Sentencia CP-236-17 — Registro 11695
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados por los delitos de Robo Agravado Continuado, Portación Ilegal de Armas Comerciales, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en infracción de precepto constitucional por violación del artículo 96 en relación al 221 de la Constitución de la República en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013. El artículo 96 establece que: La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”. El artículo 221 de la Constitución de la República dispone: que: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.”. Argumenta que la sentencia que se impugna infringe el principio de retroactividad de la ley penal al no aplicar el juzgador lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-2013, obligatorio a partir del día de su publicación en el Diario oficial La Gaceta, que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de La Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. El juzgador de instancia declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: el día catorce de septiembre del año del dos mil trece, en horas del mediodía, los señores Jessica Lizeth Bustillo Santamaría, Adelma Santamaría Solórzano, Thony Roberto Lara Santamaría y Douglas Fuentes Umaña, junto a otras personas, se conducían como pasajeros a bordo de un vehículo de transporte urbano de servicio público tipo microbús (rapidito) de la ruta cuatro; cuando transitaban por el cementerio general en la 11 y 13 calle del barrio Paz Barahona de San Pedro Sula, Cortés: cuatro sujetos, entre ellos Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez, quienes también viajaban en la unidad de transporte se levantaron de sus asientos y anunciaron a los pasajeros que se trataba de un asalto, que no se resistieran a entregar sus pertenencias pues en caso contrario, les dispararían, enseguida Fernando Roberto Molina Sánchez, extrajo un arma de fuego, les apunto a todas las personas, en tanto Darwin Javier junto a los otros dos acompañantes, despojaban a Jessica Lizeth Bustillo Santamaría, Adelma Santamaría Solórzano, Thony Roberto Lara Santamaría y Douglas Fuentes Umaña y otras personas de sus teléfonos celulares, carteras con documentos personales y dinero efectivo que portaban. Luego ordenaron al conductor que detuviera la marcha del microbús y bajaron del mismo. Segundo: cuando a eso de la una con veinte minutos de la tarde, el microbús descrito circulaba cerca de la primera estación de policía, varias de las personas ofendidas bajaron del bus e interpusieron la denuncia del hecho, por lo que de inmediato dos agentes de policía, a bordo de una patrulla judicial, junto a dos personas denunciantes, se desplazaron al lugar del suceso localizando a Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez, cuando caminaban a pie por el barrio Lempira en una calle contiguo al cementerio general, por lo que fueron requeridos y sometidos a un registro personal encontrando y decomisando a Darwin Javier Munguía Gutiérrez, un revolver marca colt, calibre 38, cañón recortado, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, mismo que portaba sin la autorización legal necesaria para portar armas de fuego.” A la sentencia recurrida no se ajusta lo dispuesto en los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República, con relación a la falta de aplicación retroactiva del artículo 2 del Decreto 184-2013, debido a que a este tipo de casos no le es aplicable el principio de retroactividad de la ley penal. Lo anterior, en virtud de que el Decreto Legislativo No.183-2013 establece un período de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de La Armería, proceda con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución, no tiene ningún efecto derogatorio sobre la disposición contenida en el artículo 332-B del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de Portación ilegal de Arma de fuego Comercial, por tratarse de un Decretos de naturaleza administrativa, orientado a que los ciudadanos que tengan en su poder armas de fuego de tipo comercial sin permiso de portación, procedan durante su vigencia, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y con ello contribuir al control de armas ilegales y reducción de delitos. Al ser una ley administrativa, carece del efecto retroactivo exclusivo de las normas estrictamente penales, por lo que el Decreto Legislativos No.183-2013 no limita, impide, restringe, interfiere, deroga, ni suspende en la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal. Sin embargo, de los hechos declarados probados por el juzgador no se deduce que el acusado Fernando Roberto Molina Sánchez al momento de portar el arma de fuego tipo revolver marca colt, calibre 38, cañón recortado, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, que portaba sin la autorización legal para su portación, haya tenido la intención de cumplir con los fines administrativos de Decreto Legislativo 183-2013. Por el contrario, ha sido terminantemente probados por el juzgador que el acusado Fernando Roberto Molina Sánchez, después de cometer el delito de Robo Agravado por el que fue condenado, en perjuicio de varios pasajeros de un bus de transporte público y al momento de su detención portaba un arma de fuego de tipo comercial sin el permiso respectivo, por lo que al aplicar el juzgador a los hechos probados lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal y condenar al señor Fernando Roberto Molina Sánchez, también como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, no infringe el precepto constitucional contenido de los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República, por falta de aplicación retroactiva del artículo 2 del Decreto 184-2013...