Sentencia CP-247-16 — Registro 12198
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos en concurso ideal de Homicidio Culposo, Lesiones Culposas y Daños Culposos. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Opinión de la sala sobre el caso específico El recurrente funda su reproche recursivo de quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en su ley lógica, de derivación y principio de razón suficiente en la valoración de la prueba de cargo, concretamente en la valoración de las declaraciones de los testigos Miguel Antonio Rodríguez, Carlos Figueroa Harry, Baudilio Paz Sabillón, Alexis Renán Cano, por considerar que contienen variedad de inconsistencias, y con la prueba documental y pericial agregada al juicio. Esta Sala aprecia que los medios de prueba de cargo consistentes en las declaraciones de los testigos presenciales Miguel Antonio Rodriguez Martínez y Alexis Renán Cano Rosales, son coincidentes entre si y con la prueba documental consistente en el Informe de Tránsito que determina: Vehículo 1 …Placa PAK5218, Marca Toyota, color dorado, nombre Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala: conduce su móvil en condiciones físicas deficientes, motivado por la ingesta de alcohol en su organismo, a exceso de velocidad, no calculó la distancia y colisionó por al alcance al móvil 2 (Placa PBM5802, Marca Honda, Color azul, motor B20842047340, chasis VE038164, nombre: Ricardo López Jackson), al cual antecedía en su marcha con el tercio anterior medio, en el tercio posterior medio del móvil 2, en el punto de impacto….según plano adjunto, por lo que el participante 2 perdió el control de su móvil, ingresando en el carril contrario, obstruyendo la pista de circulación del móvil 3 ( Placa..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Opinión de la Sala sobre el caso específico El censor alega que la sentencia recurrida infringe los derechos fundamentales de Presunción de Inocencia y Debido Proceso establecidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. El artículo 89 Constitucional dispone que “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” y el artículo 90 que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, por considerar que la prueba de culpabilidad del acusado -proporcionada por el Ministerio Público en juicio- no fue contundente, por lo que el tribunal debió absolverlo. Reprocha que no fue un hecho controvertido en juicio la muerte violenta de los señores Ricardo López Jackson, Hilda Sagrario Guerra y Ricardo Isaac López Guerra, las lesiones provocadas a Joan Nicole López Guerra y los daños a la propiedad al señor Miguel Antonio Rodríguez, pero que la carga probatoria que se evacúo en juicio es insuficiente para condenar al acusado señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala por imprudencia a las disposiciones de la Ley de Tránsito. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia por el juzgador de instancia al valorar la prueba de cargo consistente en las declaraciones rendidas en sala de juicio por el propio acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala y Rafael Augusto Moya Moreno, en relación a la fecha, ubicación, circunstancias relativas a haber estado antes departiendo en la feria de Jutiapa donde tomaron bebidas alcohólicas, hora aproximada del accidente en que dicen haber participado contra la parte posterior de un camón tipo Dyna, condiciones de lluvia o meteorológicas desfavorables en la noche de los hechos, las características del vehículo marca Toyota Hilux, doble cabina color café o beige conducido por el acusado, el haber sufrido severos daños en la parte frontal del vehículo del acusado, no haberse quedado en el lugar del accidente sino el haberse ido a presentar a la Estación Policial de Satuyé, donde es detenido el acusado. Declaraciones que son coincidentes en mencionar que participaron en otro accidente y no en el accidente que provoca la muerte, lesiones y daños a la propiedad objeto del presente juicio. Declaraciones de testigos que son coincidentes con la prueba pericial consistente en el Dictamen de Tránsito ratificado en la sala de juicio por medio del Perito Inspector de la Policía de Tránsito Baudilio Paz Sabillón quien realiza inspección al día siguiente de los hechos, quien establece el lugar preciso del accidente, la dinámica de los hechos, en atención a la proporción de los daños ocasionados a los vehículos participantes, posición de los vehículos, indicios encontrados y que concluye con lo siguiente: “El participante 1 (Placa PAK5218, Marca Toyota, color dorado, nombre Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala): conduce su móvil en condiciones físicas deficientes, motivado por la ingesta de alcohol en su organismo, a exceso de velocidad, no calculó la distancia y colisionó por al alcance al móvil 2 (Placa PBM5802, Marca Honda, Color azul, motor B20842047340, chasis VE038164, nombre: Ricardo López Jackson), al cual antecedía en su marcha con el tercio anterior medio, en el tercio posterior medio del móvil 2, en el punto de impacto….según plano adjunto, por lo que el participante 2 perdió el control de su móvil, ingresando en el carril contrario, obstruyendo la pista de circulación del móvil 3 ( Placa PAL6498, camión Marca Mack, color blanco) que llegó al área de conflicto en su desplazamiento normal, colisionando en forma frontal con el móvil 2 en el tercio medio frontal, en el tercio anterior medio del móvil 3 en el punto de impacto…según plano adjunto. El participante 1 siguió su desplazamiento…fue detenido en la estación policial de Satuyé… Testigo Alexis Renán Cano, Motorista...Croquis del accidente Carretera Aldea Agua Dulce, Jutiapa, Atlántida…”; prueba documental consiste en Acta de Decomiso del vehículo conducido por el acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, Marca Toyota, tipo Hilux, con similares características del vehículo mencionado por el acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala y el señor Rafael Augusto Moya Moreno, que establece que el lugar donde se practicó el decomiso fue en la Posta Policial de Satuyé, donde el acusado se presentó voluntariamente después de haber participado en el accidente, a pesar de no ser coincidentes dichos testigos en el color exacto del vehículo del acusado, pero que se comprobó en dicho peritaje que dicho vehículo era el identificado con Placa PAK5218, Marca Toyota, color dorado, conducido por el acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, y decomisado a éste momentos posteriores a haber participado en el accidente de tránsito objeto del juicio, corroborado por las declaraciones de los testigos presenciales Miguel Antonio Rodríguez Martínez y Alexis Renán Cano Rosales, que son coincidentes en declarar que el color del participante 1, era color beige, declaraciones que a su vez son coincidentes con las fotografía adjuntas al acta de inspección realizada la noche de los hechos al vehículo del acusado que corroboran que el vehículo Toyota, tipo Hilux es color beige, mismo que se encontraba decomisado en la Posta policial de Satuyé. Por otra parte, fue valorada por el juzgador de instancia la prueba documental y pericial consistente en las Actas de Levantamientos de cadáver números 219, 220 y 221 practicados por el médico forense Dr. Carlos Alberto Lanza Zapata, a los cadáveres de Hilda Sagrario Guerra Cáceres, Ricardo López Jackson y del menor Ricardo Isaac López Guerra; y, el Dictamen de Evaluación médica, practicado por dicho facultativo forense, a la menor Joan Nicole López Guerra, que concluye es politraumatismo, resultados todos ellos producto del accidente de tránsito que se imputa al acusado señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala. Por todo lo anterior, apreciando la totalidad de la prueba de cargo incorporada al juicio, esta sala concluye que, ha sido obtenida y practicada con plena observancia de todos los derechos, formalidades y garantías procesales establecidas en la constitución y las leyes, libre de contradicciones e inconsistencias relevantes, y es a todas luces suficiente para con ella enervar el estado de inocencia establecido constitucionalmente a favor del acusado señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, por lo que esta Sala declara improcedente el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 247-2016 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de enero de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, como autor de los delitos en concurso ideal de Homicidio Culposo, en perjuicio de Ricardo López Jackson, Hilda Sagrario Guerra Cáceres y Ricardo Isaac López Guerra; Lesiones Culposas en perjuicio de Joan Nicole López Guerra y Daños Culposos, en perjuicio de Miguel Antonio Rodríguez Martínez, a la pena de tres años nueve meses de reclusión, más las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación especial, por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Se declaró la responsabilidad civil del señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala. Tercero: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Cuarto: Se decretó el comiso del vehículo Marca Toyota Hilux, 3.0, doble cabina, Placa: PAK 5278, Modelo 2007, Color Beige. SON PARTES: El Abogado Oscar Alexander Luna, en su condición de defensor privado del señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, como parte recurrente, y la Abogada Jazmín Zamara Dubón, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero: En fecha diez de agosto del año dos mil siete, entre nueve y diez de la noche, Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, regresaba de departir en compañía de otros amigos en una feria en el Municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida; conduciendo su vehículo Marca Toyota Hilux, 3.0, doble cabina, Placa PAK 5278, Modelo 2007, Color Beige; a la altura de la carretera CA-13, en dirección a hacia la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, llevando como pasajero a Rafael Augusto Moya Moreno, quien venía ingerido de bebidas alcohólicas; y en los depósitos de vasos de ambas puertas frontales, una botella de cerveza abierta con líquido en su interior. Segundo: Al continuar su marcha en dirección al oeste Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, específicamente a la Altura de la Aldea Agua Dulce, frente a la iglesia evangélica “Nuevo Renacimiento”, Municipio de Jutiapa, sin percatarse de la distancia del vehículo que le antecedía en la marcha, se aproximó y colisionó en la parte trasera del vehículo Marca Honda CRV, Tipo camioneta, Modelo 1997, Color Azul, Placa PBM5802, conducido por Ricardo López Jackson, quien iba en compañía de su familia Hilda Sagrario Guerra Cáceres, Ricardo Isaac López Guerra y Joan Nicole López Guerra, impactando frontalmente su vehículo en la llanta de repuesto del carro Honda, lo que amortiguó los daños en dicho vehículo, ocasionando que el señor Ricardo López Jackson perdiera el control del vehículo e ingresara al carril contrario, obstruyendo con su vehículo la pista de circulación del vehículo tipo Camión, Marca 394 Mack, Modelo 1988, Color Blanco, Placa 6498, Motor 27 03IKH, Chasis VG6M111A9JB028358, conducido por Miguel Antonio Rodríguez Martínez, quien era el poseedor del mismo, y se desplazaba en condiciones normales por el costado derecho de la calzada de la carretera, con dirección al éste, colisionado frontalmente el vehículo Honda con el camión Mack y le ocasionó destrucción del tercio medio frontal, deterioro de la parrilla, de vidrio frontal, de bomper, de radiador, del motor y el eje delantero. Al observar el Señor Grimaldi Figueroa lo ocurrido condujo su vehículo hasta la posta Policial de Satuyé donde se detuvo. Tercero: A consecuencia del impacto murieron los ocupantes del vehículo Marca Honda: Ricardo López Jackson por lesión de órganos vitales de tórax provocado por el golpe, Hilda Sagrario Guerra Cáceres de un traumatismo craneal abierto y Ricardo Isaac López Jackson por contusión de órganos vitales del abdomen; resultando Joan Nicole López Guerra, con heridas en la cara, brazo derecho y pierna izquierda, que la incapacitó de sus actividades habituales por ocho semanas.