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Sentencia CP-267-17 — Registro 11707

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de Actos de Lujuria Agravados, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal una vez que ha revisado y analizado la sentencia recurrida concluye que no existe el yerro denunciado por él, es decir el derecho a la presunción de inocencia del acusado, así como el Debido Proceso, fueron en todo momento observados y respetados por el Tribunal Sentenciador, todo lo cual concluyó en una sentencia condenatoria para el acusado. La declaración de la menor ofendida K. G. S. G., es espontánea al establecer que el señor José María Rosa,” se sacó sus partes íntimas, me subió la falda, me bajó el blúmer en la casa de él, se acostó en la cama y me la puso en la vulva” cuando en ese momento llegó su mamá, (Dina García Castillo), quien la encontró en la cama con su blúmer abajo y miró lo que ocurría, observando el pantalón del imputado con la “gaveta abierta”; si bien se cuestiona que la niña no tiene efectos psicológicos dañosos por este evento, eso no significa que el hecho no existió, por lo que, con toda la prueba vista en su conjunto se llega a la misma conclusión que le llevó al sentenciador, es decir a considerar culpable al ahora imputado del delito de actos lujuria, debemos tomar en cuenta varias situaciones, primero la edad de la menor, contaba con solo cinco años de edad al momento de los hechos, su baja escolaridad y su relación con el acusado pues le conocía ya que éste vivía cerca de su casa tal como lo ha razonado el Juzgador, con su testimonio es posible determinar la responsabilidad de señor José María Rosa, en el delito de actos de lujuria. En algún momento el recurrente establece en sus argumentos que la menor ofendida según en el dictamen psicológico, presenta núcleos de personalidad predominante al momento de la evaluación de tendencia a la timidez, que le genera dificultad para adaptarse socialmente, por lo que tiende aislarse que se siente ansiosa y tensa, que le ocasionan anticiparse al futuro, actuando de manera impulsiva ya que se encuentra preocupada por el ambiente, posee capacidad intelectual normal (Psicólogo), al respecto esta Sala de lo Penal en su jurisprudencia ha establecido que, el Medio Pericial tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio; y que para ello se designan personas que tengan la experiencia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su misma experiencia profesional. La Historia Médico Legal, es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. Por lo que, para este Tribunal de Casación las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y con respeto a los derechos fundamentales, la deposición de la menor M. del C. R., que rindió en el momento del Juicio Oral y de su madre Dina García Castillo, es posible extraer o derivar los elementos necesarios para considerar culpable al señor José María Rosa, de los hechos a él acusados; se observa que el a quo aplicó estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, por lo que es procedente desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La Sentencia en el Recurso de Casación SP-267-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil quince; dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual: Primero: Condenó: al señor José María Rosa, como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la niña K. G. S. G,, a la pena de siete años, seis meses de reclusión, asimismo se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó: Se declaró al condenado responsable civilmente.- Tercero: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: No procedió el comiso.- SON PARTES: Los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos del señor José María Rosa, como parte recurrente, y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. – II. HECHOS PROBADOS: “Único: El día domingo treinta y uno de julio del año dos mil once, a eso de las tres de la tarde, la niña K. G. S. G. estaba en compañía de su madre Dina Garcia Castillo, en su casa de habitación en la aldea Agua Zarca de Municipio de San Jerónimo Copán, cuando llego el señor José María Rosa a prestarle una tijera a su señora madre, para cortarle el pelo (Clin)a una Yegua, e invito a la menor que lo acompañara que le iba a regalar unos Guineos (bananos), por lo que la menor lo acompaño a su casa, estando en el lugar el señor José María Rosa la llevo hasta el cuarto donde la acostó en una cama subiéndole la falda, bajándole el blúmer y empezó a rozarle el pene en la vagina a la menor, al ver su madre que la menor no regresaba fue en su busca y al llegar a casa del acusado lo encontró que tenía a la menor con sus piernitas semi abiertas y sin su ropa interior, circunstancia que la llevo a interponer la denuncia y posteriormente fue capturado y puesto a la orden del Juzgado.” III. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos “La Recurrente Abogado Mauricio Bautista Barrera, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional, de la manera siguiente: Expresión del motivo de casación por infracción de precepto constitucional. Motivo único: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. - Precepto autorizante El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.-) Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. - Artículo 2.-) Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal establece como hecho probado que mi defendido ha cometido el delito de actos de lujuria agravados en perjuicio de K. G. S. G., tal como lo establece en el hecho probado: Único: El día domingo treinta y uno de julo del año dos mil once, a eso de las tres de la tarde, la niña K. G. S. G. estaba en compañía de su madre Dina García Castillo, en su casa de habitación en la aldea Agua Zarca del Municipio de San Jerónimo, Copan, cuando llego el señor José María Rosa a prestarle una tijera a su señora madre, para cortarle el pelo (clin) a una Yegua, e invito a la menor que lo acompañara que le iba regalar unos Guineos (bananos), por lo que la menor lo acompaño a su casa, estando en el lugar el señor José María Rosa la llevo hasta el cuarto donde la acostó en una cama subiéndole la falda, bajándole el blumer y empezó a rozarle el pene en la vagina a la menor, al ver su madre que la menor no regresaba fue en su busca y al llegar a casa del acusado lo encontró que tenía a la menor con sus piernitas semi abiertas y sin ropa interior, circunstancia que la llevó a interponer la denuncia y posteriormente fue capturado y puesto a la orden del Juzgado. La ofendida declara: “Que don chepe la llevo al cuarto, y estando ahí la subió a la cama le levantó su falda y le bajo el blumer, y se acostó a la par de ella, se sacó la paloma y se la ponía en la vulva y que ella llegó hasta ese lugar Don Chepe le iba a regalar unos guineos”, lo dicho por la menor no tiene sustento probatorio pues la madre en ningún momento observó que mi representado, este ejecutando actos lujuriosos en contra de la menor. El dictamen médico legal establece que en el área genital: himen semilunar integro, sin rupturas, con bordes enrojecidos lo cual puede ser compatible por roce o manipulación por cuerpo romo (pene erecto), así como por mala higiene, o infecciones inespecíficas. (lo resaltado es nuestro) De lo anterior se deduce que el dictamen no es concluyente, pues se desprende que dichos bordes enrojecidos, posiblemente podrían ser producto de mala higiene, en conclusión, no existiendo la certeza de la comisión del delito de actos de lujuria agravados. La existencia de prueba de cargos suficiente, requiere una triple comprobación: 1. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. - 2. Que las pruebas sean válidas, es decir que hayan sido obtenidas o incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. - 3. En tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máxima de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.-[1] Del fallo condenatorio se extrae que el Ministerio Público no comprobó la existencia de un hecho de índole criminal, primeramente el dictamen de evaluación física no es concluyente, por lo tanto no hay certeza de la tesis acusatoria de los rozamientos en contra de la supuesta menor, ya que los mismos, perfectamente son producto de mala higiene o infecciones inespecíficas, por lo tanto existe duda sobre la existencia de dicha circunstancia. El dictamen psicológico tampoco es concluyente, pues solamente establece que la menor presenta núcleos de personalidad predominante al momento de la evaluación de tendencia a la timidez, que le genera dificultad para adaptarse socialmente, por lo que tiende aislarse que se siente ansiosa y tensa, que le ocasionan anticiparse al futuro, actuando de manera impulsiva ya que se encuentra preocupada por el ambiente, posee capacidad intelectual normal. Nótese que dicho dictamen jamás establece que dichos comportamientos sea producto o tenga raíz en un evento negativo en su vida como ser, un posible abuso sexual. Es así que la declaración de la menor no encuentra apoyo en prueba periférica de confirmación. El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas sí las hubiere.-[2] Tal como sucede en el presente caso, por las razones anteriormente expuestas, existe duda razonable sobre la comisión del ilícito. Por todo lo anteriormente expuesto, esta defensa pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, en virtud de no haber comprobado la existencia del delito de actos de lujuria agravados y siendo que mi representado le asiste el principio de presunción de inocencia y al no haber sido vencido en juicio solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria.” IV. FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[3]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por el Abogado Mauricio Bautista Barrera, en su condición de Defensor Público. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Violación a la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso. *Reclamación Ex Ante: No ha podido reclamar su subsanación por efectuarse en el propio acto de sentenciar. *Pretensión: Que sea declarado ha lugar el recurso y se dicte una sentencia absolutoria. Resumen Establece el recurrente que: Del fallo condenatorio se extrae que el Ministerio Público, no comprobó la existencia de un hecho de índole criminal, primeramente, el dictamen de evaluación física no es concluyente, por lo tanto, no hay certeza de la tesis acusatoria de los rozamientos en contra de la supuesta menor, ya que los mismos, perfectamente son producto de mala higiene o infecciones inespecíficas, por lo tanto, existe duda sobre la existencia de dicha circunstancia. Es así que la declaración de la menor no