Sentencia CP-239-19 — Registro 11697
Resumen
Ministerio Público interpone recurso contra resolución que declara inadmisible antejuicio interpuesto contra Alcalde Municipal de Victoria Yoro, Departamento de Yoro, por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN DE LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN: La Corte de Apelaciones de lo Penal de Cortes ha conocido en primera instancia la solicitud de antejuicio en contra de una servidora judicial con funciones jurisdiccionales; la sentencia consta de un preámbulo, antecedentes procesales, motivación fáctica y jurídica y parte dispositiva. En su contenido la Corte de Apelaciones hace análisis de los requisitos formales de la solicitud de antejuicio, concluyendo que la presentada por el Ministerio Público no satisface los requisitos previstos en el artículo 421 párrafo segundo del Código Procesal Penal, pues al escrito petitorio se le acompaño documentación que no era original ni tampoco certificada o autenticada, por lo que determino que lo procedente era declarar la inadmisibilidad de la petición. La decisión adoptada en la sentencia es contraria a lo decidido en auto de fecha 20 de septiembre de 2017, en donde el mismo tribunal declaro admisible la acción de antejuicio, junto con los documentos que le acompañaban, ordenando el tramite previsto por la ley procesal para esa clase de solicitud (F. 72); por lo que resulta antagónico que posteriormente, agotado el procedimiento y en sentencia definitiva, se declare la inadmisión de la acción. Habiéndose admitido la acción y agotándose el tramite procesal, le restaba al tribunal de primera instancia declarar con o sin lugar lo solicitado y no retrotraer el proceso a la etapa inicial declarando inadmisible la acción. Lo anterior no es objeto de agravio y por tanto no será considerado en la parte dispositiva de la sentencia. En cuanto al fundamento de la decisión (objeto de agravio): esta Corte de Apelaciones comparte el criterio del a-quo; el artículo 421 del Código Procesal Penal señala imperativamente que el Ministerio Público deberá de acompañar copias certificadas de los documentos en que funde su petición o, en su caso, deberá de señalar el lugar en donde se encuentre para ordenar su compulsa en los casos en que no los tenga en su poder. Resulta que al escrito de Antejuicio presentado el 20 de septiembre de 2017, se acompañaron cuatro fotocopias de documentos, sin haber presentado original para autenticación, sin que estén autenticados por ministro de fe o sin que estén certificados; documentos que estaban en poder del Ministerio Público, tal como lo ha señalado la apelante, y que según el tribunal de la instancia son relevantes para fundamentar la petición, pues se trata de dos cheques expedidos por el antejuiciado y se trata del informe de auditoria forense, los que en suma aportarían en elemento de fumus boni iuris (apariencia del buen derecho) a la solicitud. DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS: Manda el artículo 350 del Código Procesal Penal que, en los recursos devolutivos, como lo es el recurso ordinario de apelación, el tribunal de alzada solo se deberá de pronunciar sobre los aspectos que fueron objeto de impugnación; lo que constituye una disposición que a su vez prohíbe que los tribunales ad-quem resuelvan los recursos devolutivos considerando aspectos distintos a aquellos que el recurrente ha identificado como de su interés para ser corregido, lo que no obsta a que el tribunal de segunda instancia haga apreciaciones adicionales no vinculantes a la resolución del recurso. Es por tal disposición legal que la Sala de lo Penal dará respuesta estrictamente a aquello que el Ministerio Público ha identificado como aspectos a revisar en segunda instancia, aun cuando se haya apreciado en la sentencia apelada defectos en el pronunciamiento como se ha hecho patente en el apartado anterior. La Apelante hace reconocimiento de que a la petición de antejuicio se presentaron documentos no originales, sin autenticar o sin certificar, además hace reconocimiento de que dicha documentación estaba en poder del Ministerio Público, y finalmente hace reconocimiento de que ello fue un error. Como agravio, la Apelante increpa que el tribunal de la primera instancia debió resolver un previo, ordenando al Ministerio Público presentar los documentos originales, ello en relación con el 272 del Código Procesal Penal, el cual no tiene relación alguna con lo alegado, pues la norma dispone el deber de investigación de las autoridades estatales. Suma a que el agravio resulta impropio pues es el actor quien tiene la obligación de satisfacer los requisitos que la ley procesal prevé, y en este caso es el Ministerio Público parte llamada a ser estricta observadora de la legalidad. También como agravio que la persona que recibió el escrito de antejuicio debió advertir que las mismas eran copias, con lo cual la apelante proyecta la responsabilidad del Ministerio Público en un funcionario judicial; además olvida la apelante que los funcionarios judiciales tiene la obligación de que sus actuaciones sean dentro del canon de la imparcialidad, por lo que no podría hacer observaciones