Sentencia CP-264-17 — Registro 11705
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia d eprimera instancia que absuelve al acusado por el delito de Portación Ilegal de Armas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse, o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia, consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Acontece que, para la fecha del hecho, el nueve de junio del año dos mil trece, no se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 184-2013, el cual establece en su artículo 2 que se concede un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. En el segundo párrafo la norma además señala que las armas consideradas de uso ilegal podrán ser entregadas a la Secretaría de Seguridad sin ninguna responsabilidad producto de su tenencia, debiendo a procederse a su inmediata destrucción. En el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es pues que debe de entenderse que esta norma refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, se ve condicionado en su positividad durante el tiempo que se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, pero la Sala de lo Penal ha definido a través de su jurisprudencia que deben de tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización de la autoridad competente durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, o bien, que la persona que tenía en su poder un arma de fuego de uso prohibido, tenía la intencionalidad de ir a entregarla a para su destrucción, pues el decreto no autoriza la simple portación, lo que iría en contra de la voluntad del legislador al emitir dicho decreto, pues lo que se pretende es lograr la regularización de las armas de fuego comerciales y la destrucción de las armas de uso prohibido que se encuentren en poder de la ciudadanía, no la simple portación de las mismas. Según el fáctum de la sentencia, el acusado Miguel Ángel Paz Alberto, fue requerido por agentes de la Policía Nacional, en la colonia San juan, sector Lomas del Carmen, entre los bordos de El Limonar y los Naranjos, de la ciudad de San Pedro Sula, como a eso de las 11:20 minutos de la mañana, el día nueve de junio de dos mil trece; decomisándole un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, pavón plateado, sin serie, marca Norinc, conteniendo en su interior 7 proyectiles, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico, como operativo, sin autorización para portarla. Habiendo confrontado el hecho único declarado probado y el artículo 332-B del Código Penal, concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el hecho probado reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de uso personal, pues portaba al momento de suscitarse los hechos, un arma de fuego sin autorización, tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Por lo que resulta procedente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 332, B (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I, Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación en el Recurso de Casación SP-264-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete; dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió: al señor Miguel Ángel Paz Alberto, del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Tercero: Ordenó Devolver a quien acredite su legítima propiedad, el arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, pavón plateado, sin serie, marca Norinco. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley el Abogado Franklin Flores, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco, y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de Defensores Públicos del señor Miguel Ángel Paz Alberto, como parte recurrida. – II. Hechos Probados De La Instancia “Único: En fecha nueve de junio de dos mil trece, entre once y doce el mediodía, agentes de la Policía Nacional realizaban un operativo de rutina en un área del sector de El Carmen, San Pedro Sula, Cortés, exactamente entre los bordos de El Limonar y los Naranjos, cuando observaron en una actitud inusual al señor Miguel Ángel Paz Alberto en compañía de dos personas más, por lo cual, les requirieron, encontrándole al señor Miguel Ángel Paz Alberto, un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, marca Norinco en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, sin la autorización administrativa correspondiente.” III. Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos “El recurrente Abogado Franklin Flores, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley, de la manera siguiente: exposición de los motivos de casación. Primer motivo: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especia”. (Lo resaltado es nuestro). El hecho plasmado como probado por el sentenciador es el siguiente: Único: “En fecha nueve de junio del dos mil trece, entre once y doce del mediodía, Agentes de la Policía Nacional realizaban un operativo de rutina en una área del sector de El Carmen, San Pedro Sula, Cortés, exactamente en los bordos de el Limonar y los Naranjos, cuando observaron en una actitud inusual al señor Miguel Ángel Paz Alberto, en compañía de dos personas más, por lo cual, les requirieron, encontrándole al señor Miguel Ángel Paz Alberto, un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, marca Norinco en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, sin la autorización administrativa correspondiente”. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, en buen estado de funcionamiento, sin el correspondiente permiso proferido por la autoridad competente; sin embargo, emite sentencia absolutoria por considerar que la Ley aplicable en éste caso es el Decreto 184-2013 por ser la que más favorece al imputado. El Juzgador en el caso en comento, estructuró el apartado de Fundamentación Jurídica, procurando explicar el por qué a la acción perpetrada por el imputado (y que se describe en el fáctum) no puede aplicársele, a su criterio, la norma contemplada en el artículo 332-B pues considera que al habérsele incautado al imputado Miguel Ángel Paz el arma comercial en fecha 9 de junio de 2013, y al haberse publicado en fecha 05 de octubre de 2013 el Decreto 184-2013 momento en que entró en vigencia, siendo prorrogada por los decretos 63-2014 del 19 de Agosto del 2014 y 60-2015 de fecha 21 de Mayo del 2015, done extiende prorroga el tiempo de la veda hasta del 31 de Diciembre del 2015, mismo que ya no estaba en vigencia en fecha 7 de Diciembre del 2016, cuando es dictada la sentencia; es decir, que al momento de la incautación no estaba vigente el Decreto señalado y al momento del fallo tampoco lo estaba aun y cuando se otorgaron prorrogas, por lo que el Tribunal consideró que en el presente caso debe aplicarse la ley