Sentencia CP-255-16 — Registro 12200
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Para dar respuesta al recurrente, es necesario advertir que el proceso penal vigente se basa en el principio acusatorio, donde la acción penal es ejercida por un sujeto procesal distinto al que juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contraposición, el juzgador se ve obligado a respetar los extremos contemplados y señalados por el ente acusador. El principio acusatorio da paso al derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte, el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra, el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa. El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como principio de congruencia de la sentencia con la acusación (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 11 de agosto de 2009, en el expediente SP 322-2007). El principio de congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, por lo que se prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por un hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo. En la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, el acusador estatal o privado debe calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Artículo 301.3 del Código Procesal Penal), y como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate. En los hechos fijados en el auto de apertura a juicio si se da el caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. En lo que respecta a la ampliación de la acusación determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere que se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos y que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. En lo referente a las conclusiones del debate, en una inclusión reciente, por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los apoderados legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior, el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Expuesto lo anterior, podemos concluir que aún y cuando los testigos de cargo declararon en juicio circunstancias fácticas que según el recurrente podrían calificarse jurídicamente como delitos de asesinato y robo y que el juzgador les otorgó plena credibilidad a sus testimonios y que ello conlleva a una infracción a la regla de la lógica, este proceso de subsunción no podría darse por el sentenciador sin incurrir en la infracción al derecho de defensa y al debido proceso de la parte acusada, pues según se desprende del acta de audiencia preliminar (f. 87 Tomo I), y del auto de apertura a juicio (f. 91Tomo I), el acusador público, ente encargado de calificar jurídicamente los hechos sometidos a debate, lo hizo única y exclusivamente por el delito de homicidio y no por los delitos de asesinato y robo como pretende el acusador privado. Es cierto que en el juicio oral y público la parte actora pidió ampliar la acusación (f 95 Tomo II), más no consta en acta pronunciamiento alguno emitido por el Tribunal de instancia en relación a esa petición, y tampoco esta superioridad identifica el cumplimiento de los presupuestos excepcionales autorizados por la norma procesal para realizar tal ampliación. En esa virtud, no puede darse razón al acusador privado y el motivo debe desestimarse..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del recurso de casación SP 255-2016 por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Condenar a Jacobo Argueta, como autor responsable del delito de homicidio simple, en perjuicio de Javier Antonio Rodríguez, a la pena de dieciséis años de reclusión en la penitenciaría nacional de Marcala, Departamento de La Paz. Segundo: Condenar a Jacobo Argueta a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, además a trabajar durante el tiempo que dure la condena en obras dentro de la institución penitenciaria. Tercero: Absolver a Jacobo Argueta, del delito de asesinato en perjuicio de Javier Antonio Rodríguez García. Cuarto: Absolver a Jacobo Argueta del delito de Robo Agravado en perjuicio de Javier Antonio Rodríguez García. Quinto: Procede la responsabilidad civil en razón de la condena penal. Sexto: No procede condena en costas. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Julio César Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado de Jacobo Argueta. