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Sentencia CP-244-17 — Registro 11700

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Asociación Ilícita. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en Aplicación Indebida del artículo 332 del Código Penal vigente, que textualmente dice: “Asociación Ilícita. Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L100, 000.00) a trescientos mil (L300, 000.00) lempiras, a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo.” Esta Sala reitera que los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de lo

s hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero. En fecha diecinueve de diciembre del año dos mil doce, la señora Teodora Bueso, luego de sacar un dinero mediante préstamo de una sucursal de Banco Azteca, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, fue interceptada por la señora María de los Santos Oliva, quien le entregó un papel preguntándole una dirección; momentos después, llegó el señor Harry Joe Rivera López, quien le dijo que le ayudaran, luego, ambos le ofrecieron en venta a la señora Teodora Bueso, una pieza de metal redonda de bronce, color dorado, la que hacían pasar como oro, venta que aceptó la señora Teodora Bueso y les entregó el dinero producto del préstamo bancario que había sacado. Segundo. En fecha catorce de enero del dos mil trece, cuando el señor Santiago Vásquez Vásquez, caminaba frente a la terminal de buses del barrio Santa Teresa del municipio Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, fue abordado por la señora María de los Santos Oliva, quien después de entablar platica con él, le ofreció en venta una barra rectangular de bronce, color dorado, la cual hacía pasar por oro; momentos después, llegó el señor Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, y comenzó a insistirle también que aceptara la venta de dicha pieza de metal, manifestándole que era un buen negocio, haciendo que el señor Santiago Vásquez Vásquez, en la creencia de que compraba oro le entregara la cantidad de seis mil lempiras en efectivo, un teléfono celular y un anillo. Tercero. Lo señores José Walter Villeda García, Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, Harry Joe Rivera López y María de los Santos Oliva, formaron un grupo con el propósito de ejecutar actos ilícitos.” La acción desplegada por los acusados Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García no se subsume en el tipo penal de Asociación Ilícita, tipificado en el artículo 332 del Código Penal. Lo anterior, en consideración a que el cuadro fáctico de la sentencia recurrida no deja terminantemente probada la actividad ilícita en forma permanente de los señores Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García a alguna estructura criminal, dedicada a la comisión de acciones delictivas en contra de Seguridad Interior del Estado de Honduras. En este caso concreto por el hecho tenido por probado que el acusado Carlos Giovanni Manzanares Sandoval le insiste al señor Santiago Vásquez Vásquez, para que acepte la venta de la pieza de metal, que le ofrece María de los Santos Oliva, diciéndole que es un buen negocio, y haciéndole creer que compraba oro, lo que provoca que les haga entrega de seis mil lempiras en efectivo, un teléfono celular y un anillo, tiene la apariencia de un hecho ilícito cometido en perjuicio de la propiedad y que no afecta la Seguridad Interior del Estado de Honduras, como podría ser un hecho delictivo realizado con violencia, intimidación, utilizando armas, sino que un hecho probado que podría subsumirse en otra figura delictiva, dado que los autores hacen uso del engaño para despojar a sus víctimas de su dinero, como en este caso en que hacer creer al señor Santiago Vásquez Vásquez, que compra oro, por lo que esta Sala considera no solo por el hecho de actuar en grupo junto a otro, el acusado Carlos Giovanni Manzanares Sandoval realiza actos propios de una asociación ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Por otra parte, los declarados hechos probados por el juzgador tampoco describen acción u omisión atribuida al acusado Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, para concluir que ha participado o colaborado con los demás miembros del grupo en acciones orientadas a ofrecer a las personas piezas de metal, haciéndoles creer que compran oro, con el solo fin de despojarlos de su dinero, para referir concluir que forma parte del grupo que ejecutaba actos ilícitos, por lo que tampoco su accionar se subsume claramente en el tipo penal de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados no se ajustan a todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, tipificado y sancionado en los artículos 332 del Código Penal, por lo que declara ha lugar el motivo de casación de infracción de ley, invocado por el recurrente, con efecto extensivo a favor de los imputados