correctivas a favor de ninguna de las partes; además esta Corte de Apelaciones esta segura de que el discurso de la apelante fuese muy distinto en caso de que el funcionario judicial hubiese hecho observaciones correctivas a la representación legal del antejuiciado. Se señala como agravio que la decisión del tribunal de primera instancia ha afectado la buena administración de justicia y con lleva dilatación en los procesos; Tal agravio tampoco es de recibo, pues precisamente la buena administración de justicia se aprecia cuando se hace respeto restricto de la legalidad, tal y como en este caso el a-quo ha advertido la falta de observancia de lo mandado por el artículo 421 del cpp. Increpa la apelante que el tribunal de primera instancia haya resuelto conforme a lo pedido por la defensa privada y no a la petición de hacer Justicia; agravio que es ininteligible, pues cada una de las partes plantea pretensiones en espera de que sean concedidas (en este caso el Ministerio Público pretendió se declarase con lugar el antejuicio), correspondiendo al órgano jurisdiccional aceptar o rechazar dichas pretensiones conforme a la legalidad del caso; es un dislate señalar como agravio que el a-quo haya dado razón a la contraparte, solo porque no corresponde a la pretensión de la apelante. Además, la idea de aplicación de justicia con irrespeto a la legalidad puede ser una expresión idílica (contenida inclusive en el Decálogo del Abogado), pero cuestionable por el principio de legalidad dado que promulga desconocer que Honduras es un Estado de Derecho, declarado así en el artículo 1 de la Constitución de la República: la idea de justicia jamás deberá de ser buscada en perjuicio de la legalidad. La apelante presenta como pretensión que se reponga la decisión emitida por el tribunal de sentencia y se declare con lugar el antejuicio, entendiendo esta corte de segunda instancia que existe identidad de pretensión respecto al recurso de apelación; pretensión que es improcedente, pues subsiste el defecto de legalidad al no contarse con los documentos originales, autenticados o certificados que fundaran la petición; la omisión de la apelante es tal que ni siquiera para fundamentar el recurso de reposición interpuesto ante el tribunal de primera instancia o el recurso de apelación ante el tribunal de segunda instancia, acompañó la documentación que asegura tener el Ministerio Público, con lo cual la decisión judicial hubiese sido distinta: fue la omisión del Ministerio Público lo que dilató indebidamente el proceso. Esta Corte de Apelaciones, como antes, debe de resaltar que el proceso de antejuicio no es el foro para determinar la existencia de un hecho criminoso, mucho menos la existencia de dolo o falta de éste en las conductas que son señaladas como cuestionables; el antejuicio es un procedimiento de protección al servicio público que desempeña la persona antejuiciada, es un proceso de prejudicialidad; por ello todo lo alegado por las partes sobre la falta de acreditación del delito, falta de dolo, falta de perjuicio a la administración de justicia, etc., es irrelevante para el propósito de este procedimiento especial; lo relevante es si se cumplen o no los requisitos formales y materiales exigidos por la Ley, y en el caso de que no, esta la posibilidad de presentar la solicitud nuevamente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 423 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de francisco Morazán, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, en nombre del Estado de Honduras, La siguiente Sentencia en el Recurso de Apelación No. 239-2019, interpuesto ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha quince de marzo del año dos mil diecinueve, por la Abogada Nereyda Maradiaga Martínez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual declaró inadmisible el antejuicio, interpuesto por el Ministerio Público, promovido en fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, por la Abogada Gina Lizeth Romero Cálix, mayor de edad, hondureña, abogada, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses generales de la sociedad, contra el ciudadano Sandro Ovilson Martínez Urbina, en su condición de Alcalde Municipal de Victoria Yoro, Departamento de Yoro, por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública. Son Partes en Segunda Instancia: Se personaron ante la Segunda Instancia la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Apelante y el Abogado Nery Antonio Bautista García, apoderado legal del Señor Sandro Ovilson Martínez Urbina. Antecedentes Procesales Primero: En fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el Ministerio Público presento Antejuicio en contra del Señor Sandro Ovilson Martínez Urbina, por actuaciones realizadas como alcalde de la Municipalidad de Victoria, Departamento de Yoro, solicitando autorización para presentar acción penal por suponerlo responsable como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Segundo: En fecha veintiocho de Febrero de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Cortes, tras haber conocido en primera instancia la solicitud de antejuicio, dicto sentencia resolviendo declarar “Inadmisible” la petición del Ministerio Público, al considerar que “… todos los documentos que se acompañan con el antejuicio, relevantes para dar fundamento al mismo, no son originales, sino fotocopias que no fueron certificadas, como exige taxativamente el art. 421 párrafo segundo [cpp]” Tercero: No conforme con lo resuelto por el tribunal colegiado de primera instancia el Ministerio Público interpuso recurso ordinario devolutivo de apelación, señalando que causa agravio: *Se debió requerir al Ministerio Público para que presentara los documentos originales, lo que se relaciona con el art. 272 del Código Procesal Penal; y *La decisión afecta la administración de justicia, pues dilata el proceso, resolviendo de conformidad con lo peticionado por la defensa y no conforme a la justicia. Al final de su escrito el Ministerio Público señala como pretensión que se reponga la decisión del tribunal de primera instancia y con ello que se restaure el derecho. Cuarto: La representación legal del antejuiciado, en su oportunidad de responder los agravios, señaló los documentos originales de sustentación de la petición debieron presentarse originales o copias certificadas como lo exige el artículo 421 del Código Procesal Penal; además señaló que solo en materia procesal civil es que el señalamiento de subsanación a los errores de presentación de las acciones, lo cual no se dispone en materia procesal penal. Por lo expresado consideran que la decisión tomada por el tribunal de primera instancia es la correcta. Fundamentación jurídica Primero: Del Recurso De Apelación.- El sistema de impugnación tiene por objeto el control general de la regularidad de los actos procesales y, en especial, la actividad del tribunal, principalmente por medio de sus resoluciones. Concretamente el objeto detrás de cada medio (remedio) de impugnación es el restablecimiento del derecho violado y cuya violación ha causado un perjuicio (agravio) a una persona con el objeto de garantizar sus derechos. Entre los medios de impugnación se encuentran los recursos, los cuales constituyen una la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios provoca que el mismo u otro Tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no lo ordenado mientras esto ocurre; debe entenderse como agravio cuando la diferencia entre lo solicitado por una parte y lo resuelto por el Tribunal, causa un perjuicio efectivo y concreto, por efecto de inobservancia de la ley. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución de la República, referente al derecho fundamental a la doble instancia Entre los Recursos dispuestos por el Legislador, encontramos el de Apelación, que conforme su configuración legal, constituye el principal recurso ordinario, teniendo por objeto, tal y como se ha señalado ya, que una resolución judicial sea revisada por un Tribunal diferente al que la dictó, en el marco de los agravios fijados por el recurrente, el que adquiere el nombre de Apelante. El recurso de apelación constituye el recurso por excelencia, teniendo como características: a. Es un recurso Ordinario: Contra la resolución recurrida se puede plantear cualquier motivo; b. Taxatividad Objetiva: Solo puede interponerse recurso de apelación contra las resoluciones expresamente autorizadas por la Ley; c. Recurso Devolutivo: La decisión de la impugnación es tomada por un órgano jurisdiccional superior; y d. Garantía de aplicación del Derecho: La resolución pasa a un segundo examen, pudiendo ser únicamente revocada, confirmada o reformada. La norma procesal determina que constituyen principios rectores de este recurso los siguientes: 1. El Efecto Extensivo De Los Recursos: La resolución del tribunal podrá extenderse para favorecer a las personas imputadas que se encuentren en la misma situación jurídica que la parte apelante, aun cuando no hayan impugnado la resolución; contrario sensu, por el efecto restrictivo, la resolución no podrá extender sus efectos a otras personas imputadas, aun cuando se encuentren en la misma situación jurídica, cuando el recurso lo haya interpuesto la parte actora (Ministerio Público o acusación Privada), en contra de uno de ellos específicamente; 2. El Efecto Devolutivo del Recurso de Apelación Limitado (Cuantum Apelatum, Tantum Devolutum): La decisión que tome el Tribunal de Apelaciones tendrá como limite el marco de competencia fijado en la expresión de agravios, de modo que no podrá resolver sobre cuestiones distintas a las impugnadas (Art. 350 del CPP); ello no limita al Tribunal de apelación de pronunciarse sobre los aspectos de hecho o jurídicos que crea que son importantes en la causa, para efectos ilustrativos, sin que ello sea objeto de pronunciamiento resolutorio; 3. No reforma en Perjuicio (Non Reformatio in Peius): La resolución no podrá empeorar la condición jurídica de la persona imputada, cuando sea ésta la parte apelante; salvo en los casos donde igualmente se resuelva impugnación por parte actora de la acusación, pudiendo agravar el tribunal de apelación la situación de la persona imputada hasta el límite de lo solicitado por ésta, conforme a la expresión de agravios (Reformatio In Melius). Segundo: Del Antejuicio Naturaleza Del Antejuicio: El Antejuicio se define como la protección legal que tienen algunos/as funcionarios/as del Estado, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos/as, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de sus funciones públicas.