encuentra apoyo en prueba periférica de confirmación. El dictamen psicológico tampoco es concluyente, pues solamente establece que la menor presenta núcleos de personalidad predominante al momento de la evaluación de tendencia a la timidez, que le genera dificultad para adaptarse socialmente, por lo que tiende aislarse que se siente ansiosa y tensa, que le ocasionan anticiparse al futuro, actuando de manera impulsiva ya que se encuentra preocupada por el ambiente, posee capacidad intelectual normal. La defensa pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, en virtud de no haber comprobado la existencia del delito de actos de lujuria agravados y siendo que a su representado le asiste el principio de presunción de inocencia y al no haber sido vencido en juicio solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria.” Del Derecho A La Presunción De Inocencia. Resulta conveniente establecer los parámetros que ha establecido esta Sala de lo Penal, acerca del derecho a la presunción de inocencia. El artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2). Significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) Si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo[4]. Del Derecho al Debido Proceso. La garantía del debido proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita. En fin, el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal una vez que ha revisado y analizado la sentencia recurrida concluye que no existe el yerro denunciado por él, es decir el derecho a la presunción de inocencia del acusado, así como el Debido Proceso, fueron en todo momento observados y respetados por el Tribunal Sentenciador, todo lo cual concluyó en una sentencia condenatoria para el acusado. La declaración de la menor ofendida K. G. S. G., es espontánea al establecer que el señor José María Rosa,” se sacó sus partes íntimas, me subió la falda, me bajó el blúmer en la casa de él, se acostó en la cama y me la puso en la vulva” cuando en ese momento llegó su mamá, (Dina García Castillo), quien la encontró en la cama con su blúmer abajo y miró lo que ocurría, observando el pantalón del imputado con la “gaveta abierta”; si bien se cuestiona que la niña no tiene efectos psicológicos dañosos por este evento, eso no significa que el hecho no existió, por lo que, con toda la prueba vista en su conjunto se llega a la misma conclusión que le llevó al sentenciador, es decir a considerar culpable al ahora imputado del delito de actos lujuria, debemos tomar en cuenta varias situaciones, primero la edad de la menor, contaba con solo cinco años de edad al momento de los hechos, su baja escolaridad y su relación con el acusado pues le conocía ya que éste vivía cerca de su casa tal como lo ha razonado el Juzgador, con su testimonio es posible determinar la responsabilidad de señor José María Rosa, en el delito de actos de lujuria. En algún momento el recurrente establece en sus argumentos que la menor ofendida según en el dictamen psicológico, presenta núcleos de personalidad predominante al momento de la evaluación de tendencia a la timidez, que le genera dificultad para adaptarse socialmente, por lo que tiende aislarse que se siente ansiosa y tensa, que le ocasionan anticiparse al futuro, actuando de manera impulsiva ya que se encuentra preocupada por el ambiente, posee capacidad intelectual normal (Psicólogo), al respecto esta Sala de lo Penal en su jurisprudencia ha establecido que, el Medio Pericial tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio; y que para ello se designan personas que tengan la experiencia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su misma experiencia profesional. La Historia Médico Legal, es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. Por lo que, para este Tribunal de Casación las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y con respeto a los derechos fundamentales, la deposición de la menor M. del C. R., que rindió en el momento del Juicio Oral y de su madre Dina García Castillo, es posible extraer o derivar los elementos necesarios para considerar culpable al señor José María Rosa, de los hechos a él acusados; se observa que el a quo aplicó estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, por lo que es procedente desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Mauricio Bautista Barrera, en su condición de defensor público del señor José María Rosa. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo interpuesto por el Abogado Mauricio Bautista Barrera, en su condición de defensor público del señor José María Rosa. Segundo: Declara Firme y ejecutable la Sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia departamento de Copán, en la cual Condenó al señor José María Rosa, como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la niña K. G. S. G., a la pena de siete años, seis meses de reclusión, - Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-267-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia de la Sala Penal N. 17-2008, de fecha 11 de agosto del 2009, pag.10.-

[2] Sentencia de la Sala Penal, Corte Suprema de Justicia, CP-02-2009.pag. 9 y 10

[3]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[4] Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011, Sentencia de Casación Penal SP 67-2015 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 02 de noviembre del 2018.