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Sentencia CP-257-16 — Registro 9989

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Uso Prohibido, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Penal ha confrontado el hecho único declarado probado y el artículo 332-A del Código Penal, concluyendo que existe identidad entre uno y otro, pues el hecho probado reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido, pues portaba al momento de suscitarse los hechos, un arma de fuego, tipo sub ametralladora, marca IMI, modelo mini uzi, calibre 9 mm, serie 00550, con su respectivo cargador; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-A del Código Penal. Estas conclusiones no son violatorias al principio lógico de derivación, pues fueron construidas a partir de inferencias lógicas de la información que proporcionaba la prueba, no como lo denuncia la recurrente; Así entonces, la prueba valorada por el a-quo para llegar a esta conclusión es la siguiente: a) Testigo W. R. R., sub oficial de investigación, quien expuso en su declaración: “al momento de preguntarle un hombre dijo que se llamaba J. C. M., pero al momento de hacerle el registro se le encontró una documentación con el nombre de S. y otros apellidos, fue trasladado a la DNIC para seguirle el proceso de investigación y ponerlo a la orden de la autoridad competente. Que el arma que tenía es un arma corta es un arma prohibida por el funcionamiento que es automática.” b) Acta de registro personal, a nombre de J. C. M. M., de fecha del 05 de abril del 2014, se le encontró un carnet de identificación a nombre de S. N. E., en la cual reconoce su firma el agente W. R. R., (folio 14). c) Acta de decomiso, de fecha del 07 de abril del 2014, un arma de fuego, tipo sub ametralladora, marca IMI, modelo mini uzi, calibre 9 mm, serie 00550, con su respectivo cargador y tres cartuchos, en la que el agente W. R. R. reconoce su firma (folio 15). 4) Constancia del Registro Nacional de Armas, del expediente de mérito de fecha de 07 de abril del 2014, firmada y sellada por el Sr. L. M., jefe del Registro Nacional de Armas, donde hace constar que el arma de fuego mini Uzi, no tiene registro alguno en la base de datos que ellos llevan y que por ser un arma de guerra es totalmente prohibida, que la misma no es de uso policial ni militar, (folio 13) 5) Acta de inspecciones oculares, (folio 59) del expediente de mérito. Con esta prueba el Tribunal de Sentencia arribó a la conclusión que el acusado efectivamente estaba en posesión del arma antes descrita, considerada arma de uso prohibido, y por lo tanto no estaba autorizado para portarla; de manera clara y contundente se determinó el lugar, fecha y hora, en que se desarrolló el operativo policial, que dio como resultado la detención del acusado y el decomiso del arma objeto de este juicio, no queda duda con este testimonio del testigo, que a quien se le decomisa el arma traída como evidencia al juicio, el día 07 de abril del 2014 a eso de las 6: 15 am en la colonia brisas del norte, fue al acusado S. N. E. R., que si bien al inicio se ha dicho que al momento de ser requerido para un registro se identificó con el nombre de J. C. M. ha quedado establecido su verdadero nombre, teniendo como soporte el acta de registro personal donde se le encontró un documento a su nombre, la persona física a la que refiere el testigo se le encontró el arma de fuego. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad, la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra, por lo que el a-quo utilizó correctamente la norma subsumiendo la conducta del acusado en el artículo 332-A del Código Penal. En consecuencia, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintidós días del mes de enero de dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su condición de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 357-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor S. N.E. R., como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de Ocho (8) Años de reclusión, más una multa de cinco mil Lempiras (L 5,000.00).- Segundo: Condenó al señor S. N. E. R., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo que dure la pena principal.- Tercero: Ordenó el comiso y posterior destrucción de un arma de fuego tipo sub ametralladora, mini uzi, calibre: 9mm, color negro, con serie No. 00550.- Cuarto: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al acusado.- Quinto: Declaró la responsabilidad civil del señor S. N. E. R..