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Sentencia CP-235-17 — Registro 11694

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Extorsión Continuada, Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega la vulneración de los derechos fundamentales de Presunción de Inocencia y Debido Proceso contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución respectivamente, consignados en la Constitución de la República a favor de los acusados Manuel Rigoberto Sagastume Claros y Reina Suyapa Cruz Bejarano, en virtud que se les condena con prueba insuficiente por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido con clave XY. Esta Sala considera que constitucionalmente se afirma que para llegar a la condena de un acusado es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías practicadas en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Y que, si no quedan probados esos elementos fácticos, el tribunal no puede entender enervada la inicial inocencia por la culpabilidad y ha de absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Esta Sala observa que, en el presente caso, como prueba de cargo, se encuentra la siguiente: 1) Declaración del Testigo Protegido XY, quien declara: “Ser extorsionado desde marzo del año 2011. Los de la 18 le pusieron esa fecha que yo les pagara 5000 lempiras al mes, pero les dije que esa cantidad no se las podía pagar porque en el negocio no salía esa cantidad de dinero, estuvieron platicando y llegaron a un acuerdo a pagar 2000 lempiras al mes. Desde la fecha él está pagando 2000 al mes y que, si en caso de no pago de ese dinero estaba bajo amenaza de muerte, ellos le dicen que colabore con ellos porque su vida depende de ello. Ahorita en marzo de este año ha llegado a su negocio una mujer y un muchacho que son los que agarraron, ellos se llaman Reyna Cruz y Manuel Sagastume, ellos han llegado primero en bicicleta, ahora andan en una moto roja, ellos siempre llegan armados al negocio, los pagos que él da semanalmente a ellos. Se siente atemorizado porque está amenazado a muerte, a muchos han matado porque no pagan el impuesto de guerra. Se siente atemorizada y muy preocupada, agarran unos y aparecen otros, la zona donde vivo es peligrosa y pide ayuda. A las preguntas del fiscal declaró que lo amenaza a muerte Reyna Cruz y Manuel Sagastume, ellos son los que llegan a extorsionar, a ellos los detuvo la policía, hoy pagó 500 lempiras reconoció a estas personas por un álbum fotográfico, las características de Reyna Cruz son: chaparra, trigueña, pelo colocho, medio fornidita o gordita y de Miguel Sagastume: flaco, alto trigueño, tiene un ojo desviado, un tatuaje en la pierna y pelo parado. Lo extorsionan del marzo de este año ellos dos. 2) Declaración de los testigos Elmer David Meza y Brenda Geraldina Sánchez, policías que participaron en la captura de los imputados, quienes declaran que el día 19 de junio de 2013 se presentó a la Unidad Anti- Extorsión el testigo protegido en sede administrativa con Clave Chanel (clave XY en juicio) y dijo que desde el mes de marzo llegan varias personas de la Mara 18 a pedirle impuesto de guerra... de 2000 lempiras al mes, y que 500 lempiras iban a recoger el fin de semana. En el mes de marzo 2013 llegaron dos personas una mujer y un muchacho, primero iban en bicicleta, después llegaban en una moto roja: Dijo que la mujer es trigueña, pelo medio colocho, el hombre delgado con un tatuaje en la rodilla derecha arriba y con un ojo malo. En julio 2013 se hizo la división en varios grupos, para desplazarse donde vive el testigo protegido el día que iba a pagar el impuesto de guerra eran las once de la mañana, aviso el testigo, diciendo que los que llegaron el hombre vestía camiseta negra con letras adelante, y con short; la mujer vestía camiseta morada, pantalón color gris y sandalias. Cuando iban por la 27 calle, vieron a las personas con las características dadas, un carro les dio seguimiento, ellos intentaron fugarse, pero fueron alcanzados por el campo, en un basurero de la Colonia La Pradera. A él se le decomisó una moto marca Yamaha, un celular Samsung, una cartera color café, varios billetes y unas llaves, a ella se le decomisó cinco billetes de cien lempiras, y un celular, fueron trasladados y se les hizo registro, decomiso y después a la estación”, declaraciones que el juzgador les da certeza de considerar que se trata de los autores de las acciones de extorsión. 