Sentencia CP-245-17 — Registro 11701
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia que absuelve al imputado por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Asociación Ilícita
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."El recurso es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, que textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El día viernes dieciséis de octubre del año dos mil quince, a las diez horas con cincuenta minutos de la mañana, agentes de la Policía Nacional Preventiva, realizaban un patrullaje de rutina en el Boulevard del Sur, en la 33 calle, a inmediaciones de la Toyota, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, observaron que el señor Santos Rodolfo Díaz Díaz se encontraba en el lugar de manera sospechosa, por lo que lo requirieron y al practicarle un registro personal, se le encontró al lado derecho de la cintura un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, por lo que los agentes le requirieron la documentación respectiva, no contando con permiso para portarla, no obstante estaba vigente el Decreto Legislativo 63-2014, que permitía a los particulares acudir al correspondiente registro Balístico Nacional, a inscribir las armas de fuego de tipo comercial que tuvieran en su poder, aún sin contar con factura de compra de tales armas.” La acción desplegada por al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, se subsume perfectamente en el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, pues el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Esta Sala de lo Penal considera que el Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 19 de agosto 2014, prorroga por seis meses la vigencia de lo dispuesto en el decreto 184-2013 de fecha 1 de septiembre del 2013, establece un período de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de La Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. Lo dispuesto en el Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 19 de agosto 2014, y Decreto Legislativo No.184-2013, no limitan, impiden, restringen, interfieren, derogan, ni suspenden la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, dado que de los hechos declarados probados no se deduce que el acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, al momento de ser detenido y practicarle el registro personal y tener en el lado derecho de la cintura un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, por lo que los agentes le requirieron la documentación respectiva, no contando con permiso para portarla, haya tenido la intención o propósito de cumplir con los fines administrativos -letra y espíritu- de los Decretos Legislativos Decreto Legislativo 63-2014 y 184-2013. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por artículo 332-B del Código Penal de reproche, señalado como infringido...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 332, B (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso es de recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en la regla de la lógica, concretamente del postulado de derivación, de razón suficiente, en su característica de suficiencia en la valoración de la prueba de cargo consistente en: Testifical: 1. Declaración del señor Nelson Benítez Ortiz, quien ratifica el informe que contiene el Análisis Técnico para determinar la inclusión o pertenencia a maras y pandillas relacionado a Maras, quien refiere lo siguiente: Rea1izó una búsqueda minuciosa en la base de datos, donde se verificó que el sospechoso -Santos Rodolfo Díaz Díaz- es miembro activo de una mara o pandilla posteriormente se buscó sus antecedentes penales, se solicitó constancia en el Centro Penal, ...se acredita que se encuentra recluido en la celda número 8 donde únicamente pueden permanecer los miembros de la Mara MS”. Al interrogatorio de las partes responde: ¿Cómo llega a la conclusión que el ahora acusado es miembro de la MS? “Tenemos una base de datos actualizada a diario y mediante fuentes humanas que proporcionan información... ¿Por qué refiere que los miembros de la MS operan en la colonia San José y la colonia Suazo Córdoba? Por información de fuentes humanas... ¿Usted tenía un trabajo investigativo personal y previo del acusado? Ya teníamos investigaciones anteriores de él en la base de datos. ¿existe algún reglamento que argumente que las personas recluidas en ciertas celdas son miembros activos de la mara MS? Sí, porque las personas que no son parte de maras, no piden estar recluidas en dichas celdas donde solo se encuentran miembros de pandillas; Documental 1. Constancia de Investigación junto al álbum fotográfico, emitido el 16 de octubre del 2015, elaborado por Jefe de la Unidad Contra Maras y Pandillas, en la cual se establece que el acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, alias “Oscar” es miembro activo de la Mara MS 13. Pericial 1. Análisis Técnico para determinar la relación hacia la mara o pandilla, elaborado por el agente de investigación Nelson Benítez Ortiz, en el cual establece que en la base de datos que posee la Unidad de Maras y Pandillas de San Pedro Sula, Cortés, el señor Santos Rodolfo Díaz Díaz se encuentra con registro de miembro activo de la Mara MS 13, operando en las colonias San José y Suazo Córdoba de San Pedro Sula, Cortés, y se encuentra recluido en la bartolina 8 donde están los privados de libertad que pertenecen a la pandilla MS 13. En la valoración probatoria el sentenciador concluye que el medio de prueba