Sentencia CP-240-18 — Registro 12196
Resumen
Ministerio Público interpusó Recurso de Apelación contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal, mediante la cual declaró SIN LUGAR el antejuicio promovido contra Juez de Letras, resolviendo la Sala Ha Lugar la solicitud de antejuicio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. LOS AGRAVIOS SON DE RECIBO. Luego de realizar un análisis cuidadoso e íntegro de los argumentos del Ministerio Público en su recurso de apelación, así como de la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés; observa este Tribunal de Apelación que con el fallo apelado se han causado agravios que merecen ser observados y analizados, pues los jueces deben cumplir no solo una conducta personal digna de su magistratura, sino que en el desempeño de sus funciones deben actuar conforme a los parámetros y alcances de la ley. En el primer agravio expresado por el ente acusador manifiesta que, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, estableció que no era legalmente necesaria la comparecencia del señor Jose Abrahán Alvarado Medina, como presidente de la Sociedad Cristiana Nueva Vida durante la celebración de la audiencia preliminar y en la contestación de la demanda por parte de la sociedad en la cual se allanaba condicionadamente; considera el A-quo que el Código Procesal Civil vigente rige el principio dispositivo donde la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso y la parte que se oponga fija con su resistencia el objeto del debate y la resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con la oposición del demandado. Considera la apelante que esas pretensiones no son correctas cuando afectan derechos de terceros o si tales pretensiones no tienen fundamento jurídico o no tiene base probatoria que lleve a la convicción que posee un derecho; expresa la apelante que según el fallo emitido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, al juez no le compete observar tales extremos y su sentencia debe resolverse conforme a lo que pidan las partes, aun y cuando su solicitud sea ilegal. Ante tales argumentos, este Tribunal de Apelación considera que, el juez como garante del proceso debe verificar al momento de admitir una demanda o su contestación, el cumplimiento de los postulados procesales de intervención y legitimación, así como las facultades generales y de expresa mención del poder otorgado al profesional del derecho para representación de las partes. Una vez superado ese examen, el juez fijará fecha para la celebración de la audiencia preliminar del proceso, en donde según el artículo 445 del Código Procesal Civil que regula la comparecencia de las partes en la audiencia preliminar, claramente se establece que las partes deben presentarse a la audiencia personalmente, salvo motivo fundado que justificare la comparecencia por medio de representante, pero en este caso deberá tener poder suficiente para conciliar, renunciar, allanarse o transigir, en otro caso, se les tendrá por no comparecidas. En el caso sometido a análisis, el juez antejuiciado al darse cuenta de la no presencia en la audiencia preliminar del señor Jose Abrahán Alvarado Medina, representante legal de la Sociedad Cristiana Nueva Vida, debió instar al representante procesal de la parte demandada para que justificara la no comparecencia del señor Alvarado Medina, lo cual debió quedar así plasmado en el acta respectiva, sin embargo, nada se establece sobre tal situación, inobservando con ello un imperativo judicial. Pero la cuestión no termina ahí, sino que el juzgador incumple también el segundo de los requerimientos que regula la norma procesal civil citada, el hecho de que el representante procesal de la parte debe contener las facultades de conciliar, renunciar, allanarse o transigir, y siendo que, en la contestación de la demanda, el abogado de la Sociedad Cristiana Nueva Vida responde allanándose condicionalmente a las pretensiones de los demandantes, el antejuiciado debió dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 445 del Código Procesal Civil, antes de resolver darle fin al proceso y dictar sentencia condenatoria contra la parte demandada, pues se hace evidente según el poder otorgado al representante procesal de la parte demandada, que éste no poseía la facultad expresa de allanarse, observándose por tanto el dictado de una sentencia que en apariencia es contraria a ley, elemento exigido en el tipo penal imputado al antejuiciado. En relación al segundo agravio expresado por la apelante, refiere que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, argumentó que, revisando el poder especial otorgado a favor del Abogado Omar Antonio Chávez García por parte de la Sociedad Cristiana Nueva Vida, éste contenía la facultad de expresa mención de transigir y que el precitado artículo 445 del CPC dice “allanarse o transigir” por lo que tal conjunción “o” es suficiente para apreciar que el apoderado de la parte demandada estaba legitimado para comparecer y celebrar la audiencia preliminar. Al respecto, el Ministerio Público advierte que es errado el parecer del A-quo al advertir que transigir y allanarse sean sinónimos, la doctrina nos ha enseñado que la conjunción “o” separa un verbo rector, obligando al interesado a decidirse sobre uno u otro. Al respecto este Tribunal de Apelación considera que, en efecto, los términos transigir y allanarse son facultades procesales totalmente distintas y no pueden ni deben considerarse como sinónimos, es decir, entender que si se tiene la faculta de transigir también debe entenderse que posee la de allanarse, es por eso que el legislador las ha establecido como facultades de expresa mención y no pueden considerarse que por tener una también se posee la otra. Transigir significa concluir una transacción, sobre lo que no se estima justo, razonable o verdadero, para conciliar discrepancias, evitar un conflicto o poner término al suscitado; pero con la imprescindible circunstancia de que haya recíprocas concesiones y renuncias; y por su parte, allanarse, supone la declaración expresa de voluntad del demandado de no formular oposición, de conformarse con la pretensión planteada por el demandante, y, en consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria. Es evidente que el razonamiento de la Corte de Apelaciones Penal es totalmente errado y no puede confundirse un término con otro. En el caso bajo examen, no obra en el acta de audiencia preliminar que el representante procesal de la Sociedad Cristiana Nueva Vida haya justificado la ausencia de la parte demandada, así como también, se desprende del poder a él otorgado, que no contaba con la facultad de allanarse exigida en el artículo 445 del CPC; por lo que el juez, al decidir finalizar el proceso y dictar una sentencia estimando la pretensión de la parte demandante, da apariencia de haber dictado una sentencia contraria a la de ley. En cuanto al tercer agravio establece la apelante refiriéndose a la audiencia preliminar, que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, estableció conforme al artículo 447 del CPC, que no era necesario que se evacuara todos los aspectos que refiere el articulado, pues había un allanamiento condicional a los resultados de un recurso de amparo interpuesto por el Abogado de la parte demandada y concluye el A-quo que los resultados de aquella acción de amparo no cambiaría la posición de las partes en la demanda, pues el resultado del amparo solo incidiría sobre le primer expediente sometido a procedimiento abreviado y no sobre el segundo de proceso ordinario. Expresa la apelante que el A-quo le resta importancia a un allanamiento parcial y bajo suposiciones; el mismo antejuiciado acepta que se estaba fraguando un fraude de ley, que cualquier persona diligente hubiese podido advertir, por tanto, no cabe la excusa del antejuiciado en el sentido de que fue sorprendido. El juez antejuiciado se da cuenta de la existencia de dos expedientes, uno sometido a proceso abreviado y otro por vía ordinaria, ahí se da cuenta que las partes están utilizando el sistema judicial para evadir el cumplimiento de una sentencia dictada en “Ejecución de Titulo Judicial” derivada de una demanda de rendición de cuentas promovida por los señores Ana Luisa Alvarado y Roberto Alvarado. Por lo que resulta difícil creer que el antejuiciado fue sorprendido por las partes, tal como lo hace ver el A-quo. Este Tribunal de Apelación considera que el juez antejuiciado actuó de forma incorrecta al permitir que la parte demandada, en este caso el Abogado de la Sociedad Cristiana Nueva Vida, presentara un allanamiento condicionado a la resolución de un recurso de amparo, en primer lugar porque el “allanamiento condicionado” no existe como tal en nuestro Código Procesal Civil, pues las figuras que regula la norma procesal es “allanamiento total o parcial” por lo que, desde ese mismo momento, el juzgador debió pedir a la parte demandada aclarara su posición en cuanto al allanamiento; en segundo lugar, un juez con la experiencia del antejuiciado no parece fácil poderse sorprender, pues con su vasta experiencia sabe que si existe un recurso de amparo que incidirá en la resolución final, no es posible dictar sentencia; si bien es un recurso de amparo presentado por el Abogado de la Sociedad Cristiana Nueva Vida en la demanda de rendición de cuentas presentada por los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía, no es menos cierto que en la demanda ordinaria para el pago de utilidades a socios declaradas en proceso de rendición de cuentas, presentada por la Abogada Doris Scarlett Fajardo en representación de los señores Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado de Cook, Reyna Yomila Alvarado Aguirre y de la Sociedad Cristiana Inversiones Alianza S.A. de C.V., solicitaban el pago de las utilidades con base en un dictamen pericial presentado como medio de prueba en el proceso incoado por los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía, mismo expediente que estaba pendiente de pronunciamiento en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; por lo tanto, no es cierta la apreciación de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, de que ese amparo no incidiría en la decisión tomada por el juez antejuiciado; más grave aún resulta que, ese dictamen sobre el que se estaba pidiendo el pago de utilidades no se menciona cuál es la situación particular de éstos otros socios: Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado de Cook, Reyna Yomila Alvarado Aguirre y de la Sociedad Cristiana Inversiones Alianza S.A. de C.V, en relación a las utilidades que les correspondía, sin embargo, el juez basándose únicamente en los argumentos de la parte demandante al considerar que tenían mayores acciones que los primeros, establecieron el doble de las utilidades, versión que fue aceptada así por el juez antejuiciado sin tomar ninguna previsión legal y probatoria para hacerlo, más que fundamentarse en el principio dispositivo que rige el proceso civil debido al “allanamiento condicionado” presentado por el representante procesal de la parte demandada sin que haya sido facultada para tal extremo, por lo que su actuación figura en apariencia contraria a ley. En el cuarto agravio establece la apelante, que la Corte de Apelaciones Penal concluyó: “…que la acción de amparo pudo haberse interpuesto para frenar la ejecución del título del otro juicio, pero toda esa maniobra supuesta de fraude como lo afirma el Ministerio Público, no pudo ser detectada por el antejuiciado, ante el allanamiento efectuado por la parte demandada.” Ante tales razonamientos el ente acusador considera imposible que el antejuiciado no haya detectado que las partes quisieran rematar a una sociedad obligada judicialmente a pagar a los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía una deuda millonaria, mismos que tuvieron que ser citados en legal y debida forma pues no era desconocido para el antejuiciado que eran socios de la Sociedad Cristiana Nueva Vida, para la apelante resulta poco creíble que un juez resuelva con lugar una demanda para el pago de socios de liquidación de utilidades declaradas en el proceso de rendición de cuentas, sin conocer ni verificar la existencia real y los extremos jurídicos de ese proceso, sin conocer los alcances de la demanda y los perjuicios de su resolución, actuando así con dolo el juez antejuiciado. En principio, el argumento que utiliza el a-quo para justificar la conducta en apariencia de prevaricato del antejuiciado, es especulativo y no categórico, pues la Ley Sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 41, que la acción de amparo se interpone para que a la persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o bien, para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Se identifica como un error del juzgador de instancia, suponer que el amparista en aquella causa, interpuso la acción como una táctica dilatoria para evitar la ejecución de una sentencia de condena, pues ello hace caer en el campo de la especulación o de la suposición, y se aparta de los criterios lógicos que rige el sistema de valoración probatorio establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal; ahora bien no compete en esta instancia determinar si el antejuiciado actuó con dolo o con negligencia, todo lo cual debe ser dilusidado ante los Tribunales de la República si el ente acusador presentase la acusación que ahora solicita. En el quinto agravio explica el apelante, que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes expresó que las partes no tenían nada que conciliar, tampoco denunciaron defectos procesales, fijaron sus pretensiones en ambos escritos y no había hechos que probar, lo procedente era dictar la sentencia declarando con lugar la demanda, no hacerlo iría contra el principio de legalidad procesal, por lo que se observa que el juez antejuiciado aplicó preceptos claros y expresos al caso concreto sometido a su conocimiento, no encontrando ninguna malicia en tal proceder. Ante tales aseveraciones la parte apelante se pregunta, ¿Cómo es posible que el antejuiciado no pudo detectar que no había resolución judicial que les diera derechos tanto a los demandantes como a los demandados, pues se le ponía en conocimiento de la existencia de un expediente previo, además que solicitar una inspección al mismo? ¿Cómo es que les otorgó derechos y cantidades millonarias de dinero a ambas partes, sin tener documentos fehacientes de la existencia de tales utilidades? Concluyendo que el antejuiciado dictó una sentencia de manera arbitraria y contraria a derecho. En este quinto agravio expresado por el ente acusador, prácticamente se le ha dado respuesta en el apartado anterior, en el sentido de que no compete a este Tribunal de Apelación determinar si el juez antejuiciado actuó con dolo o negligencia, pues lo que se analiza a través del antejuicio es la posibilidad de que las actuaciones de los togados tengan apariencia de delito y no el estudio de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal por el cual se solicita autorización para la presentación de la acusación respectiva. En relación al quinto agravio expresado por el recurrente, tiene razón al expresar que el juez debe tomar previsiones legales y fácticas para conceder un allanamiento, pues el artículo 485 del Código Procesal Civil, establece que cuando el juez entienda que el allanamiento es contrario a la ley, al orden público o al interés general, o que se realiza en perjuicio de tercero, o que encubre un fraude de ley, dictará auto rechazándolo y mandando que el proceso continúe su curso. Es decir, el juzgador no tiene una camisa de fuerza o está atado de manera inexorable a la voluntad de las partes, sino que, debe tener una diligencia razonable para identificar aquellos supuestos en los cuales, aún y cuando se exprese acuerdo de voluntades entre las partes o haya ausencia de contradictorio, sus pretensiones no pueden ser estimadas por ir en contra de los presupuestos legales exigidos en la normativa procesal. En este sentido, este Tribunal de Apelación considera que la finalización del proceso y el dictado de la sentencia fue prematura y no debió llevarse a cabo por la falta de comparecencia del representante legal de la parte demandada a la audiencia preliminar y porque el representante procesal no estaba facultado de manera expresa -como exige la literalidad del artículo 445 del Código Procesal Civil- para allanarse a las pretensiones del actor. Aún más grave, el juzgador sin tomar en cuenta ningún sustento probatorio, decidió otorgar a favor de los demandantes, una cantidad aproximada a ciento treinta y tres millones de lempiras (L 133, 000, 000.00), pues los demandantes fundamentaron su pretensión en un dictamen pericial propuesto en una causa que aún no estaba firme y que ni siquiera fue observado por el juzgador para ponderar si les asistía o no el derecho. Todas estas circunstancias dan apariencia razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal por ser en apariencia de prevaricato. Como sexto agravio, estableció la acusadora que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, expresó que el acta de audiencia preliminar no contiene la firma correspondiente, pero la normativa procesal establece que el proceso civil es predominantemente oral, todo en la audiencia se desarrolla de forma oral y se realiza la grabación en soporte magnético digital y solo en el caso de ser materialmente imposible su grabación se documentará por el secretario en debida forma; el juez antejuiciado reconoce la existencia del soporte magnético o digital, por lo que la no existencia de las firmas en dicha acta, no incide en el juicio final del antejuiciado, si ya las partes en el escrito de la demanda y contestación fijaron sus posiciones a las cuales el juez tiene la obligación ineludible de resolver de conformidad a lo propuesto por ambas partes, sin verificar que en el fondo pudo haber existido una operación de fraude, como lo afirma el ente acusado, pero tal extremo subjetivo de las partes, resulta difícil para un juez de lo civil valorar la existencia de una conducta dolosa en un expediente, ya que pudiese violentar el principio de inocencia. Para la parte apelante es erróneo el criterio de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, pues el afirmar de la no necesidad de la firma de los intervinientes en un acta, supone un total desconocimiento de los resultados lesivos que pueden provocar a la seguridad jurídica de un Estado. Este agravio no es de recibo, considera este Tribunal de Apelación que la posición de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés, son correctos, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, se instituyeron principios que rigen toda la actividad procesal, entre ellos el artículo 15 que establece la obligatoriedad de que el proceso civil es predominantemente oral, por tanto si existe una grabación digital de la celebración de la audiencia y la misma se realizó conforme a las normas legales establecidas, este Tribunal de Apelación no observa como error que no puede ser perfectamente subsanable si se cuenta con el soporte técnico; la posición de la apelante denota aun vestigios de un proceso escrito en el cual se requería que todo fuese registrado mediante acta que elaboraba el secretario de actuaciones, sin embargo, con la nueva normativa procesal civil ya no es indispensable tal acta y su firma, pues se cuenta con la grabación magnetofónica. En cuanto al séptimo agravio expuesto por la apelante, expresa que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, determinó que las actuaciones del Juez Nelson Omar Madrid Chinchilla, fueron adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces de la República en material civil, no siendo posible enmarcar el proceder del juez dentro de los hechos con apariencia delictiva, por cuanto la misma es producto de una decisión jurisdiccional sometida por las partes al conocimiento del juez, donde ambas partes plantearon sus posiciones, la sentencia