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Sentencia CP-273-16 — Registro 9993

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial,Portación Ilegal de Armas de Guerra y Tenencia de Equipo de Uso Exclusivo de la Policía Nacional. Se declaar sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor del fallo delata infringidos por aplicación indebida los artículos 332-A y 332-B del Código Penal. Considera que el juzgador debió aplicar el Decreto Legislativo temporal No. 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 5 de octubre de 2013, y que, como consecuencia, debió exonerar de responsabilidad penal a su representado. El hecho probado objeto de juzgamiento relata que en fecha ocho de marzo de año dos mil catorce, a las seis y cinco minutos de tarde, a la altura del cementerio en el sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, agentes de la Policía Nacional Preventiva observaron caminando al señor O. A. R. T., quien en ese momento llevaba en sus manos un arma de fuego tipo fusil, AK-47, sin marca y sin serie color negra, por tal motivo le requieren y a su registro además le encuentran llevando en la parte derecha de su cintura un arma de fuego tipo revólver calibre 38mm marca Smith & Wesson con un número 57179 y serie D723041, de la cual no tenía autorización extendida por la autoridad competente para llevarla consigo, ambas armas estaban en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo y en sus hombros una mochila color negro marca Sony conteniendo en su interior un par de aros de presión de metal color plateado con serie 003199 propiedad de la Policía Nacional de Honduras y 12 cartuchos de 12mm de color blanco y rojo, por lo que fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente. Por este hecho, el acusado O. A. R. T. fue condenado por el delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras (L 5, 000.00), así como por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión, y por un delito de Tenencia de Equipo de Uso Exclusivo de la Policía Nacional, en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de cinco (5) años de reclusión. Todos ellos en concurso real. Sucede que, para la fecha del hecho, el ocho de marzo de dos mil catorce, se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 183-2013, el cual establece en su artículo 2 que se concede un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. En el segundo párrafo la norma además señala que las armas consideradas de uso ilegal podrán ser entregadas a la Secretaría de Seguridad sin ninguna responsabilidad producto de su tenencia, debiendo procederse a su inmediata destrucción. En el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es así que debe entenderse que esta norma se refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, se ve condicionado en su positividad durante el tiempo que se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, no afectando dicho decreto todo lo relativo a la fabricación, importación, exportación y venta de armas, conductas que siguieron siendo punibles. Y es que adicional al elemento temporal, la Sala de lo Penal ha definido a través de su jurisprudencia que deben tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización de la autoridad competente durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, o bien, que la persona que tenía en su poder un arma de fuego de uso prohibido, tenía la intencionalidad de ir a entregarla a para su destrucción, pues el decreto no autoriza la simple portación, lo que iría en contra de la voluntad del legislador al emitir dicho decreto, pues lo que se pretende es lograr la regularización de las armas de fuego comerciales y la destrucción de las armas de uso prohibido que se encuentren en poder de la ciudadanía, no la simple portación de las mismas. El segundo párrafo del artículo 2 refiere a las armas de fuego ilegales o prohibidas descritas en el artículo 8 de la Ley de Armas, cuya tenencia y portación está tipificada como delito en el artículo 332-A del Código Penal. Este párrafo dispone que las personas que tengan en su poder este tipo de armas deberán entregarlas a la Secretaría de Seguridad, quedando exentos de responsabilidad por su tenencia, procediendo la autoridad a su destrucción; claramente se deduce que no se trata de armas comerciales o de uso personal, puesto que en primer término respecto a éstas la norma se ha pronunciado en el primer párrafo, en segundo término, porque el párrafo segundo inicia señalando nuevamente el plazo de veda de un año, dando a entender que se trata de una nueva disposición; en tercer término, el segundo párrafo dispone su inmediata destrucción, ya que son armas cuya circulación, tenencia y uso no está permitida en ningún caso (no susceptibles de registro) y que por tanto amerita su destrucción, y en cuarto término, si presumiéramos que el segundo párrafo del artículo 2 trata también de armas comerciales y de uso personal, el legislador estaría haciendo dos regulaciones diferentes sobre un mismo objeto señalando en el primer párrafo que es posible su registro y en el segundo párrafo que es procedente su