documental de la constancia emitida por el Jefe de Maras y Pandillas no es suficiente para establecer la pertenencia de un ciudadano a una asociación delictiva, afirmación que debe ser corroborada mediante datos objetivos y constatables, y no basta con la clasificación policial que puede ser presuntiva, para determinar la condición de miembro o cabecilla a una pandilla. Esta Sala aprecia, que al valorar la prueba de cargo consistente en prueba testifical, documental y pericial agregada al juicio, el juzgador no lo hace en forma conjunta y armoniosa, sino en forma aislada, por lo que no logra derivar razones suficientes para vincular al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz como miembro activo de la Mara MS 13. Tampoco el juzgador utiliza la prueba indiciaria o de presunciones, que es la que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos conocidos (indicios) y por medio de razonamientos e inferencias lógicas y reglas de la experiencia, inferir o derivar hechos desconocidos, en este caso, deducir la pertenencia del acusado a la estructura criminal Mara MS, en función del nexo causal y coherente entre los indicios comprobados y el que hecho ilícito que se trata de comprobar. Por lo que considera que el tribunal sentenciador en la valoración probatoria, incurre en vicio de forma, al vulnerar la regla de la sana crítica de la lógica, de derivación en su postulado de razón suficiente, que exige que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, y de característica de suficiencia, por el que los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga, y por el que los razonamientos deben derivar de elementos auténticos. Asimismo, por no haber logrado el juzgador enlazar los esos hechos verdaderos y auténticos, debidamente probados utilizando la prueba indiciaria, para llegar a conclusiones distintas. Por lo expuesto, esta Sala declara ha lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, contra la sentencia que se impugna en la parte en que se absuelve al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz por el delito de Asociación Ilícita..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-245-2017 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Santos Rodolfo Díaz Díaz, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Absolvió al señor Santos Rodolfo Díaz Díaz, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Tercero: No procede condenar en costas procesales; Cuarto: Se ordena la devolución de un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico. Son Partes: La Abogada Iris Beatriz Fonseca, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. Hechos Probados: “UNICO: El día viernes dieciséis de octubre del año dos mil quince, a las diez horas con cincuenta minutos de la mañana, agentes de la Policía Nacional preventiva, realizaban un patrullaje de rutina en el Boulevard del sur, en la 33 calle, a inmediaciones de la Toyota, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, observaron que el señor Santos Rodolfo Díaz Díaz se encontraba en el lugar de manera sospechosa, por lo que lo requirieron y al practicarle un registro personal, se le encontró al lado derecho de la cintura un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico, con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, por lo que los agentes le requirieron la documentación respectiva, no contando con permiso para portarla, no obstante estaba vigente el Decreto legislativo 63-2014, que permitía a los particulares acudir al correspondiente Registro Balístico Nacional, a inscribir las armas de fuego de tipo comercial que tuvieran en su poder, aún sin contar con facturas de compra de tales armas.”Recurso de Casación: El recurrente Abogado Rubén Adolfo Reyes Gámez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. (Lo resaltado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “ÚNICO: El día viernes dieciséis de octubre del año dos mil quince, a las diez horas con cincuenta minutos de la mañana, agentes de la Policía Nacional Preventiva, realizaban un patrullaje de rutina en el Boulevard del Sur, en la 33 calle, a inmediaciones de la Toyota, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, observaron que el señor SANTOS RODOLFO DIAZ DIAZ se encontraba en el lugar de manera sospechosa, por lo que lo requirieron y al practicarle un registro personal, se le encontró al lado derecho de la cintura un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, por lo que los agentes le requirieron la documentación respectiva, no contando con permiso para portarla, no obstante estaba vigente el Decreto Legislativo 63-2014, que permitía a los particulares acudir al correspondiente registro Balístico Nacional, a inscribir las armas de fuego de tipo comercial que tuvieran en su poder, aún sin contar con factura de compra de tales armas.” Al examinar el factum, se evidencia que concurre una falta de aplicación del artículo 332 B del Código Penal, ya que se describe en el mismo, todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado SANTOS RODOLFO DÍAZ DÍAZ, participó a título de Autor en el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, pues se relata, que el mismo portaba un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, del cual no llevaba el permiso de la autoridad competente para portarla. No obstante, que el recurso de Infracción de Ley debe apegarse de manera absoluta al relato fáctico, debemos hacer alusión al apartado de fundamentación jurídica, donde el