- Son partes en la única instancia: La Abogada K. N., en su condición de defensora pública del señor S. N. E. R., como parte recurrente; y la Abogada M. E. G., agente fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados De La Instancia“Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: Único: En fecha siete de abril del dos mil catorce, aproximadamente a las seis y quince de la mañana (6:15 a.m.), en la Colonia Brisas del Norte de Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, se encontraba el señor S. N. E. R., sentado en una esquina, cuando llegaron agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, con elementos cobras y técnicos de la escena del crimen, quienes le requirieron para un registro, decomisándole un arma de fuego, tipo sub ametralladora, marca IMI, modelo mini uzi, calibre 9 mm, serie 00550, con su respectivo cargador, por lo que procedieron a hacer su detención y remisión a la Fiscalía de turno” Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos La recurrente abogada K. N., procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “Expresión del primer motivo de casación por quebrantamiento de forma. - Motivo único: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. Norma adjetiva infringida: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicación del motivo: La norma procesal que se invoca como infringida el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” Primero: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción del imputado y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación.- En el presente caso precisa referirnos a las reglas de la lógica por ser ésta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual está orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribó el tribunal de sentencia para condenar a S. N. E. R. no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autor por el delito de “Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido” por parte de mi defendido, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados no se derivan de la prueba aportada. Segundo: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, específicamente la documental con la que únicamente consideramos haberse acreditado plenamente que en fecha siete de abril del año dos mil catorce en la Colonia Brisas del Norte de Comayagüela Francisco Morazán, se le decomisará a una persona del sexo masculino un arma de fuego, tipo sub ametralladora, marca IMI, modelo mini uzi, calibre 9 mm, serie 00550, con su respectivo cargador; por consiguiente no estando de acuerdo esta defensa con la supuesta participación de mi representado en los hechos investigados, en vista de considerar por una parte ser insuficientes las pruebas de cargo aportadas a juicio y por otra la existentes no ser creíbles por el mal manejo de la cadena de custodia, es decir que existe duda razonable que el imputado haya participado en el hecho que se le imputa, específicamente con el único testigo de cargo W. R. R. quien en su declaración estableció una serie de información que le fuera proporcionada, información que no se pudo constatar en ese momento, pues al ser preguntado por la defensa sobre los mecanismos, los métodos o las formas de registro que pudo haber hecho en su condición de agente de investigación al momento de obtener esta información, no mencionó ninguna, dejando entrever que no hubo forma de corroborar que lo narrado por el testigo sea verdad, pues como se dijo antes nos crea duda razonable; por otra parte es importante recalcar el hecho que el agente W. R. no fue la persona que realizó o practicó directamente el registro o decomiso de dicha evidencia, sino mas bien es un testigo que avala lo realizado por otras personas que debieron haber comparecido a juicio, más sin embargo no lo hicieron ignorando el porqué no comparecieron, denotándose además como se dijo antes haberse violentado la cadena de custodia en vista que las actas tanto de decomiso como de registro no se encontraban firmadas, encontrándose únicamente consignado el nombre de una persona que W. R. mencionó de nombre J.C. que le fuera proporcionado. Asimismo, no existió ningún tipo de investigación documentado mediante vigilancia, fotografías o videos que nuestro representado perteneciera a una organización criminal. Por último compareció el perito balístico H. A.G. C. quien únicamente se limitó a establecer características y funcionamiento de la evidencia que fue presentada por el Ministerio Público, donde se pudo evidenciar existir serias contradicciones, quien al declarar manifestó que esta arma podría ser sujetada por una sola mano, lo que contraviene lo dicho al momento de mostrársele el arma físicamente, además sostuvo que dicha arma debería venir acompañada de tres cartuchos según la cadena de custodia, situación ésta que no se pudo establecer por no haberse traído a juicio dichos cartuchos, rompiéndose de esta forma la credibilidad y el sentido de autenticidad de la evidencia, evidenciándose lo manifestado anteriormente en cuanto a que hubo un mal manejo de la evidencia cumpliéndose lo que reza el artículo 200 en cuanto a que la evidencia resulta ser prueba prohibida o ilícita. Tercero: Ahora bien Honorables Magistrados el hecho que el Tribunal Sentenciador haya tomado como sustento valorativo la declaración del agente W. R. nos deja preocupados y ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la Institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que el juzgador basa su fallo en una declaración dudosa, confusa e ilógica, y con la gran posibilidad que dicha declaración esté motivada por móviles espurios. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mi representado S. N. E. R. para conocer con certeza si éste en realidad es la persona a quien se le decomisara el arma de fuego tipo sub ametralladora marca IMI, modelo mini uzi calibre 9 mm, serie 00550.