Sentencia CP-238-17 — Registro 11696
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en infracción del artículo 96 de la Constitución de la República, en relación a la falta de aplicación retroactiva de los artículos 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014. El artículo 96 de la Constitución de la República, establece: “Artículo 96: La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Argumenta que la sentencia que se impugna infringe el principio de retroactividad de la ley penal al no aplicar el juzgador lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-2013, que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución; y del Decreto N. 63-2014, que establece la prórroga por seis meses del decreto anterior, a partir del día de su publicación en el Diario oficial La Gaceta. El juzgador de instancia declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: Que en a catorce (14) de Septiembre del año dos mil trece (2013) la Policía Nacional Preventiva realizaba un operativo de control vehicular en el sitio conocido como La Sabana, jurisdicción de Potrerillos, departamento de Cortés, carretera que conduce a Tegucigalpa, cuando observaron un vehículo tipo pick up, color negro, conducido por el señor Alberto Hernández Lemus, quien evitó el operativo, razón por la cual los Policías presentes le dieron persecución, y al detenerlo lo sometieron a un registro personal, encontrándole en la espalda un arma de fuego, tipo pistola, marca Tangfolio, serie AB52066, calibre 9 milímetros, en buen estado de funcionamiento mecánico como operativo, sin el permiso de portación respectivo, siendo puesto a la orden de la autoridad competente.” A la sentencia recurrida no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución de la República, en relación a la falta de aplicación retroactiva de los artículos 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014, en virtud de que a este tipo de casos no le es aplicable el principio de retroactividad de la ley penal. Lo anterior, debido a que tanto el Decreto Legislativo No.183-2013 establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución; y, el Decreto Legislativo No.63-2014, prorroga la vigencia del Decreto Legislativo anterior, no tienen ningún efecto derogatorio sobre la disposición contenida en el artículo 332 B del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de Portación ilegal de Arma de fuego comercial, por tratarse de decretos de naturaleza administrativa, orientados en este caso, a que los ciudadanos que tengan en su poder armas de fuego de tipo comercial sin permiso de portación, procedan durante su vigencia, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y con ello contribuir al control de armas ilegales y reducción de delitos, entre otras propósitos de dichos decretos. Al ser leyes administrativas, carecen del efecto retroactivo exclusivo de las normas estrictamente penales, por lo que dichos Decretos Legislativos no limitan, impiden, restringen, interfieren, derogan, ni suspenden en la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal. Por otra parte, de los hechos declarados probados por el juzgador no se deduce que el acusado Alberto Hernández Lemus al momento de portar el arma de fuego tipo pistola, marca Tanfoglio, serie AB52066, calibre 9 milímetros, en buen estado de funcionamiento mecánico como operativo, sin el permiso de portación respectivo y no respetar la señal policial de alto al pasar en su vehículo un retén policial y ser detenido después de una persecución policial, haya tenido en ese momento la intención de cumplir con los fines administrativos -letra y espíritu- de los Decretos Legislativos 183-2013 y 63-2014 que invoca como infringidos por falta de aplicación retroactiva. Por el contrario, ha sido terminantemente probado por el juzgador que el acusado Alberto Hernández Lemus al momento de su detención portaba el arma de fuego de tipo comercial sin el permiso respectivo. Al aplicar el juzgador a los hechos declarados probados lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal y condenar al señor Alberto Hernández Lemus, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, no ha infringido el precepto Constitucional, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por la falta de aplicación retroactiva de los artículos 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014, por las razones expuestas. DECISIÓN: esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de Precepto Constitucional, invocado por la Abogada Carla Suyapa Martínez Villatoro, en su condición de Defensora Pública del señor Alberto Hernández Lemus..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, coordinador, Alma Consuelo Guzmán García, y José Olivio Rodríguez Vázquez, ha pronunciado En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-238-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Condenó al señor Alberto Hernández Lemus, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena principal de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Se le decretó la Suspensión de la Ejecución de la Pena al señor Alberto Hernández Lemus por el período se cinco años. Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil al señor Alberto Hernández Lemus. Quinto: Se decretó el comiso del arma, tipo pistola, marca Tanfoglio, serie AB52066, calibre 9 milímetros, color negro, con su respectivo cargador y diez proyectiles sin percutir. Son Partes: Los Abogados Mario Reniery Amador y Alba Regina Paniagua, en su condición de defensores públicos del señor Alberto Hernández Lemus, como parte recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: Que en fecha catorce (14) de Septiembre del año dos mil trece (2013) la Policía Nacional Preventiva realizaba un operativo de control vehicular en el sitio conocido como La Sabana, jurisdicción de Potrerillos, departamento de Cortés, carretera que conduce a Tegucigalpa, cuando observaron un vehículo tipo pick up, color negro, conducido por el señor Alberto Hernández Lemus, quien evitó el operativo, razón por la cual los Policías presentes le dieron persecución, y al detenerlo lo sometieron a un registro personal, encontrándole en la espalda un arma de fuego, tipo pistola, marca Tangfolio, serie AB52066, calibre 9 milímetros, en buen estado de funcionamiento mecánico como operativo, sin el permiso de portación respectivo, siendo puesto a la orden de la autoridad competente.” Recurso de Casación: La Recurrente Abogada Carla Suyapa Martínez Villatoro, en su condición de defensora pública del señor Alberto Hernández Lemus, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción del artículo 96 de la Constitución de la República en relación a la falta de aplicación retroactiva de los artículos 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: La norma constitucional que se denuncian como infringida dispone que la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado, (artículo 96 CR). SEGUNDO: En el caso de mérito, el Juzgador, luego de valorar la prueba evacuada en el juicio, declaró terminantemente probado, el HECHO ÚNICO siguiente: “UNICO: Que en fecha catorce (14) de Septiembre del año dos mil trece (2013) la Policía Nacional Preventiva realizaba un operativo de control vehicular en el sitio conocido como La Sabana, jurisdicción de Potrerillos, departamento de Cortés, carretera que conduce a Tegucigalpa, cuando observaron un vehículo tipo pick up, color negro, conducido por el señor ALBERTO HERNÁNDEZ LEMUS, quien evitó el operativo, razón por la cual los Policías presentes le dieron persecución, y al detenerlo lo sometieron a un registro personal, encontrándole en la espalda un arma de fuego, tipo pistola, marca Tangfolio, serie AB52066, calibre 9 milímetros, en buen estado de funcionamiento mecánico como operativo, sin el permiso de portación respectivo, siendo puesto a la orden de la autoridad competente.” TERCERO: El Juzgador consideró que el referido hecho probado se subsume en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal a pesar que entre el encuentro del arma comercial en poder del señor ALBERTO HERNÁNDEZ LEMUS, 14 de septiembre de 2013, y el dictado de la sentencia impugnada, 18 de octubre de 2016, estuvieron vigentes los Decretos Legislativos 184-2013 y 63-2014, que establecieron un período de veda de un año y seis meses a partir del 5 de octubre de 2013, para que las personas pudieran legalizar la tenencia de armas de fuego comerciales, ello implicó dejar en suspenso la aplicación del artículo 332-B del Código Penal durante la vigencia de la veda, de lo anterior resulta que los Decretos Legislativos 184-2013 y 63-2014 constituyen, en el caso de mérito, leyes penales intermedias, mismas que son favorables al señor ALBERTO HERNÁNDEZ LEMUS y por disposición del artículo 96 de la Constitución de la República ellas deben ser aplicadas retroactivamente; pero el Juzgador en el numeral primero de la FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, del fallo impugnado, y en una abierta infracción al artículo 96 de la Constitución de la República, niega la aplicación retroactiva de los referidos Decretos, porque según él, tales Decretos no son leyes penales porque no tipifican delitos ni penas a imponer, criterios que consideramos equivocados, razón por la cual el negar la aplicación retroactiva de los Decretos 184-2013 y 63-2014 y calificar la tenencia del arma de fuego comercial encontrada en poder del señor ALBERTO HERNÁNDEZ LEMUS al momento de su captura, como constitutiva del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL con fundamento en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, cuya vigencia fue suspendida durante parte del proceso seguido contra el señor ALBERTO HERNÁNDEZ LEMUS, como antes lo indicamos, implica una infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 96 de la Carta Magna, por falta de su aplicación en relación con los artículos 2 del Decreto Legislativo 184-2013 y 1 del Decreto Legislativo 63-2014. CUARTO: Sobre la interpretación de los decretos que establecen una veda que