intermedia; sosteniendo su decisión en que entre la fecha de comisión del ilícito y de la sentencia se sucedieron tres leyes, de tal suerte que la ley más favorable al imputado es la intermedia, es decir el Decreto Legislativo 184-2013 que concedía un período de un año para registrar armas de fuego comerciales como la incautada al acusado, por tanto, a criterio del sentenciador, procede su libre absolución por el delito en cuestión. Es así que el juzgador instaura: “De lo anterior se establece que la detención del encausado y el decomiso del arma en las condiciones mencionadas ocurrió antes de la entrada en vigencia de los decretos aludidos, sin embargo, debemos puntualizar, que los mismos durante la substanciación del proceso y al momento del fallo ya habían perdido vigencia. Esta situación, nos lleva a determinar que estamos ante la presencia de una situación en la cual es aplicable el concepto que en la doctrina mayoritaria se conoce como Ley Intermedia”. (Acápite Segundo párrafo Tercero de la Fundamentación Jurídica).Vale la pena destacar que el a quo utilizó como basamento jurisdiccional, el fallo casacional recaído en el expediente CP 48-2009, de fecha 25 de Noviembre de 2010, la que a su vez, se fundamentó doctrinariamente en la posición del autor Francisco Muñoz Conde, relativa a que “si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que éste pudo ser juzgado con arreglo a la misma, si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no debe aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica.” postura que, a criterio del Ministerio Público, hace patente el yerro in procediendo de la sentencia de mérito, puesto que en la esencia lo que el autor sostiene es que el enjuiciado no puede resultar perjudicado “Si el juicio se hubiese celebrado bajo su vigencia, y si ello ha ocurrido, no debe aplicársele las consecuencias de la ley que lo perjudica” por ello definitivamente, a criterio de la Fiscalía carece de asidero legal, pues nuestra legislación no contempla regulación alguna en aspectos tan trascendentes como la penalización o no de una conducta al estimarse la misma lícita o ilícita. Como se logra evidenciar, la apreciación equívoca de la normativa que ha realizado el juzgador ha repercutido en la conformación viciada de la parte dispositiva de la sentencia, al concluir que la acción perpetrada por el acusado no es punible, al no ser lesiva del bien por serle aplicable una norma temporal que estaba en vigencia durante la tramitación del proceso, pero no en el momento de la consumación del hecho, tal y como puede apreciarse en el apartado de la Fundamentación Jurídica del fallo impugnado en los que sustenta su decisión. Del análisis de los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Miguel Ángel Paz Alberto, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, sin contar el permiso expedido por la autoridad competente, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el fáctum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por Miguel Paz, es el decreto 184-13, mismo que no se encontraba vigente al momento de la ejecución del delito. 3. El a quo justifica su decisión en que la ley más favorable al imputado es el Decreto antes señalado y se fundamenta en la opinión del Jurista Muñoz Conde; donde hace referencia a la Ley Intermedia. 4. En la causa en estudio resulta claro que cuatro meses antes de la vigencia de la ley intermedia se perpetró el ilícito o sea en el ámbito temporal legislativo del artículo 332-B, luego al llegar el 5 de Octubre del 2013, se produjo veda por el término de un año a través del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado por un periodo de 6 meses, a través del Decreto 63-2014 y éste al igual se prorrogó hasta el 31 de diciembre con el Decreto 60-2015, y el fallo se produjo el 7 de Diciembre del 2016 , no cabe otra conclusión que no sea que durante la comisión del ilícito penal y el procedimiento de la sentencia, el imperio de la Ley Penal era sancionar punitivamente conductas como las que encajan en el artículo 332-B del Código Penal. 5. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1: “Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley”. 6. El Tribunal también aduce que en atención al principio de irretroactividad le resulta aplicable al acusado, el decreto 184-2013 mencionado; pero consideramos que tampoco el Principio señalado es aplicable a la causa en comento, pues el artículo 96 de la Constitución de la República, que lo contiene, establece lo siguiente: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. En la causa en 7. estudio el Decreto al que aduce el sentenciador no constituye “una nueva ley vigente”, pues como ya lo señalamos, la misma constituyó solamente una norma de vigencia temporal, y cuando el acusado Paz Alberto fue sentenciado. ya no estaba en vigencia dicha disposición legal. 8. De igual manera, reiteramos, el Tribunal señala que dicha disposición (Decreto 184-2013) le es más favorable también porque durante su vigencia pudo haberse celebrado el juicio en su contra y habérsele aplicado dicha norma; pero esto no fue así, y por lo tanto debe aplicársele y absolverle. Consideramos que lo señalado por el Juzgador es solamente una posibilidad de falencia del sistema de justicia penal, que a efectos legales resulta imposible conceptualizar consecuencias que retrotraigan la vigencia del artículo 332-B que existía al momento de sentenciar al imputado, al período de su enjuiciamiento en donde nos encontrábamos bajo el imperio de los decretos 184-2013 y 63-2014; siendo pues, que no es factible restringir la aplicación de la Ley, por lo que solamente constituye una “posibilidad”. 9. Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado Miguel Ángel Paz Alberto, en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. 10. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado Miguel Ángel Paz Alberto fue encontrado portando un arma de fuego Comercial, en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad competente; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” IV. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose del recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332 B del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del precepto penal sustantivo. *Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso de casación por infracción de ley. Resumen El motivo de casación por infracción de ley interpuesto por la recurrente denuncia que, del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, en buen estado de funcionamiento, sin el correspondiente permiso proferido por la autoridad competente; sin embargo el a quo, emite sentencia absolutoria por considerar que la Ley aplicable en éste caso es el Decreto 184-2013 por ser la que más favorece al imputado, estima que el A quo ha incurrido en el vicio por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado Miguel Ángel Paz Alberto fue encontrado portando un arma de fuego Comercial, en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad competente; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido. delito de Portación Ilegal de Armas (art 332B Código Penal). La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como armas de fuego a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley era especifica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal y; 5. Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que hiciere del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de la misma en igual termino (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”.- Entonces incurrirá en el delito la persona que, entre otros: posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito. Del Decreto Legislativo N° 184-2013. El artículo 98 de la Constitución de la República dispone que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.”; disposición constitucional que es armónica con lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15.1 establece que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional……”. Por ello toda ley debe ser tridimensional: debe ser positiva, debe ser válida y debe ser eficaz; la validez de una norma puede ser formal y material: i) Hay validez formal cuando la ley ha sido creada mediante el procedimiento legislativo correspondiente; ii) Hay validez material cuando la ley está vinculada a un ámbito material de regulación, sin lo cual no puede considerarse obligatoria (la obligatoria observancia de los ciudadanos en cumplirla y la obligatoria reacción de la autoridad de imponer las consecuencias legales a aquellos que la incumplan). Tratándose de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal hoy vigente, su positividad ha sido suspendida temporalmente en varias ocasiones por el legislador, como consecuencia de la aprobación de Decretos Legislativos, en los que usando términos como “Veda” o “Amnistía” el legislador concede términos de gracia para que las personas particulares pudiesen hacer registro de armas comerciales y entrega de armas prohibidas; este es el caso del decreto 184-2013, el cual en su artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de veda o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. De la Procedencia del Recurso El Recurso es de recibo. Esta Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse, o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia, consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Acontece que, para la fecha del hecho, el nueve de junio del año dos mil trece, no se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 184-2013, el cual establece en su artículo 2 que se concede un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. En el segundo párrafo la norma además señala que las armas consideradas de uso ilegal podrán ser entregadas a la Secretaría de Seguridad sin ninguna responsabilidad producto de su tenencia, debiendo a procederse a su inmediata destrucción. En el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es pues que debe de entenderse que esta norma refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, se ve condicionado en su positividad durante el tiempo que se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, pero la Sala de lo Penal ha definido a través de su jurisprudencia que deben de tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización de la autoridad competente durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, o bien, que la persona que tenía en su poder un arma de fuego de uso prohibido, tenía la intencionalidad de ir a entregarla a para su destrucción, pues el decreto no autoriza la simple portación, lo que iría en contra de la voluntad del legislador al emitir dicho decreto, pues lo que se pretende es lograr la regularización de las armas de fuego comerciales y la destrucción de las armas de uso prohibido que se encuentren en poder de la ciudadanía, no la simple portación de las mismas. Según el fáctum de la sentencia, el acusado Miguel Ángel Paz Alberto, fue requerido por agentes de la Policía Nacional, en la colonia San juan, sector Lomas del Carmen, entre los bordos de El Limonar y los Naranjos, de la ciudad de San Pedro Sula, como a eso de las 11:20 minutos de la mañana, el día nueve de junio de dos mil trece; decomisándole un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, pavón plateado, sin serie, marca Norinc, conteniendo en su interior 7 proyectiles, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico, como operativo, sin autorización para portarla. Habiendo confrontado el hecho único declarado probado y el artículo 332-B del Código Penal, concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el hecho probado reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de uso personal, pues portaba al momento de suscitarse los hechos, un arma de fuego sin autorización, tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Por lo que resulta procedente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. V. Decisión Ha lugar el recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal en su único motivo. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar en su único motivo el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado Franklin Flores, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Segundo: Casa la sentencia de fecha siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y como consecuencia, revoca la misma; Tercero: Se debe condenar y se condena al señor Miguel Ángel Paz Alberto, de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión, a la que deberá de deducírsele el tiempo en que haya estado privado de libertad preventivamente exclusivamente por esta causa; pena que deberá de cumplir en el Centro Penitenciario de Támara, Departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria; Se declara la no procedencia de la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Cuarto: Se condena al señor Miguel Ángel Paz Alberto, a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Absoluta, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal. Quinto: Devuélvasele a quien acredite su legítima propiedad, el arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, pavón plateado, sin serie, marca Norinco. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor Miguel Ángel Paz Alberto. (Artículo 06 del Código Procesal Penal). Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-264-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
1 de 7