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Sentencia CP-265-17 — Registro 11706

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de extorsión continuada y como autor del delito de Facilitación de medios de Transporte de Drogas, en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, al confrontar los hechos declarados probados en la sentencia ahora impugnada, con la norma penal contenida en el artículo 222 del Código Penal, llega a la conclusión de que no existe vicio in iudicando, pues los juzgadores han hecho una elección correcta de la norma penal que gobierna el caso concreto resuelto. Los hechos probados (detallados literalmente ut supra), dan cuenta de que a partir del mes de enero de dos mil quince hasta el mes de marzo del mismo año, específicamente en ocho ocasiones, el señor JORGE IVAN SOSA PERDOMO, alias “Cola” en compañía de otras personas llegaron al negocio del Testigo Protegido S-29 ubicado en la Colonia Miguel Ángel Pavón, para exigirle SEISCIENTOS LEMPIRAS (600.00 Lps) semanales en concepto de impuesto de guerra bajo la amenaza que de no hacerlo lo matarían a él y a su familia, por lo cual acudió a la Fuerza Nacional Anti Extorsión a denunciar dicha situación, indicándoles que varias personas, entre ellas el acusado, eran quienes cada semana en distintos horarios, llegaban a cobrar la suma antes indicada. Que el viernes veintisiete de febrero de dos mil quince, el señor Jorge Iván Sosas Perdomo alias “Cola” llegó nuevamente al negocio del ofendido, momento en el cual, este les notificó a los agentes que el acusado junto a otras personas acababan de llegar a cobrar el ya mencionado impuesto de guerra y les describió sus vestimentas, por lo que estos se desplazaron a dicho lugar, donde localizaron al acusado. El reclamo presentado por el impetrante es infundado, pues los hechos probados sin lugar a dudas describen cómo el acusado llegaba constantemente al negocio del ofendido y realizaron las acciones extorsivas, las acciones consecutivas de llegar al negocio, constituye un delito de extorsión continuada por haber cometido un mismo delito dos o más veces, en momentos diversos, mediante acciones ejecutadas aprovechando idénticas circunstancias intimidatorias y amenazantes. Se determina por lo anteriormente descrito, que se reproduce a la perfección cada elemento del tipo penal y se satisface la semántica exigida tanto en artículo 222 como el artículo 37 del Código Penal, que tipifica el delito de extorsión continuada, del que tuvieron una participación el acusado en su condición de autor; delito que es de carácter consumado, pues sus conductas delictuales tuvieron como resultado que en ocho ocasiones diferentes el testigo protegido “S-29” entregara cantidades de dinero como consecuencia de los reiterados actos de intimidación y amenaza..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 265-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Jorge Iván Sosa Perdomo, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido S-29, a la pena de veinticinco años de reclusión, y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres salarios mínimos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Jorge Iván Sosa Perdomo, como autor del delito de Facilitación de medios de Transporte de Drogas, en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión, más una multa de cincuenta mil lempiras exactos. TERCERO: Se declaró la responsabilidad civil del señor Jorge Iván Sosa Perdomo. CUARTO: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No Procedió el comiso, en virtud de no existir evidencia alguna puesta a disposición de este tribunal. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, actuando en su condición de defensor público del señor Jorge Iván Sosa Perdomo. Son partes en única instancia: El Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, defensor público, en su condición de recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: A partir del mes de enero de dos mil quince hasta el mes de marzo del mismo año, específicamente en ocho ocasiones, el señor JORGE IVAN SOSA PERDOMO, alias “Cola” en compañía de otras personas llegaron al negocio del Testigo Protegido S-29 ubicado en la Colonia Miguel Ángel Pavón, para exigirle SEISCIENTOS LEMPIRAS (600.00 Lps) semanales en concepto de impuesto de guerra bajo la amenaza que de no hacerlo lo matarían a él y a su familia, por lo cual acudió a la Fuerza Nacional Anti Extorsión a denunciar dicha situación, indicándoles que varias personas, entre ellas el acusado, eran quienes cada semana en distintos horarios, llegaban a cobrar la suma antes indicada. SEGUNDO: El viernes veintisiete de febrero de dos mil quince, el señor JORGE IVAN SOSAS PERDOMO alias “Cola” llegó nuevamente al negocio del ofendido, momento en el cual, este les notificó a los agentes que el acusado junto a otras personas acababan de llegar a cobrar el ya mencionado impuesto de guerra y les describió sus vestimentas, por lo que estos se desplazaron a dicho lugar, donde localizaron al acusado, a quien al momento de ser requerido se le encontró una mochila que contenía 274 gramos de marihuana..” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Por infracción de ley sustantiva como ser la aplicación Indebida de los artículos 222 y 37 del Código Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO La norma sustantiva infringida son los artículos 222 y 37 del Código Penal vigente que establecen: Artículo 222 “Incurrirá en reclusión de Tres a nueve años:1.) Quien mediante violencia o amenazas, obligare a alguien a hacer o dejar de hacer alguna cosa, a fin de obtener para si o para otros un provecho justo”. Artículo 37 “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos o mas veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como uno solo continuado. En tal situación se aplicara al agente la pena mas grave, aumentada en dos tercios. En caso de duda, se tendrá por mas grave la pena que tenga señalado el máximo mas alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si le resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Lo prescrito en la última parte del segundo párrafo de este Artículo y en el párrafo anterior, será aplicable a lo estatuido en el artículo 36”.- Artículos que ha aplicado erróneamente el Tribunal de Sentencias en el presente caso al no subsumirse los mismos a la declaración del Único hecho probado. EL Tribunal en referencia declaro como probado el siguiente hecho: “UNICO: A partir del mes de enero de dos mil quince hasta el mes de marzo del mismo año, específicamente en ocho ocasiones, el señor JORGE IVAN SOSA PERDOMO, alias “Cola” en compañía de otras personas llegaron al negocio del Testigo Protegido S-29 ubicado en la Colonia Miguel Ángel Pavon, para exigirle SEISCIENTOS LEMPIRAS (600.00 Lps) semanales en concepto de impuesto de guerra bajo amenaza que de no hacerlo lo matarían a el y a su familia, por lo cual acudió a la Fuerza Nacional Anti Extorsión a denunciar dicha situación, indicándoles que varias personas, entre ellas el acusado, eran quienes cada semana en distintos horarios, llegaban a cobrar la suma antes indicada. SEGUNDO: El viernes veintisiete de febrero de dos mil quince, el señor JORGE IVAN SOSA PERDOMO Alias “Cola” llego nuevamente al negocio del ofendido, momento en el cual, este les notificó a los agentes que el acusado junto a otras personas acababan de llegar a cobrar el ya mencionado impuesto de guerra y les describió sus vestimentas, por lo que estos se desplazaron a dicho lugar, donde localizaron al acusado, a quien al momento de ser requerido se le encontró una mochila que contenía 274 gramos de marihuana. PRIMERO: Al analizar el contenido de los dos hechos probados se observa que el Tribunal aplico indebidamente los artículos 222 y 37 del Código Penal como constitutivo del delito de EXTORSION CONTINUADA a titulo de autor, donde la pena aplicada fue agravada por considerar que se trataba de un delito continuado, por lo que si confrontamos los dos hechos declarados probados con el contenido de los artículos 222 y 37 párrafo primero del Código Penal, los cuales describen el delito de Extorsión continuada, donde podemos observar que no aparecen en aquellos los elementos que conforman dicha figura, no narrándose en la referida declaración de los dos hechos probados por una parte que al momento de dársele captura al imputado en el lugar del hecho Colonia Miguel Ángel Pavon donde uno de los testigos de cargo Policías de investigación Francisco Misael Pérez Corea declaro entre otras cosas que: “...............logrando capturar a uno de ellos que se identificó como Jorge Iván Sosa, a quien se le encontraron sesenta y cinco bolsitas de Marihuana y un celular, por lo que fue remitido a la 105 Brigada..........”; y por otra parte en lo referente a lo continuado, es decir a la entrega de dinero por extorsión no se determinó e individualizó los supuestos momentos anteriores y modos precisos, solamente indicando que había sido a partir del mes de enero de dos mil quince hasta el mes de marzo del mismo año, ni si dichos hechos fueron en cumplimiento de un plan preconcebido (no se relacione ningún plan), por ende no observarse que nada de eso se halla declarado en el los dos hechos probados, siendo así no procedía la condena por Extorsión ni el agravamiento de la pena de dicho delito como Continuado e impuesta a nuestro representado por las razones antes indicadas, debiendo para tal efecto haberse absuelto al mismo por dicho delito continuado, considerando que al habérseles condenado se estaría aplicando indebidamente los preceptos penales antes señalados. SEGUNDO: De esta forma el delito continuado según la doctrina ha sido una institución imprecisa en la definición de sus elementos, con frecuentes contradicciones valorativas, en su aplicación práctica y una indefinición de un fundamento material uniforme que sirva para explicar suficientemente el fenómeno, que por lo mismo ha permitido que bajo los mismos fundamentos, unas veces se aminore la pena que habría correspondido de sancionar independientemente cada una de las acciones