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Sentencia CP-274-17 — Registro 11711

Resumen

EN primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Homicidio Simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal una vez que ha revisado y analizado la sentencia recurrida concluye que no existe el yerro denunciado por él, es decir el derecho a la presunción de inocencia del acusado, así como el Debido Proceso, fueron en todo momento observados y respetados por el Tribunal Sentenciador, todo lo cual concluyó en una sentencia condenatoria para el acusado. Conforme a la impugnación presentada por la defensa del acusado al denunciar violación a Garantías Constitucionales, este Tribunal de Casación deviene en la obligación de analizar de manera detallada y minuciosa el respeto y la aplicación de esos derechos por parte del Tribunal Sentenciador, tanto al momento de conformar sus juicios de valor sobre la prueba evacuada, así como al efectuar la calificación jurídica dada a la fundamentación fáctica de la sentencia que se impugna. Al analizar el juicio, vemos la fundamentación fáctica de la sentencia acorde con los Hechos Probados: “Uno: El día Miércoles trece (13) de agosto del año dos mil catorce (2014), como a eso de las doce del mediodía, el señor Neptali Henríquez Pontaza en compañía de su hijo Darlin Adaly Henríquez Hernández se trasladaba a pie de una finca de café de su propiedad donde realizaban trabajos de fumigación, hacia su casa de habitación ubicada en la aldea el Conal del Municipio de Santa Rita, Copán, habían caminado unos quince minutos cuando el joven Darlin Adaly Henríquez Hernández, le manifestó que pasaría por una finca para llevar leña a casa, por lo que el señor Henríquez Pontaza siguió su camino mientras su hijo se introducía a la finca por leña, en ese preciso instante el joven observo pasar una motocicleta. Dos: Seguido de eso escucho unos disparos de arma de fuego, por lo que salió del lugar y observo como Juan Carlos Mejia Bueso, daba muerte a su padre, quien portaba una escopeta y una escuadra nueve (9) milímetros, quien se había bajado de la motocicleta disparando infiriendo en el cuerpo de su padre varias heridas por proyectil de arma de fuego: 1) Orificio de entrada en región mamaria derecha, trayecto de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda 2) Orificio de entrada en región infra mamaria derecha, trayecto de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda, otros hallazgos: seis fragmentos metálicos los cuales no se pudo determinar los sitios de entrada debido al estado avanzado de putrefacción del cadáver, heridas que le provocaron de forma inmediata la muerte, mientras lo esperaba su hermano Pedro Nahún Bueso quien conducía la motocicleta, una vez cometido el accionar del acusado, los dos individuos se fueron del lugar, por lo que él joven se acercó a su padre pero este ya estaba muerto.- Una vez hechas las diligencias de mérito el referido acusado fue aprehendido y puesto a la orden de la autoridad judicial para su enjuiciamiento por los hechos en referencia.” Encontramos en ellos un relato histórico, lógico, coherente que ubica al lector en tiempo y espacio y que permite establecer de qué manera el señor Neptali Henríquez Pontaza, perdiera la vida y cuál fue la participación y acciones del acusado Juan Carlos Mejía Bueso, en dichos acontecimientos y cuál fue el motivo por el que se declaró su culpabilidad; El testigo presencial Darlin Adaly Henríquez Hernández, quien se presentó a declarar, afirmó que el acusado junto a otra persona “daba muerte a su padre.” El recurrente señala que el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con la prueba presentada en juicio se condena a su representado en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiencia probatoria, no parten de hechos plenamente probados, ya que su dicho no es corroborado por otras pruebas. Observamos que fue prueba presentada durante la audiencia de debate y a la cual el a quo atribuyó credibilidad: 1. Testigo Darlin Adaly Henriquez Hernández. 2-Acta de levantamiento de cadáver. 3- Acta de Inspección Ocular. 4- Acta de defunción del occiso Neptali Henríquez Potanza. 5- Acta de nacimiento el imputado. 6- Dictamen de Exhumación 0059-2015; El recuento anterior hace ver a este Supremo que el alegato del Pretensor es improcedente, pues ciertamente es suficiente la prueba evacuada en debate al estar dirigida a demostrar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio por el cual se ha acusado al señor Juan Carlos Mejía Bueso, la prueba llevó al Tribunal de Sentencia a determinar que el día miércoles trece de agosto del año dos mil catorce, en la aldea el Conal del municipio de Santa Rita, Copán, perdió la vida el señor Neptali Henríquez Pontaza, a consecuencia de varias heridas por proyectil de arma de fuego, realizados por el acusado Juan Carlos Mejía Bueso, todos los aspectos relevantes y que son determinados por el legislador como elementos integrantes del tipo penal de Homicidio están reproducidos en el acervo probatorio, existiendo un correcto razonamiento probatorio puesto que la declaración testifical de Darlin Henríquez está acorde a los medios de prueba documentales y periciales. Habiendo finalizado el estudio del caso no encuentra esta Sala de lo Penal que exista transgresión al derecho/Principio de Inocencia por insuficiencia probatoria y Debido Proceso, tal y como se ha denunciado en la interposición del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, por lo que debe de ser declaro sin lugar éste..