sentenciador, refiere que la conducta del acusado SANTOS RODOLFO DÍAZ no acarrea responsabilidad penal, tomando en cuenta que han existido prórrogas sucesivas del decreto 184- 2013, mismo que faculta a los particulares a acudir al Registro Balístico Nacional a realizar la inscripción de armas de fuego de calibre comercial, de las cuales no posean factura, por un periodo de seis meses, beneficio conocido como “Veda”, que aún a la fecha de los hechos se encontraba vigente a través del decreto 60-2015, lo cual constituye a criterio del juzgador una suspensión tácita de la eficacia del artículo 332-B del Código Penal, pues tal disposición legal no puede interpretarse como que en el período de veda otorgado por el Estado para legalizar la portación de un arma comercial, se excluya la responsabilidad penal de los ciudadanos, por tanto: “no es una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que el ciudadano, por un período de tiempo establecido, al acudir voluntariamente a registrar su arma”. Es por ello, que en los casos donde se encuentre a un sujeto portando un arma, sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de la misma, deben tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal, por considerarse en principio que existe un ilícito penal del art. 332- A o B, según el caso. A dicho efecto debe valorarse una serie de elementos objetivos (tales como la hora, ubicación del sujeto(s), del arma y de la oficina encargada del respectivo registro, clase de arma, entre otros), a fin de analizar si existió una intención dirigida al registro o entrega del arma. De no concurrir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la presencia del delito correspondiente, pues el precepto en mención, no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal. En la presente causa, se tuvo como un hecho probado, que el enjuiciado SANTOS RODOLFO DIAZ DIAZ, fue encontrado en posesión de un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, color negro, marca Tanfoglio, con serie AB61686, en el patrullaje de rutina en el Boulevard del Sur, a inmediaciones de la Toyota, San Pedro Sula, acusado que estaba en el lugar de forma sospechosa y al requerirlo para registrarlo le encontraron el arma antes descrita, esta que conforme el dictamen de Balística se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, de la cual no portaba el permiso de la autoridad respectiva; relato que no evidencia que el imputado en cuestión, tuviere la voluntad de registrar el arma de fuego que llevaba, sino que más bien describe todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, establecidos en el artículo 332-B del Código Penal. En relación al Decreto 184-2013, ampliado mediante los decretos 63-2014 y 60-2015, que comprende lo referente a la veda, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido: …“El espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de des penalizar los artículos correlativos al Código Penal; a contrario sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar a la ciudadanía a que efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras...” (Ver Amparos SCO-241-351-365 Y 378-2015/1104-14. En virtud de lo anteriormente expresado, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción del artículo 332-B, por Falta de Aplicación.” “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica, prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: TESTIFICAL: 1. Declaración del señor NELSON BENITEZ ORTIZ, quien ratifica el informe que contiene el Análisis Técnico para determinar la inclusión o pertenencia a maras y pandillas relacionado a Maras, quien refiere lo siguiente: Rea1izó una búsqueda minuciosa en la base de datos, donde se verificó que el sospechoso es miembro activo de una mara o pandilla posteriormente se buscó sus antecedentes penales, se solicitó constancia en el Centro Penal, ...se acredita que se encuentra recluido en la celda número 8 donde únicamente pueden permanecer los miembros de la MARA MS”. Al interrogatorio de las partes responde: ¿Cómo llega a la conclusión que el ahora acusado es miembro de la MS? “Tenemos una base de datos actualizada a diario y mediante fuentes humanas que proporcionan información... ¿Por qué refiere que los miembros de la MS operan en la colonia San José y la colonia Suazo Córdoba? Por información de fuentes humanas... ¿Usted tenía un trabajo investigativo personal y previo de mi defendido? Ya teníamos investigaciones anteriores de él en la base de datos. ¿existen algún reglamento que argumente que las personas recluidas en ciertas celdas son miembros activos de la mara MS? Sí, porque las personas que no son parte de maras, no piden estar recluidas en dichas celdas donde solo se encuentran miembros de pandillas (lo subrayado es nuestro). DOCUMENTAL 1. Constancia de Investigación junto al álbum fotográfico, emitido el 16 de octubre del 2015, elaborado por Jefe de la Unidad Contra Maras y Pandillas, en la cual se establece que el acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, alias “Oscar” es miembro activo de la Mara MS 13. PERICIAL 1. Análisis Técnico para determinar la relación hacia la mara o pandilla, elaborado por el agente de investigación Nelson Benítez Ortiz, en el cual establece que en la base de datos que posee la Unidad de Maras y Pandillas de San Pedro Sula, Cortés, el señor Santos Rodolfo Díaz Díaz se encuentra con registro de miembro activo de la Mara MS 13, operando en las colonias San José y Suazo Córdoba de San Pedro