destrucción; por tanto, bajo una interpretación sistemática de la norma, se concluye que el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto 184-2013 trata de las armas de fuego prohibidas señaladas en el artículo 8 de la Ley de Armas. El plazo de un año de veda o de gracia que establece el artículo 2 del decreto del cual se pide su aplicación, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014, posteriormente fue prorrogado por seis meses según el decreto 63-2014, quedando condicionada la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Control de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B, siempre tomando en cuenta la casuística que permita colegir la intencionalidad o no de registro y entrega de armas de fuego comercial y de uso prohibido respectivamente. En cuanto a las conductas de almacenar, transportar, poseer y usar referente a las armas de fuego de fabricación comercial y de guerra, respecto al material de guerra o de combate, municiones, explosivos y accesorios prohibidos, a las armas de fabricación casera o artesanal (chimbas) y en cuanto a las conductas de fabricar, importar, exportar y vender armas de fuego comercial y de guerra, su positividad se mantiene intacta. De lo anterior se desprende el factor que incide para que la conducta enjuiciada no tenga subsunción en el decreto legislativo 183-2013 del cual se pide su aplicación, pues en supuestos como el planteado, pues como se ha señalado anteriormente, se exige tomar en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir sin género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o comparecer ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para su destrucción inmediata. Según el fáctum de la sentencia, el acusado fue capturado cuando se encontraba a las seis y cinco de la tarde (6:05PM) del ocho de marzo de dos mil catorce, a la altura del cementerio en el sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba, portando en mano un fusil AK-47, en la parte derecha de su cintura portaba un arma de fuego tipo revolver calibre 38 mm marca Smith & Wesson, sin autorización para portarla, y, además, en sus hombros llevaba una mochila color negro, marca Sony, que en su interior contenía un par de aros de presión de metal color plateado con serie 003199 propiedad de la Policía Nacional de Honduras, también contenía 12 cartuchos 12mm de color blanco y rojo. Las circunstancias de tiempo (día sábado a las 6:05PM), lugar (cementerio en el sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba) y la forma en que portaba dichas armas de fuego, son circunstancias todas que objetivamente conllevan a colegir que la intencionalidad del acusado no era la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar las armas de fuego con la finalidad de que ésta procediera a su registro y/o destrucción inmediata, por lo que resulta improcedente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor del fallo delata infringidos por aplicación indebida los artículos 332-A y 332-B del Código Penal. Considera que el juzgador debió aplicar el Decreto Legislativo temporal No. 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 5 de octubre de 2013, y que, como consecuencia, debió exonerar de responsabilidad penal a su representado. El hecho probado objeto de juzgamiento relata que en fecha ocho de marzo de año dos mil catorce, a las seis y cinco minutos de tarde, a la altura del cementerio en el sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, agentes de la Policía Nacional Preventiva observaron caminando al señor O. A. R. T., quien en ese momento llevaba en sus manos un arma de fuego tipo fusil, AK-47, sin marca y sin serie color negra, por tal motivo le requieren y a su registro además le encuentran llevando en la parte derecha de su cintura un arma de fuego tipo revólver calibre 38mm marca Smith & Wesson con un número 57179 y serie D723041, de la cual no tenía autorización extendida por la autoridad competente para llevarla consigo, ambas armas estaban en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo y en sus hombros una mochila color negro marca Sony conteniendo en su interior un par de aros de presión de metal color plateado con serie 003199 propiedad de la Policía Nacional de Honduras y 12 cartuchos de 12mm de color blanco y rojo, por lo que fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente. Por este hecho, el acusado O. A. R. T. fue condenado por el delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras (L 5, 000.00), así como por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión, y por un delito de Tenencia de Equipo de Uso Exclusivo de la Policía Nacional, en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de cinco (5) años de reclusión. Todos ellos en concurso real. Sucede que, para la fecha del hecho, el ocho de marzo de dos mil catorce, se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 183-2013, el cual establece en su artículo 2 que se concede un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. En el segundo párrafo la norma además señala que las armas consideradas de uso ilegal podrán ser entregadas a la Secretaría