dictada se enmarca dentro del mismo proceso, la sentencia dictada se enmarca dentro de esas facultades jurisdiccionales, no encontrando ese tribunal que la misma se dictó con malicia, por lo que no encontramos que la resolución definitiva sea injusta. Tales argumentos los considera errados el ente acusador, pues considera que la función del juez civil es proteger y asegurar a los ciudadanos el goce de la justicia; expresa que en caso bajo examen en ningún momento fue sorprendido ni engañado por las partes, sino que realizó su actuación ilegal de manera dolosa, sabiendo, conociendo que su conducta era un acto criminal. Sobre este particular, esta Corte de Apelaciones quiere hacer especial énfasis que, en el proceso especial de antejuicio, no compete al juzgador determinar si la conducta realizada por el antejuiciado reúne a cabalidad los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado, pues según los presupuestos materiales del antejuicio lo que se exige es la apariencia razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal. Al inmiscuirse la instancia en lo que puede catalogarse como una conducta dolosa o culposa del antejuiciado, o si se reúnen a cabalidad todos los elementos del tipo penal, comete un error que debe ser observado y corregido por esta superioridad. Se ha pronunciado esta Corte de Apelaciones sobre las circunstancias que conllevaron al dictado de una sentencia que en apariencia es contraria a ley, presupuesto material suficiente para habilitar el ejercicio de la acción pública del ente acusador. En su último agravio expresa la apelante, que el informe rendido por el antejuiciado establece que no tenía necesidad de ordenar inspección al expediente de rendición de cuentas debido que en materia civil el juez no puede ordenar prueba y que además no conocía los detalles del Juicio de Rendición de Cuentas debido a que era manejado por otro Juez del mismo Juzgado, agrega que sobre ese punto la inspectoría de Tribunales le siguió procedimiento disciplinario y no encontró ninguna responsabilidad. Considera la impetrante que el Juez está obligado a hacer las valoraciones jurídicas en las causas a él sometidas y bajo el principio judicial de iura novit curia, tomará su decisión siempre apegada a derecho y nunca al antojo de las partes. Este último argumento expresado por la apelante, no es en sí un agravio, sino que está cuestionando el informe rendido por el juez antejuiciado y si bien la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, hace referencia al mismo en su sentencia, no toma por suyas las palabras expresadas por el antejuiciado, por tanto, no daremos respuesta a unos argumentos que no fueron vertidos por el a quo y que no se consideran agravios. En conclusión, este Tribunal de Apelación considera que en el caso del juez antejuiciado Nelson Omar Madrid Chinchilla, encontramos que, sí existen fundamentos razonables para la presentación de una acción penal, pues en las actuaciones procesales efectuadas en el ejercicio de su cargo conllevó el dictado de una sentencia en apariencia fuera del marco de la ley, por lo que es procedente declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el ente acusador, revocar la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés y autorizar al Ministerio Público si aún lo considera necesario, la presentación de requerimiento fiscal en contra del togado. FUERTE LLAMADO DE ATENCIÓN: Este Tribunal de Apelación observa que el ente acusador como parte apelante, en el momento en que redactó su recurso de apelación, utilizó palabras inadecuadas y peyorativas hacia la resolución dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula departamento de Cortes, que solo evidencia la falta de profesionalismo y ética de los fiscales a cargo de la presente causa. Se les recuerda que, si no están conformes con alguna resolución dictada por los órganos jurisdiccionales, nuestra ley cuenta con los recursos legales para impugnarlas y así hacer valer sus derechos, tal como ocurrió en el presente caso, pero no es correcto, ni ético recurrir a frases despectivas para hacer ver el malestar o la inconformidad con una resolución judicial; por lo que, se le hace fuerte llamado de atención a la fiscal encargada de la redacción y elaboración del recurso, esperando se tomen los correctivos necesarios para evitar que en próximas impugnaciones se incurra en este tipo de errores..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 423 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de Apelación de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia de Antejuicio Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de enero del dos mil veinte. El Pleno de la Sala de lo Penal actuando como Corte de Apelaciones según el artículo 313.3 de la Constitución de la República, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán Garcia y ha pronunciado En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de abril del año dos mil dieciocho, por la Abogada Sandra de la O, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual declaró sin lugar el antejuicio promovido en fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el Abogado Isaías Oliva Palma, mayor de edad, hondureño y del domicilio de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses generales de la sociedad, contra el Abogado Nelson Omar Madrid Chinchilla, en su condición de Juez de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por suponerlo responsable del delito de Prevaricato, en perjuicio de La Administración Pública. Es Parte: La Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte apelante. Solicitud de Antejuicio por parte del Ministerio Público “RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS TIPICOS, QUE DAN ORIGEN AL PRESENTE ANTEJUICIO Primero: al darse trámite al expediente 0501-2016-00195-LCO, y luego de emplazado el demando, en este caso la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de R.L.” Representada por el señor JOSE ABRAHAM ALVARADO MEDINA, este procedió a contestar la misma en fecha 18 de marzo de 2016, contestación que fue resuelta en fecha 29 de marzo de 2016, admitiendo tal contestación y se señala Audiencia Preliminar para el día 21 de abril de 2016 a las 8:00 de la mañana. Cabe mencionar que en dicha contestación en su apartado segundo el demandado expresa: “es cierto lo expresado por la parte actora en este hecho, por cuanto según Expediente # 0501-2012-02133-LCV, que se ventilo en este mismo juzgado los socios ANA LUISA ALVARADO MEJIA Y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJÍA titulares cada uno de una participación social, entablaron contra mi representada …un proceso de rendición de cuentas, mismo que se ventiló a través del Procedimiento Declarativo Abreviado, habiendo este Juzgado de Letras de lo Civil dictado en fecha 27 de noviembre de 2012, sentencia definitiva…” En el apartado Tercero de la Contestación de la Demanda se hace referencia además a lo siguiente: “es un hecho irrefutable…que con fecha 13 de mayo de 2014, este Juzgado de letras de lo Civil…a través del entonces cuestionado Juez José Francisco Ewens Oviedo dicto resolución...aprobando la liquidación de utilidades a los socios demandantes Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía, por la cantidad de L. 26,742,643.55, …. dicha resolución lamentablemente otro desacierto jurídico de la Corte de Apelaciones de lo Civil, fue confirmado con fecha 1 de diciembre de 2015…cabe agregar que mi representada …interpuso un Recurso de Amparo ante la Sala de Constitucional de la Honorable Corte Suprema de justicia, contra dicha resolución….” En el apartado Cuarto, de la Contestación de la Demanda se hace referencia además a lo siguiente: En el apartado Cuarto, de la Contestación de la Demanda se hace referencia además a lo siguiente: “….según Expediente # 0501-2012-02133-LCV, a los socios demandantes señores ANA LUISA ALVARADO MEJIA Y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA, les correspondió según el polémico fallo a que se ha hecho referencia y conforme a su participación social… L. 26,742,321.77…. conforme a las pretensiones de la parte actora, y considerando conforme a/ Código de Comercio, y estatutos de la sociedad, todos los socios tiene derecho a las utilidades de la sociedad, en proporción a sus aportaciones, es con instrucciones precisas de mi representada ME ALLANO CONDICIONALMENTE a las pretensiones de los demandantes, En este Escrito de Contestación de Demanda, se aprecia que el demandado si bien pone en tela de juicio la resolución emitida en fecha en fecha 13 de mayo de 2014, en el Expediente # 0501-2012-02133-LCV, —que dicho sea de paso es la Demanda de Rendición de Cuentas, ampliamente explicada en el apartado denominado “Antecedente” del presente escrito—, misma que es base para la sustanciación y resolución de su demanda, sin embargo, extrañamente se allana a las pretensiones del demandante, indicando que lo hace condicionado y dependiendo de la resolución de un Recurso de Amparo interpuesto en la demanda de Rendición de Cuentas antes indicada. Segundo: En la fecha 21 de abril de 2016, misma que fué señalada para la Audiencia Preliminar, se llevó a cabo la misma, en la cual se observan diferentes desaciertos procesales. En Primer lugar se constata que asisten a la Audiencia Preliminar como parte demandada únicamente en- condición de Apoderado Legal de la Empresa denominada “Sociedad Cristiana Nueva Vida S de RL” el Abogado Omar Antonio Chávez García, quien si bien ostenta un Poder Especial Para Pleitos, no significa por ello que debe obviarse, en la Audiencia Preliminar, la presencia del demandado en este caso del señor José Abrahán Alvarado Medina, recordemos que el Principio de Legalidad Procesal se articula, en su dimensión de sometimiento a las normas fundamentales del Estado, y su incondicional sujeción a la Ley; así se establece en el artículo 7 del Código Procesal Civil, que “el proceso civil, se desarrollará de acuerdo a la Constitución de la Republica” e indica que las normas dispuestas en el mencionado Código, son de carácter imperativo— es decir, son de observancia obligatoria, y no existe razón alguna que justifique su contravención— En este sentido el artículo 445 que se refiere a la comparecencia de las partes a la Audiencia Preliminar refiere que las partes deberán comparecer a la Audiencia Preliminar personalmente, salvo motivo fundado, a juicio del tribunal, que justificare la comparecencia por medio de representante, pero en este caso deberá tener poder suficiente para conciliar, renunciar, ALLANARSE o transigir. En otro caso se les tendrá por no comparecidas.” En ese sentido se observa en el Acta de Audiencia Preliminar que el señor José Abrahán Alvarado Medina, no compareció en condición de demandado, pues si bien existe en el expediente judicial una Certificación Medica número de serie 050696, no queda evidenciado que la misma haya sido sometida al conocimiento del Juez, pues no consta en primer lugar que el Juez haya realizado el requerimiento correspondiente a fin obtener un motivo fundado que justifique tal incomparecencia, así como no queda evidenciado el valor probatorio que a dicha constancia le ha otorgado el hoy antejuiciado. IGUALMENTE AL REVISAR EL PODER CONFERIDO AL ABOGADO OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, POR PARTE DE LA EMPRESA “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” ESTE NO TIENE LAS FACULTAD ESPECIAL DE ALLANARSE, razón por la cual el Juez de pleno derecho debió continuar con el Proceso Ordinario y de ninguna manera proceder a dictar una sentencia definitiva relevando la prueba, pues el articulo 82 # 3, expresa que “el otorgamiento de facultades especiales se rige por las máximas de la literalidad, y no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente.” De la misma manera al observarse que el Acta de Audiencia Preliminar no está firmada ni por el Juez conocedor ni por el secretario del despacho, no existe forma de constar que tanto las partes demandantes como la parte demandada hayan comparecido personalmente, como lo exige la ley, a dicha Audiencia. No se debe olvidar que al contemplar el Código Procesal Civil, la comparecencia obligatoria de las partes a la audiencia preliminar, entre otras razones además de observar el cumpliendo con el principio de inmediación, el juez conocerá a quienes han decidido someter una controversia a su conocimiento, y podrá observar las características físicas de cada una de ellas, además de que éstas podrán tener acceso a la justicia en forma directa y darse cuenta cómo funciona ésta, así como el papel a desempeñar por sus apoderados: igualmente para cumplir con la función conciliadora de la audiencia, que de otro modo se frustraría y por supuesto hacer los arreglos conciliatorios que consideren pertinentes en forma directa y sin ninguna intervención de sus apoderados más que de los consejos que éstos puedan darles en ese momento. Como se ha señalado solo por razones de motivo fundado y que además este sea analizado y declarado con lugar por parte del Juez conocedor, se justificará la inasistencia de alguna de las partes, la que deberá hacerse entonces por medio de representante debidamente autorizado para conciliar, renunciar, allanarse o transigir. La ausencia injustificada a la audiencia dará lugar a considerarlos como no comparecidas. Con lo anterior el Ministerio Publico, es del criterio que el hoy antejuiciado, de manera arbitraria y antojadiza, inobservó las disposiciones contenidas en el artículo 3 que se refiere al Debido Proceso; articulo 4 que se refiere al Principio de Contradicción; articulo 16 que se refiere al Principio de Inmediación, todos del Código Procesal Civil, en cuanto teniendo presente la obligación de asistencia a la Audiencia Preliminar del señor José Abrahán Alvarado Medina, el antejuiciado no somete a consideración la inasistencia de una de las partes, y aun mas grave tiene por allanada la demanda cuando el demandado no tiene poder suficiente para ello. En Segundo Lugar: se determina con la investigación que en el tramite que se le dio a la Audiencia Preliminar antes señalada, el Juez de la causa y ahora antejuiciado luego de escuchar al demandante y establecido que fue el Objeto del Proceso, el cual consistía en condenar a pagar por parte de la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL.” a cada socio demandante la cantidad de Lps. 26,742,643.55, esto según lo expresado por la parte demandante; y de escuchar la deposición del demandado quien de nueva cuenta y ratificando lo dicho en el escrito de la demanda, estuvo de acuerdo en ALLANARSE DE MANERA CONDICIONAL, dependiendo de lo que resultare de una Demanda de Amparo interpuesta en el expediente # 0501-2012-02133-LCV, el Juez procede a manifestar que: “no hay muchos motivos de controversia, no habría mayor incidencia en cuanto al proceso porque no está tocando el fondo, porque la parte demandada está reconociendo el fondo salvo con relación a la sentencia del recurso de Amparo, el tribunal no ve necesario desarrollar todo un proceso porque no se está contradiciendo el fondo. El antejuiciado al tomar la decisión de finalizar el proceso sin audiencia probatoria, independientemente de las pretensiones de las partes y tomando en cuenta el carácter imperativo de la Ley Procesal Civil, en flagrante violación al Principio del Debido proceso, determina dictar sentencia definitiva, justificando que no hay “muchos motivos de controversia” sin embargo, desconociendo lo planteado por el demandado de un ALLANAMIENTO CONDICIONAL, el cual debía ser resuelto en base a lo dispuesto en el articulo 485 #2. “El allanamiento podrá limitarse sólo a una parte de la pretensión planteada por el actor. En tal caso, el juez, siempre a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato un auto acogiendo los puntos que hayan sido objeto de dicho allanamiento, cuando sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, y podrá ejecutarse conforme a lo establecido en este Código. En caso de allanamiento parcial, el proceso continuará adelante para discutir y resolver sobre las cuestiones planteadas por el actor que no hubieran sido Objeto de allanamiento. Por otra parte según lo dispuesto en el articulo 485 #1 el Juez conocedor, antes de tomar una decisión de tal naturaleza como ser la “Finalización de un Proceso sin Audiencia Probatoria”, deberá tener la certeza que la aceptación de parte del demandado no supondrá un acto contrario a la Ley al orden público o al interés general; y mucho menos supondrá un perjuicio contra tercero, en el presente caso el Juez conocedor al emitir sentencia definitiva causa un perjuicio a los demás socios que forman parte de la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” es decir a los señores Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía mismos que no fueron puesto en conocimiento del presente proceso, pero cuya resolución afecta de manera directa a sus intereses como socios de dicha empresa. Desde este punto de vista cabe preguntarse, ¿Cómo el Juez conocedor de la causa llegó a la conclusión de que el allanamiento del demandado no constituye un perjuicio contra terceros? Es decir al tener conocimiento desde la presentación de la demanda, de la existencia de otros socios y que aunque no formaban parte en la demanda, pero que con su resolución se verían afectados en su patrimonio, este debió señalar Audiencia Probatoria, para la realización de la práctica de toda la prueba ofrecida; cabe mencionar que la misma en su mayoría no se encontraba incorporada en el expediente judicial, sino que constaba en el expediente 0501-201202133-LCV, antes mencionado. Se debe recordar que bajo los Principios de Buena Fe, Conducta y Ejercicio de la Vía Procesal Adecuada (Art. 6.2 del CPC) el órgano jurisdiccional hará uso de su poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso. Rechazará cualquier solicitud, petición o acto que implique una dilación manifiesta o impertinente del litigio, o cuando cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin contrario a la ley. De la misma manera el Antejuiciado al tener conocimiento que los valores exigidos por los demandantes se originaban de un dictamen contable presentado en una causa totalmente independiente a la suya, de “SOLICITUD DE RENDICION DE CUENTAS” incoada por varios socios de la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” a quienes nunca se les había tomado en cuanta ni puesto a disposición de ellos, los Activos y Utilidades de su empresa, y que sirvió como base para determinar el monto que representaba la cantidad que dicha empresa debía de pagarles, en razón de su participación desde el momento en que fueron incorporados como socios en fecha 12 de agosto de 1994; el Antejuiciado debió ordenar —como así le fue solicitado por el propio demandante— una inspección judicial al expediente 0501-2012-02133-LCV, con el fin de determinar, que tanto el demandante como el demandado les asistiese el derecho solicitado. Pues no existe documentación que acredite que a los demandantes les corresponde la cantidad de Lps. 133,713,217.00. El Ministerio Público considera que es una decisión arbitraria que el Antejuiciado prescindiera de La Inspección Judicial al Expediente 0501-2012-02133-LCV, Pues solo de esta manera, hubiese evitado ser sorprendido como así paso, por parte, tanto del demandante con su demanda, así como del demandado y su allanamiento fraudulento, pues el Juez se hubiese tenido conocimiento pleno que la sentencia dictada en el expediente 0501-2012-02133-LCV, en fecha 27 de noviembre de 2012 ordenaba a la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” Rendición de Cuentas específicamente a los socios Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía y nada tenían que ver los derechos de los demandantes en la acción conocida por el hoy antejuiciado Exp. 195-2016 LCO, pues dicho fallo ordenaba el pago de utilidades dejada de percibir a dos socios Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía que desde su incorporación a