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Oscar Alexander Luna, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación invocado como infringido está comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal, para los efectos de este motivo se cita como infringidos los artículos constitucionales siguientes: Artículo 89 Constitucional “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, Artículo 90 Constitucional: Nadie puede ser juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, intimados a los artículos 16, 303 y 321 de la predicha Norma legal; Artículo 8 # 2 “Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad....“ de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Artículo 14.3 “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. EXPOSICIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASASIÓN PRIMERO: Al analizar lo anteriormente expuesto se invoca la Infracción o Transgresión de las normas constitucionales citadas que representa vulneración de derechos y garantías a que resguardan a mi representado que son Tutelados por el derecho positivo interno e igualmente por el Derecho Internacional que busca Proteger a los ciudadanos del Poder Punitivo del Estado el que se puede transfigurar en infractor de los preceptos jurídicos al infringir al tenor de aplicar justicia efectuándola de forma contrapuesta al contenido de las leyes que regulan el proceso como ser el derecho penal sustantivo y adjetivo valorando que el protagonista en el proceso es el Imputado a quien se le procura mantener incólume el derecho a la defensa aunadamente que se considere su inocencia mientras no se demuestre lo contrario con elementos probatorios que generen certeza al jugador, consiguientemente considerar su estado de inocencia al más alto escalón que propicie un debido proceso al ser sometido a un juicio que respete las prerrogativas y garantías antedichas, máxime cuando se trata de pronunciarse sobre la responsabilidad que se le atribuya en un delito, cabe destacar que el proceso penal acoge ciertas figuras de las cuales se valdrán las partes para formular sus pretensiones con miras que el órgano jurisdiccional las valore consecuentemente se pronuncie sobre dichas solicitudes habiendo correspondencia entre resuelto con los propósitos de los intervinientes, el precepto constitucional que acoge el estado de inocencia es un principio rector del proceso penal el cual solamente se logra enervar bajo los procedimientos establecidos en la ley en la evacuación del juicio por medio de los elementos de prueba legalmente incorporados al mismo, estos elementos deben de ser incuestionables para que el antedicho estado desaparezca por consiguiente que la tesis acusatoria se observe fortalecida contrario sensu deviene al juzgador proceder a la absolución, la presunción de inocencia del imputado se considera como un pilar del ordenamiento jurídico en un país democrático al favorecer al inculpado mientras no se desvanezca ese estatus a menos que se “Demuestre” indubitadamente su responsabilidad ya que el origen de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica asegurando que no se condenará a una persona mientras no se haya demostrado con prueba suficiente que destruya el predicho estatus por medio de la obtención de un fallo que se fundamente en prueba confiable que justifique la resolución que hoy se impugna, traduciéndose en un derecho subjetivo siendo inocente de cualquier delito que se le atribuya sin mediar prueba suficiente preceptuado en el artículo 89 constitucional. SEGUNDO: La prueba complementa la culpabilidad del acusado en juicio la que debe ser proporcionada por el Ministerio Público para probar su acusación la cual al no ser contundente el tribunal debe absolver a la persona sometida al proceso penal, la prueba es complementaria en el proceso de culpabilidad que recae sobre el imputado y debe ser suministrada por la acusación, siendo preponderante imponerse la absolución del acusado si la culpabilidad no queda justamente demostrada, el principio acusatorio que rige nuestro ordenamiento penal sustantivo y adjetivo ampara este otro principio de presunción de inocencia en vista que corresponde al Ministerio Público la prosecución del delito y la carga probatoria comprobando no solo la comisión de un hecho estimado como delito conforme nuestra legislación sino la participación del imputado, por consiguiente el imputado no está obligado a probar su inocencia ya que nuestra constitución a priori le reconoce la inocencia, el onus probandi (obligado a probar) recae en quien acusa o afirma la certeza de los hechos objeto de la acusación consecuentemente se deberá incorporar en juicio todos los elementos que conlleven a la actividad probatoria necesaria, el principio del debido proceso acogido en el artículo 90 Constitucional es otro que protege la presunción de inocencia que ampara al inculpado ya que exige que nadie será juzgado y considerado culpable hasta que sea declarado por sentencia declarativa de responsabilidad penal lo que representa la existencia de la suficiente actividad probatoria y garantías procesales que permitan al estado privar al inculpado bajo la preexistencia de elementos incriminatorios bajo un juicio donde se respeten las formalidades esenciales del proceso penal, se valora el iuris tantum “la ley presume la existencia de algún hecho, salvo que se pruebe lo contrario” en los procesos deberá ejecutarse una actividad indispensable y considerable del Ministerio Público para transfigurar los hechos atribuidos en una verdad incuestionable, prevaleciendo los principios como contradicción e inmediación de los intervinientes con el propósito que el Tribunal delibere un fallo cimentado en las normas que resguardan los derechos fundamentales y prueba profusa por constituir la sentencia la forma de erigir una pena a un sujeto producto de dos elementos a) exigencia de auténticos actos de prueba y b) principio de libre valoración que poseen los juzgadores, caso contrario ante la notable insuficiencia probatoria que incide en la distribución de su carga hacia quien acusa (Ministerio Público) el Tribunal procurara la absolución. TERCERO: Considerando los contextos arriba expuestos que proceden de disposiciones jurídicas de rango constitucional e internacional que protegen celosamente los derechos fundamentales de los ciudadanos aunado el correcto proceder de los Tribunales en la administración de justicia con la finalidad que sus pronunciamientos o fallos definitivos se encuentren en sintonía con las exigencias legales evitando conculcar estas prorrogativas es imperativo la interposición del presente motivo de casación ya que en la presente causa instruida contra el señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala se le atribuyó responsabilidad penal por parte del Ministerio Público imputando los delitos indicados en el preámbulo del presente recurso por la imprudencia a disposiciones de la Ley de Tránsito indicando en su resolución en el apartado “Fundamentación Jurídica” en su apartado Tercero párrafo noveno (9) como precepto aplicable el artículo 60 # 4 y 5 que establece “las condiciones básicas y obligatorias para la conducción de vehículos en cualquier situación: 4) observar las disposiciones reglamentarias de seguridad sobre velocidades y distancias entre vehículos, 5) extremar precauciones al viajar en condiciones climáticas adversas” condiciones que generaron supuestamente que el inculpado golpeara el vehículo de los occisos consecuentemente fallecer Ricardo López Jackson, Hilda Sagrario Guerra y Ricardo Isaac López Guerra, Lesiones a Joan Nicole López Guerra y daños a la propiedad en apariencia del señor Miguel Antonio Rodríguez con fundamento en los artículo 121, 135.3, 254 y 255 del Código Penal vigente no Constituyó un hecho controvertido la muerte violenta de las personas anteriormente citadas, las lesiones como los daños a la propiedad de persona distinta al señor Miguel Antonio Rodríguez, disponiendo el A-quo declararlo responsable de la comisión de ellos en contravención a la carga probatoria que se evacúo en juicio constituyendo uno de los pilares para acreditar los hechos probados la declaración del señor Carlos Figueroa Harry quien de entrada manifestó en juicio no recordar nada, (acta de debate, folio 407 renglones 43 y 44) quien brevemente logró acordarse al interrogatorio que “hizo una segunda inspección sobre ese caso en virtud que la Fiscalía tenía dudas sobre la colisión por la desproporcionalidad de los golpes entre el vehículo en que se transportaban los occisos y el vehículo que conducía el imputado (acta de debate, folio 408, renglones 2 y 3), no recordó características de los vehículos (acta de debate, folio 408, renglones 7, 8), la segunda inspección se originó por la contradicción de los golpes (acta, folio 408, renglones 27, 28 y 29), expresó que él realizó esa inspección de los dos vehículos en la policía en horas de la mañana ya que ambos fueron trasladados a ese sitio y que el propósito era encontrar elementos que determinara que había sucedido ubicando vestigios que supuestamente eran del vehículo inspeccionado en la policía (se prescindió de documento que comprobara esta manifestación) aunadamente no indica puntualmente a que vehículo de los tres involucrados se refirió de los fragmentos que dijo haber ubicado (acta, folio 408, renglones, 31, 2, 33, 34) destacando que este testigo recibe turno al día siguiente 11 de febrero del 2007 a las 8 a.m., consiguientemente no fue responsable de la investigación de forma inmediata, a preguntas de juez integrante respondió que realizó búsqueda un kilómetro hacia atrás del sitio donde ocurrió el accidente (acta, folio 408, renglón 43 y 44) sin embargo en la declaración del imputado Grimaldi Figueroa estableció que él colisionó con un vehículo tipo camión, modelo dyna en el desvió a la aldea de salitran (Acta, folio 407, renglón 40, 41 y 42) la cual está ubicada un kilómetro y medio hacia adelante del sitio del percance y no hacia atrás como manifestó Carlos Figueroa que inspeccionó, concluyendo su intervención que la persona que inspeccionó justamente cuando acontecieron los hechos fue el técnico Marvin Ochoa y no él (acta, folio 408 vuelto, renglón 3). Constituyó equívocamente prueba según el A-quo el testimonio del supuesto ofendido por el delito de Daños Miguel Antonio Rodríguez quien expresó que