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La Sentencia en el Recurso de Casación SP-274-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual Primero: Condenó al señor Juan Carlos Mejía Bueso, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Neptalí Henríquez Pontaza a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Declaró la responsabilidad civil del señor Juan Carlos Mejía Bueso a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito.- Tercero: No condenó al señor Juan Carlos Mejía Bueso en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos del señor Juan Carlos Mejía Bueso, como parte recurrente. II. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Uno: El día Miércoles trece (13) de agosto del año dos mil catorce (2014), como a eso de las doce del mediodía, el señor Neptali Henríquez Pontaza en compañía de su hijo Darlin Adaly Henríquez Hernández se trasladaba a pie de una finca de café de su propiedad donde realizaban trabajos de fumigación, hacia su casa de habitación ubicada en la aldea el Conal del Municipio de Santa Rita, Copán, habían caminado unos quince minutos cuando el joven Darlin Adaly Henríquez Hernández, le manifestó que pasaría por una finca para llevar leña a casa, por lo que el señor Henríquez Pontaza siguió su camino mientras su hijo se introducía a la finca por leña, en ese preciso instante el joven observo pasar una motocicleta. Dos: Seguido de eso escucho unos disparos de arma de fuego, por lo que salió del lugar y observo como Juan Carlos Mejia Bueso daba muerte a su padre, quien portaba una escopeta y una escuadra nueve (9) milímetros, quien se había bajado de la motocicleta disparando infiriendo en el cuerpo de su padre varias heridas por proyectil de arma de fuego: 1) Orificio de entrada en región mamaria derecha, trayecto de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda 2) Orificio de entrada en región infra mamaria derecha, trayecto de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda, otros hallazgos: seis fragmentos metálicos los cuales no se pudo determinar los sitios de entrada debido al estado avanzado de putrefacción del cadáver, heridas que le provocaron de forma inmediata la muerte, mientras lo esperaba su hermano Pedro Nahún Bueso quien conducía la motocicleta, una vez cometido el accionar del acusado, los dos individuos se fueron del lugar, por lo que él joven se acercó a su padre pero este ya estaba muerto.- Una vez hechas las diligencias de mérito el referido acusado fue aprehendido y puesto a la orden de la autoridad judicial para su enjuiciamiento por los hechos en referencia.” III. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos “El recurrente Abogado José Mauricio Bautista Barrera, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: Expresión del motivo de casación por infracción de precepto constitucional. Motivo único: Infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1. 2 y 202 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo: Primero: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente y conformidad con las normas de este código.”. Segundo: En el acápite valoración de la prueba de la sentencia recurrida, el sentenciador establece, que la declaración rendida por el testigo Darlin Adaly Henríquez Hernández, merece especial análisis y valoración la declaración brindada por el único testigo presencial, donde afirma que observo de forma precisa y clara al señor Juan Carlos Mejía Bueso cuando este disparaba su arma de fuego contra la humanidad del señor Neptaly Henríquez Pontanza, resulta que su relato es congruente con la realidad, quedando constatado con la demás prueba evacuada en juicio oral y público donde se constata el lugar y las heridas que presentaba el cadáver del occiso como de igual lo ratifica la prueba pericial científica exhumación practicada al cadáver el cual revela las heridas producidas por arma de fuego, y estimar más allá de toda duda razonable que así aconteció el deceso del ahora ofendido con la incorporación de otros medios de prueba objetivos. Con los restantes medios probatorios como ser actas de inspecciones, álbum fotográfico no se acredita que sea mi defendido el autor material de tal hecho. Lo único que se prueba es que el señor Neptaly Henríquez Pontanza falleció de manera violenta. La declaración del testigo Darlin Adaly Henríquez no puede corroborarse con ningún otro medio de prueba, volviéndose su deposición en un leve indicio. Tercero: En el caso de nuestra representado no existe ninguna otra prueba que lo ligue con el delito de Homicidio, en prejuicio de Neptali Henríquez Pontanza por lo que tampoco existen pruebas suficientes para condenarlo por el delito que nos ocupa, en tal sentido, la reconocida jurista española María Félix Tena Aragón en su obra manual de derechos constitucional, página 34, inciso 7 establece: “este derecho en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas”. Cuarto: En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con la prueba