Sentencia CP-273-17 — Registro 11710
Resumen
en primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Homicidio Simple. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El reproche casacional planteado ante esta superioridad por el Ministerio Público, consiste en que el sentenciador al momento de valorar intelectivamente los testimonios de los señores Marta Lidia Ramos López y Santos Gustavo Ramos López, cometió un vicio lógico de derivación, por restarle credibilidad a los mismos a partir de una circunstancia que no fue evacuada como medio probatorio en sesión de juicio oral y público, y no obra en el acumulado judicial. Identificado y explicado el vicio por parte del recurrente, en efecto, resulta comprobable para la Sala de lo Penal, que el sentenciador al momento de valorar los testimonios referidos, comete un vicio in procedendo al vulnerar las reglas de la sana crítica racional, en concreto, la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente al momento de su valoración. Como se ha explicado ut supra, la regla lógica de derivación exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Entretanto, el principio lógico de razón suficiente, se afirma bajo el axioma lógico “todo lo que es: es, porque existen razones para ser”[2], lo que implica que la valoración intelectiva debe encontrar la razón suficiente de su existencia, a partir del medio de prueba valorado de forma conjunta con todo el acervo probatorio. Se rompe este encadenamiento lógico cuando el sentenciador hace mano de su conocimiento privado de otra causa judicial, y, por tanto, ajeno al conocimiento de las partes y que no puede ser objeto de contradictorio, para restar credibilidad a las declaraciones de los señores Marta Lidia Ramos López y Santos Gustavo Ramos López, pues no consta en la audiencia de proposición de pruebas (f. 66), ni en la etapa incidental de juicio oral y público (f. 110), que se haya propuesto algún medio probatorio destinado a acreditar la existencia de otra causa judicial subyacente que motivase a los declarantes de cargo, a tener elementos suficientes que afectasen su credibilidad. Este razonamiento empleado por el sentenciador para restar mérito a la declaración de los testigos oculares del hecho, ocasionó un error lógico de derivación por no provenir de los testimonios valorados ni de ningún otro medio de prueba, lo que conlleva la existencia de falta de razón suficiente para acreditar la veracidad de la proposición. Lo hasta aquí expuesto en modo alguno prejuzga sobre el fondo del asunto, y por ende, sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, lo que se enfatiza por la Sala de lo Penal y resulta oportuno señalar es que para restar credibilidad a la versión de testigos oculares, el juzgador debe antes asegurarse que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en los testigos presenciales, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad, extremo que no se produjo en el caso de autos. (En este sentido, véase la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de fecha 29 de septiembre de 2009, recaída en el expediente SP 198-2008). Por las razones expuestas por la recurrente, apreciadas por este tribunal de alzada, se concluye que el a quo en la valoración de la prueba de reproche ha infringido la regla de la sana critica de la lógica, concretamente del postulado de derivación, por falta de razones lógicas y suficientes, para restar credibilidad a lo declarado en juicio por los testigos oculares de cargo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 273-2017 conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor José Nieves Castrón Morales, del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Abelino Bautista Hernández. Segundo: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: No se decretó comiso de objeto alguno. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Tania María Hernández, fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: la Abogada Karen Lizeth Martínez Ponce, fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, el Abogado Mario Reyes, defensor privado del señor José Nieves Castro Morales, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El día lunes quince de noviembre del año dos mil diez aproximadamente a las 11: 25 AM, se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo masculino, el que había sido ultimado el día anterior, catorce de noviembre del mismo año y que respondía al nombre de ABELINO BAUTISTA HERNANDEZ, quien era hondureño, con tarjeta de identidad número 0407-1991-000470, en un callejón que conduce de la aldea de Agua Zarca municipio de San Jerónimo Copan, a la aldea del Bálsamo de esa misma jurisdicción territorial. El cuerpo presentaba laceraciones en el rostro y dos heridas de arma de fuego, una en la región escapular izquierda y la otra en la región pectoral derecha. Posteriormente el Ministerio Publico después realizar las investigaciones del caso en conjunto con las autoridades de la DNIC, presento requerimiento fiscal en contra del señor JOSE NIEVES CASTRON MORALES, acusándolo de ser el autor directo del delito de Homicidio Simple, en contra del señor ABELINO BAUTISTA HERNANDEZ.