típicas y en otras se exaspere, siendo válido preguntarse, por ejemplo, hasta que punto sea forzado o derechamente vulnerado el principio de legalidad aplicando sanciones que no están previamente asignadas a una determinada conducta, o por el contrario, en los casos que se aminora, si recoge este injusto adecuadamente el desvalor de acción de las acciones seriadas surgiendo la interrogante si acaso la unidad de dolo que algunas exigen constituye un factor que aumenta el reproche penal del autor, o si lo morigera, o si aquello resulta indiferente al lado de la necesidad de reconocer una figura que tiene “vida propia” independientemente de su tratamiento punitivo. Dicho lo anterior consideramos que el tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba el hecho ocurrido con el tipo penal de Extorsión Continuada a titulo de autor en perjuicio de Testigo Protegido S-29, aplicándolo en forma indebida, por lo que el conjunto del relato factico en este caso y que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, este debió haber sido un fallo absolutorio por lo cual el razonamiento del Tribunal de Sentencias no posee las características idóneas objetivamente para producir el resultado de un delito de Extorsión Continuada porque las normas legales sustantivas vulneradas efectivamente en este caso los artículos 222 y 37 no se enmarcan dentro de los dos hechos probados redactados por el Tribunal Sentenciador como se dijo antes no se narran en la respectiva declaración de hechos Probados que demostrara por una parte la comisión del delito de Extorsión y por otra que se tratara de continuado en base a un plan preconcebido (no se relaciona ningún plan), ni vigilancia, no determinándose e individualizando las supuestas fechas del mes de enero del año dos mil quince al mes de marzo del mismo año, es decir los momentos precisos y modos en que se realizaron las supuestas entregas de dinero anteriores a la captura del 23 de febrero de 2015. TERCERO: Siendo así consideramos que el Tribunal Sentenciador en ningún momento debió llegar a la convicción de manifestar en la fundamentación jurídica y ser mas claro en los hechos declarados probados o que lo condujera a la absoluta certeza de condenar y agravar por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido S-29, recordemos que el factum del fallo en el presente caso se debió orientar a dictar una sentencia absolutoria contenida en el artículo 339 del Código procesal Penal, de tal manera que la calificación de los hechos declarados probados deben de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo no debió circunscribirse como verdad que el acusado haya cometido el delito de Extorsión Continuada, por lo que en este caso se produce una incongruencia entre los hechos estimados y declarados probados con el fallo como delito de Extorsión Continuada por el cual se acusaba, lo anterior queda evidenciado con las mismas pruebas de cargo testifícales rendidas en juicio oral y público, por lo que de lo antes manifestado pretendemos que se anule la sentencia de mérito y se absuelva a nuestro representado señor Jorge Iván Sosa Perdomo por considerar que no concurre la existencia del delito agravado, debiendo para tal efecto como se dijo antes haberlo absuelto de toda responsabilidad, en vista que los mismos medios de prueba aportados por el Ministerio Público en la audiencia de juicio oral y público quedo establecido por una parte que no se le encontró haciendo nada al momento de su captura decomisándole a Jorge Iván Sosa únicamente una mochila que contenía 274 gramos de marihuana, y por otra la no existencias de un plan preconcebido (no se relaciona ningún plan,), ni la individualización de los supuestos momentos anteriores a la captura de este donde se dijo que se le había entregado dinero por estar extorsionando al testigo protegido S-29. Es así que cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quién se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesaria su resocialización mediante el cumplimiento de una pena, en este caso al haberse aplicado indebidamente el artículo 222 de extorsión y el 37 como continuado y la consumación del mismo, sino que se debió haber absuelto de toda responsabilidad a mi representado.- De lo anterior se concluye que la conducta narrada en los dos hechos probados por el Tribunal de sentencia no es constitutivo de Extorsión Continuada como erróneamente se interpreto y aplico, sino que simplemente se debió absolver, por consiguiente haberse condenado indebidamente al señor Jorge Iván Sosa Perdomo. INTERPRETACION PRETENDIDA Pretendemos que la Honorable Corte Suprema de Justicia, analizando los dos hechos probados en el fallo recurrido y en base a lo dispuesto en las normas penales como lo son los artículos 37 y 222 del Código penal, anule la sentencia recurrida en el entendido que en ningún momento el imputado cometió Extorsión Continuada.