Sula, Cortés, y se encuentra recluido en la bartolina 8 donde están los privados de libertad que pertenecen a la pandilla MS 13. Conforme la valoración probatoria, el sentenciador arribó a la conclusión que el medio de prueba documental referente a la constancia emitida por el jefe de maras y Pandillas no es suficiente para establecer a través de una Constancia la supuesta pertenencia de un ciudadano a una asociación delictiva, ya que esta afirmación que debe ser corroborada mediante datos objetivos y constatables, por lo cual no basta la clasificación policial que puede ser presuntiva, para determinar la condición de miembro o cabecilla a una pandilla” argumento el cual no compartimos por cuanto que, la Constancia fue emitida el día 16 de octubre del 2015, fecha del fichaje del acusado SANTOS RODOLFO DIAZ DIAZ, por agentes de Investigación Criminal asignados a la Unidad de Maras y Pandillas, quien fue identificado con el alías “Oscar”, constancia que lleva anexada cinco imágenes donde se aprecia los tatuajes alusivos a la mara MS-13, estas imágenes no son una presunción que demuestre que el acusado es un ciudadano normal, al contrario sus tatuajes muestra su pertenencia a un grupo delictivo en este caso la mara MS, tal y como lo expresó el agente Nelson Benítez Ortiz perito que realizó el análisis sobre inclusión a las maras del acusado al decir que “los tatuajes dibujados en la piel de cada pandillero, ilustran un mundo de violencia, vida llena de peligros y de retos... cada uno de ellos tiene un significado para el pandillero que los porta, estos además identifican la mara o pandilla, la zona geográfica, hasta la clica a la cual pertenecen, siendo esta la manera de expresión más conocida de estos grupos delincuenciales donde claramente se denota la lealtad a sus creencias, cultura, nacionalidad, en conclusión reflejan su identidad”, para que el perito llegara a la conclusión que el acusado es miembro activo de la Mara MS-13, fue necesario obtener la información periférica respecto de los antecedentes del acusado quien desde el 2001 fue detenido por el delito de robo, posteriormente en el año 2004 detenido por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, luego en el año 2010 fue detenido por Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas, de igual forma se obtuvo la información del Encargado de la Penitenciaría Nacional quien manifestó en al agente Ortiz que el acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz con identidad 0107-1973-00744 se encuentra recluido en el hogar número 8, donde solo están los privados de libertad que pertenecen a la Mara MS-13, importante recalcar que solo ingresan a ese recinto aquellas personas que han manifestado su filiación a la pandilla primeramente desde que son remitidos por el Juzgado cuando han tenido la primera audiencia, segundo cuando ingresan al Centro Penal y por medidas de seguridad cuando el propio acusado así lo manifiesta, por lo que no compartimos el argumento esgrimido por el juzgador en la valoración de la prueba respecto del Análisis Técnico para determinar relación a maras y pandillas el que fue elaborado por Nelson Benítez Ortiz, cuando afirma: “Este tribunal considera que no reúne parámetros de confiabilidad en cuanto que se trata de un trabajo de campo.. .sin haber practicado investigaciones previas o simultáneas a la detención que nos lleve a la convicción de la veracidad de las conclusiones de dicho análisis”, este argumento es una clara inobservancia a la regla de la lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, puesto que el agente Benítez Ortiz para llegar a la conclusión que el encartado es miembro de la Mara MS-13, realizó una búsqueda en la base de datos que tiene al respecto la Unidad de Maras y Pandillas, donde se puede apreciar que el acusado cuenta con varias detenciones previas al hecho objeto del proceso (ver constancia de antecedentes policiales y párrafo pertinente a la detención en el año 2010 detenido por Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas), de igual forma para verificar el lugar donde opera la Mara MS-13, el agente Nelson Benítez se auxilia de fuentes humanas(informantes, testigos) quienes proporcionan información de los lugares donde operan las diferentes maras y pandillas, además de obtener información sobre quienes son sus integrantes y en torno a las investigaciones simultáneas que el juzgador establece que debieron practicarse en el caso in examine, la detención del acusado obedece a un patrullaje de rutina que realizaban los miembros de la Policía Nacional Preventiva, por lo que se vuelve imposible encontrar investigaciones simultáneas que hubiese podido efectuar la Policía Preventiva acerca de la persona que estaban requisando, ya que la acción se da en el momento y no a un hecho previamente planificado por la policía, sino que la detención surge precisamente por la actitud sospechosa del acusado, quien al ser registrado se le encontró en su poder un arma de fuego sin el permiso de la autoridad competente, sin embargo el agente Benítez Ortiz, en su labor investigativa obtiene información que el acusado está recluido en el hogar número 8, donde se encuentran los privados de libertad que pertenecen a la mara MS, en definitiva ningún ciudadano en su sano juicio, a quien se le ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva querría estar recluido en las celdas que ocupan los integrantes de las diferentes pandillas que operan en el país, sino porque es miembro