el accidente fue a las 9:10 pm contrastando con la información del resto de prueba sobre todo lo expuesto en el inmaculado informe de tránsito visible a folio nueve (9) donde está consignado que la hora del percance fue las 10:20 pm del diez (10) de agosto del 2007 incluyendo que el participante #3 que era justamente el señor Miguel Antonio Rodríguez “se desconoce por fuga”, predicha circunstancia que tiene sentido con las respuestas del señor Miguel Antonio Rodríguez al contestarle al Juez integrante que el llamó a la ciudad de Olanchito para que lo fueran a traer ya que temía por su seguridad pero hay que valorar que de dicha ciudad al sitio del accidente hay una hora y media de camino, no obstante el informe de tránsito consigna que este sujeto se fugó (acta, folio 409, renglón 23 y 24) siendo preponderante denunciar la supra valorización de una persona con poca credibilidad que argumenta que observó la colisión a una distancia de 500 metros (medio kilómetro) en condiciones climáticas adversas lo que resulta inverosímil y como concluye el A-quo en su sentencia al dar por hecho que las condiciones del tiempo ese día 10 de agosto del 2007 eran lluviosas y con poca iluminación en el sector donde ocurrió el suceso lo cual si es congruente con lo indicado por los demás testigos SONIA ISABEL BARAHONA, SANTIAGO ESTRADA ROMERO, RAFAEL AUGUSTO MOYA, GRIMALDI ALFREDO FIGUEROA (imputado), Técnico BAUDILIO PAZ SABILLÓN, como la prueba documental que al igual consigna esas circunstancias, resulta inverosímil que el señor Miguel Antonio Rodríguez exprese que al recibir el camión que conducía un impacto de la naturaleza que hemos argüido en el proceso haya tenido el tiempo de observar circunstancias que ni en las mejores condiciones podría observar un ser humano como por ejemplo “que vio que el carro que provocó el accidente se detuvo pero que nadie se bajó. (acta, folio 409. renglón 24, 25 y 26) situación contrapuesta a lo que manifestó su amigo que lo precedía en la marcha Alexis Renán Cano quien respondió que “el vehículo que golpeó al de los fallecidos NO SE DETUVO y continúo su marcha”(acta, folio 414, renglón 4) y que fue colocado en evidencia al falsear su testimonio ya que al existir incongruencias entre su primera declaración ante Juez y el juicio se constató que a folio 156 renglón 4 donde afirmó que “No vio si le pegó” al referirse al carro que supuestamente provocó el incidente, posteriormente se encontró nueva incongruencia que fue manifiesta accediendo el A-quo en ambos casos a la lectura bajo el amparo del artículo 311 del Código Procesal Penal constituyendo la segunda contradicción ya que este individuo “respondió en juicio que el color del carro que provocó el accidente era Beige, sin embargo en la audiencia inicial a folio,156 del renglón 6 de abajo hacia arriba se lee la pregunta y respuesta donde claramente contesta que no sabe ni la placa de su camión peor para haber visto el color del vehículo que provocó el accidente y su placa” quedando evidenciado las significativas inconsistencias entre los dos amigos Miguel Antonio Rodríguez y Alexis Renán Cano a quienes extraordinariamente el A-quo dio valor probatorio para su declaración de responsabilidad penal por los hechos imputados en el libelo acusatorio contra Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, ya que con estos elementos reseñados adicionados a la prueba documental que se evacúo en juicio no se determinó la participación del imputado en la comisión de los hechos que tuvieron lugar el día 10 de agosto del 2007 a las 10:20 pm y no como afirmó el a-quo en su sentencia que acontecieron entre 9 y 10 de la noche contrapuesto a lo contenido en los testimonios y documentos como acta, informe, levantamientos de cadáver que en la historia médico legal se consigna los datos y quien los brindó consignándose por el doctor Carlos Alberto Lanza que fue el policía de Tránsito Baudilio Paz Sabillón quien ratificará el informe técnico de tránsito quien le proporcionó la información, demostrándose de forma irrefutable la insuficiencia de la prueba que sirvió de fundamento para condenar consiguientemente se ha vulnerado el estado de inocencia que constitucionalmente asiste al imputado configurándose el presente motivo de casación. APLICACIÓN PRETENDIDA: Considerando lo anteriormente expuesto es de interés someter a esta Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Penal el estudio de los preceptos infringidos al caso concreto entiéndase los yerros del A-quo que generaron vulneración al derecho del estado de inocencia y falta de tutela judicial mediante el aseguramiento para el inculpado de una evaluación de la prueba en un proceso ceñido a las normas jurídicas que se han invocado en los apartados que preceden, siendo conducente que se declare Con Lugar el motivo de Casación por haberse Vulnerado derechos y garantías que el Tribunal Sentenciador obligatoriamente debía resguardar y que no efectuó, desestimando la oposición formulada por la defensa en razón de la falta de los elementos probatorios o actividad probatoria complementada con los requisitos de precisión, pertinencia y concordancia para postrar ese estado de inocencia contenido en el artículo 89 intimado al 90 de la Constitución de la República, siendo procedente que esta sala declare la anule la sentenciada hoy recurrida.” IV.- MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- La sentencia dictada por el A-quo incurre en “Inobservancia en la Valoración de la Prueba de las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 # 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Considerando la prueba desarrollada en juicio el A-quo el suscrito recurrente es del criterio que se ignoraron las reglas de la sana crítica racional al momento de valorar la prueba en su conjunto evacuada en juicio procediendo el a-quo a dar como probado en la sentencia que mi representado el señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala fue responsable penalmente del delito de HOMICIDIO CULPOSO, LESIONES CULPOSAS y DAÑOS CULPOSOS en perjuicio de RICARDO LÓPEZ JACKSON, HILDA SAGRARIO GUERRA, RICARDO ISAAC LÓPEZ, JOAN NICOLE LÓPEZ GUERRA y MIGUEL ANTONIO RODRÍGUEZ, siendo nuestra opinión que se infringió lo preceptuado en el artículo 202 del Código Procesal Penal generando un “Error In Procedendo” o vicio procesal intimado en la regla 4 numeral 2 del artículo 338 de la citada norma legal, Las reglas de la Sana Crítica están integradas por principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza, buscando el camino hacia la verdad lógica y ontológica y por otra parte por las reglas empíricas denominadas máximas de la experiencia, el sistema de valoración de la prueba le permite al Juzgador cierta libertad sobre la estimación de ella con irrestricto respeto a las reglas de la lógica, sicología y experiencia común, la sentencia que se impugna posee vicio que causa agravio ya que atropella las antedichas reglas que comprende la “Sana Crítica” que se somete o encuadra a las reglas que gobiernan el entendimiento humano para determinar cuáles juicios son verdaderos o falsos por consiguiente la motivación lógica debe poseer las características de Coherencia (no ser contradictoria o equívoca), razón suficiente (sustentarse en inferencias razonables y sucesión de conclusiones que se vayan originando) y observar las normas de la sicología y máximas de la experiencia común consecuentemente se ocupa la correcta aplicación del “Principio de Razón Suficiente” como las reglas de la experiencia de un hombre común, en concordancia a los elementos que la comprenden; Reflexionando sobre el fallo que se recurre el A-quo está en la ineludible obligación de utilizar inferencias razonables cimentando su fallo bajo los elementos expuestos anteriormente, el proceso penal excluye la íntima convicción del juzgador, quien al contrario posee la facultad y obligación de valorar la prueba recibida conforme a las reglas de la sana crítica racional la cual aunque expuesta a su discrecionalidad deberá efectuarla siempre bajo criterios objetivos, por lo tanto susceptibles de ser impugnados si hay valoración arbitraria o errónea, las cuales pueden darse al rechazar indebidamente elementos o posibilidades de convicción pertinentes o al atribuir a las pruebas recibidas un contenido inexacto o al desestimar el verdadero; Así como también al otorgarles un valor probatorio del que razonablemente carecen o negarles el que razonablemente poseen en vista que la decisión que se adopte al deliberar debe ser el fruto del postulado de la derivación formado por el principio de razón suficiente el que debe constituirse por inferencias deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas, no obstante en la causa que no ocupa basa su decisión únicamente en declaraciones imprecisas las cuales fueron sumamente cuestionables en función de su correspondencia al no ser contestes, verosímiles y proporcionadas en vista que la prueba de cargo que constituyó los testimonios de los señores MIGUEL ANTONIO RODRÍGUEZ, ALEXIS RENAN CANO y SONA ISABEL BARAHONA no se adecuaban a las circunstancias que pretendió probar el Ministerio Público en juicio aunado a la prueba documental la cual no irradió mayor aportación careciendo respaldados entre los medios probatorios siendo lamentable que el a-quo en su inocua sentencia declara como probados los hechos descritos al inicio de exposición de los motivos que han generado la impugnación por esta vía, cabe destacar que según los testimonios que efectuaron presencialmente en el juicio MIGUEL ANTONIO RODRÍGUEZ quien indicó que el día de los hechos (10/8/2007) venía de la ciudad de San Pedro Sula en un camión que es importante acotar “no era de su propiedad” transportando un producto que se desconoció durante la secuela del juicio, expresó que observó dos vehículos y que uno golpeó al otro que justamente es en donde se transportaban los occisos desconociendo los motivos (acta, folio 408 vuelto, renglón l9 y 20) quien inmediatamente destaca que “había buena iluminación (acta, folio 408 vuelto, renglón 21 y 41)” circunstancia inverosímil que más adelante enfatizaremos, en su relato manifestó que el vehículo marca Honda, color azul en que se transportaban los occisos se conducían cuatro personas a quien auxiliaron siendo curioso que al momento del percance este supuesto ofendido al folio del acta de debate 409 vuelto, renglón 27 y 28 respondió que “él se fue del lugar, aparentemente por seguridad lo cual no se corroboro con otro medio de prueba e incluso es indiscutible que el propio informe técnico de tránsito ratificado en juicio por el señor Baudilio Paz Sabillón (folios 82 y 83)consignó que este sujeto se dio a la “Fuga” del lugar por motivos desconocidos, señalando que posteriormente tuvo conocimiento que al responsable lo habían detenido en la posta policial de satuye pero destacó que jamás lo vio y que se dio cuenta del nombre durante el proceso (acta, folio 409, renglón 5 y 6)lo cual se comprobó ser falso ya que con el medio de prueba denominado Inspección judicial (folio 161, renglón 13-31) que se realizó en la referida posta en su “libro de novedades” jamás se consignó sobre la detención del señor Grimaldi Alfredo Figueroa siendo importante determinar que la Policía Nacional suele