Harry Joe Rivera López y María de los Santos Oliva, por serles aplicable a estos los mismos motivos alegados. Esta sentencia, por economía procesal invierte el orden de los motivos y no se pronuncia sobre el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma, en virtud de haber prosperado con efecto extensivo, el motivo de casación de infracción de ley sustantiva, invocado por el recurrente, que resuelve el asunto en el fondo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-244-2017 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de enero dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Germán Danilo López del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Condenó al señor José Walter Villeda García, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de trece años con cuatro meses de reclusión; Tercero: Condenó al señor Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión; Cuarto: Condenó al señor Harry Joe Rivera López, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de trece años con cuatro meses de reclusión; Quinto: Condenó a la señora María de los Santos Oliva, como autora del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión; Sexto: Condenó a los señores José Walter Villeda García, Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, Harry Joe Rivera López y María de los Santos Oliva, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Séptimo: Declaró a los señores José Walter Villeda García, Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, Harry Joe Rivera López y María de los Santos Oliva, responsables civilmente del delito por el cual se les condena; Octavo: No procede condenar en costas a las señores José Walter Villeda García, Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, Harry Joe Rivera López y María de los Santos Oliva; Noveno: No procede el comiso. Son Partes: La Abogada Edin Janeth Morazán, en su condición de defensora privada de los acusados señores Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García, como parte recurrente; y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “Primero. En fecha diecinueve de diciembre del año dos mil doce, la señora Teodora Bueso, luego de sacar un dinero mediante préstamo de una sucursal de Banco Azteca, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, fue interceptada por la señora María de los Santos Oliva, quien le entregó un papel preguntándole una dirección; momentos después, llegó el señor Harry Joe Rivera López, quien le dijo que le ayudaran, luego, ambos le ofrecieron en venta a la señora Teodora Bueso, una pieza de metal redonda de bronce, color dorado, la que hacían pasar como oro, venta que aceptó la señora TEODORA BUESO y les entregó el dinero producto del préstamo bancario que había sacado. Segundo. En fecha catorce de enero del dos mil trece, cuando el señor Santiago Vásquez Vásquez, caminaba frente a la terminal de buses del barrio Santa Teresa del municipio Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, fue abordado por la señora María de los Santos Oliva, quien después de entablar platica con él, le ofreció en venta una barra rectangular de bronce, color dorado, la cual hacía pasar por oro; momentos después, llegó el señor CARLOS GIOVANNI MANZANARES SANDOVAL, y comenzó a insistirle también que aceptara la venta de dicha pieza de metal, manifestándole que era un buen negocio, haciendo que el señor SANTIAGO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, en la creencia de que compraba oro le entregara la cantidad de seis mil lempiras en efectivo, un teléfono celular y un anillo. Tercero. Lo señores José Walter Villeda García, Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, Harry Joe Rivera López y María de los Santos Oliva, formaron un grupo con el propósito de ejecutar actos ilícitos.” Recurso de Casación La recurrente Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada de los acusados señores Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, de la manera siguiente:“EXPOSICION DE MOTIVOS PRIMER MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador. Sentencia condenatoria contra CARLOS GIOVANNI MANZANARES SANDOVAL Y JOSE WALTER VILLEDA GARCIA, lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Critica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Al examinar la sentencia ya referida observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el Artículo 202 del Código Procesal Penal, que estable “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en virtud que el juzgador al momento de dictar sentencia condenatoria en fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete respecto a mis poderdantes CARLOS GIOVANNI MANZANARES SANDOVAL Y JOSE WALTER VILL.EDA GARCIA, lo hizo vulnerando la Regla lógica en su principio de Derivación, en su apartado de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollo: Para el sentenciador