Sentencia CP-254-17 — Registro 9988
Resumen
Se declara ha lugar parcialmente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia que en primera instancia condena al imputado autor del delito de Tenencia de Explosivos o Material de Guerra y que lo absuelve del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO ES PARCIALMENTE DE RECIBO. El Ministerio Público expone en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en un vicio por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, dado que el imputado J. E. A. M. fue encontrado portando un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y considerada un arma de guerra, pero esta Sala de Casación ya ha establecido que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo del Código Penal citado anteriormente, esto debido a que la naturaleza de elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra. Por estas razones, no puede atenderse positivamente el argumento recursivo del Ministerio Público. [1] Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Por lo anterior, no cabe duda de que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con la morfología de una pistola de asalto; tal conducta, como ha explicado previamente la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Se desprende del fáctum de la sentencia, que el acusado fue capturado por un grupo de agentes policiales, al haber recibido una denuncia anónima de que el imputado se encontraba a inmediaciones de una pulpería, portando en una mochila un arma de fuego de fabricación casera, y que al ser requerido por la autoridad competente intentó huir, circunstancias todas que conducen a colegir objetivamente que la intencionalidad del acusado no era de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción inmediata. Por estas razones, deviene procedente declarar ha lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, lo que no constituye violación al principio de no reforma peyorativa, pues el delito ahora observado no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-254-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de febrero dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor J. E. A. M., como autor del delito de Tenencia de Explosivos o Material de Guerra, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión más una multa de diez mil lempiras; Segundo: Condenó al señor J. E. A. M., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor J. E. A. M.; Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor J. E. A. M.; Quinto: Se decreta el comiso de una granada de mano modelo M26, y otra granada de mano modelo M67 y de un arma de fuego artesanal con morfología pistola de asalto calibre 9mm, con su cargador y seis cartuchos sin percutir 9mm; Sexto: Absolvió al señor J. E. A. M., del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Interpuso recurso de casación el Abogado S. C. A. en su condición de fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada S. L. Z., en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados A. R. P. y A. A. G., en su condición de defensores públicos del señor J. E. A. M., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Este Tribunal declara de manera expresa y terminantemente, probado el hecho siguiente: PRIMERO: El día miércoles 18 de noviembre del año 2015, aproximadamente a las 07:30 de la mañana, en el sector de la Colonia Altos de la Laguna de Comayagüela, un grupo de agentes policiales se encontraban en la zona, al recibir previamente una llamada de fuente anónima informando que, en ese sector, específicamente en la calle principal por una pulpería de color azul cielo, se encontraba una persona portando en una mochila armas de fuego, identificando al señor J. E. A. M., quien al percatarse de la presencia policial intento huir de la zona, pero ante la rápida intervención de los agentes policiales lograron darle detención, cargando en sus hombros una mochila cuadriculada, color azul, blanco y negro, marca MTV, en la que el señor A. M. llevaba un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con la morfología de una pistola de asalto, un cargador metálico de color negro y seis cartuchos sin percutir calibre 9mm, un chaleco antibalas de color negro y dos artefactos explosivos tipo granadas, por lo que se decomisó la misma, poniendo a la orden de la Fiscalía de Turno al encausado.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El recurrente Abogado S. C. A., procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: En el proceso de mérito, el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado los hechos siguientes: “PRIMERO: El día miércoles 18 de noviembre del año 2015, aproximadamente a las 07:30 de la mañana, en el sector de la Colonia Altos de la Laguna de Comayagüela, un grupo de agentes policiales se encontraban en la zona, al recibir previamente una llamada de fuente anónima informando que, en ese sector, específicamente en la calle principal por una pulpería de color azul cielo, se encontraba una persona portando en una mochila armas de fuego, identificando al señor J. E. A. M., quien al percatarse de la presencia policial intento huir de la zona, pero ante la rápida intervención de los agentes policiales lograron darle detención, cargando