presentada en juicio se condena a mi representado en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiencia probatoria, no parten de hechos plenamente probados, ya que su dicho no es corroborado por otras pruebas, y según el artículo 89 de la Constitución de la República no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme, que declare la culpabilidad del acusado, lo vincula con el juicio previo. Pero en apariencia dicha versión no es respaldada por medio de prueba alguno durante la audiencia del juicio quedando la misma huérfana de apoyo probatorio, ya que con el resto de la prueba documental evacuada no es posible inferir de forma lógica y razonable la participación del imputado, por existir un evidente vacío probatorio, que imposibilita sustentar la declaración de culpabilidad, en una clara violación a la presunción de inocencia, por una insuficiencia probatoria. Quinto: En consecuencia es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de una convicción sobre el hecho, dentro del cual además de que enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, también se acredite la participación de las personas imputadas, en un grado absoluto de certeza, si esto no se logra durante la sustanciación de la prueba, en el debate, solamente cabe dictar sentencia absolutoria, bien sea, porque como en el presente caso, no existe prueba de cargo suficiente para condenar al imputado o porque el conjunto total de la prueba, en un segundo caso hipotético, provocara la duda del tribunal juzgador. Lo procedente en este caso es que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y se absuelva de toda responsabilidad al señor Juan Carlos Mejia Bueso.” IV. FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Abogado José Mauricio Bautista Barrera, en su condición de Defensor Público. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 1 y 2 y 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Violación a la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso. *Reclamación Ex Ante: No ha podido reclamar su subsanación por efectuarse en el propio acto de sentenciar. *Pretensión: Que sea declarado ha lugar el recurso y se dicte una sentencia absolutoria. Resumen Establece el recurrente que: En el acápite valoración de la prueba de la sentencia recurrida, el sentenciador establece, que la declaración rendida por el testigo Darlin Adaly Henríquez Hernández, merece especial análisis y valoración la declaración brindada por el único testigo presencial, donde afirma que observo de forma precisa y clara al señor Juan Carlos Mejía Bueso cuando este disparaba su arma de fuego contra la humanidad del señor Neptaly Henríquez Pontanza, resulta que su relato es congruente con la realidad, quedando constatado con la demás prueba evacuada en juicio oral y público donde se constata el lugar y las heridas que presentaba el cadáver del occiso como de igual lo ratifica la prueba pericial científica exhumación practicada al cadáver el cual revela las heridas producidas por arma de fuego, y estimar más allá de toda duda razonable que así aconteció el deceso del ahora ofendido con la incorporación de otros medios de prueba objetivos. Con los restantes medios probatorios como ser actas de inspecciones, álbum fotográfico no se acredita que sea mi defendido el autor material de tal hecho. Lo único que se prueba es que el señor Neptaly Henríquez Pontanza falleció de manera violenta. La declaración del testigo Darlin Adaly Henríquez no puede corroborarse con ningún otro medio de prueba, volviéndose su deposición en un leve indicio, no existe ninguna otra prueba que ligue al acusado con el delito de Homicidio, en prejuicio de Neptali Henríquez Pontanza por lo que tampoco existen pruebas suficientes para condenarlo por el delito que nos ocupa. Del Derecho a la Presunción de Inocencia. Resulta conveniente establecer los parámetros que ha establecido esta Sala de lo Penal, acerca del derecho a la presunción de inocencia. El artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2). Significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) Si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo[2]. Del Derecho al Debido Proceso. La garantía del debido proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita. En fin, el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal una vez que ha revisado y analizado la sentencia recurrida concluye que no existe el yerro denunciado por él, es decir el derecho a la presunción de inocencia del acusado, así como el Debido Proceso, fueron en todo momento observados y respetados por el Tribunal Sentenciador, todo lo cual concluyó en una sentencia condenatoria para el acusado. Conforme a la impugnación presentada por la defensa del acusado al denunciar violación a Garantías Constitucionales, este Tribunal de Casación deviene en la obligación de analizar de manera detallada y minuciosa el respeto y la aplicación de esos derechos por parte del Tribunal Sentenciador, tanto al momento de conformar sus juicios de valor sobre la prueba evacuada, así como al efectuar la calificación jurídica dada a la fundamentación fáctica de la sentencia que se impugna. Al analizar el juicio, vemos la fundamentación fáctica de la sentencia acorde con los Hechos Probados: “Uno: El día