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. *Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 222 en relación con 37 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo que contiene el tipo penal de Extorsión Continuada. *Pretensión: Anular la sentencia recurrida. Señala el recurrente que al analizar el contenido de los dos hechos probados, es posible observar que el tribunal aplico indebidamente los artículos 222 y 37 del Código Penal, al confrontar el fáctum con los artículos anteriores, evidencia ausencia de los elementos que conforman dicha figura, por lo cual, se debió orientar a dictar una sentencia absolutoria contenida en el artículo 339 del Código Procesal Penal. Del tipo penal de extorsión. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de extorsión, contenido en el Decreto Legislativo No. 016-2012, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32, 798 en fecha 18 de abril de 2012 y vigente a partir de su publicación, siendo el que resulta aplicable al hecho enjuiciado en virtud del principio de retroactividad de la ley penal y cual expresa lo siguiente: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o a compañero(a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considera un delito de crimen organizado.”. De este tipo penal se distinguen como elementos objetivos los siguientes: a) Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, sin necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de amenaza, intimidación o violencia; b) Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona, ya sea ésta natural, jurídica o asociaciones sin personalidad. c) Objeto material del delito: Es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto; d) Conducta Criminosa: Centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligar” al sujeto pasivo a que realice o a que omita un acto o negocio jurídico con vicio de consentimiento; se tiende por acto o negocio jurídico: *Acto, la conducta comisiva u omisiva, que se pretende obtener de parte del sujeto pasivo y que se agota en un solo momento con o sin trascendencia jurídica, más si patrimonial; como por ejemplo cuando se obliga a romper documentos que den fe de obligaciones o de crédito o se obliga a estampar la firma en un documento en blanco. *Negocio jurídico, consistente en la celebración de un contrato, típico o atípico, con trascendencia jurídica y con efectos patrimoniales. e) Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso es mediante amenazas, intimidación o violencia. La violencia es la ejercida en contra de las personas, a quienes se les obliga a observar un acto o suscribir un negocio jurídico o a omitir un acto o negocio jurídico. La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; es necesario que la intimidación hecha sea de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (criterio del hombre medio) le provoque la consecuencia descrita, ergo la amenaza debe tener apariencia de grave y verdadera. Por su parte, la amenaza puede ser directamente al sujeto pasivo o a un tercero (familiar, empleado, amigo, etc.), entonces se puede amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo. Tal amenaza puede formularse mediante: *Lenguaje hablado o lenguaje de señas; *Por representaciones o dramatizaciones; *De manera escrita, por la plasmación de escritura, dibujos o alegorías; *Por video, editado escenas reales o representadas, fracciones de noticias o películas. f) Punibilidad: El delito de extorsión está conminado con dos penas principales: una pena de reclusión de 15 a 20 años, y una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto. Al responsable del delito de extorsión, además deberán imponérsele las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo penitenciario obligatorio, que deberá cumplir de manera simultánea con la pena de reclusión; igualmente la pena de comiso cuando fuese procedente. Como elementos subjetivos del tipo penal de Extorsión se requiere de dolo: conocimiento de los alcances de la conducta realizada como un todo o como una parte del desarrollo del delito y voluntad de realizar la misma; y adicionalmente se requiere un ánimo de lucro, es decir el deseo de obtener para sí o para un tercero un incremento al patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo. Características del tipo penal de Extorsión Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de extorsión, las siguientes: a) Según su Estructura: i. Tipo Penal Especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otros delitos (coacción, amenazas, robo, estafa, hurto, secuestro, chantaje, extorsivo, cohecho), que de manera conjunta configuran un nuevo tipo penal; ii. Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: tratar de obligar; b) Según su Contenido: i. Tipo Penal de mera actividad, pues no se requiere un cambio en el mundo físico traducido apreciable fenoménicamente, sino que basta con que el sujeto activo realice la violencia, la amenaza o exigencia en procura de obtener un beneficio patrimonial injusto, sin la necesidad de que efectivamente se consiga. ii. Tipo de Conducta Instantánea, al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii. Tipo Penal de Acción, porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv. Tipo Penal Cerrado, porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada se desprende con claridad. c) Según el Sujeto Activo: i. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii. Tipo Penal Simple, pues entre el sujeto activo y el sujeto pasivo no necesitan tener cualidad alguna para la configuración del delito. d) Según el Bien Jurídico Tutelado: i. Tipo Penal Pluri ofensivo, pues si bien tiene como bien jurídicamente tutelado es el patrimonio de las personas, se debe reconocer que la actual redacción del tipo penal persigue igualmente proteger la libertad de las personas; ii. Tipo Penal de Peligro, pues no requiere que el bien jurídicamente tutelado resulte lesionado, sino que basta que éste sea puesto en peligro. Del Concurso de Delitos: Delito Continuado Tras haber hecho análisis de la figura delictiva objeto de imputación, corresponde para dar respuesta al reproche de la Defensa Pública, situarnos en el último elemento de la Teoría del delito donde se define, por parte del legislador, las sanciones que corresponden a cada conducta desvalorada constitutiva de delito; En este peldaño se estudian las Causas Absolutorias de la Punibilidad y los Concursos de Delitos como normas que implementan la política penal punitiva del Estado en la concurrencia de pluralidad de conductas típicas, antijurídicas y culpables. En un derecho penal de acto, corresponde imponer una pena por cada delito cometido por la persona, y por tanto cuando existan varios delitos corresponderá imponer varias penas; Sin embargo en el derecho penal puede ocurrir el fenómeno que a una conducta se ajusten a varios delitos y que a todos ellos corresponda una pena.- El campo del derecho penal que estudia estos fenómenos se le llama Concurso de delitos; Existe Concurso de Delito cuando una misma persona realiza una conducta antijurídica que se adecua a dos o más tipos penales, cada uno merecedores de sanción penal; Partiendo de la definición constituye concurso de delito el Concurso Ideal o Formal (Unidad de Conductas con pluralidad de lesiones: Art. 36 CP) y la ausencia de éste se le denomina Concurso Real o Material (Pluralidad de conductas con pluralidad de lesiones: Art. 35 CP), sin embargo el legislador nacional también denominado como concurso de delitos al Concurso Medial (Concurso Formal Impropio) Art. 36 CP) y al Delito Continuado (Art. 37 CP), lo cual no son verdaderos concursos, sino que obedecen a criterio político criminal de punibilidad; Queda excluido del tema de concurso de delitos el llamado Concurso Aparente De Delitos (Art. 2-A CP), por ser éste tarea de la adecuación de la tipicidad. El delito Continuado está previsto en el artículo 37 del Código Penal, que crea la ficción legal considerando como un solo delito y previendo la imposición de una sola pena agravada, a los responsables de la comisión material de varios hechos delictivos que encuadran en una misma tipificación y que protege el bien jurídico propiedad, ejecutados en un solo momento o en momentos diversos, siempre que sea en respuesta a un plan preconcebido o aprovechando identificas o similares circunstancias de ejecución; La pena única a imponer será el resultado del aumento de dos tercios (2/3) a la pena abstracta más grave de los delitos contra la propiedad cometidos, advirtiendo la misma norma que el concurso de delito continuado no será aplicable en los casos en que la suma de las penas por los diversos delitos cometidos contra la propiedad sea menor a la cuantía de la única pena agravada impuesta con ocasión del concurso de delito continuado Son requisitos de este tipo de concurso: a. Unidad de Bien Jurídico Protegido: Los delitos cometidos deben ser de aquellos que protegen el bien jurídico propiedad, ya sea bienes corporales (bienes muebles, bienes inmuebles o bienes inmuebles por destino) o incorporales (derechos personales); b. Unidad de Tipo Penal: Las diferentes conductas penales deberán de subsumirse en un solo tipo penal en perjuicio de la propiedad, ergo no concurre el Concurso Continuado cuando las diferentes conductas sean subsumibles a varios tipos penales, aun cuando éstos sean en perjuicio de la propiedad; c. Unidad de Sujeto Activo: Que implica que en los diversos delitos, deberán de figurar siempre el mismo sujeto activo; d. Unidad o Pluralidad de Sujetos Pasivos: Los delitos en contra de la propiedad podrán realizarse en perjuicio de un mismo sujeto pasivo en varios momentos, en perjuicio de varios sujetos pasivos en un mismo momento o en perjuicio de varios sujetos pasivos en varios momentos; e. Unidad de fin: en virtud de la cual se exige que el sujeto activo actúe con dolo en todos los delitos cometidos; f. Diversidad de Conducta Humana, la cual podrá realizarse mediante acciones u omisiones; g. Diversidad de título de participación: Al no exigir el artículo 37 las mismas calidades del sujeto activo en los diversos delitos, éste podrá participar en ellos de manera diversa como autor, autor mediato, co-autor, cómplice, cómplice necesario o inductor. h. Identidad del Comportamiento Delictivo: Se establece que el sujeto activo realice las diferentes conductas delictivas basado en un mismo modus operandi, los cuales pueden consistir: i) Realizando las conductas delictivas en un solo momento; ii) Realizando las conductas delictivas en diversos momentos mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento a un plan preconcebido; iii) Realizando las conductas delictivas en diversos momentos aprovechando idénticas o similares circunstancias en la ejecución.