utilizar libros de novedades donde incluyen todas las actividades que se generen en el ámbito territorial de estas estaciones de policía, este testigo respondió que él llamó a la ciudad de Olanchito la cual está a una hora con veinte minutos del lugar del percance para que lo fueran a traer (acta de debate, folio 409, renglón 23, 24, 27 y 28) yendo a refugiarse a una clínica aunque sus daños personales eran leves como indicó por consiguiente si sus lesiones eran leves porqué se marchó del sitio si “no tenía responsabilidad” (acta, folio 408 vuelto, renglones 31 y 32), en la continuidad de su relato expresó que él tuvo conocimiento que la persona se llamaba Grimaldi porque eso se ventiló en el proceso (acta, folio 409. Renglón 5 y 6) pero que él jamás observó persona detenida consecuentemente su testimonio se contraría a sí mismo al afirmar que tuvo conocimiento que habían detenido al responsable (acta, folio 408 vuelto, renglón 25 y 26) pero no hay prueba que afirme su dicho y como indicamos líneas atrás es “incongruente” su testimonio, respondió que él observó los vehículos conducirse hacia la ciudad de La Ceiba a unos 100 kilómetros por hora a unos 500 metros de distancia los cuales traían sus luces encendidas agregando que había llovido existiendo un vapor en el ambiente (acta, folio 408 vuelto, renglón 40, 43, 44 y 45) resultando esta manifestación irrazonable en vista que conforme a las máximas de la experiencia en carretera abierta, con malas condiciones de visibilidad, lluvia, vapor, a una velocidad alta (100 KM/H), vehículos con luces encendidas en sentido contrario que disminuye la capacidad de visión, una distancia de 500 metros (medio kilómetro) del punto donde asegura ver la colisión Miguel Antonio Rodríguez es inadmisible apreciar estos datos para un ser humano común bajo adversidades como la expuestas por él mismo, aseguró también que no vio características de los vehículos previo a la colisión (acta, folio 408 vuelto, renglón 44 y 45) pero posteriormente los describe (renglones 20 y 21 del folio 408 vuelto del acta de debate) erigiendo más contradicciones, valorando que en esas circunstancias donde un vehículo colisiona frontalmente de forma estrepitosa con él no es improbable fijar la atención en circunstancias intrascendentales en ese momento ya que la reacción instintiva de supervivencia conlleva a evadir la colisión procurando proteger su vida asociado logró ver la hora del percance revelando que eran las 9:10 pm cuando el propio informe de tránsito que se origina en el lugar de los hechos sumado a la información de la Historia médico legal de los Dictámenes de levantamiento de cadáver número 219, 220 y 221 agregados en folios 63, 65 y 67 que ratificó el Doctor Carlos Alberto Lanza sitúan los hechos a las 10:20 pm conforme a información brindada por el Policía Baudilio Paz Sabillón y un tío de los occisos, contraponiéndose a este testimonio estos medios de prueba documentales como los hechos declarados probados que aseguran el acontecimiento fue entre las 9 y 10 pm estableciendo que el vehiculó que supuestamente generó el impacto se detuvo por espacio de 5 minutos pero que nadie se bajó (acta, folio 409, renglón 24, 25 y 26).” “SEGUNDO: Considerando lo cuestionado en el apartado que antecede que contrasta con los testimonios de cargo como el del señor Alexis Renán Cano quien manifestó ser amigo de Miguel Antonio Rodríguez, cuyo relato manifestó que marchaba junto a este último hacia el mismo destino (acta, folio 413, renglón 19 y 20) antecediéndole en el trayecto Miguel Rodríguez (acta, folio 413 vuelto, renglón 26) quien observó un vehículo que estaba próximo al camión de Miguel Rodríguez y al mismo tiempo otro vehículo pretendió “rebasar” por la izquierda pero no logró, incorporándose de nuevo al carril derecho justamente es cuando golpea al carro donde se transportaban los occisos (acta, folio 413 vuelto, renglón 22 y 23), posteriormente a preguntas del Ministerio Público inicia a contradecirse respondiendo que “el vehículo venía a alta velocidad cuando el camión iba a ponerse a la par del carrito que venía en su vía, si hubiese rebasado se deshace con el camión” (acta, folio 413 vuelto, renglón 27, 28 y 29), rebasando por la derecha” (dado el caso el golpe al intentar rebasar por la izquierda y pretender regresar a su carril tenía que haberlo dado en el tercio posterior izquierdo del vehículo siniestrado), las afirmaciones de este testigo discrepan con el anterior en vista que expresó que era una tarde normal (acta, folio 413 vuelto, renglón 27, 36 y 37) cuando probado fue que aconteció en la noche el impacto, interesa resaltar que este individuo no se acordaba de la fecha y la hora del suceso (acta, folio 413 vuelto, renglón 24 y 25) pero curiosamente recuerda las características del vehiculó que supuestamente provocó el accidente describiéndolo como un Hilux, color beige (acta, folio 413, renglón 30 y 31) siendo importante aclarar que la única marca que posee los modelos de Hilux es la Toyota circunstancia que es de conocimiento público consecuentemente a esta marca de vehículo se refirió el testigo Alexis Renán Cano, quien a renglón 44 de dicho folio respondió que “él no vio al sospechoso” consiguientemente que éste condujera el vehículo que en apariencia generó el accidente incluyendo en la respuesta que el “vehículo siguió su marcha” (acta, folio 413 vuelto, renglón 44 my 45) dato que confirmó a preguntas de la defensa en el renglón 4 del folio 414 al contestar que el vehículo “rebasó por la derecha y no detuvo su marcha” constituyendo significativas incongruencias entre ambos testigos ya que el señor Miguel Rodríguez manifestó que el vehículo que generó el accidente se detuvo por espacio de cinco minutos momento en que logró observar las características y su amigo Alexis Renán Cano que venía atrás no observó lo mismo entonces nos formulamos la interrogante porqué ambos se ubican en espacio, lugar y tiempo pero no coinciden con la Información testificada en juicio, el señor Alexis Renán Cano manifestó en juicio que él observó que el vehículo que provocó el accidente “golpeó” al carro pequeño” pero al contrainterrogatorio evidenciado contradicciones advertidas por el Tribunal se leyó el renglón 3 donde inicia la pregunta hasta donde finaliza en el renglón 4 del folio 156 del acta de la audiencia Inicial “donde respondió “no vi si le pegó”, este testigo al declarar abiertamente en juicio menciona el color del vehículo que supuestamente provocó el accidente indicando que era “Beige” pero al contrainterrogatorio se logró advertir nuevamente contradicciones que llamaban poderosamente la atención procediendo a dar lectura al renglón 6 del folio 156 del acta de la audiencia inicial amparados en el artículo 311 # 6 del Código Procesal Penal de abajo hacia arriba donde inicia la pregunta hasta donde finaliza respondiendo “que no se cual es la placa de mi vehículo y yo no vi ni que color es el carro, peor para ver la placa” respuestas de esta naturaleza que conllevan razonamiento oportunos en función de sustraer esa credibilidad que deberían poseer; Posteriormente se evacúo el testimonio de la señora SONIA ISABEL BARAHONA a quien el señor Miguel Antonio Rodríguez menciona como alguien más que observó el accidente (acta folio 408 vuelto, renglón 35 y 36), esta testigo coincidió en que ese día llovía manifestando que “escuchó un estruendo” (acta, folio 409, renglón 44 y 45) suceso que aconteció de noche (acta, folio 409 vuelto, renglón 7) precisando que previo al accidente “no observó ningún vehículo en forma extraña en la carretera” (acta, folio 409 vuelto, renglón 11, 12, 13, 22 y 23) acotando que es una carretera principal por tanto transitan muchos vehículos a diario lo que es común igualmente expresó que en el sitio había poca iluminación ya que solo hay un foco del alumbrado público que todavía continúa en ese sitio el cual se enciende y apaga (acta, folio 409 vuelto, renglón 14, 15, 17 y 18) a dicha testigo se le pretendió confrontar sin embargo sus respuestas fueron coherentes siendo determinante al decir que “No vio ningún vehículo conduciéndose de forma extraña, es una carretera abierta por tanto si los vehículos que pretenden rebasar hacen maniobras (acta, folio 409 vuelto, renglones 39, 40, 41 y 42) destacando que en estas líneas responde que “no hubo vehículo que se detuviera” coincidiendo con Alexis Renán Cano quien tampoco observó vehículo detenerse en el sitio del accidente contrastando con lo expresado por el supuesto ofendido Miguel Antonio Rodríguez (único que manifiesta haber observado que el vehículo que provocó el accidente se detuvo 5 minutos); En juicio se evacuó el testimonio del señor CARLOS FIGUEROA HARRY quien “No aportó absolutamente nada” siendo lamentable que a sus manifestaciones imprecisas y cuestionables el a-quo le haya atribuido irreprochable valor ya que nunca precisó exactamente información que condujera a determinar la responsabilidad de los hechos (acta, folio 407, renglón 43, 44) al ser interrogado respondió que participó en una segunda inspección al forzar su memoria no obstante haber respondido anteriormente que no sabía “nada”, que acudió al sitio del percance para recoger fragmentos de vidrios y efectuar inspección en vista “que los vehículos habían sido trasladados (plural) estimando que ya el señor Marvin Ochoa en la noche del accidente había realizado una inspección en el sitio justamente cuando se realizó el levantamiento cadavérico (acta, folio 408, renglón 3, 4 y 5) enfatizando que “no recordaba las características de los vehículos” (acta, folio 408, renglón 7 y 8) testigo que ulteriormente indica que la inspección tuvo origen en la incongruencias de los daños de los vehículos involucrados agregando posteriormente que unos “vestigios” eran del vehículo inspeccionado en la policía siendo interesante formular la interrogante “cuál de los tres vehículos” correspondían estos vestigios que valga la aclaración nunca fueron consignados en acta, embalados e introducidos como evidencia material en juicio y quien inmediatamente se contradice al expresar que “no recordaba las características del vehículo que inspeccionó” entonces como podría afirmar que correspondían a un determinado vehículo (acta, folio 408, renglones 26-34), siendo importante las líneas que contiene el renglón 31 e inicios del 32 donde asegura no recordar cómo era el vehículo que Inspeccionó, agregó que en la conjeturada inspección revisaron la zona un (1) kilometro hacia atrás del accidente (acta, folio 408, renglón 37, 38, 40, 43 y 44) pero no lo efectuó hacia adelante, ya que el sitio donde una hora y fracción antes del percance de los señores Ricardo López, Hilda Guerra, Ricardo Isaac López, Joan López y Miguel Rodríguez ocurrido en la aldea de agua dulce a las 10:20 pm, si colisionó el señor Grimaldi Alfredo Figueroa en el sector de la Aldea de Salitran la cual se sitúa a kilómetro y medio de donde ocurrió este otro hecho las 9 pm con la carrocería de un camión incuestionablemente en virtud de los daños (los cuales definitivamente no concuerdan con la parte trasera del vehículo donde se conducían los occisos, ya que si así hubiese sido el caso y a la velocidad que infieren desatinadamente Miguel Rodríguez y Baudilio Sabillón, esta parte posterior de vehículo