dicha sociedad no habían sido tomados en cuenta es decir desde el año de 1994; situación totalmente diferente a la situación de los demandantes, Jorge Armando Alvarado Medina; Carlos Roberto Alvarado Medina; Luisa Dolores Alvarado de Cook; Reyna Yomila Alvarado de Aguirre y de la Sociedad “Inversiones Alianza SA de CV” que efectivamente si recibieron tales utilidades en el tiempo correspondiente, sin dar parte a los demás socios. El antejuiciado al realizar la valoración de los documentos presentados (si lo hubiese hecho) debió prever que el allanamiento (allanamiento parcial), del demandado podría considerarse fraudulento e ilegal en cuanto, a que estaba aceptando que su representada efectivamente debía pagar la cantidad de Lps.133,713,217.00 cuando se podría apreciar que en fecha 05 de marzo de 2014, había presentado un escrito en la demanda #0501-2012-02133-LCV en la que se oponía a pagar a los señores Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía, la cantidad de Lps. 26,742,643.55. y ahora afirmaba que efectivamente debía pagar se a cada uno de los socios la cantidad de Lps.26,742,643.55. Cabe mencionar que el hoy antejuiciado al ser sometido a procedimiento disciplinario, por parte de la oficina de Inspectoría de Tribunales, por denuncia administrativa en su contra, misma que consta con el numero 0801-2016-00467, menciona en su descargo que “efectivamente se verifico en el expediente 0501-2012-02133-LCV la existencia de la sentencia antes mencionada” sin embargo, tal versión no es verídica, en cuanto no consta en el expediente judicial un acta firmada por su secretario, que de fé de haberse realizado tal diligencia judicial, conforme lo dispone en el artículo 349 del Código Procesal Civil. En Tercer Lugar: de acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, se ha logrado acreditar que a la fecha de dictada la sentencia, es decir 29 de abril del año 2016 las partes tanto demandantes y su apoderado legal y el apoderado legal del demandado, quienes supuestamente estuvieron presentes en la Audiencia Preliminar, no habían firmado el Acta correspondiente, al igual se logro corroborar, la inexistencia de las firmas en el Acta de dicha audiencia, tanto del Juez conocedor como del Secretario que da fe de lo realizado en esa Audiencia. Desconociéndose de nuevo el Principio del Debido Proceso y poniendo en tela de duda la comparecencia de las partes a dicha Audiencia Preliminar. CALIFICACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL HECHO COMETIDO El hecho anteriormente descrito es considerado como delito de PREVARICACIÓN establecido y sancionado en el artículo 379 # 1 del Código Penal que literalmente establece: “se sancionara con reclusión de 3 a 5 años: 1) “Al Juez que con malicia y verdadera conciencia de la injusticia dicte sentencia contraria a la ley en un juicio no criminal”. La Constitución de la Republica de Honduras, es taxativa al expresar en su articulado lo siguiente: Articulo 321. “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Articulo 323. “Los Funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella”. REQUISITOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL El delito de PREVARICATO requiere. 1- Que se trate de un Juez en ese sentido no es un hecho controvertido que el antejuiciado, Abogado Nelson Omar Madrid Chinchilla, al momento de la comisión del hecho y aún actualmente, ostenta el cargo de Juez de Letras, asignada al Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes. 2.- Que con malicia y verdadera conciencia de su injusticia dicte sentencia contraria a la ley; en este sentido hemos de indicar que la resolución emitida por el Juez hoy antejuiciado, se trata de una sentencia definitiva en el proceso civil, misma que desconociendo el debido proceso y teniendo presente que su resolución, no solo afectaba a una Persona Jurídica, en este caso “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL.” pues se le condenaba a pagar cantidades, en base a un allanamiento ilegal, de su propio representante que justificaba su posición en base al artículo 28 y 29 del Código de Comercio, y relacionando su allanamiento en documentación que ni siquiera fue analizada por el hoy antejuiciado, pues la misma se encontraba en un expediente independiente de la causa manejada, es decir que dicha prueba jamás fue incorporada al expediente judicial: sino también que se dicto una sentencia definitiva, condenando a la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL.” sin tomar en cuenta los derechos correspondientes a otros socios con igual participación social, en los activos de dicha sociedad, y que de acuerdo al artículo 69.2 del Código Procesal Civil: “El juez, de oficio o a instancia de parte, puede integrar la posición de parte actora o demandada emplazando a las personas interesadas, si de la demanda o de la contestación parece evidente que la decisión a recaer en el proceso les va a afectar. Si carece de la información necesaria, requerirá a las partes para que proporcionen los datos necesarios para el emplazamiento, sin suspensión del procedimiento.” Así mismo el Antejuiciado procede a dictar Sentencia Definitiva, en base al allanamiento ilegal, del demandado cuando este no tenía la facultad especial de expresa mención, que exige la ley para ALLANARSE a los hechos de la demanda. 3- en un juicio no criminal; Indudablemente la resolución emitida por el hoy antejuiciado, en fecha 29 de abril de 2016, favoreció a varios demandantes en la “Demanda Para el Pago a Socios de Liquidación de Utilidades Declaradas en Proceso de Rendición de Cuentas, a ventilarse por la Vía de Proceso Declarativo Ordinario” misma que fue presentada ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes bajo el numero 0501-2016-00195-LCO. REQUISITO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL: El prevaricato es un delito doloso que se satisface únicamente con el dolo directo: el autor debe saber y querer resolver en contra de la ley invocada para fundamentar el fallo. Debemos señalar que en el presente caso, el único fundamento jurídico en que el Antejuiciado se basa para emitir la sentencia contraria a derecho, es el artículo 485 # 1 del Código Procesal Civil, observando únicamente la manifestación del apoderado legal del demandado — que dicho sea de paso nunca se justifico, tal corno lo exige la ley, la incomparecencia a la Audiencia Preliminar: del demandado en su condición de representante legal de la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL.”— de allanarse, sin valorar el Antejuiciado la prueba presentada por el demandante que constituía documentos que no fueron puestos a su disposición sino que solamente se señalaba el lugar donde se encontraban, mismo que a criterio del Ministerio Publico: no son base ni fundamento para condenar a la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL.” al pago de la cantidad de L. 133,713,217, RELACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACIÒN PRUEBA DOCUMENTAL La documentación que seguidamente se propone como medio de prueba, constan sus originales en el Expediente 0501-2012-02133-LCV, del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes: 1. Copia Certificada de Acuerdo de Nombramiento, como Juez de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, abogado Nelson Omar Madrid Chinchilla. 2. Copia del Escrito de la Demanda presentada ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha 02 de agosto de 2012, la que fue registrada con el numero 0501-2012-02133-LCV. Con esto se acredita que tal demanda fue presentada por los señores Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía, y determinar que se pretendía pedir la rendición de cuentas a la empresa “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” en razón que la misma había dejado de rendir cuentas a estas personas desde el año de 1994. 3. Copia de la Sentencia dictada en fecha 27 de noviembre de 2012, por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, mediante la cual se ordenaba la rendición de Cuentas, por parte de la empresa “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” a los señores Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía. 4. Copia de Escrito de Solicitud de Inicio de Ejecución de un Titulo Judicial, presentado por los señores Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía, en la demanda 0501-2012-02133-LCV, en razón de que la Empresa “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” rinda las cuentas a que fue obligada o en su caso se librase la ejecución por una cantidad determinada. 5. Copia de Avalúo de Bienes Raíces, realizado por “La Empresa de Servicios Varios S de RL de CV” EMSERVA, dictamen que registra y valora las utilidades dejadas de percibir por Los Socios ANA LUISA ALVARADO MEJÍA Y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO Mejía, desde el año 1994. Documento que es parte de la demanda 05012012-02133-LCV, y el cual determina que desde 1994 los señores ANA LUISA ALVARADO MEJÍA Y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO, dejaron de percibir la cantidad de Lps. 26,742,643.55. 6. Copia de un escrito que contiene la “Formulación De Reparos Y Observaciones a Improcedente e Infundada Liquidación de Frutos Y Rentas Derivadas De Ejecución De Una Sentencia Estimatoria De Rendición De Cuentas” presentada por el Apoderado legal de la Empresa “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL”. 7. Copia de Audiencia de Reparos, celebrada 09 de abril de 2014 en el expediente 2012-02133-LCV, en donde se constata que el representante legal de la Empresa “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” se opone a lo solicitado por los señores ANA LUISA ALVARADO MEJÍA Y ROBÈRTO ENRIQUE ALVARADO. 8. Copia de Resolución de Juicio de Rendición de Cuentas respecto a la liquidación de utilidades de fecha 13 de mayo de 2014, misma que aprueba la liquidación de utilidades hecha por la parte acreedora en el juicio #2012-02133-LCV, y se determina que las cantidades de Lps. 26,742,643.55, le corresponden a los socios ANA LUISA ALVARADO MEJÍA Y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO, por habérseles dejado de entregar las utilidades que les correspondían desde el año de 1994. 9. Copia Certificada del Expediente # 0501-2016-00195-LCO del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, que contiene la documentación siguiente. a) Escrito de la Demanda de pagos a socios de Liquidación de Utilidades Declaradas en Proceso de Rendición de Cuentas, A Ventilarse Por la Vía del Proceso Declarativo Ordinario, interpuesta por los señores Jorge Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado Medina, Reyna Yomila Alvarado Medina e “Inversiones Alianza SA de CV, en contra de “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” Con ello acreditar que el Antejuiciado era del conocimiento que se pretendía justificar tales cantidades con documentos y impertinentes al caso, b) Poder General de Representación Procesal, otorgada por los señores Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado Medina, y Jorge Armando Alvarado Medina a favor Abogada Doris Scarleth Fajardo Coello. c) Poder General de Representación Procesal, otorgada por el señor Carlos Roberto Alvarado Medina, en condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Inversiones Alianza SA de CV a favor de la Abogada Doris Scarleth Fajardo Coello. d) Escrito de Contestación de Demanda de fecha 18 de marzo de 2016, realizada por parte del Abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, que contiene el ALLANAMIENTO PARCIAL —SIN TENER LA FACULTAD EXPRESA PARA ELLO— de su representada “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” de los hechos plasmados en la Demanda, y en el mismo escrito expone que es cierto que a los demandantes Jorge Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado Medina, Reyna Yomila Alvarado Medina e “Inversiones Alianza SA de CV, les corresponde la cantidad de Lps.26,742,643.55 a cada uno. e) Poder Especial Para Pleitos otorgado por el señor JOSE ABRAHAN ALVARADO MEDINA, en su condición de Gerente Administrativo de la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL”, y donde se acredita que NO SE LE ORTORGA la facultad especial de mandato judicial de ALLANARSE. f) Acta de Audiencia Preliminar, realizada en fecha 21 de abril de 2016. En donde se constata la supuesta presencia de las partes, tanto demandante como demandado, y sus apoderados legales, así mismo se constata que el demandado sin estar facultado se ALLANO PARCIALMENTE A LA DEMANDA Y además se registra la decisión arbitraria del Antejuiciado de dictar sentencia, relevando la Audiencia Probatoria. g) Sentencia Definitiva del 29 de abril de 2016, misma que fue dictada, contrariando los principios generales del derecho del Debido proceso, y en base a UN ALLANAMIENTO ILEGAL DE LOS hechos por parte del demandado. 10. Otros.” Informe del Antejuiciado de los Cargos a él formulados “Con relación al antecedente Primero El Fiscal Únicamente relata como se constituyó la sociedad Mercantil Sociedad Cristiana Nueva Vida S. de R. L. de C.V; Con relación al contenido del Segundo antecedente el Fiscal explica el Contenido del expediente de rendición de Cuentas Numero 0501-2012-02133 que esta bajo la dirección de la Juez Blanca Georgina Ramírez en el cual no he tenido participación alguna de ninguna naturaleza pues cada Juez es responsable de la dirección de los procesos que se le asignan; Con relación al Antecedente Tercero: como lo explica el Fiscal se presento en el Juzgado de Letras Civil en fecha veinte de enero del año dos mil dieciséis Demanda para el pago a socios de utilidades declaradas en proceso de rendición de cuentas a ventilarse por el proceso ordinario por la Abogada Doris Scarlett Fajardo Coello como Apoderada Legal de los señores Jorge Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado de Cook, Reyna Yomila Alvarado de Aguirre y de la Sociedad Inversiones Alianza S. A de C. V. en contra de la Sociedad CRISTIANA NUEVA VIDA S. de R L. representada por el señor Jose Abrahan Alvarado Medina registrada bajo el numero 0501-2016-00195 asignada a mi persona peticionando que se condenara a la sociedad demandada al pago de la suma de Lps.26,742,643.55 a cada uno de sus representados.— a continuación el fiscal hace un relato del contenido de la demanda.—En el Antecedente Cuarto el Fiscal se refiere a los medios probatorios de los demandantes. En la Pagina Cinco (5) el fiscal refiere al emplazamiento y al contenido de la contestación de la demanda entre otras cosas (pagina 6 primer párrafo) que según el expediente 0501-2012-02133 a los socios Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía les correspondió según el polémico fallo y conforme a su participación social la suma de Lps. 26,742,321.77 y todos los socios tienen derecho a las utilidades de la sociedad en proporción a sus aportaciones etc. Voy a referirme al párrafo ultimo de la pagina Seis pues lo contenido anteriormente es atribuible a conducta de los apoderados legales de las partes: Sobre los artículos del Código Procesal Civil: 445 Las partes deben comparecer personalmente a la audiencia Preliminar personalmente salvo motivo fundado a juicio del Tribunal que justificare la comparecencia por medio de representante legal, en el caso que nos ocupa el fiscal mismo reconoce que la parte demandada es decir el Representante de las persona Jurídica ha presentado Certificado Médico que sentido tenia hacer una polémica sobre el certificado médico si el Apoderado legal tiene facultad de conciliar, que es el primer contenido de la Audiencia Preliminar, pero no debe entenderse que debe tener todas las mencionadas en el inciso 1.— por eso se le coloca conciliar, renunciar, allanarse o transigir; cualquiera de ellas pero no todas; el poder acompañado por el apoderado legal de la demandada tiene la facultad de conciliar. No entiendo que es lo que pretende el Fiscal al hacer énfasis que debí tenerlo por no comparecido; Y además en el numeral 2 habla de la posibilidad de diferir la audiencia para otra fecha por fuerza mayor. El motivo de la enfermedad por la no comparecencia esta en el Certificado Médico yo no soy Médico para poner en duda el contenido de la misma, No se ha que se refiere el Fiscal cuando dice que debí de declarar la incomparecencia pues el articulo 446 desarrolla que pasa cuando no comparece el demandado o el profesional del derecho que le defienda y represente en el inciso 3 el Juez ordenará la continuación del mismo; cuando el fiscal dice que el acta de la audiencia preliminar no esta firmada por el Juez ni secretario de la causa, el articulo 176 habla de la documentación de las audiencias y ordena que el desarrollo de la audiencia se registre en un soporte apto para la grabación reproducción del sonido de la imagen o si no fuere posible solo del sonido en el numeral dos habla de la opción de documentar la audiencia cuando 110 es posible la grabación reproducción del sonido.— En el caso del Juzgado de Letras tenemos las dos cosas pero la secretaria siempre tiene la costumbre de transcribir sucintamente cada contenido de las Audiencias pero no implica la obligatoriedad de firma no obstante ello para mayor seguridad se le llamara la atención a la secretaria Adjunta para que como Ministra de fe pública firme el Acta de cada audiencia. Con relación al Allanamiento mencionado en la pagina siete, precisamente por no tener facultad de allanarse es el que se convocó a la audiencia preliminar ( cuyo contenido está en el Articulo 447) en la cual como acto primario por tener facultades de conciliar se preguntó a los Apoderados legales de las partes si tenían interés en conciliar, ellos manifestaron que no, por lo que se continuó la audiencia se observó que no existía la denuncia de excepciones o defectos procesales, se continuo estableciendo la pretensión que es el pago de 26,742,321.77 para cada demandante en razón de utilidades en proporción a sus aportaciones, posteriormente se procedió a establecer el objeto del debate es decir establecer cuales son los hechos controvertidos.— Llegándose a la determinación por parte del Tribunal que no habían hechos controvertidos y aplicando el principio señalado en el artículos 10 Numeral 1 en relación a que la parte que ejerce su derecho de acción establece el objeto del proceso; la parte que se oponga establece el objeto del debate; en el caso que nos ocupa la demandada contestó la demanda pronunciándose sobre los hechos, 234 numeral 1 y 235 numeral 1 se manifestó que no existían hechos controvertidos a juicio del Tribunal, aceptando las partes que en realidad no habían hechos controvertidos; que en realidad fue un error hablar de allanamiento, pues lo que se estaba hablando es que no habían hechos controvertidos no obstante las partes pudieron hacer uso del recurso de reposición el de Apelación posterior contra sentencia lo que no advertí fue la malicia de los Abogados de las partes pues entendí que los otros dos socios ya habían obtenido su derecho en el otro Juicio ya referido por el Fiscal; continuar el juicio hubiera significado encarecer el pleito condenando en costas a la Sociedad CRISTIANA NUEVA VIDA S. de R. L razón por la que en la parte final de La sentencia se establece expresamente que es sin costas no obstante que por haber trabajado sobre otra sentencia se quedó pegado una parte que dice con costas; Sobre el articulo 3 debido proceso el proceso ordinario considero que se desarrolló tal como lo establece el Código Procesal Civil, es decir hay una demanda por el proceso ordinario, un emplazamiento, una contestación un auto convocando a la audiencia Preliminar, la Celebración de la Audiencia Preliminar y luego una Sentencia definitiva es decir sin audiencia probatoria por no haber hechos controvertidos tal como lo señala el artículo 464 numeral 1; Con relación al principio de Contradicción, siempre antes de decidir el tribunal escucho a las partes; sobre el Principio de Inmediación el Juez que dictó la sentencia es el mismo que estuvo en la audiencia preliminar y que por no haber hechos controvertidos dictó sentenciar Con relación a la página ocho (8) con relación al Artículo 485 numeral 2, que la aceptación puede limitarse solo a una parte de la pretensión planteada por el actor el problema es que no obstante que habla de allanamiento parcial el Apoderado legal de la sociedad demandada en el fondo no negó los hechos por lo que los alegatos solo eran eso alegatos superfluos.