- Por todo ello el testigo de cargo es poco creíble en su relato en vista que como se dijo antes no existió forma de corroborar lo narrado por éste, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido a mi representado S. N. E. R., por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulneró al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mi representado S. N. E. R. haya estado en posesión de dicha arma de fuego de uso prohibido y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento éste que se desprende de la declaración del testigo W. R. la cual es impropia carente de consistencia plena, siendo mínima no resultando corroborable con otras pruebas confiables, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a S. N. E. como autor directo porque así lo dijera el dudoso testigo de cargo W. R.. Reclamación hecha para la subsanación del yerro. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo”. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último: de nulidad 165 CPP).El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que quien recurre haya presentado protesta contra el vicio en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 en relación con el articulo 336 y 338 regla 4 No 2 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica, en su postulado de la derivación; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al constar el vicio en la sentencia definitiva. *Pretensión: Sin determinar por la recurrente. Resumen. Señala la recurrente que se ha vulnerado las reglas lógicas, en su principio de derivación en el proceso de valoración de la prueba; Identifica como argumento judicial vicioso aquel contenido en la sentencia y señala que debió estar provista de razonamiento proveniente de elementos congruentes, verdaderos y suficientes. Señala que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el Tribunal de Sentencia para condenar a S. N. E. R. no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autor por el delito de Portación Ilegal de arma de Fuego de uso prohibido, concluyendo asimismo que los hechos declarados probados no se derivan de la prueba aportada. Clasificación de las armas de fuego (licitas e ilícitas de guerra o de uso personal) A partir de la derogatoria del Decreto No. 101-2003, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 30,133 de fecha 11 de julio de 2003, cada vez más se ha presentado la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el artículo 332-B.[1] La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como armas de fuego a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida los Estados partes se comprometen a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador. También señala que las armas destinadas para uso oficial deberán de contener el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus piezas, componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como fabricación ilícita de armas, la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no ello permite la producción, tenencia y comercialización de éste tipo de armas sin el control del Estado; Es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego. Municiones. Explosivos y Otros Similares, en adelante Ley de Armas). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Los diversos criterios sobre la tipificación como delito, de las conductas producidas con armas de fabricación casera o artesanal, deriva en parte, de la diversidad de calificativos que proporciona las leyes en relación a las armas de fuego, así pues, habla de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra; por ello es necesario hacer la distinción de dichos conceptos. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de armas permitidas por la ley, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley permite su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran prohibidas, es decir aquellos cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala qué debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B, ambos del Código Penal. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferente naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi-automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto su comercio es lícito, las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7 de dicha ley. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; Igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita.- Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley. Así el artículo 332-A del Código Penal, tipifica el delito el de Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones, así: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L10,000.00) lempiras. - La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Anexo I de la Convención Interamericana Sobre Transparencia en Las Adquisiciones de Armas Convencionales 1. Carros de combate Vehículos de combate blindados, automotores, de ruedas u orugas dotados de gran movilidad para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal de tiro directo de gran velocidad inicial con un calibre mínimo de 75 milímetros. 