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Elmer Roberto Chinchilla Iriarte, en su condición de acusador privado. Son partes en única instancia: el Abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado de Jacobo Argueta, como recurrente; el Abogado Elmer Roberto Chinchilla Iriarte, acusador privado, también como recurrente; y, la Abogada Miriam Emilda García, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día veintiocho (28) de Abril del año dos mil once (2011), en el Caserío de Sabanetillas, del Municipio de Santa Elena, La Paz, como a eso de las seis se la mañana mientras el señor JAVIER ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA, se encontraba en un terreno malizando en tres lados de un ganado en compañía de JOSE JULIO EDILBERTO GÓMEZ, MARTHA ALIZABETH RODRÍGUEZ y su hermana FIDELIA VÁSQUEZ y de sorpresa ingresa a la propiedad el Señor JACOBO ARGUETA, y se dirige hacia JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ ARGUETA y le dijo andas viendo el ganado y en seguida saca su arma de fuego infiriéndole dos disparos seguidamente procede a abandonar el lugar. SEGUNDO: Una vez que queda herido JAVIER ANTONIO sus familiares lo trasladan hacia la Ciudad de San miguel del país de El Salvador es donde lo internaron en un centro médico, pero debido a la gravedad de las heridas fallece en horas de la noche del mismo día 28 de abril del 2011.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado Julio César Gabriel Eduardo García Murillo, procedió a formalizar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE:” El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP.” Para los efectos del presente recurso de casación, se consideran violados el artículo 202 del Código Procesal Penal, que literalmente dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; asimismo el artículo 338, sección cuarta, numeral 2) que específicamente manda a los Tribunales a dictar sentencias, justificando según las reglas de la sana crítica el valor que le haya dado las pruebas practicadas en juicio. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es oportuno tener en claro en que consiste el sistema de valoración de la regla de la sana crítica.- Conforme el artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada por el sentenciador al momento de emitir el fallo. Es en la sentencia, donde el juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico, debe ser sustentado en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resueltos los medios probatorios recibidos en el debate para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio de probatorio le merece fe y otro no, y además por que un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso como lo ha reconocido la Jurisprudencia Costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la Psicología y la lógica.- Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la Lógica, implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia anda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido.- la derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos y suficientes (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga) El Tribunal sentenciador expresa estimado y declarado lo siguiente: PRIMERO: El día veintiocho (28) de Abril del año dos mil once (2011), en el Caserío de Sabanetillas, del Municipio de Santa Elena, La Paz, como a eso de las seis se la mañana mientras el señor JAVIER ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA, se encontraba en un terreno malizando en tres lados de un ganado en compañía de JOSÉ JULIO EDILBERTO GÓMEZ, MARTHA ALIZABETH RODRÍGUEZ y su hermana FIDELIA VÁSQUEZ y de sorpresa ingresa a la propiedad el Señor JACOBO ARGUETA, y se dirige hacia JACOBO ARGUETA y se dirige hacia JAVIER ANTONIO RODRÍGUEZ ARGUETA y le dijo andas viendo el ganado y en seguida saca su arma de fuego infiriéndole dos disparos seguidamente procede a abandonar el lugar. SEGUNDO: Una vez que queda herido JAVIER ANTONIO sus familiares lo trasladan hacia la Ciudad de San Miguel del país de El Salvador es donde lo internaron en un centro médico, pero debido a la gravedad de las heridas fallece en horas de la noche del mismo día 28 de abril del 2011. La Defensa Privada acreditará de manera convincente que el Tribunal de Sentencias en abierta confrontación con las reglas de la sana crítica, específicamente la regla de las máximas establecen por cuanto extrajo conclusiones que no lo informan la prueba evacuada en la vista pública que de haberlas razonado como se debe, esto es, en respeto absoluto de estas reglas, la conclusión hubiera sido de no culpabilidad, respetando el derecho de inocencia y como no sucedió en el caso de mérito, veamos: En primer lugar: partiremos de la valoración conjunta e individual de toda la prueba que expresa el Tribunal ha tomado en cuenta: Según el Tribunal el acta de Inspección coincide con las declaraciones de cargo, dado que ésta menciona un paso en falso el cual estaba constituido de palo y alambre, tal como lo afirmaron los testigos de cargo, quienes por ese lugar penetró el imputado momentos previos a realizar los disparos. Analizando dicho medio de prueba que fue realizada el 28 de abril del 2011 y concluida el lunes nueve (09) de mayo del 2011 tal como se puede revisar en la parte posterior del documento previo la firma, consideremos desde ahí la falta de veracidad del