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-236-2017 por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Condenó al señor Fernando Roberto Molina Sánchez, como autor del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de las señoras Jessica Lizeth Bustillo Santamaría, Adelma Santamaría Solórzano y el señor Jhony Roberto Lara Santamaría a la pena principal de once años, un mes y diez días de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señor Fernando Roberto Molina Sánchez, como autor del delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena principal de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Condenó al señor Darwin Javier Munguía Gutiérrez, como autor del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de las señoras Jessica Lizeth Bustillo Santamaría, Adelma Santamaría Solórzano y el señor Jhony Roberto Lara Santamaría a la pena principal de once años, un mes y diez días de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se les declaró la responsabilidad civil a los señores Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez, a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito.- Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Sexto: Se declaró el comiso de un arma de fuego, tipo revólver, marca Colt, calibre .38 special, serie: 152340. Son Partes: Los Abogados Alba Regina Paniagua y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos de los señores Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez, como parte recurrente; y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados Primero: el día catorce de septiembre del año del dos mil trece, en horas del mediodía, los señores Jessica Lizeth Bustillo Santamaría, Adelma Santamaría Solórzano, Thony Roberto Lara Santamaría y Douglas Fuentes Umaña, junto a otras personas, se conducían como pasajeros a bordo de un vehículo de transporte urbano de servicio público tipo microbús (rapidito) de la ruta cuatro; cuando transitaban por el cementerio general en la 11 y 13 calle del barrio Paz Barahona de San Pedro Sula, Cortés: cuatro sujetos, entre ellos Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez, quienes también viajaban en la unidad de transporte se levantaron de sus asientos y anunciaron a los pasajeros que se trataba de un asalto, que no se resistieran a entregar sus pertenencias pues en caso contrario, les dispararían, enseguida Fernando Roberto Molina Sánchez, extrajo un arma de fuego, les apunto a todas las personas, en tanto Darwin Javier junto a los otros dos acompañantes, despojaban a Jessica Lizeth Bustillo Santamaría, Adelma Santamaría Solórzano, Thony Roberto Lara Santamaría y Douglas Fuentes Umaña y otras personas de sus teléfonos celulares, carteras con documentos personales y dinero efectivo que portaban. Luego ordenaron al conductor que detuviera la marcha del microbús y bajaron del mismo. Segundo: cuando a eso de la una con veinte minutos de la tarde, el microbús descrito circulaba cerca de la primera estación de policía, varias de las personas ofendidas bajaron del bus e interpusieron la denuncia del hecho, por lo que de inmediato dos agentes de policía, a bordo de una patrulla judicial, junto a dos personas denunciantes, se desplazaron al lugar del suceso localizando a Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez, cuando caminaban a pie por el barrio Lempira en una calle contiguo al cementerio general, por lo que fueron requeridos y sometidos a un registro personal encontrando y decomisando a Darwin Javier Munguía Gutiérrez, un revolver marca colt, calibre 38, cañón recortado, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, mismo que portaba sin la autorización legal necesaria para portar armas de fuego.” Recurso de Casación: La recurrente Abogada Lesbia Leticia Mendoza A., en su condición de defensora pública de los señores Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO Por violación del artículo 96 en relación al 221 de la Constitución de la República en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013. PRECEPTO AUTORIZANTE El motivo enunciado se encuentra establecido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. II. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN Los preceptos constitucionales citados como infringidos textualmente dicen: Artículo 96: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado” Por su parte la norma constitucional citada en relación en su parte conducente dispone: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.. .” La Infracción por la cual se ha condenado a mi representando se produjo cuando de los hechos probados se deriva que mi representado fue detenido en posesión de un arma de fabricación casera; sin embargo, del artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-20013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, que se invoca como infringido se desprende que; durante este término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. EXPLICACIÓN DEL VICIO De ahí pues que resulta claro que al entrar en vigencia el Articulo 2 del Decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-A y B del Código Penal, con fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, debió aplicarse la norma prescrita en el artículo 2 arriba indicado, por cuanto que esa nueva ley (Decreto 184-2013) es en materia penal y favorece desde luego a mi poderdante.- Sumado a lo anterior, cuando de leyes penales intermedias se trata se reconoce por la mayoría, que en justicia el Juez debe también tomar en cuenta estas leyes de manera que cuando exista una sucesión de dos, tres, o más leyes entre la fecha de comisión y la fecha de la sentencia, debe el juez aplicar aquella de entre esas tres o más leyes le sea más favorable al reo, pues la retroactividad obedece bien a razones humanitarias de política criminal. Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella manera más favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hecho realizados con anterioridad se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. Así las cosas, resulta manifiesta en la sentencia impetrada la violación a la garantía regulada en el artículo 96 de la Constitución de la República en relación al artículo 221 del misma, por cuanto que se ha irrespetado por parte del sentenciador los derechos, garantías y formalidades establecidas por la constitución, los pactos internacionales y la Ley Procesal Penal. En tal sentido respecto a la eficacia de la ley intermedia Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Aarón en su obra Derecho Penal, Parte General (pág. 144-145) exponen: Se denomina ley intermedia a la que no estaba en vigor en el momento de comisión de los hechos ni lo está en el momento del juicio sino ha tenido vigencia entre uno y otro.- Las dudas que plantea su posible aplicación provienen del hecho de la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco lo es en el momento en que esta se enjuicia. Pese a ello, si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que este pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica.- En este orden de ideas el caso que nos ocupa mi representado FERNANDO ROBERTO MOLINA SANCHEZ, es detenido en la comisión de la conducta en fecha catorce de septiembre del dos mil trece.- Sin estar en vigencia el decreto 184-2013, es enjuiciado el veintiún de Agosto del dos mil quince, sin embargo se le dicta sentencia condenatoria por dicha conducta en nueve de Diciembre del dos mil quince estando el citado decreto en plena vigencia.- Los Honorables Magistrados de esta Corte ya se han pronunciado en este tipo de situaciones para lo cual se cita la sentencia dictada bajo el número 48-2009, en la cual se declaró: “... procede la aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, por lo tanto esta Sala de lo Penal aprecia que si puede aplicarse la norma invocada por el censor a los hechos por los cuales se encontró culpable al encartado y que al no aplicarla el juzgador de instancia infringió por falta de aplicación en tanto la falta de aplicación se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independientemente de a qué resultado se haya llegado ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance….tenemos una ley intermedia que no regía cuando se cometió el hecho, que cobró vigencia durante el juicio y que al momento del fallo ya no estaba vigente, por tanto, la ley más favorable al imputado es la intermedia.” Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma constitucional en relación al decreto legislativo, se somete a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el motivo de casación anteriormente expuesto.” Fundamentación Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional. Violación del artículo 96 y del artículo 221 de la Constitución de la República, en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013. Motivo Único: Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Infracción del artículo 96 de la Constitución de la República, y del artículo 221 de la Constitución de la República, en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013 Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Resumen: Infracción de Precepto Constitucional por violación del artículo 96 en relación al 221 de la Constitución de la República en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013. El artículo 96 ordena: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado” y el artículo 221 de la Constitución de la República que: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.” La infracción por la cual se ha condenado al señor Fernando Roberto Molina Sánchez, se produjo cuando fue detenido en posesión de un arma de fuego de tipo comercial; sin embargo, del artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-20013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, que se invoca como infringido se desprende que; durante este término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. El Articulo 2 del Decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-A y B del Código Penal, con fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, debió aplicarse la norma prescrita en el artículo 2 arriba indicado, por cuanto que esa nueva ley (Decreto 184-2013) es en materia penal y favorece desde luego a mi poderdante.- Sumado a lo anterior, cuando de leyes penales intermedias se trata se reconoce por la mayoría, que en justicia el juez debe también tomar en cuenta estas leyes, de manera que cuando exista una sucesión de dos, tres, o más leyes entre la fecha de comisión y la fecha de la sentencia, debe el juez aplicar aquella que de entre esas tres o más leyes le sea más favorable al reo, pues la retroactividad obedece bien a razones humanitarias de política criminal. La sentencia impetrada la violación a la garantía regulada en el artículo 96 de la Constitución de la República en relación al artículo 221 del misma, por cuanto que se ha irrespetado por parte del sentenciador los derechos, garantías y formalidades establecidas por la constitución, los pactos internacionales y la Ley Procesal Penal. Mi representado Fernando Roberto Molina Sánchez, es detenido en la comisión de la conducta en fecha catorce de septiembre del dos mil trece.- Sin estar en vigencia el decreto 184-2013, es enjuiciado el veintiún de Agosto del dos mil quince, sin embargo se le dicta sentencia condenatoria por dicha conducta en nueve de Diciembre del dos mil quince estando el citado decreto en plena vigencia. Concepto general del recurso: El Consultor Internacional Don José Luis Leyva Muñoz, considera que el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto específico La Infracción por la cual se ha condenado al señor Fernando Roberto Molina Sánchez, se produjo cuando fue detenido en posesión de un arma de fuego de tipo comercial; sin embargo, del artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-20013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, que se invoca como infringido se desprende que durante este término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en infracción de precepto constitucional por violación del artículo 96 en relación al 221 de la Constitución de la República en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013. El artículo 96 establece que: La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”. El artículo 221 de la Constitución de la República dispone: que: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.”