Miércoles trece (13) de agosto del año dos mil catorce (2014), como a eso de las doce del mediodía, el señor Neptali Henríquez Pontaza en compañía de su hijo Darlin Adaly Henríquez Hernández se trasladaba a pie de una finca de café de su propiedad donde realizaban trabajos de fumigación, hacia su casa de habitación ubicada en la aldea el Conal del Municipio de Santa Rita, Copán, habían caminado unos quince minutos cuando el joven Darlin Adaly Henríquez Hernández, le manifestó que pasaría por una finca para llevar leña a casa, por lo que el señor Henríquez Pontaza siguió su camino mientras su hijo se introducía a la finca por leña, en ese preciso instante el joven observo pasar una motocicleta. Dos: Seguido de eso escucho unos disparos de arma de fuego, por lo que salió del lugar y observo como Juan Carlos Mejia Bueso, daba muerte a su padre, quien portaba una escopeta y una escuadra nueve (9) milímetros, quien se había bajado de la motocicleta disparando infiriendo en el cuerpo de su padre varias heridas por proyectil de arma de fuego: 1) Orificio de entrada en región mamaria derecha, trayecto de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda 2) Orificio de entrada en región infra mamaria derecha, trayecto de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda, otros hallazgos: seis fragmentos metálicos los cuales no se pudo determinar los sitios de entrada debido al estado avanzado de putrefacción del cadáver, heridas que le provocaron de forma inmediata la muerte, mientras lo esperaba su hermano Pedro Nahún Bueso quien conducía la motocicleta, una vez cometido el accionar del acusado, los dos individuos se fueron del lugar, por lo que él joven se acercó a su padre pero este ya estaba muerto.- Una vez hechas las diligencias de mérito el referido acusado fue aprehendido y puesto a la orden de la autoridad judicial para su enjuiciamiento por los hechos en referencia.” Encontramos en ellos un relato histórico, lógico, coherente que ubica al lector en tiempo y espacio y que permite establecer de qué manera el señor Neptali Henríquez Pontaza, perdiera la vida y cuál fue la participación y acciones del acusado Juan Carlos Mejía Bueso, en dichos acontecimientos y cuál fue el motivo por el que se declaró su culpabilidad; El testigo presencial Darlin Adaly Henríquez Hernández, quien se presentó a declarar, afirmó que el acusado junto a otra persona “daba muerte a su padre.” El recurrente señala que el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con la prueba presentada en juicio se condena a su representado en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiencia probatoria, no parten de hechos plenamente probados, ya que su dicho no es corroborado por otras pruebas. Observamos que fue prueba presentada durante la audiencia de debate y a la cual el a quo atribuyó credibilidad: 1. Testigo Darlin Adaly Henriquez Hernández. 2-Acta de levantamiento de cadáver. 3- Acta de Inspección Ocular. 4- Acta de defunción del occiso Neptali Henríquez Potanza. 5- Acta de nacimiento el imputado. 6- Dictamen de Exhumación 0059-2015; El recuento anterior hace ver a este Supremo que el alegato del Pretensor es improcedente, pues ciertamente es suficiente la prueba evacuada en debate al estar dirigida a demostrar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio por el cual se ha acusado al señor Juan Carlos Mejía Bueso, la prueba llevó al Tribunal de Sentencia a determinar que el día miércoles trece de agosto del año dos mil catorce, en la aldea el Conal del municipio de Santa Rita, Copán, perdió la vida el señor Neptali Henríquez Pontaza, a consecuencia de varias heridas por proyectil de arma de fuego, realizados por el acusado Juan Carlos Mejía Bueso, todos los aspectos relevantes y que son determinados por el legislador como elementos integrantes del tipo penal de Homicidio están reproducidos en el acervo probatorio, existiendo un correcto razonamiento probatorio puesto que la declaración testifical de Darlin Henríquez está acorde a los medios de prueba documentales y periciales. Habiendo finalizado el estudio del caso no encuentra esta Sala de lo Penal que exista transgresión al derecho/Principio de Inocencia por insuficiencia probatoria y Debido Proceso, tal y como se ha denunciado en la interposición del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, por lo que debe de ser declaro sin lugar éste. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado José Mauricio Bautista Barrera, en su condición de defensor público del señor Juan Carlos Bautista Barrera. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo interpuesto por el Abogado José Mauricio Bautista Barrera, en su condición de defensor público del señor Juan Carlos Mejía Potanza. Segundo: Declara Firme y ejecutable la Sentencia de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia departamento de Copán, en la cual Condenó al señor Juan Carlos Mejía Bueso, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de Neptali Henríquez Potanza, a la pena de quince (15) años de reclusión, - Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-274-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011, Sentencia de Casación Penal SP 67-2015 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 02 de noviembre del 2018.