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Sentencia CP-271-17 — Registro 11708

Resumen

en primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurso es de absoluto improcedente, como consecuencia de haber sido elaborado sin tomar en cuenta ningún rigor casacional. A través del precepto autorizante seleccionado por el recurrente -artículo 362.1 del Código Procesal Penal- el cual expresa que se podrá interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia recurrida falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; se pueden desarrollar cuatro motivos distintos, a saber son los siguientes: 1. Falta de declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados. 2. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea clara. 3. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea terminante. 4. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados sea contradictoria. Motivos que han sido ampliamente explicados y detallados de manera precedente, en lo que consisten, en su alcance y en los efectos que conllevan para la corrección de la aplicación de la fundamentación fáctica. Sucede, en el caso actual, que el censor del fallo no seleccionó y explicó con precisión ninguno de los motivos contenidos en dicho precepto, sino que se dedicó exclusivamente a hacer alegatos propios de instancia, tales como que la prueba producida en el juicio es insuficiente para enervar el estado de inocencia del señor Junior Alexis Peña; en relación a la declaración del testigo Jeremías García, considera que dicho testimonio es contradictorio en sí mismo y no es merecedor de credibilidad por ser ilógico. En relación a la prueba de descargo, las declaraciones de los señores Víctor Manuel Núñez y Florentino Núñez, considera que sí son creíbles y se corroboran uno para con el otro. Entonces, lo que vemos es que sus argumentos en nada cuestionan la fundamentación fáctica de la sentencia por considerar que la misma no sea clara, terminante o contradictoria, siendo lo procedente desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor del fallo citando como concepto de infracción la violación al derecho de defensa, cuestiona que los elementos de prueba introducidos al debate son contradictorios y violentan el principio de contradicción. Además, añade que no hace ninguna explicación adicional ya que es suficiente para fundamentar su recurso, citar solamente la infracción del precepto constitucional. En atención a lo anterior, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que el conocimiento de los recursos de casación a resolver por esta Sala de lo Penal, queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios; como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por esta alzada porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional. Es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación conforme al principio iuria novit curia. En el presente caso, el censor del fallo hace un lacónico planteamiento del recurso de casación por infracción de precepto constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de no explicar ni siquiera incipientemente las razones por las cuales a su parecer se violentó el derecho de defensa. Además, argumenta, que los medios de prueba son contradictorios. Es decir, no cuestiona la valoración probatoria elaborada por el juzgador, ya que pasándola por alto, elabora su particular y subjetiva valoración probatoria y concluye a partir de esta que se violentó el derecho de defensa así como también el debido proceso. El censor del fallo debe tener presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el tribunal de justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de entender el lacónico planteamiento ha sido infructuoso, pues es huérfano de sentido, debiendo declararse no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 271-2017 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenar al señor Junior Alexis Peña Castañeda, como autor responsable penalmente del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Nicolás Bueso, a la pena de quince años de reclusión, debiéndose computar desde el día que fue aprehendido por la presente causa, la que deberá cumplir en la Granja Penal de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán. Segundo: Condenar al señor Junior Alexis Peña Castañeda, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Se declara al condenado Junior Alexis Peña Castañeda, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado. Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Junior Alexis Peña Castañeda. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Junior Alexis Peña Castañeda. Son partes en única instancia: El Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Junior Alexis Peña Castañeda, como recurrente; y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. Hechos Probados DE La Instancia “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día domingo 23 de diciembre del año dos mil doce, como a las siete de la noche, el señor NICOLAS BUESO se encontraba comprando unas pastillas en el negocio de la señora Julia Rivera el cual está ubicado en el barrio las Brisas de la aldea de Chalmeca jurisdicción de Nueva Arcadia, Copan; una vez que realizo dicha compra se sentó en la acera del mismo negocio a tomarse un refresco, cuando en eso llego el acusado JUNIOR JAVIER PEÑA CASTAÑEDA conocido con el Alias “JUNIOR” quien a la vez portaba una arma de fuego. SEGUNDO: Cuando el acusado Javier Peña llega a dicho lugar, el ofendido Nicolás Bueso se levanto y de inmediato el acusado lo tomo del cuello y en seguida hizo dos disparos al aire y posteriormente disparo a su cuerpo infringiéndole siete heridas en diferentes partes; una oval con anillo de enjugamiento, localizada en la región costal derecha; otra irregular localizada a 28cm de la región costal derecha; otra herida oval, ubicada en el hipogastrio; otra irregular ubicada en la axilar media; otra herida circular con anillo de enjugamiento, ubicada en la región interescapular derecha; otra herida circular con anillo de enjugamiento ubicada en el tercio proximal de la región del brazo izquierdo y una fractura humeral lado izquierdo que le causaron la muerte de forma inmediata y dicho cuerpo quedo sobre la acera donde las autoridades de medicina forense practicaron el respectivo levantamiento y luego de ello, el ente acusador ejerció la acción penal publica contra dicho acusado quien fue aprehendido un año después de cometer el hecho narrado.