- Concretamente es una garantía pre-procesal, que prevé que el/la funcionario/as del Estado, no sea perturbado/a con acusaciones criminales indebidas, pero también, y más importante, es una garantía para la Ciudadanía para que se vea beneficiada de una correcta administración pública ejecutada por funcionarios/as del Estado que no tengan la necesidad de distraerse en falsas acusaciones criminales que persigan separarle de sus funciones.- El Antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo público. El Antejuicio ha sido asociado como una figura de protección para el ejercicio jurisdiccional, sin embargo, la misma no es exclusiva para los Jueces y Juezas, dado que la ley prevé tal protección para otro tipo de servidores públicos, entre ellos: los miembros de la Comisión de Banca y Seguros, los miembros de la Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia, miembros de la Junta Administradora del Fondo de Seguros de Depósitos, alcaldes, Vicealcaldes y Regidores Municipales. (Artículos 7 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 25 de la Ley para la Defensa y la Promoción de la Competencia, 17 de la Ley de Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero, 28 de la Ley de Municipalidades, respectivamente). - El Antejuicio es entonces un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cierto funcionarios y funcionarias del Estado, como mecanismo de protección del ejercicio de funciones públicas. Características del Antejuicio: A partir de lo apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a. Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; b. Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función pública, encomendada a ciertos funcionarios y funcionarias del Estado; c. Es un instituto de Orden Público y por tanto no es renunciable por parte del funcionario o funcionaria pública que este siendo cuestionado(a); d. Mediante el Antejuicio se determinará si existen o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; e. El Antejuicio puede operar como acción y como excepción: i.- Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; ii.- Como excepción: cuando el juez o jueza acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; y f. Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 L.O.A.T.), ello genera varias consecuencias: i.- Aun cuando sea declarado Con Lugar un antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello; ii.- El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un Antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; iii.- El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo antejuicio contra el mismo Juez o Jueza, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer Antejuicio, aporten nuevos elementos de juicio que permitan su revaloración; y, iv.- La acción Penal, sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como funcionario o funcionaria pública, aun cuando se haya declarado sin lugar un Antejuicio entablado cuando desempeñaba el cargo público. Requisitos para la procedencia del Antejuicio: Presentado que sea el Antejuicio corresponde al Órgano Jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; a la presentación del Antejuicio se verificaran el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea, una vez concluido el tramite previsto por el Código de Rito, se examinaran tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia en primera como en segunda instancia, en su caso, siendo estos requisitos: a. Verificación de Requisitos Formales: i.- Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de éste Monopolio (Art. 25 del CPP), por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (Art. 17 del CPP) en los delitos que hayan superado el proceso de Conversión de la Acción Pública a Acción Privada (Art. 41 CPP), y en los delitos de acción privada (Art. 27 CPP); ii.- Que la persona contra la cual se presente el antejuicio esté en el desempeñando de la función pública que protege ésta garantía. - Si la Persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); iii.- Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función pública. - Aun cuando la persona se esté desempeñando como funcionario o funcionaria del Estado, en los casos de los delitos no funcionales (Ejemplo: Robo, Homicidio, lesiones, etc.), no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función pública; iv.- El escrito del Antejuicio defina claramente los hechos que el Peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el Antejuicio, el requisito solo exige claridad de los presupuestos, mas no certeza de estos. b. Verificación de Requisitos Materiales: Que, al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el Actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i.- Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario público de sus funciones; ii.- Que la acción sea un medio de intimidación, en contra del funcionario público que no ha cedido a presiones en su correcto actuar; iii.