documento al iniciar un día y terminar casi diez días después, y referirse el mismo a dos entradas cerca de un cerca de un gran árbol. En segundo lugar: refiere el Tribual que los testigos de cargo fueron fidedignos, confiables, creíbles en todo y cada uno de los hechos que éstos narraron en sus deposiciones. Y que éstos fueron más contundentes al momento de la práctica de RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS porque narraron hechos al unísono siempre fueron contestes y coherentes, más aún refiere el Tribunal que los testigos JOSÉ JULIO EDILBERTO GÓMEZ, MARTHA ELIZABETH RODRÍGUEZ Y FIDELIA VÁSQUEZ, fueron totalmente veraces en sus dichos pues en su tono de voz, en su comportamiento al momento de deponer, más sus descripciones denotan que efectivamente estos vieron los hechos que posteriormente denunciaron. Analizando los testimonios que el Honorable Tribunal tomó como veraces es importante señalar las contradicciones realizadas por los testigos de cargo al momento de sus deposiciones los cuales la única intención es y era perjudicar a JACOBO ARGUETA. MARIA TEOSIA GARCÍA: yo estaba lavando unos trastes, vi pasar agachado a JACOBO ARGUETA, a los diez minutos oí disparos, al ratito corrió mi nieta VANESA IVANA GARCÍA, y me dijo mataron a Toñito, me fui y él estaba boca arriba y ya vi que Jacobo iba adelantito. A los interrogantes dijo: él iba caminando agachado, con las manos en la chumpa, fue Jacobo porque él iba adelantito. En la sala de juicio a interrogantes manifestó el señor que iba pasando de la calle que va para Nahuaterique a Huachipilin, escuché tres disparos, vi a don JACOBO ARGUETA que iba caminando para abajo, mi nieta me dijo mataron a Toñito, la propiedad donde sucedió el hecho está frente de mi casa, dicen que el problema es por tierras. MARTHA ELIZABETH RODRÍGUEZ: en la reconstrucción de hechos manifestó lo siguiente: vi entrar a Jacobo, por el falso que está ahí, se dirigió a Javier Antonio y le dio andas arriando el ganado y sacó la pistola de una chumpa, Javier estaba de frente y le dio el primer disparo, cuando él cayó le pegó el otro de cerquita en la cabeza. A interrogantes manifestó Fidelia estaba a la par mía, Javier estaba arriba, las más cercanas éramos nosotras Jacobo se paró cerca de nosotras, y le dio el primer disparo. En la sala de juicios declaró lo siguiente: vi entrar a Jacobo por un falso. Jacobo sacó un arma mi hermano se dio la vuelta, y le dio tres disparos en la espalda cayó al suelo, y el otro disparo se lo hizo puesto en la cabeza, hizo un disparo a Julio. FIDELIA VÁSQUEZ: en la reconstrucción de hechos dijo: le hizo el primer tiro en la espalda, y Antonio cayó. JOSÉ JULIO EDILBERTO GÓMEZ: Jacobo entró por el falso, le sacó la pistola a Javier, después se le acercó y le pegó otro, luego me hizo a mí el disparo, luego salió corriendo. Yo soy fui su mozo desde pequeño, yo auxilie al finado, el tiro que me hizo a mi no disparo. Acta de levantamiento de cadáver del señor JAVIER ANTONIO RODRÍGUEZ que el tribunal ha valorado, puede describir que falta a la verdad dado que si el cuerpo de dicha persona fue autopsiado las mismas heridas estaban modificadas he incluso como consta en fotografía el cadáver encontraba en ataúd. Expuesto lo anterior, veamos en que consisten los vicios de valoración de prueba que incurrió el sentenciador de instancia: El hecho probado por parte del Tribunal de Sentencia origina lo que la doctrina general establece sobre motivación y congruencia entendiéndose la misma cuando se omite todo razonamiento respecto de algún punto esencial, lo que no es extensivo a todas las alegaciones (incongruencia omisiva) en virtud de que si analizamos la valoración de la prueba que hace el Tribunal, donde le da credibilidad al testimonio de MARÍA TEOSIA GARCÍA, conforme al hecho si ésta manifestó primero escuchar tres disparos y luego dos, manifestó que lo vio caminar por la calle para abajo, y que se dio cuenta porque su nieta le dijo, como es creíble lo que manifiesta, ¿Cómo pudo observar con precisión los lugares o rumbos que tomaron?; partiendo de las reglas de la lógica que se deben de tomar en cuenta al valorar la prueba, el Tribunal no hace uso correcto de los principios de la recta razón; es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; bajo esta premisa se debe de establecer que la declaración de la testigo no es confiable, ya que: cómo es posible que tuviera conocimiento de los hechos si fue que su nieta le comentó; por tanto, la omisión de los principios de la recta razón que conforman el sistema de libre convicción o sana crítica racional fueron violentados en el fallo, ya que la finalidad de los medios probatorios nos dice el artículo 193 del Código Procesal Penal es el establecimiento de la verdad, bajo los preceptos constitucionales que cita el artículo 89, 90, 94, 303 de la Constitución de la República y es importante determinar que una cosa es averiguar y otra bien distinta verificar la primera de esta actividades que pretende establecer los hechos.