordancia con los criterios de jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculante con nuestro sistema[6] "[l]a libertad de expresión es una de las formas más eficaces para denunciar y corroborar, a través del debate e intercambio amplio de información e ideas, presuntos actos de corrupción atribuibles a los entes y funcionarios del Estado”[7] La Violación a los preceptos constitucionales de Libertad de Expresión y de Petición contenidos en el artículo 72 y 80 de la Constitución de la Republica, el Tribunal de Sentencia al condenar a la señora MARIA LUISA BORJAS, debió proteger los preceptos constitucionales en estricta relación con los estándares internacionales como lo es de la Real Malicia que establece que: "quienes se sienten afectados por una información falsa o inexacta deberán demostrar que el autor de la noticia procedió con malicia" Nunca la Jurisprudencia ni la doctrina le atribuye al autor de la noticia el deber de investigar la veracidad de un documento cuyas características dan la apariencia de verdaderos. En ese orden de ideas, tomando en cuenta los hechos probados que dejan plenamente establecido que la acción de nuestra representada fue acudir al CONADEH a interponer queja contra el Ministerio Publico, a partir de un documento que estaba atribuido a la Inspectoría General de la Secretaria de Seguridad, razón suficiente para que el Tribunal descartara el dolo o la malicia de nuestra representada, pues el propio testigo de la parte querellante a quien esta defensa le da total credibilidad, aunque dijo que la firma del memorándum no le correspondía también dijo " El documento si tenía características que el reconocía, como ser los sellos de la Secretaria de seguridad, la forma de redacción del memorándum, la forma de redacción del informe y los logos, así como los sellos en las páginas que establecían patrones fotográficos de varias personas" [8]el solo hecho de ser un documento con características de originalidad no corresponde y no debe el Estado o el Tribunal atribuirle la responsabilidad de investigar la legitimidad del mismo. Por otro lado las restricciones del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre el discurso protegido la Corte a reiterado que la Presunción de cobertura ab initio para todo tipo de expresiones, incluidos los discursos ofensivos, chocantes o perturbadores: "De particular importancia es la regla según la cual la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población[9]. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática[10]. En este sentido, se ha señalado la especial importancia que tiene proteger la libertad de expresión "en lo que se refiere a las opiniones minoritarias, incluyendo aquéllas que ofenden, resultan chocantes o perturban a la mayoría[11]; y se ha enfatizado que las restricciones a la libertad de expresión "no deben 'perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia"[12]. En igual orden de ideas, resulta claro que el deber de no interferir con el derecho de acceso a la información de todo tipo, se extiende a la circulación de información, ideas y expresiones que puedan o no contar con el beneplácito personal de quienes representan la autoridad estatal en un momento dado”[13] Es por lo expuesto que al apreciar la infracción de los derechos constitucionales acusados de infringidos por la sentencia objeto de impugnación, se solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, dicte sentencia absolutoria a favor de la señora MARIA LUISA BORJAS VASQUEZ.” SEGUNDO MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Infracción de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, al inobservar el tribunal las reglas de la sana crítica, en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente al momento de realizar la valoración de la prueba pericial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza el presente motivo de casación el artículo 362 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACIÓN: El artículo 202 del Código Procesal Penal establece: "Valoración de Zas pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". Los errores in procedendo resultan de la inobservancia de las reglas esenciales que rigen para el proceso o la sentencia[14]. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Sentencia comete una infracción por quebrantamiento de forma al momento de valorar la prueba, puesto que contraviene las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, al atribuir a la prueba documental de cargo un alcance probatorio que no posee. Dicha violación se configura de la siguiente forma: Prima facie es menester señalar, como ha sido expuesto a través de la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, que dentro de la sana crítica queda comprendida la ley lógica de la derivación, de la cual se extrae el principio de razón suficiente[15]. Dicho principio establece que todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad[16]. Por tanto, los razonamientos que realiza el tribunal sentenciador, deben estar sustentados con base en inferencias razonables y la sucesión de conclusiones que por dichas inferencias se vayan formando, dando como resultado elementos auténticos y suficientes para producir el convencimiento del hecho que está siendo juzgado. Partiendo de esta premisa, nos remitimos al apartado denominado “VALORACIÓN DE LA PRUEBA" de la sentencia objeto de impugnación, concretamente en lo referente