Sentencia CP-236-16 — Registro 12194
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Robo Agravado y Asesinato. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Conforme se comprueba del expediente judicial, en fecha cinco de octubre de dos mil diez se celebró la audiencia de proposición de prueba (folio 246 y 247), en la que el Abogado Samuel Núñez en su condición de defensor de Javier Gómez Méndez, propuso como medio de prueba actas de reconocimiento fotográfico, con la finalidad de determinar cuál fue el procedimiento utilizado para desarrollar tal diligencia. Dicho medio de prueba fue admitido por el Tribunal de Sentencia, bajo la condicionante que dichas actas deberán ser ratificadas por Idalio Espinoza, en el acto del juicio oral. Posteriormente, en fecha quince de marzo se inició la celebración del debate, evacuando declaraciones testificales; posteriormente en fechas veintinueve y treinta y uno de marzo se continuó la vista pública, siendo el treinta y uno de marzo, en que el A quo procedió a evacuar acta de reconocimiento fotográfico, compareciendo a ratificarla el testigo Idalio Espinoza. El tribunal sentenciador, al realizar la valoración de la prueba en la sentencia recurrida, establece que: “el reconocimiento de Luis Hernández, Audy Marcía Bertoty así como Yensi Nahún García, por los testigos, quienes ratificaron su identificación durante el debate es aceptable como prueba de cargo; en cuanto al acusado Javier Gómez resulta igualmente creíble y aceptable el reconocimiento….”. La recurrente confunde la naturaleza del medio de prueba documental en referencia, según las siguientes consideraciones: a. La recurrente denuncia que para la producción del llamado “Reconocimiento Fotográfico”, no se siguieron los lineamientos normativos previstos en el Código de Rito; Sin embargo esta Sala de lo Penal llama a considerar que confunde lo que es propiamente un Reconocimiento fotográfico con un Acta de diligencia de investigación de mera identificación o señalamiento, realizada en el marco de la investigación preliminar y que por ende no conlleva la observancia del protocolo que prevé el Código Procesal Penal para la realización del medio de prueba Reconocimiento fotográfico; b. El acta que documenta el acto de investigación si bien puede ser presentada como medio de prueba documental, esto al amparo del Principio de Libertad Probatoria, esta Sala de lo Penal ha advertido que para garantizar el debido contradictorio y con él, el ejercicio del derecho de defensa, la parte proponente deberá asociar el documento con la deposición de la persona reconociente o en su defecto del agente de policía que realizó la misma.- En el presente caso en efecto el agente de investigación Idalio Espinoza, ratificó el documento y realizó una descripción de cómo se llevó a cabo la diligencia. Como consecuencia, no procede atender el primer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-236-2016 por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de enero del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual: Primero: Condenó a los señores Javier Gómez Méndez y Luis Antonio Hernández, como autores del delito de Robo Agravado en perjuicio de Glenda Zepeda, a la pena principal de nueve años de reclusión.- Segundo: Condenó a los señores Javier Gómez Méndez y Luis Antonio Hernández, como autores del delito de Asesinato en perjuicio de Zebedeo Peralta, a la pena principal de dieciocho años de reclusión.- Tercero: Condenó a los señores Yensi Nahún García Maldonado y Audy Efraín Marcía Bertoty, como autores del delito de Robo Agravado en perjuicio de Glenda Zepeda, a la pena principal de siete años de reclusión.- Cuarto: Condenó a los señores Yensi Nahún García Maldonado y Audy Efraín Marcía Bertoty, como autores del delito de Asesinato en perjuicio de Zebedeo Peralta, a la pena principal de dieciseís años de reclusión.- Quinto: Condenó a los señores Javier Gómez Méndez, Luis Antonio Hernández, Yensi Nahún García Maldonado y Audy Efraín Marcía Bertoty a las penas accesorias consistentes en Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Sexto: Se declara la responsabilidad civil de los condenados..- Octavo: No procede la condena en costas procesales y personales.- Noveno: Absolvió al señor Carlos Eduardo Blanco Rodríguez de los delitos de Robo Agravado en perjuicio de Glenda Zepeda y Asesinato en perjuicio de Zebedeo Peralta. SON PARTES: La Abogada Blanca Argentina Gómez, en su condición de defensora privada de Yensi Nahún García Maldonado, Audy Efrain Marcía Bertoty y Luis Antonio Hernández, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Analizados y valorados los distintos medios probatorios utilizados por las partes procésales durante la audiencia de debate, este Tribunal declara probado lo siguiente: PRIMERO: El día jueves veintitrés de abril, del año dos mil nueve, la señora Glenda Idalia Zepeda, se encontraba en su casa de habitación y negocio de pulpería ubicado en la aldea Tierra Blanca, municipio de Namasigue, departamento de Choluteca, en compañía de sus hijos Zebedeo, Brenda Yarizeth y Silvano, todos de apellidos Peralta Zepeda, así como de dos vecinos del lugar. SEGUNDO: A eso de las nueve de la mañana cuatro individuos, dos vestidos con uniformes de la Policía Preventiva; otro vistiendo camiseta de la DNIC y otro con el rostro cubierto con pasamontaña vistiendo uniforme moteado del escuadrón Cobra; todos ellos portando armas de fuego llegaron hasta la vivienda de Glenda Zepeda diciéndole que tenían orden de registrar su casa por considerarla sospechosa de venta de drogas. TERCERO: Los cuatro supuestos agentes de Policía obligaron a todos los presentes a ingresar al interior de la vivienda, comenzando éstos a registrar el mobiliario y pertenencias, encontrando tres armas de fuego, una escopeta, un revólver 357 y una pistola calibre 45. Asimismo, encontraron una cantidad de dinero en efectivo que sobrepasaba los cien mil lempiras. CUARTO: Los supuestos agentes de policía luego de apropiarse de las armas y del dinero dijeron a Glenda Zepeda que se llevaban lo encontrado y también se llevarían a su hijo Zebedeo Peralta para la estación policial regional en Choluteca donde lo iban a entregar. QUINTO: Los cuatro supuestos agentes de Policía abandonaron la vivienda y se encaminaron hacia dos vehículos automotores que habían dejado cerca, llevándose consigo al joven Zebedeo Peralta. SEXTO: Dos días después del suceso, el 25 de marzo fue encontrado el cadáver del joven Zebedeo Peralta, presentando un único disparo de arma de fuego la parte posterior de su cabeza con orificio de salida en la región nasal, determinando el forense al momento de realizar el tanatocronodiagnóstico que su muerte había acaecido entre dos a cinco días atrás. SEPTIMO: En fecha 23 de junio, año 2009 agentes de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación detuvieron en el puesto de control policial de Pavana a los señores LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ, AUDI EFRAÍN GARCIA BERTOTI, JAVIER GÓMEZ MÉNDEZ Y YENSI NAHÚN GARCÍA MALDONADO por sospecha de cometer delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego, obteniéndose fotografías de los sospechosos que fueron incorporados a los álbumes fotográficos que maneja la DNIC. OCTAVO: En el proceso de las investigaciones la señora Glenda Zepeda al igual que Brenda y Silvano, de apellidos Peralta Zepeda les fueron mostrado los álbumes fotográficos de manera individual, logrando reconocer entre las fotografías el rostro de los señores Luis Antonio Hernández, Yensi Nahún García, Javier Méndez Gómez y Audi Efraín García Bertoti, como las personas que el 23 de abril vistiendo uniformes de policía se llevaron detenido a Zebedeo Peralta además de las tres armas de fuego y dinero en efectivo, identificando la señora Zepeda entre ellos a su pariente Javier Méndez Gómez.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS: La recurrente Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción por Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN L- MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO PRIMERO: por aplicación Indebida de los artículos; 217 y 218, en relación con los artículos 219 y 225, del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencia, de Choluteca y valle, a través de sus integrantes, tomaron a bien decretar Sentencia Condenatoria, se trató de un juicio oral y público, donde aparecían como imputados, cinco individuos, cuatro de los cuales fueron condenados y absuelto uno de ellos, entre los cuales, mis defendidos, YENSY NAHUN GARCÍA MALDONADO, AUDY EFRAÍN MARCÍA BERTOTY y LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ, a quienes se les condenó por cometer el Delito de Robo Agravado, en perjuicio de GLENDA IDALIA ZEPEDA, todo ello en aplicación de lo dispuesto en lo que establecen los artículos, 217, 218 en relación con los artículos 219 y 425, del Código Penal, artículos que refieren a lo siguiente; “Artículo 217, Comete el delito de Robo, quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo o el uso de medios que debiliten o anulen su resistencia- Artículo 218, El culpable de robo será castigado con cinco a nueve años de reclusión.- Artículo 219, las penas señaladas en el Artículo anterior se aumentaran en un tercio cuando el Robo se cometa: 1..- en despoblado o en cuadrilla, 2.- el aumento al que se refiere el párrafo primero también se hará cuando concurran cualesquiera de las circunstancias que se mencionan en el Artículo 225. Artículo 225., establece las penas aplicables según el artículo anterior se aumentará en un tercio, si el hecho se cometiere: 1..., 2, 3…, 4. Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad o empleado de un servicio público, 5…, Estas normas penales al ser confrontadas con los hechos que el Tribunal consideró como hechos probados, específicamente del hecho primero al quinto, se aprecia con facilidad el vicio que se denuncia ya que esos sucesos o acontecimientos no se subsumen en los artículos del Código Penal anteriormente relacionados, puesto que en tales hechos probados no consta la preexistencia e individualización de bienes muebles, de acreditada propiedad de la señora GLENDA IDALIA ZEPEDA, y que por lógica tampoco pudieron ejercerse, acciones violentas o intimidatorios ejecutados por los acusados, en contra de dicha señora para desapoderarla de bienes indeterminados, prueba de ello es que durante la secuela del juicio nunca se determinó la existencia del elemento de convicción, es decir que a los imputados nunca se les encontró en posesión de las cosas que supuestamente le fueron sustraídas, se habla de armas y dinero, pero no se probó que en efecto el dinero y armas hayan sido propiedad de la señora Zepeda, otra de las situaciones que supuestamente se dieron al momento en que cuatro hombres llegaron a la casa de la ofendida, es que nunca actuaron de forma violenta, puesto que estos ingresan por voluntad de la ofendida, las cosas que supuestamente existían en el lugar fueron tomadas sin mediar ninguna fuerza o intimidación, por lo que los señores jueces al calificar el accionar de los acusados, como constitutivo de un delito de Robo Agravado, unos hechos confusos, lo hace aplicando indebidamente los artículos 217, 219, y 225 todos del Código penal, señores Magistrados al interponer el presente motivo de Casación, quiero o pretendo, que se examinen todos y cada uno de los hechos probados en el fallo que se recurre, que una vez comprobado que las acciones que se le atribuyen a mis defendidos no resultan ser conductas que puedan ser calificadas como Robo Agravado, en consecuencia sea declarada la aplicación indebida de los artículos ya antes referidos, se anule el fallo y en su lugar ordene o decrete la sentencia absolutoria a favor de los señores YENSY NAHUN GARCÍA MALDONADO, AUDY EFRAÍN GARCÍA BERTOTY, LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ.” “1.4.- MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY: MOTIVO SEGUNDO por aplicación Indebida del artículo; 117, en relación con los artículos 33 Y 14 del Código Penal, del Código Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 360, del Código procesal Penal EXPLICACION DEL MOTIVO: En la causa de mérito, AUDY EFRAIN MARCIA BERTOTY, YENSY NAHUN GARCÍA MALDONADO y LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ se les dictó sentencia condenatoria por cometer un delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE COMPLICE, en aplicación de lo dispuesto, en el artículo 117 y 33, los que literalmente dicen “ ARTICULO 117. Es reo de Asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía, 2) Con Premeditación conocida, 3) Por medio de Inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo o intencionalidad; y 4) Con ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por Asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. - ARTICULO 33. Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad, no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar”, ARTICULO 14. El delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal. Las anteriores normas penales, al ser confrontadas con los hechos que el juzgador declaró terminantemente probados, de plano se aprecie el vicio denunciado y es que de acuerdo a lo que refieren los testigos, que luego que cuatro hombres ingresan a la morada de la señora Zepeda, estos privaron de su libertad al señor ZEBEDEO PERALTA, salieron de la casa y posteriormente o sea dos días después encontraron el cadáver en una barranca, a unos kilómetros de distancia de la casa, que según el forense el cadáver presentaba una lesión producida por arma de fuego, que a resultas de dicha lesión es que perdió la vida, de acuerdo en que existió la perdida de la vida de una persona, pero los móviles, circunstancias y autores no se conocen, se podría creer que la ocasionaron los tipos que llegaron a la casa, pero como saber si se subsumió tan solo uno de los requisitos que exige el tipo penal de Asesinato, ante tal situación el honorable Tribunal presume y elabora u bosquejo de lo que pudo haber pasado, no hay certeza que la acción que llevo a la muerte al difunto, fue ocasionada con alevosía, premeditación u ensañamiento, acaso no se trata de otro delito y lo más temerario es como el Tribunal sabe quién de los cinco o cuatro disparo el proyectil ya que solo fue un proyectil el que impacto en la humanidad de la víctima según el acta de Levantamiento cadavérico, que le causó la muerte al occiso, como determinar el grado de participación en relación a cuál fue la actividad que realizo cada uno de ellos, ante esto se supone que los que no se consideraron autores directos participaron como cómplices ya que según ellos colaboraron para que se diera el hecho, pero no se determina cual fue esa colaboración.-por lo que los señores jueces al calificar el accionar de los acusados, como constitutivo de un delito de CÓMPLICES EN EL DELITO DE ASESINATO, lo hace aplicando indebidamente los artículos 117, 33, y 14 todos del Código Penal, señores Magistrados al interponer el presente motivo de Casación, quiero o pretendo, que se examinen todos y cada uno de los hechos probados en el fallo que se recurre, que una vez comprobado que las acciones que se le atribuyen a mis defendidos no resultan ser conductas que puedan ser calificadas como cómplices en el delito de Asesinato, en consecuencia sea declarada la aplicación indebida de los artículos ya antes referidos, se anule el fallo y en su lugar ordene o decrete la sentencia absolutoria a favor de los señores YENSY NAHUN GARCÍA MALDONADO, AUDY EFRAÍN GARCÍA BERTOTV Y LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ.” IV.- CONTINÚA MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU: “MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO: En la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se enmarca en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal EXPLICACION DEL MOTIVO: La Sentencia Condenatoria en perjuicio de YENSY NAHUN GARCÍA MALDONADO, AUDY EFRAÍN GARCÍA BERTOTY y LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ., de fecha 28 de Enero del año Dos Mil Catorce, esta Sentencia contiene vicios en vista que violenta el Artículo 202 del Código Procesal Penal, mismo que refiere que las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica.- El Órgano Jurisdiccional, formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica, toda la Prueba Producida”. -En la Normativa de LA SANA CRÍTICA RACIONAL que implementa nuestro Ordenamiento Procesal Penal, en lo que se refiere a la Valoración de la Prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero, al contrario, se les exige, que las Conclusiones a las que arriben, sean el fruto razonado de las pruebas, en que se apoyan.-Dentro de estas Normativas, El Juzgador no tiene reglas legales que establezcan El Valor que debe consignársele a cada Prueba, pero esa Libertad tiene Límites, y son: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la Sana Crítica Racional, El Juzgador logra sus Conclusiones sobre los Hechos de la Causa Instruida, Valorando la Eficacia Conviccional de cada Prueba, con Total Libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.- Dentro de las Reglas de La Lógica, a las que debe sujetarse el Juzgador, en la Valoración de la Prueba allegada a su presencia, se encuentran las que exigen los Artículos 202 y 336 Numeral 2°, del Código Procesal Penal vigente, y recalcadas, en el Artículo 338, Regla 4°, Numeral 2°, del mismo Código Procesal Penal (...Justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio…) Aparece EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE, mismo que refiere... “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- Dicho lo anterior, El Tribunal debe estructurar sus Conclusiones de las Pruebas que obren en Juicio, y en la dirección en que éstas apuntan, de tal forma que no pueda establecer su convicción, en un sentido distinto, al que todas ellas se refieren, sobre las circunstancias del hecho, es decir, EL juzgador debe reconstruir conceptualmente los hechos, de la forma en que le informan las pruebas y no en otra dirección, pues de hacerlo, vulneraria la característica de la lógica, la que debe reunir la motivación fáctica (de los hechos) o de lo contrario, vulnerando a su vez, el sistema de la sana crítica racional, que informa de la valoración de la prueba.- Así mismo, en la Valoración de la Prueba que forma parte de la fundamentación de la Sentencia El Juzgador debe fundamentarse en las normas de la experiencia común, son las nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto, como verdades indiscutibles, de tal manera, que la Sentencia que razona en contra de esas máximas, contiene un Vicio en su Motivación, que será controlable en Casación, puesto que al ser del Dominio de cualquiera, puede Juzgar con más propiedad la Información que le brinda la Prueba y así poder, representarse mentalmente el acontecimiento Histórico, que pretende reconstruir. - Honorables jueces, en el caso de mérito al momento de dictar la Sentencia Condenatoria en perjuicio de mis defendidos, han incurrido en violación a las Reglas de la Sana Crítica por considerar que las Conclusiones a que arribaron las Honorables jueces del Tribunal de Sentencia, de que los ahora condenados, son Responsables de cometer los Delitos de: CÓMPLICES EN EL DELITO DE ASESINATO Y ROBO AGRAVADO, es producto de la Inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica, por parte de los Jueces de Sentencia, ya que al momento de Valorar La Prueba, NO HACEN UNA VALORACIÓN DE ACUERDO A LA SANA CRÍTICA, ante tal situación realizare un compendio de las pruebas que fueron admitidas y evacuadas en la Audiencia de Juicio Oral y Público: PRUEBA TESTIFICAL, se recibió la declaración testifical del señor DELIO ESPINOZA, refiere que es agente de la desaparecida D.N.I.C, fue el que investigó y manejó el caso, entre otras cosas manifiesta la fecha el lugar, la forma en que se dieron los hechos, entre lo más importante es cómo es que detiene a mis defendidos refiere que es a través de unas fotografías que le muestra a los ofendidos que estos reconocen a los acusados, dice que en fecha 23 de junio del año 2009, en la posta de pavana carretera panamericana es donde capturan a mis defendidos por el supuesto delito de portación de armas, es así que mediante fotografías se ubicaron en el archivo y se les notifico a los familiares para ver si podían reconocer a los individuos y es así que los reconocen, ¿Cómo pudieron reconocerlos?, ¿en cuales archivos?, si YENSY GARCÍA era primera vez que viajaba a la Ciudad de Choluteca y EFRAÍN MARCÍA, no aparece registrado en los archivos, las únicas dos fotografías que aparecen en el expediente de mérito, fueron tomadas el día de la detención con la ropa que ellos portaban ese día, hecho este que quedó acreditado en audiencia de Juicio Oral y Público, que la identificación que se hizo con esa fotografía es inducida; al analizar dicha declaración se aprecia una serie de contradicciones y situaciones ilógicas, según su declaración se entiende que luego de suscitados los hechos es que identifican a los partícipes al mostrarle los fotos, pero posteriormente dice que fue hasta en junio y luego de la detención es que ubica a los ofendidos y les muestra las fotos, la pregunta es este un medio de prueba legal, fehaciente, será que acaso los agentes fueron los que les manifestaron a los ofendidos esos son por que aparecen en los archivos ustedes tienen que decir que los reconocen, es una prueba ilícita, puesto que no se realiza de acuerdo a lo que la ley establece para un reconocimiento de personas como ser lo establecido en el artículo 253 del Código Procesal Penal, no obstante esa prueba es la génesis del presente caso, es a través ,de esa prueba que el Tribunal lleva a la convicción que los acusados son los responsables de cometer los delitos por los que se les acusó, las fotos que muestra a los familiares son las que tomo en la posta donde detuvieron a mis defendidos-. Testigo SILVANO PERALTA, declara que llegaron cuatro hombres, en busca de drogas, su mamá les dejó que ahí no vendían droga, que podían buscar, luego dijeron que iban de parte de Walter Romero y le d4eron a su mamá por las armas, entraron, buscaron encontraron el dinero que estaba en una gaveta., entre otras cosas, refiere que esos hombres se llevaron a su hermano que luego fue encontrado muerto, se le preguntó si conocía a mis defendidos respondió el día que me enseñaron las fotos, que Walter Romero, les enseño la fotos, señoría ustedes van a observar que cuando se le pregunto al hermano menor de este testigo, manifiesta que este señor ROMERO, fue quien le dijo que manifestará que conocía a uno de los imputados que por eso él lo dijo, que en realidad el no conoció a nadie, no será que lo mismo hizo con los mayores, dado a que la experiencia nos dice que el que miente poco, puede mentir mucho, prueba de ellos es que su declaración en juicio fue contraria a la hecha en audiencia inicial, esto quedo en acta., Testigo BRENDA YARIZETH PERALTA ZEPEDA, manifiesta que se encontraba en su casa junto a dos hermanos y su madre, cuando llegaron cuatro hombres vestidos de policía, que dijeron realizarían un cateo, ya que decían que se vendía droga, y compraban cosas robadas, fíjese señorías que según el anterior testigo esta testigo no estaba en la casa puesto que el anterior testigo manifestó que se encontraban sus dos hermanos varones y su madre, de ahí que se aprecia que no sabe de los hechos y que lo que manifiesta es porque se lo contaron, según ella ve las fotos el día lunes dos días después de los hechos, después dice que fue hasta que capturaron a mis defendidos que llamaron a su familia para ir a ver el álbum donde aparecían los acusados, con certeza dice haber conocido a los imputados, la pregunta es será que transcurrido dos meses se podrá reconocer con exactitud una persona, a la cual por las circunstancias que se da un caso de eso, que se da rápido y el nerviosismo que es natural, a mi criterio es muy difícil., Testigo GLENDA IDALIA ZEPEDA, que ellos llegaron a su casa, su marido tenía siete meses de haber muerto, le pidió apoyo a las autoridades y cuando los miró llegar a ellos se sintió agradecida, pensando que le iban a dar apoyo. Según esta testigo solo llegan tres hombres pues refiere los nombres de los que ingresaron, descarta a uno de mis defendidos específicamente al señor Bertoty, en relación al otro de mis defendidos se contradice con los demás testigos puesto que dice que Yensy, vestía de la D.N.LC, mientras los otros dicen que vestía de cobra, en cuanto a mi Defendido LUIS, no lo menciona, manifiesta que tuvo conocimiento de la pérdida del dinero y de los objetos robados, hasta quince días después y que fue hasta entonces que fueron a levantar el acta de inspecciones oculares a la casa de ella, consta en acta las contradicciones en vista que en audiencia inicial dijo unas cosas y en juicio dice otras, Testigo, OLVIN EXEQUIEL PERALTA ZEPEDA, declara que el día de los hechos se encontraba en su colegio, como a cinco minutos de su casa, que se entera cuando llega a su casa, entre lo más importante es que a él le dan la tarea de reconocer uno de los supuestos participes en los hechos, y dice que a él lo aconsejo el agente WALTER ROMERO, este fue quien le dijo que tenía que decir que lo reconocía, por lo que a mi criterio el menor está en la verdad, cosa que los mayores no lo hacen, por buscar culpables a como dé lugar., TESTIGOS PROPUESTOS POR LA DEFENSA: Comparecieron por parte de la defensa de AUDY EFRAÍN BERTOTY, los testigos EMELINA GUZMAN y NELSON YOBANY ALVARADO, estos declaran en relación a que conocen al acusado , que es una persona honrada y trabajadora, sobre todo que para la fecha en que sucedieron los hechos este no pudo estar en el lugar donde sucedieron los hechos, ya que para esas fechas ellos celebran el cumpleaños de la hija de la primera, en relación a los testigos propuestos por la defensa de YENSY NAHUN GARCÍA MALDONADO, comparecieron a declarar los testigos, MARCIAL PADILLA RUBIO y RUBEN ZELAYA CÁCERES, su declaración cosiste en que, conocen a, Yensy, desde hace muchos años, que es Trabajador, se dedica a vender carros, que en el mes de abril estuvo en su pueblo, en Comayagua, lo vieron ingiriendo bebidas y lo consideran inocente en los hechos que le atribuyen , entre otras cosas.