— lo que no pude captar o entender es el fraude de Ley que habían planeado los Abogados pues entendí que si todos reciben la misma cantidad de acuerdo a sus aportaciones no se violentaría el derecho de defensa.— Con relación a la página Nueve (9) debo decir que habiendo aceptado la existencia de la obligación en la contestación de la demanda sobre la existencia de la sentencia mediante el cual se le condena a la Sociedad CRISTIANA NUEVA VIDA S. de R L a pagar a los Socios Ana luisa Alvarado y Roberto Enrique Alvarado Mejía la cantidad de 26,742 643.55 no tenía necesidad alguna de ordenar como dice el fiscal una Inspección al Expediente de rendición de cuentas no obstante que el Juez en materia Civil no puede ordenar prueba Únicamente en materia de familia (ver articulo 633 punto 2). Acepto lo dicho por el Ministerio público en cuanto que fui sorprendido (Pagina 9 párrafo ultimo) pues al no haber conocido del proceso de rendición de cuentas sino que fue otro Juez no pude darme cuenta que los otros socios ya habían recibido sus utilidades. Con relación a lo contenido en Página diez (10) párrafo tercero, que debido a denuncia por este mismo expediente se me siguió Procedimiento disciplinario por parte del poder Judicial acompaño copia del mismo en el cual se me exonera de responsabilidad disciplinaria por lo que no voy someter a controversia dicha resolución. Con relación al contenido de la pagina once (11) no encuentro como el señor Fiscal en forma falaz me puede trasladar la malicia de los demandantes como del representante legal de la demandada Sociedad Cristiana o de los Abogados que les representaron pues yo como Juez no me doy cuenta de donde han obtenido las utilidades la Sociedad Mercantil demandada o como los obtuvo quien formó la Sociedad, ni conocí del proceso de rendición de cuentas. Con relación al Artículo 69 la demanda es contra una Sociedad Mercantil (persona Jurídica) no se ha que otras personas podrían integrar si me está diciendo que hay una sentencia en donde ya se esta ordenando pagar a los otros dos socios la suma de 26,742,321.77 por utilidades; No acepto haber actuado con malicia o dolo pues mi actuación en el proceso fue como Juez de Letras Civil en virtud de un acuerdo de nombramiento. Desconozco las razones por las cuales en un problema privado económico de los socios de esta Sociedad Mercantil ahora el Ministerio Público me esté atribuyendo responsabilidad Penal. Esperando haber dado cumplimiento a lo ordenado en la comunicación que antecede acompaño copia de Certificación de la resolución Administrativa 167-2017.” Parte Resolutiva de la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones En fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió: “UNICO: DECLARAR SIN LUGAR el ANTEJUICIO presentado en contra del funcionario judicial NELSON OMAR MADRID CHINCHILLA actual Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. En consecuencia, no se autoriza a la Fiscalía Especial para el enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) para que pueda presentar acción penal pública en su contra como autor del delito de PREVARICATO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.” Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público “ANTECEDENTE PRIMERO: En fecha 22 de mayo de 1993, se constituyo la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL de CV." Por los señores José Roberto Alvarado Alvarado, Reyna Yomila Alvarado de Aguirre, Marco Antonio Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado de Cook, Jorge Armando Alvarado Medina, José Abrahán Alvarado Medina, René Enrique Alvarado Medina. En fecha 12 de agosto de 1994, el socio de la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL.” El señor René Enrique Alvarado Medina, mediante Instrumento Público, inscrito con el número 46 Tomo 178 del Registro de Comerciantes Sociales de San Pedro Sula, Cortes, vendió a favor de sus hijos Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, la parte social que le corresponde en dicha sociedad. SEGUNDO: En fecha dos de agosto de 2012, se presentó ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, una demanda de “Solicitud de Rendición de Cuentas” por parte de los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, en contra del señor José Abrahán Alvarado Medina, como representante legal de La Sociedad Mercantil “Sociedad Cristiana Nueva Vida S de RL de CV” de la cual ellos son socios, misma que fue registrada con el número 0501-2012-02133-LCA; en esta demanda se solicitaba por parte del demandante: que desde que pasaron a formar parte de esta sociedad el 12 de agosto de 1994, nunca fueron convocados a las asambleas ordinarias, ni se les ha presentado los estados Financieros, Contables, obligaciones fiscales: libros contables etc. En dicha demanda, se dictó sentencia definitiva en fecha 27 de noviembre de 2012; en la que se estima procedente la demanda de rendición de cuentas de la administración de la Sociedad Cristiana Nueva Vida S de RL, resolución que fue confirmada, ante Recurso de Apelación Interpuesto, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, adquiriendo de esta manera carácter de firme. En fecha 24 de junio de 2013, se presentó por parte de la señora Ana Luisa Alvarado Mejía; Roberto Enrique Alvarado Mejía; ante el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, en la causa antes descrita —0501-2012-02133-LCA— y ante la inobservancia de la Sentencia Definitiva antes mencionada “Solicitud de Inicio de Ejecución de un Titulo Judicial”. En fecha 13 de diciembre de 2013, los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, presentan ante el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, escrito judicial solicitando que: “A través de la vía de apremio se inicie ejecución de cantidades de dinero” resolviendo el Juez de la causa en fecha 17 de diciembre de 2013: “….en virtud que hay artículos preceptivos que se deben de cumplir, a través del receptor del despacho requiérase al demandante o acreedor respectivo de Rendición de Cuentas, para que presente la liquidación que considere justa, en virtud que según constancia de secretaria del despacho, la sociedad demandada o requerida no atendió el requerimiento, estando precluido actualmente….” Ante este requerimiento judicial de fecha 13 de diciembre de 2013, los señores Ana Luisa Alvarado Mejía; Roberto Enrique Alvarado Mejía, presentaron de nueva cuenta en fecha 04 de febrero de 2014, un peritaje de propiedades, y constancias contables de utilidades dejadas de percibir” dicho avalúo fue realizado por el Perito Mercantil y Contador Público Maynor Alvarado Vásquez, y por la Empresa de Servicios Varios S de RI- de CV, respectivamente. Cabe mencionar que dicho dictamen —avalúo contable—indicaba que a los señores Ana Luisa Alvarado Mejía: Roberto Enrique Alvarado Mejía, les correspondía como valores dejados de percibir por ventas y por rentas, la cantidad de L. 26,742,643.55. En fecha 05 de marzo de 2014 la Empresa "Sociedad Cristiana Nueva Vida S de RL, formuló los correspondientes Reparos y Observaciones a la liquidación descrita en el párrafo anterior; señalándose Audiencia de Reparos, para el día 09 de abril de 2014, en donde de nueva cuenta y de manera oral se presentó como prueba el peritaje de propiedades, y constancias contables de utilidades dejadas de percibir” dicho avalúo fue realizado por el Perito Mercantil y Contador Público Maynor Alvarado Vásquez, y por la Empresa de Servicios Varios S de RL de CV, respectivamente. Cabe señalar que en base a este documento presentado por los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, se dictó Sentencia Definitiva a su favor en fecha 13 de mayo de 2014. TERCERO: En fecha 20 de enero de 2016, se presento en el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, “Demanda Para el Pago a Socios de Utilidades Declaradas en Proceso de Rendición de Cuentas, a Ventilarse Por la Vía del Proceso Ordinario” por la Abogada Doris Scarlett Fajardo Coello, en representación de los señores Jorge Armando Alvarado Medina; Carlos Roberto Alvarado Medina; Luisa Dolores Alvarado de Cook; Reyna Yomila Alvarado de Aguirre y de la Sociedad "Inversiones Alianza SA de CV” demanda en contra de "SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL.” Representada por el señor JOSE ABRAHAM ALVARADO MEDINA. En esta demanda, misma que fue registrada bajo el numero 0501-2016-00195-LCO, y asignada al Juez y ahora antejuiciado, Nelson Omar Madrid Chinchilla, el demandante solicitaba, que se condenara a la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL.” a pagar a cada uno de sus representados la cantidad de L. 26,742,643.55, cantidad que el demandante justificaba le correspondía a cada uno de sus representado, explicándolo de la manera siguiente: en el apartado segundo de la demanda se expone: “Resulta su señoría que según Expediente número 0501-2012-02133-LCV, que se encuentran en los archivos de este Juzgado de Letras de lo Civil de esta sección judicial, y a raíz de Proceso de Rendición de Cuentas promovido o entablado por los socios ANA LUISA ALVARADO MEJIA ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA, propietarios a una parte social equivalente a 6.25% cada uno, ….este juzgado —sigue manifestando la demanda— con fecha de noviembre del año 2012, dicto Sentencia Definitiva, estimando la demanda de merito y ordenando a la referida sociedad, que procediera a hacer la rendición de cuentas de su administración…” La referida Demanda en el apartado Tercero se indica por parte del demandante que: “mediante fallo de 13 de mayo de 2014, se dicto resolución definitiva, se aprobó la liquidación de utilidades a los socios demandantes ANA LUISA ALVARADO MEJIA Y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA, por la cantidad de L. 26,742,643.55, en concepto de utilidades equivalentes dejadas de percibir de las ventas de los inmuebles y rentas de edificios.” Y en el apartado Cuarto de la demanda, se le expone al señor juez que: “…de acuerdo al 28 y 29 del Código de Comercio, se establece que la distribución de las ganancias o pérdidas entre socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones; y no producirá ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las ganancias…. es por ello que vengo en este acto con instrucciones precisas de mis representantes o mandantes a entablar la presente demanda…” CUARTO: en el ofrecimiento de medios de prueba la demandante Abogada Doris Scarleth Fajardo Coello, propone al Juez de lo Civil, como medio de prueba #3.- Documento Públicos: se designan los archivos del Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, como lugar en donde se encuentra los documentos siguientes: a) sentencia definitiva de fecha 27 de noviembre de 2012, b) Certificación de Sentencia Definitiva de la Corte de Apelaciones de fecha 14 de marzo de 2013, c)…d)…e) que se constate la existencia de Resolución definitiva dictada en fecha 13 de mayo de 2014, por parte del Juzgado de Letras de lo Civil. Como medio de prueba denominado #4.- Documentos Privados, designando los archivos de El Juzgado de Letras de lo Civil, específicamente el Expediente #0501-2012-02133-LCV, como lugar donde obran los documentos siguientes Avalúo Contable y sus Anexos. Elaborado por el P. M. y C. P. Maynor Alvarado Vásquez y la Empresa de Servicios S de RL. De C. V., Como medio de prueba denominado # 5, Inspección al Expediente #0501-2012-02133-LCV para constatar la existencia de: a) una demanda de rendición de cuentas promovida por los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, b) Que se constate la calidad de socios que acreditaron dichos señores —refiriéndose a los señores Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía— para promover dicho proceso; especificando el monto de cada parte social de la que son dueños y cuál es el porcentaje que representa en el capital social. d)….e)…etc. Además de lo anterior se solicito al Juez y hoy antejuiciado, constatar en el expediente #0501-2012-02133-LCV, la existencia Certificación de un Avalúo Contable v sus Anexos, elaborado por el P. M. y C. P. Maynor Alvarado Vásquez y la Empresa de Servicios S de RL. De C. V. y con ello establecer el monto de utilidades que conforme a una participación social, EQUIVALENTE AL 12.5%, Le correspondió a los socios ANA LUISA ALVARADO MEJIA Y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA QUINTO: En fecha 13 de marzo de 2018, el Ministerio Público presentó Solicitud de Antejuicio en los siguientes términos: Primero: al darse trámite al expediente 0501-2016-00195-LCO, y luego de emplazado el demando, en este caso la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL.” Representada por el señor JOSE ABRAHAM ALVARADO MEDINA, este procedió a contestar la misma en fecha 18 de marzo de 2016, contestación que fue resuelta en fecha 29 de marzo de 2016, admitiendo tal contestación y se señala Audiencia Preliminar para el día 21 de abril de 2016 a las 8:00 de la mañana. Cabe mencionar que en dicha contestación en su apartado segundo el demandado expresa: “es cierto lo expresado por la parte actora en este hecho, por cuanto según Expediente # 0501-2012-02133-LCV, que se ventilo en este mismo juzgado los socios ANA LUISA ALVARADO MEJ/A Y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA titulares cada uno de una participación social, entablaron contra mi representada …un proceso de rendición de cuentas, mismo que se ventiló a través del Procedimiento Declarativo Abreviado, habiendo este Juzgado de Letras de lo Civil dictado en fecha 27 de noviembre de 2012, sentencia definitiva…. En el apartado Tercero de la Contestación de la Demanda se hace referencia además a lo siguiente. “es un hecho irrefutable….que con fecha 13 de mayo de 2014, este Juzgado de letras de lo Civil… a través del entonces cuestionado Juez José Francisco Ewens Oviedo dicto resolución ….aprobando la liquidación de utilidades a los socios demandantes Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía, por la cantidad de L. 26,742,643.55, ….dicha resolución lamentablemente otro desacierto jurídico de la Corte de Apelaciones de lo Civil, fue confirmado con fecha 1 de diciembre de 2015…cabe agregar que mi representada ….interpuso un Recurso de Amparo ante la Sala de Constitucional de la Honorable Corte Suprema de justicia, contra dicha resolución….” En el apartado Cuarto, de la Contestación de la Demanda se hace referencia además a lo siguiente: “….según Expediente # 0501-2012-02133-LCV, a los socios demandantes señores ANA LUISA ALVARADO MEJIA Y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA, les correspondió según el polémico fallo a que se ha hecho referencia y conforme a su participación social…L.26, 742,321.77… conforme a las pretensiones de la parte actora, y considerando conforme al Código de Comercio, y estatutos de la sociedad, todos los socios tiene derecho a las utilidades de la sociedad, en proporción a sus aportaciones, es con instrucciones precisas de mi representada ME ALLANO CONDICIONALMENTE a las pretensiones de los demandantes, En este Escrito de Contestación de Demanda, se aprecia que el demandado si bien pone en tela de juicio la resolución emitida en fecha en fecha 13 de mayo de 2014, en el Expediente # 0501-2012-02133-LCV, —que dicho sea de paso es la Demanda de Rendición de Cuentas, ampliamente explicada en el apartado denominado “Antecedente” del presente escrito—, misma que es base para la sustanciación y resolución de su demanda, sin embargo, extrañamente se allana a las pretensiones del demandante, indicando que lo hace condicionado y dependiendo de la resolución de un Recurso de Amparo interpuesto en la demanda de Rendición de Cuentas antes indicada. Segundo: En la fecha 21 de abril de 2016, misma que fué señalada para la Audiencia Preliminar, se llevó a cabo la misma, en la cual se observan diferentes “desaciertos” procesales: En Primer lugar se constata que asisten a la Audiencia Preliminar como parte demandada únicamente en condición de Apoderado Legal de la Empresa denominada “Sociedad Cristiana Nueva Vida S de RL” el Abogado Omar Antonio Chávez García, quien si bien ostenta un Poder Especial Para Pleitos, no significa por ello que debe obviarse, en la Audiencia Preliminar, la presencia del demandado en este caso del señor José Abrahán Alvarado Medina, recordemos que el Principio de Legalidad Procesal se articula, en su dimensión de sometimiento a las normas fundamentales del Estado, y su incondicional sujeción a la Ley; así se establece en el artículo 7 del Código Procesal Civil, que “el proceso civil, se desarrollará de acuerdo a la Constitución de la Republica” e indica que las normas dispuestas en el mencionado Código, son de carácter imperativo —es decir, son de observancia obligatoria, y no existe razón alguna que justifique su contravención— En este sentido el artículo 445 que se refiere a la comparecencia de las partes a la Audiencia Preliminar refiere que las partes deberán comparecer a la Audiencia Preliminar personalmente, salvo motivo fundado, a juicio del tribunal, que justificare la comparecencia por medio de representante, pero en este caso deberá tener poder suficiente para conciliar, renunciar, ALLANARSE o transigir. En otro caso se les tendrá por no comparecidas.” En ese sentido se observa en el Acta de Audiencia Preliminar que el señor José Abrahán Alvarado Medina, no compareció en condición de demandado, pues si bien existe en el expediente judicial una Certificación Medica número de serie 050696, no queda evidenciado que la misma haya sido sometida al conocimiento del Juez, pues no consta en primer lugar que el Juez haya realizado el requerimiento correspondiente a fin obtener un motivo fundado que justifique tal incomparecencia, así como no queda evidenciado el valor probatorio que a dicha constancia le ha otorgado el hoy antejuiciado. IGUALMENTE AL REVISAR EL PODER CONFERIDO AL ABOGADO OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, POR PARTE DE LA EMPRESA "SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL" ESTE NO TIENE LAS FACULTAD ESPECIAL DE ALLANARSE, razón por la cual el Juez de pleno derecho debió continuar con el Proceso Ordinario y de ninguna manera proceder a dictar una sentencia definitiva relevando la prueba, pues el articulo 82 # 3, expresa que “el otorgamiento de facultades especiales se rige por las máximas de la literalidad, y no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente.” De la misma manera al observarse que el Acta de Audiencia Preliminar no está firmada ni por el Juez conocedor ni por el secretario del despacho, no existe forma de constar que tanto las partes demandantes como la parte demandada hayan comparecido personalmente, como lo exige la ley, a dicha Audiencia. No se debe olvidar que al contemplar el Código Procesal Civil, la comparecencia obligatoria de las panes a la audiencia preliminar, entre otras razones además de observar el cumpliendo con el principio de inmediación, el juez conocerá a quienes han decidido someter una controversia a su conocimiento, y podrá observar las características físicas de cada una de ellas, además de que éstas podrán tener acceso a la justicia en forma directa y darse cuenta cómo funciona ésta así como el papel a desempeñar por sus apoderados: igualmente para cumplir con la función conciliadora de la audiencia, que de otro modo se frustraría y por supuesto hacer los arreglos conciliatorios que consideren pertinentes en forma directa y sin ninguna intervención de sus apoderados más que de los consejos que éstos puedan darles en ese momento. Como se ha señalado solo por razones de motivo fundado y que además