a la prueba de cargo el numeral uno de la página 10 de la sentencia, que literalmente el Tribunal Sentenciador señala de la siguiente manera: 1) El acta notarial corresponde a un documento original, contenido en el folio número 6, del expediente judicial, levantada en fecha 23 de noviembre del año 2017, a las diez de la noche, por el Notario EVER DANILO VARGAS COPLAND, a requerimiento del señor ERNESTO ALFONSO CARRACO CASTRO, en su condición de apoderado legal del señor CAMILO ATALA FARAF, lo que se acredito con el Instrumento Publico numero cuatrocientos noventa y ocho (498) de fecha 30 de octubre de 2017, del Poder General para Representación Procesal, realizado ante el mismo notario, que en lo atinente al presente caso consigna, que reviso la página de Red Social FACEBOOK, en el cuan encontró el perfil del medio de Televisión UNE TV, y da fe que existe una publicación de fecha 22 de noviembre de 201 7, con hora de ocho de la noche con veinticinco minutos en la que la señora MARIA LUISA BORJAS brindo declaraciones y denuncio que según informe, del cual no establece su fuente, nombra a los autores intelectuales de la muerte de la señora Berta Cáceres, manifestando que había personajes dela vida pública involucrados del país y establece en las conclusiones del mismo, que por medio de escucha telefónica, vaciados de llamadas se determinó que los autores intelectuales del referido crimen, fueron identificados, entre otros nombra al señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, entre otras cosas además establece el Notario CARRASCO COPLAND, que da fe, de haber visualizado en ese momento en dicha publicación, 242 comentarios, que fue compartida 2,696 veces, tenía 84, reproducciones y tenía 1,106 expresiones". Dicho lo anterior, es importante señalar que la valoración realizada por el tribunal contraviene las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, pues sobre el acta notarial no hay ninguna duda de su veracidad y legitimidad, sin embargo la valía que el Juez sentenciador le da esta medio de prueba es desproporcional al valor probatorio, pues no se puede observar en dicho medio de prueba si esos comentarios son a favor o en contra de lo declarado por MARIA LUISA BORJAS o de las personas mencionadas en el informe que ella da lectura, o si las 1,106 expresiones son en favor o en contra de la querellada o del querellante, pues el notario no trascribe, no menciona a que se refiere a dichas expresiones, tampoco la parte querellante llevo al Tribunal ningún otro medio de prueba que relacionado con la el acta Notarial probaran de que se tratan dichas expresiones o comentarios, es decir, la parte querellante no probo lo que debe de ser requisito en este tipo de acciones penales, donde se busca proteger el honor de una persona, debe de probarse sin lugar a dudas que efectivamente una expresión pública ha causado odio o repudio de quienes recibieron la información hacia la persona que considere lacerada su honra. Nótese que la valoración se refiere a que dio lectura a un informe, quiere decir que a pesar de que la cuestión litigiosa deriva de la publicación de una información que causo daño al querellante señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, estos mensajes o publicaciones que causaron el supuesto daño a su honor no fueron reproducidos o leídos en el juicio, basando la ratio decidendi en un elemento probatorio que no se tuvo a la vista durante la sustanciación del juicio. El tribunal justifica este extremo basado en la no comprobación si dicho informe era legitimo o no, o la falta de la debida diligencia de nuestra representada para verificar la verdad de la existencia del documento, en una clara contravención al debido proceso, tomando como ciertos los dichos del abogado querellante sobre el perjuicio ocasionado a su representado, pues el Tribunal ni siquiera escucho de la supuesta víctima la afectación directa o indirecta que pudiera causar la lectura de dicho informe, como podrá apreciarse en el expediente de mérito la Victima "NUNCA ACUDIO AL TRIBUNAL" INCIDENCIA DEL VICIO EN EL FALLO: El vicio reprochado incide en el fallo, al plasmarse en la Fundamentación Jurídica, concretamente en el HECHO TERCERO que la señora MARIA LUISA BORJAS,…" Que es patente la voluntad de informar irresponsablemente y temerariamente sobre la participación del señor ATALA FARAJ, lo que evidente y racionalmente conlleva a una afectación implicar dado el caso, el odio o el desprecio público, por las afirmaciones realizadas por la imputada" por lo que el tribunal estimó que dicha conducta se subsume en los artículos 155 y 160 del Código Penal en el cuadro fáctico. De haberse omitido tal hecho en el factum, no se habrían subsumido las normas penales señaladas en el mismo, y por tanto se habría dictado una sentencia absolutoria a favor de mi representada por el delito de CALUMNIAS CONSTITUTIVAS DE DIFAMACION. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL VICIO DENUNCIADO: Conforme al artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal, tratándose de casación en la forma, es necesario expresar el reclamo que se haya realizado en su oportunidad para subsanarlo. Por lo tanto, consta en el expediente de mérito que, en efecto, hubo reclamación ex-ante, realizada en el momento procesal oportuno al momento del juicio oral y público. No obstante, dichas reclamaciones no fueron tomadas en cuenta por el tribunal para emitir el fallo, razón por la cual se interpone el presente recurso.” TERCER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LA LEY O DOCTRINA LEGAL. Infracción, por violación o falta de aplicación del Artículo 4, numerales 7, 13 y 16 de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, contenida en el Decreto No. 34-2015 del 16 de Abril del 2015 y en vigencia a partir del 15 de Mayo del mismo año. PRINCIPIO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido dentro del Artículo 360, del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El precepto de orden sustantivo que se invoca como infringido para efectos del presente motivo de Casación, es decir, el Artículo 4, numerales 7, 13 y 16 de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, literalmente prescribe lo siguiente: "Artículo 4.- DEL ALCANCE DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS.- Para efectos de la presente Ley, las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, individual y colectivamente, tienen entre otros, Zos derechos siguientes: 7.- Difundir, publicar y emitir libremente sus opiniones, informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de limitaciones, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o, por cualquier otro procedimiento de su elección...." 13.Presentar denuncia o petición, por si misma o por conducto de un representantes, ante autoridad competente, independiente e imparcial o cualquier otra autoridad establecida por la Ley, a que esa denuncia o petición sea examinada rápidamente y obtener de esa autoridad respuestas sin dilación y de conformidad a los plazos establecidos en la presente ley, 16.- Exigir a Estado la Realización de investigaciones rápidas e imparciales cuando existan indicios para creer que se ha producido una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier lugar del territorio nacional." El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica, ningún tribunal puede exigirle a un ciudadano que ejerce el derecho a denunciar un caso de violaciones de Derechos Humanos, que pruebe la veracidad de los hechos atribuidos a determinada persona por fuentes distintas (los documentos citados) a quien los divulga (un Defensor de Derechos Humanos). En este sentido, el juez natural al exigir a MARIA LUISA BORJAS demostrar la veracidad de tales hechos sobre los supuestos responsables de un caso de interés público como es la muerte de Berta Cáceres ( otra Defensora de Derechos Humanos Asesinada en el País después de denunciar reiteradamente amenazas por su labor), esta desechado la exceptio veritatis y construyendo una limitación excesiva a su libertad de expresión, ya que tal exigencia puede producir un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre quienes denuncian la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas tanto por los poderes públicos y económicos en Honduras, y, en consecuencia, se impedirá el debate sobre temas de interés público"[17]. Por otro lado, el juez natural debe entender que no se cumple con la "Doctrina de la real malicia", es decir, que las declaraciones de nuestra representada no constituyen ataques conscientes e intencionales al honor del Señor Camilo Alejandro Atala Faraj ni tienen la malicia de provocar una afectación por sí mismas, sino que su intención es colocar en el debate nacional un asunto de interés público vinculado a las graves violaciones a derechos humanos que se mantienen en absoluta impunidad (como quedó demostrado con todos los medios de prueba, nuestra representada manifestó públicamente que acudía a denunciar la falta de Investigación del Ministerio Publico en tres casos de trascendencia nacional, Alfredo Landaverde, Orlan Chávez y Berta Cáceres). De modo que acudir al CONADEH a denunciar la negligencia o falta de interés del Ministerio Publico por MARIA LUISA BORJAS o por cualquier ciudadano que decida hacerlo debe de gozar de especial protección, puesto que la crítica al funcionamiento de las instituciones del Estado contribuye al fruncimiento de la democracia o para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Por otro lado en Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el concepto de "Defensor" y "Defensora" de Derechos y de la Obligación de los Estado de proteger esta labor: La Corte en reiteradas ocasiones se ha referido a la violación de derechos contenidos en la Convención Americana en perjuicio de las defensoras y los defensores de derechos humanos , entendiendo que esta calidad radica en la labor que se realiza, con independencia de que la persona sea un particular o un funcionario público. Sin embargo, en la Sentencia del Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vrs Guatemala en el 2014, fue la primera ocasión en la que el Corte ha desarrollado el concepto de "defensor" y "defensora" de derechos humanos, a la luz de diversas fuentes internacionales. "En efecto, tal como se desarrolló en la Sentencia objeto del presente voto, las y los defensores de derechos humanos son todos aquellos que promuevan y procuran la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el plano nacional e internacional. Dichas actividades deben ser practicadas de forma pacífica, y pueden ejercerse de forma intermitente u ocasional, siendo la calidad de defensor o defensora de derechos humanos no necesariamente permanente"[18] Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia "Palamara Iribarne v. Chile" recordó