de Seguridad sin ninguna responsabilidad producto de su tenencia, debiendo procederse a su inmediata destrucción. En el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es así que debe entenderse que esta norma se refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, se ve condicionado en su positividad durante el tiempo que se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, no afectando dicho decreto todo lo relativo a la fabricación, importación, exportación y venta de armas, conductas que siguieron siendo punibles. Y es que adicional al elemento temporal, la Sala de lo Penal ha definido a través de su jurisprudencia que deben tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización de la autoridad competente durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, o bien, que la persona que tenía en su poder un arma de fuego de uso prohibido, tenía la intencionalidad de ir a entregarla a para su destrucción, pues el decreto no autoriza la simple portación, lo que iría en contra de la voluntad del legislador al emitir dicho decreto, pues lo que se pretende es lograr la regularización de las armas de fuego comerciales y la destrucción de las armas de uso prohibido que se encuentren en poder de la ciudadanía, no la simple portación de las mismas. El segundo párrafo del artículo 2 refiere a las armas de fuego ilegales o prohibidas descritas en el artículo 8 de la Ley de Armas, cuya tenencia y portación está tipificada como delito en el artículo 332-A del Código Penal. Este párrafo dispone que las personas que tengan en su poder este tipo de armas deberán entregarlas a la Secretaría de Seguridad, quedando exentos de responsabilidad por su tenencia, procediendo la autoridad a su destrucción; claramente se deduce que no se trata de armas comerciales o de uso personal, puesto que en primer término respecto a éstas la norma se ha pronunciado en el primer párrafo, en segundo término, porque el párrafo segundo inicia señalando nuevamente el plazo de veda de un año, dando a entender que se trata de una nueva disposición; en tercer término, el segundo párrafo dispone su inmediata destrucción, ya que son armas cuya circulación, tenencia y uso no está permitida en ningún caso (no susceptibles de registro) y que por tanto amerita su destrucción, y en cuarto término, si presumiéramos que el segundo párrafo del artículo 2 trata también de armas comerciales y de uso personal, el legislador estaría haciendo dos regulaciones diferentes sobre un mismo objeto señalando en el primer párrafo que es posible su registro y en el segundo párrafo que es procedente su destrucción; por tanto, bajo una interpretación sistemática de la norma, se concluye que el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto 184-2013 trata de las armas de fuego prohibidas señaladas en el artículo 8 de la Ley de Armas. El plazo de un año de veda o de gracia que establece el artículo 2 del decreto del cual se pide su aplicación, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014, posteriormente fue prorrogado por seis meses según el decreto 63-2014, quedando condicionada la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Control de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B, siempre tomando en cuenta la casuística que permita colegir la intencionalidad o no de registro y entrega de armas de fuego comercial y de uso prohibido respectivamente. En cuanto a las conductas de almacenar, transportar, poseer y usar referente a las armas de fuego de fabricación comercial y de guerra, respecto al material de guerra o de combate, municiones, explosivos y accesorios prohibidos, a las armas de fabricación casera o artesanal (chimbas) y en cuanto a las conductas de fabricar, importar, exportar y vender armas de fuego comercial y de guerra, su positividad se mantiene intacta. De lo anterior se desprende el factor que incide para que la conducta enjuiciada no tenga subsunción en el decreto legislativo 183-2013 del cual se pide su aplicación, pues en supuestos como el planteado, pues como se ha señalado anteriormente, se exige tomar en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir sin género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o comparecer ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para su destrucción inmediata. Según el fáctum de la sentencia, el acusado fue capturado cuando se encontraba a las seis y cinco de la tarde (6:05PM) del ocho de marzo de dos mil catorce, a la altura del cementerio en el sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba, portando en mano un fusil AK-47, en la parte derecha de su cintura portaba un arma de fuego tipo revolver calibre 38 mm marca Smith & Wesson, sin autorización para portarla, y, además, en sus hombros llevaba una mochila color negro, marca Sony, que en su interior contenía un par de aros de presión de metal color plateado con serie 003199 propiedad de la Policía Nacional de Honduras, también contenía 12 cartuchos 12mm de color blanco y rojo. Las circunstancias de tiempo (día sábado a las 6:05PM), lugar (cementerio en el sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba) y