el hecho controvertido en el juicio fue precisamente la participación de los acusados y que la prueba del Ministerio Publico resulto suficiente para acreditar la misma, habida cuenta que los testigos manifestaron y los mismos manifiestan la forma en la cual fueron supuestamente estafados por personas, a las cuales al momento del Juicio de Debate manifestaron no no reconocer a las personas procesadas, así mismo y corre a las diligencias de mérito por declaración del Policía Marco Antonio Fuentes Mejía, quien manifiesta entre sus dichos que en fecha ocho de enero del dos mil trece se encontraba asignado en Cucuyagua, Copan y que recibe una llamada de una persona no identificada quien le manifiesta que por un puente de Corquin Copan habían unas personas que querían estafar a otras, y es por tal razón que se dirige al lugar encuentran a unas personas entre ellas mis representados le hacen un registro y dan detención para investigación por una denuncia que como ya dije con anterioridad de llamada anónima, en tal sentido no es posible establecer sin lugar a dudas que los procesados sean autores de las acciones objeto de procesamiento. Ante esta premisa, no podemos obviar que el juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que la prueba de cargo es suficiente para establecer que los imputados participaron en los hechos por los cuales se les incoo proceso”; sin embargo, al juzgador nuestra norma adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. LAS PERSONAS SUPUESTAMENTE VICTIMAS Y A PREGUNTAS DE LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN NINGUN MOMENTO RECONOCIERON A MIS REPRESENTADOS COMO LAS PERSONAS QUE SUPUESTAMENTE LOS ESTAFARON. Dicho lo anterior y siendo que la motivación del fallo puede conceptuarse como un derecho fundamental pues ello permite controlar, prevenir o corregir la arbitrariedad en la toma de decisiones tan importantes como aquellas que se adoptan en un proceso penal y considerando que la declaración de hechos probados constituye la base o el cimiento sobre el cual se construye la sentencia penal y dado que los hechos declarados probados en la sentencia recurrida no reúnen los requisitos legales exigidos para ello, por lo que solicito se case la sentencia recurrida se anule el fallo y se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que la causa sea tramitada con arreglo a derecho. En relación a lo anterior es importante señalar que en la declaración de los supuestos ofendidos solamente el señor Santiago Vásquez Vásquez hace mención en su declaración que uno de mis representados el señor Carlos Giovanni Manzanares Sandoval comenzó a insistirle que aceptara la venta, su dicho no es Creíble en su totalidad, ya que en la misma sala a preguntas de la Fiscal dijo no reconocer a las personas que en ese momento se estaban enjuiciando.- circunstancia esta que fue acreditada por las mismas declaraciones de los testigos del Ministerio Publico. En tal sentido es importante resaltar la opinión de la sala de lo penal a través del fallo CP198-2008 de fecha 29 de septiembre del año 2009; sobre la credibilidad de los testigos descrita en los siguientes términos: “Esta sala de lo Penal reconoce que la credibilidad se rige en problema fundamental y complejísimo en materia testifical donde ha de determinarse por el Juez tanto la credibilidad general del testigo (o sea, si merece crédito en principio por sus condiciones morales e intelectuales) como la especial en el asunto que se trate (o sea, silo conoce y sea sincero). Por todo lo anterior, concluimos que el A-Quo en la sentencia vulnera la regla de la lógica de la Derivación en su apartado de suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cumulo indefectible desembocan en una conclusión de condenar o absolver a los enjuiciados pues de la prueba evacuada se desprende que si bien es cierto los señores CARLOS GIOVANNI MANZANARES SANDOVAL Y JOSE WALTER VILLEDA GARCIA, estaban en el Municipio de Corquin Copan, no menos cierto es que su detención fue producto de una denuncia anónima, esta defensa considera que mis representados no han tenido participación alguna en el delito de ASOCIACION ILICITA, establecido en el artículo 332 del código penal. En consecuencia esta parte recurrente es del firme criterio que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la sana critica que debe observar el Juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el Artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba en una forma armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que todos los elementos probatorio fueron complementarios entre si y así poder establecer que mis representados no han tenido participación en los hechos; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” “SEGUNDO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador. Sentencia condenatoria Contra CARLOS GIOVANNI MANZANARES SANDOVAL Y JOSE WALTER VILLEDA GARCIA, han infringido un precepto Penal PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero; y el artículo 332 del Código penal. EXPLICACION DEL MOTIVO Esta parte recurrente considera que el Juez Sentenciador al momento de dictar el fallo aplico indebidamente el artículo 332 del Código Penal por lo que la Norma Penal que se infringe y cuya aplicación es indebida relata; “Articulo 332.