este sea analizado y declarado con lugar por parte del Juez conocedor, se justificará la inasistencia de alguna de las partes, la que deberá hacerse entonces por medio de representante debidamente autorizado para conciliar, renunciar, allanarse o transigir. La ausencia injustificada a la audiencia dará lugar a considerarlos como no comparecidas. Con lo anterior el Ministerio Publico, es del criterio que el hoy antejuiciado, de manera arbitraria y antojadiza, inobservó las disposiciones contenidas en el artículo 3 que se refiere al Debido Proceso; articulo 4 que se refiere al Principio de Contradicción; articulo 16 que se refiere al Principio de Inmediación, todos del Código Procesal Civil, en cuanto teniendo presente la obligación de asistencia a la Audiencia Preliminar del señor José Abrahán Alvarado Medina, el antejuiciado no somete a consideración la inasistencia de una de las partes, y aun mas grave tiene por allanada la demanda cuando el demandado no tiene poder suficiente para ello. En Segundo Lugar: se determina con la investigación que en el tramite que se le dio a la Audiencia Preliminar antes señalada, el Juez de la causa y ahora antejuiciado luego de escuchar al demandante y establecido que fue el Objeto del Proceso, el cual consistía en condenar a pagar por parte de la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL.” a cada socio demandante la cantidad de Lps. 26,742,643.55, esto según lo expresado por la parte demandante; y de escuchar la deposición del demandado quien de nueva cuenta y ratificando lo dicho en el escrito de la demanda, estuvo de acuerdo en ALLANARSE DE MANERA CONDICIONAL, dependiendo de lo que resultare de una Demanda de Amparo interpuesta en el expediente # 0501-2012-02133-LCV, el Juez procede a manifestar que: “no hay muchos motivos de controversia, no habría mayor incidencia en cuanto al proceso porque no está tocando el fondo, porque la parte demandada está reconociendo el fondo salvo con relación a la sentencia del recurso de Amparo, el tribunal no ve necesario desarrollar todo un proceso porque no se está contradiciendo el fondo. El antejuiciado al tomar la decisión de finalizar el proceso sin audiencia probatoria, independientemente de las pretensiones de las partes y tomando en cuenta el carácter imperativo de la Ley Procesal Civil, en flagrante violación al Principio del Debido proceso, determina dictar sentencia definitiva, justificando que no hay “muchos motivos de controversia” sin embargo, desconociendo lo planteado por el demandado de un ALLANAMIENTO CONDICIONAL, el cual debía ser resuelto en base a lo dispuesto en el articulo 485 # 2. “El allanamiento podrá limitarse sólo a una parte de la pretensión planteada por el actor. En tal caso, el juez, siempre a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato un auto acogiendo los puntos que hayan sido objeto de dicho allanamiento, cuando sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, y podrá ejecutarse conforme a lo establecido en este Código. En caso de allanamiento parcial, el proceso continuará adelante para discutir y resolver sobre las cuestiones planteadas por el actor que no hubieran sido Objeto de allanamiento.” Por otra parte según lo dispuesto en el articulo 485 # 1 el Juez conocedor, antes de tomar una decisión de tal naturaleza como ser la “Finalización de un Proceso sin Audiencia Probatoria”, deberá tener la certeza que la aceptación de parte del demandado no supondrá un acto contrario a la Ley al orden público o al interés general; y mucho menos supondrá un perjuicio contra tercero, en el presente caso el Juez conocedor al emitir sentencia definitiva causa un perjuicio a los demás socios que forman parte de la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” es decir a los señores Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía mismos que no fueron puesto en conocimiento del presente proceso, pero cuya resolución afecta de manera directa a sus intereses como socios de dicha empresa. Desde este punto de vista cabe preguntarse, ¿Cómo el Juez conocedor de la causa llegó a la conclusión de que el allanamiento del demandado no constituye un perjuicio contra terceros? Es decir al tener conocimiento desde la presentación de la demanda, de la existencia de otros socios y que aunque no formaban parte en la demanda, pero que con su resolución se verían afectados en su patrimonio, este debió señalar Audiencia Probatoria, para la realización de la práctica de toda la prueba ofrecida; cabe mencionar que la misma en su mayoría no se encontraba incorporada en el expediente judicial, sino que constaba en el expediente 0501-2012-02133-LCV, antes mencionado. Se debe recordar que bajo los Principios de Buena Fe, Conducta y Ejercicio de la Vía Procesal Adecuada (Art. 6.2 del CPC) el órgano jurisdiccional hará uso de su poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso. Rechazará cualquier solicitud, petición o acto que implique una dilación manifiesta o impertinente del litigio, o cuando cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin contrario a la ley. De la misma manera el Antejuiciado al tener conocimiento que los valores exigidos por los demandantes se originaban de un dictamen contable presentado en una causa totalmente independiente a la suya, de “SOLICITUD DE RENDICION DE CUENTAS” incoada por varios socios de la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” a quienes nunca se les había tomado en cuanta ni puesto a disposición de ellos, los Activos y Utilidades de su empresa, y que sirvió como base para determinar el monto que representaba la cantidad que dicha empresa debía de pagarles, en razón de su participación desde el momento en que fueron incorporados como socios en fecha 12 de agosto de 1994; el Antejuiciado debió ordenar —como así le fue solicitado por el propio demandante— una inspección judicial al expediente 0501-2012-02133-LCV, con el fin de determinar, que tanto el demandante como el demandado les asistiese el derecho solicitado. Pues no existe documentación que acredite que a los demandantes les corresponde la cantidad de Lps. 133,713,217.00 El Ministerio Público considera que es una decisión arbitraria que el Antejuiciado prescindiera de La Inspección Judicial al Expediente 0501-2012-02133-LCV, Pues solo de esta manera, hubiese evitado ser sorprendido como así paso, por parte, tanto del demandante con su demanda, así como del demandado y su allanamiento fraudulento, pues el Juez se hubiese tenido conocimiento pleno que la sentencia dictada en el expediente 0501-2012-02133-LCV, en fecha 27 de noviembre de 2012 ordenaba a la “SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA S de RL” Rendición de Cuentas, específicamente a los socios Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía y nada tenían que ver los derechos de los demandantes en la acción conocida por el hoy antejuiciado Exp.195-2016 LCO, pues dicho fallo ordenaba el pago de utilidades dejada de percibir a dos socios Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía que desde su incorporación a dicha sociedad no habían sido tomados en cuenta es decir desde el año de 1994; situación totalmente diferente a la situación de los demandantes, Jorge Armando Alvarado Medina; Carlos Roberto Alvarado Medina; Luisa Dolores Alvarado de Cook; Reyna Yomila Alvarado de Aguirre y de la Sociedad “Inversiones Alianza SA de CV” que efectivamente si recibieron tales utilidades en el tiempo correspondiente, sin dar parte a los demás socios. El antejuiciado al realizar la valoración de los documentos presentados (si lo hubiese hecho) debió prever que el allanamiento (allanamiento parcial), del demandado podría considerarse fraudulento e ilegal en cuanto, a que estaba aceptando que su representada efectivamente debía pagar la cantidad de Lps.133,713,217.00 cuando se podría apreciar que en fecha 05 de marzo de 2014 había presentado un escrito en la demanda # 0501-2012-02133-LCV en la que se oponía a pagar a los señores Ana Luisa Alvarado Mejía Y Roberto Enrique Alvarado Mejía, la cantidad de Lps.26,742,643.55. y ahora afirmaba que efectivamente debía pagar se a cada uno de los socios la cantidad de Lps.26742643.55. Cabe mencionar que el hoy antejuiciado al ser sometido a procedimiento disciplinario, por parte de la oficina de Inspectoría de Tribunales, por denuncia administrativa en su contra, misma que consta con el número 0801-2016-00467, menciona en su descargo que “efectivamente se verifico en el expediente 0501-2012-02133-LCV, la existencia de la sentencia antes mencionada” sin embargo, tal versión no es verídica, en cuanto no consta en el expediente judicial un acta firmada por su secretario, que de fé de haberse realizado tal diligencia judicial, conforme lo dispone en el artículo 349 del Código Procesal Civil. En Tercer Lugar: de acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, se ha logrado acreditar que a la fecha de dictada la sentencia, es decir 29 de abril del año 2016, las partes tanto demandantes y su apoderado legal y el apoderado legal del demandado, quienes supuestamente estuvieron presentes en la Audiencia Preliminar, no habían firmado el Acta correspondiente, al igual se logro corroborar, la inexistencia de las firmas en el Acta de dicha audiencia, tanto del Juez conocedor como del Secretario que da fe de lo realizado en esa Audiencia. Desconociéndose de nuevo el Principio del Debido Proceso y poniendo en tela de duda la comparecencia de las partes a dicha Audiencia Preliminar. EXPRESION DE AGRAVIOS En fecha 25 de Abril de 2018, la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, emite Auto, ordenando: “..DECLARAR SIN LUGAR el Antejuicio presentado en contra del funcionario judicial NELSON OMAR MADRID CHINCHILLA actual Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. En consecuencia no se autoriza a la FISCALIA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA (FEEFS-SJ) para que pueda presentar acción penal pública en su contra como autor del DELITO DE PREVARICATO…” Primero: Causa agravio la presente resolución en primer lugar, porque la Honorable Corte de Apelaciones, no valora los puntos torales, de la solicitud de antejuicio presentada en fecha 13 de marzo de 2018 por el Ministerio Público, en contra del señor Nelson Omar Madrid Chinchilla, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de Prevaricato, en perjuicio de la Administración Pública, y se limita a resolver de manera general hechos que, si son vistos de una forma aislada, dan la apariencia de haber sido realizados por desconocimiento y a veces por ingenuidad del Juez (que por todos es sabido cuenta con la suficiente capacidad y comprensión en el tema de derecho procesal civil) además tampoco le eximiría de responsabilidad penal Art. 380.2 del Código Penal. En primer lugar es sorprendente el criterio jurídico y reflejo substancial de la función jurisdiccional ejercida por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes, cuando afirma que: “….este tribunal aprecia que no era legalmente necesaria la comparecencia del señor JOSE ABRAHAN ALVARADO MEDINA, tomando en cuenta que el Código Procesal Penal Vigente, rige el Principio Dispositivo, donde la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso, la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate y la resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, asimismo los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las panes en los momentos fijados por dicho Código;…” Seguramente, bien explicado se encuentra el “Principio Dispositivo” por parte de la Corte de Apelaciones, sin embargo, tal definición y apreciación no es desconocida por el suscrito Fiscal del Ministerio Público, PERO QUE SUCEDE?: si las pretensiones de las partes son para afectar los derechos de terceros; si tales pretensiones son para defraudar y obtener beneficios en detrimento del patrimonio de terceros; si tales pretensiones no tienen fundamentos jurídicos; si tales pretensiones no tienen una base probatoria que lleve la convicción que se tiene un derecho; a criterio de la Honorable Corte de Apelaciones, al juez no le compete observar tales extremo y su sentencia será dictada con todo lo que pidan las partes aun y cuando —como ocurre en el presente caso— su solicitud sea ilegal; es increíble tal criterio jurídico, que desconoce por completo la lealtad para con la justicia pretendida no solo por nuestra Constitución de la Republica, sino además Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos y Convenios Internacionales que rigen la función jurisdiccional. Segundo: Refiere la Corte de Apelaciones en su resolución que: “Analizando la aplicación del Artículo 445 del Código Procesal Civil se justificaba la ausencia del representante de la empresa demandada, por medio de su apoderado legal, ya que si bien es cierto el citado artículo 445 exige las facultades de conciliar, renunciar, allanarse o transigir, en otro caso se les tendrá por no comparecidas; revisando el Poder Especial otorgado a favor del Abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA tiene entre otras facultades la de transigir y la citada disposición legal procesal dice “allanarse o transigir”, tal conjunción “o” es suficiente para apreciar que el apoderado de la parte demandada estaba legitimado para comparecer y celebrar aquella audiencia preliminar. De acuerdo a este criterio de la Corte Suprema de Justicia, el articulo 445 del Código Procesal Civil, quedaría en absoluto desvalor, es decir en primer lugar la Corte refiere que, en el caso concreto se justificaba la ausencia del representante de la empresa demandada, no sabemos en qué, basa esta afirmación, pues la Corte no explica los motivos que le llevan a considerar tal extremo. Debe quedar plenamente establecido que no es un antojo del demandado asistir o no a una Audiencia Preliminar, sino como ya lo recalca el Código Procesal Civil, solo por un motivo fundado podrá prescindir de su presencia. En segundo lugar, es aberrante que la Corte de Apelaciones, con ánimo de favorecer al antejuiciado, sea del criterio que el mandato expreso de transigir y allanarse sea sinónimo, transigir es: transar, negociar, llegar a un arreglo; en cambio allanarse es aceptar en todo o en parte lo demandado. El Aquo basa su resolución en la existencia de la conjunción "O" entre la palabra Transigir y Allanarse; la doctrina y los tribunales de justicia nos han enseñado en reiteradas ocasiones que la Conjunción “O” separa un verbo rector de otro, obligando al interesado a decidirse sobre uno u otro. (ver art. 1893 del Código Civil) si el Código Procesal Civil, menciona Transigir o Allanarse, es claro y preciso que tales mandatos deben ir expresamente conferidos en el “Poder” pues cada una de estas figuras tienen su momento procesal independiente en el que pueden hacerse efectivas y cada una de ellas determina un resultado completamente diferente en el proceso. Tercero: Sigue manifestando el Aquo, refiriéndose a la Audiencia Preliminar, e igualmente sigue causando agravios: “según el Artículo 447 del Código Procesal Civil: la Audiencia Preliminar sirve para: a) Para intentar la conciliación de las partes; b) para permitir el saneamiento de los defectos procesales denunciados en la contestación de la demanda; c) para fijar con precisión la pretensión y oposición, así como los términos del debate; y d) para proponer y admitir la prueba; estos aspectos procesales de la audiencia preliminar no eran necesarios evacuarse, debido que las partes fijaron su pretensión, uno el demandante y el otro allanándose, aunque si bien es cierto es una allanamiento condicional a los resultados de un Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado de la parte demandada, los resultados de aquella acción de amparo no cambiaría la posición de las partes en la demanda, ya que este el Amparo, solo incidirá sobre el primer expediente sometido al procedimiento abreviado y no sobre el segundo sometido al procedimiento ordinario, pudiese ser que aquella acción de amparo pudo haberse interpuesto para frenar la ejecución del título del otro juicio,” Resalta la contradicción y el degenere de la seguridad jurídica, cuando el Aquo, le resta importancia a un ALLANAMIENTO PARCIAL, y bajo suposiciones y adivinación del futuro, indica que “….los resultados de aquella acción de amparo no cambiaría la posición de las partes en la demanda…” se acepta por parte del Aquo, que efectivamente se estaba fraguando un fraude de ley, que cualquier persona con un mínimo de diligencia hubiese podido advertir. Que no venga ahora el juez a decir que fue sorprendido por las partes. Es importante resaltar que en el párrafo anterior el Aquo se da cuenta que existen dos expedientes, uno sometido a proceso abreviado y otro sometido a la vía ordinaria, pero no valora que el Antejuiciado también conocía tal situación, conocimiento adquirido desde el momento de la admisión de la “Demanda Para el Pago a Socios de Utilidades Declaradas en Proceso de Rendición de Cuentas” es en ese momento que el Antejuiciado se da cuenta que las partes están utilizando el sistema judicial para evadir el cumplimiento de una sentencia dictada en un proceso de “Ejecución de Titulo Judicial” derivado de una Demanda de Rendición de Cuentas, promovida por los señores Ana Luisa Alvarado y Roberto Alvarado Mejía. Es ingenuo pensar que el hoy antejuiciado fue sorprendido por las partes, tal y como lo quiere hacer ver el Aquo. Cuarto: Por otra parte manifiesta el Aquo en su resolución que: “….pudiese ser que aquella acción de amparo pudo haberse interpuesto para frenar la ejecución del título del otro juicio, pero toda esa maniobra supuesta de fraude como lo afirma el Ministerio Publico, no pudo ser detectada por el antejuiciado, ante el allanamiento efectuado por la parte demandada…..” Es imposible considerar que el hoy Antejuiciado, no pudo detectar que las partes tanto demandante como demandado, tramaron todo un proceso judicial —no solo la demanda de Amparo— con el único objeto de rematar una Sociedad obligada judicialmente a pagar a los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía una deuda millonaria, si desde el momento de admitir la demanda, la misma refiere que su origen es el expediente 0501-2012-02133-LCA, promovida por los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía, quienes tuvieron que ser citados en legal y debida forma, pues nunca fue desconocido para el hoy antejuiciado, que también eran socios de la Empresa “Sociedad Cristiana Nueva Vida S de RL” y ES INAUDITO PENSAR QUE UN JUEZ VA A RESOLVER CON LUGAR—como así lo hizo el antejuiciado— UNA DEMANDA PARA EL PAGO A SOCIOS DE LIQUIDACIÓN DE UTILIDADES DECLARADAS EN PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SIN CONOCER NI VERIFICAR LA EXISTENCIA REAL Y LOS EXTREMOS JURIDICOS DE ESTE PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, aunado a ello “SIN CONOCER” LOS ALCANCES DE LA DEMANDA Y LOS PERJUICIOS QUE SU RESOLUCIÓN OCASIONÓ A TERCEROS, eso señores magistrados, es delito, es Prevaricato. Como es posible que el hoy Antejuiciado no comprenda que el pago exigido y por el otorgado a las partes tanto demandante como demandado, no es legal, en cuanto esa cantidad de dinero (L. 26,742,643.55.) otorgada a cada uno, corresponde al total de las utilidades que los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía, dejaron de percibir desde EL AÑO DE 1993, no es un derecho de los señores José Roberto Alvarado Alvarado, Reyna Yomila Alvarado de Aguirre, Marco Antonio Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado de Cook, Jorge Armando Alvarado Medina, José Abrahán Alvarado Medina, René Enrique Alvarado Medina, sino mas bien estos señores estaban obligados judicialmente a hacer efectivo el pago indicado a los socios Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía A criterio del Ministerio Publico el hoy antejuiciado actuó con Dolo, en componenda con las partes y por lo tanto su sentencia se dictó en detrimento de los derechos de terceros. Quinto: Explica el Aquo y causa agravio con su explicación. “Una