- Es así, que dentro del segundo elemento conforme a la valoración de prueba que hace el Tribunal, en cuanto a la declaración de MARTHA ELIZABETH RODRÍGUEZ hermana de la víctima y el cual tiene conocimiento de los hechos por ser supuestamente testigo presencial, hace un relato conforme sucedieron los hechos pero lo interesante es que refiere que su hermano estaba de frente cuando recibió el primer disparo, ver reconstrucción de hechos, pero también refiere le dio tres disparos en la espalda. Por lo que se puede apreciar que el Tribunal tuvo que haber valorado dicho testimonio de manera directa por la combinación de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, que permita al juzgador valorar el testimonio de cada testigo a través de las características personales sus relaciones con las partes y analizar el testimonio con otras declaraciones vertidas en el juicio; con respecto a lo anterior, es importante la fidelidad de la percepción y de la transmisión de lo percibido a través del desarrollo y calidad de facultades mentales del testigo, el funcionamiento de los sentidos es esencial, pues quien carece de un sentido del cual es necesario contar para percibir el hecho sobre el cual declara, no podría con solvencia declarar, se debe tomar en cuenta los factores exógenos (físico) condiciones de luz, distancia, etc.., y endógenos con respecto al testigo (ira, miedo, atención) y con respecto a la sinceridad del testimonio deben tomarse en cuenta el interés del deponente, relaciones de familia, odio, ira, afecto o si la declaración fue producida por un discurso premeditado, la mentira vertida en alguna parte de la declaración (mendax in uno, mendax in totum) “el que es mentiroso en una parte será mentiroso en todo”.- Vemos entonces que estos elementos no fueron apreciados en el fallo condenatorio contra el señor JACOBO ARGUETA. El principio de la libre valoración de la prueba que rige el sistema acusatorio y que el proceso penal hondureño incorpora, necesita como contrapeso la existencia de un control efectivo de la amplias facultades que se le confieren al órgano de enjuiciamiento para evitas la arbitrariedad de las resoluciones que emitan, como lo cita el artículo 336 del Código Procesal Penal lo siguiente: “El Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.” La parte recurrente, Abogado Elmer Roberto Chinchilla Iriarte, procedió a formalizar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS MOTIVO UNICO: “La inobservancia de las reglas establecidas de la sana crítica en la valoración de la prueba”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE MOTIVOS Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en virtud de que el juzgador al momento de dictar la sentencia condenatoria en fecha veinte y nueve de enero del dos mil dieciséis respecto al imputado JACOBO ARGUETA, lo hizo vulnerando la Regla Lógica relacionándola con la Sana Crítica, en su apartado de razón suficiente y su característica, valga la redundancia de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: El Honorable Tribunal de Sentencia, asevera en el apartado de Valoración Conjunta e Individual de toda la Prueba Practicada en el Juicio Oral y Público, “que en primer lugar es importante señalar que los testigos de cargo fueron fidedignos, confiables creíbles en todos y cada uno de los hechos que éstos narraron durante sus deposiciones, las cuales fueron incluso aún más contundentes al momento que se practicó el medio de prueba denominado RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS en el cual se pudo comprobar a viva voz y vista que tal como los testigos JOSÉ JULIO EDILBERTO GÓMEZ, MARTA ELIZABETH RODRÍGUEZ y FIDELIA VÁSQUEZ narraron y explicaron hechos al unísono que siempre fueron contestes y coherentes unos con otros, tanto así que lograron con sus dichos acreditar el hecho probado en esta sentencia, pues manifestaron que todos estaban juntos en un área cercana recogiendo ganado, cuando repentinamente llegó el imputado JACOBO ARGUETA al potrero en que se encontraban los testigos junto con el ofendido JAVIER ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA, cuando el imputado sorpresivamente le dispara al señor JAVIER ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA un 28 de abril del 2011 en el caserío Sabanetilas, del municipio de Santa Elena, La Paz, como a eso de las seis de la mañana, quien se encontraba en un terreno realizando labores con el ganado en compañía de JOSÉ JULIO EDILBERTO GÓMEZ, MARTA ELIZABETH RODRÍGUEZ y FIDELIA VÁSQUEZ, quienes declararon cada uno de ellos haber visto con sus propios sentidos al imputado hacerle los disparos al ofendido causándole las siguientes heridas que coinciden con el acta de levantamiento de cadáver así: 1.