- PRUEBA DOCUMENTAL., La prueba documental consistió en: acta de levantamiento de cadáver, álbum fotográfico y acta de inspección ocular., con dicha prueba se acredito la muerte del señor ZEBEDEO PERALTA, con el acta de inspección se acredito que hicieron inspección en la escena del crimen., siendo todo el legajo probatorio evacuado en el juicio, respecto a la prueba de cargo el Tribunal, le da el valor de ser útiles para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, y que los testigos son contundentes en sus declaraciones, VALOR QUE NO LO TIENEN, lo que en tal sentido afecto su ánimo interior, a tal extremo, que los hizo incurrir en el vicio denunciado, ya que mencionan en sus Motivaciones Valorativas, que esas Declaraciones vertidas tanto por la ofendida, como por los demás testigos, fueron congruentes en sus decires, y lo más importante es que como es posible, que se hayan condenado por el hecho de haberlos visto en un álbum de archivo que manejaba la D.N.LC, reconocimiento fotográfico, que no se hizo de acuerdo al procedimiento penal y que como reitero fue la prueba principal para tomar tal decisión.- En tal sentido, ESTE RAZONAMIENTO JUDICIAL ES ATENTATORIO CONTRA LA REGLA DE LA LÓGICA DE NO CONTRADICCIÓN contemplada la Lógica como una Regla de la Sana Crítica, que se subsume como Vicio de la Sentencia, cuando la Regla es inobservada por los Jueces de Sentencia, al momento de Pronunciar su Fallo Judicial. Vemos que la doctrina se refiere en relación a los medios de prueba, “Será necesario además, luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlo con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatorio” ante tal situación puedo asegurar que el Tribunal no tomo en cuenta la valoración en su conjunto ni de manera armónica, toda la prueba vertida en juicio, pues considero que tal resolución se enfoca en el desconocimiento de los medios de prueba probatorios, ya que de acuerdo a la experiencia y la lógica, se encuentra que los testigos han realizado una derivación mental de los hechos conocidos y desconocidos, que subjetivamente los llevan a concluir que los imputados son responsables de este hecho”. - La valoración hecha por el Honorable Tribunal en Relación a la Prueba presentada por la Defensa no es conforme a los lineamientos que conforman las reglas de la sana crítica, es mas no le conceden ningún valor probatorio, pero si analizamos detenidamente sus declaraciones, se aprecia que estos testigos son congruentes y no contradictorios, por lo que perfectamente se puede deducir que en efecto estos testigos han venido a decir hechos que en verdad les consta, pero he ahíla mala voluntad y mentalidad del tribunal puesto que según ellos sus deposiciones no son apegadas a la verdad, porque no creer lo manifestado por estos testigos, si no hay razón para que estos hayan venido a decir cosas que no les consta, porque no darle credibilidad a estas declaraciones, si se pudo observar que entre las mismas existió coherencia. Sus Señorías, al iniciar nuestra explicación de la Invocación del Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, señalé como bien se sabe, fa Violación de la Regla de la Sana Crítica, que corresponde a la Lógica y que surge del principio de no contradicción, el cual, se sustenta en la fórmula, de que una cosa no puede entenderse en dos o más dimensiones al mismo tiempo.- Visto de otra manera, si se afirma una cosa o sujeto o hecho, en atención a una misma situación o relación o circunstancia en que se producen tales hechos, no puede hablarse de premisas jurídicas, unas objetivas, y otras subjetivas al mismo tiempo, o hacer deducciones probables, deducciones de hechos indicados como conocidos o desconocidos, peor aún, cuando estas, no provienen de los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia, sino que provienen de los testigos, como lo aseguran los jueces sentenciadores, atribuyendo a probabilidades sobre criterios desconocidos, la sentencia condenatoria dictada por los miembros de este tribunal sentenciador, a lo dicho por los testigos de cargo, y atribuibles a su conocimiento subjetivo de lo conocido y lo desconocido, de los hechos que son causa del juicio criminoso.- Dicho de otra manera, en el análisis por parte de los Jueces Sentenciadores, con respecto de los sujetos activos, pasivos, circunstancias en que produjeron los Hechos controvertidos en el Juicio Penal, los juzgadores, deben remitirse para dictar sentencia, al fruto de los hechos reales, conocidos, fehacientemente probados, construidos estos, sobre pilares reales y no probables, ya que en Materia penal, la Lógica de la Sentencia, ya sea ésta Absolutoria o Condenatoria, como es el caso, debe dictarse, sobre realidades, y no sobre supuestos, porque de encontrarse que la Sentencia ésta basada en probabilidades, la sentencia definitiva por dictarse, debe fundamentarse en la ley, y en consecuencia, nos remite obligatoriamente a la aplicación de la figura jurídica penal, de la duda razonable, (Artículo 339, parte final, del párrafo primero Código Procesal Penal y por lo tanto, dicha Norma Penal señala, que ante la duda, el Tribunal debe proceder a dictar sentencia absolutoria, a favor del Imputado por lo que de acuerdo a la experiencia y la lógica, se encuentra que los testigos han realizado una derivación mental de los hechos conocidos y desconocidos, que subjetivamente los llevan a concluir que este imputado es participe de estos hechos”.- En el caso de mérito, Señorías, queda claramente establecido que el juez sentenciador, le da credibilidad de los hechos acaecidos, a las declaraciones subjetivas de los testigos de cargo, a pesar de no ser contestes en sus decires, no por haber llegado a tal convencimiento judicial, sino porque señala en su sentencia, como hechos probados las derivaciones mentales de tales testigos (hechos conocidos y desconocidos que llevan a los testigos de cargo, a considerar la responsabilidad penal de los hechos de mi defendido, y no al criterio o conclusión jurídica del Sentenciador, La Recurrente es del criterio, que si el Legislador ha establecido el Artículo 338, Regla Cuarta, Numeral 2°, del Código Procesal Penal que reza: “…2) VALORACION DE LA PRUEBA.- Seguidamente, se expresaren las Pruebas tenidas en Cuenta, para Declarar Probados esos Hechos, Justificando según las Reglas de la Sana Crítica, el Valor que se haya dado a las practicadas en Juicio y, en su caso, el Razonamiento utilizado para obtener Conclusiones Por Presunción, a partir de indicios igualmente declarados”.- Debe interpretarse, que lo ha hecho, para que dentro del principio de legalidad y de tutela judicial efectiva, los Jueces y Magistrados deben formular en esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación, los razonamientos que han utilizado, para darle valor a esas pruebas evacuadas en el desarrollo del juicio oral y público; pero además de esa Cualidad, debe ese razonamiento poseer como atributo indispensable, que esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación, que lo contenga, no sea contradictoria en sus términos, es decir, que no anteponga proposiciones que se contrarían entre sí mismas, imposibles de conciliar en razón, como ya se dijo, del no poder ser conocidas y desconocidas, a un mismo tiempo, como se encuentra Acreditado en la Prueba Testifical de Cargo, Documental, todas contenidas en las Pruebas de Cargo presentadas, en el Debate Oral y Público.- Ahora bien Sus Señorías, la Razón del Derecho nos señala y debemos tener en cuenta, que el juicio de culpabilidad o de inocencia que emiten los jueces de sentencia, deben de tener una estructura de pensamiento, que controle a través de las leyes de la lógica, es decir, vista a través de la sentencia misma, como un silogismo, que este compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es el hecho, la premisa menor es el derecho, que se aplica a ese hecho, y una conclusión a que se llega, como tal, debe tener una estructura de pensamiento.- Sus Señorías, tal Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación que exponen los Jueces del Tribunal de Sentencia, constituye en consecuencia, una incoherencia que da vida al vicio de la sentencia ahora recurrida, específicamente a la Regla de la Sana Crítica, de la Ley Fundamental de la Lógica, en su Principio Lógico de No Contradicción.” V.- CONTINÚA MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU: “3.- MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO UNICO: POR VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 82 Y 90 DE LA C0NSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación, se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código procesal penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al debido proceso, mismo que se encuentra establecido en el Artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, reza de la siguiente manera, “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” el cual requiere mínimamente la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable, para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, es decir; defensa-prueba-sentencia y recursos, Derecho este que se le coarta a mis defendidos, ya que en la vista pública, se admite y valora, prueba ilícita más específicamente, EL RECONOCIMIENTO DE LOS ACUSADOS POR FOTOGRAFÍAS, realizado por el ente acusador y que dicho reconocimiento fue realizado, sin las formalidades que exige la ley, es decir no se hace de acuerdo al Reconocimiento de personas que establece el artículo 253 del Código Procesal Penal vigente, obviamente este extremo se exteriorizara a través de subsiguientes Recursos de Casación, es obvio que se aprecia la ilegalidad en dicho medio de prueba, que dicho sea de paso fue la prueba que involucro a mis defendidos y que el honorable Tribunal tomo como base para decretar el fallo condenatorio, hoy objeto de impugnación.- a mi criterio de igual forma el hecho de admitir y valorar esta prueba, causa agravio a los imputados puesto que también restringe el Derecho a la Defensa, estipulado en el Artículo 82 de nuestra Constitución, el cual refiere que el Derecho de Defensa es Inviolable, el cual lleva consigo un derecho a un proceso con todas las garantías, dentro de las cuales menciono; 1.-“Derecho a Igualdad de Armas Procesales” que la doctrina refiere, como la exigencia que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, pruebas e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio, 2.