- Se sancionara con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de Reclusión más multa de Cien Mil a Trescientos Mil Lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido. El sentenciador, considero como hechos probados en la sentencia recurrida los siguientes: PRIMERO: Que en fecha diecinueve de diciembre del año dos mil doce la señora Teodora Bueso, luego de sacar un dinero mediante préstamo de una sucursal de Banco Azteca, ubicada en el Municipio de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan fue interceptada por la señora María de los Santos Oliva, quien le entrego un papel preguntándole una dirección; momentos después llego el señor Harry Joel Rivera López, quien le dijo que le ayudara, luego ambos le ofrecieron en venta a la señora Teodora Bueso, una pieza de metal redonda de bronce, color dorado, la que hacían pasar como oro, venta que acepto la señora Teodora Bueso y les entregó el dinero producto del préstamo que había sacado. SEGUNDO: En fecha catorce de enero del dos mil trece, cuando el señor Santiago Vásquez Vásquez caminaba frente a la terminal de buses del barrio Santa Teresa del Municipio del Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, fue abordado por la señora María de los Santos Oliva, quien después de entablar platica con él, le ofreció en venta una barra rectangular de bronce color dorado, la cual hacía pasar por oro; momentos después llegó el señor Carlos Giovanny Manzanares Sandoval, y comenzó a insistirle también que aceptara la venta de dicha pieza de metal, manifestándole que era un buen negocio, haciendo que el señor Santiago Vásquez Vásquez en la creencia de que compraba oro le entregara la cantidad de seis mil lempiras en efectivo, un teléfono celular y un anillo.- TRECERO Los señores José Walter Villeda Gracia, Carlos Giovanny Manzanares Sandoval, Harry Joe Rivera López y Maria de los Santos Oliva, forman un grupo con el propósito de ejecutar actos ilícitos. Según se plasman en el cuadro factico probatorio estos no establecen de forma alguna, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de ASOCIACION ILICITA consistentes en la vinculación a un grupo estructurado que puedan tener mis representados y que estos actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o de lesionar cualquier bien jurídicamente protegido.- Estos elementos jurídicos del tipo penal no han podido ser establecidos en el cuadro factico puesto que con la prueba de cargo no se aportó ese conocimiento al Juzgador. El Juez omite en sus hechos probados explicar las circunstancias previas del delito, con la cual puede tener la certeza de la vinculación de mis poderdantes en un grupo estructurado que se asocie con el fin de cometer Ilícitos, así como también y después de valor las declaraciones de los supuestos ofendidos que a criterio de sentenciador le merecen toda credibilidad, valora también antecedentes policiales de mis poderdantes en el caso del señor José Walter Villeda García que dice fue detenido por estafa en una ocasión y en otra por manejar en estado de ebriedad, en cuanto a Carlos Giovanni Manzanares Sandoval de igual forma se valoran antecedentes policiales, que fue detenido por el Delito de Timo? Honorables Magistrados se pregunta esta parte recurrente acaso existe ese delito en nuestra normativa Penal, dichas valoraciones nos son elementos vinculantes para este Proceso ya nuestra normativa procesal nos dice cuáles son los antecedentes que se les debe dar valor probatorio y son los antecedentes penales y en los cuales haya recaído sentencia condenatoria. Tal como menciona Francisco Dall Anese en su Libro Temas de Casación Penal “La finalidad de los Recursos de Casación son institutos nacidos para proporcionar a los sujetos procesales la posibilidad de señalar los agravios que la resolución indicando la incorrecta aplicación del sentenciador en la ley, a fin de que sean removidos los vicios y no se perjudique al sujeto en mayor medida de la que permiten los cánones del ordenamiento procesal” por otro lado menciona que es un medio de control ya que obliga a que Jueces distintos sean los que reexaminen los asuntos a superiores instancias por ser un controlador de legalidad. En vista de lo anterior, podemos concluir que ni forma disgregada, ni de forma conjunta los hechos probados NO ENCAJAN de manera perfecta, en el tipo penal de ASOCIACION ILICITA, ya que requiere la concurrencia de los elementos objetivos y Subjetivos, mismos que no son