2. Vehículos blindados de combate Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de capacidad para todo terreno: a. diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de cuatro infantes o más, o. b. equipados con un armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12,5 milímetros o con un lanzamisiles. 3. Sistemas de artillería de gran calibre, cañones, obuses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones u obuses, morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objetivos en tierra especialmente mediante tiro indirecto, de un calibre de 100 milímetros o más. 4. Aviones de combate. Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de guerra electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento. En el término "aviones de combate" no quedan comprendidas las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o modificado del modo descrito. 5. Helicópteros de ataque. Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o no guiadas anti carros, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire a aire y equipadas con sistemas de control de tiro y apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica. 6. Naves de guerra Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de 750 toneladas métricas o más de desplazamiento en rosca y otros de menos de 750 toneladas métricas de desplazamiento en rosca equipados para el lanzamiento de misiles de por lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance semejante. 7. Misiles y lanzamisiles. Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una carga explosiva o armas de destrucción a una distancia de por lo menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías 1 a 4. Esta categoría: a. Incluye también los vehículos dirigidos por control remoto que tengan las características definidas anteriormente para los misiles; b No incluye los misiles de tierra a aire. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos 1. Mina: toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo; 2. Mina lanzada a distancia: toda mina, lanzada por artillería, cohetes, morteros u otros medios similares, así como las arrojadas desde aeronaves; 3. Arma Trampa : todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno; 4. Otros Artefactos: municiones y artefactos colocados manualmente que estén concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionen por control remoto o en forma automática mediante acción retardada. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias Arma Incendiaria: Toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco. Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, «fougasses», proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias. Protocolo sobre Armas láser Cegadoras: específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Protocolo sobre Fragmentos no Localizables Arma de Fragmentos no Localizables: arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción Armas Bacteriológicas: Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; y Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción 1. Armas Químicas: Se entiende, conjunta o separadamente: a. Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b. Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias químicas que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; c. Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b). 2. Agente de Represión de Disturbios: Cualquier sustancia química que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente. Código Penal El Arma Avtomat Kaláshnikova modelo 1947 conocido por su acrónimo, AK- 47, y sus modelos y variaciones: a. AK-12, b. AK-47 1948–51, 7,62 x 39; c. AK-47 1952, 7,62 x 39; d. AK-47S, versión con culata plegable; e. AK-47-U Versión con más cadencia de fuego; f. AK-74, 5,45 x 39; g. AK-101, 5,56 x 45 con culata plegada; h. AK-102, 5,56 x 45; i. AK-103, 7,62 x 39; j. AK-104, 7,62 x 39: k. AK-105, 5,45 x 39; l. AK-107/108, 5,45 x 39; m. AKM, 7,62 x 39; n.AKMS, 7,62 x 39, versión del AKM con culata plegable; o.AKMSU, 7,62 x 39 - Versión acortada del AKM; p. Fusil R4, 5,56 x 45 OTAN - Versión sudafricana con culata plegable, similar al Galil; q. IMI Galil, 5,56 x 45 OTAN; r. INSAS, 5,56 x 45 OTAN - Versión india; s. Pistol Mitralieră model 1965, 7,62 x 39 - Versión rumana de culata plegable; t. Puşcă Automată model 1986, 5,45 x 39 - Versión rumana de culata plegable; u. RK 62, 7,62 x 39 - Versión finlandesa, con culata tubular, guardamano de plástico con hoyos y versión con culata plegable esquelética; v. RPK, 7,62 x 39, Ametralladora ligera; w.RPK-74 5,45 x 39 - Versión ametralladora ligera; x. Tipo 56, 7,62 x 39 - Versión china del AKM, con bayoneta plegable; y. Tipo 58, 7,62 x 39 - Versión norcoreana; z. Zastava M70, Versión con culata en forma de tubo o tronco con una terminal de empuñadura en forma de borrador de pizarrón. Conforme al artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5, 000.00) a diez mil (Lps. 10,000.00) lempiras. Particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi-automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). Por el otro lado, el artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador. Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; el problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: a. Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; b. Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; c. Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a. no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; b. Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Aunque se comprueba del análisis expuesto que no existe coherencia interna en la redacción del artículo 332-B del Código Penal, al titular que se tipifica los delitos relacionados con armas comerciales, pero en cuya descripción del supuesto habla de armas de uso personal y deportivas, es de considerar que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, sino armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación , adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas[2]. De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de RECIBO. - La Sala de lo Penal ha confrontado el hecho único declarado probado y el artículo 332-A del Código Penal, concluyendo que existe identidad entre uno y otro, pues el hecho probado reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido, pues portaba al momento de suscitarse los hechos, un arma de fuego, tipo sub ametralladora, marca IMI, modelo mini uzi, calibre 9 mm, serie 00550, con su respectivo cargador; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-A del Código Penal. Estas conclusiones no son violatorias al principio lógico de derivación, pues fueron construidas a partir de inferencias lógicas de la información que proporcionaba la prueba, no como lo denuncia la recurrente; Así entonces, la prueba valorada por el a-quo para llegar a esta conclusión es la siguiente: a) Testigo W. R. R., sub oficial de investigación, quien expuso en su declaración: “al momento de preguntarle un hombre dijo que se llamaba J. C. M., pero al momento de hacerle el registro se le encontró una documentación con el nombre de S. y otros apellidos, fue trasladado a la DNIC para seguirle el proceso de investigación y ponerlo a la orden de la autoridad competente. Que el arma que tenía es un arma corta es un arma prohibida por el funcionamiento que es automática.” b) Acta de registro personal, a nombre de J. C. M. M., de fecha del 05 de abril del 2014, se le encontró un carnet de identificación a nombre de S. N. E., en la cual reconoce su firma el agente W. R. R., (folio 14). c) Acta de decomiso, de fecha del 07 de abril del 2014, un arma de fuego, tipo sub ametralladora, marca IMI, modelo mini uzi, calibre 9 mm, serie 00550, con su respectivo cargador y tres cartuchos, en la que el agente W. R. R. reconoce su firma (folio 15). 4) Constancia del Registro Nacional de Armas, del expediente de mérito de fecha de 07 de abril del 2014, firmada y sellada por el Sr. L. M., jefe del Registro Nacional de Armas, donde hace constar que el arma de fuego mini Uzi, no tiene registro alguno en la base de datos que ellos llevan y que por ser un arma de guerra es totalmente prohibida, que la misma no es de uso policial ni militar, (folio 13) 5) Acta de inspecciones oculares, (folio 59) del expediente de mérito. Con esta prueba el Tribunal de Sentencia arribó a la conclusión que el acusado efectivamente estaba en posesión del arma antes descrita, considerada arma de uso prohibido, y por lo tanto no estaba autorizado para portarla; de manera clara y contundente se determinó el lugar, fecha y hora, en que se desarrolló el operativo policial, que dio como resultado la detención del acusado y el decomiso del arma objeto de este juicio, no queda duda con este testimonio del testigo, que a quien se le decomisa el arma traída como evidencia al juicio, el día 07 de abril del 2014 a eso de las 6: 15 am en la colonia brisas del norte, fue al acusado S. N. E. R., que si bien al inicio se ha dicho que al momento de ser requerido para un registro se identificó con el nombre de J. C. M. ha quedado establecido su verdadero nombre, teniendo como soporte el acta de registro personal donde se le encontró un documento a su nombre, la persona física a la que refiere el testigo se le encontró el arma de fuego. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad, la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra, por lo que el a-quo utilizó correctamente la norma subsumiendo la conducta del acusado en el artículo 332-A del Código Penal. En consecuencia, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. Decisión: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su motivo único. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada K. N., en su condición de defensora publica del señor S. N. E. R..- Segundo: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor S. N. E. R., como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal colegiado de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-357-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Ver Sentencia de fecha diecinueve días de febrero de dos mil diecinueve, exp. 356-2015; Ver Sentencia de fecha treinta de julio del año dos mil diecinueve, exp. 508-2017.

[2] Dictamen: “Armas de fabricación casera o artesanal (tipificación)”. por: abogado M. E. G. V.. Magistrado Corte de Apelaciones la Ceiba, Atlántida. Máster en Administración de Justicia Penal. Especialista en Derecho Penal. Notario Público