regla para evaluar el comportamiento de un imputado por delito de prevaricato es: "no es de verificar si el funcionario aplico o inaplico preceptos claros y expresos, sino de examinar si desconoció el claro sentido de una norma que por su claridad no podía ser interpretada en más de un sentido; caso en el cual no hay duda acerca de la configuración de un prevaricato. Bajo tal concepto y de lo ocurrido tanto en el escrito de la demanda y contestación, las partes no tenían nada que conciliar, tampoco se denunciaron defectos procesales, fijaron sus pretensiones en ambos escritos (demanda y contestación), no había hechos que probar (Articulo 235 y 239 del Código Procesal Civil), lo procedente era dictar la sentencia declarando con lugar la demanda, no hacerlo iría contra el principio de legalidad procesal; por lo que se observa que el Juez Antejuiciado aplico preceptos claros y expresos al caso concreto sometido a su conocimiento, no encontrando ninguna malicia en tal proceder…” Las grandes preguntas que no responde el Aquo son: ¿Cómo es que el Antejuiciado no pudo detectar que no había una resolución judicial que les diera derechos tanto a los demandantes como a los demandados, si se le pone en conocimiento un expediente -0501-2012-02133-LCA- que nunca fue a inspeccionar o por lo menos pedir la Certificación de esa Sentencia Judicial, y así tener una base jurídica para su decisión? ¿Cómo es que les otorgó derechos y cantidades millonarias de dinero, a ambas partes, sin tener a disposición documentos fehacientes de la existencia de tales utilidades? ¿Cómo es que dicta una sentencia judicial, sin tener una base factico jurídica como pilar de su decisión? ¿Cómo es que no se da cuenta de la existencia de más socios de la Empresa “Sociedad Cristiana Nueva Vida S de RE' si eran mencionados en el Escrito de la Demanda y nunca se ordenó su citación por el hoy Antejuiciado, y a quienes afectó con la sentencia por el emitida? En conclusión la sentencia señores magistrados, fue dictada de manera arbitraria y contraria a derecho. Sexto: Dice el Aquo en su resolución, y con ello causa agravios: “Tanto el MP y el Antejuiciado, si bien observan que el Acta de la Audiencia Preliminar no contiene la firmas correspondientes, si le dan existencia a la misma, al respecto esta alzada considera referir el Articulo 176 en relación con el 15 del Código Procesal Civil, ambas normativas refieren que el proceso civil es predominantemente oral, todos los actos procesales de alegación, practica de las pruebas y las sustanciación del proceso en general, se efectuaran oralmente en audiencia pública y se grabaran en soporte magnético o digital y solo en caso de ser materialmente imposible la grabación se documentara por el secretario en debida forma; el Juez Antejuiciado reconoce la existencia del soporte magnético o digital, por lo que la no existencia de las firma en dicha acta, no incide en el juicio final del antejuiciado, si ya las panes, en el escrito de la demanda y contestación fijaron sus posiciones a las cuales el juez tenía la obligación ineludible de resolver de conformidad a lo propuesto por ambas partes, sin verificar que en fondo pudo haber existido una operación de fraude, como lo afirma la FISCALIA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA (FEEFS-SJ), pero tal extremo subjetivo de las partes, resulta muy difícil para un juez de lo civil valorar la existencia de una conducta dolosa en un expediente, ya que pudiese violentar e/ principio de inocencia…” Semejante criterio jurídico que dispone la no necesidad de la firma de los intervinientes en un acta, supone un total desconocimiento de los resultados lesivos que puede provocar a la Seguridad Jurídica de un Estado, tal actitud juridicial. Es tal como lo dice el Código, materialmente imposible que pueda quedar plasmado en un soporte magnético la firma de un Acta…. por otro lado donde se encuentra ese soporte magnético...acaso el Aquo lo tuvo a la vista o mejor dicho al oído…. pues no se sabe de qué soporte magnético habla. No vamos a negar lo indicado en el artículo 176 del CPC, sin embargo, existe una obligación jurisdiccional, descrita en el artículo 153 del mismo Código, que exige las firmas de las actas. Ello debe ser así, con el solo objetivo de evitar que existan contubernios entre partes y jueces para hacer del sistema judicial, un negocio, un circo, o como en el presente proceso una forma de tergiversar el debido proceso y de ello sacar el mayor de los provechos a costa del detrimento y afectación de los derechos de terceros. Séptimo: En conclusión de la resolución antes indicada se desprende que el criterio de la Corte de Apelaciones luego de enunciar motivaciones tanto de carácter jurídico y “objetivo”, como material y subjetivo, es como bien lo indica. “…por todo ello el tribunal aprecia que las actuaciones del JUEZ NELSON OMAR MADRID CHINCHILLA, fueron adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los Jueces de la Republica en materia civil, no siendo posible enmarcar el proceder del juez dentro de hechos con apariencia delictiva, por cuanto la misma es producto de una decisión jurisdiccional sometida por las partes (demandante y demandado) al conocimiento del Juez, donde ambas partes plantearon sus posiciones sin que las mismas puedan ser cambiadas por el juez, hacerlo es violar el debido proceso, la sentencia dictada se enmarca dentro del mismo proceso, la sentencia dictada se enmarca dentro de esa facultades jurisdiccionales, no encontrando este tribunal que la misma se dictó con malicia, contraria a ley o fundamentada en hechos falsos, por lo que no encontramos que la resolución definitiva sea injusta, si en ese actuar de las partes hubo un hecho fraudulento como lo afirma la FISCALIA PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIO Y DEL SECTOR JUSTICIA (FEEFS-SJ)corresponde a otra instancia aclarar o desvirtuar ese extremo…” Este tipo de resoluciones —como la hoy impugnada— es la que causa la aberrante inseguridad jurídica que impera en Honduras; y es caldo de cultivo para la impunidad de funcionarios que aprovechando su función —eminentemente sagrada— jurisdiccional, se confabulan con particulares con el ánimo de obtener un beneficio propio o de terceros, no importando si su proceder causa las más viles de las injusticias. Es importante mencionar, la enorme contradicción que contiene la resolución impugnada, pues al momento de realizar la valoración fáctica plasmada en el expediente de mérito, transcribe literalmente (apartado SEXTO de la resolución) el informe rendido por el hoy antejuiciado, quien tratando de justificar su ilegal resolución, indica que: “…en realidad fue un error hablar de allanamiento…lo que no advertí fue la malicia de los abogados…” y la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes, avala esta burda explicación, el Ministerio Publico, no comprende entonces cual es la función de un juez hondureño, pues a nuestro criterio el Juez esta para garantizar la aplicación de justicia y es desastroso pensar que un órgano jurisdiccional pudo haber sido sorprendido de la manera tan infantil como lo describe el hoy antejuiciado (véase el Art. 6.2 del Código Procesal Civil/ sobre la responsabilidad del Juez de no dejarse sorprender por las partes.) No debemos olvidar que la función de un Juez, es proteger y asegurar —aún a costa de su vida, pues de lo contrario debe estar en otros menesteres— a los ciudadanos, el goce de la justicia Art. 1 CR. En el presente caso, el hoy antejuiciado, en ningún momento fue sorprendido ni engañado por las partes, como el mismo lo afirma, y como nos trata de confundir la Honorable Corte de Apelaciones en su resolución, sino mas bien realizó su actuación ilegal de manera dolosa, sabiendo y conociendo que su conducta era un acto criminal. Por otro lado hacer esta alegación obligaría a la Corte de Apelaciones a motivar sobre la comisión de un delito por parte del hoy antejuiciado por su actuación negligente e ignorancia inexcusable (ver Art. 380.2 del Código Penal). Octavo: Y como último agravio el Ministerio Publico, se referirá al informe rendido ante el Aquo, por el hoy Antejuiciado, quien refiere según la resolución hoy impugnada: “…que no tenía necesidad de ordenar inspección al expediente de rendición de cuentas debido que en materia civil el Juez no puede ordenar prueba y que además no conocía los detalles del Juicio de Rendición de Cuentas debido que era manejado por el otro Juez del mismo Juzgado; agrega que sobre este mismo asunto la Inspectoría de Tribunales le siguió un Procedimiento Disciplinario no encontrando ninguna responsabilidad;” Ósea que según el hoy Antejuiciado dicto un fallo “a ciegas” —paradójica dicotomía con la ceguera de Temis— el Juez está en la obligación de hacer valoraciones jurídicas, en las causa a él sometidas, de hecho es la única entidad obligada a conocer la ley en un proceso judicial —las partes se limitan a pedir— y bajo el Principio Judicial lura Novit Curia, tomará su decisión siempre, siempre, apegada a derecho, NUNCA AL ANTOJO DE LAS PARTES, eso se llama Justicia. Que el hoy Antejuiciado no tenía necesidad de ordenar inspección al “Expediente Judicial de Rendición de Cuentas” y entonces, DE QUE MANERA INTENTABA SER JUSTO, dicha inspección señores magistrados, fue solicitada por las partes en el escrito de la demanda ordinaria 0501-2016-00195 LCO, (Ver numeral 5.- del Apartados de Ofrecimiento de Medios Probatorios de la Demanda ordinaria 0501-2016-00195 LCO), por lo tanto tal Inspección no era a criterio del juez, además por la naturaleza de la demanda, era imprescindible tener conocimiento de parte del Juez, de lo resuelto en la demanda 0501-2012-02133-LCA, pues ese era el génesis del proceso sometido a su conocimiento; además en la declaración rendida en Inspectoría de Tribunales el Antejuiciado afirma haber realizado tal Inspección, ahora dice lo contrario; por otro lado también contrario a lo informado por el hoy antejuiciado, la Oficina de Inspectoría de Tribunales SI declaró su responsabilidad administrativa, en sendas resoluciones de fecha 23 de septiembre de 2016 y ratificada por la Coordinación de esa oficina en fecha 30 de Septiembre de 2016.” Contestación de Agravios del antejuiciado “CON RELACION A LA EXPRESION DE AGRAVIOS PROPIAMENTE DICHA Con relación al agravio Primero: párrafo primero La Corte de Apelaciones de lo Penal en su resolución de fecha veinticinco de abril del año en curso (2018) si valora los puntos relativos a la solicitud de antejuicio es puntual congruente y además es precisa se acepta la frase entre paréntesis de que tengo la suficiente capacidad y comprensión sobre el Código Procesal Civil cada vez continuamos aprendiendo pero no pienso lo mismo que piensa el Fiscal o la Fiscal y sus asesores con relación a lo que las normas procesales contienen pues están atribuyéndole otro sentido que el que tiene violentando el artículo 17 del Código Civil.—La Corte de Apelaciones muy responsablemente afirma que no era necesaria la presencia del señor José Abrahan Alvarado Medina a la Audiencia Preliminar porque ya antes dice la Corte que aunque de la lectura del Acta de la Audiencia Preliminar se menciona que comparecieron los apoderados legales de ambas partes, la Corte desarrolla principio dispositivo que contiene el articulo 10 y el principio de Aportación del articulo ll, pero mas adelante desarrolla la resolución lo del Articulo 445 cuando dice que se justificaba la ausencia del representante de la empresa demandada pero representada por su apoderado legal ya que si bien es cierto el citado articulo exige facultades de conciliar, renunciar„ allanarse o transigir en otro caso se les tendrá por no comparecidos, basta ver la Motivación Fáctica y Jurídica que muy responsablemente la Corte de Apelaciones ha desarrollado; como bien termina diciendo la resolución que en el Poder de representación el Abogado Omar Antonio Chávez Garcia tiene la facultad de transigir, congruente con la disposición legal en su artículo 445 dice “allanarse o transigir” razón por la que dicho apoderado legal si estaba legitimado para comparecer celebrar la audiencia preliminar. La fiscal misma reconoce en los antecedentes del presente recurso página ocho (8) segundo párrafo la existencia de un Certificado Médico Numero 050696, porque tendría que someterse a contradicción la enfermedad del señor José Abrahan Alvarado Medina.— Es importante la apreciación que la Fiscal hace con relación a que la Corte de apelaciones ha explicado muy bien el Principio Dispositivo y que es coincidente con su pensamiento.—Lo demás que aparece en la pagina 15 párrafo segundo son especulaciones y preguntas personales que se hace la Fiscal. Con relación al segundo Agravio (pagina 15) párrafo último se pregunta la fiscal que no sabe en que se basa la Corte para afirmar que en el presente caso se justificaba la ausencia del representante de la empresa; pues la respuesta la tienen ella misma tanto en la solicitud de antejuicio como en la presente expresión de agravios Pagina ocho (8) reconoce la existencia de un Certificado Médico Numero 050696 será que la fiscal desea que la Corte de apelaciones desconozca la existencia de la misma, si la presentación del Certificado Médico en el que expresan que dicho señor se encuentra imposibilitado para asistir a la audiencia. Con relación a lo expresado por la fiscal que ella encuentra aberrante que la Corte de Apelaciones sea del criterio que transigir y allanarse sean sinonimos, debo expresar que la Corte lo que ha dicho en su resolución es únicamente lo que el articulo 445 señala en el numeral primero que el representante legal en la audiencia Preliminar deberá tener poder suficiente para conciliar, renunciar, allanarse o transigir; esto es lo que el articulo dice pretender que el articulo dice otra cosa es además de faltar a la verdad es violentar el principio de buena fe y de Legalidad contenido en los artículos 6 y 7 del Código Procesal y 17 del Código Civil. Con relación al agravio tercero La fiscal transcribe lo dicho por la Corte de Apelaciones en su resolución en el cuarto párrafo de la pagina 16 Acontinuación hace un comentario la fiscal recurrente en cuanto a que no venga ahora el Juez a decir que fue sorprendido por las partes entra en contradicción consigo misma pues en la pagina doce (12) de este mismo recurso de Apelación Tercer párrafo ella misma afirma que fui sorprendido como así pasó por parte del demandante con su demanda, así como del demandado y su allanamiento fraudulento cuando la Corle de Apelaciones desarrolla el contendido de la audiencia Preliminar está diciendo para qué es la Audiencia Preliminar la que fue celebrada en su contenido del 447 hasta el momento de fijar el objeto del debate, que en realidad según se puede leer en la contestación fue materialmente imposible detectar la maniobra de fraude pues el otro juicio de rendición de cuentas no fue conocido por el Juez conocedor de la demanda de Pago; para que iba a continuar la audiencia preliminar sino habían hechos controvertidos, Con relación al agravio cuarto es únicamente un comentario especulativo de la fiscal cuando dice que es imposible considerar que el antejuiciado no pudo detectar que las partes demandante como demandado tramaron todo un proceso judicial entrando de nuevo en contradicción con lo ya manifestado en la página doce de este mismo recurso cuando dice “El Ministerio Publico considera que es una decisión arbitraria que el antejuiciado prescindiera de la Inspección Judicial al expediente 0501-2012-02133LCV pues solo de esta manera hubiese evitado ser sorprendido como así pasó por parte del demandante con su demanda como del demandado y su allanamiento fraudulento lo demás que relata la fiscal son únicamente especulaciones de ella asumiendo la personalidad de los socios Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía desconociendo que hay todo un proceso de pago contra una Sociedad Mercantil Sociedad Cristiana Nueva Vida S. de R. Con relación agravio Quinto: la recurrente transcribe lo que la Corte en resolución “Una regla para evaluar el comportamiento de un imputado por de prevaricato es: No es de verificar si el funcionario aplico o inaplico preceptos claros y expresos sino examinar si desconocio el claro sentido de una norma que por su claridad no podía ser interpretada en mas de un sentido etc pero en la página 19 únicamente hace comentarios especulativos deseo contestarle con otra pregunta porque un Juez no pensaría que si ya en una sentencia se les dio a dos determinada cantidad de dinero los demas socios por su condición les corresponde las mismas utilidades en aplicación de los artículos 28 y 29 del Código de Comercio como lo señalaron los demandantes en su demanda, no se citaron porque ya habían obtenido una sentencia a su favor, la que en ningún momento ha negado el fiscal es decir nunca ha puesto en duda la existencia de la sentencia en el juicio 0501— 2012—02133 asumo que tampoco fueron integrados a dicho Juicio. Por otro Lado es la Sociedad Mercantil cuando contesta la demanda que acepta la existencia de la sentencia y de la obligación de pago para con los otros socios; solo falta que diga la fiscal que yo elaboré la demanda la contestación.— Con relación al Agravio Sexto: Pagina 20 primero segundo párrafo, cuando la fiscal lo desee puede venir al tribunal con gusto se le da una copia de la audiencia preliminar celebrada, otra cosa son las obligaciones del Secretario a que se refiere la recurrente cuando menciona el articulo 153 expedientes “El Secretario es el responsable de la formación, conservación seguridad de los expedientes, cuidará que las actas que contengan actuaciones judiciales sean firmadas selladas por el Juez Magistrado por los que intervengan en ellas dará fe de su contenido es claro que los autos deben ser firmados por el Juez y secretario, las actas relativas al reconocimiento Judicial (Ver 349 Codigo Procesal) es decir que el Secretario ostenta la fé Publica Judicial (articulo 151) es quien debe velar porque el contenido de las actas además de las grabaciones de audio debe dejar constancia en las actas de lo que va sucediendo en las diferentes audiencias.— Ya se le ha llamado la atención a la Secretaria por la falta de firma en el acta de la audiencia preliminar que el Código Procesal Civil permite subsanar las omisiones de firmas siempre que sean congruentes con la realidad, pues los actos serán nulos cuando no pueda subsanarse el defecto del proceso (Ver 214 C.P.C.).