- Herida circular de un centímetro de diámetro, localizada en región lumbar derecha a dos centímetros de la línea media ciento diez y siete cms. del talón.- 2- Herida de las mismas características localizada en región temporal derecha del cráneo.... CAUSA APARENTE DE MUERTE: Laceración de masa encefálica por proyectil, MANERA APARENTE DE MUERTE: HOMICIDA, siendo en consecuencia que el acta de levantamiento de cadáver evidencia que tal como lo dijeron los testigos de cargo que anteceden y supra mencionados la causa de muerte aparente es por laceración de masa encefálica por proyectil y la manera de muerte es homicida a raíz del disparo de arma de fuego del proyectil susodicho. Es importante señalar que las declaraciones de los testigos JOSÉ JULIO EDILBERTO GÓMEZ, MARTA ELIZABETH RODRÍGUEZ y FIDELIA VÁSQUEZ fueron valoradas por este Tribunal como totalmente veraces en sus dichos pues en sus tonos de voz, en su comportamiento al momento de deponer sus dichos, más sus descripciones denotan que efectivamente éstos vieron los hechos que posteriormente denunciaron, no quedando ninguna duda sobre la participación del encausado en el hecho de sangre.- Por ejemplo todos los testigos manifestaron que el imputado hizo los disparos en la misma forma tanto al principio como al momento de rematar al ofendido, descripciones que resaltan ,la verdad de los hechos conocidos por estos testigos y que en contraposición de los testigos…” Reflexión, si el Honorable Tribunal de Sentencia valoró como totalmente veraces las declaraciones de los testigos, porque desestiman los hechos como ASESINATO, si los testigos fueron contundentes y el Órgano Sentenciador lo acepta de que el ahora condenado lo remató, siendo éste un elemento de ensañamiento y agravando lo actuado por el autor al éste cerciorarse de acabar con la vida de su hermanastro, en sitio despoblado, con premeditación, alevosía y ventaja, elementos que al analizar las declaraciones testificales indican que existieron, como para calificar el delito cometido por JACOBO ARGUETA de ASESINATO, según el artículo 117 del Código Penal, el cual estipula que: “Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Con alevosía, conforme la definición del artículo 27 numeral 2) del Código Penal, 2) Obrar con premeditación conocida, el ahora sentenciado lo realizó así, porque su madre de crianza, madre del occiso le heredó tierras al ofendido, las cuales pretendía JACOBO ARGUETA y planificó y ejecutó la muerte de su hermano de crianza, con el objeto de adueñarse de tales tierras y éste no le estorbara en sus propósitos, la testigo MARÍA TEODOSIA, manifestó que personalmente vio al autor dirigirse directamente al lugar de los hechos y escuchó varios disparos y su nieta le confirmó que JACOBO ARGUETA había matado a JAVIER ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA, así también podemos enunciar los numerales 7), 8), 10), 13) y 16) del artículo precitado, con la referencia de lo anterior se tipifica el delito contra la vida, como ASESINATO.- En cuanto al delito de ROBO AGRAVADO, el Órgano Sentenciador, indicó al inicio de la Valoración Conjunta de la Sentencia, que todos los testigos de cargo habían declarado en forma unánime y coherente sobre cómo ocurrieron todos los hechos y todos declararon que JACOBO ARGUETA cuando había rematado a su víctima, tuvo la paciencia de registrarle todas las bolsas de su vestidura al occiso y le sustrajo una cartera de bolsillo, donde ellos sabían que guardaba dinero y sus documentos personales, es más esperando y asegurándose de la real muerte de su hermanastro, JACOBO ARGUETA también tuvo el cinismo de amarrarle los cordones de los zapatos a su víctima. Por lo que se reitera que la sentencia de mérito es absolutamente incoherente en todas sus partes, pues en la misma claramente se establece que extremos se estimaron probados por parte del Juzgador, las pruebas evacuadas en juicio que sirvieron de fundamento a dicho Cuadro Fáctico así como la subsunción de tales hechos a la norma jurídica correspondiente; de lo que se desprende que el fallo adolece de los vicios denunciados y no constituye un razonamiento armónico entre cada uno de sus apartados y por ello no cumple a cabalidad los requisitos legales exigidos al efecto por los artículos 338 y 344 del Código Procesal Penal y en consecuencia nuestro planteamiento resulta absolutamente fundado pues de lo que se trata, es de que el juzgador asuma la atribución exclusiva de valorar la pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, en forma armónica, coherente y total. Por lo anterior este Acusador Privado, considera que el recurso por Quebrantamiento de Forma planteado es fundado; que cumple los requisitos mínimos de forma y que existen razones suficientes en cuanto a la discusión de fondo, imponiéndose la procedencia del mismo conforme al párrafo segundo del artículo 369 del Código Procesal Penal.