plasmados por el sentenciador en las acciones que realizaron mis poderdantes. INTERPRETACION PRETENDIDA Como recurrente pretendo con la interposición del presente recurso que por no existir perfecta armonía entre los hechos probados con el tipo penal por el cual se condenan a mis representados los señores CARLOS GIOVANNI MANZANARES SANDOVAL Y JOSE WALTER VILLEDA GARCIA, como autores directos del delito imputado, el fin de recurrir; es por inconformidad con el fallo por considerar que el Tribunal de Sentencias, ha aplicado indebidamente el derecho en su correcta dirección al haber aplicado en forma indebida el artículo 332 del Código Penal, condenando injustamente a mis representados, por esa consideración someto a control de logicidad a efecto de que ese Honorable Tribunal de Casación a través del presente Recurso aplicando el derecho en armonía con la justicia declare HA LUGAR el Recurso de mérito y dicte la sentencia absolutoria que en Derecho procede.” Fundamentación. Recurso de Casación por Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal. Normas autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Aplicación Indebida del artículo 332 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Motivo Único. Resumen La sentencia condenatoria dictada contra Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García, aplicó indebidamente el artículo 332 del Código Penal que dispone: “Articulo 332.- Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de Reclusión más multa de cien mil a trescientos mil lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido.” El cuadro factico probatorio no establece de forma alguna, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asociación Ilícita consistentes en la vinculación a un grupo estructurado que puedan tener los acusados y que estos actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o de lesionar cualquier bien jurídicamente protegido. El juez omite en sus hechos probados explicar las circunstancias previas del delito, con la cual puede tener la certeza de la vinculación de los acusados en un grupo estructurado que se asocie con el fin de cometer Ilícitos, ni forma disgregada, ni de forma conjunta, por lo que aprecia que los hechos probados no encajan de manera perfecta, en el tipo penal de Asociación Ilícita. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. A través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el tribunal de casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al tribunal de casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo con lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico El cuadro factico probatorio no establece de forma alguna, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asociación Ilícita consistentes en la vinculación de los señores Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García, a un grupo delictivo estructurado y que actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o de lesionar cualquier bien jurídicamente protegido. De la procedencia del recurso. el recurso es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en Aplicación Indebida del artículo 332 del Código Penal vigente, que textualmente dice: “Asociación Ilícita. Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L100, 000.00) a trescientos mil (L300, 000.00) lempiras, a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo.” Esta Sala reitera que los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero. En fecha diecinueve de diciembre del año dos mil doce, la señora Teodora Bueso, luego de sacar un dinero mediante préstamo de una sucursal de Banco Azteca, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, fue interceptada por la señora María de los Santos Oliva, quien le entregó un papel preguntándole una dirección; momentos después, llegó el señor Harry Joe Rivera López, quien le dijo que le ayudaran, luego, ambos le ofrecieron en venta a la señora Teodora Bueso, una pieza de metal redonda de bronce, color dorado, la que hacían pasar como oro, venta que aceptó la señora Teodora Bueso y les entregó el dinero producto del préstamo bancario que había sacado. Segundo. En fecha catorce de enero del dos mil trece, cuando el señor Santiago Vásquez Vásquez, caminaba frente a la terminal de buses del barrio Santa Teresa del municipio Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, fue abordado por la señora María de los Santos Oliva, quien después de entablar platica con él, le ofreció en venta una barra rectangular de bronce, color dorado, la cual hacía pasar por oro; momentos después, llegó el señor Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, y comenzó a insistirle también que aceptara la venta de dicha pieza de metal, manifestándole que era un buen negocio, haciendo que el señor Santiago Vásquez Vásquez, en la creencia de que compraba oro le entregara la cantidad de seis mil lempiras