3) Prueba documental, consistente en: Actas de Registro Personal, practicadas a cada uno de los acusados; Actas de Decomiso de los objetos encontrados a cada uno de los encausados; 4) Evidencia Física encontrada a cada uno de los acusados, en ella la decomisada consistente en cinco billetes de cien lempiras haciendo la cantidad de 500 lempiras. Esta Sala considera que la prueba de cargo, no infringe los principios de inocencia y debido proceso, pues la declaración del testigo protegido clave XY (chanel) es congruente y está debidamente corroborada por prueba periférica del juicio, en este caso, la declaración de los testigos Elmer David Meza y Brenda Geraldina Sánchez, Policías quienes participaron en la captura de los imputados después de cobrar impuesto de guerra al testigo protegido XY, con la prueba documental consistente las actas de registro personal, practicadas a cada uno de los acusados, actas de decomiso de los objetos encontrados a cada uno de los encausados y con la evidencia física del juicio, concretamente con la decomisada a la acusada Reina Suyapa Cruz Bejarano consistente en cinco billetes de cien lempiras haciendo la cantidad de 500 lempiras, cantidad semanal que el testigo protegido clave XY dijo haber pagado a los acusados minutos antes del día de su detención por la Policía. Esta Sala considera que la prueba directa e indiciaria relacionada en juicio por el juzgador, constituye prueba mínima de cargo suficiente para con ella enervar el estado de inocencia de los acusados Manuel Rigoberto Sagastume Claros y Reina Suyapa Cruz Bejarano, la que ha sido incorporada al juicio y valorada para con ella fundamentar la sentencia, en un juicio llevado a cabo con irrestricto apego a las reglas que regulan el debido proceso, por lo que esta Sala concluye que la sentencia recurrida no infringe los preceptos constitucionales señalados como infringidos, contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-235-2017 por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha tres de agosto del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Condenó a la señora Reyna Suyapa Cruz Bejarano, como autora del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido con clave XY (mismo testigo con clave chanel) a la pena principal de veinticinco años de reclusión, y una multa de quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuatro lempiras con seis centavos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señor Manuel Rigoberto Sagastume Claros, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido con clave XY (mismo testigo con clave chanel) a la pena principal de veinticinco años de reclusión, y una multa de quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuatro lempiras con seis centavos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil de los señores Reyna Suyapa Cruz Bejarano y Manuel Rigoberto Sagastume Claros.- Cuarto: Se declaró el comiso de : A) Quinientos Lempiras (L500.00), en billetes de cien lempiras; B) Un celular color azul con negro marca 205; C) Dos simcard de la telefonía TIGO y CLARO. Asimismo se puso a disposición: A) Seis billetes de diez lempiras y dos billetes de cinco lempiras; B) Una cartera color café; C) Un teléfono celular marca Samsung color negro y un protector azul; D) una simcard de la Telefonía TIGO: E) Cuatro llaves con un llavero color morado; F) Una motocicleta color roja, marca Yamaha; por lo que es procedente declarar su comiso y remitirlas al destino legal correspondiente.- Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes: Los Abogados Alba Regina Paniagua y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos de los señores Reyna Suyapa Cruz Bejarano y Manuel Rigoberto Sagastume Claros, como parte recurrente; y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En el mes de marzo del año dos mil once, miembros de la mara 18 se presentaron al negocio del testigo protegido con clave XV ubicado en esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, a quien le exigieron la entrega de cinco mil lempiras mensuales en concepto de impuesto de guerra, amenazándolo con matarlo en caso de no colaborar con ellos, no obstante, el testigo protegido les expreso su incapacidad para pagar dicha cantidad por las utilidades que las ventas le generaban, por lo que producto de una negociación finalmente convinieron el pago de dos mil lempiras mensuales, debiendo entregar quinientos lempiras cada fin de semana, pagos que el testigo realizo puntualmente en la forma pactada y desde la fecha indicada. SEGUNDO: Desde el mes de Marzo de años dos mil trece, a los señores Reyna Suyapa Cruz Bejarano y Manuel Rigoberto Sagastume Claros en su condición de miembros de la mara 18 se presentaban cada semana al negocio del testigo protegido con la finalidad de cobrar los quinientos lempiras acordados, en las primeras ocasiones a bordo de una bicicleta, posteriormente sobre una motocicleta color roja, ambos