la forma en que portaba dichas armas de fuego, son circunstancias todas que objetivamente conllevan a colegir que la intencionalidad del acusado no era la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar las armas de fuego con la finalidad de que ésta procediera a su registro y/o destrucción inmediata, por lo que resulta improcedente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 273-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenar a O. A. R. T., como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras (L 5, 000.00), los que deberá enterar a la Tesorería General de la República (TGR), o en la institución del sistema financiero nacional que la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin. Segundo: Condenar a O. A. R. T., como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión. Tercero: Condenar a O. A. R. T., como autor responsable del delito de Tenencia de Equipo de Uso Exclusivo de la Policía Nacional, en perjuicio de la Fe pública, a la pena de cinco (5) años de reclusión. Delitos cometidos en concurso real, por lo cual deberá cumplir las penas de reclusión una en pos de la otra, abonándose al cumplimiento de las mismas el tiempo que el acusado haya permanecido cautelarmente detenido por esta causa. Cuarto: Condenar a O. A. R. T., como consecuencia de la pena principal de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure su condena. Quinto: Condenar a O. A. R. T., como consecuencia de la pena principal de reclusión por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Tenencia de Equipo de Uso Exclusivo de la Policía Nacional, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y la Fe Pública, a la accesoria de inhabilitación especial, durante el tiempo que dure su condena. Sexto: Condenar a O. A. R. T., como consecuencia de las penas principales de reclusión, a la accesoria de interdicción civil, y a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal. Séptimo: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Octavo: Se declara la responsabilidad civil del condenado. Noveno: 1) un arma de fuego tipo fusil AK-47, color negro con madera color café, sin serie sin marca y 50 cartuchos; 2) un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre 38mm, con un número 57179 y serie D723041, con cacha de madera color café; 3) Un par de aros de presión, color plateados, con serie número 003199, propiedad de la Policía Nacional Preventiva; y 4) Doce Cartuchos de 12mm, de color blanco y rojo; los cuales se encuentran en poder del Ministerio Público, y deben ser entregados al señor Juez de Letras de Ejecución de esta sección judicial para que sean remitidos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado I. G. D., actuando en su condición de defensor público. Son partes en única instancia: Los Abogados M. R. A. E. y A. A. G. A., defensores públicos, como recurrentes; y, la Abogada I. A. F. N., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando la prueba practicada en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO: Que en fecha ocho de marzo de año dos mil catorce, a las seis y cinco minutos de tarde, a la altura del cementerio en el sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, agentes de la Policía Nacional Preventiva observaron caminando al señor O. A. R. T., quien en ese momento llevaba en sus manos un arma de fuego tipo fusil, AK-47, sin marca y sin serie color negra, por tal motivo le requieren y a su registro además le encuentran llevando en la parte derecha de su cintura un arma de fuego tipo revólver calibre 38mm marca Smith & Wesson con un número 57179 y serie D723041, de la cual no tenía autorización extendida por la autoridad competente para llevarla consigo, ambas armas estaban en buen estado de funcionamiento mecánico como operativo y en sus hombros una mochila color negro marca Sony conteniendo en su interior un par de aros de Presión de metal color plateado con serie 003199 propiedad de la Policía Nacional de Honduras y 12 cartuchos de l2mm de color blanco y rojo, por lo que fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado I. G. D., defensor público, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción por aplicación indebida de los Preceptos contenidos en los artículos 332-B y 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO La norma sustantiva aplicada indebidamente es el artículo 332-B del Código Penal que establece: “.....Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivos y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de fuego personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. Artículo 332-A del Código penal que establece: “...La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L.5,000.00) a diez mil (L.10,000.00) Lempiras, por cada arma incautada.” En cuanto a los artículos 332-A y 332-B del Código Penal consideramos que se han aplicado incorrectamente por parte del Tribunal de Sentencias, al no haberse tomado en cuenta lo que establece el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el cinco de octubre del mismo año, y que fuera ampliado por seis meses más mediante el Decreto No.60-2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,829 de fecha 8 de septiembre de 2015, referente a la Veda de Armas, al considerar dicho Tribunal que no cabía dicha aplicación de estos Decretos por no cumplirse en el caso concreto el requisito exigido en la norma, ya que quien pueda ampararse en esta disposición para que no le sea aplicado el artículo 332-B del Código Penal, era necesario que al momento de producirse la Portación de armas que están en situación irregular, posea de igual forma la documentación que soporte como la forma en como la adquirió, es decir un documento que estableciera que el señor O. A. R. T., adquirió el arma en mención de otro ciudadano, no evacuándose en el juicio documento alguno que acreditara tal extremo, por tal circunstancia se desestimó la pretensión aludida por la defensa. EL Tribunal en referencia declaró como probado el siguiente hecho: “ÚNICO: Que en fecha ocho de marzo del año dos mil catorce, a las seis y cinco minutos de la tarde, a la altura del cementerio en el sector de Búfalo, en la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, Agentes de la Policía Nacional Preventiva observaron caminando al señor O. A. R. T., quien en ese momento llevaba en sus manos un arma de fuego tipo fusil, AK-47, sin marca y sin serie color negra, por tal motivo le requieren y a su registro además le encuentran llevando en la parte derecha de su cintura un arma de fuego tipo revolver calibre 38mm, marca Smith & Wesson con un número 57179 y serie D723041, de la cual no tenía autorización extendida por la autoridad competente para llevarla consigo, ambas armas estaban en buen estado de funcionamiento mecánico como operativo y en sus hombros una mochila color negro marca Sony conteniendo en su interior un par de aros de presión de metal color plateado con serie 003199 propiedad de la Policía Nacional de Honduras y 12 cartuchos de 12mm de color blanco y rojo, por lo que fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente. Al analizar el contenido del único hecho probado se observa que el Tribunal no tomó en cuenta como referimos anteriormente el Decreto 184-2013 de fecha uno de septiembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el cinco (5) de octubre de 2013, el que deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal.- Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella de la manera más favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hecho realizados se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos similares ha manifestado: “.....Si bien es cierto el Decreto no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la Portación Ilegal de Armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del Legislador era dejar vigente el artículo 332-B del Código Penal, al regir tanto el artículo 2 del Decreto 69-2007, aún las personas que hubieran acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de Portación Ilegal de Armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el Decreto 184-13 como la ampliación por seis meses más otorgado por la disposición intermedia.[1]. Así se desprende del contenido del precepto autorizante (artículo 360 Código Procesal Penal) cuando dice: “habrá lugar al recurso de casación por Infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal, en el caso de autos los artículos 332-A y 332-B del Código Penal vigente; no tomándose en cuenta el Decreto 184-13 de veda en la sentencia proferida por el A-quo, en vista que al momento del decomiso de dichas armas a nuestro representado en fecha ocho (8) de marzo de dos mil catorce (2014) estaba vigente dicho Decreto y por ende en suspenso los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, donde establecía por el término de un (1) año la veda para toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no tuviera factura de venta de la Armería, procediera a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (arma de fuego tipo revólver calibre 38 mm) y asimismo durante este término de veda de un año, las personas que tuvieran en su poder armas consideradas de uso ilegal, para hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia (arma tipo Fusil AK-47). Examinado lo anterior, somos del criterio que en los casos de recurso de casación por Infracción de Ley, como el presente, por disposición del artículo 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación en ningún caso podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras éstos no se modifiquen, es posible revisar su encuadramiento a las normas jurídicas aplicadas; siendo esta la pretensión del presente recurso de casación en el que la decisión del Juzgador no se ajusta a las previsiones del legislador al regular una veda en la Portación ilegal de armas de fuego; debiéndose para tal efecto declarar sin lugar el fallo contra mi representado O. A. R. T. por los delitos de Portación ilegal de Arma de Guerra y Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO HONDUREÑO.- Pretendiendo para tal efecto que se anule la sentencia del A-quo y que se declare con lugar el recurso de casación por Infracción de Ley, interpuesto por haberse infringido el Decreto 184-13 de fecha 5 de octubre de 2013, supra indicado.