en efectivo, un teléfono celular y un anillo. Tercero. Lo señores José Walter Villeda García, Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, Harry Joe Rivera López y María de los Santos Oliva, formaron un grupo con el propósito de ejecutar actos ilícitos.” La acción desplegada por los acusados Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García no se subsume en el tipo penal de Asociación Ilícita, tipificado en el artículo 332 del Código Penal. Lo anterior, en consideración a que el cuadro fáctico de la sentencia recurrida no deja terminantemente probada la actividad ilícita en forma permanente de los señores Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García a alguna estructura criminal, dedicada a la comisión de acciones delictivas en contra de Seguridad Interior del Estado de Honduras. En este caso concreto por el hecho tenido por probado que el acusado Carlos Giovanni Manzanares Sandoval le insiste al señor Santiago Vásquez Vásquez, para que acepte la venta de la pieza de metal, que le ofrece María de los Santos Oliva, diciéndole que es un buen negocio, y haciéndole creer que compraba oro, lo que provoca que les haga entrega de seis mil lempiras en efectivo, un teléfono celular y un anillo, tiene la apariencia de un hecho ilícito cometido en perjuicio de la propiedad y que no afecta la Seguridad Interior del Estado de Honduras, como podría ser un hecho delictivo realizado con violencia, intimidación, utilizando armas, sino que un hecho probado que podría subsumirse en otra figura delictiva, dado que los autores hacen uso del engaño para despojar a sus víctimas de su dinero, como en este caso en que hacer creer al señor Santiago Vásquez Vásquez, que compra oro, por lo que esta Sala considera no solo por el hecho de actuar en grupo junto a otro, el acusado Carlos Giovanni Manzanares Sandoval realiza actos propios de una asociación ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Por otra parte, los declarados hechos probados por el juzgador tampoco describen acción u omisión atribuida al acusado Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, para concluir que ha participado o colaborado con los demás miembros del grupo en acciones orientadas a ofrecer a las personas piezas de metal, haciéndoles creer que compran oro, con el solo fin de despojarlos de su dinero, para referir concluir que forma parte del grupo que ejecutaba actos ilícitos, por lo que tampoco su accionar se subsume claramente en el tipo penal de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados no se ajustan a todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, tipificado y sancionado en los artículos 332 del Código Penal, por lo que declara ha lugar el motivo de casación de infracción de ley, invocado por el recurrente, con efecto extensivo a favor de los imputados Harry Joe Rivera López y María de los Santos Oliva, por serles aplicable a estos los mismos motivos alegados. Esta sentencia, por economía procesal invierte el orden de los motivos y no se pronuncia sobre el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma, en virtud de haber prosperado con efecto extensivo, el motivo de casación de infracción de ley sustantiva, invocado por el recurrente, que resuelve el asunto en el fondo. Decisión: la Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación de infracción de ley sustantiva, invocados por la Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de Defensora Privada de los señores Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349 y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación de infracción de ley sustantiva, interpuesto por la Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada de los señores Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García, en la causa en que se condenó a los señores a los señores Carlos Giovanni Manzanares Sandoval, José Walter Villeda García, Harry Joe Rivera López y María de los Santos Oliva, como autores del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Casa la sentencia de fecha treinta y uno de enero dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; Tercero: Falla: 1) Mantener firme e incólume el numeral primero de parte resolutiva de la sentencia impugnada en que se absuelve al señor German Danilo López del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) Absuelve a los señores señores Carlos Giovanni Manzanares Sandoval y José Walter Villeda García del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, de que fueron acusados; y, 3) Absuelve por efecto extensivo del recurso de casación a los señores Harry Joe Rivera López y María de los Santos Oliva del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, de que fueron acusados; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-244-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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