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Resumen del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada del acusado Jacobo Argueta. Único motivo. *Norma autorizante citada: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: infracción a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo en virtud de que el vicio se comete en la redacción del fallo.*Petición: declarar ha lugar el recurso interpuesto. Considera el recurrente que el medio de prueba documental consistente en el acta de inspección no es veraz porque el mismo inició el 28 de abril de 2011, y finalizó el 09 de mayo del mismo año. Asimismo, arguye, que el sentenciador comete un vicio de valoración de infracción a las reglas de la lógica al calificar a los testigos de cargo como fidedignos, confiables y creíbles en cada uno de los hechos que narraron, cuando existen contradicciones en sus testimonios. Expone lo que considera contradicciones en los testimonios de la señora Marta Elizabeth Rodríguez, María Teosia García y José Julio Edilberto Gómez. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” a. El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. b. El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: en donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El censor del fallo centra su recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuyo motivo es la infracción de las reglas de la sana crítica, en dos alegatos: el primero de ellos consiste en denunciar que el medio de prueba documental denominado inspección ocular no es veraz, porque la misma se realizó desde la fecha del 28 de abril de 2011 hasta el 09 de mayo del mismo año; como segundo argumento recursivo, denuncia la valoración intelectiva que hizo el Tribunal de Sentencia de las declaraciones testificales de cargo de los señores María Teosia García, Martha Elizabeth Rodríguez, José Julio Edilberto Gómez y Fidelina Vásquez, pues considera que estos testigos incurren en contradicciones en sus testimonios y aun así, fueron calificados de fidedignos, confiables y creíbles en cada uno de los hechos que narraron en sus deposiciones. En relación al testimonio de María Teosia García, denuncia el impetrante que la testigo manifestó primeramente escuchar tres disparos y luego dos, y que se dio cuenta de la muerte del señor Javier Antonio Rodríguez García, porque su nieta Vanesa le comentó lo sucedido, es decir, ésta no tuvo conocimiento directo. Asimismo, en relación a la declaración de la señora Marta Elizabeth Rodríguez, hermana de la víctima, arguye que esta testigo refiere ser presencial del hecho y que su hermano estaba de frente cuando realizaron el primer disparo y que le disparó tres ocasiones más por la espalda, pero el sentenciador no valora esta declaración de manera conjunta con las demás declaraciones testificales, y no toma en cuenta su capacidad de percepción de los hechos y la fidelidad de la transmisión de lo percibido. Esta Sala de lo Penal, de manera previa a responder los alegatos que gravitan en torno a la valoración que hace el sentenciador de las declaraciones testificales, considera necesario apuntar que la primera denuncia de que el acta de inspección ocular no es veraz, es propia de instancia y obedece a una mala técnica recursiva, pues el censor se limita a mencionar que el documento no es “veraz” porque fue elaborado en un período de once días, más nada nos dice de la valoración intelectiva que hace el sentenciador de este medio de prueba, o como ese período de tiempo materializa una infracción a las reglas de la sana crítica por una indebida inferencia valorativa. Por esa razón, este Tribunal de Casación limitará su examen a la valoración intelectiva que hizo el sentenciador de las declaraciones de cargo citadas en el recurso, auditar que la misma obedezca a nuestro sistema de valoración probatoria circunscrito en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En primer lugar, la declaración testifical hecha por María Teosia García (f. 100, Tomo II) indica que el 28 de abril de 2011, ella estaba en su casa lavando trastes cuando el señor (Jacobo Argueta) iba pasando, luego a los 5 minutos oyó los disparos y luego su nieta le dijo que mataron a Toñito, ella preguntó quién había sido y le respondió que Jacobo; al ser interrogada por las partes respondió que eran aproximadamente las 6:00AM… que después de los hechos vio caminando a Jacobo para abajo… que conoce a Jacobo desde los seis años, eran amigos con Javier (víctima), dicen que el problema era por tierras. El sentenciador al valorar intelectivamente este medio de prueba, determina lo siguiente (f. 110, Tomo II): “…que lo vio pasar segundos o minutos antes de que el imputado hiciera los disparos que finalmente