activo de ellas, quien busca la protección de la organización criminal a la cual pertenece; en el presente caso se ha acreditado con el análisis elaborado por el agente Benítez Ortiz que ciertamente el acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, mantiene la pertenencia a la organización criminal denominada Mara Ms-13, sobre este particular en reiteradas sentencias la Sala de lo Penal se ha pronunciado, manifestando que el delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto no siendo necesario un resultado, sino que basta con la puesta en peligro del bien jurídico protegido, la seguridad interior del Estado, pero para calificar este delito es necesario que se demuestre la pertenencia actual del imputado a la asociación ilícita, y el propósito delincuencial de la misma; no bastando en consecuencia para su tipificación la existencia de tatuajes que demuestren la pertenencia a determinada asociación sino que hay que probar que la persona permanece de manera activa y actual a la misma y que el objetivo de esta asociación en caso de que se demuestre el primer requisito es ilícita (debiendo darse los dos requisitos), fallo CP-1181-2006; requisitos que en el caso in examine fueron demostrados con los medios de prueba aportados por el ente acusador, al haber acreditado que en varias ocasiones ha sido detenido por el mismo delito por el cual fue objeto del presente proceso, su pertenecía actual, al estar recluido en las celdas destinadas en el centro penal para miembros de la MS-13, sumado al hecho de llevar en su cuerpo signos distintivos propios de ese grupo criminal. Entonces, resulta evidente, que al concluir el juzgador no se logró demostrar la responsabilidad del encausado en el delito de Asociación Ilícita, vulnerando la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en vista que al valorar el contenido de la probanza, no le otorgó el mérito que realmente posee a los medios de prueba pericial y documental, pues de otra manera hubiera adquirido la certeza, que el imputado Santos Rodolfo Díaz Díaz es miembro activo de la Mara MS13, y en consecuencia dictar un fallo condenatorio por el delito ASOCIACION ILICITA. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Recurso de Casación por Infracción de ley por falta de aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Motivo Único. Resumen. Infracción de ley por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, que textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. El A-quo declaró terminantemente probado lo siguiente: “Único: El día viernes dieciséis de octubre del año dos mil quince, a las diez horas con cincuenta minutos de la mañana, agentes de la Policía Nacional Preventiva, realizaban un patrullaje de rutina en el Boulevard del Sur, en la 33 calle, a inmediaciones de la Toyota, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, observaron que el señor Santos Rodolfo Díaz Díaz se encontraba en el lugar de manera sospechosa, por lo que lo requirieron y al practicarle un registro personal, se le encontró al lado derecho de la cintura un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, por lo que los agentes le requirieron la documentación respectiva, no contando con permiso para portarla, no obstante estaba vigente el Decreto Legislativo 63-2014, que permitía a los particulares acudir al correspondiente registro Balístico Nacional, a inscribir las armas de fuego de tipo comercial que tuvieran en su poder, aún sin contar con factura de compra de tales armas.” Del factum se evidencia que concurre la falta de aplicación del artículo 332 B del Código Penal, ya que se describen todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, participó a título de autor en el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, pues relata, que portaba un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, del cual no llevaba el permiso de la autoridad competente para portarla. Es en el apartado de fundamentación jurídica, donde el sentenciador refiere que la conducta del acusado Santos Rodolfo Díaz no acarrea responsabilidad penal, tomando en cuenta que han existido prórrogas sucesivas del decreto 184- 2013, mismo que faculta a los particulares a acudir al Registro Balístico Nacional a realizar la inscripción de armas de fuego de calibre comercial, de las cuales no posean factura, por un perído de seis meses, beneficio conocido como “veda”, que aún a la fecha de los hechos se encontraba vigente a través del Decreto 60-2015, lo que constituye, a criterio del juzgador, una suspensión tácita de la eficacia del artículo 332-B del Código Penal. En los casos donde se encuentre a un sujeto portando un arma, sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de la misma, deben tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal, por considerarse, en principio, que existe un ilícito penal del art. 332- A o B. Conforme el dictamen de Balística del arma de fuego, se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, de la cual no portaba el permiso de la autoridad respectiva, relato que no evidencia que el imputado tuviere la voluntad de registrar el arma de fuego que llevaba, sino que describe todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, establecidos en el artículo 332-B del Código Penal. Por lo que la sentencia impugnada ha sido dictada con infracción del artículo 332-B, por falta de aplicación. Concepto general del recurso: A través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico El factum