que el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático. La Corte destacó que ello se aplica a los funcionarios y miembros de la Armada, incluyendo aquellos que integran los tribunales, ya que, al permitir el ejercicio de ese control democrático, se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. Además, el tribunal señaló que la "necesidad" y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión dependen de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo y debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Por lo tanto, no es suficiente que se demuestre que la ley cumple un propósito útil u oportuno, sino que la restricción también debe justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce de la libertad de expresión. En otras palabras, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.[19] Con esto, el Estado de Honduras, no solo debe reconocer el carácter de Defensora de Derechos Humanos que tiene la Señora MARIA LUISA BORJAS, tal como consta en la resolución DGSP-2018-024/D, y que según el Juez Natural eso es un hecho probado y con esto mostrar que la Ley para y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia ha logrado el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de sus beneficiarios, sino además, que tal como lo establece la propia ley, El Estado Reconoce esa labor en el más amplio sentido tal como lo registra en el artículo No. 1 de la misma ley y ser preponderante sobe la necesidad social de contribuir a disminuir la impunidad en casos de altos impacto como los denunciados por la Defensora, como lo ha dicho la Corte Interamericana la restricción a la Libertad de Expresión debe de ser proporcional al interés que la justifica, condenar a MARIA LUISA BORJAS, quien es Defensora de Derechos Humanos por una legitima acción de peticionar ante el CONADEH una investigación y además condenarla a responsabilidad civil, lejos de incentivar a la ciudadanía a denunciar hechos de interés público, cohíbe y abre la puerta para el silencio y la impunidad. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL VICIO DENUNCIADO: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente motivo se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante...” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[20] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. *Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 72, 80 y 90 de la Constitución de la República; 13.1 de la Convención americana sobre los Derechos Humanos. *Concepto de la infracción: Sin Definir por los Recurrentes; *Pretensión: Se dicte a favor de la acusada una sentencia absolutoria. Explican los Recurrentes que el Tribunal Sentenciador ha olvidado que la acusada María Luisa Borjas, haciendo uso del derecho a petición, acudió al órgano encargado de corregir la conducta inadecuada del Ministerio Público, la falta de investigación, además del derecho constitucional de opinar y expresar libremente su sentir y su malestar por la falta de investigación; pues por fuente de confianza de la querellada, se obtuvo un documento tal como lo hizo ver a los medios de comunicación, atribuido a la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad, tomando en cuenta que la querellada laboró por más de 25 años para dicha institución; que por ello, la señora Borjas no tenía por qué dudar de su autenticidad, además de que no le correspondía a ella investigar ese extremo. Denuncia la existencia de una violación a los preceptos constitucionales de libertad de expresión y de petición contenidos en los artículos 72 y 80 de la Constitución de la República. Del Derecho a la Libertad de Expresión La Libertad de expresión es uno de los derechos que ha ocupado espacios importantes de estudio en los Tribunales de Justicia, los que han tenido pronunciamientos que han formado una línea jurisprudencial sólida, de los que se destacan aquellos realizados por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH), la Sala de lo Constitucional y esta Sala de lo Penal de Honduras, pues éstos resultan vinculantes (Principio Stare Decisis) a todos los casos en donde se dirima procesos judiciales penales derivados del uso y abuso de dicho derecho. Es por ello que en el presente caso es ineludible hacer un análisis del mencionado derecho fundamental, pero no antes de hacer igual análisis del derecho al honor y a la propia imagen, pues solo así es posible establecer, de manera genérica, la frontera entre uno y otro en caso de colisión, conflicto que es el que nos ocupa en la presente sentencia. A.- Derecho al Honor y a la Propia Imagen Ha referido esta Sala de lo Penal en sentencias previas que el Honor, es el bien jurídico que protege la dignidad humana (Sentencias de Sala de lo Penal del 30/julio/2012 en Expediente 061-2009 y del 18/Octubre/2012 en Expediente 214-2010) y se encuentra reconocido en los artículos 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 59 y 76 de la Constitución de la República. El Honor, uno de los bienes más difíciles de aprehender desde el punto de vista jurídico-penal, pues, la existencia de un ataque al honor depende de múltiples factores; la sensibilidad, grado cultural, formación, tanto del sujeto activo como del pasivo, así como de las relaciones reciprocas entre ambos (Así señalado en Sentencia de Sala de lo Penal del 08/Marzo/2012, en Expediente 020-2010); visto desde una Concepción Mixta (Al respecto ver a Queralt Jiménez, Joan, en Derecho Penal Español Parte Especial, de Atelier Manuales Universitarios, Barcelona, España, 2002, Pág. 192.) el honor se constituye como simbiosis entre el juicio de valor que tiene un grupo social hacia uno de sus integrantes y la concepción subjetiva que tiene éste individuo respecto a su importancia social (En ese sentido ver Caruso Fontan, María Viviana, en: El Delito de Calumnias y la Protección del Honor.