- Que el hecho imputado no tenga apariencia de delito; iv.- Que la acción sea planteada como una forma de represalia por una decisión adoptada por el funcionario/a público/a, adversa al actor. Oportuno es señalar que la suerte del procedimiento del Antejuicio no depende de que se haya agotado otras instancias diferentes, como la civil, laboral o administrativa, por cuanto el antejuicio, al encontrarse dentro del Derecho Procesal Penal, interesa solamente determinar si existe mérito o no para la presentación del correspondiente requerimiento fiscal, sin que ello tenga vinculación con otro tipo de acciones que pudiesen tomarse en relación al hecho imputado, ya sea en contra de la entidad a favor de la cual el Funcionario Público trabaje o en contra de éste a título personal. (Salvo para los miembros de la Junta Administradora del Fondo de Seguro de Depósitos, contra quienes no podrá intentarse el Antejuicio sino hasta después de haberse declarado con lugar las reclamaciones que se hayan hecho en proceso judicial contencioso administrativo. - Artículo 17 de la Ley de Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema Financieros). Tercero: Procedencia Del Recurso De Apelación De la Sentencia venida en Apelación: La Corte de Apelaciones de lo Penal de Cortes ha conocido en primera instancia la solicitud de antejuicio en contra de una servidora judicial con funciones jurisdiccionales; la sentencia consta de un preámbulo, antecedentes procesales, motivación fáctica y jurídica y parte dispositiva. En su contenido la Corte de Apelaciones hace análisis de los requisitos formales de la solicitud de antejuicio, concluyendo que la presentada por el Ministerio Público no satisface los requisitos previstos en el artículo 421 párrafo segundo del Código Procesal Penal, pues al escrito petitorio se le acompaño documentación que no era original ni tampoco certificada o autenticada, por lo que determino que lo procedente era declarar la inadmisibilidad de la petición. La decisión adoptada en la sentencia es contraria a lo decidido en auto de fecha 20 de septiembre de 2017, en donde el mismo tribunal declaro admisible la acción de antejuicio, junto con los documentos que le acompañaban, ordenando el tramite previsto por la ley procesal para esa clase de solicitud (F. 72); por lo que resulta antagónico que posteriormente, agotado el procedimiento y en sentencia definitiva, se declare la inadmisión de la acción. Habiéndose admitido la acción y agotándose el tramite procesal, le restaba al tribunal de primera instancia declarar con o sin lugar lo solicitado y no retrotraer el proceso a la etapa inicial declarando inadmisible la acción. Lo anterior no es objeto de agravio y por tanto no será considerado en la parte dispositiva de la sentencia. En cuanto al fundamento de la decisión (objeto de agravio): esta Corte de Apelaciones comparte el criterio del a-quo; el artículo 421 del Código Procesal Penal señala imperativamente que el Ministerio Público deberá de acompañar copias certificadas de los documentos en que funde su petición o, en su caso, deberá de señalar el lugar en donde se encuentre para ordenar su compulsa en los casos en que no los tenga en su poder. Resulta que al escrito de Antejuicio presentado el 20 de septiembre de 2017, se acompañaron cuatro fotocopias de documentos, sin haber presentado original para autenticación, sin que estén autenticados por ministro de fe o sin que estén certificados; documentos que estaban en poder del Ministerio Público, tal como lo ha señalado la apelante, y que según el tribunal de la instancia son relevantes para fundamentar la petición, pues se trata de dos cheques expedidos por el antejuiciado y se trata del informe de auditoria forense, los que en suma aportarían en elemento de fumus boni iuris (apariencia del buen derecho) a la solicitud. De los Agravios Expresados: Manda el artículo 350 del Código Procesal Penal que, en los recursos devolutivos, como lo es el recurso ordinario de apelación, el tribunal de alzada solo se deberá de pronunciar sobre los aspectos que fueron objeto de impugnación; lo que constituye una disposición que a su vez prohíbe que los tribunales ad-quem resuelvan los recursos devolutivos considerando aspectos distintos a aquellos que el recurrente ha identificado como de su interés para ser corregido, lo que no obsta a que el tribunal de segunda instancia haga apreciaciones adicionales no vinculantes a la resolución del recurso. Es por tal disposición legal que la Sala de lo Penal dará respuesta estrictamente a aquello que el Ministerio Público ha identificado como aspectos a revisar en segunda instancia, aun cuando se haya apreciado en la sentencia apelada defectos en el pronunciamiento como se ha hecho patente en el apartado anterior. La Apelante hace reconocimiento de que a la petición de antejuicio se presentaron documentos no originales, sin autenticar o sin certificar, además hace reconocimiento de que dicha documentación estaba en poder del Ministerio Público, y finalmente hace reconocimiento de que ello fue un error. Como agravio, la Apelante increpa que el tribunal de la primera instancia