de la sentencia que se impugna evidencia la falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, ya que se describe todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, pues relata, que el señor Santos Rodolfo Díaz Díaz, portaba un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, de la cual no llevaba el permiso de la autoridad competente para portarla. En el apartado de fundamentación jurídica, el sentenciador refiere que la conducta del acusado Santos Rodolfo Díaz no acarrea responsabilidad penal, debido a que han habido prórrogas sucesivas del Decreto 184-2013, que faculta a los particulares a acudir al Registro Balístico Nacional a inscribir las armas de fuego de calibre comercial, de las que no posean factura, por un periodo de seis meses, conocido como “veda”, y que a la fecha de los hechos se encontraba vigente el Decreto 60-2015, lo que constituye una suspensión tácita de la eficacia del artículo 332-B del Código Penal. De la procedencia del Recurso. El recurso es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, que textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El día viernes dieciséis de octubre del año dos mil quince, a las diez horas con cincuenta minutos de la mañana, agentes de la Policía Nacional Preventiva, realizaban un patrullaje de rutina en el Boulevard del Sur, en la 33 calle, a inmediaciones de la Toyota, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, observaron que el señor Santos Rodolfo Díaz Díaz se encontraba en el lugar de manera sospechosa, por lo que lo requirieron y al practicarle un registro personal, se le encontró al lado derecho de la cintura un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, por lo que los agentes le requirieron la documentación respectiva, no contando con permiso para portarla, no obstante estaba vigente el Decreto Legislativo 63-2014, que permitía a los particulares acudir al correspondiente registro Balístico Nacional, a inscribir las armas de fuego de tipo comercial que tuvieran en su poder, aún sin contar con factura de compra de tales armas.” La acción desplegada por al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, se subsume perfectamente en el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, pues el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Esta Sala de lo Penal considera que el Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 19 de agosto 2014, prorroga por seis meses la vigencia de lo dispuesto en el decreto 184-2013 de fecha 1 de septiembre del 2013, establece un período de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de La Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. Lo dispuesto en el Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 19 de agosto 2014, y Decreto Legislativo No.184-2013, no limitan, impiden, restringen, interfieren, derogan, ni suspenden la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, dado que de los hechos declarados probados no se deduce que el acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, al momento de ser detenido y practicarle el registro personal y tener en el lado derecho de la cintura un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, por lo que los agentes le requirieron la documentación respectiva, no contando con permiso para portarla, haya tenido la intención o propósito de cumplir con los fines administrativos -letra y espíritu- de los Decretos Legislativos Decreto Legislativo 63-2014 y 184-2013. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por artículo 332-B del Código Penal de reproche, señalado como infringido. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, por inobservancia a las reglas de la Sana Crítica en la valoración de la prueba. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Quebrantamiento de forma por no haber observado el sentenciador las reglas de la Sana Crítica, en la valoración de la prueba de cargo siguiente: Testifical: 1. Declaración del señor Nelson Benítez Ortiz, quien ratifica el informe que contiene el Análisis Técnico para determinar la inclusión o pertenencia a maras y pandillas relacionado a maras, quien refiere lo siguiente: Rea1izó una búsqueda minuciosa en la base de datos, donde se verificó que el sospechoso -Santos Rodolfo Díaz Díaz- es miembro activo de una mara o pandilla posteriormente se buscó sus antecedentes penales, se solicitó constancia en el Centro Penal, ...se acredita que se encuentra recluido en la celda número 8 donde únicamente pueden permanecer los miembros de la Mara MS”. Al interrogatorio de las partes responde: ¿Cómo llega a la conclusión que el ahora acusado es miembro de la MS? “Tenemos una base de datos actualizada a diario y mediante fuentes humanas que proporcionan información... ¿Por qué refiere que los miembros de la MS operan en la colonia San José y la colonia Suazo Córdoba? Por información de fuentes humanas... ¿Usted tenía un trabajo investigativo personal y previo del acusado? Ya teníamos investigaciones anteriores de él en la base de datos. ¿Existe algún reglamento que argumente que las personas recluidas en ciertas celdas son miembros activos de la mara MS? Sí, porque las personas que no son parte de maras, no piden estar recluidas en dichas celdas donde solo se encuentran miembros de pandillas; Documental 1. Constancia de Investigación junto al álbum fotográfico, emitido el 16 de octubre del 2015, elaborado por Jefe de la Unidad Contra Maras y Pandillas, en la cual se establece que el acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, alias “Oscar” es miembro activo de la Mara MS 13. Pericial 1. Análisis Técnico para determinar la relación hacia la mara o pandilla, elaborado por el agente de investigación Nelson Benítez Ortiz, en el cual establece que en la base de datos que posee la Unidad de Maras y Pandillas de San Pedro Sula, Cortés, el señor Santos Rodolfo Díaz Díaz se encuentra con registro de miembro activo de la Mara MS 13, operando en las colonias San José y Suazo Córdoba de San Pedro Sula, Cortés, y se encuentra recluido en la bartolina 8 donde están los privados de libertad que pertenecen a la pandilla MS 13. En la valoración probatoria el sentenciador concluye que el medio de prueba documental de la constancia emitida por el Jefe de Maras y Pandillas no es suficiente para establecer la pertenencia de un ciudadano a una asociación delictiva, afirmación que debe ser corroborada mediante datos objetivos y constatables, y no basta con la clasificación policial que puede ser presuntiva, para determinar la condición de miembro o cabecilla a una pandilla. No comparte este argumento debido a que la constancia lleva anexa cinco imágenes, en que se aprecia los tatuajes alusivos a la Mara MS-13, imágenes no son una presunción que demuestre que el acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz es un ciudadano normal, sino que al contrario sus tatuajes demuestran su pertenencia a un grupo delictivo, en este caso la Mara MS, tal y como lo expresó el agente Nelson Benítez Ortiz Perito del análisis sobre inclusión a las Maras del acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, al decir que: “los tatuajes dibujados en la piel de cada pandillero, ilustran un mundo de violencia, vida llena de peligros y de retos... cada uno de ellos tiene un significado para el pandillero que los porta, estos además identifican la mara o pandilla, la zona geográfica, hasta la clica a la cual pertenecen, siendo esta la manera de expresión más conocida de estos grupos delincuenciales donde claramente se denota la lealtad a sus creencias, cultura, nacionalidad, en conclusión, reflejan su identidad”, No comparte el argumento esgrimido por el juzgador en la valoración de la prueba respecto del Análisis Técnico para determinar relación a maras y pandillas elaborado por Nelson Benítez Ortiz, cuando afirma: “Este tribunal considera que no reúne parámetros de confiabilidad en cuanto que se trata de un trabajo de campo, sin haber practicado investigaciones previas o simultáneas a la detención que nos lleve a la convicción de la veracidad de las conclusiones de dicho análisis”, Resulta evidente, que el juzgador al decir que no se logró demostrar la responsabilidad del encausado Santos Rodolfo Díaz Díaz, en el delito de Asociación Ilícita, ha vulnerado la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Concepto General del Recurso: Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de Razón Suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. Concepto específico Al decir el juzgador que no se logró demostrar la responsabilidad del encausado Santos Rodolfo Díaz Díaz, en el delito de Asociación Ilícita, ha vulnerado la regla de la sana crítica de la lógica, de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en la regla de la lógica, concretamente del postulado de derivación, de razón suficiente, en su característica de suficiencia en la valoración de la prueba de cargo consistente en: Testifical: 1. Declaración del señor Nelson Benítez Ortiz, quien ratifica el informe que contiene el Análisis Técnico para determinar la inclusión o pertenencia a maras y pandillas relacionado a Maras, quien refiere lo siguiente: Rea1izó una búsqueda minuciosa en la base de datos, donde se verificó que el sospechoso -Santos Rodolfo Díaz Díaz- es miembro activo de una mara o pandilla posteriormente se buscó sus antecedentes penales, se solicitó constancia en el Centro Penal, ...se acredita que se encuentra recluido en la celda número 8 donde únicamente pueden permanecer los miembros de la Mara MS”. Al interrogatorio de las partes responde: ¿Cómo llega a la conclusión que el ahora acusado es miembro de la MS? “Tenemos una base de datos actualizada a diario y mediante fuentes humanas que proporcionan información... ¿Por qué refiere que los miembros de la MS operan en la colonia San José y la colonia Suazo Córdoba? Por información de fuentes humanas... ¿Usted tenía un trabajo investigativo personal y previo del acusado? Ya teníamos investigaciones anteriores de él en la base de datos. ¿existe algún reglamento que argumente que las personas recluidas en ciertas celdas son miembros activos de la mara MS? Sí, porque las personas que no son parte de maras, no piden estar recluidas en dichas celdas donde solo se encuentran miembros de pandillas; Documental 1. Constancia de Investigación junto al álbum fotográfico, emitido el 16 de octubre del 2015, elaborado por Jefe de la Unidad Contra Maras y Pandillas, en la cual se establece que el acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, alias “Oscar” es miembro activo de la Mara MS 13. Pericial 1. Análisis Técnico para determinar la relación hacia la mara o pandilla, elaborado por el agente de investigación Nelson Benítez Ortiz, en el cual establece que en la base de datos que posee la Unidad de Maras y Pandillas de San Pedro Sula, Cortés, el señor Santos Rodolfo Díaz Díaz se encuentra con registro de miembro activo de la Mara MS 13, operando en las colonias San José y Suazo