- El Derecho de Intervenir Probatoriamente en el proceso penal, pues la intervención probatoria, alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que esto pueda pasar es necesario que previo al debate se tomen ciertos recaudos, que permitan bajo el principio de concentración reunir la prueba en su conjunto, permitiendo a las partes interponer su propia prueba-. Creyendo entonces, que de lo dicho anteriormente o recién manifestado, el Tribunal si por equis circunstancia, admitió el susodicho medio de prueba, al momento de evacuarse y más de darle el valor probatorio, debió enmarcarse en lo que establece la ley, que de haberlo hecho así el fallo debió haber sido absolutorio, puesto que reitero, la prueba del reconocimiento de fotografías mostrado por los investigadores, una vez detenidos los imputados fue la prueba Reyna, para emitir la condena, considerando entonces que en efecto a raíz de lo suscitado en el Juicio Oral Y Público, es evidente que se han vulnerado Derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, específicamente el Derecho al debido proceso, así como el derecho de defensa, en consecuencia, los honorables magistrados al ver, estudiar el caso de mérito, se darán cuenta que el Tribunal erró en su fallo y restituirán a mis defendidos las garantías que se les han vulnerado. RECLAMACIONES PRESENTADAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL: El Vicio Procesal que sirve de Fundamento al RECURSO DE CASACION, desarrollado por la Impetrante en el presente Recurso, fue cometido en el Acto mismo de la Sentencia ahora Recurrida, y por lo tanto, por su naturaleza, no se pudo intentar Reclamo alguno para su Subsanación, ya que no era el momento Procesal oportuno, por ello, es que hasta ahora que se Interpone el presente Recurso.” FUNDAMENTACION JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de ley o doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o doctrina legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de doctrina legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del principio fijado en la doctrina legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la doctrina legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la doctrina legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la doctrina legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 360 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia infringida: Artículos 217 y 218, en relación con los artículos 219 y 225 del Código Penal. *Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; *Pretensión: Que se decrete sentencia absolutoria. Establece la recurrente que las acciones que cometieron sus defendidos no se subsumen en el delito de robo agravado, ya que al confrontar las normas penales anteriormente descritas con los hechos probados no consta la preexistencia e individualización de bienes muebles que acredite la propiedad de la señora Glenda Idalia Zepeda, y que tampoco se ejercieron acciones violentas e intimidatorias ejecutadas por los acusados, en contra de dicha señora y que durante la secuela del juicio nunca se les encontró en posesión de las cosas que supuestamente le fueron sustraídas; así mismo otra de las situaciones que se dieron es que al momento en que cuatro hombres llegaron a la casa de la ofendida, nunca actuaron de forma violenta, pues estos ingresan por voluntad de la ofendida y las cosas que supuestamente existían en el lugar fueron tomadas sin mediar ninguna fuerza o intimidación. Del tipo penal de robo. Dando respuesta a la pretensora es importante señalar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de robo, definido en el artículo 217 del Código Penal el cual indica que “comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo o el uso de medios que debiliten o anulen su resistencia”, así las cosas, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo puede ser cualquier persona, a excepción del titular del derecho real; 2. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona que esté en el uso, goce o dominio del objeto del delito; 3. Objeto material del delito es el “bien mueble ajeno”, entendiéndose como bien mueble lo señalado por el artículo 601 Código Penal, los animales incluidos como indica el artículo 217 del Código Penal y por “ajeno”, determina que ese bien mueble no le es propio del sujeto activo, ni tampoco es objeto de accesión u ocupación en los términos de los artículos 634 y 660 del Código Civil respectivamente; 4. Conducta criminosa es la de apoderarse es decir poner bajo su poder y disposición la cosa mueble ajena, ya sea directamente o a través de un tercero que cumple la función de instrumento; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, está prevista de tres maneras: a) Ejerciendo violencia en contra de una persona (vis absoluta); b) Provocando intimidación en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación provocar en otro un estado mental de miedo ante la incertidumbre de poder sufrir un daño real (no imaginario) en el ámbito personal o material; c) Empleando fuerza en las cosas que puede ser el mismo bien mueble ajeno que se busca apoderar o a otro bien mueble o inmueble que le protege, le contiene, al que se le une, al que lo fija a un lugar, al que lo sostiene, etc. Por otra parte, constituyen elementos subjetivos del tipo el dolo y el ánimo de lucro: 1. El dolo conformado por el conocimiento del apoderamiento del bien mueble ajeno, del conocimiento de que el acto provoca violencia o intimidación en las cosas o fuerza en las cosas y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el propósito; 2. El ánimo de lucro que implica la intención final del sujeto activo de incrementar su patrimonio en perjuicio del decrecimiento del patrimonio de otro; el incremento patrimonial puede acontecer cuando el sujeto activo se apodera de un bien mueble para hacerlo suyo o para adquirir a través de él una ganancia por su comercialización o cuando el sujeto activo se apodera del bien mueble para efectos de usarlo de manera temporal o para regalarlo a otra persona, viéndose así beneficiado al no tener que acudir a su propio patrimonio. Es oportuno indicar que, como consecuencia del elemento subjetivo, el delito de robo para que pueda considerarse consumado debe existir disponibilidad del sujeto activo sobre el objeto mueble, ya que solo así pueden darse por cumplidos los elementos del tipo penal. La sentencia de fecha 27 de julio del 2010, emitida en el Expediente 263-2008 por este Tribunal de Casación explicó: “… La Sala de lo Penal, partiendo de que el núcleo de la acción descrita en el tipo penal de Robo es el “apoderamiento”, entiende que, ello implica que el sujeto activo debe haberse apoderado de la cosa mueble, debiéndose entender para ese apoderamiento que el ofendido sea desapoderado de la cosa mueble para la efectiva lesión del bien jurídico tutelado, ahora bien, para considerar su plena consumación es necesario que concurra la “disponibilidad” del autor sobre la cosa mueble desapoderada a la víctima, siendo necesario para ello que, además del apoderamiento material (apropiarse de la cosa mueble), se pueda tener disponibilidad de los bienes robados, lo cual sólo sucede cuando el autor logra colocar la cosa mueble aunque sea de manera momentánea en orden o condición beneficiosa para considerar lo que hará con los bienes, es decir, actos de disponibilidad de dominio, enajenar, poseerla, regalarla, etc. La disponibilidad del autor, para que vaya más allá del apoderamiento material requerirá la disponibilidad aludida en la cual el sujeto pasivo ya no debe tener ningún dominio de la cosa, pudiendo resultar la disponibilidad de manera momentánea o de manera permanente situación que se deberá definir en cada caso concreto de conformidad a los hechos acaecidos. Justamente la doctrina al explicar la teoría de la disponibilidad, para determinar cuándo concurre la misma, considera el caso del ladrón que es capturado in fraganti o es perseguido ininterrumpidamente por la fuerza pública o particulares siendo capturado, manteniéndose la tesis de que, en estos casos no habrá disponibilidad, no obstante haber existido apoderamiento material…”. La Tesis de la Disponibilidad constituye doctrina legal al haber sido considerada por la Sala de lo Penal en los fallos del 15 de junio de 2007 en el Exp 224-2006, fallo del 20 de junio de 2007 en Exp 249-2005, fallo del 27 de julio del 2010 en Exp 263-2008 y fallo del 07 de agosto de 2013 en el Exp 192-2011. Entonces son las características del tipo penal de Robo: 1. Según su Estructura: i) Tipo Penal Especial al contener elementos propios del tipo penal básico de hurto, al que se suma una modalidad particular de su ejecución (violencia o intimidación en las personas o fuerzas en las cosas); ii) Tipo Penal Simple al describir un único modelo de comportamiento (apoderarse); 2. Según su Contenido: i) Tipo Penal de Resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante el desplazamiento, posesión y finalmente disposición del bien objeto del delito por parte del sujeto activo; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal Cerrado ya que el supuesto de hecho y sus tres modalidades criminosas están determinadas con precisión, de tal forma que la conducta prohibida se desprende con precisión del tipo penal; 3. Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; y 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la propiedad de los bienes muebles; ii) Tipo Penal de Lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. Agravantes de la pena del delito de robo Dispone el Artículo 218 del Código Penal que al culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión, pena que será incrementada en un tercio (1/3) cuando concurran cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 219 y 255 del mismo cuerpo legal. Es importante aclarar que el artículo 219 inicia señalando “Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán…”, siendo el artículo que le antecede el 218-F que tipifica el fraude por simulación de robo de vehículo, sin embargo en realidad al artículo que se refiere el 219 es el 218 que tipifica el delito de robo, pues los artículos 218-A al 218-F, fueron adicionados posteriormente mediante decreto No. 125-2003. El Artículo 219 del Código Penal prevé tres circunstancias que agravan la pena del delito de robo, a saber: 1. Agravante por Lugar; Ejecutar el hecho en lugar despoblado; 2. Agravante por el número de Coautores: Ejecutar el hecho en coautoría donde participen como mínimo cuatro personas, es decir en cuadrilla; y 3. Agravante Compuesta, que requiere la concurrencia de elementos específicos de ofensividad, lugar y modus operandi: a. Ofensividad: portando armas el sujeto activo, entendiéndose como arma cualquier objeto que sirva como instrumento ofensivo; b. Lugar: el sujeto activo deberá realizar el delito de robo en alguno de estos lugares: en casa habitada, oficina pública, edificio destinado a culto religioso, Centro Docente, Centro Cultural, establecimiento comercial, establecimiento bancario, establecimiento de asistencia social; c. Modus Operandi: El sujeto activo además debe realizar el acto realizando cualquiera de las acciones siguientes: i. Empleado ganzúas; ii. Empleando llave falsa en cerraduras, debiendo entenderse como falta la verdadera sustraída al propietario; iii. Fracturando armarios, cajas fuertes u otra clase de muebles u objetos sellados o cerrados, aun cuando tal fractura sea en lugar distinto a donde se encontraban originalmente; iv. Fracturando puertas; v. Fracturando ventanas. vi. Mediante escalamiento; vii. Rompiendo paredes; viii. Rompiendo pavimentos; ix. Rompiendo suelos; x. Rompiendo techos; La agravante del artículo 219.3 del Código Penal es compuesta, como ya se dijo, por lo que para su consideración requiere que se cumplan necesariamente las tres circunstancias descritas, es decir: 1) El uso de arma; 2) Que la ejecución del hecho sea en los lugares determinados taxativamente en la agravante, y 3) Que el delito sea realizado por algunas de las formas enumeradas.- A contrario sensu, de no observarse alguna de las tres circunstancias exigidas, no podrá considerarse el delito de robo como agravado con base en dicho numeral 3 del artículo 219. También se considerará delito de robo como agravado cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el artículo 225: 1. Por empleado doméstico o interviniendo grave abuso de confianza; 2. Aprovechándose de una calamidad pública o privada o de un peligro común; 3. De noche, o si, para ejecutarlo, el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación; 4. Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad, o empleado de un servicio público; 5. En el equipaje de los viajeros, en cualquiera especie de vehículos, en las estaciones, muelles, hoteles, o en establecimientos en que se sirva alimentos o bebidas; 6. En casas destinadas al culto o al uso de ornato público o cuando recayere sobre monumentos funerarios; y, 7. En objetos de valor científico, artístico o cultural que se hallaren en museos u otros establecimientos públicos o que perteneciere al patrimonio histórico nacional, aun cuando hubieren permanecido ocultos o sin descubrir. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Como lo ha venido reiterando esta Sala de lo Penal, “la falta de aplicación de la ley” como infracción, debe resultar necesariamente de los hechos probados, cuando los jueces omiten la ley aplicable a la causa que se falle, o se pasa por alto la existencia de una ley que regule la cuestión jurídica que se debate, o en forma deliberada se resiste a aplicarla; y “la aplicación indebida” es una especie de Casación por Infracción de Ley, consistente en la invocación hecha por los sentenciadores, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el fáctum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados. Sabido es que los hechos probados resultan inalterables en casación y cuando se conoce un recurso por Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el tribunal de instancia se determina de manera correcta un indicio de subsunción del hecho en el derecho. El principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos, los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. La Sala de lo Penal al confrontar los hechos declarados probados con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo, contenido en el artículo 217 del Código Penal, concluye que existe identidad en el hecho con el ámbito situacional del supuesto previsto, pues un grupo de cuatro personas (dos vestidos con uniforme de la policía, uno vistiendo camiseta de la DNIC, y otro con el rostro cubierto con pasamontañas vistiendo uniforme moteado del escuadrón cobra), todos ellos portando armas de fuego llegaron hasta la vivienda de la señora Glenda Zepeda, diciéndoles que tenían orden de registrar su casa por considerarla sospechosa de venta de drogas, los individuos obligaron a todos los presentes a ingresar en el interior de la vivienda, comenzando éstos a registrar el mobiliario y pertenencias, encontrando y llevándose tres armas de fuego, una escopeta, un revolver 357, y una pistola calibre 45, así mismo encontraron y se llevaron una cantidad de dinero en efectivo que sobrepasa los cien mil lempiras; luego de apropiarse de las armas y del dinero le dijeron a Glenda Zepeda que se llevaban lo encontrado y también se llevarían a su hijo Zebedeo Peralta para la estación policial regional de Choluteca, abandonando la vivienda y se encaminaron hacia dos vehículos automotores que habían dejado cerca, llevándose consigo al joven Zebedeo Peralta. Ahora bien, el Tribunal de Sentencia señala que se aprecia en el presente caso que el delito es de carácter agravado por apreciarse la circunstancia prevista en el artículo 219.1 del Código Procesal Penal, cuando el robo se cometa en cuadrilla, por lo que procede la aplicación de este artículo; ahora bien, el mismo artículo 219 último párrafo manda a tener en consideración las agravantes del 225, la cual califica como robo agravado cuando el delito haya sido cometido “ con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad…”, es decir cuando el delito haya sido cometido por más de tres personas, como en el presente caso en donde fueron cuatro los participantes, además de estar fingiéndose autoridad, ya que se vistieron: dos con uniformes de policías preventiva, uno con camiseta de la DNIC, y otro de con uniforme moteado del escuadrón cobra, todas portando armas, los que se ajusta a lo que fijan los hechos probados, lo que permitió a estas cuatro personas ingresar a la vivienda y sustraer los bienes anteriormente descritos. Por lo anteriormente expuesto se declara sin lugar los motivos de casación por infracción de ley en su primer motivo interpuesto por la defensa privada. Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 360 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia infringida: Artículos 117, en relación con los artículos 33 y 14 del Código Penal. *Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; *Pretensión: Que se decrete sentencia absolutoria. Establece el recurrente que el Tribunal A quo incurrió en violación al calificar el accionar de los acusados como constitutivo de un delito de cómplices en el delito de asesinato; ante tal situación el Tribunal de Sentencia presume y elabora un bosquejo de lo que pudo haber pasado, no hay certeza que la acción que llevó a la muerte del difunto fue ocasionada con alevosía, premeditación u enseñamiento, así mismo no se sabe quién de los cuatro disparó el proyectil, ya que sólo fue un proyectil el que impactó en la humanidad de la víctima. Del delito de Asesinato. Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Casación afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan los derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho fundamental para la Constitución de la República, (Art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I el delito de asesinato. El delito de asesinato, protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: 1. Sujeto Activo: puede ser cualquier persona; 2. Sujeto Pasivo: podrá ser cualquier persona diferente a: a) Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (parricidio o infanticidio); b) Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; c) Diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 3. Objeto material del delito: es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 4. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo el tipo penal de asesinato requiere el dolo especifico de matar (Animus necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Asesinato, las siguientes: 1. Según su estructura: a. Tipo penal especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (homicidio), al que se agregan otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; b. Tipo penal simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento dar muerte; 2. Según su contenido: a. Tipo penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; b. Tipo de conducta instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo penal de acción porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3. Según el sujeto activo: a. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo penal común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el bien jurídico tutelado: a. Tipo penal mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; b. Tipo penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la alevosía. La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución, que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor, de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida. Es importante resaltar dos puntos: primero, que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; segundo: para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación. Del concepto se derivan tres clases de alevosía: 1. La alevosía proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor “sobre seguro” y “a traición”, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; ocurre cuando el sujeto activo se esconde o se disfraza a la vista de su víctima, para poder acercarse a ella y así atacarle; 2. Alevosía sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevisto por el sujeto pasivo (ex improviso), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas de su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le dé la ventaja; y, 3. Alevosía de prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc. En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al verlo lo aprovecha para ejecutar su ataque. De la Premeditación. La premeditación es el estado intelectivo que se caracteriza por la frialdad de ánimo en el autor y la persistencia en la resolución delictiva, por cuanto éste contempla la posibilidad de realizar el delito y persiste con dicha idea por un tiempo claramente diferenciado, es así que la idea del delito no nace en el momento en que éste es ejecutado, sino que de él se tiene una idea preconcebida y acariciada; debe tenerse en cuenta, que la premeditación no implica planeamiento, aunque el planeamiento siempre es característica intrínseca de la premeditación, ya que una persona puede concebir la idea de ejecutar el delito, tenerlo presente en su mente como algo deseable y realizarlo al momento en que circunstancialmente identifica un momento como el ideal para hacerlo, sin que medie planificación, por el contrario, cuando la persona se plantea el modo o la forma de ejecutar el delito, ejecutándolo de esa manera, implica planeamiento y por ende premeditación. (ver al respecto sentencia de la Sala de lo Penal del 27de mayo de 2014, en Exp. 057-2012). La premeditación se compone de tres elementos: 1. Elemento cronológico: implica una dilatación de tiempo entre la resolución delictiva y su ejecución; no existe un parámetro de tiempo determinado, más si requiere que entre el momento de la decisión delictiva y el momento de la ejecución de la conducta que busca su materialización exista una disolución temporal que permita apreciar los demás elementos de la premeditación; 2. Elemento ideológico: consistente en la persistencia en la resolución delictiva, en el cual el sujeto activo no solo haya ideado el cometimiento del delito, sino que persiste en la idea de su ejecución, representándose formas, medios, instrumentos o momentos para su materialización, ejecutando la conducta como decisión razonada, para lograr un resultado contemplado y deseado; y, 3. Elemento psicológico: frialdad de ánimo del sujeto activo, pues el delito no se comete por el estado de ánimo surgido del momento, sino como consecuencia de una más o menos larga contemplación reflexiva, teniendo la oportunidad de considerar todas las variables que pueden presentarse tanto en la ejecución del delito como posterior a éste, sin que el posible reproche social, el riesgo de sanción penal y principalmente el daño a la vida de terceros le desanime en su plan delictivo. Del delito de asesinato por alevosía. En virtud de que mediante el recurso impetrado se demanda la revisión del cuadro fáctico declarado como probado, para luego ser confrontado con el tipo penal utilizado por el A-quo, consideramos necesario establecer los requisitos que deben considerarse para determinar la existencia de un delito de asesinato. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía; 2. Con premeditación conocida; 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; 4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. Como se puede apreciar, el Código Penal tipifica el asesinato como delito autónomo, después del de homicidio, mediante la enumeración de una serie de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del artículo 27 del mismo cuerpo legal. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 117. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte. El bien jurídico protegido es la vida humana, derecho inviolable de todas las personas (la vida humana independiente); referente a los sujetos, activo y pasivo del tipo básico, cualquier persona puede ser autor o víctima del delito de asesinato sin más limitación que las derivadas del concurso de leyes. En cuanto a la causalidad, es necesario que medie una relación de causa y efecto entre la conducta del agente y el resultado muerte. El delito de asesinato admite una forma de imputación subjetiva: el dolo, es decir el ánimo o intención de matar (Animus necandi) es un elemento subjetivo del injusto, inaccesible si no es a partir de los actos de carácter objetivo que exteriorizan tal intención; dicho ánimo debe cumplirse a través las agravantes que establece el mismo artículo 117. En el actual Código Penal, la figura de la alevosía se regula dentro de las agravantes genéricas que establece el artículo 27, estableciéndose así en el numeral 2) la circunstancia agravante de ejecutar el hecho con alevosía, y definiéndose: “Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida, y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”. En la referida definición se exige que el autor del delito haya elegido o utilizado los medios, modos o formas de ejecución con la finalidad precisa de asegurar el resultado delictivo y además buscando evitar los riesgos provenientes de una posible defensa de la víctima; no se trata de que necesariamente se hayan elegido determinados medios o formas de ejecución con la finalidad de evitar la defensa de la víctima, sino que, será suficiente con haber utilizado los medios o formas de ejecución que permitan la imposibilidad de defensa de la víctima. Para que la circunstancia agravante pueda concurrir, necesariamente la realización del hecho deberá suceder empleando medios, modos o formas que tiendan directa y particularmente al aseguramiento del resultado sin riesgo de defensa de parte de la víctima. Como explica Arias Eibe, no habrá lugar a apreciar tal circunstancia cuando concurra una previa agresión por parte del ofendido, ni una defensa activa por parte del mismo, del mismo modo que cuando el agente avisa al agredido de su propósito de ataque o éste tenía motivos sobrados para sospechar un ataque inminente; sin embargo, la mera concurrencia de una defensa pasiva autoprotección o defensa dentro del marco del instinto de conservación por parte de la víctima no impedirá la apreciación de esta circunstancia. No obstante, lo dicho, la alevosía no podrá excluirse simplemente porque la victima haya tenido conocimiento de que existía una posibilidad de agresión por parte del autor, ni tampoco cuando el agredido tenía alguna posibilidad de defensa, ya que cuando el atacante utiliza un arma de fuego frente a una persona desarmada, tal posibilidad es meramente ilusoria. Normativamente, la alevosía se regula en relación a los delitos contra la vida de las personas y la integridad corporal; por la naturaleza misma de la agravante debe entenderse delitos contra la vida independiente, siendo ya en la parte especial del Código Penal (Artículo 117 numeral 1), que la alevosía se regula para calificar el delito de homicidio como asesinato; en consecuencia, la agravante de alevosía deja de ser genérica y se regula específicamente como elemento normativo de la configuración del asesinato. La alevosía se ha considerado como una acción ejecutada a traición. Como señala De Diego Diez, la alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental -aparte del aseguramiento de la ejecución- es el aprovechamiento de una situación de indefensión y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. El fundamento de la agravante se da en razón de considerar que el homicidio con alevosía supone un mayor desvalor del acto. Se reprocha que se busque dar muerte a la víctima con deslealtad al matar, cuando se encuentra en estado de indefensión. La mayor gravedad del hecho aparece en la ejecución insidiosa y clandestina del mismo. Es la facilidad y aseguramiento en la ejecución del hecho lo que agravará la conducta, representando la alevosía una mayor gravedad del injusto, pues representa un determinado y grave desvalor de la acción realizada, que se manifiesta en el resultado asegurado, al ejecutarse con medios o formas que impiden la posibilidad de la defensa por parte de la víctima. En cuanto a los medios, formas o modos de ejecución que se pueden emplear, normativamente no se describen las mismas, correspondiendo al juzgador el análisis de cada caso en particular, debiéndose valorar de acuerdo a las particularidades del hecho acaecido la adecuación de un hecho alevoso[1]. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. En su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. En virtud del recurso planteado, esta Sala de lo Penal procede a revisar los hechos que el Tribunal de Sentencia ha establecido como probados, para determinar si los mismos encajan o no en las normas penales que utilizó el juzgador al momento de la sentencia condenatoria. Relata el cuadro fáctico: “ …Cuatro: Los supuestos agentes de policía luego de apropiarse de las armas y del dinero dijeron a Glenda Zepeda que se llevaban lo encontrado y también se llevarían a su hijo Zebedeo Peralta para la estación policial regional en Choluteca donde lo iban a entregar; Quinto: Los cuatro supuestos agentes de policía abandonaron la vivienda y se encaminaron hacía dos vehículos automotores que habían dejado cerca, llevándose consigo al joven Zebedeo Peralta; Sexto: Dos días después del suceso, el 25 de marzo fue encontrado el cadáver del joven Zebedeo Peralta, presentando un único disparo de arma de fuego la parte posterior de su cabeza con orificio de salida en la región nasal, determinando el forense al momento de realizar el tanatocronodiagnóstico que su muerte había acecido entre dos a cinco días atrás…” Así como lo relatan los hechos probados y conforme a la explicación dada en el apartado anterior, encontramos que, en efecto, las acciones cometidas por los ahora encausados Audy Efraín Marcia Bertoty, Yensi Nahún García Maldonado y Luis Antonio Hernández encajan con el delito de asesinato mediante alevosía, tal como argumenta el juez A quo. La alevosía se nos presenta como cobardía, ya que los elementos esenciales, aparte del aseguramiento de la ejecución, es el aprovechamiento de una situación de indefensión y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción; en el caso subjudice los ahora imputados se hacen acompañar en conjunto y precisamente para asegurar el resultado y que no haya ningún riesgo para sus personas, todos andan armados, y disfrazados como autoridades policiales y militares, y en contubernio, después de llevarse las armas y el dinero se llevan al señor Zebedeo Peralta y deciden quitarle la vida del ahora ofendido, todo lo cual constituye el elemento alevoso necesario para la configuración del delito de asesinato. En cuanto a la participación, de la lectura de los hechos probados, inalterables en casación se observa la descripción de las acciones ejecutadas por los imputados, consistentes en disfrazarse de agentes de la autoridad, ingresar mediante engaños e intimidación a la vivienda de la señora Glenda Zepeda, para posteriormente sustraer de la misma tres armas de fuego, asi como dinero en efectivo, llevándose consigo al señor Zebedeo Peralta, quien finalmente es encontrado sin vida. Todas estas acciones descritas en los hechos probados, claramente son acciones ejecutadas anterior y simultáneamente con el desarrollo de los hechos imputados, por lo que el A quo los ha fundamentado en lo que señala el artículo 33 del Código Penal; de ese modo al tratarse de una contribución consiente y que responde a la intención de los imputados, y que se ha dado como lo señala la norma, de forma anterior o simultánea, el ejercicio de subsunción realizado por el A quo resulta correcto. Ante tal situación, el Tribunal de Sentencia consideró acertadamente que la norma penal que debía aplicarse era el artículo 117 numeral 1 del Código Penal, mismo que regula el delito de asesinato, con relación al artículo 33 del mismo cuerpo legal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Por lo anteriormente expuesto se declara sin lugar los motivos de casación por infracción de ley en su segundo motivo interpuesto por la defensa privada. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medio s o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. Interpuesto por la defensa privada. *Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código de Procesal Penal. *Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. *Reclamación ex ante: el vicio se cometió en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: declarar con lugar el recurso. Establece la recurrente que, en el caso de mérito, al momento de dictar la sentencia condenatoria en perjuicio de sus defendidos, se incurrió en violación a las reglas de la sana crítica por considerar que las conclusiones a las que arribaron los miembros del Tribunal de Sentencia son producto de la inobservancia de dichas reglas. De acuerdo a las argumentaciones de la censora, aprecia en las pruebas evacuadas contradicciones y ambigüedades, centrando su atención en la forma de identificación de los procesados, a través de un álbum fotográfico expuesto a la ofendida y sus hijos. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: • Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. • Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o • Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala reitera que, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[2]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Establece la recurrente en este motivo de casación penal la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), estableciendo la violación de la Regla de Lógica en el principio de (SIC) “no contradicción”. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. En ese sentido este Tribunal de Casación dará respuesta conforme al precepto autorizante interpuesto en el motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el recurrente el cual se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al haber denunciado “Inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba”. La recurrente funda su reproche recursivo en la violación de las reglas de la sana critica, refiriéndose a la Regla de la Lógica, en su principio de (SIC) “no contradicción”, siendo lo correcto referirse al principio de contradicción derivado de la regla de la lógica. Indicando, la censora, que el Tribunal dio una valoración inadecuada a la declaración de los testigos Delio Espinoza, Silvano Peralta, Brenda Yariseth Peralta Zepeda, Glenda Idaila Zepeda y Olvin Exequiel Peralta Zepeda, cuestionando sus dichos, señalando lo que a su criterio son contradicciones e inexactitudes en las declaraciones y considerando que por ello no debieron considerase ni valorarse, para fundar un fallo condenatorio. Al apreciar esta Sala, las declaraciones rendidas en juicio, logra determinar: a) El señor Idalio Espinoza, estableció ser investigador de la entonces DNIC describiendo en su declaración los hechos denunciados, y establece que se les presentó a los ofendidos las fotografías de los investigados, siendo reconocidos por aquellos. En su declaración claramente indica que tres de los imputados: Javier Gómez, Yensy García y Audi Marcía, fueron detenidos en la posta policial de Pavana porque portaban armas prohibidas, y que, como consecuencia de esta detención, se dio aviso a los ofendidos, para que pudieran observar diferentes fotografías (entre ellas la de los imputados) y que fue de esa manera cómo fueron identificados. b) En cuanto a las declaraciones de los testigos Silvano Peralta Zepeda, Brenda Yarizeth Peralta Zepeda, Glenda Idalia Zepeda y Olvin Exequiel Peralta Zepeda, todos coinciden en establecer cómo se desarrollaron los hechos, según los cuales cuatro individuos usando indumentaria policial llegaron a la casa de habitación de los testigos, portando armas de fuego y suplantando a la autoridad policial, les hicieron ingresar al domicilio, practicando un registro dentro de la vivienda, llevándose consigo tres armas de fuego y la cantidad de cien mil lempiras; asimismo describen cómo se llevaron contra su voluntad al señor Zebedeo Peralta Zepeda quien fue encontrado muerto por disparó de arma de fuego dos días después del suceso ocurrido en su vivienda. En la valoración a estas declaraciones, el tribunal -realizando un ejercicio intelectivo- efectúa una valoración conjunta de la prueba evacuada en el debate, contrastando las declaraciones de los testigos de cargo con los otros medios de prueba, encontrando que unas y otras se complementan. En consecuencia, en cuanto a las declaraciones de Glenda Zepeda, Silvano y Brenda ambos de apellidos Peralta Zepeda, les concede valor por considerarlas creíbles y coherentes; además encuentra el tribunal que tales declaraciones son apoyadas y respaldadas por las actas que documentan otras diligencias como son el levantamiento cadavérico de Zebedeo Peralta Zepeda, así como las actas de reconocimiento fotográfico, mediante las cuales se identifica a los imputados. Con el resto del acervo probatorio, evacuado ante la presencia del Tribunal de Sentencia, éste logra arribar a la conclusión de que los imputados fueron las personas que, utilizando indumentaria policial, ingresaron al domicilio de Glenda Zepeda, apropiándose de tres armas de fuego y la cantidad de cien mil lempiras, propiedad de la ofendida, y quienes además se llevaron al señor Zebedeo Peralta Zepeda, quien fue asesinado y encontrado dos días después del hecho; pues además de considerar que los testimonios son congruentes entre sí, éstos resultan apoyados en la prueba documental de cargo. En consecuencia, esta Sala es del parecer que las pruebas evacuadas resultan congruentes, concordantes, inequívocas y además suficientes para quebrantar el estado de inocencia y que los hechos declarados probados, así como la decisión condenatoria del A quo se ha derivado directamente de dichas probanzas, estableciendo su valoración tanto individualmente como en forma colectivas de las mismas, siguiendo para ello las reglas de la sana crítica. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República.*Concepto de la Infracción: Violación de las garantías de derecho de defensa y del debido proceso. *Reclamación ex ante: el vicio se cometió en el acto mismo de la sentencia *Pretensión: Que se anule la sentencia recurrida. De conformidad con lo que establece la censora que en la vista pública se conculcó en perjuicio de sus defendidos, el derecho al debido proceso, al haber admitido el A quo prueba que según el argumento de la defensa es ilícita, refiriéndose específicamente al reconocimiento de los acusados por medio de fotografías. Del Derecho a la Defensa Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional.- La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de sus intereses individuales; como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. Del Debido Proceso Legal La garantía del debido proceso, invocada por la recurrente, como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forma parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”.Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Reconocimiento en Rueda de Personas y Diligencias Análogas El medio de prueba “Reconocimiento” ha sido tema central en muchas sentencias emitidas por la Sala de lo Penal, en especial cuando éste se realiza en una audiencia al momento de la declaración de la víctima o de un testigo, o cuando el “Reconocimiento” se realiza mediante fotografías como parte de la investigación preliminar. El Reconocimiento en álbum fotográfico y el reconocimiento de objetos, con regularidad son confundidos con las meras identificaciones o señalamientos, teniendo unos y otros diferentes exigencias procesales y, más importantes, distintas connotaciones probatorias. En razón de que la denuncia de la impetrante se basa en la violación al derecho fundamental a un debido proceso judicial, expresando que se ha realizado indebidamente un “Reconocimiento Fotográfico”, es oportuno para esta Sala de lo Penal hacer un breve desarrollo del medio de prueba reconocimiento y su diferencia con una mera identificación o señalamiento, haciendo eco de lo ya señalado en numerosas sentencias emitidas por este alto tribunal. En sentencia de fecha 27 de abril de 2017 en el expediente 292-2013, se hizo relación de que el medio de prueba, antes llamado confrontación, ahora Reconocimiento de Personas en Rueda (Recognitio Personarum Per Testes), tiene por objeto la identificación física de una persona de interés para el proceso penal, la cual puede ser el imputado o un testigo. Esta forma de reconocimiento de personas, no es exclusiva ni excluyente, pues puede hacerse o sumarse de otros modos diversos, apelando al Principio de Libertad Probatoria establecido en el artículo 199 del Código Procesal Penal, como ser: mediante huellas dactilares, declaración de testigos, identificación mediante fotografías, videos, retratos hablados, etc. Muchos autores han conceptualizado qué es el reconocimiento, desde el punto de vista procesal, criminalístico, etc., empero para esta Sala de lo Penal merece especial atención el concepto psicológico de la diligencia, que lo define como "juicio de identidad entre una percepción presente y pasada" (Altavilla, Enrico. Psicología Giudiziaria. Edit. Torino. 1948. Pág. 516. Citado por CAFFERATA NORES, José. La Prueba… op. cit. pág. 129), por cuanto lo esencial de la diligencia es la comparación de dos imágenes: i) La primera imagen, guardada en la memoria del reconociente, adquirida de manera previa y accidental, y que sirve de base para la comparación; ii) La segunda imagen, captada en el momento en que se realiza el medio de prueba, al ponérsele a la vista del reconociente un grupo de personas, fotografías u objetos para que determine si dentro de éste se encuentra aquella que previamente había visto. El reconocimiento puede ser: a. Según la esfera de ejecución: Propios o Impropios, conocidos también como mera identificación o señalamientos. b. Según el objeto de reconocimiento: personas, cosas. c. Según el método de reconocimiento: presencial, fotografía o por medio de voz. A) Reconocimiento Propio Para que el reconocimiento tenga la categoría de medio de prueba, deberá realizarse siguiendo estrictamente el protocolo reglado por el Código Procesal Penal que permita garantizar la certeza de la verificación. El Reconocimiento procederá en cualquiera de los siguientes casos: a. Dudosa Identidad Física de una persona: Cuando la duda recaiga sobre la identidad de la persona acusada, el Tribunal Sentenciador deberá admitir este medio probatorio con el objeto de verificar que la persona que está siendo sometida al proceso sea la misma a la cual el Estado debe imponer su poder punitivo. También el reconocimiento puede ser practicado cuando se tenga duda sobre la identidad de la víctima o de algún testigo (ya sea porque la persona niega ese carácter o porque quiere falsamente identificarse como tal), de modo de verificar que la persona que comparece al proceso es la misma que percibió el hecho con alguno o todos sus sentidos. b. Duda sobre la Identificación Nominal de una persona: Existen casos donde se tenga certeza sobre la identidad física de una persona, pero se dude sobre su identidad nominal, ya sea porque se niegue a proporcionar sus datos personales, porque los proporcionados sean insuficientes, porque los datos proporcionados sean semejantes a otra u otras personas de manera tal que exista duda o porque se atribuya otros datos que no le pertenecen. El reconocimiento tendrá, entonces, por objeto la verificación, corrección o ampliación de la identidad de la persona, sea testigo, víctima o sospechoso, que sirva para distinguirlo de otras personas. c. Verificación de la Información rendida: Cuando se tenga duda de que una persona efectivamente vio o conoce a otra, puede realizarse el reconocimiento para este efecto. El acto permitirá al tribunal sentenciador adquirir la certeza de que una persona efectivamente conoce o vio a otra persona. Muchos casos se han dado en que testigos o víctimas sostienen haber visto a otra y conocer a otra sin que esto sea cierto. El desarrollo del medio de prueba se efectúa en dos etapas: i.- Procedimiento previo; ii.- Ejecución. Como Procedimiento Previo se requiere la toma de la declaración testifical del reconociente, siguiendo las formalidades que establece el Código Procesal Penal para ese medio de prueba; En dicha declaración el testigo (sujeto activo del reconocimiento), deberá dar razón de los hechos que ha presenciado y en particular: i.- Aspectos sobre tiempo y lugar, distancia en que se encontraba de la escena, etc.; ii.- , Descripción física de la persona a reconocer: sexo, estatura, edad, físico, color de cabello, vestimenta, características particulares; iii.- Conocimiento previo sobre sobre la persona y/o su personalidad: Si había visto antes, en que tiempo y por qué razón, señalando si tenía o tiene algún tipo de relación social o parental, si le ha visto personalmente o en imagen, etc. iv.- Conocimiento posterior al hecho sobre la persona: si le ha vuelto a ver, personalmente o en imagen, por qué razón y en qué circunstancias, y en su caso si se percató de alguna diferencia física.- Este interrogatorio previo tiene como objetivo que el sujeto activo describa las condiciones en que vio al individuo o a la imagen y la forma en que conserva el recuerdo, así como para valorar el resultado del reconocimiento, cotejando concordancias o discrepancias entre la persona reconocida y la descrita. Debido a que este interrogatorio es necesario en forma previa, el reconocimiento será siempre un medio probatorio compuesto, ya que requiere que antes de su práctica sea evacuado otro medio probatorio, en este caso el testifical, o la declaración de la persona acusada, cuando sea éste el reconociente. También como procedimiento previo se requiere la elección de las personas que integrarán la rueda como descartes. El Código de Rito ordena que las personas que acompañen a la que deba ser identificada deben poseer características físicas semejantes, a fin de que pueda darse valor probatorio al reconocimiento. No es posible, por consiguiente, formar la rueda con personas cuyas características físicas (y para algunos hasta sociales), sean dispares y que produzcan que la persona reconociente prescinda de su recuerdo para señalarla. Así entonces las vestimentas deben ser de la misma clase y con características parecidas, empero no es procedente que vayan uniformadas, ya que puede provocar confusión en la persona reconociente. Vale preguntarse qué ocurre cuando la persona a reconocer posee una característica tan singular y rara dentro del medio social, como por ejemplo color de piel, de ojos o, más aún, que carezca de una pierna o de un ojo o que tenga alguna cicatriz. En estos casos el tribunal muy difícilmente, por no decir imposible, podrá conseguir la colaboración de individuos con esas mismas características, además de que la exigencia que establece la ley se refiere a condiciones generales y estas características expuestas pasan a ser individualizantes, objeto más bien del acto procesal. El número de personas que integran la rueda es otro aspecto que debe de tenerse en cuenta: El Código Procesal Penal no determinan la cantidad de personas, sin embargo, atendiendo la naturaleza de la diligencia, éste no puede ser menor de tres ni mayor de seis, a fin de darle mayor valor probatorio al acto; en suma, entonces, el número de personas que deben integrar la rueda, incluyendo a la persona sometida al reconocimiento, debe ser como mínimo cuatro y como máximo siete. Hacemos especial referencia al numeral segundo del artículo 253 del Código Procesal Penal, que establece la obligación del juez o tribunal de tomar las previsiones para que el imputado no se desfigure, es decir, que no realice cambios a su físico que le hagan verse diferente, ello con el propósito de que la persona reconociente pueda individualizarla conforme a la imagen mental que posea. Esto, como es obvio, no quiere decir que el Tribunal evitará que el imputado se cambie de ropa o que haga arreglos de presentación. En el caso en que el imputado haya realizado cambios en su persona que le hagan verse en forma distinta de cómo se veía anteriormente, es recomendable que el reconocimiento no se efectúe en forma personal, sino que se realice de otra forma si es posible, como por ejemplo por medio de fotografía o por medio de la voz. Como procedimiento de ejecución, una vez escogidas las personas que conformarán la rueda de personas, éstas serán formadas en un semicírculo o en una fila y se invitará a la persona acusada, o testigo a ser reconocido, que tome la posición que prefiera; esto se hace para asegurarle al sujeto pasivo del acto que no existe instrucción alguna para que el reconociente señale a una persona conforme la posición en la rueda. Una vez conformada la rueda, se hará pasar al reconociente invitándole a observar detenidamente a la rueda de personas, luego de lo cual se le preguntara que sí reconoce a la que anteriormente había descrito. Independientemente de la respuesta, se habrá realizado el reconocimiento. Recuérdese que el reconocimiento no está limitado a características físicas, por lo que podrá practicarse haciéndolo hablar, caminar, modificando la posición de las personas de la rueda, etc. El reconocimiento podrá ser: i.