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. El recurrente, Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Junior Alexis Peña Castañeda, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Que se basa en medios de prueba o elementos probatorios que faltan a la declaración de los Hechos que el Tribunal estimo aprobados y que a la vez son contradictorios. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Que se basa en medios o elementos probatorios que faltan a la verdad ya que los mismos son contradictorios entre sí, tomando en cuenta que la valoración de las pruebas, la sana critica el órgano jurisdiccional, formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida (Artículo 202 del Código Procesal Penal). El Tribunal considero como Hechos Probados que el día Diez de Septiembre del Año Dos Mil Doce, en el Barrio las brisas de Chalmeca Copan al salir el señor NICOLAS BUESO de una pulpería llego el señor JUNIOR ALEXIS PEÑA CASTAÑEDA, hizo varios disparos al aire, infiriéndole a la humanidad del señor NICOLAS BUESO y que dicho hecho será probado con la declaración del señor GEREMIAS GARCIA y el TESTIGO KZ3, también con el documento de dictamen de levantamiento de cadáver que fue ratificado por la Doctora Rudi Ruiz y acta de Inspección, ratificada por Wilson Eli machado y la certificación de Acta de defunción, al rendir su declaración el señor JEREMIAS GARCIA manifiesta que el 23 de diciembre del 2012,llego un señor barbudo colocho, y que agarro al señor NICOLÁS BUESO del cuello y le disparo, ante las preguntas o interrogatorio de la señora Fiscal este expresa de la manera como muere el señor NICOLAS BUESO y ante la pregunta que si sabe quién agarro a esa persona este contesto que no, por lo que su declaración carece de veracidad y contradictoria entre sí, agrega además que nunca vio a la persona que disparo que no lo conoció, entonces como es posible que se haya dictado una sentencia condenatoria, al declarar el testigo KZ3 se deduce que la misma no es creíble ya que es ilógico pensar que alguien va llegar a determinado lugar público haciendo disparos, este testigo manifiesta que solo estaba en el lugar de los hechos contradiciendo totalmente lo que relato del testigo JEREMIÁS GARCIA ya que incluso el primero dice dos disparos y el testigo protegido manifiesta que cuatro escucho. Como prueba de descargo declara el señor Víctor Manuel Núñez quien es testigo creíble al manifestar que el día de los hechos él se encontraba con el señor JUNIOR ALEXIS PEÑA y que no fue este quien le diera muerte al señor NICOLAS BUESO, así mismo declara FLORENTINO FUNEZ, quien viene a fundamentar más la declaración del testigo anteriormente descrito al asegurar que el 23 de diciembre del 2012, también se encontraba con el señor JUNIOR ALEXIS PEÑA, en una propiedad del suegro de él. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es de dejar claro, que este Recurso de Casación, consiste en señalar que el Tribunal aprecio Prueba contradictoria y que no es suficiente para estimar fehacientemente probado el hecho que se le imputa al Señor JUNIOR ALEXIS PEÑA CASTAÑEDA, por un posible delito de HOMICIDIO en perjuicio de NICOLAS BUESO sumado a ello la Sentencia fue dictada en fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis 16/2/2016, pero la misma fue notificada a esta Defensa el Veinte de Marzo del Año Dos Mil Diecisiete 20/3/2017, Lo que incluso hace nula dicha sentencia por no haberse respetado los términos que establece la ley.- Señalo la Sentencia 0413-32-2014 de Fecha Veinte de Marzo del Dos Mil Diecisiete Dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en la causa contra JUNIOR ALEXIS PEÑA CASTAÑEDA por el Delito HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de NICOLAS BUESO, en la que se decreto Nulidad del Debate por violación a las formalidades al Debido Proceso, como a los términos establecidos por la ley. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. MOTIVO UNICO: Para efectos de este motivo se cita como infringido el Artículo 82 Constitucional que garantiza “El derecho de defensa es inviolable...” Artículo 90 Constitucional que garantiza “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece: El derecho de defensa se violenta en relación al Artículo 14, del Código Procesal Penal.- EXPLICACION DEL MOTIVO: Estas violaciones se consumaron con la incorporación de elementos probatorios introducidos al debate, que son contradictorios, en violación al Principio de CONTRADICCION, que conlleva consigo la violación al derecho de defensa como al debido proceso. No se hace mayor explicación en virtud de que este recurso el mismo Código Procesal Penal establece que este Recurso de Infracción de Preceptos Constitucionales, será suficiente para fundamentarlo, la infracción del precepto constitucional.” Fundamentación Jurídica Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. *Concepto de la infracción: que se basa en medios de prueba o elementos probatorios que faltan a la verdad ya que los mismos son contradictorios entre sí, tomando en cuenta que la valoración de las pruebas, la sana crítica el órgano jurisdiccional, formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. *Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. *Pretensión: declarar ha lugar el recurso. El censor del fallo expresa lo que considera el hecho probado de la sentencia, así como un fragmento de lo declarado por el testigo Jeremías García, del cual considera que su testimonio carece de veracidad y es contradictorio, además de que no es creíble por ser ilógico. Asimismo, expresa que se presentó como prueba de descargo la declaración del señor Víctor Manuel Núñez, quien es creíble al manifestar que el día de los hechos se encontraba junto con el señor Junior Alexis Peña y que no fue éste quien le diera muerte al señor Nicolás Bueso, y que dicho testimonio se corrobora con la declaración del señor Florentino Fúnez. Finalmente, arguye, que la sentencia se dictó el 16 de febrero de 2016, y él le fue notificado hasta el 20 de marzo de 2017, lo que hace nula dicha sentencia por no haberse respetado los términos que establece la ley procesal. De la declaración de los hechos probados. Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde el juzgador hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que el juzgador determina la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y, 2. Requisitos de fondo: a. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando el juzgador los redacta entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008). “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009). b. Terminantes: “…los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); y, c. Coherentes: exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…” (sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera[1], esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del juzgador, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación del acusado en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso es de absoluto improcedente, como consecuencia de haber sido elaborado sin tomar en cuenta ningún rigor casacional. A través del precepto autorizante seleccionado por el recurrente -artículo 362.1 del Código Procesal Penal- el cual expresa que se podrá interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia recurrida falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; se pueden desarrollar cuatro motivos distintos, a saber son los siguientes: 1. Falta de declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados. 2. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea clara. 3. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea terminante. 4. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados sea contradictoria. Motivos que han sido ampliamente explicados y detallados de manera precedente, en lo que consisten, en su alcance y en los efectos que conllevan para la corrección de la aplicación de la fundamentación fáctica. Sucede, en el caso actual, que el censor del fallo no seleccionó y explicó con precisión ninguno de los motivos contenidos en dicho precepto, sino que se dedicó exclusivamente a hacer alegatos propios de instancia, tales como que la prueba producida en el juicio es insuficiente para enervar el estado de inocencia del señor Junior Alexis Peña; en relación a la declaración del testigo Jeremías García, considera que dicho testimonio es contradictorio en sí mismo y no es merecedor de credibilidad por ser ilógico. En relación a la prueba de descargo, las declaraciones de los señores Víctor Manuel Núñez y Florentino Núñez, considera que sí son creíbles y se corroboran uno para con el otro. Entonces, lo que vemos es que sus argumentos en nada cuestionan la fundamentación fáctica de la sentencia por considerar que la misma no sea clara, terminante o contradictoria, siendo lo procedente desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[2] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 82 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: infracción al derecho de defensa. *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. Explica el recurrente que las violaciones se consumaron con la incorporación de elementos probatorios introducidos al debate que son contradictorios, en violación al principio de contradicción que conlleva consigo la violación al derecho de defensa y al debido proceso. Así como que no hace mayor explicación ya que para este recurso será suficiente para fundamentarlo, citar la infracción del precepto constitucional. Del derecho a la defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. Con relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal Penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídica procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: 1. Imposibilidad de mutación de dichos hechos dado que -de ocurrir- implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y, la obligación del Tribunal de Sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues, de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El censor del fallo citando como concepto de infracción la violación al derecho de defensa, cuestiona que los elementos de prueba introducidos al debate son contradictorios y violentan el principio de contradicción. Además, añade que no hace ninguna explicación adicional ya que es suficiente para fundamentar su recurso, citar solamente la infracción del precepto constitucional. En atención a lo anterior, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que el conocimiento de los recursos de casación a resolver por esta Sala de lo Penal, queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios; como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por esta alzada porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional. Es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación conforme al principio iuria novit curia. En el presente caso, el censor del fallo hace un lacónico planteamiento del recurso de casación por infracción de precepto constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de no explicar ni siquiera incipientemente las razones por las cuales a su parecer se violentó el derecho de defensa. Además, argumenta, que los medios de prueba son contradictorios. Es decir, no cuestiona la valoración probatoria elaborada por el juzgador, ya que pasándola por alto, elabora su particular y subjetiva valoración probatoria y concluye a partir de esta que se violentó el derecho de defensa así como también el debido proceso. El censor del fallo debe tener presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el tribunal de justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de entender el lacónico planteamiento ha sido infructuoso, pues es huérfano de sentido, debiendo declararse no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Junior Alexis Peña Castañeda; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Junior Alexis Peña Castañeda; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia, departamento de Copán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-271-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011.- pág. 118

[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.