Córdoba de San Pedro Sula, Cortés, y se encuentra recluido en la bartolina 8 donde están los privados de libertad que pertenecen a la pandilla MS 13. En la valoración probatoria el sentenciador concluye que el medio de prueba documental de la constancia emitida por el Jefe de Maras y Pandillas no es suficiente para establecer la pertenencia de un ciudadano a una asociación delictiva, afirmación que debe ser corroborada mediante datos objetivos y constatables, y no basta con la clasificación policial que puede ser presuntiva, para determinar la condición de miembro o cabecilla a una pandilla. Esta Sala aprecia, que al valorar la prueba de cargo consistente en prueba testifical, documental y pericial agregada al juicio, el juzgador no lo hace en forma conjunta y armoniosa, sino en forma aislada, por lo que no logra derivar razones suficientes para vincular al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz como miembro activo de la Mara MS 13. Tampoco el juzgador utiliza la prueba indiciaria o de presunciones, que es la que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos conocidos (indicios) y por medio de razonamientos e inferencias lógicas y reglas de la experiencia, inferir o derivar hechos desconocidos, en este caso, deducir la pertenencia del acusado a la estructura criminal Mara MS, en función del nexo causal y coherente entre los indicios comprobados y el que hecho ilícito que se trata de comprobar. Por lo que considera que el tribunal sentenciador en la valoración probatoria, incurre en vicio de forma, al vulnerar la regla de la sana crítica de la lógica, de derivación en su postulado de razón suficiente, que exige que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, y de característica de suficiencia, por el que los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga, y por el que los razonamientos deben derivar de elementos auténticos. Asimismo, por no haber logrado el juzgador enlazar los esos hechos verdaderos y auténticos, debidamente probados utilizando la prueba indiciaria, para llegar a conclusiones distintas. Por lo expuesto, esta Sala declara ha lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, contra la sentencia que se impugna en la parte en que se absuelve al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz por el delito de Asociación Ilícita. DECISIÓN. 1) Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocado por el Ministerio Público, contra la sentencia que se impugna, en la parte que absuelve al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz por el delito de Portación Ilegal de Arma de fuego de tipo Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, y procede a dictar la sentencia de fondo respectiva; 2) Ha Lugar el motivo único de casación por quebrantamiento de forma invocado por el Ministerio Público, contra la sentencia que se impugna, en la parte que absuelve al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, por el delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, con efecto de reenvío. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 332 y 332 B del Código Penal; y 360 y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocado por el Abogado Rubén Adolfo Reyes Gámez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia que se impugna, en la parte que absuelve al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz por el delito de Portación Ilegal de Arma de fuego de tipo Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por quebrantamiento de forma invocado por el Abogado Rubén Adolfo Reyes Gámez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia que se impugna, en la parte que absuelve al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, por el delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, en la causa instruida contra el señor Santos Rodolfo Díaz Díaz, por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Asociación Ilícita, ambos en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Tercero: Casa la sentencia que se impugna, por lo que declara la nulidad de la sentencia de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y del debate que la origina; Cuarto: 1) Condena al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, que corresponda de conformidad con la ley; 2) Impone al acusado Santos Rodolfo Díaz Díaz las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; 3) Declara la responsabilidad civil del señor Santos Rodolfo Díaz Díaz; 4) No condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio; 5) Decreta el comiso de las arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio, con serie AB61686, color negro, empuñadura de plástico, con un cargador metálico con quince proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, sin perjuicio del derecho de terceros a reclamar la devolución del arma de fuego de tipo comercial descrita, si acredita ser su legítimo propietario ante el Juez de Ejecución competente; Quinto: Que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, celebre nuevo juicio contra el acusado señor Santos Rodolfo Díaz Díaz, por suponerlo responsable del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, con jueces distintos a los que participaron en el juicio y sentencia que se anulan; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-245-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] LOS PRINCIPIOS LÓGICOS. CAPÍTULO II DE LA LÓGICA, RENÉE GUENON, CURSO DE FILOSOFÍIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NÚMERO 7, 2005