- Negativo, cuando la persona señale a un individuo distinto al que se suponía que tenía que identificar o indique que dentro del grupo esa persona no se encuentra; ii.- No Concluyente: Cuando la persona señale a dos o más individuos a la vez, sin poder determinar cuál de ellos es el que vio en forma previa, o cuando se señale a una persona de manera dudosa, ejemplo cuando utiliza palabras como "creo" o "me parece"; y iii.- Positivo: cuando la persona señale al individuo objeto del medio de prueba, en forma categórica y determinante. En este último caso el Código Procesal Penal dispone que se le debe preguntar al reconociente las semejanzas y diferencias observadas a la persona que identifica con relación a la cual recuerda. B) Reconocimiento Fotográfico Es una modalidad subsidiaria del reconocimiento de personas y se utiliza cuando existiendo algunas de las razones enumeradas para el reconocimiento personal, concurran las siguientes circunstancias: a. Cuando la persona a reconocer haya cambiado su aspecto de modo tal que se dé la imposibilidad de cotejo con la imagen que posee la persona reconociente. Por ello el reconocimiento se realizará con una fotografía que se tenga de la persona antes de tal cambio. b. Cuando la persona a reconocer se encuentre prófuga, no se sepa el paradero o no pueda ser sometida al acto procesal (como por ejemplo casos de enfermedad); y c. Cuando no se sepa aun quién es la persona responsable del delito. El reconocimiento fotográfico, para que constituya medio de prueba, deberá realizarse siguiendo las formalidades antes apuntadas para el Reconocimiento de Personas, con las siguientes especificaciones: La fotografía de la persona a reconocer a utilizar podrá ser parte del archivo que normalmente lleva la policía o la que pertenezca a documentos personales, legalmente obtenida (como la Cédula de Identidad), o las llamadas fotografías artísticas de acceso público. La fotografía será presentada con otras semejantes en tamaño y ángulo de toma, dentro de un álbum donde se presenten en suma un número mínimo de 04 y máximo de 07 fotografías, incluyendo aquella de la persona que se desea reconocer. Este tipo de identificación no impedirá que posteriormente se realice un reconocimiento personal, pero en este caso el tribunal deberá tener en cuenta que su valor probatorio se verá afectado, por la interposición de una imagen previa al reconociente. Recuérdese que el reconocimiento, de personas o fotográfico, pueda ser considerado como medio de prueba deberá realizarse con la participación de los siguientes actores: a. El órgano de ejecución deberá ser siempre jurisdiccional. Como se indicó antes, en virtud de su carácter irreproducible; y b. Antes de practicarse la medida deberán ser previamente notificadas y citadas las partes del proceso que hasta el momento se hayan identificado como tales, bajo penal de nulidad del acto. Se garantiza así el control de las partes sobre el acto procesal, ya que podrán durante el desarrollo del mismo’’ hacer las preguntas y observaciones que estimen conveniente y solicitar que se haga constar cualquier irregularidad. De la diligencia de reconocimiento se elaborará un acta, en donde se harán constar todas las circunstancias en que se realizó la misma, incluso los nombres y domicilios de las personas que hayan participado en la rueda de personas como descartes. Finalmente, es de mencionarse que el medio de prueba, cuando no fuese realizado directamente por el Tribunal de Sentencia sino por un tribunal distinto en etapa previa a la de juicio, deberá celebrarse bajo el protocolo de prueba anticipada para que pueda ser prueba de juicio, lo que exige de igual cuenta que la declaración del reconociente, cuando fuese testigo, se realice bajo el mismo esquema. C) Mera Identificación o señalamiento mediante el uso de fotografías En sentencia del 09 de diciembre de 2013, en el Expediente 209-2011, la Sala de lo Penal explicó que ante la Noticia Criminis es responsabilidad de los órganos estatales de investigación, dirigidos técnicamente por el Ministerio Público, hacer las diligencias de investigación pertinentes, que componen la “investigación preliminar”, como parte de la Etapa Preparatoria, siendo uno de los objetivos “practicar todas las diligencias pertinentes y útiles no sólo para determinar la existencia del hecho punible sino también para establecer el grado de responsabilidad de los agentes”. Se comprende entonces la importancia de identificar a las personas responsables, tanto física como nominalmente; debe tenerse presente que uno de los presupuestos más elementales que integran el proceso penal es lograr la certeza de la identidad de la persona objeto de la acusación, ya que si ella falta o es dudosa, toda la estructura procedimental se viene abajo, puesto que se puede alcanzar la convicción legítima de que un determinado hecho punible se produjo, pero ello no supondría la determinación de la identidad de quién fue en concreto la persona física que lo llevó a cabo; son los órganos públicos de persecución y los jueces y tribunales los llamados a llevar a cabo esta determinación. El Código Procesal Penal comprende una diversidad de actuaciones relativas a la identificación del inculpado desde una doble perspectiva: i.- Material: individualizar al responsable del delito, como persona física y; ii.- Formal: consiste en establecer los datos o circunstancias personales del presunto delincuente (edad, informes de conducta, antecedentes penales, etc…); es en este quehacer que en ocasiones los órganos de investigación recurren a la exhibición de fotografías a víctimas o testigos, lo que no es propiamente una prueba, sino solo un acto de investigación; es decir, una técnica policial apta para que en caso de reconocimiento positivo, se abra una línea de investigación. Además, en sentencia del 27 de mayo del Exp 062-2012 y de fecha 03 de noviembre en el Exp 084-2012, ambas del año 2014, la Sala de lo Penal indicó que el llamado “Reconocimiento fotográfico” realizado en sede policial, mediante la exhibición de un álbum o una serie de fotografías de personas que por su modus operandi pueden ser sospechosos de haber cometido el delito que se persigue, constituye una diligencia legítima de iniciación de la investigación dirigiéndola contra la persona concreta reconocida por aquel medio o técnica generalmente utilizada en la práctica por la policía; diligencia cuyo valor es de naturaleza pre-procesal por lo que no constituye por sí sola una prueba, aunque pueda traerse al juicio y con ello al contradictorio por otros medios probatorios de los procesalmente admisibles, reiterando lo señalado en la sentencia del 23 de octubre de 2013, en el Exp 047-2013, que la exhibición de fotografías por parte de las autoridades policiales, no es propiamente una prueba, sino solo un acto de investigación, que bajo el Principio de Libertad probatoria puede ser incorporada al acervo probatorio mediante su ratificación en el juicio oral por parte del testigo reconociente y/o de los policías ante los cuales se practicó el reconocimiento, adquiriendo así por contradicción de las partes e inmediación del tribunal de sentencia, el carácter de prueba susceptible de valoración. En resumen, podemos arribar entonces a las siguientes conclusiones: 1. El llamado reconocimiento fotográfico, realizado por la Policía en el proceso de investigación, es en realidad una mera identificación o señalamiento de personas que son de interés y no constituye un verdadero Reconocimiento Fotográfico; 2. La diligencia de investigación de identificación o señalamiento, no constituye por sí misma medio de prueba; si bien tal diligencia, mediante el acta que le documenta, puede ser llevada a juicio, debe necesariamente estar asociada con otro medio de prueba, como ser la declaración testifical del reconociente, de los agentes de Policía que realizaron tal diligencia o en última instancia de testigos que hayan presenciado la diligencia; y 3. La Identificación o señalamiento fotográfico tiene un valor en el ámbito de la investigación y por ende pre procesal, el cual no se traslada al proceso penal, sino, conditio sine qua non, hasta que es introducido en asociación con otro medio de prueba relacionado, que permita el debido contradictorio, el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y la inmediación del Tribunal. De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Conforme se comprueba del expediente judicial, en fecha cinco de octubre de dos mil diez se celebró la audiencia de proposición de prueba (folio 246 y 247), en la que el Abogado Samuel Núñez en su condición de defensor de Javier Gómez Méndez, propuso como medio de prueba actas de reconocimiento fotográfico, con la finalidad de determinar cuál fue el procedimiento utilizado para desarrollar tal diligencia. Dicho medio de prueba fue admitido por el Tribunal de Sentencia, bajo la condicionante que dichas actas deberán ser ratificadas por Idalio Espinoza, en el acto del juicio oral. Posteriormente, en fecha quince de marzo se inició la celebración del debate, evacuando declaraciones testificales; posteriormente en fechas veintinueve y treinta y uno de marzo se continuó la vista pública, siendo el treinta y uno de marzo, en que el A quo procedió a evacuar acta de reconocimiento fotográfico, compareciendo a ratificarla el testigo Idalio Espinoza. El tribunal sentenciador, al realizar la valoración de la prueba en la sentencia recurrida, establece que: “el reconocimiento de Luis Hernández, Audy Marcía Bertoty así como Yensi Nahún García, por los testigos, quienes ratificaron su identificación durante el debate es aceptable como prueba de cargo; en cuanto al acusado Javier Gómez resulta igualmente creíble y aceptable el reconocimiento….”. La recurrente confunde la naturaleza del medio de prueba documental en referencia, según las siguientes consideraciones: a. La recurrente denuncia que para la producción del llamado “Reconocimiento Fotográfico”, no se siguieron los lineamientos normativos previstos en el Código de Rito; Sin embargo esta Sala de lo Penal llama a considerar que confunde lo que es propiamente un Reconocimiento fotográfico con un Acta de diligencia de investigación de mera identificación o señalamiento, realizada en el marco de la investigación preliminar y que por ende no conlleva la observancia del protocolo que prevé el Código Procesal Penal para la realización del medio de prueba Reconocimiento fotográfico; b. El acta que documenta el acto de investigación si bien puede ser presentada como medio de prueba documental, esto al amparo del Principio de Libertad Probatoria, esta Sala de lo Penal ha advertido que para garantizar el debido contradictorio y con él, el ejercicio del derecho de defensa, la parte proponente deberá asociar el documento con la deposición de la persona reconociente o en su defecto del agente de policía que realizó la misma.- En el presente caso en efecto el agente de investigación Idalio Espinoza, ratificó el documento y realizó una descripción de cómo se llevó a cabo la diligencia. Como consecuencia, no procede atender el primer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 362 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. Segundo: No ha Lugar, el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Tercero: No ha Lugar, el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, todos interpuestos por la Abogado Blanca Argentina Gómez, actuando en su condición de defensora privada de Yensy Nahún García Maldonado, Audy Efraín Mancia Bertoty y Luis Antonio Hernández, a quien se le sigue proceso por los delitos de Robo Agravado y Asesinato a título de cómplices, en perjuicio de Glenda Zepeda y Zebedeo Peralta Zepeda respectivamente. Cuarto: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, con sede en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-236-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Calix Hernández, Jacobo. La Alevosía. Dogmática Penal y Jurisprudencia. Revista de Derecho Volumen 36. Año 2015. Páginas 21-27
[2] Véase German Pabón Gómez, De la Casación y la revisión Penal, Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley.P.144.