- En el caso de autosm la Corte sostiene que no incide en nada la falta de firmas en el Acta de la Audiencia Preliminar porque en efecto en la demanda en la contestación fijaron las partes cual era su posición pues como ya se ha dicho en la preliminar no se llego proponer prueba alguna pues se estableció que la contestación no contradijo la demanda por lo que se cito a las partes para oir sentencia después de preguntarles si estaban de acuerdo: Con relación al Agravio Séptimo: Únicamente es un prejuzgamiento valoraciones personales peyorativas de la fiscal ante lo resuelto por el Tribunal de Alzada y contra el antejuiciado; Con relación al Agravio octavo este no es contra la sentencia sino con relación al informe que el suscrito Juez rindió ante la honorable Corle de Apelaciones Penal claro que el reconocimiento Judicial fue solicitado por la parte demandante pero ante la aceptación de la obligación por parte de la Sociedad Mercantil demandada y al no haber hechos controvertidos, no había objeto de debate, no habiendo objeto de debate no hubo necesidad de proponer prueba. Manifiesta la Fiscal tratando de confundir que se me encontró administrativa por parle de la Inspectoría de Tribunales no se en que denuncia pues por este caso ya he aportado anteriormente copia de la resolución administrativa definitiva por la denuncia hecha por los señores Ana Luisa Alvarado y Roberto Enrique Alvarado Mejía. En Conclusión no encuentro como los Fiscales en forma falaz me estén trasladando la malicia de los demandantes como del representante legal de la demandada Sociedad Cristiana o de los Abogados que les representaron pues yo como Juez no me doy cuenta de donde han obtenido las utilidades la Sociedad Mercantil demandada o como los obtuvo quien formó la Sociedad, ni conocí del proceso de rendición de cuentas. No acepto haber actuado con malicia o dolo pues mi actuación en el proceso fue como Juez de Letras Civil. Desconozco las razones por las cuales en un problema privado económico de los socios de esta Sociedad Mercantil ahora el Ministerio Publico me esté atribuyendo responsabilidad Penal. A la Honorable Corte de Apelaciones Penal Pido tener por contestados los agravios en definitiva remitir los antecedentes a la Sala Correspondiente.” Fundamentación Fáctica y Jurídica Naturaleza del Antejuicio: El antejuicio se define como la protección legal que tienen los Jueces y Juezas de la República, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de la jurisdicción. Concretamente, es una garantía pre-procesal que prevé que el funcionario jurisdiccional, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también –y más importante- es una garantía para la ciudadanía al ser una forma de protección de la independencia judicial, garantizándose así que el Juez o Jueza resuelva un caso concreto apegado estrictamente a la ley, sin temor de ser objeto de falsas acusaciones criminales que persigan distraerle, separarle de un caso concreto, o incluso, desprestigiarle como forma de represalia de las decisiones adoptadas. El antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo jurisdiccional e impedir que el ejercicio de esta función pública se vea perjudicada por el indebido juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo de Juez o Jueza. El Antejuicio es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cualquier Juez o Jueza de la República, como mecanismo de protección del ejercicio jurisdiccional. Características del Antejuicio: a partir de lo apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a) Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; b) Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los Jueces y Juezas de la República; c) Es un instituto de orden público y por tanto no es renunciable por parte del Juez o Jueza que este siendo cuestionado(a); d) Mediante el antejuicio se determinará si existen o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; e) El antejuicio puede operar como acción y como excepción: i) Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; ii) Como excepción: cuando el juez o jueza acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; y F) Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 L.O.A.T.), ello genera varias consecuencias: i) Aun cuando sea declarado con lugar un antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello; ii) El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; iii) El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo antejuicio contra el mismo Juez o Jueza, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer antejuicio, aporten nuevo elementos de juicio que permitan su revaloración; y, iv) La acción penal, sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como Juez o Jueza, aun cuando se haya declarado sin lugar un antejuicio entablado cuando aquella aun desempeñaba el cargo jurisdiccional. Requisitos para la procedencia del Antejuicio: Presentado que sea el antejuicio corresponde al órgano jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; a la presentación del antejuicio se verificaran el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea, una vez concluido el trámite previsto por el código de rito, se examinarán tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia en primera como en segunda instancia, en su caso, siendo estos requisitos: a) Verificación de Requisitos Formales: i) Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de éste Monopolio (Art. 25 del Código Procesal Penal), por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (Art. 17 del Código Procesal Penal) en los delitos de acción pública y los de acción pública dependiente de instancia particular (Art. 26 del Código Procesal Penal) cuando hayan superado el proceso de Conversión de la acción pública a acción privada (Art. 41 Código Procesal Penal) y en los delitos de acción privada (Art. 27 del Código Procesal Penal); ii) Que la persona contra la cual se presente el antejuicio esté en el desempeño de la función estatal de Juez o Jueza que protege ésta garantía. Si la Persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); iii) Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función jurisdiccional. Aun cuando la persona se esté desempeñando como Juez o Jueza, en los casos de los delitos no funcionales (Ejemplo: Robo, Homicidio, Violación, etc.), no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función pública; iv) El escrito del antejuicio defina claramente los hechos que el peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el antejuicio, el requisito sólo exige claridad de los presupuestos, más no certeza de los mismos. b) Verificación de Requisitos Materiales: Que al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i) Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario jurisdiccional de un caso pendiente de resolución judicial; ii) Que la acción sea un medio de intimidación, atentando así contra la independencia del funcionario jurisdiccional; iii) Que la acción sea planteada como una forma del litigante de dirigir su frustración, por una decisión judicial que le adversa, en la persona del Juez o Jueza que la emitió, con ánimo de represalia. Oportuno es señalar, que la suerte del procedimiento del antejuicio no depende de haber denunciado los hechos en la Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales o que, en su caso, esta denuncia haya sido declarada con lugar o sin lugar; igualmente, la suerte del antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el Juez o Jueza haya o no sido confirmada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un Tribunal Ad-Quem mediante el conocimiento de un Recurso Legal o mediante el conocimiento de una Garantía Constitucional[1].Del Delito de Prevaricato[2]. Entre los delitos de prevaricación, la judicial viene a ser el de más gravedad, y posiblemente sea uno de los delitos de orígenes más remotos, lo que no se imagina es que la idea de semejante responsabilidad se encuentre más arraigada en las sociedades modernas. Ya el Código Hammurabi sancionaba al Juez que cambiase una sentencia. El Derecho romano conoció la acción de perduelio frente a la violación del deber del magistrado y en la Lex Cornelia se incluyó el castigo del pretor que se apartara de la correcta aplicación de las leyes. Coincide la doctrina en que lingüísticamente el significado de prevaricación es excesivamente vago, por cuanto sólo viene a indicar un quebrantamiento voluntario de las obligaciones contraídas que, en el fondo, se da en todos los delitos de funcionarios públicos. Desde el punto de vista vulgar, prevaricar equivale a faltar alguien a sabiendas y voluntariamente a la obligación de la autoridad o cargo que desempeña, quebrantando la fe, palabra, religión o juramento. Originariamente, en latín, «prevaricación» significó «ir en camino torcido» o «atravesamiento». El Código Penal restringe el concepto a determinados modos de quebrantamiento de obligaciones específicas llevado a cabo por determinadas personas que ejercen funciones públicas o asimiladas a las mismas. Así podemos centrar gramaticalmente el concepto en faltar a las obligaciones del cargo que se desempeña; faltar un funcionario público a la justicia en actuaciones propias de su cargo, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, abarcando las dos modalidades según la forma de culpabilidad. Rodríguez Devesa considera que la prevaricación consiste en adoptar una resolución contraria a la que requieren los asuntos en que el funcionario público, y por extensión los abogados y procuradores, interviene por razón de su cargo. Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1904 indica que prevaricar significa faltar a la obligación de la autoridad o cargo que se desempeñe; señalando la de 10 de enero de 1904 que se caracteriza e integra por la intención en el funcionario de faltar deliberadamente a la justicia en sus resoluciones. Bien Jurídico. En lo que a la prevaricación judicial concierne, se tutela el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, aunque, en la mayoría de los casos también se tutelan intereses particulares. Sujeto activo. La prevaricación judicial es un delito especial propio, en los que es determinante la cualidad especial del sujeto para su existencia, sin cuya participación el hecho sería atípico. Por tanto, solamente pueden responder a título de autores los sujetos activos (jueces, funcionarios públicos, abogados y procuradores). La participación del extraneus ha de reconducirse a las figuras de coautoría o complicidad. En la prevaricación judicial, lógicamente el sujeto activo tiene que ser necesariamente un juez, de cualquier órgano jurisdiccional. Aunque el tipo habla del juez debe entenderse que también los miembros de tribunales u órganos colegiados, cuando actúan jurisdiccionalmente dictando una resolución, pueden cometer este delito. En tal caso, se trata de una coparticipación de sujetos cualificados, respondiendo colectivamente el Tribunal, salvo aquellos de sus miembros que expresa y formalmente hayan salvado su criterio discrepante, emitiendo voto particular. Conducta típica. Por razón de su tipicidad se distinguen tres órdenes de conductas: unas dolosas de acción; otras dolosas de omisión y otras culposas. 1. Prevaricación dolosa de acción (arts. 378 y 379 del CP). El núcleo del tipo consiste siempre en dictar a sabiendas una resolución injusta: el Juez que, «con malicia y verdadera conciencia de su injusticia dicte sentencia contraria a la ley». a) Malicia y conciencia de la injusticia. El Código introduce en el tipo un elemento subjetivo («malicia y verdadera conciencia de su injusticia») inequívocamente determinante de dolo específico, que excluye en estos casos la comisión culposa. Tener «conciencia de su injusticia» viene a suponer la realización de una actuación deliberadamente injusta. Como señala Conde-Pumpido «no se trata tanto de una aplicación errónea del Derecho, que el ordenamiento prevé como admisible y corregible por la vía de los recursos, cuyo fundamento es precisamente la desviación de la resolución recurrida respecto a la justicia del caso, como el dictar deliberadamente una resolución contraria a la que, según el propio razonamiento del juez, debiera ser la procedente». El simple hecho de que la resolución injusta sea corregida por vía de recurso, no excluye la eventual comisión de la prevaricación en la instancia. Ha de tenerse en cuenta que el bien jurídico protegido fundamental es el buen funcionamiento de la administración de justicia, y no el efectivo daño causado con la prevaricación, lo que únicamente sería considerado al tiempo de imponer la pena o en la posibilidad de concursos delictivos. En cualquier caso, la resolución ha de ser de absoluta notoriedad en la injusticia y no de apreciaciones discutibles en derecho, ni siquiera las erróneas de buena fe, que son las susceptibles de corregirse con los recursos oportunos. De lo contrario, se llegaría al absurdo de considerar que toda revocación de decisiones en apelación o casación llevaría consigo, al estimarse injusta o no ajustada a derecho la de instancia, su incriminación a título de prevaricación. El juez debe ser consciente de que su resolución infringe la ley o se asienta sobre una determinación viciada de los hechos, abarcando su conocimiento el carácter injusto de la decisión. b) Contraria a la Ley. El Código Penal hondureño exige que la sentencia sea injusta y contraria a la ley. Justicia y ajuste a la ley no siempre van de la mano. Si el juez dicta sentencia con conciencia de que es injusta, pero ajustada a la legalidad, no se cumple el tipo penal; y, por el contrario, si dicta una sentencia contraria a la ley, pero objetivamente justa, tampoco cometería el delito. Con todo, lo normal es que una sentencia injusta sea, a su vez, contraria a la ley. Por resolución injusta hemos de comprender aquella que es contraria al ordenamiento jurídico, pero con un plus de antijuridicidad que caracteriza al delito, de modo que su conculcación sea palmaria, evidente, clamorosa, grosera, y, en definitiva, pueda ser apreciable por cualquiera. c) Tipos de resoluciones. Las resoluciones donde se puede plasmar la injusticia son las sentencias: en juicio criminal (art. 378) o no criminal (art. 379.1). 2. Prevaricación judicial omisiva (art. 380.1 del CP). Se comete negándose a juzgar, so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley (art. 380.1 del CP). Negativa a juzgar. El artículo 193 del CPC determina que «los jueces y tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito». Es la prohibición del non liquet («la cosa no está clara»). 3. Prevaricación judicial culposa (art. 380.2 del CP) Se produce dictando por negligencia o ignorancia inexcusable una sentencia manifiestamente ilegal (art. 380.2 del CP). El delito culposo de prevaricación requiere para su existencia dos elementos: uno subjetivo, imprudencia grave o negligencia inexcusable, y un módulo objetivo: la manifiesta ilegalidad de la resolución. a) Negligencia inexcusable. Como apunta Orts, la negligencia o ignorancia inexcusables se han de entender como sinónimos de imprudencia temeraria, o lo que es lo mismo, de la falta de aquella diligencia más elemental exigible a un juez. Esta viene a ser la tesis dominante: se trata de la infracción del mínimo deber profesional y objetivo, de cuidado y de conocimiento (Octavio de Toledo); se produce cuando falta aquella diligencia elemental que es exigible a cualquiera que desempeñe las funciones judiciales (Rodríguez Devesa). b) Manifiesta ilegalidad de la resolución. El carácter ilegal ha de ser en este caso absolutamente manifiesto, lo que implica un reforzamiento de la ilegalidad por expreso imperativo del tipo. Presupuestos procesales. El procedimiento para perseguir la prevaricación judicial es el antejuicio regulado en los artículos 420 a 423 del Código Procesal Penal y su objeto es averiguar si los hechos atribuidos a un funcionario de orden judicial revisten caracteres de delito. De la Procedencia del Recurso. Los Agravios son de recibo. Luego de realizar un análisis cuidadoso e íntegro de los argumentos del Ministerio Público en su recurso de apelación, así como de la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés; observa este Tribunal de Apelación que con el fallo apelado se han causado agravios que merecen ser observados y analizados, pues los jueces deben cumplir no solo una conducta personal digna de su magistratura, sino que en el desempeño de sus funciones deben actuar conforme a los parámetros y alcances de la ley. En el primer agravio expresado por el ente acusador manifiesta que, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, estableció que no era legalmente necesaria la comparecencia del señor Jose Abrahán Alvarado Medina, como presidente de la Sociedad Cristiana Nueva Vida durante la celebración de la audiencia preliminar y en la contestación de la demanda por parte de la sociedad en la cual se allanaba condicionadamente; considera el A-quo que el Código Procesal Civil vigente rige el principio dispositivo donde la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso y la parte que se oponga fija con su resistencia el objeto del debate y la resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con la oposición del demandado. Considera la apelante que esas pretensiones no son correctas cuando afectan derechos de terceros o si tales pretensiones no tienen fundamento jurídico o no tiene base probatoria que lleve a la convicción que posee un derecho; expresa la apelante que según el fallo emitido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, al juez no le compete observar tales extremos y su sentencia debe resolverse conforme a lo que pidan las partes, aun y cuando su solicitud sea ilegal. Ante tales argumentos, este Tribunal de Apelación considera que, el juez como garante del proceso debe verificar al momento de admitir una demanda o su contestación, el cumplimiento de los postulados procesales de intervención y legitimación, así como las facultades generales y de expresa mención del poder otorgado al profesional del derecho para representación de las partes. Una vez superado ese examen, el juez fijará fecha para la celebración de la audiencia preliminar del proceso, en donde según el artículo 445 del Código Procesal Civil que regula la comparecencia de las partes en la audiencia preliminar, claramente se establece que las partes deben presentarse a la audiencia personalmente, salvo motivo fundado que justificare la comparecencia por medio de representante, pero en este caso deberá tener poder suficiente para conciliar, renunciar, allanarse o transigir, en otro caso, se les tendrá por no comparecidas. En el caso sometido a análisis, el juez antejuiciado al darse cuenta de la no presencia en la audiencia preliminar del señor Jose Abrahán Alvarado Medina, representante legal de la Sociedad Cristiana Nueva Vida, debió instar al representante procesal de la parte demandada para que justificara la no comparecencia del señor Alvarado Medina, lo cual debió quedar así plasmado en el acta respectiva, sin embargo, nada se establece sobre tal situación, inobservando con ello un imperativo judicial. Pero la cuestión no termina ahí, sino que el juzgador incumple también el segundo de los requerimientos que regula la norma procesal civil citada, el hecho de que el representante procesal de la parte debe contener las facultades de conciliar, renunciar, allanarse o transigir, y siendo que, en la contestación de la demanda, el abogado de la Sociedad Cristiana Nueva Vida responde allanándose condicionalmente a las pretensiones de los demandantes, el antejuiciado debió dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 445 del Código Procesal Civil, antes de resolver darle fin al proceso y dictar sentencia condenatoria contra la parte demandada, pues se hace evidente según el poder otorgado al representante procesal de la parte demandada, que éste no poseía la facultad expresa de allanarse, observándose por tanto el dictado de una sentencia que en apariencia es contraria a ley, elemento exigido en el tipo penal imputado al antejuiciado. En relación al segundo agravio expresado por la apelante, refiere que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, argumentó que, revisando el poder especial otorgado a favor del Abogado Omar Antonio Chávez García por parte de la Sociedad Cristiana Nueva Vida, éste contenía la facultad de expresa mención de transigir y que el precitado artículo 445 del CPC dice “allanarse o transigir” por lo que tal conjunción “o” es suficiente para apreciar que el apoderado de la parte demandada estaba legitimado para comparecer y celebrar la audiencia preliminar. Al respecto, el Ministerio Público advierte que es errado el parecer del A-quo al advertir que transigir y allanarse sean sinónimos, la doctrina nos ha enseñado que la conjunción “o” separa un verbo rector, obligando al interesado a decidirse sobre uno u otro. Al respecto este Tribunal de Apelación considera que, en efecto, los términos transigir y allanarse son facultades procesales totalmente distintas y no pueden ni deben considerarse como sinónimos, es decir, entender que si se tiene la faculta de transigir también debe entenderse que posee la de allanarse, es por eso que el legislador las ha establecido como facultades de expresa mención y no pueden considerarse que por tener una también se posee la otra. Transigir significa concluir una transacción, sobre lo que no se estima justo, razonable o verdadero, para conciliar discrepancias, evitar un conflicto o poner término al