portando armas de fuego por lo que el señor testigo protegido en fecha 19 de julio del año dos mil trece interpuso denuncia ante la unidad policial Fuerza Nacional Antiextorsión, quienes el día veinte del mismo mes y año conformaron tres equipos de agentes desplazándose al sector donde se ubicaba el negocio y ubicándose en puntos estratégicos, pues es día el testigo debía pagar el dinero. A eso de las once de la mañana, vía telefónica el testigo informo a los agentes que ya había realizado el pago de los quinientos lempiras en billetes de cien lempiras a los señores Reyna Suyapa Cruz Bejarano y Manuel Rigoberto Sagastume Claros indicando sus características físicas describiendo la ropa que vestía y la motocicleta en que se trasportaban, siendo localizados por la policía cuando circulaban por la 27 calle iniciándose una persecución que concluyo con su captura cerca del basurero de la colonia La Pradera de esta ciudad, decomisándoles en ese momento al señor Manuel Rigoberto Sagastume Claros la motocicleta marca Yamaha color rojo que conducía y a su acompañante Reyna Suyapa Cruz Bejarano, quinientos lempiras en billetes de cien lempiras más los teléfonos celulares que portaban.” Recurso de Casación: La recurrente Abogada Lesbia Leticia Mendoza A., en su condición de defensora pública de los señores Reyna Suyapa Cruz Bejarano y Manuel Rigoberto Sagastume Claros, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente e conformidad con las normas de este código SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra los señores Manuel Rigoberto Sagastume Claros y Reina Suyapa Cruz Bejarano. por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido con clave XY, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional. porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de los señores Manuel Rigoberto Sagastume Claros y Reina Suyapa Cruz Bejarano, produjo un mínimo de actividad probatoria. TERCERO: En el acápite de la valoración de la prueba numeral segundo de la sentencia recurrida, el sentenciador establece que con la declaración de los policías Elmer David Meza y Brenda Geraldina Sánchez. quienes participaron en la captura de los imputados, las ha tenido como claras y contundentes les da certeza de que ellos fueron las personas que cometieron las infracciones penales de Extorsión, sin embargo dicho razonamiento lo hace en un clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, ya que los policías se constituyen en meros testigos de oídas, pues no observaron cuando el testigo protegido dio el dinero a mis representados, y no se sabe si el dinero era de un hecho ilícito, por otro lado no estaba seriado, volviendo sus deposiciones unos leves indicios, Y por otra parte al imputado Manuel Rigoberto Sagastume Claros, tampoco se le decomiso dinero que proviniera de una acción delictiva, es importante establecer que tampoco se probó en el presente caos la vigilancia o seguimiento o control que dieran estos agentes a raíz de la denuncia que había recibido anteriormente por el supuesto testigo ofendido. En consecuencia, no existen pruebas suficientes para condenarlos por el delito que nos ocupa o sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en si mismo, ni en los restantes medios de prueba, evacuados en el juicio. CUARTO: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mis representados, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.” Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por violación de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación del contenido de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, y se dicte la sentencia de casación que en derecho corresponda. Resumen Infracción de Precepto Constitucional por violación de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Artículo 89 de la Constitución de la República: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado se responsabilidad por autoridad competente”; artículo 90 de la CR: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; y articulo 94 de la CR: “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.” En relación a los artículos 1 del Código Procesal Penal. Juicio Previo: “Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado”, y artículo 2 del CPP, Estado de inocencia: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” Al dictar sentencia condenatoria en contra los señores Manuel Rigoberto Sagastume Claros y Reina Suyapa Cruz Bejarano, por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido con clave XY, el tribunal de juicio infringe los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso. El ente acusador no obstante estar obligado a demostrar la imputación en