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogada Tania María Hernández, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, adolece del vicio denunciado, al haber incurrido el juzgador al valorar la prueba allegada legalmente al juicio, en la violación de los Artículos 202 y el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal, tal como a continuación se señalan: Según aprecia el A quo, si bien las declaraciones de los testigos Marta Lidia Ramos López y Santos Gustavo Ramos López, son concordantes entre sí, pues coinciden sobre el lugar, fecha y dinámica en que se desarrollaron los hechos narrados por ambos; sin embargo los testimonios fueron vertidos con el ánimo directo de perjudicar al imputado, pues hay antecedentes de problemas entre ambas familias, motivo suficiente para establecer que existe una enemistad manifiesta de parte de los testigos con el imputado, antipatía que se vio plasmada ante la pregunta que de forma directa le formulo el abogado defensor a la señora Marta Lidia Ramos López, cuando se le consultó si ella tenía algún interés directo en la causa, a lo cual respondió que sí. Igualmente ese Tribunal valora que la actitud confrontativa que mostró el señor Santos Gustavo Ramos López contra el imputado al momento de rendir su declaración, refleja el grado de enemistad, tanto que tuvo que ser requerido por el presidente del Tribunal para que mostrara una actitud diferente cuando se refiriera al imputado; por todo ello el Tribunal consideró que la prueba testifical rendida en ésas circunstancias, no se vuelve confiable y no es apreciada en sentido inculpatorio, por lo tanto carecen de valor probatorio. Es precisamente sobre esa desacertada conclusión arribada por el Tribunal que recae nuestro reproche recursivo, ya que evidentemente se denota que se apartó por completo de las reglas de la lógica, específicamente del postulado de derivación en su principio de razón suficiente en su característica de veracidad, lo cual conllevó que se afectará su decisión final como resultado de su errónea valoración, por cuanto los razonamientos expuestos por el juzgador para desvalorar la deposición de los testigos de cargo, no se derivan de elementos auténticos, ya que las mismas constituyen inferencias propias de su imaginación que no tienen apoyo en prueba alguna evacuada en el juicio. Olvida el A quo, que de conformidad a la Ley del Ministerio Público[1], este Ente representa, defiende y protege los intereses de generales de la Sociedad, siendo así que se constituye en el juicio como parte objetiva, que vela por la correcta aplicación de las leyes penales, según se desprende del artículo 93 del Código Procesal Penal, consecuentemente, resulta una afirmación temeraria por parte del Tribunal en el sentido que los testigos de cargo declararon con el ánimo directo de perjudicar al imputado por existir una enemistad manifiesta, en virtud que ello no resultó probado en el juicio, ya que no realizó inspección alguna, al menos en el caso que nos ocupa, en algún expediente que haya conocido ese tribunal en donde fundase su conclusión. Partiendo del hecho, que todas las inferencias que establezca el juzgador deben ser producto de prueba producida en juicio, para que la desacreditación de los testigos tenga validez y sea veraz previo, deben existir elementos probatorios ya sea de cargo o de descargo que así lo evidencien. Por otro lado, dejó de considerar que el conocimiento de los hechos narrado en lo testimonios de los señores Marta Lidia Ramos López y Santos Gustavo Ramos López, provienen de la percepción directa de sus sentidos, por lo que es lógico que ambos deponentes describiesen los hechos en casi idénticas circunstancias en el juicio oral y público, lo que no debe provocar extrañes en el Tribunal, tal como lo ha valorado. Para efecto de ilustración, respecto a la credibilidad del testigo, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 29 de septiembre del 2009 contenida en el expediente SP 198-2008, ha establecido lo siguiente: “en cuanto