Honda habría sido destruida al solo observar como quedó la defensa del vehículo pick up, marca Toyota, 3.0, color café grisáceo (folio 129) más conocido como mataburro cuyo material de fabricación es precisamente de metal sólido quedó hecha un V hacia la cabina, estas desproporciones de los golpes es que hace referencia Carlos Figueroa visibles en el acta de inspección efectuada por el señor Marvin Ochoa el día 10 de agosto del 2007 a las 12 de la medianoche (introducida por lectura, folios 71, 72 y 76), siendo trascendental determinar que no existe ninguna acta más que contenga otra u otras Inspecciones como improbablemente respondió Carlos Figueroa, consecuentemente como puede dársele valor probatorio a un testigo totalmente impreciso en sus manifestaciones que sumado a un dictamen sesgado y antagónico ratificado por el señor Baudilio Paz Sabillón “supuesto técnico de accidentes de tránsito” que tan siquiera logró establecer cual es el límite de velocidad en la zona del percance quien irresponsablemente atribuye la culpabilidad a un participante que no estaba en el sitio de la colisión quien basado en conjeturas y como el mismo exteriorizó “por la información que me brindaron asocie” señalando al señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala como parte número 1 (responsable, acta, folio 412 vuelto, renglón 17, 18 y 19) expresando que conforme a los daños determinan el impacto indicando que el vehículo donde se transportaban los occisos tenía un golpe en la parte trasera donde se ubica la llanta de repuesto y pintura lo que supuestamente determinaba la causa del accidente ya que perdió el control y se estrelló, erigiendo una afirmación temeraria expresar que la pintura la asociaron al vehículo que se encontraban en la posta “porque esa fue la información que se nos dio, (acta, folio 412 vuelto, renglón 25-29)”, por tanto no se trata que este “técnico” constató mediante pruebas técnico/científicos que los daños y residuos de pintura correspondía a los participantes 1 y 2 como consignó en su Informe de Tránsito visible a folios 82 y 83 (no hay prueba que demuestre residuos de pintura en alguno de los vehículos en todo el proceso), este supuesto técnico no tuvo capacidad para establecer las velocidades en que se trasladaban los participantes según su “experticia” y el estado en que se conducía el señor Ricardo López Jackson (acta, folio 413, renglón 31 y 32) y Miguel Antonio Rodríguez ya que también podrían haberse conducido en estados deficientes de conducción como se le inculpó al señor Grimaldi Figueroa Ayala, el técnico Baudilio Paz Sabillón confirmó que la hora del percance fue a las 10:20 pm (acta, folio 412 vuelto, renglón 38) y no como afirmó el a-quo en su inicua valoración consecuentemente incorporado como hechos probados “que el accidente ocurrió entre las 9 y 10 pm” contraponiéndose nuevamente al testimonio del señor Miguel Antonio Rodríguez quien señaló que fue a las 9:10 pm, por consiguiente la valoración del a-quo quebranta las reglas de la sana crítica fundamentada en la prueba la cual refleja otras circunstancias, al interrogatorio el señor Baudilio Paz Sabillón estableció que en el sitio llovía y que la iluminación era artificial, coincidiendo con lo expuesto por Sonia Isabel Barahona (acta, folio 413, renglón 29 y 30) y Santiago Estrada Romero (testigo de descargo) quien manifestó que al momento del accidente estaba lloviendo razón que lo motivó a declinar en los trabajos que efectuaba en el alumbrado eléctrico en Jutiapa cuando a su retorno observó el accidente en un sitio mal iluminado (acta, folio 411 vuelto, renglón 19, 20, 24, 25, 26, 30, 31), desconoció bajo que circunstancia “supuestamente su compañero de la posta de satuye detuvo” al inculpado y cuánto tiempo tenía de encontrarse allí aunado que nunca vio al señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala (acta, folio 413, renglón 39-43, folio 413 vuelto, renglón 3 e inicio del 4), destacamos que a los vehículos no se les verificó pericia que determinara transferencia de pintura arguyendo el supuesto técnico Baudilio Paz Sabillón que “no poseen las herramientas para efectuar esas actividades, pero el Ministerio Público si posee ese tipo de personal con la experticia para realizar esas actividades investigativas forenses como ser el Laboratorio de Marcas y patrones” (acta, folio 413 vuelto, renglón 6 y 7) perito quien al culminar su participación en juicio de forma ladina insiste que “Asocian” y que los de la D. N. I. C. habían encontrado el logo de un vehículo marca Toyota el cual reiteramos nunca constituyó indicio, su consignación en acta, embalaje, cadena de custodia y presentación en juicio previo a las pericias que pudieron haberse verificado para establecer si correspondía algún indicio recabado en el sitio del accidente al vehículo de mi representado Grimaldi Alfredo Figueroa “siendo contradictorio a la experiencia común e inadmisible” como el a-quo da válidez a manifestaciones que se contraponen entre sí según lo expuesto en la sentencia a partir de su tercer apartado de donde se desprende la valoración intelectiva que el a-quo efectuó contrariando las reglas de la sana crítica que ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que el segundo apartado constituye una descripción de la prueba evacuada en juicio. TERCERO: Considerando los medios probatorios periciales correlacionados al fallecimiento y lesiones evacuados no resultó un hecho controvertido para el suscrito recurrente el fallecimiento accidental de Ricardo López Jackson, Hilda Sagrario Guerra, Ricardo Isaac López Guerra y las lesiones de Joan López Guerra producto del impacto frontal que sostuvieron con el camión marca Mack, color blanco que conducía el señor Miguel Antonio Rodríguez quien no “era su propietario” consignados en los dictámenes que fueron ratificados por el Dr. Carlos Alberto Lanza quien fue conteste al manifestar a preguntas de la defensa que la historia médico legal “la había obtenido de Baudilio Paz Sabillón” la que como líneas que preceden dijimos es contraria a lo expuesto por el señor Miguel Antonio Rodríguez, al observar el dictamen técnico de tránsito logramos determinar con certeza que este nos brindó una información sobre los vehículos y conductores siendo importante 1) como el participante 3 (Miguel Antonio Rodríguez) abandonó la escena del accidente, 2) se consignó como parte número 1 (responsable) un número de placa de vehículo PAK-5218 y que el color del vehículo es dorado, 3) en el acta de inspección realizada al vehículo del señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala en las instalaciones de la Policía Nacional donde se habían trasladado los Vehículos por Marvin Ochoa evacuada en juicio con fecha 10 de agosto del 2007 se consigno el número de placa PAK-5278 la cual es correcta (folio 129) y 4) el acta de decomiso introducida al juicio por lectura realizada en apariencia el señor policía José Raúl Solórzano Veliz quien no compareció a ratificar dicha acta en la cual solo se observa dos firmas ilegibles “consignando el decomiso de un vehículo color champagne, PAR-5218 a la 1:50 am del 11 de Agosto del 2007 visible a folio 70 (no coincide color ni placa con la que le corresponde al vehículo que conducía Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala) constituyendo una pregunta interesante ¿si el imputado originó el accidente entre las 9 y 10 pm como afirma el a-quo, porque hasta la 1:50 am del día siguiente proceden al decomiso y ulterior detención? es lamentable como desnaturaliza el a-quo acomodando la prueba documental en perjuicio del imputado, por ejemplo incorporando un número de placa PAR-5278 en su punto 10 de la descripción de la prueba como parte del segundo acápite de la Valoración de la Prueba, no es la consignada en el documento incorporado por lectura visible a folio 70, siendo interesante como en el punto VI, párrafo sexto (6) del apartado III de la valoración de la prueba el A-quo desestima una acta de inspección admitida como prueba de DESCARGO realizada en fecha 16 de agosto del 2007 por el mismo técnico Marvin Ochoa que realizó la primera en fecha 10 de agosto del 2007 desvalorando la misma al argüir que “no fue ratificada en juicio” pero olvidan que la evacuada como prueba del Ministerio Público tampoco fue ratificada por esta persona consecuentemente estaríamos ante una afirmación ambivalente del A-quo, repudiando este medio probatorio que DESTACAMOS es el único que poseía imágenes gráficas de la parte posterior del vehículo marca Honda. color Azul en que se transportaban los occisos, entonces cómo es posible que manifiesten que no es objetivamente confiable por consiguiente carece de eficacia probatoria, ya que el acta a la cual le dan eficacia probatoria del 10 de agosto del 2007 realizada por Marvin Ochoa no posee imágenes precisas de la parte posterior de dicho vehículo, entonces de dónde saca el A-quo la afirmación que “se observa que sobresale la llanta de repuesto, incrustada a la altura del bomper de la parte trasera del vehículo Honda, incluida en el párrafo sexto (6) y séptimo (7), del punto II que habla del segundo hecho probado, que corresponde al tercer apartado de la Valoración de la Prueba”, justamente en esas gráficas que contenía el acta de inspección descalificada por el A-quo es donde se observa que la llanta de repuesto del vehículo Honda, color azul no tiene daño y que si se observa el bomper con un leve golpe que si examinamos “no es proporcional a los daños del vehículos Toyota que conducía el señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala” visibles a folio 131-147 donde obra el acta de inspección realizada en el desvío a la Aldea de Salitran, Municipio de Jutiapa donde encontraron fragmentos del vehículo del señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala los cuales consigna el técnico poseen correspondencia con él mismo, por consiguiente esa afirmación de que la llanta de repuesto sobresale y que amortiguó el golpe adicionalmente una abolladura en la parte inferior del bomper trasero no corresponden con los daños sufridos en el vehículo que conducía el Imputado el día que se presentó a la posta policial de Satuye a denunciar la conducta temeraria de otro motorista, máxime a la velocidad que dijo Miguel Antonio Rodríguez que se conducían los vehículos (100 Km por hora) manifestó el A-quo en su fallo que no le dio válidez porque no hubo control jurisdiccional sin embargo no se detiene a reflexionar que al igual que el acta efectuada por el señor Marvin Ochoa que constituyó prueba del Ministerio Público no habla control jurisdiccional en ambos casos fueron diligencias realizadas por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (D.N.I.C.) diligencia que se efectuó bajo el amparo de los artículos 273 “Las dependencias del Ministerio Público, la Policía Nacional u otra autoridad competente a que se refiere el artículo anterior………, para lo cual podrá: 1), 2), 3 realizar pericias en todos los campos de la criminalística…..; Artículo 279 “Investigación de los delitos: En el cumplimiento de sus funciones, los miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) actuaran por propia iniciativa,....” ambos preceptos del Código Procesal Penal por consiguiente de esta actividad fue producto de