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único motivo. *Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículos 332-A y 332-B del Código Penal. *Concepto de la Infracción: aplicación indebida; y, *Pretensión: dictar lo procedente conforme a derecho. Denuncia el censor del fallo la aplicación indebida de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, pues el sentenciador no tomó en cuenta lo que establece el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 5 de octubre de 2013, y que fue ampliado por seis meses mediante el Decreto Legislativo No. 60-2015 publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 33, 829 de fecha 8 de septiembre de 2015, referente a la veda de armas. Consideró el Tribunal de Sentencia que para que pueda ampararse el acusado en estas disposiciones legales era necesario que al momento de producirse la portación de armas que están en situación irregular, el ciudadano posea el documento que soporte la forma en que adquirió dichas armas. Esta circunstancia no se ajusta a la previsión del legislador al regular la veda en la portación ilegal de armas de fuego. De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal). Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como armas de fuego a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como fabricación ilícita de armas: la fabricación o montaje de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de armas permitidas por la ley” entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran prohibidas, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto que en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice acerca de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de uso personal: El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (armas automáticas), 2 (armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Del principio de retroactividad de la ley penal La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Hassemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo: prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82). Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160). En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubieren recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El censor del fallo delata infringidos por aplicación indebida los artículos 332-A y 332-B del Código Penal. Considera que el juzgador debió aplicar el Decreto Legislativo temporal No. 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 5 de octubre de 2013, y que, como consecuencia, debió exonerar de responsabilidad penal a su representado. El hecho probado objeto de juzgamiento relata que en fecha ocho de marzo de año dos mil catorce, a las seis y cinco minutos de tarde, a la altura del cementerio en el sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, agentes de la Policía Nacional Preventiva observaron caminando al señor O. A. R. T., quien en ese momento llevaba en sus manos un arma de fuego tipo fusil, AK-47, sin marca y sin serie color negra, por tal motivo le requieren y a su registro además le encuentran llevando en la parte derecha de su cintura un arma de fuego tipo revólver calibre 38mm marca Smith & Wesson con un número 57179 y serie D723041, de la cual no tenía autorización extendida por la autoridad competente para llevarla consigo, ambas armas estaban en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo y en sus hombros una mochila color negro marca Sony conteniendo en su interior un par de aros de presión de metal color plateado con serie 003199 propiedad de la Policía Nacional de Honduras y 12 cartuchos de 12mm de color blanco y rojo, por lo que fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente. Por este hecho, el acusado O. A. R. T. fue condenado por el delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras (L 5, 000.00), así como por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión, y por un delito de Tenencia de Equipo de Uso Exclusivo de la Policía Nacional, en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de cinco (5) años de reclusión. Todos ellos en concurso real. Sucede que, para la fecha del hecho, el ocho de marzo de dos mil catorce, se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 183-2013, el cual establece en su artículo 2 que se concede un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. En el segundo párrafo la norma además señala que las armas consideradas de uso ilegal podrán ser entregadas a la Secretaría de Seguridad sin ninguna responsabilidad producto de su tenencia, debiendo procederse a su inmediata destrucción. En el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es así que debe entenderse que esta norma se refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, se ve condicionado en su positividad durante el tiempo que se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, no afectando dicho decreto todo lo relativo a la fabricación, importación, exportación y venta de armas, conductas que siguieron siendo punibles. Y es que adicional al elemento temporal, la Sala de