a la credibilidad general ha de precisarse en primer término, si existe o no algunas de las causas generales que la supriman: la mitomanía o tendencia a mentir, la ausencia de lucidez mental, la falta de serenidad para declarar. En cuanto a la credibilidad especial, el juez ha de basarse en las reglas generales de la sana crítica, en los antecedentes del testigo y, sobre todo, en la correlación de los testimonios con las demás pruebas. Cabe por otro lado referirse a la percepción como el acto mediante el cual se recibe en la mente la imagen de la cosa o del acontecimiento. Es el primer elemento del cual parte el proceso psíquico del testimonio, esto es, la fuente de donde surge. Para que la percepción se verifique eficazmente en el sentido de aprehender la cosa o el acontecimiento tales como son, y dar fe de ello al Juez para que forme su convencimiento frente a una teoría del caso presentada por las partes, es necesario el análisis de varias situaciones que fa pueden afectar y que por ello se dice que hay limitaciones que la pueden afectar, como pueden ser entre otras: 1) El estado de salud y facultades mentales (drogas, alcohol, intoxicación), 2) La edad, sexo e inteligencia, 3) las deficiencias en los órganos de los sentidos, 4) El influjo de la profesión en los poderes de la percepción, 5) La utilización de uno sólo de los órganos de los sentidos, 6) El estado de interés o atención, 7) la novedad o familiaridad con que la percibió. 8) El carácter esperado del suceso percibido, 9) la ubicación del testigo, 10) la realización de una actividad inicial que distrajo la atención, 11) el movimiento o cambio del objeto percibido, etc. De igual manera, esa misma Sala en sentencia de fecha 11 de noviembre del 2009 contenida en el expediente SP- 177-2008 ha dicho: “la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. (lo subrayado es nuestro) Basándonos en la jurisprudencia citada, y aplicando la misma al caso sub judice, se advierte que el Juzgador no se basa a efecto de valorar la prueba en la triple comprobación que nos habla la Sala de lo Penal, pues como antes mencionamos, su razonamiento no se deriva de prueba válida que lo haga suponer el descrédito que le mereció la narración de hechos por parte de los testigos presénciales; y también no se probó, que su estado de salud y facultades mentales estuviesen disminuidas como para que ello fuese motivo de que no percibieren los hechos de una manera correcta, de manera tal, que se hubiese visto afectada la percepción de aquellos por sus sentidos, o que no hubiesen estado presentes en el lugar de los hechos al momento de éstos acontecer, o que habiéndolo estado se encontrasen ubicados a una distancia tal que no les fuese posible reconocer al agresor. Asimismo, se aprecia que los testimonios de cargo son coherentes con el resto de andamiaje probatorio allegado al debate, como son: el acta de levantamiento de cadáver, acta de inspección ocular junto con el álbum fotográfico de dicha diligencia, en el cual se evidencia que la muerte de Abelino Bautista Hernández se produjo por heridas producidas por disparo de arma de fuego, tal como lo describieron los testigos y que no puede tenerse como no válido, por una mera apreciación subjetiva del juzgador. En síntesis, la prueba fue apta y suficiente para enervar el Estado de inocencia del procesado en el sentido de la acusación, lo cual el Tribunal no fue capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, generando el vicio in procedendo susceptible de recurrir vía casación; vicio éste que procedemos a anunciarlo hasta en este momento, ya que el mismo se produjo en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente, y consecuentemente no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Artículo 170 del Código Procesal Penal) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 del Código Procesal Penal). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Artículo 362 del Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: resolver conforme a ley. La censora del fallo identifica como postulado intelectivo viciado, el correspondiente al de los testigos Marta Lidia Ramos López y Santos Gustavo Ramos López, arguyendo que en su valoración se infringió la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente; toda vez que el sentenciador concluye que dichos testigos declararon con el ánimo directo de perjudicar al imputado por existir una enemistad manifiesta entre ellos, ya que en fecha anterior tuvieron un problema familiar con el imputado en el que resultó muerto un hermano de los testigos y herida la pareja del imputado, causa que se ventiló en el mismo estrado judicial y en donde se absolvió a éste último de la acusación formulada en su contra. Frente a lo anterior, explica la fiscal del Ministerio Público, que esa circunstancia expuesta por el juzgador no resultó probada en el juicio, ya que no se realizó inspección en algún expediente que el sentenciador haya conocido de manera previa de donde pudiera fundar dicha conclusión. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El reproche casacional planteado ante esta superioridad por el Ministerio Público, consiste en que el sentenciador al momento de valorar intelectivamente los testimonios de los señores Marta Lidia Ramos López y Santos Gustavo Ramos López, cometió un vicio lógico de derivación, por restarle credibilidad a los mismos a partir de una circunstancia que no fue evacuada como medio probatorio en sesión de juicio oral y público, y no obra en el acumulado judicial. Identificado y explicado el vicio por parte del recurrente, en efecto, resulta comprobable para la Sala de lo Penal, que el sentenciador al momento de valorar los testimonios referidos, comete un vicio in procedendo al vulnerar las reglas de la sana crítica racional, en concreto, la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente al momento de su valoración. Como se ha explicado ut supra, la regla lógica de derivación exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Entretanto, el principio lógico de razón suficiente, se afirma bajo el axioma lógico “todo lo que es: es, porque existen razones para ser”[2], lo que implica que la valoración intelectiva debe encontrar la razón suficiente de su existencia, a partir del medio de prueba valorado de forma conjunta con todo el acervo probatorio. Se rompe este encadenamiento lógico cuando el sentenciador hace mano de su conocimiento privado de otra causa judicial, y, por tanto, ajeno al conocimiento de las partes y que no puede ser objeto de contradictorio, para restar credibilidad a las declaraciones de los señores Marta Lidia Ramos López y Santos Gustavo Ramos López, pues no consta en la audiencia de proposición de pruebas (f. 66), ni en la etapa incidental de juicio oral y público (f. 110), que se haya propuesto algún medio probatorio destinado a acreditar la existencia de otra causa judicial subyacente que motivase a los declarantes de cargo, a tener elementos suficientes que afectasen su credibilidad. Este razonamiento empleado por el sentenciador para restar mérito a la declaración de los testigos oculares del hecho, ocasionó un error lógico de derivación por no provenir de los testimonios valorados ni de ningún otro medio de prueba, lo que conlleva la existencia de falta de razón suficiente para acreditar la veracidad de la proposición. Lo hasta aquí expuesto en modo alguno prejuzga sobre el fondo del asunto, y por ende, sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, lo que se enfatiza por la Sala de lo Penal y resulta oportuno señalar es que para restar credibilidad a la versión de testigos oculares, el juzgador debe antes asegurarse que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en los testigos presenciales, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad, extremo que no se produjo en el caso de autos. (En este sentido, véase la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de fecha 29 de septiembre de 2009, recaída en el expediente SP 198-2008). Por las razones expuestas por la recurrente, apreciadas por este tribunal de alzada, se concluye que el a quo en la valoración de la prueba de reproche ha infringido la regla de la sana critica de la lógica, concretamente del postulado de derivación, por falta de razones lógicas y suficientes, para restar credibilidad a lo declarado en juicio por los testigos oculares de cargo. V. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Tania María Hernández, fiscal del Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada Tania María Hernández, fiscal del Ministerio Público, casando la sentencia impugnada. 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil trece, proferida por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copán, y del debate que la pronunció; Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces distintos a los que participaron en el anulado; 2) Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero del dos mil veintiuno. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-273-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Artículos 1 y 15 de la Ley del Ministerio Público.
[2] El Principio Lógico de Razón Suficiente según Leibniz.