contra de los acusados produjo un mínimo de actividad probatoria, insuficiente para condenar. Los testigos policías Elmer David Meza y Brenda Geraldina Sánchez, los que participaron en la captura de los imputados, declaraciones que el juzgador tiene como claras y contundentes, les da certeza de considerar que los acusados fueron los que cometieron las infracciones penales de Extorsión, pero con este razonamiento incurre en clara violación a los principios de inocencia y al debido proceso, pues constituyen meros testigos de oídas, al no haber observado cuando el testigo protegido dio el dinero a los acusados, y porque no se sabe si el dinero que portaba la acusada era de un hecho ilícito, al no estar seriado, volviendo sus declaraciones solo como indicios leves y al imputado Manuel Rigoberto Sagastume Claros, no se le decomisó dinero que proviniera de una acción delictiva. Es importante establecer que tampoco se probó vigilancia, seguimiento o control que hicieran los agentes a raíz de la denuncia que habían recibido con anterioridad por parte del testigo protegido ofendido. No existe prueba suficiente para condenar a los acusados por el delito de Extorción Continuada y lograr el quebrantamiento del estado de inocencia, pues durante el proceso deben satisfacerse las condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que la sentencia condenatoria está legitimada. Concepto general del Recurso El Consultor Internacional Don José Luis Leyva Muñoz, considera que el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabrá alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico del Recurso Para el examen del motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado en vulneración del principio-derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Cuando en vía casacional se alega la infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal A quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías practicadas en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario: la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1. Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2. La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que el juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. El debido proceso engloba, además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurrente alega la vulneración de los derechos fundamentales de Presunción de Inocencia y Debido Proceso contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución respectivamente, consignados en la Constitución de la República a favor de los acusados Manuel Rigoberto Sagastume Claros y Reina Suyapa Cruz Bejarano, en virtud que se les condena con prueba insuficiente por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido con clave XY. Esta Sala considera que constitucionalmente se afirma que para llegar a la condena de un acusado es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías practicadas en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Y que, si no quedan probados esos elementos fácticos, el tribunal no puede entender enervada la inicial inocencia por la culpabilidad y ha de absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Esta Sala observa que, en el presente caso, como prueba de cargo, se encuentra la siguiente: 1) Declaración del Testigo Protegido XY, quien declara: “Ser extorsionado desde marzo del año 2011. Los de la 18 le pusieron esa fecha que yo les pagara 5000 lempiras al mes, pero les dije que esa cantidad no se las podía pagar porque en el negocio no salía esa cantidad de dinero, estuvieron platicando y llegaron a un acuerdo a pagar 2000 lempiras al mes. Desde la fecha él está pagando 2000 al mes y que, si en caso de no pago de ese dinero estaba bajo amenaza de muerte, ellos le dicen que colabore con ellos porque su vida depende de ello. Ahorita en marzo de este año ha llegado a su negocio una mujer y un muchacho que son los que agarraron, ellos se llaman Reyna Cruz y Manuel Sagastume, ellos han llegado primero en bicicleta, ahora andan en una moto roja, ellos siempre llegan armados al negocio, los pagos que él da semanalmente a ellos. Se siente atemorizado porque está amenazado a muerte, a muchos han matado porque no pagan el impuesto de guerra. Se siente atemorizada y muy preocupada, agarran unos y aparecen otros, la zona donde vivo es peligrosa y pide ayuda. A las preguntas del fiscal declaró que lo amenaza a muerte Reyna Cruz y Manuel Sagastume, ellos son los que llegan a extorsionar, a ellos los detuvo la policía, hoy pagó 500 lempiras reconoció a estas personas por un álbum fotográfico, las características de Reyna Cruz son: chaparra, trigueña, pelo colocho, medio fornidita