dieran muerte al ofendido Javier Antonio, ubicándolo en tiempo y espacio en el lugar de los hechos de sangre donde tres testigos José Luis Edilberto Gómez, Martha Elizabeth Rodríguez y Fidelina Vásquez, afirman categóricamente haber visto al encausado dispararle a Javier Antonio, quienes coinciden en todos los hechos narrados por ellos y por tanto desvirtúan completamente los testigos de la defensa…” En este caso, el Tribunal de Sentencia ha respetado la regla de la lógica que el recurrente denuncia como infringida, pues no se desprende a partir de la valoración, que el sentenciador haya vulnerado los postulados lógicos de coherencia y concordancia. La testigo afirmó ver pasar al acusado momentos antes del hecho donde perdió la vida el señor Javier Antonio Rodríguez García, informó que su nieta llegó donde ella inmediatamente para informarle que Jacobo Argueta fue quien disparó en contra de aquél, y también declaró que cuando salió de su casa de habitación, vio al acusado huir del lugar. La valoración no falsea la declaración que la origina, respeta los límites de lo informado por la señora María Teosia García y no desborda su contenido. En ningún momento ha afirmado el a quo que se trate de una testigo presencial del hecho como intenta hacer ver el recurrente, únicamente se limita a inferir circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores que ubican temporal y espacialmente al acusado en los hechos objeto de juzgamiento. Respecto de la declaración testifical de la señora Martha Elizabeth Rodríguez, declaró lo siguiente: “el día 28 de abril como a eso de las 5 de la mañana salimos hacia Sabanetilla… cuando de repente vi entrar a Jacobo Argueta, vino a mi hermano y le dijo “andas viendo el ganado”, cuando sacó un arma de fuego negra y le disparó en la espalda y luego el otro se lo hizo puesto en la cabeza, le metió las manos en la bolsa del pantalón sacándole los documentos y la cartera, de allí le amarró los cordones de los zapatos, fueron tres disparos los que hizo, el otro se lo hizo a Julio, recuerdo que andaba una chumpa ocre…”. Esta declaración fue valorada de manera conjunta con las declaraciones de los señores José Luis Edilberto Gómez y Fidelina Vásquez, el Tribunal de instancia consideró lo siguiente: “… los testigos de cargo fueron fidedignos, confiables y creíbles en todos y cada uno de los hechos que narraron… es importante señalar que los testigos José Julio Edilberto Gómez, Marta Elizabeth Rodríguez y Fidelia Vásquez, fueron valorados por este Tribunal como totalmente veraces en sus dichos, pues en sus tonos de voz, en su comportamiento al momento de deponer sus dichos, más sus descripciones denotan que efectivamente vieron los hechos que posteriormente denunciaron, no quedando ninguna duda sobre la participación del acusado en el hecho de sangre….” Ello evidencia que el Tribunal de instancia ha llegado a la conclusión plasmada en la sentencia a través de una valoración probatoria respetuosa de las reglas de la sana crítica, pues el precepto procesal contenido en el artículo 202 establece que el órgano jurisdiccional para formar su convicción deberá valorar las pruebas de forma conjunta y armónica, y en el presente caso, las declaraciones antes referidas fueron relacionadas entre sí y también con las pruebas periciales como ser el dictamen de autopsia y de balística, con el medio de prueba reconstrucción de hechos y con la prueba documental de acta de inspección, pruebas sometidas a contradicción e inmediación y con un significado incriminatorio suficiente, pruebas que además fueron valoradas con arreglo a criterios lógicos y razonables. Se trata, en definitiva, de una conclusión valorativa ciertamente racional, careciendo esta Sala de lo Penal de motivos para invalidarla. Además, las contradicciones que- afirma el recurrente- existen entre las declaraciones testificales de cargo, ha sido criterio de esta Sala de lo Penal que al tratarse de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia no puede limitarse a hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararán de manera idéntica, aun y cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas, determinarán que el relato sea distinto, inclusive, a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos; por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al Tribunal de Sentencia por su anormalidad. Así entonces, los testigos valorados conjuntamente deben brindar una visión amplia del hecho, con detalles uniformados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos, pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles (sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 25 de septiembre de 2017, en el expediente SP 035-2014). Por estas razones, el motivo no puede acogerse y debe desestimarse. Resumen del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el