- Difusión Jurídica, Madrid España, 2008, pág. 31.); el juicio de valor se produce como consecuencia del nivel de calificación atribuida por el grupo social a una persona tras la evaluación de cualidades, especialmente al cumplimiento del deber ser social; el resultado del juicio de valor determinará las expectativas que el grupo social espera del proceder del individuo en el cumplimiento del rol social que le ha sido confiado; El Rol social puede ser desempeñado en varias esferas de manera simultánea o sucesiva: familiar, profesional, religiosa, deportiva, etc. La Corte IDH ha señalado que “57 […] el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona.” (Tristan Donoso vrs Panamá, Sentencia de 27 de enero de 2009).- El Honor, como bien jurídico está conformado por elementos objetivos y subjetivos (Sala de lo Penal, Sentencia del 16/Noviembre/2009 en Exp 09-2008 y del 08/Marzo/2012 en Exp 020-2010.): El elemento objetivo lo integra la fama, que constituye la opinión que el grupo social tiene de una persona derivada de una línea de conducta que ha desarrollado el sujeto a lo largo de su vida, y que condiciona su participación social (En ese sentido ver Caruso Fontan, María Viviana; Ob. Cit , pág. 29.); El elemento subjetivo lo constituye la valoración personal que tiene el individuo de sí como sujeto a desempeñar un rol determinado en el grupo social. Cada persona tiene valores éticos, morales, espirituales y humanos que forman parte de su honor, de su reputación y de la imagen que tiene en la sociedad, los que ha construido a lo largo de su vida, por lo que tiene derecho a ser tratado de manera respetuosa y de los cuales se apoya para exigir un trato digno, igualitario, respetuoso a la sociedad en general y a cada persona en particular. (Ver al respecto Manual de Derechos Humanos Civiles y Políticos para Jueces y Juezas de Latinoamérica, Comayagüela, 2017, Publigraficas, pág. 191). Tal derecho es considerado como fundamental y por tanto objeto de protección contra cualquier ataque injusto que le lesione, los que podrían materializarse de distintas formas, las que van desde una simple expresión despectiva o insultante hasta ofensas injuriosas o calumniosas que produzcan lesión en la propia estimación o en el concepto y simpatía que el público tenga del ofendido. B.- Derecho a la Libertad de Pensamiento y de Expresión El Derecho a la Libertad de Expresión ha sido declarado como derecho humano (Art. 19 Declaración Universal de Derechos Humanos), y se encuentra reconocido en los artículos 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 72 de la Constitución de la República y 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento, y comprende el derecho de toda persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, derecho que no puede objeto de previa censura, salvo para proteger valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos de la infancia, de la adolescencia y de la juventud (Art. 74 de la Constitución de la República); Con todo, se procederá formular reproche contra quienes abusando del Derecho a la Libertad de Expresión comprometan la seguridad del Estado, el orden público, la salud o las buenas costumbres, o comprometan los derechos de terceras personas, incluyendo su derecho al honor y a la propia imagen (Ver art. 38 de la Ley de Emisión del Pensamiento). El Derecho a la libertad de expresión permite mantener activas fuentes de información a los que otras personas pueden acceder por ser de interés particular o de interés general, la oportunidad de que se entablen procesos de comunicación en donde exista intercambio de información de manera libre e igualitaria; El ejercicio de este derecho permite acceder al intercambio de todo tipo de ideas, opiniones, críticas y juicios de valor, sin más restricciones que los que imponga la ley por interés público o particular, y que en un Estado social de derecho es vital por ser alimento que nutre la democracia participativa, con una dinámica social pluralista y tolerante. La Corte IDH, en cuanto a la protección del derecho a la libre expresión, citando a la Corte Europea de Derechos Humanos, ha indicado que “83.- […] Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. […] Esto significa que […] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue”. (Canese Vs. Paraguay). - Ahora bien, la información que se transmita o que sea puesta a disposición, deberá de ser veraz o cuando menos, deberá de tener esa apariencia. V. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. El Recurso no es de recibo. Nadie pone en tela de duda la importancia fundamental que la emisión del pensamiento tiene para el sistema democrático, razón por la cual cuenta con reconocimiento constitucional y merece la máxima tutela jurisdiccional, pero el hecho de ocupar un lugar preferente no significa que los ciudadanos que comunican y circulan ideas y opiniones sean ajenos al deber de responder por los excesos cometidos, pues dicha libertad no significa impunidad; como los demás derechos, no es absoluto, pues todos deben ejercerse conforme a las leyes que reglamentan su disfrute. Esa libre emisión del pensamiento no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los cuales se encuentra el de la integridad moral y el honor de las personas, es decir, la relevante posición en que se encuentra la libertad de emisión del pensamiento dentro del sistema legal hondureño no la transforma en una garantía que esté siempre por encima de todos los otros derechos tutelados y por ende exenta de control jurisdiccional, en lo que aquí interesa, en el mundo del derecho penal, la ilicitud resulta de la difusión de noticias inexactas o agraviantes, que más que la intención de dar a conocer un hecho noticioso o una emisión de pensamiento, ocasionaron un daño a la imagen y fama del señor Camilo Alejandro Atala Faraj. De este modo cuando el derecho a la libertad de emisión del pensamiento colisiona con el derecho del honor, imagen y fama de las personas, siendo que cada uno de ellos es merecedor de protección constitucional, es por ello que es imprescindible y necesario buscar un equilibrio a fin de evitar estos excesos que, por intentar prevalecer de manera incorrecta o arbitraria alguno de ellos, el otro pierda su sentido y esencia. Denuncian los recurrentes que por una fuente de confianza de la querellada, se obtuvo un documento tal como lo hizo ver a los medios de comunicación, atribuido a la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad, tomando en cuenta que la querellada laboró por más de 25 años para dicha institución; que por ello, la señora Borjas no tenía por qué dudar de su autenticidad, sin embargo, no es suficiente las meras intuiciones para tener por veraces este tipo de hechos ni hacerlos propios, es preciso que cuando se den a conocer en la forma que se hicieron este tipo de informaciones a través de medios de difusión masiva, que buscan exponer conductas o hechos que podrían afectar directa o indirectamente la imagen o el honor de una persona, sean efectuados de manera responsable y con convicción aceptable que los hechos imputables son ciertos y corroborables ya que se trata de la imagen de una persona; en este sentido, ha de concurrir también un componente objetivo y subjetivo, además de la convicción del informador de estar transmitiendo hechos que cree son verdaderos, y debe asumir en caso que no lo sean, de las consecuencias que conlleva este tipo de imputaciones, y más cuando colisiona afectando derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución de la República, con ello no se le violenta ni limita su derecho a expresarse cuando se haga de manera responsable y veraz, que ha de fundarse en una serie de datos fácticos susceptibles de conducir racionalmente a la conclusión de que el hecho a imputar corresponde con la realidad, ante lo anterior, los alegatos recursivos, desde ningún punto de vista pueden ser amparados bajo los preceptos citados como infringidos por el recurrente, por lo que la denuncia que hace mediante el presente recurso carece de suficiencia y veracidad para ser estimada. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Defensa Privada. - Único Motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción expuesto: Inobservancia de la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente al momento de realizar la valoración de la prueba; *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Reclamación realizada en la audiencia de juicio, mismas que no fueron atendidas al momento de emitir la Sentencia; *Pretensión: Sin Determinar por los Recurrentes. Denuncian los recurrentes que el A-Quo comete una infracción por quebrantamiento de forma al momento de valorar la prueba, puesto que contraviene las reglas de la sana critica en su ley lógica de la correcta derivación, por falta de razón suficiente, pues atribuyo a la prueba de cargo un alcance probatorio que no posee. Explican los Recurrentes que fue evacuada en la audiencia de debate el Acta notarial levantada en fecha 23 de noviembre de 2017, en cuyo contenido no se puede determinar si los 1,106 comentarios hechos por el público en una red social son a favor o en contra de lo declarado por la Querellada o a favor o en contra del Querellante dado que el notario no transcribe su contenido; Tampoco el Querellante hizo llegar al debate otro medio de prueba que probase el contenido de dichas expresiones o comentarios; Los Recurrentes analizan que en el proceso penal por un delito contra el honor, debe de probarse que la expresión pública ha causado odio o repudio de quienes recibieron la información; Reclaman que el Tribunal de Sentencia dio por cierto lo señalado por el Abogado Acusador respecto a la existencia de un perjuicio, pues ni siquiera se escuchó al Querellante sobre la afectación directa o indirecta que supuestamente sufrió, pues éste nunca acudió al Tribunal. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión este basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. VI. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la omisión de las reglas de la Sana Critica ocupa un grande porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal. Desafortunadamente en algunos casos los Recurrentes presentan como pretensión un reexamen o revalorización (revisión de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de Sentencia está bien o mal, a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. El Recurrente en el desarrollo del motivo ataca la sentencia usando como arma sus propias valoraciones y criterios de cómo debió haberse valorado la prueba y el resultado que se obtiene, al manifestar “… sin embargo la valía que el Juez sentenciador le da esta medio de prueba es desproporcional al valor probatorio, pues no se puede observar en dicho medio de prueba si esos comentarios son a favor o en contra de lo declarado por María Luisa Borjas o de las personas mencionadas en el informe que ella da lectura, o si las 1106 expresiones son en favor o en contra de la querellada o del querellante, pues el notario no transcribe, no menciona a que se refiere a dichas expresiones..” Lo anterior desglosado por los recurrentes en su escrito, resulta una clara invitación para que esta Sala de lo Penal deseche los razonamientos intelectivos del A-Quo y los reemplace con los señalados por los suyos, dando al recurso de casación alcances no permitidos en la ley, pues solo así se entiende que la pretensión del recurso sea precisamente anular la sentencia por mala valoración y (en lugar de ordenar reenvío), se dicte una nueva en su lugar. El recurrente omite confrontar el análisis intelectivo del Tribunal de Sentencia con los principios de las reglas de la sana crítica desde su perspectiva transgredida, a efecto de evidenciar la disparidad entre uno y otro, lo que constituye una omisión toral que imposibilita poder dar respuesta a dicho reclamo pues no existe claridad en la exposición de su recurso. Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. *Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Violación o falta de aplicación de los artículos 4.7, 4.13 y 4.16 de la Ley de protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores sociales y Operadores de Justicia; *Concepto de la Infracción: No es exigible a un ciudadano que ejerce el derecho a denunciar violaciones de derechos humanos, que pruebe la veracidad de los hechos; *Pretensión: Se decrete Sentencia Absolutoria en favor de la Señora María Luisa Borjas. Señalan los Recurrentes que en el presente caso no se cumple la doctrina de la “Real Malicia”, dado que las declaraciones de la Querellada no constituyen ataques consientes e intencionales al honor del Señor Camilo Alejandro Atala Faraj, ni tiene la malicia de provocar afectación, sino que fue su intención colocar en el debate nacional un asunto de interés público; Afirman que la Querellada al hacer denuncia por la negligencia del Ministerio Público en los referidos casos merece especial protección, pues se trata de una crítica sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, contribuyendo al funcionamiento de la democracia. Reclaman los Recurrentes que el Estado de Honduras debe de reconocer la calidad de Defensora de Derechos Humanos de la Acusada y por ello su actuar amparada en la Ley de protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores sociales y Operadores de Justicia. VII. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley o Doctrina Legal, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, quien al explorar este tipo de recurso, no fue capaz de señalar el precepto penal de carácter sustantivo que supuestamente fue violado o que se faltó de aplicar por el Juzgador, en su lugar enunció articulados de una Ley de Protección para las y los defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como la dificultad de determinar qué clase de recurso se ha invocado si el por Infracción de Ley o el por Infracción de Doctrina Legal, así como, no determinar con exactitud la especie del Recurso si se trata solo por violación a una Ley o en su caso por la Falta de aplicación de la Ley y no invocar ambas a la vez. En este tipo de recursos el impetrante debe centrarse en la fundamentación fáctica (Hechos Probados) de la sentencia, para determinar si en los mismos están conformados los elementos objetivos y subjetivos de todo tipo penal, es decir si existe correspondencia entre lo narrado por el Juzgador y la norma penal utilizada. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación invocado en su único motivo. VIII. DECISIÓN *Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. *Declarar No Ha Lugar el Recurso de Quebrantamiento de Forma en su único motivo. *Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo. IX. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los Artículos: 10 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 4, 15, 18, 303, 304, 307, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo, 317, 318 de la Constitución de la República; 1, 6, 11 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 55, 350, 359, 360, 361, 362, 414 al 417, del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo; recursos interpuestos por los Abogados Kenia Veliza Oliva Cardona y Edy Alexander Tabora como titulares y Mario Rene Rojas Ramírez como asistente, actuando en sus condiciones de Defensor Privados de la señora María Luisa Borjas Vásquez a quien se le condeno como autora responsable penalmente por el delito de Calumnias constitutivas de Difamación, en perjuicio de Camilo Alejandro Atala Faraj. Cuarto: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia Designado, de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-277-2019.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] ÁVILA ORTIZ, Félix Antonio. Proceso Penal hondureño. T. II, Tegucigalpa: Fénix, 2015, pág. 266.