en sus hombros una mochila cuadriculada, color azul, blanco y negro, marca MTV, en la que el señor A. M. llevaba un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con la morfología de una pistola de asalto, un cargador metálico de color negro y dos artefactos explosivos tipo granadas, por lo que se decomisó la misma, poniendo a la orden de la fiscalía de Turno al encausado. El Tribunal considera, en lo que respecta a la portación ilegal de arma por el arma de fabricación casera, conocida comúnmente como “Chimba” el legislador no incluyó las armas de fabricación casera de manera expresa en dicho tipo penal como sí lo hizo al incluir las AK-47, por lo cual absuelve por este delito, argumentación contraria a las pretensiones del ente acusador, que considera que el factum declarado probado por el sentenciador se en marca en el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, por la razones que a continuación exponemos: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps. 10, 000.00) lempiras por cada arma incautada. La Policía Nacional o cualquiera otra autoridad que decomise ese material lo podrá de inmediato a disposición del Ministerio Público” Pero el Juzgador realiza su Motivación Jurídica orientada a sustentar la parte concluyente de su fallo, explicando el porqué los hechos declarados como probados, no se adecuan a los tipos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, explicando el numeral segundo, cuarto párrafo de dicho apartado que “por su parte, la sala de lo penal ha sentado jurisprudencia considerando a las chimbas como armas de uso personal, y que por ello están comprendidas dentro del tipo penal del articulo 332-B del Código Penal, agotando su análisis en “el uso personal del arma” pero este no es un elemento único del tipo objetivo, no obstante este Tribunal de Sentencia se aparta de dicho criterio por una parte, porque aun no constituye doctrina legal y por otra por considerar que las chimbas carecen de serie y de estándares de calidad que se exigen para su inscripción en los registros correspondientes, por lo que las chimbas jamás podrían ser inscritas en el Registro Nacional de Armas como armas de uso personal, habida cuenta de que también tampoco se extienden facturas de compras de las mismas, los cuales también son requisitos para su inscripción y por ende jamás podría extenderse ningún permiso legal para su portación conforme lo exige el articulo 332-B y mucho menos las chimbas podrían estar registradas en los inventarios de la policía o del ejercito nacional, puesto que tampoco son armas de guerra, lo que las excluye a nuestro parecer del tipo penal 332-A por el cual se ha acusado. Siendo que el legislador no incluyó las armas de fabricación casera de manera expresa en dicho tipo penal como si lo hizo al incluir las AK-47, por lo que se sostiene que aun cuando se haya acreditado el buen funcionamiento de dicha arma de fabricación casera al no estar contenida en la ley penal, castigar dicha conducta vulnera el principio de legalidad, ya que si bien las mismas son mencionadas con una Ley Especial de Control de Armas en el articulo 8 No 2, esta remite las acciones al Código Penal, y se reitera que al no encontrarse descritas las chimbas dentro del articulo 32-A no procede imponer pena alguna por no cumplir con ninguno de los supuestos descritos en dicha norma. Es así que al no haberse acreditado la existencia del delito por ser a típico, tampoco se puede deducir responsabilidad penal alguna a ninguna persona” es así, que el sentenciador considera que la acción enjuiciada como una falta Administrativa, pero esta afirmación carece de un soporte legal, ya que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) de ser considerada como una conducta delictiva ya que porta un arma prohibida, tal y como lo establece el artículo 8.2 del decreto 30-2000 mediante el cual el legislador ha encasillado las comúnmente chimbas como armas prohibidas, por tanto su tenencia nunca podrá ser considerada legal, ya que para ello es necesario la obtención del correspondiente permiso, lo cual resulta absolutamente imposible, al no encontrarse incluidas dentro del catálogo establecido en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; sin embargo el juzgador, emite sentencia absolutoria por considerar que dicha conducta no está contemplada en la Ley Penal. Como se logra evidenciar, la apreciación de la normativa que ha realizado el juzgador ha resultado en la conformación de una parte dispositiva de la sentencia errónea, al concluir que el hecho de poseer (tener, conservar) un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra por no estar expresamente señalado ése término en la norma penal, tal y como puede apreciarse en los numerales Primero y Segundo del apartado de la Motivación Jurídica del fallo impugnado en los que sustenta su decisión, pero del fáctum fijado por el Tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico, donde el sujeto activo es el imputado J. E. A. M., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-A del Código Penal, en virtud de que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrarlas y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y /o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) por