debió resolver un previo, ordenando al Ministerio Público presentar los documentos originales, ello en relación con el 272 del Código Procesal Penal, el cual no tiene relación alguna con lo alegado, pues la norma dispone el deber de investigación de las autoridades estatales. Suma a que el agravio resulta impropio pues es el actor quien tiene la obligación de satisfacer los requisitos que la ley procesal prevé, y en este caso es el Ministerio Público parte llamada a ser estricta observadora de la legalidad. También como agravio que la persona que recibió el escrito de antejuicio debió advertir que las mismas eran copias, con lo cual la apelante proyecta la responsabilidad del Ministerio Público en un funcionario judicial; además olvida la apelante que los funcionarios judiciales tiene la obligación de que sus actuaciones sean dentro del canon de la imparcialidad, por lo que no podría hacer observaciones correctivas a favor de ninguna de las partes; además esta Corte de Apelaciones esta segura de que el discurso de la apelante fuese muy distinto en caso de que el funcionario judicial hubiese hecho observaciones correctivas a la representación legal del antejuiciado. Se señala como agravio que la decisión del tribunal de primera instancia ha afectado la buena administración de justicia y con lleva dilatación en los procesos; Tal agravio tampoco es de recibo, pues precisamente la buena administración de justicia se aprecia cuando se hace respeto restricto de la legalidad, tal y como en este caso el a-quo ha advertido la falta de observancia de lo mandado por el artículo 421 del cpp. Increpa la apelante que el tribunal de primera instancia haya resuelto conforme a lo pedido por la defensa privada y no a la petición de hacer Justicia; agravio que es ininteligible, pues cada una de las partes plantea pretensiones en espera de que sean concedidas (en este caso el Ministerio Público pretendió se declarase con lugar el antejuicio), correspondiendo al órgano jurisdiccional aceptar o rechazar dichas pretensiones conforme a la legalidad del caso; es un dislate señalar como agravio que el a-quo haya dado razón a la contraparte, solo porque no corresponde a la pretensión de la apelante. Además, la idea de aplicación de justicia con irrespeto a la legalidad puede ser una expresión idílica (contenida inclusive en el Decálogo del Abogado), pero cuestionable por el principio de legalidad dado que promulga desconocer que Honduras es un Estado de Derecho, declarado así en el artículo 1 de la Constitución de la República: la idea de justicia jamás deberá de ser buscada en perjuicio de la legalidad. La apelante presenta como pretensión que se reponga la decisión emitida por el tribunal de sentencia y se declare con lugar el antejuicio, entendiendo esta corte de segunda instancia que existe identidad de pretensión respecto al recurso de apelación; pretensión que es improcedente, pues subsiste el defecto de legalidad al no contarse con los documentos originales, autenticados o certificados que fundaran la petición; la omisión de la apelante es tal que ni siquiera para fundamentar el recurso de reposición interpuesto ante el tribunal de primera instancia o el recurso de apelación ante el tribunal de segunda instancia, acompañó la documentación que asegura tener el Ministerio Público, con lo cual la decisión judicial hubiese sido distinta: fue la omisión del Ministerio Público lo que dilató indebidamente el proceso. Esta Corte de Apelaciones, como antes, debe de resaltar que el proceso de antejuicio no es el foro para determinar la existencia de un hecho criminoso, mucho menos la existencia de dolo o falta de éste en las conductas que son señaladas como cuestionables; el antejuicio es un procedimiento de protección al servicio público que desempeña la persona antejuiciada, es un proceso de prejudicialidad; por ello todo lo alegado por las partes sobre la falta de acreditación del delito, falta de dolo, falta de perjuicio a la administración de justicia, etc., es irrelevante para el propósito de este procedimiento especial; lo relevante es si se cumplen o no los requisitos formales y materiales exigidos por la Ley, y en el caso de que no, esta la posibilidad de presentar la solicitud nuevamente. DECISIÓN: Declarar no ha lugar el recurso de apelación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 305, 313.3, 321 y 323 de la Constitución de la República; artículo 127 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales; artículos 25, 55.6, 56.1, 61, 92, 354.5, 420, 421 y 423 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Confirma la sentencia de primera instancia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Cortes en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.- Manda.- Que la Secretaria del Tribunal notifique a las partes personadas en segunda instancia la presente resolución y una vez firme devuelva la foliada judicial al tribunal de primera instancia. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Apelación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-239-2019.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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