las funciones que ejerce la Policía de Investigación no constituyendo una prueba implausible como arguye el A-quo a la cual no obstante valora de forma subrepticia en agravio del imputado, queremos subrayar que lo expresado por el imputado no resulta ilógico como asegura el A-quo en el punto VI (6) párrafo IV (4) de la valoración ya que es un derecho y un deber de todo ciudadano delatar conductas que puedan causar perjuicio a título individual o colectivo, por tanto retomando los datos del vehículo es de lato conocimiento que los vehículos se identifican por sus características como el número que se consigna en su placa, en el presente caso las características citadas por los testigos como los documentos incorporados son incongruentes valorados en contravención de las supra indicadas reglas que originan el presente motivo de casación, todas estas inconsistencias le favorecían al imputado ya que no se acreditaba que el vehículo que éste conducía fuera el responsable del percance, sin embargo le dan credibilidad a Miguel Antonio Rodríguez sobre la identificación del color cuando ha quedó manifiesto la “falta de eficacia en su testimonio, sesgado”, en idénticas condiciones dan válidez a Carlos Figueroa quien no proporcionó elementos contundentes que determinara la participación del señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala en la referida colisión. CUARTO: Estimando que nos Incumbía esclarecer si había participación del acusado en el accidente intimado a los delitos inculpados se procuró generar que se evacuara prueba de descargo con el propósito de desvanecer la tesis acusatoria motivando al señor Grimaldi Alfredo Figueroa brindar testimonio al inicio del juicio pretendiendo establecer la verdad de lo que a él le aconteció el día 10 de agosto del 2007 a las 9 pm a la altura de la aldea de Salitran cuando se conducía en un vehículo marca Toyota, tipo pick-up, color café grisáceo (folio 129) que fue preciso en su testimonio y a los interrogatorios formulados, esclareciendo que ese día venía procedente de Jutiapa en compañía del señor Rafael Augusto Moya (ambos contestes) quienes habían concurrido a este Municipio que estaba en feria patronal visitando la casa de un compañero de trabajo de nombre Geovany Fuentes, decidiendo retornar a la ciudad de La Ceiba alrededor de las 9 pm porque desmejoró las condiciones climáticas para ese entonces aunado el trabajo pendiente que debía realizar al día siguiente el señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala en la institución donde labora, sufriendo una colisión al retorno con un camión que abruptamente frenó el cual describió y que les antecedía en la marcha provocándole severos daños en la parte frontal del vehículo al grado que la defensa de frontal cuyo material de fabricación es de metal (conocida como mataburro) se doblo deformándola hacia adentro quedando como una V invertida más los daños que se observan en las gráficas del acta de inspección visible a folio 76 como guardafangos, tonó, parrilla, focos, alógenas, etc. que sufrió, sin menoscabar el motor ya que el vehículo no se le apagó decidiendo continuar y seguir el camión para reclamar por el acto imprudente de frenar abruptamente quien en compañía del señor Rafael Moya al observar que no se detuvo decidieron rebasar para denunciar en la posta policial la conducta imprudente del motorista circunstancia que cualquier ciudadano puede efectuar como anteriormente expresamos, la prueba de descargo fue considerada parcialmente por el A-quo pero en condiciones desfavorables para el imputado ya que manifiestan en su inicuo fallo que le dieron válidez a lo expuesto por el imputado, Rafael Moya, Santiago Estrada no obstante en su perjuicio ya que el señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala jamás se ubicó en espacio, lugar y tiempo de donde aconteció el accidente del vehículo marca Honda Color Azul que produjo la muerte de los señores arriba indicados, lesiones y daños a la propiedad, erigiéndose esta afirmación del A-quo como improcedente ya que no posee correspondencia con respecto al suceso donde sí estuvo involucrado el Imputado quien situó los hechos en espacio, lugar y tiempo distinto al atribuido; Otra situación que fue controvertida por el suscrito recurrente que no fue objeto de valoración alguna pretendiendo justificar su fallo el A-quo en que el señor Miguel Antonio Rodríguez era “legítimo poseedor” del camión marca Mack, Color Blanco, que mediante prueba documental consistente en el tracto sucesivo de propiedad del predicho camión se probó la falsedad con que ha participado durante toda la secuela del juicio en virtud que al momento de suscitarse los hechos el señor Miguel Antonio Rodríguez no era su propietario sino que la señora Reli Yalibec Castro comprobándose como se actuó dolosamente con el propósito de legitimar al señor Miguel Rodríguez como propietario del camión haciendo el cambio de propietario en fecha 13 de agosto del 2007 visible a folio 98, cuando la fecha del percance fue el 10 de agosto del 2007 aunado dejó de valorar el a-quo la forma como se realizó el cambio de propietario al evacuarse como prueba de descargo un certificado de autenticidad de fecha 09 de agosto del 2007 validando un acto de fecha 04 de junio del 2007 contrariando el ordenamiento jurídico en torno a los actos notariales visible a folio 100 y 101, durante el proceso se pretendió darle ese título al señor Miguel Antonio Rodríguez de víctima sin embargo el artículo 17 del Código Procesal Penal ya disponen quienes tiene ese carácter, la POSESIÓN puede ser regular o irregular según el artículo 719 del Código Civil, constituyéndose la posesión regular como producto de justo título, siendo justo título el traslaticio de dominio conforme el artículo 720, consecuentemente lo que concurrió es lo que prevé el artículo 731 “mera tenencia” por tanto este sujeto no era víctima pero fue proyectada como tal quien ha pretendido buscar un beneficio económico quedando al desnudo en el proceso, constituyen todas estas argumentaciones las incongruencias del A-quo al pretender justificar un fallo pernicioso sin poseer prueba que demostrara efectivamente “Sin Lugar a dudas” la verdad histórica de los hechos mediante la reconstrucción de los mismos (verdad formal, conforme la cual la conclusión de un razonamiento será verdad en tanto sea verdad el contenido de las premisas) y participación del señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala en virtud que los testimonios fueron incoherentes contrariándose entre sí con el resto de la prueba, siendo importante señalar que los testimonios son manipulables a conveniencia de quien lo efectúa y en aspectos relevantes con la prueba documental y pericial, a nuestro juicio razonamos que el Tribunal le da únicamente el valor probatorio “Que le resulta convincente, que no se concatenan con toda la prueba según las observaciones que hemos formulado y que desvalorizan las explicaciones que precisamos sobre lo cuestionable que fue la decisión del A-quo, premisas que son de suma importancia analizar de acuerdo a las máximas de la experiencia, sicología y analogía en vista que estos Testimonios interrelacionado con la prueba documental y pericial otorga la brecha que permite dejar al desnudo incongruencias significativas, decisivas, determinantes en la Valoración de la Prueba, que no fue concreta para establecer como verdad absoluta al no tener correspondencia, analizando lo anteriormente expuesto con respecto a la incongruente valoración no se le puede considerar concluyente e inequívoco el fallo concretándose una efectiva contravención entre los elementos verificadores constituyendo inválidez probatoria en aplicación de las Reglas de la sana crítica. QUINTO: Por lo antedicho concluimos sobre el presente motivo de casación que al momento de valorar antes que el espíritu humano se encuentre en relación con el conocimiento de determinado hecho suele estar en estado de ignorancia y estando ante todas estas afirmaciones que tienen derecho a ser creídas estableciendo un principio racional que establezca el derecho a la credibilidad (prueba) respecto a la inocencia de mi representado basta la sola duda de la Lesión al bien jurídicamente protegido (art.-2 Código Penal) “para evidenciar la falta de los elementos objetivos y subjetivos consecuente participación del imputado en el delito por constituir duda razonable lo ampliamente advertido en los apartados precedentes, siendo necesaria la certeza para decretar la culpabilidad”, por lo tanto si lo ordinario se presume lo extraordinario se prueba (principio ontológico) y que debe de ser un elemento lógico que lleve al sentenciador a establecer el origen inmediato como medio de convicción invocando el principio de “probatio el qui dicit, non qui negat” (la prueba le incumbe a quien afirma no a quien niega) y estimando que toda persona sometida a un proceso goza del principio de inocencia, el cual solo puede ser enervado por la sentencia del órgano correspondiente que debe gozar y llenar varios requisitos entre estos una valoración adecuada de la prueba y en consonancia con el desarrollo de la misma asociado a lo vislumbrado en los artículos 198 y 199 del Código Procesal que tienen como finalidad que los medios de prueba establezcan la verdad de los hechos intimado al artículo 202 del mismo cuerpo legal, correspondiendo al Tribunal sentenciador valuar apropiadamente las pruebas en su conjunto como se ha señalado y cuyo “norte” han de ser las reglas de la sana crítica según la psicología, la lógica y experiencia por lo que hay que razonar el resultado ya que el nexo causal o lógico que liga el hecho mediato del inmediato ha de ser fruto de un proceso inductivo racional “no de una simple suposición o conjetura” de tal modo que nadie puede ser condenado sobre la base de un proceso de inferencia que solo ofrezca simples sospechas “es necesaria la certeza” ya que si esta falta o es “dudosa” la estructura procedimental es inútil, considerando que el propósito del proceso penal es evitar presunciones y establecer valoraciones objetivas de acuerdo a la prueba y en total congruencia dictando una sentencia bajo razonamiento subjetivos, por lo que “darle mérito señalando como concluyente los elementos probatorios desarrollados en juicio como los testimonios de Miguel Antonio Rodríguez, Carlos Figueroa Harry, Baudilio Paz Sabillon, Alexis Renán Cano, prueba documental y pericial para declarar la responsabilidad de los hechos al imputado y consecuente participación es una evidente contradicción tal y como ocurre en el presente caso representando donde hay un desequilibrio en la valoración de la prueba en su conjunto contraviniendo lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal al no responder a las reglas del recto entendimiento humano (lógica, experiencia y psicología) incluyendo dentro de las reglas de la lógica las leyes fundamentales de la derivación que constituye que las conclusiones deben ser concordante y principio de razón suficiente, ya que los relatos de los testigos de cargo constituyeron una variedad de inconsistencia. APLICACIÓN PRETENDIDA: Estimando que el A-quo ha incidido en error In Procedendo por incurrir en “En Inobservancia de las reglas de la sana crítica en la Valoración de la prueba” discurridas en el motivo invocado que precede es nuestra pretensión que se enmiende anulando el fallo recurrido (reenvió) siendo sustanciado nuevo juicio conforme ordena la ley penal adjetiva con Tribunal distinto al sentenciador.” Fundamentación Recurso de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, por Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación del artículo 89 y 90 de la Constitucional de la República. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, y dicte la sentencia que en derecho corresponda. Resumen Alega la vulneración del estado de inocencia y del derecho del acusado a un debido proceso que aseguran que no se condenará a una persona mientras no se haya demostrado con prueba suficiente, su culpabilidad. La prueba de culpabilidad del acusado proporcionada por el Ministerio Público no es contundente por lo que el tribunal debió absolverlo. El principio del debido proceso protege la presunción de inocencia que ampara al inculpado por el que el tribunal debe dictar un fallo cimentado en el respeto a los derechos fundamentales, por lo que la sentencia que imponga una pena ha de ser producto de: a) Exigencia de auténticos actos de prueba; y b) Principio de libre valoración que poseen los juzgadores. En la presente causa instruida contra el señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, se le atribuyó responsabilidad penal por parte del Ministerio Público imputando los delitos indicados por imprudencia a disposiciones de la Ley de Tránsito. En el apartado de Fundamentación Jurídica: Tercero párrafo noveno como precepto aplicable el artículo 60 # 4 y 5 que establece “las condiciones básicas y obligatorias para la conducción de vehículos en cualquier situación, como ser: 4) observar las disposiciones reglamentarias de seguridad sobre velocidades y distancias entre vehículos, 5) extremar precauciones al viajar en condiciones climáticas adversas”, condiciones que generaron que el inculpado golpeara el vehículo de los occisos lo que produjo que fallecieran los señores Ricardo López Jackson, Hilda Sagrario Guerra y Ricardo Isaac López Guerra, lesiones a Joan Nicole López Guerra y daños a la propiedad al señor Miguel Antonio Rodríguez, con fundamento en los artículos 121, 135.3, 254 y 255 del Código Penal vigente. Estima que no constituyó un hecho controvertido la muerte violenta de las personas anteriormente citadas, las lesiones como los daños a la propiedad de persona distinta al señor Miguel Antonio Rodríguez, sin embargo, considera que el a-quo declara responsable de la comisión de los delitos indicados al acusado, en contravención a la carga probatoria que se evacuó en juicio. Refiere que el señor Carlos Figueroa Harry manifestó en juicio no recordar nada, (acta de debate, folio 407 renglones 43 y 44) y que al interrogatorio logró recordar que “hizo una segunda inspección sobre ese caso, en virtud de que la Fiscalía tenía dudas sobre la colisión por la desproporcionalidad de los golpes entre el vehículo en que se transportaban los occisos y el vehículo que conducía el imputado (acta de debate, folio 408, renglones 2 y 3), no recordó características de los vehículos (acta de debate, folio 408, renglones 7, 8), la segunda inspección se originó por la contradicción de los golpes (acta, folio 408, renglones 27, 28 y 29), expresó que él realizó esa inspección de los dos vehículos en la policía en horas de la mañana ya que ambos fueron trasladados a ese sitio y que el propósito era encontrar elementos que determinaran que había sucedido, ubicando vestigios que supuestamente eran del vehículo inspeccionado en la policía (se prescindió de documento que comprobara esta manifestación) aunadamente no indica puntualmente a que vehículo de los tres involucrados se refirió de los fragmentos que dijo haber ubicado (acta, folio 408, renglones, 31, 2, 33, 34) destacando que este testigo recibe turno al día siguiente 11 de febrero del 2007 a las 8 am, consiguientemente no fue responsable de la investigación de forma inmediata, a preguntas del juez integrante respondió que realizó búsqueda un kilómetro hacia atrás del sitio donde ocurrió el accidente (acta, folio 408, renglón 43 y 44). En la declaración del imputado Grimaldi Figueroa estableció que él colisionó con un vehículo tipo camión, modelo Dyna en el desvió a la aldea de Salitran (Acta, folio 407, renglón 40, 41 y 42) ubicada a un kilómetro y medio hacia adelante del sitio del percance y no hacia atrás como manifestó Carlos Figueroa que inspeccionó, concluyendo su intervención que la persona que inspeccionó justamente cuando acontecieron los hechos fue el técnico Marvin Ochoa y no él (acta, folio 408 vuelto, renglón 3). Al existir incongruencias entre su primera declaración ante juez y el juicio se constató que a folio 156 renglón 4 donde afirmó que “no vio si le pegó” al referirse al carro que supuestamente provocó el incidente. Se encontró nueva incongruencia, constituyendo una segunda contradicción ya que este individuo “respondió en juicio que el color del carro que provocó el accidente era beige, sin embargo en la audiencia inicial a folio,156 del renglón 6 de abajo hacia arriba se lee la pregunta y respuesta donde claramente contesta que no sabe ni la placa de su camión peor para haber visto el color del vehículo que provocó el accidente y su placa” quedando evidenciado las significativas inconsistencias entre los dos amigos Miguel Antonio Rodríguez y Alexis Renán Cano a quienes extraordinariamente el a-quo dio valor probatorio para su declaración de responsabilidad penal por los hechos imputados en el libelo acusatorio contra Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala. En la prueba documental que se evacúo en juicio no se determinó la participación del imputado en la comisión de los hechos que tuvieron lugar el día 10 de agosto del 2007 a las 10:20 pm y no como afirmó el a-quo en su sentencia que acontecieron entre 9 y 10 de la noche, contrapuesto a lo contenido en los testimonios y documentos como: acta, informe, levantamientos de cadáver que en la historia médico legal se consigna los datos y quien los brindó consignándose por el Doctor Carlos Alberto Lanza que fue el policía de Tránsito Baudilio Paz Sabillón quien ratificará el informe técnico de tránsito quien le proporcionó la información. Concluye que se ha demostrado de forma irrefutable la insuficiencia de la prueba que sirvió de fundamento para condenar al acusado por lo que se ha vulnerado el estado de inocencia que constitucionalmente asiste al imputado configurándose el presente motivo de casación. Concepto general del Recurso Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñoz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabrá alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico del Recurso Para el examen del motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Cuando en vía casacional se alega la infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria, sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que -de la prueba practicada- resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que -como se parte de la inocencia- quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo -realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario: la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de Defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. El debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: a) Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; b) La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; c) Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; d) Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; e) Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; f) Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; g) Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Artículo 90 constitucional establece el derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico El censor alega que la sentencia recurrida infringe los derechos fundamentales de Presunción de Inocencia y Debido Proceso establecidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. El artículo 89 Constitucional dispone que “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” y el artículo 90 que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, por considerar que la prueba de culpabilidad del acusado -proporcionada por el Ministerio Público en juicio- no fue contundente, por lo que el tribunal debió absolverlo. Reprocha que no fue un hecho controvertido en juicio la muerte violenta de los señores Ricardo López Jackson, Hilda Sagrario Guerra y Ricardo Isaac López Guerra, las lesiones provocadas a Joan Nicole López Guerra y los daños a la propiedad al señor Miguel Antonio Rodríguez, pero que la carga probatoria que se evacúo en juicio es insuficiente para condenar al acusado señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala por imprudencia a las disposiciones de la Ley de Tránsito. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia por el juzgador de instancia al valorar la prueba de cargo consistente en las declaraciones rendidas en sala de juicio por el propio acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala y Rafael Augusto Moya Moreno, en relación a la fecha, ubicación, circunstancias relativas a haber estado antes departiendo en la feria de Jutiapa donde tomaron bebidas alcohólicas, hora aproximada del accidente en que dicen haber participado contra la parte posterior de un camón tipo Dyna, condiciones de lluvia o meteorológicas desfavorables en la noche de los hechos, las características del vehículo marca Toyota Hilux, doble cabina color café o beige conducido por el acusado, el haber sufrido severos daños en la parte frontal del vehículo del acusado, no haberse quedado en el lugar del accidente sino el haberse ido a presentar a la Estación Policial de Satuyé, donde es detenido el acusado. Declaraciones que son coincidentes en mencionar que participaron en otro accidente y no en el accidente que provoca la muerte, lesiones y daños a la propiedad objeto del presente juicio. Declaraciones de testigos que son coincidentes con la prueba pericial consistente en el Dictamen de Tránsito ratificado en la sala de juicio por medio del Perito Inspector de la Policía de Tránsito Baudilio Paz Sabillón quien realiza inspección al día siguiente de los hechos, quien establece el lugar preciso del accidente, la dinámica de los hechos, en atención a la proporción de los daños ocasionados a los vehículos participantes, posición de los vehículos, indicios encontrados y que concluye con lo siguiente: “El participante 1 (Placa PAK5218, Marca Toyota, color dorado, nombre Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala): conduce su móvil en condiciones físicas deficientes, motivado por la ingesta de alcohol en su organismo, a exceso de velocidad, no calculó la distancia y colisionó por al alcance al móvil 2 (Placa PBM5802, Marca Honda, Color azul, motor B20842047340, chasis VE038164, nombre: Ricardo López Jackson), al cual antecedía en su marcha con el tercio anterior medio, en el tercio posterior medio del móvil 2, en el punto de impacto….según plano adjunto, por lo que el participante 2 perdió el control de su móvil, ingresando en el carril contrario, obstruyendo