acusador privado. Único motivo. *Norma autorizante citada: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: infracción a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo en virtud de que el vicio se comete en la redacción del fallo. *Petición: declarar ha lugar el recurso interpuesto. El recurrente considera infringida la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, pues el sentenciador calificó los testigos de cargo como fidedignos, confiables y creíbles en todos y cada uno de los hechos que narraron durante sus deposiciones. Reflexiona el recurrente en el sentido de cuestionar el porqué si el sentenciador otorga plena credibilidad a los testigos de cargo, desestima los hechos como de asesinato y robo, pues según la prueba testifical el acusado obró con premeditación y todos declararon que luego de rematar a su víctima, tuvo la paciencia de registrarle los bolsillos y extraerle su billetera y documentos personales, así como también se desprende de sus testimonios que el hechor obró con premeditación para matar a su víctima. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Para dar respuesta al recurrente, es necesario advertir que el proceso penal vigente se basa en el principio acusatorio, donde la acción penal es ejercida por un sujeto procesal distinto al que juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contraposición, el juzgador se ve obligado a respetar los extremos contemplados y señalados por el ente acusador. El principio acusatorio da paso al derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte, el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra, el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa. El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como principio de congruencia de la sentencia con la acusación (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 11 de agosto de 2009, en el expediente SP 322-2007). El principio de congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, por lo que se prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por un hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo. En la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, el acusador estatal o privado debe calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Artículo 301.3 del Código Procesal Penal), y como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate. En los hechos fijados en el auto de apertura a juicio si se da el caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. En lo que respecta a la ampliación de la acusación determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere que se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos y que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. En lo referente a las conclusiones del debate, en una inclusión reciente, por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los apoderados legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior, el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Expuesto lo anterior, podemos concluir que aún y cuando los testigos de cargo declararon en juicio circunstancias fácticas que según el recurrente podrían calificarse jurídicamente como delitos de asesinato y robo y que el juzgador les otorgó plena credibilidad a sus testimonios y que ello conlleva a una infracción a la regla de la lógica, este proceso de subsunción no podría darse por el sentenciador sin incurrir en la infracción al derecho de defensa y al debido proceso de la parte acusada, pues según se desprende del acta de audiencia preliminar (f. 87 Tomo I), y del auto de apertura a juicio (f. 91Tomo I), el acusador público, ente encargado de calificar jurídicamente los hechos sometidos a debate, lo hizo única y exclusivamente por el delito de homicidio y no por los delitos de asesinato y robo como pretende el acusador privado. Es cierto que en el juicio oral y público la parte actora pidió ampliar la acusación (f 95 Tomo II), más no consta en acta pronunciamiento alguno emitido por el Tribunal de instancia en relación a esa petición, y tampoco esta superioridad identifica el cumplimiento de los presupuestos excepcionales autorizados por la norma procesal para realizar tal ampliación. En esa virtud, no puede darse razón al acusador privado y el motivo debe desestimarse. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Julio César Gabriel Eduardo García Murillo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Elmer Roberto Chinchilla Iriarte. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Julio César Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado de Jacobo Argueta; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Elmer Roberto Chinchilla Iriarte, en su condición de acusador privado; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-255-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
1 de 12