. Argumenta que la sentencia que se impugna infringe el principio de retroactividad de la ley penal al no aplicar el juzgador lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-2013, obligatorio a partir del día de su publicación en el Diario oficial La Gaceta, que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de La Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. El juzgador de instancia declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: el día catorce de septiembre del año del dos mil trece, en horas del mediodía, los señores Jessica Lizeth Bustillo Santamaría, Adelma Santamaría Solórzano, Thony Roberto Lara Santamaría y Douglas Fuentes Umaña, junto a otras personas, se conducían como pasajeros a bordo de un vehículo de transporte urbano de servicio público tipo microbús (rapidito) de la ruta cuatro; cuando transitaban por el cementerio general en la 11 y 13 calle del barrio Paz Barahona de San Pedro Sula, Cortés: cuatro sujetos, entre ellos Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez, quienes también viajaban en la unidad de transporte se levantaron de sus asientos y anunciaron a los pasajeros que se trataba de un asalto, que no se resistieran a entregar sus pertenencias pues en caso contrario, les dispararían, enseguida Fernando Roberto Molina Sánchez, extrajo un arma de fuego, les apunto a todas las personas, en tanto Darwin Javier junto a los otros dos acompañantes, despojaban a Jessica Lizeth Bustillo Santamaría, Adelma Santamaría Solórzano, Thony Roberto Lara Santamaría y Douglas Fuentes Umaña y otras personas de sus teléfonos celulares, carteras con documentos personales y dinero efectivo que portaban. Luego ordenaron al conductor que detuviera la marcha del microbús y bajaron del mismo. Segundo: cuando a eso de la una con veinte minutos de la tarde, el microbús descrito circulaba cerca de la primera estación de policía, varias de las personas ofendidas bajaron del bus e interpusieron la denuncia del hecho, por lo que de inmediato dos agentes de policía, a bordo de una patrulla judicial, junto a dos personas denunciantes, se desplazaron al lugar del suceso localizando a Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez, cuando caminaban a pie por el barrio Lempira en una calle contiguo al cementerio general, por lo que fueron requeridos y sometidos a un registro personal encontrando y decomisando a Darwin Javier Munguía Gutiérrez, un revolver marca colt, calibre 38, cañón recortado, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, mismo que portaba sin la autorización legal necesaria para portar armas de fuego.” A la sentencia recurrida no se ajusta lo dispuesto en los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República, con relación a la falta de aplicación retroactiva del artículo 2 del Decreto 184-2013, debido a que a este tipo de casos no le es aplicable el principio de retroactividad de la ley penal. Lo anterior, en virtud de que el Decreto Legislativo No.183-2013 establece un período de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de La Armería, proceda con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución, no tiene ningún efecto derogatorio sobre la disposición contenida en el artículo 332-B del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de Portación ilegal de Arma de fuego Comercial, por tratarse de un Decretos de naturaleza administrativa, orientado a que los ciudadanos que tengan en su poder armas de fuego de tipo comercial sin permiso de portación, procedan durante su vigencia, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y con ello contribuir al control de armas ilegales y reducción de delitos. Al ser una ley administrativa, carece del efecto retroactivo exclusivo de las normas estrictamente penales, por lo que el Decreto Legislativos No.183-2013 no limita, impide, restringe, interfiere, deroga, ni suspende en la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal. Sin embargo, de los hechos declarados probados por el juzgador no se deduce que el acusado Fernando Roberto Molina Sánchez al momento de portar el arma de fuego tipo revolver marca colt, calibre 38, cañón recortado, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, que portaba sin la autorización legal para su portación, haya tenido la intención de cumplir con los fines administrativos de Decreto Legislativo 183-2013. Por el contrario, ha sido terminantemente probados por el juzgador que el acusado Fernando Roberto Molina Sánchez, después de cometer el delito de Robo Agravado por el que fue condenado, en perjuicio de varios pasajeros de un bus de transporte público y al momento de su detención portaba un arma de fuego de tipo comercial sin el permiso respectivo, por lo que al aplicar el juzgador a los hechos probados lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal y condenar al señor Fernando Roberto Molina Sánchez, también como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, no infringe el precepto constitucional contenido de los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República, por falta de aplicación retroactiva del artículo 2 del Decreto 184-2013. DECISIÓN: esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de Precepto Constitucional, invocado por la Abogada Lesbia Leticia Mendoza A., en su condición de Defensora Pública de los señores Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, invocado por la Abogada Lesbia Leticia Mendoza A., en su condición de defensora pública de los señores Fernando Roberto Molina Sánchez y Darwin Javier Munguía Gutiérrez. Segundo: Declara firme y ejecutable en forma plena la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que condenó al señor Fernando Roberto Molina Sánchez, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-236-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñoz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.