[2] Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 31 de agosto de 2004, recaída en el caso Ricardo Canese v. Paraguay.

[3] Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 2 de mayo de 2008, recaída en el caso Kimel v. Argentina.

[4] Artículo 6, Ley Orgánica del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

[5] Artículo 9, literal 5, de la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

[6] Sentencia proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, de fecha 22 de abril de 2015, recaída en los expedientes acumulados SCO-1343- 2014 y SCO-243-2015.

[7] caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, (EXCEPCIONES PRELIMINARES, F0ND0, REPARACIONES Y COSTAS)

[8] Entre las personas que el documento establecía como autores intelectuales y materiales, para el momento de la queja de la señora MARIA LUISA BORJAS, ya guardaban prisión preventiva y posteriormente se inició un proceso contra uno de los que aparecía como autor intelectual.

[9] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr.113, Corte I.D.H., Caso de “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, parr. 69; Corte I.D.H., Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, parr. 105, Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, parr. 116; CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.

[10] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr.113, Corte I.D.H., Caso de “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, parr. 69; Corte I.D.H., Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, parr. 105, Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, parr. 116; CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.

[11] Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.

[12] Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.

[13] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, parr. 61. c).

[14] BANEGAS, Jaime; y otros. Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño. T. II. 2° ed. Honduras: Dinámica Procesal, 2003, pág. 407.

[15] Sentencia dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, de fecha 4 de mayo 2016 recaída en el expediente CP-389-13 y 15 de junio de 2016 recaída en el expediente CP-171-13.

[16] De la RÚA, Fernando. La casación penal. El recurso de casación penal en el nuevo código procesal penal de la nación. 2° ed. Buenos Aires: Lexis Nexis. 2006, pág. 155.

[17] Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

[18] Voto Conjunto Parcialmente Disidente de los Jueces Roberto F. Caldas y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Caso Defensor de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala Sentencia De 28 De Agostos de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

[19] Caso “Palamara Iribarne v. Chile” Corte Interamericana de Derechos Humanos. 205-

[20]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.