la pista de circulación del móvil 3 ( Placa PAL6498, camión Marca Mack, color blanco) que llegó al área de conflicto en su desplazamiento normal, colisionando en forma frontal con el móvil 2 en el tercio medio frontal, en el tercio anterior medio del móvil 3 en el punto de impacto…según plano adjunto. El participante 1 siguió su desplazamiento…fue detenido en la estación policial de Satuyé… Testigo Alexis Renán Cano, Motorista...Croquis del accidente Carretera Aldea Agua Dulce, Jutiapa, Atlántida…”; prueba documental consiste en Acta de Decomiso del vehículo conducido por el acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, Marca Toyota, tipo Hilux, con similares características del vehículo mencionado por el acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala y el señor Rafael Augusto Moya Moreno, que establece que el lugar donde se practicó el decomiso fue en la Posta Policial de Satuyé, donde el acusado se presentó voluntariamente después de haber participado en el accidente, a pesar de no ser coincidentes dichos testigos en el color exacto del vehículo del acusado, pero que se comprobó en dicho peritaje que dicho vehículo era el identificado con Placa PAK5218, Marca Toyota, color dorado, conducido por el acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, y decomisado a éste momentos posteriores a haber participado en el accidente de tránsito objeto del juicio, corroborado por las declaraciones de los testigos presenciales Miguel Antonio Rodríguez Martínez y Alexis Renán Cano Rosales, que son coincidentes en declarar que el color del participante 1, era color beige, declaraciones que a su vez son coincidentes con las fotografía adjuntas al acta de inspección realizada la noche de los hechos al vehículo del acusado que corroboran que el vehículo Toyota, tipo Hilux es color beige, mismo que se encontraba decomisado en la Posta policial de Satuyé. Por otra parte, fue valorada por el juzgador de instancia la prueba documental y pericial consistente en las Actas de Levantamientos de cadáver números 219, 220 y 221 practicados por el médico forense Dr. Carlos Alberto Lanza Zapata, a los cadáveres de Hilda Sagrario Guerra Cáceres, Ricardo López Jackson y del menor Ricardo Isaac López Guerra; y, el Dictamen de Evaluación médica, practicado por dicho facultativo forense, a la menor Joan Nicole López Guerra, que concluye es politraumatismo, resultados todos ellos producto del accidente de tránsito que se imputa al acusado señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala. Por todo lo anterior, apreciando la totalidad de la prueba de cargo incorporada al juicio, esta sala concluye que, ha sido obtenida y practicada con plena observancia de todos los derechos, formalidades y garantías procesales establecidas en la constitución y las leyes, libre de contradicciones e inconsistencias relevantes, y es a todas luces suficiente para con ella enervar el estado de inocencia establecido constitucionalmente a favor del acusado señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, por lo que esta Sala declara improcedente el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional invocado por el recurrente. Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362. 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen El a quo da mérito y señala como concluyentes las declaraciones de los testigos Miguel Antonio Rodríguez, Carlos Figueroa Harry, Baudilio Paz Sabillón, Alexis Renán Cano; prueba documental y pericial para declarar la responsabilidad de los hechos al imputado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala y su consecuente participación, es una evidente contradicción tal y como ocurre en el presente caso donde hay un desequilibrio en la valoración de la prueba en su conjunto contraviniendo lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal al no responder a las reglas del recto entendimiento humano (lógica, experiencia y psicología) incluyendo dentro de las reglas de la lógica las leyes fundamentales de la derivación que constituye que las conclusiones deben ser concordantes y principio de razón suficiente, ya que los relatos de los testigos de cargo constituyeron una variedad de inconsistencia. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[2]. Concepto específico: La sentencia que se impugna incurre en violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas pues no responden a las reglas del recto entendimiento humano, dentro de estas a las reglas de la lógica de la derivación y principio de razón suficiente, ya que los relatos de los testigos de cargo contienen una variedad de inconsistencias. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Opinión de la sala sobre el caso específico El recurrente funda su reproche recursivo de quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en su ley lógica, de derivación y principio de razón suficiente en la valoración de la prueba de cargo, concretamente en la valoración de las declaraciones de los testigos Miguel Antonio Rodríguez, Carlos Figueroa Harry, Baudilio Paz Sabillón, Alexis Renán Cano, por considerar que contienen variedad de inconsistencias, y con la prueba documental y pericial agregada al juicio. Esta Sala aprecia que los medios de prueba de cargo consistentes en las declaraciones de los testigos presenciales Miguel Antonio Rodriguez Martínez y Alexis Renán Cano Rosales, son coincidentes entre si y con la prueba documental consistente en el Informe de Tránsito que determina: Vehículo 1 …Placa PAK5218, Marca Toyota, color dorado, nombre Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala: conduce su móvil en condiciones físicas deficientes, motivado por la ingesta de alcohol en su organismo, a exceso de velocidad, no calculó la distancia y colisionó por al alcance al móvil 2 (Placa PBM5802, Marca Honda, Color azul, motor B20842047340, chasis VE038164, nombre: Ricardo López Jackson), al cual antecedía en su marcha con el tercio anterior medio, en el tercio posterior medio del móvil 2, en el punto de impacto….según plano adjunto, por lo que el participante 2 perdió el control de su móvil, ingresando en el carril contrario, obstruyendo la pista de circulación del móvil 3 ( Placa PAL6498, camión Marca Mack, color blanco) que llegó al área de conflicto en su desplazamiento normal, colisionando en forma frontal con el móvil 2 en el tercio medio frontal, en el tercio anterior medio del móvil 3 en el punto de impacto…según plano adjunto. El participante 1 siguió su desplazamiento…fue detenido en la estación policial de Satuyé… Testigo Alexis Renán Cano, Motorista... Croquis del accidente Carretera Aldea Agua Dulce, Jutiapa, Atlántida…”; Prueba testifical consistente en las declaraciones de los señores testigos oculares señores Miguel Antonio Rodriguez Martínez y Alexis Renán Cano Rosales, los que son coincidentes en declarar que el color del participante 1, era color beige, declaraciones que a su vez concuerdan con las fotografías adjuntas a la prueba documental de Acta de Inspección realizada la noche de los hechos al vehículo del acusado que corroboran que el vehículo Toyota, tipo Hilux es color beige, mismo que se encontraba decomisado en la posta policial de Satuyé; prueba documental consiste en Acta de Decomiso del vehículo conducido por el acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, Marca Toyota, tipo Hilux, con similares características del vehículo mencionado por el acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala y el señor Rafael Augusto Moya Moreno, que establece que el lugar donde se practicó el decomiso fue en la Posta Policial de Satuyé, donde el acusado se presentó voluntariamente después de haber participado en el accidente, a pesar de no ser coincidentes dichos testigos en el color exacto del vehículo del acusado, pero que se comprobó en dicho peritaje que dicho vehículo era el identificado con Placa PAK5218, Marca Toyota, color dorado, conducido por el acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, y decomisado a éste momentos posteriores a haber participado en el accidente de tránsito objeto del juicio, corroborado por las declaraciones de los testigos presenciales Miguel Antonio Rodríguez Martínez y Alexis Renán Cano Rosales, que son coincidentes en declarar que el color del participante 1, era color beige, declaraciones que a su vez son coincidentes con las fotografías adjuntas al acta de inspección realizada la noche de los hechos al vehículo del acusado que corroboran que el vehículo Toyota, tipo Hilux es color beige, mismo que se encontraba decomisado en la Posta Policial de Satuyé. Y la prueba pericial consistente en las Actas de Levantamientos de cadáver números 219, 220 y 221 practicados por el médico forense Dr. Carlos Alberto Lanza Zapata, a los cadáveres de Hilda Sagrario Guerra Cáceres, Ricardo López Jackson y del menor Ricardo Isaac López Guerra; y, el Dictamen de Evaluación médica, practicado por dicho facultativo forense, a la menor Joan Nicole López Guerra, que concluye es politraumatismo, producto del accidente de tránsito que se imputa al acusado señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala. Esta Sala considera que las razones vertidas por el juzgador para dotar de plena credibilidad a la prueba de cargo, testifical preinserta, son lógicas y suficientes, dado que el juzgador no estableció razones de peso para restarles credibilidad, o para crear dudas sobre aspectos esenciales, dado que son testigos que han percibido los hechos directamente por medio de los sentidos, y dado que son congruentes con los resultados de la prueba documental y pericial agregada al juicio. Por lo anterior esta Sala concluye que el juzgador no ha incurrido en vicios o defectos de forma por violación a las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su postulado de derivación y principio de razón suficiente, que invaliden el fallo, pues la motivación de la sentencia recurrida está constituida por prueba directa e indirecta, e inferencias razonables deducidas de las pruebas de cargo, y de la sucesión de conclusiones que de ellas fue determinando el juzgador, hasta alcanzar el grado de convicción de certeza acerca de la participación del acusado Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, en el hecho ilícito que se le imputa. DECISIÓN: esta Sala declara No Ha Lugar el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional y de Quebrantamiento de forma, invocados por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo de Infracción de Precepto Constitucional y de Quebrantamiento de Forma invocados por el Abogado Oscar Alexander Luna, en su condición de defensor privado del señor Grimaldi Alfredo Figueroa Ayala, en la causa instruida contra éste, a quien se le condenó como autor de los delitos en concurso ideal de Homicidio culposo, en perjuicio de Ricardo López Jackson, Hilda Sagrario Guerra Cáceres y Ricardo Isaac López Guerra; Lesiones culposas en perjuicio de Joan Nicole López Guerra y Daños culposos, en perjuicio de Miguel Antonio Rodríguez Martínez; Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha siete de enero de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-247-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.
[2] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005