- Es claro entonces que el Concurso Continuado o Delito Continuado, es una forma especial de ejecución reiterada de diversos tipos penales mediante un plan preconcebido o aprovechando las mismas o similares circunstancias, haciendo el legislador una presunción de que todos ellos constituyen un solo delito para efectos de imposición de una sola pena; no se trata de un tipo penal, tampoco de una circunstancia agravante, sino una disposición político criminal del legislador orientada a favorecer al sujeto activo con una pena más favorable. Como consecuencia jurídica es la presunción de que todos estos delitos independientes deberán de ser considerados como uno solo “Continuado” y por tanto las diferentes penas que correspondería imponer al responsable por las diversas conductas delictivas, serán sustituidas por una sola pena atenuada, por ello es que señalamos al inicio que el Concurso Continuado o Delito Continuado en realidad no es un tipo penal, sino una disposición político criminal que favorece al culpable de varios delitos en contra de la propiedad al determinar la imposición de una sola pena, es decir que el delito continuado es una figura a favor del reo donde se hace presunción de que los diversos delitos son uno solo exclusivamente para efectos de imposición de pena. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal, al confrontar los hechos declarados probados en la sentencia ahora impugnada, con la norma penal contenida en el artículo 222 del Código Penal, llega a la conclusión de que no existe vicio in iudicando, pues los juzgadores han hecho una elección correcta de la norma penal que gobierna el caso concreto resuelto. Los hechos probados (detallados literalmente ut supra), dan cuenta de que a partir del mes de enero de dos mil quince hasta el mes de marzo del mismo año, específicamente en ocho ocasiones, el señor JORGE IVAN SOSA PERDOMO, alias “Cola” en compañía de otras personas llegaron al negocio del Testigo Protegido S-29 ubicado en la Colonia Miguel Ángel Pavón, para exigirle SEISCIENTOS LEMPIRAS (600.00 Lps) semanales en concepto de impuesto de guerra bajo la amenaza que de no hacerlo lo matarían a él y a su familia, por lo cual acudió a la Fuerza Nacional Anti Extorsión a denunciar dicha situación, indicándoles que varias personas, entre ellas el acusado, eran quienes cada semana en distintos horarios, llegaban a cobrar la suma antes indicada. Que el viernes veintisiete de febrero de dos mil quince, el señor Jorge Iván Sosas Perdomo alias “Cola” llegó nuevamente al negocio del ofendido, momento en el cual, este les notificó a los agentes que el acusado junto a otras personas acababan de llegar a cobrar el ya mencionado impuesto de guerra y les describió sus vestimentas, por lo que estos se desplazaron a dicho lugar, donde localizaron al acusado. El reclamo presentado por el impetrante es infundado, pues los hechos probados sin lugar a dudas describen cómo el acusado llegaba constantemente al negocio del ofendido y realizaron las acciones extorsivas, las acciones consecutivas de llegar al negocio, constituye un delito de extorsión continuada por haber cometido un mismo delito dos o más veces, en momentos diversos, mediante acciones ejecutadas aprovechando idénticas circunstancias intimidatorias y amenazantes. Se determina por lo anteriormente descrito, que se reproduce a la perfección cada elemento del tipo penal y se satisface la semántica exigida tanto en artículo 222 como el artículo 37 del Código Penal, que tipifica el delito de extorsión continuada, del que tuvieron una participación el acusado en su condición de autor; delito que es de carácter consumado, pues sus conductas delictuales tuvieron como resultado que en ocho ocasiones diferentes el testigo protegido “S-29” entregara cantidades de dinero como consecuencia de los reiterados actos de intimidación y amenaza. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; interpuesto por el Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, actuando en su condición de defensor público del señor Jorge Iván Sosa Perdomo. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Jorge Iván Sosa Perdomo, como autor responsable penalmente de los delitos de Extorsión Continuada y Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de Testigo Protegido S29 y La Salud de la Población del Estado de Honduras respectivamente. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-265-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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