o gordita y de Miguel Sagastume: flaco, alto trigueño, tiene un ojo desviado, un tatuaje en la pierna y pelo parado. Lo extorsionan del marzo de este año ellos dos. 2) Declaración de los testigos Elmer David Meza y Brenda Geraldina Sánchez, policías que participaron en la captura de los imputados, quienes declaran que el día 19 de junio de 2013 se presentó a la Unidad Anti- Extorsión el testigo protegido en sede administrativa con Clave Chanel (clave XY en juicio) y dijo que desde el mes de marzo llegan varias personas de la Mara 18 a pedirle impuesto de guerra... de 2000 lempiras al mes, y que 500 lempiras iban a recoger el fin de semana. En el mes de marzo 2013 llegaron dos personas una mujer y un muchacho, primero iban en bicicleta, después llegaban en una moto roja: Dijo que la mujer es trigueña, pelo medio colocho, el hombre delgado con un tatuaje en la rodilla derecha arriba y con un ojo malo. En julio 2013 se hizo la división en varios grupos, para desplazarse donde vive el testigo protegido el día que iba a pagar el impuesto de guerra eran las once de la mañana, aviso el testigo, diciendo que los que llegaron el hombre vestía camiseta negra con letras adelante, y con short; la mujer vestía camiseta morada, pantalón color gris y sandalias. Cuando iban por la 27 calle, vieron a las personas con las características dadas, un carro les dio seguimiento, ellos intentaron fugarse, pero fueron alcanzados por el campo, en un basurero de la Colonia La Pradera. A él se le decomisó una moto marca Yamaha, un celular Samsung, una cartera color café, varios billetes y unas llaves, a ella se le decomisó cinco billetes de cien lempiras, y un celular, fueron trasladados y se les hizo registro, decomiso y después a la estación”, declaraciones que el juzgador les da certeza de considerar que se trata de los autores de las acciones de extorsión. 3) Prueba documental, consistente en: Actas de Registro Personal, practicadas a cada uno de los acusados; Actas de Decomiso de los objetos encontrados a cada uno de los encausados; 4) Evidencia Física encontrada a cada uno de los acusados, en ella la decomisada consistente en cinco billetes de cien lempiras haciendo la cantidad de 500 lempiras. Esta Sala considera que la prueba de cargo, no infringe los principios de inocencia y debido proceso, pues la declaración del testigo protegido clave XY (chanel) es congruente y está debidamente corroborada por prueba periférica del juicio, en este caso, la declaración de los testigos Elmer David Meza y Brenda Geraldina Sánchez, Policías quienes participaron en la captura de los imputados después de cobrar impuesto de guerra al testigo protegido XY, con la prueba documental consistente las actas de registro personal, practicadas a cada uno de los acusados, actas de decomiso de los objetos encontrados a cada uno de los encausados y con la evidencia física del juicio, concretamente con la decomisada a la acusada Reina Suyapa Cruz Bejarano consistente en cinco billetes de cien lempiras haciendo la cantidad de 500 lempiras, cantidad semanal que el testigo protegido clave XY dijo haber pagado a los acusados minutos antes del día de su detención por la Policía. Esta Sala considera que la prueba directa e indiciaria relacionada en juicio por el juzgador, constituye prueba mínima de cargo suficiente para con ella enervar el estado de inocencia de los acusados Manuel Rigoberto Sagastume Claros y Reina Suyapa Cruz Bejarano, la que ha sido incorporada al juicio y valorada para con ella fundamentar la sentencia, en un juicio llevado a cabo con irrestricto apego a las reglas que regulan el debido proceso, por lo que esta Sala concluye que la sentencia recurrida no infringe los preceptos constitucionales señalados como infringidos, contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. DECISIÓN. La Sala declara No ha Lugar el motivo único de casación por infracción de precepto constitucional, invocado por la Abogada Lesbia Leticia Mendoza A., en su condición de Defensa Pública de los señores Reyna Suyapa Cruz Bejarano y Manuel Rigoberto Sagastume Claros. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 18 y 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No ha Lugar el motivo único de casación por infracción de precepto constitucional, invocado por la Abogada Lesbia Leticia Mendoza A., en su condición de Defensa Pública de los señores Reyna Suyapa Cruz Bejarano y Manuel Rigoberto Sagastume Claros; Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha tres de agosto del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-235-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñoz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.