permitía que las personas pudieran legalizar la tenencia de armas de fuego comerciales, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que: “Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 b del Código Penal, al regir el artículo 2 del decreto 69- 2007, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo de seis meses otorgado por la disposición intermedia[1]”. El razonamiento anterior solicitamos sea observado en la causa seguida contra el señor ALBERTO HERNÁNDEZ LEMUS, como lo ha venido propugnando la defensa pública del referido imputado. PRETENSIÓN RECURSIVA La pretensión perseguida con el presente recurso de casación es que se declare la falta de aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República en relación a los artículos 2 del Decreto Legislativo 184-2013 y 1 del Decreto Legislativo 63-2014, consecuentemente se absuelva de toda responsabilidad penal al señor ALBERTO HERNÁNDEZ LEMUS por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial.” Fundamentación Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional. Infracción del artículo 96 de la Constitución de la República, en relación a la falta de aplicación retroactiva de los artículos 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014. Motivo Único: Normas autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Infracción del artículo 96 de la Constitución de la República, en relación a la falta de aplicación retroactiva de los artículos 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Resumen: Infracción de Precepto Constitucional del artículo 96 de la Constitución de la República, en relación a la falta de aplicación retroactiva de los artículos 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014. El juzgador consideró que el hecho probado se subsume en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal a pesar de que el encuentro del arma comercial en poder del señor Alberto Hernández Lemus, el 14 de septiembre de 2013 y el dictado de la sentencia impugnada el 18 de octubre de 2016, estuvieron vigentes los Decretos Legislativos 184-2013 y 63-2014, que establecieron un período de veda de un año y seis meses a partir del 5 de octubre de 2013, para que las personas pudieran legalizar la tenencia de armas de fuego comerciales, lo que implicó dejar en suspenso la aplicación del artículo 332-B del Código Penal durante la vigencia de la veda. Resulta que los Decretos Legislativos 184-2013 y 63-2014 constituyen, en el caso de mérito, leyes penales intermedias, que son favorables al señor Alberto Hernández Lemus y por disposición del artículo 96 de la Constitución de la República deben ser aplicadas retroactivamente, pero el juzgador en el numeral primero de la Fundamentación Jurídica del fallo impugnado, y en una abierta infracción al artículo 96 de la Constitución de la República, niega la aplicación retroactiva de los referidos decretos, porque según él, no son leyes penales porque no tipifican delitos, ni penas a imponer, criterios que consideramos equivocados, razón por la que al negar la aplicación retroactiva de los Decretos 184-2013 y 63-2014 y calificar la tenencia del arma de fuego comercial encontrada en poder del señor Alberto Hernández Lemus al momento de su captura, como constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial con fundamento en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, cuya vigencia fue suspendida durante parte del proceso seguido contra el señor Alberto Hernández Lemus, implica una infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 96 de la Carta Magna. Concepto general del recurso: El Consultor Internacional Don José Luis Leyva Muñoz, considera que el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[2] Concepto específico El Juzgador consideró que el hecho probado se subsume en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal a pesar de que el hecho sometido a juzgamiento, es decir el encuentro del arma comercial en poder del señor Alberto Hernández Lemus, 14 de septiembre de 2013, y el dictado de la sentencia impugnada, 18 de octubre de 2016, estuvieron lugar durante la vigencia de los Decretos Legislativos 184-2013 y 63-2014, que establecieron un período de veda de un año y seis meses a partir del 5 de octubre de 2013, para que las personas pudieran legalizar la tenencia de armas de fuego comerciales. El juzgador debió dejar en suspenso la aplicación del artículo 332-B del Código Penal durante la vigencia de la veda. Los Decretos Legislativos 184-2013 y 63-2014 constituyen leyes penales intermedias, que son favorables al señor Alberto Hernández Lemus y por disposición del artículo 96 de la Constitución de la República deben ser aplicadas retroactivamente. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en infracción del artículo 96 de la Constitución de la República, en relación a la falta de aplicación retroactiva de los artículos 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014. El artículo 96 de la Constitución de la República, establece: “Artículo 96: La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Argumenta que la sentencia que se impugna infringe el principio de retroactividad de la ley penal al no aplicar el juzgador lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-2013, que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución; y del Decreto N. 63-2014, que establece la prórroga por seis meses del decreto anterior, a partir del día de su publicación en el Diario oficial La Gaceta. El juzgador de instancia declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: Que en a catorce (14) de Septiembre del año dos mil trece (2013) la Policía Nacional Preventiva realizaba un operativo de control vehicular en el sitio conocido como La Sabana, jurisdicción de Potrerillos, departamento de Cortés, carretera que conduce a Tegucigalpa, cuando observaron un vehículo tipo pick up, color negro, conducido por el señor Alberto Hernández Lemus, quien evitó el operativo, razón por la cual los Policías presentes le dieron persecución, y al detenerlo lo sometieron a un registro personal, encontrándole en la espalda un arma de fuego, tipo pistola, marca Tangfolio, serie AB52066, calibre 9 milímetros, en buen estado de funcionamiento mecánico como operativo, sin el permiso de portación respectivo, siendo puesto a la orden de la autoridad competente.” A la sentencia recurrida no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución de la República, en relación a la falta de aplicación retroactiva de los artículos 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014, en virtud de que a este tipo de casos no le es aplicable el principio de retroactividad de la ley penal. Lo anterior, debido a que tanto el Decreto Legislativo No.183-2013 establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución; y, el Decreto Legislativo No.63-2014, prorroga la vigencia del Decreto Legislativo anterior, no tienen ningún efecto derogatorio sobre la disposición contenida en el artículo 332 B del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de Portación ilegal de Arma de fuego comercial, por tratarse de decretos de naturaleza administrativa, orientados en este caso, a que los ciudadanos que tengan en su poder armas de fuego de tipo comercial sin permiso de portación, procedan durante su vigencia, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y con ello contribuir al control de armas ilegales y reducción de delitos, entre otras propósitos de dichos decretos. Al ser leyes administrativas, carecen del efecto retroactivo exclusivo de las normas estrictamente penales, por lo que dichos Decretos Legislativos no limitan, impiden, restringen, interfieren, derogan, ni suspenden en la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal. Por otra parte, de los hechos declarados probados por el juzgador no se deduce que el acusado Alberto Hernández Lemus al momento de portar el arma de fuego tipo pistola, marca Tanfoglio, serie AB52066, calibre 9 milímetros, en buen estado de funcionamiento mecánico como operativo, sin el permiso de portación respectivo y no respetar la señal policial de alto al pasar en su vehículo un retén policial y ser detenido después de una persecución policial, haya tenido en ese momento la intención de cumplir con los fines administrativos -letra y espíritu- de los Decretos Legislativos 183-2013 y 63-2014 que invoca como infringidos por falta de aplicación retroactiva. Por el contrario, ha sido terminantemente probado por el juzgador que el acusado Alberto Hernández Lemus al momento de su detención portaba el arma de fuego de tipo comercial sin el permiso respectivo. Al aplicar el juzgador a los hechos declarados probados lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal y condenar al señor Alberto Hernández Lemus, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, no ha infringido el precepto Constitucional, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por la falta de aplicación retroactiva de los artículos 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014, por las razones expuestas. DECISIÓN: esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de Precepto Constitucional, invocado por la Abogada Carla Suyapa Martínez Villatoro, en su condición de Defensora Pública del señor Alberto Hernández Lemus. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo de casación por infracción de infracción de precepto Constitucional, invocado por la Abogada Carla Suyapa Martínez Villatoro, en su condición de defensora pública del señor Alberto Hernández Lemus; Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que condenó al señor Alberto Hernández Lemus, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y decreta la Suspensión de la Ejecución de la Pena al señor Alberto Hernández Lemus por el período se cinco años. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-238-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de Casación Penal, SP 48-2009.
[2] Módulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñoz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.