lo Penal ha definido a través de su jurisprudencia que deben tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización de la autoridad competente durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, o bien, que la persona que tenía en su poder un arma de fuego de uso prohibido, tenía la intencionalidad de ir a entregarla a para su destrucción, pues el decreto no autoriza la simple portación, lo que iría en contra de la voluntad del legislador al emitir dicho decreto, pues lo que se pretende es lograr la regularización de las armas de fuego comerciales y la destrucción de las armas de uso prohibido que se encuentren en poder de la ciudadanía, no la simple portación de las mismas. El segundo párrafo del artículo 2 refiere a las armas de fuego ilegales o prohibidas descritas en el artículo 8 de la Ley de Armas, cuya tenencia y portación está tipificada como delito en el artículo 332-A del Código Penal. Este párrafo dispone que las personas que tengan en su poder este tipo de armas deberán entregarlas a la Secretaría de Seguridad, quedando exentos de responsabilidad por su tenencia, procediendo la autoridad a su destrucción; claramente se deduce que no se trata de armas comerciales o de uso personal, puesto que en primer término respecto a éstas la norma se ha pronunciado en el primer párrafo, en segundo término, porque el párrafo segundo inicia señalando nuevamente el plazo de veda de un año, dando a entender que se trata de una nueva disposición; en tercer término, el segundo párrafo dispone su inmediata destrucción, ya que son armas cuya circulación, tenencia y uso no está permitida en ningún caso (no susceptibles de registro) y que por tanto amerita su destrucción, y en cuarto término, si presumiéramos que el segundo párrafo del artículo 2 trata también de armas comerciales y de uso personal, el legislador estaría haciendo dos regulaciones diferentes sobre un mismo objeto señalando en el primer párrafo que es posible su registro y en el segundo párrafo que es procedente su destrucción; por tanto, bajo una interpretación sistemática de la norma, se concluye que el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto 184-2013 trata de las armas de fuego prohibidas señaladas en el artículo 8 de la Ley de Armas. El plazo de un año de veda o de gracia que establece el artículo 2 del decreto del cual se pide su aplicación, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014, posteriormente fue prorrogado por seis meses según el decreto 63-2014, quedando condicionada la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Control de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B, siempre tomando en cuenta la casuística que permita colegir la intencionalidad o no de registro y entrega de armas de fuego comercial y de uso prohibido respectivamente. En cuanto a las conductas de almacenar, transportar, poseer y usar referente a las armas de fuego de fabricación comercial y de guerra, respecto al material de guerra o de combate, municiones, explosivos y accesorios prohibidos, a las armas de fabricación casera o artesanal (chimbas) y en cuanto a las conductas de fabricar, importar, exportar y vender armas de fuego comercial y de guerra, su positividad se mantiene intacta. De lo anterior se desprende el factor que incide para que la conducta enjuiciada no tenga subsunción en el decreto legislativo 183-2013 del cual se pide su aplicación, pues en supuestos como el planteado, pues como se ha señalado anteriormente, se exige tomar en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir sin género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o comparecer ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para su destrucción inmediata. Según el fáctum de la sentencia, el acusado fue capturado cuando se encontraba a las seis y cinco de la tarde (6:05PM) del ocho de marzo de dos mil catorce, a la altura del cementerio en el sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba, portando en mano un fusil AK-47, en la parte derecha de su cintura portaba un arma de fuego tipo revolver calibre 38 mm marca Smith & Wesson, sin autorización para portarla, y, además, en sus hombros llevaba una mochila color negro, marca Sony, que en su interior contenía un par de aros de presión de metal color plateado con serie 003199 propiedad de la Policía Nacional de Honduras, también contenía 12 cartuchos 12mm de color blanco y rojo. Las circunstancias de tiempo (día sábado a las 6:05PM), lugar (cementerio en el sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba) y la forma en que portaba dichas armas de fuego, son circunstancias todas que objetivamente conllevan a colegir que la intencionalidad del acusado no era la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar las armas de fuego con la finalidad de que ésta procediera a su registro y/o destrucción inmediata, por lo que resulta improcedente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley, en su único motivo, interpuesto por la defensa pública; Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-273-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia Casación Penal Sp-48-2009