suscitado; pero con la imprescindible circunstancia de que haya recíprocas concesiones y renuncias; y por su parte, allanarse, supone la declaración expresa de voluntad del demandado de no formular oposición, de conformarse con la pretensión planteada por el demandante, y, en consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria. Es evidente que el razonamiento de la Corte de Apelaciones Penal es totalmente errado y no puede confundirse un término con otro. En el caso bajo examen, no obra en el acta de audiencia preliminar que el representante procesal de la Sociedad Cristiana Nueva Vida haya justificado la ausencia de la parte demandada, así como también, se desprende del poder a él otorgado, que no contaba con la facultad de allanarse exigida en el artículo 445 del CPC; por lo que el juez, al decidir finalizar el proceso y dictar una sentencia estimando la pretensión de la parte demandante, da apariencia de haber dictado una sentencia contraria a la de ley. En cuanto al tercer agravio establece la apelante refiriéndose a la audiencia preliminar, que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, estableció conforme al artículo 447 del CPC, que no era necesario que se evacuara todos los aspectos que refiere el articulado, pues había un allanamiento condicional a los resultados de un recurso de amparo interpuesto por el Abogado de la parte demandada y concluye el A-quo que los resultados de aquella acción de amparo no cambiaría la posición de las partes en la demanda, pues el resultado del amparo solo incidiría sobre le primer expediente sometido a procedimiento abreviado y no sobre el segundo de proceso ordinario. Expresa la apelante que el A-quo le resta importancia a un allanamiento parcial y bajo suposiciones; el mismo antejuiciado acepta que se estaba fraguando un fraude de ley, que cualquier persona diligente hubiese podido advertir, por tanto, no cabe la excusa del antejuiciado en el sentido de que fue sorprendido. El juez antejuiciado se da cuenta de la existencia de dos expedientes, uno sometido a proceso abreviado y otro por vía ordinaria, ahí se da cuenta que las partes están utilizando el sistema judicial para evadir el cumplimiento de una sentencia dictada en “Ejecución de Titulo Judicial” derivada de una demanda de rendición de cuentas promovida por los señores Ana Luisa Alvarado y Roberto Alvarado. Por lo que resulta difícil creer que el antejuiciado fue sorprendido por las partes, tal como lo hace ver el A-quo. Este Tribunal de Apelación considera que el juez antejuiciado actuó de forma incorrecta al permitir que la parte demandada, en este caso el Abogado de la Sociedad Cristiana Nueva Vida, presentara un allanamiento condicionado a la resolución de un recurso de amparo, en primer lugar porque el “allanamiento condicionado” no existe como tal en nuestro Código Procesal Civil, pues las figuras que regula la norma procesal es “allanamiento total o parcial” por lo que, desde ese mismo momento, el juzgador debió pedir a la parte demandada aclarara su posición en cuanto al allanamiento; en segundo lugar, un juez con la experiencia del antejuiciado no parece fácil poderse sorprender, pues con su vasta experiencia sabe que si existe un recurso de amparo que incidirá en la resolución final, no es posible dictar sentencia; si bien es un recurso de amparo presentado por el Abogado de la Sociedad Cristiana Nueva Vida en la demanda de rendición de cuentas presentada por los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía, no es menos cierto que en la demanda ordinaria para el pago de utilidades a socios declaradas en proceso de rendición de cuentas, presentada por la Abogada Doris Scarlett Fajardo en representación de los señores Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado de Cook, Reyna Yomila Alvarado Aguirre y de la Sociedad Cristiana Inversiones Alianza S.A. de C.V., solicitaban el pago de las utilidades con base en un dictamen pericial presentado como medio de prueba en el proceso incoado por los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía, mismo expediente que estaba pendiente de pronunciamiento en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; por lo tanto, no es cierta la apreciación de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, de que ese amparo no incidiría en la decisión tomada por el juez antejuiciado; más grave aún resulta que, ese dictamen sobre el que se estaba pidiendo el pago de utilidades no se menciona cuál es la situación particular de éstos otros socios: Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado de Cook, Reyna Yomila Alvarado Aguirre y de la Sociedad Cristiana Inversiones Alianza S.A. de C.V, en relación a las utilidades que les correspondía, sin embargo, el juez basándose únicamente en los argumentos de la parte demandante al considerar que tenían mayores acciones que los primeros, establecieron el doble de las utilidades, versión que fue aceptada así por el juez antejuiciado sin tomar ninguna previsión legal y probatoria para hacerlo, más que fundamentarse en el principio dispositivo que rige el proceso civil debido al “allanamiento condicionado” presentado por el representante procesal de la parte demandada sin que haya sido facultada para tal extremo, por lo que su actuación figura en apariencia contraria a ley. En el cuarto agravio establece la apelante, que la Corte de Apelaciones Penal concluyó: “…que la acción de amparo pudo haberse interpuesto para frenar la ejecución del título del otro juicio, pero toda esa maniobra supuesta de fraude como lo afirma el Ministerio Público, no pudo ser detectada por el antejuiciado, ante el allanamiento efectuado por la parte demandada.” Ante tales razonamientos el ente acusador considera imposible que el antejuiciado no haya detectado que las partes quisieran rematar a una sociedad obligada judicialmente a pagar a los señores Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Alvarado Mejía una deuda millonaria, mismos que tuvieron que ser citados en legal y debida forma pues no era desconocido para el antejuiciado que eran socios de la Sociedad Cristiana Nueva Vida, para la apelante resulta poco creíble que un juez resuelva con lugar una demanda para el pago de socios de liquidación de utilidades declaradas en el proceso de rendición de cuentas, sin conocer ni verificar la existencia real y los extremos jurídicos de ese proceso, sin conocer los alcances de la demanda y los perjuicios de su resolución, actuando así con dolo el juez antejuiciado. En principio, el argumento que utiliza el a-quo para justificar la conducta en apariencia de prevaricato del antejuiciado, es especulativo y no categórico, pues la Ley Sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 41, que la acción de amparo se interpone para que a la persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o bien, para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Se identifica como un error del juzgador de instancia, suponer que el amparista en aquella causa, interpuso la acción como una táctica dilatoria para evitar la ejecución de una sentencia de condena, pues ello hace caer en el campo de la especulación o de la suposición, y se aparta de los criterios lógicos que rige el sistema de valoración probatorio establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal; ahora bien no compete en esta instancia determinar si el antejuiciado actuó con dolo o con negligencia, todo lo cual debe ser dilusidado ante los Tribunales de la República si el ente acusador presentase la acusación que ahora solicita. En el quinto agravio explica el apelante, que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes expresó que las partes no tenían nada que conciliar, tampoco denunciaron defectos procesales, fijaron sus pretensiones en ambos escritos y no había hechos que probar, lo procedente era dictar la sentencia declarando con lugar la demanda, no hacerlo iría contra el principio de legalidad procesal, por lo que se observa que el juez antejuiciado aplicó preceptos claros y expresos al caso concreto sometido a su conocimiento, no encontrando ninguna malicia en tal proceder. Ante tales aseveraciones la parte apelante se pregunta, ¿Cómo es posible que el antejuiciado no pudo detectar que no había resolución judicial que les diera derechos tanto a los demandantes como a los demandados, pues se le ponía en conocimiento de la existencia de un expediente previo, además que solicitar una inspección al mismo? ¿Cómo es que les otorgó derechos y cantidades millonarias de dinero a ambas partes, sin tener documentos fehacientes de la existencia de tales utilidades? Concluyendo que el antejuiciado dictó una sentencia de manera arbitraria y contraria a derecho. En este quinto agravio expresado por el ente acusador, prácticamente se le ha dado respuesta en el apartado anterior, en el sentido de que no compete a este Tribunal de Apelación determinar si el juez antejuiciado actuó con dolo o negligencia, pues lo que se analiza a través del antejuicio es la posibilidad de que las actuaciones de los togados tengan apariencia de delito y no el estudio de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal por el cual se solicita autorización para la presentación de la acusación respectiva. En relación al quinto agravio expresado por el recurrente, tiene razón al expresar que el juez debe tomar previsiones legales y fácticas para conceder un allanamiento, pues el artículo 485 del Código Procesal Civil, establece que cuando el juez entienda que el allanamiento es contrario a la ley, al orden público o al interés general, o que se realiza en perjuicio de tercero, o que encubre un fraude de ley, dictará auto rechazándolo y mandando que el proceso continúe su curso. Es decir, el juzgador no tiene una camisa de fuerza o está atado de manera inexorable a la voluntad de las partes, sino que, debe tener una diligencia razonable para identificar aquellos supuestos en los cuales, aún y cuando se exprese acuerdo de voluntades entre las partes o haya ausencia de contradictorio, sus pretensiones no pueden ser estimadas por ir en contra de los presupuestos legales exigidos en la normativa procesal. En este sentido, este Tribunal de Apelación considera que la finalización del proceso y el dictado de la sentencia fue prematura y no debió llevarse a cabo por la falta de comparecencia del representante legal de la parte demandada a la audiencia preliminar y porque el representante procesal no estaba facultado de manera expresa -como exige la literalidad del artículo 445 del Código Procesal Civil- para allanarse a las pretensiones del actor. Aún más grave, el juzgador sin tomar en cuenta ningún sustento probatorio, decidió otorgar a favor de los demandantes, una cantidad aproximada a ciento treinta y tres millones de lempiras (L 133, 000, 000.00), pues los demandantes fundamentaron su pretensión en un dictamen pericial propuesto en una causa que aún no estaba firme y que ni siquiera fue observado por el juzgador para ponderar si les asistía o no el derecho. Todas estas circunstancias dan apariencia razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal por ser en apariencia de prevaricato. Como sexto agravio, estableció la acusadora que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, expresó que el acta de audiencia preliminar no contiene la firma correspondiente, pero la normativa procesal establece que el proceso civil es predominantemente oral, todo en la audiencia se desarrolla de forma oral y se realiza la grabación en soporte magnético digital y solo en el caso de ser materialmente imposible su grabación se documentará por el secretario en debida forma; el juez antejuiciado reconoce la existencia del soporte magnético o digital, por lo que la no existencia de las firmas en dicha acta, no incide en el juicio final del antejuiciado, si ya las partes en el escrito de la demanda y contestación fijaron sus posiciones a las cuales el juez tiene la obligación ineludible de resolver de conformidad a lo propuesto por ambas partes, sin verificar que en el fondo pudo haber existido una operación de fraude, como lo afirma el ente acusado, pero tal extremo subjetivo de las partes, resulta difícil para un juez de lo civil valorar la existencia de una conducta dolosa en un expediente, ya que pudiese violentar el principio de inocencia. Para la parte apelante es erróneo el criterio de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, pues el afirmar de la no necesidad de la firma de los intervinientes en un acta, supone un total desconocimiento de los resultados lesivos que pueden provocar a la seguridad jurídica de un Estado. Este agravio no es de recibo, considera este Tribunal de Apelación que la posición de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés, son correctos, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, se instituyeron principios que rigen toda la actividad procesal, entre ellos el artículo 15 que establece la obligatoriedad de que el proceso civil es predominantemente oral, por tanto si existe una grabación digital de la celebración de la audiencia y la misma se realizó conforme a las normas legales establecidas, este Tribunal de Apelación no observa como error que no puede ser perfectamente subsanable si se cuenta con el soporte técnico; la posición de la apelante denota aun vestigios de un proceso escrito en el cual se requería que todo fuese registrado mediante acta que elaboraba el secretario de actuaciones, sin embargo, con la nueva normativa procesal civil ya no es indispensable tal acta y su firma, pues se cuenta con la grabación magnetofónica. En cuanto al séptimo agravio expuesto por la apelante, expresa que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, determinó que las actuaciones del Juez Nelson Omar Madrid Chinchilla, fueron adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces de la República en material civil, no siendo posible enmarcar el proceder del juez dentro de los hechos con apariencia delictiva, por cuanto la misma es producto de una decisión jurisdiccional sometida por las partes al conocimiento del juez, donde ambas partes plantearon sus posiciones, la sentencia dictada se enmarca dentro del mismo proceso, la sentencia dictada se enmarca dentro de esas facultades jurisdiccionales, no encontrando ese tribunal que la misma se dictó con malicia, por lo que no encontramos que la resolución definitiva sea injusta. Tales argumentos los considera errados el ente acusador, pues considera que la función del juez civil es proteger y asegurar a los ciudadanos el goce de la justicia; expresa que en caso bajo examen en ningún momento fue sorprendido ni engañado por las partes, sino que realizó su actuación ilegal de manera dolosa, sabiendo, conociendo que su conducta era un acto criminal. Sobre este particular, esta Corte de Apelaciones quiere hacer especial énfasis que, en el proceso especial de antejuicio, no compete al juzgador determinar si la conducta realizada por el antejuiciado reúne a cabalidad los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado, pues según los presupuestos materiales del antejuicio lo que se exige es la apariencia razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal. Al inmiscuirse la instancia en lo que puede catalogarse como una conducta dolosa o culposa del antejuiciado, o si se reúnen a cabalidad todos los elementos del tipo penal, comete un error que debe ser observado y corregido por esta superioridad. Se ha pronunciado esta Corte de Apelaciones sobre las circunstancias que conllevaron al dictado de una sentencia que en apariencia es contraria a ley, presupuesto material suficiente para habilitar el ejercicio de la acción pública del ente acusador. En su último agravio expresa la apelante, que el informe rendido por el antejuiciado establece que no tenía necesidad de ordenar inspección al expediente de rendición de cuentas debido que en materia civil el juez no puede ordenar prueba y que además no conocía los detalles del Juicio de Rendición de Cuentas debido a que era manejado por otro Juez del mismo Juzgado, agrega que sobre ese punto la inspectoría de Tribunales le siguió procedimiento disciplinario y no encontró ninguna responsabilidad. Considera la impetrante que el Juez está obligado a hacer las valoraciones jurídicas en las causas a él sometidas y bajo el principio judicial de iura novit curia, tomará su decisión siempre apegada a derecho y nunca al antojo de las partes. Este último argumento expresado por la apelante, no es en sí un agravio, sino que está cuestionando el informe rendido por el juez antejuiciado y si bien la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, hace referencia al mismo en su sentencia, no toma por suyas las palabras expresadas por el antejuiciado, por tanto, no daremos respuesta a unos argumentos que no fueron vertidos por el a quo y que no se consideran agravios. En conclusión, este Tribunal de Apelación considera que en el caso del juez antejuiciado Nelson Omar Madrid Chinchilla, encontramos que, sí existen fundamentos razonables para la presentación de una acción penal, pues en las actuaciones procesales efectuadas en el ejercicio de su cargo conllevó el dictado de una sentencia en apariencia fuera del marco de la ley, por lo que es procedente declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el ente acusador, revocar la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés y autorizar al Ministerio Público si aún lo considera necesario, la presentación de requerimiento fiscal en contra del togado. Fuerte Llamado de Atención: Este Tribunal de Apelación observa que el ente acusador como parte apelante, en el momento en que redactó su recurso de apelación, utilizó palabras inadecuadas y peyorativas hacia la resolución dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula departamento de Cortes, que solo evidencia la falta de profesionalismo y ética de los fiscales a cargo de la presente causa. Se les recuerda que, si no están conformes con alguna resolución dictada por los órganos jurisdiccionales, nuestra ley cuenta con los recursos legales para impugnarlas y así hacer valer sus derechos, tal como ocurrió en el presente caso, pero no es correcto, ni ético recurrir a frases despectivas para hacer ver el malestar o la inconformidad con una resolución judicial; por lo que, se le hace fuerte llamado de atención a la fiscal encargada de la redacción y elaboración del recurso, esperando se tomen los correctivos necesarios para evitar que en próximas impugnaciones se incurra en este tipo de errores. Por Tanto: La Sala de lo Penal actuando como Corte de Apelaciones, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 3), 316 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 28 último párrafo numeral 6 de la Ley de Municipalidades, 420, 421, 422, 423 del Código Procesal Penal. Falla, Primero: Declara ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Sandra de la O, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en el antejuicio incoado contra el señor Nelson Omar Madrid Chinchilla, en su condición de Juez de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Segundo: Revoca la sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Tercero: Declara ha lugar la solicitud de antejuicio presentada contra el señor Nelson Omar Madrid Chinchilla, en su condición de Juez de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que se extienda copia simple de la presente resolución a las partes intervinientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GÚZMAN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-240-2018.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Vid Sentencia de Apelación Penal en Antejuicio SP 250-2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de junio del 2013.
[2] De Diego Diez, Alfredo. Magistrado - Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). España. Modulo Instruccional en Derecho Penal. Parte Especial, para Jueces de Letras y Defensores Públicos. PúblicosAlfredo de Diego Diez. Tegucigalpa, Honduras. Año: 2007. Páginas 336-339