tanto, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. De ahí que no existe la atipicidad que el sentenciador establece en su fallo, por el contrario, la norma dejada de aplicar en relación con el artículo 8.2 del decreto 30-2000 nos resuelve la inquietud que ha manifestado el juzgador en su fundamentación jurídica, por cuanto ya el legislador hondureño ha establecido claramente que las chimbas o armas caseras o artesanales son consideradas como armas prohibidas y por lo tanto dicho acto es considerado punible para los efectos penales correspondientes. Dado lo anterior, resulta evidente el grave vicio en el que ha incurrido el sentenciador por cuanto al establecer la atipicidad de la conducta desplegada por el imputado ha dejado de aplicar la norma que resolvía correctamente el caso, causando con ello un grave agravio a la sociedad en general e ignorando la vigencia del decreto legislativo 30-2000, el cual según el artículo 8.2 del mismo, las armas artesanales o caseras, como lo es en el presente caso la decomisada al imputado es considerada como arma prohibida susceptible de una sanción penal tal y como lo establece el mismo decreto en mención. La Fiscal en el presente caso ha dejado claramente establecido que en efecto el imputado al tener a su disposición una chimba (dentro de su esfera de dominio), ha incurrido en el delito de portación ilegal de armas prohibida (art. 332- A) del Código Penal y este contenido de verdad irrefutable se encuentra plasmado en los hechos probados, de ahí que se origina el vicio que da lugar al presente recurso. Llama poderosamente la atención de lo establecido por los Juzgadores en el sentido de que no le dan valor a la postura de la sala de lo penal en la cual dicha sala ha sentado jurisprudencia considerando las chimbas como armas de uso personal, sin embargo manifiestan los Juzgadores que se apartan de dicho criterio, por una parte, porque aun no constituye doctrina legal; de lo que se desprende que dichos juzgadores desconocen los distintos fallos que la Honorable Sala de lo Penal a emitido respecto a las chimbas, lógicamente por que no han tratado de indagar sobre la existencia de mas fallos al respecto, y por ejemplo les citamos el fallo numero SP-473-2015 de fecha 28 de julio de 2016 y sobre donde la Sala se Pronuncia sobre estos mismos extremos que el Tribunal de Sentencia dice desconocer, y donde precisamente el Tribunal de Sentencia de Choluteca absuelve por considerar que el arma de fabricación casera, conocidas como comúnmente chimbas, son atípicas, igual que el criterio sostenido por este Tribunal y donde la Sala de lo penal establece lo siguiente: “…Esta sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego, dispuesto en el artículo 8 numeral 2, de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, y a su vez dicha definición debe ajustarse y tener concordancia, con lo dispuesto en alguno de los artículos 332- A, y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta sala estima que el principio de favor reí, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. En consecuencia esta Sala de clara con lugar el motivo de casación por infracción de ley invocado por el recurrente” sancionarse a nuestro criterio debe enmarcarse en el artículo 332-A, Posturas como las anteriores existen varias sentencias pronunciadas por la Honorable Sala de 1o Penal, donde se establece que el portar una arma de fabricación casera, (chimba) no es un hecho atípico, como por ejemplo 332-2014; 336-2015; 409-2015; 473-2015 y 68-2013 entre otras; por lo cual animamos a los Juzgadores que lean un poco mas sobre estos extremos y otros temas más, pues la jurisprudencia emanada de la Honorable Sala de lo Penal pronunciadas en varios delitos, debería de ser de uso obligatorio por parte de los Juzgadores, sin embargo en la práctica miramos con mucho asombro el no cumplimiento ni observación de dichas posturas jurisprudenciales por dichos Tribunales de la República. Si bien es cierto el ente acusador comparte parcialmente las afirmaciones de la Sala de lo Penal, en el sentido de que la conducta no es atípica y que debe de sancionarse, sin embargo a nuestro criterio esta conducta debe enmarcarse en el artículo 332-A del Código penal. de los mismos Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 32-A, dado que al imputado J. E. A. M. fue encontrado portando un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. En cuanto al fallo condenatorio por el delito de Tenencia de Explosivos o Material de Guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, el Ente Acusador está conforme con el mismo, por lo que dicha sentencia debe de respetarse en todos sus términos.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “…la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” . Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Motivo Único *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-A del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 332-A del Código Penal *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Explicó el recurrente que, en el presente caso, se puede evidenciar que la apreciación de la normativa que ha realizado el juzgador ha resultado en la conformación de una parte dispositiva de la sentencia errónea, al concluir que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal no es una conducta constitutiva de ilícito penal de Portación Ilegal de Arma de Guerra, por no estar expresamente señalado ese término en la norma penal, tal y como puede apreciarse en los numerales primero y segundo del apartado de la motivación jurídica del fallo impugnado en los que el tribunal sustenta su decisión, pero arguye que del factum fijado por el mismo tribunal, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico, donde el sujeto activo es el imputado J. E. A. M., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-A del Código Penal, en virtud de que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrarlas y por ende legalizar. De la Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). Se ha podido constatar por parte de esta Sala de lo Penal, la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B. Sin embargo, tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, en los fallos No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, fijando doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: I) Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). II) Armas de uso personal: El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento Penal a las Armas de Fabricación Casera o Artesanal. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y otros similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita, en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente. Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es Parcialmente de Recibo. El Ministerio Público expone en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en un vicio por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, dado que el imputado J. E. A. M. fue encontrado portando un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y considerada un arma de guerra, pero esta Sala de Casación ya ha establecido que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo del Código Penal citado anteriormente, esto debido a que la naturaleza de elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra. Por estas razones, no puede atenderse positivamente el argumento recursivo del Ministerio Público. [1] Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Por lo anterior, no cabe duda de que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con la morfología de una pistola de asalto; tal conducta, como ha explicado previamente la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Se desprende del fáctum de la sentencia, que el acusado fue capturado por un grupo de agentes policiales, al haber recibido una denuncia anónima de que el imputado se encontraba a inmediaciones de una pulpería, portando en una mochila un arma de fuego de fabricación casera, y que al ser requerido por la autoridad competente intentó huir, circunstancias todas que conducen a colegir objetivamente que la intencionalidad del acusado no era de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción inmediata. Por estas razones, deviene procedente declarar ha lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, lo que no constituye violación al principio de no reforma peyorativa, pues el delito ahora observado no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público. DECISIÓN. Se declara ha lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 332-A, 332-B, del Código Penal; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar Parcialmente el recurso de casación por infracción de ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; Segundo: Casa la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, únicamente en relación al numeral sexto de la parte resolutiva; en consecuencia, revoca dicho numeral, quedando incólume en sus demás numerales del Primero al Quinto. Tercero: Se debe condenar y se condena al señor J. E. A. M., de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de portación ilegal de arma de fuego de uso personal en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión; pena que deberá cumplir en el Centro Penitenciario de Támara, Departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria; asimismo, se condena al señor J. E. A. M., a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, así como la obligación del ahora condenado a trabajar dentro del establecimiento penitenciario o en obras públicas bajo la dirección de éste, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme las regulaciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento respectivo; finalmente, se declara la responsabilidad civil del condenado, la cual deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por la víctima del delito, que en este caso es el Estado de Honduras. Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y, librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor J. E. A. M.. (Artículo 06 del Código Procesal Penal). Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-254-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 328-2016 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 31 de octubre de 2019. Sentencia de Casación Penal SP 473-2015 dictada por la Sala de lo Penal en fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis.