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Sentencia CP-234-16 — Registro 12193

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor responsable penalmente de los delitos consumados de apropiación indebida continuada y falsificación de documentos privados, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."El primer motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal destaca que el vicio denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que, por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. En el caso actual, sucede que el impugnante reclama una cuestión que no concierne al vicio denunciado, ni al precepto citado como autorizante, pues si los hechos probados no establecen -según el recurrente-  las acciones penalmente relevantes realizadas por el señor Raúl Francisco Palacios Ferrera, no es algo que atañe a la falta de claridad o a la falta de precisión de la base fáctica de la sentencia, sino más bien, en todo caso, a una aplicación indebida de una norma penal sustantiva, lo cual debe denunciarse desde la premisa normativa del artículo 360 del Código Procesal Penal. Se evidencia entonces que el impetrante confunde la falta de claridad o la falta de precisión de los hechos probados -vicios procesales que tienen una significación jurídica distinta y que no deben emplearse como sinónimos- con la insuficiencia fáctica para poder aplicar el o los tipos penales seleccionados por el juzgador, lo cual, como se dijo, corresponde a una vía casacional distinta. En este sentido, al ser el primer motivo interpuesto en abierta discordancia con lo establecido en el artículo 362.1 del Código Procesal Penal, y de acuerdo con lo fijado por la jurisprudencia de esta Sala de lo Penal, corresponde desestimar el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El segundo motivo no es de recibo. Establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, que el sentenciador para resolver el caso objeto de controversia, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. Esto con el fin de observar y realizar los principios de contradicción, oralidad y publicidad que rigen la actividad de la prueba. Y es que el propio Código Procesal Penal establece la forma en que deberán ser incorporados legalmente los medios de prueba a juicio, así, por ejemplo, en el caso de los testigos y peritos, éstos deben ofrecer sus declaraciones en audiencia pública sin que sea posible la lectura de sus testimonios o pericias, salvo los presupuestos excepcionales establecidos en el artículo 311 del mismo texto normativo. A partir de lo expuesto, podemos concluir que el vicio reglado en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, existirá cuando se introduzcan por lecturas pruebas no circunscritas al carácter excepcional que engloba la taxatividad de la norma (ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 27 de julio de 2010, recaída en el expediente SP 192-2009). Sucede, sin embargo, que en el caso presente el recurrente desconoce el alcance del presente motivo, pues su argumento consiste en denunciar que el sentenciador no tiene razón suficiente para concluir la falsedad documental de los recibos enviados por el acusado a la empresa CADELGA FERTICA S.A., una cuestión que nada tiene que ver con la incorporación indebida de un medio de prueba a juicio, sino más bien, a la falta de suficiencia (principio integrador de la derivación lógica) para concluir la falsedad de la prueba documental que sirvió de base para el dictado de condena. La premisa normativa citada como autorizante por el recurrente, nada tiene que ver con la explicación que hace del propio motivo, pues es ilógico denunciar que la sentencia se basa en un medio de prueba no incorporado legalmente a juicio, cuando el propio denunciante manifiesta que los medios de prueba periciales cuya incorporación demanda para acreditar la falsedad de la prueba documental, no fueron evacuados en juicio. Por esa razón, el segundo motivo debe ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El cuarto motivo no es de recibo. En reiteradas sentencias la Sala de lo Penal se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Este proceso de identificación del vicio y su posterior explicación y comprobación no ha sido realizado en manera alguna por la recurrente, pues se limita a exponer en su recurso alegatos propios de instancia y a hacer una particular valoración del acervo probatorio, pues pone en entredicho la ausencia de la incredibilidad subjetiva de los testigos de cargo y manifiesta que el ente acusador no aportó prueba para acreditar la alteración de los documentos privados. Nada nos dice de la disconformidad entre la valoración intelectiva de la prueba con el contenido de la regla integradora de la sana crítica, y no puede ni debe esta Sala de lo Penal hacer las veces del impugnante e identificar oficiosamente aquellos postulados intelectivos que no sean congruentes con las reglas citadas como infringidas, pues el artículo 350 del Código Procesal Penal es claro en apuntar que la sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido de impugnación. En este sentido, al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación esgrimidas por la recurrente, la Sala de lo Penal desestima el cuarto motivo de casación por quebrantamiento de forma, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica recursiva. ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 234-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, mediante la cual falló: Primero: Condena a Raúl Francisco Palacios Ferrera, como autor responsable penalmente de los delitos consumados de apropiación indebida continuada y falsificación de documentos privados, en perjuicio de la empresa CADELGA FERTICA S.A., del que venía siendo acusado, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a LA pena concreta de seis años de reclusión por el delito de apropiación indebida continuada y seis meses por el delito de falsificación de documentos privados, más una multa de trescientos mil ochocientos doce lempiras con seis centavos (L 300, 812.06), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la condena principal. Segundo: Se declara al condenado Raúl Francisco Palacios Ferrera, responsable civilmente del importe de reparación de los daños causados, de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de daños y perjuicios. Tercero: No procede condena en costas al imputado Raúl Francisco Palacios Ferrera. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Denie Estuardo Lorenzana, en su condición de defensor privado del señor Raúl Francisco Palacios Ferrera. Son partes en única instancia: el Abogado Denie Estuardo Lorenzana, en su condición de defensor privado del señor Raúl Francisco Palacios Ferrera, como recurrente; la Abogada Miriam Emilda García, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS: “Analizados y valorados los distintos medios probatorios utilizados por las partes procesales durante la audiencia de debate, este Tribunal declara probado los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha Diecinueve de Junio del año Dos Mil Seis el señor RAÚL FRANCISCO PALACIOS FERRERA, inició a laborar en la empresa CADELGA FERTICA S,A., cuya actividad es la comercialización de Insumos Agrícolas, siendo contratado para desempeñar el cargo de Administrador de la tienda que dicha empresa tiene en esta ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, y debido a que en fecha dos de Septiembre del año Dos Mil Once rebotó el cheque de Banco Atlántida Número 09001370 por la CANTIDAD DE TRECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 350,000.00), la empresa procedió a realizar una auditoría a la tienda, detectando con la misma que el señor FERRERA PALACIOS había cometido varias irregularidades en perjuicio de la empresa, entre las cuales se detectó que existían varios recibos originales a nombre de determinado cliente o, pero la copia que el señor RAÚL FRANCISCO PALACIOS FERRERA enviaba a la Oficina Principal de la empresa situada en la Ciudad de San Pedro Sula era a nombre de otro cliente y por otro valor diferente al de la factura original, recibiendo así mismo señor de manera continua cantidades que los clientes adeudaban a la empresa, y no entregando dichas cantidades de dinero a la empresa, por los clientes que ya habían hecho efectivos su créditos aparecían como clientes morosos con la empresa. SEGUNDO: El faltante producto de la auditoría practicada a la tienda Juticalpa de la empresa CADELGA FERTICA S.A., durante la gestión como Administrador de la misma del señor RAÚL FRANCISCO PALACIOS FERERRA suma en total la cantidad de TRES MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (LPS.3,018,126.29), razón por la cual fue presentada por la Apoderada Legal de la empresa denuncia en su contra, y posteriormente fue presentado el respectivo requerimiento fiscal por parte del ente acusador por los delitos de APROPIACION INDEBIDA Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS EN PERJUICIO DE CADELGA FERTICA S.A., presentándose el señor PALACIOS FERRERA voluntariamente al Juzgado Primero de Letras de este Departamento de Olancho para su enjuiciamiento.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado Denie Estuardo Lorenzana, procedió a formalizar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: PRIMER MOTIVO: “Que la declaración de hechos probados no es clara y terminante. PRECEPTO AUTORIZANTE: EL presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El Tribunal recurrido al fallar la presente causa estableció como hechos probados los siguientes: PRIMERO: En fecha diecinueve de junio del año dos mil seis el señor RAÚL FRANCISCO PALACIOS FERRERA inició a laborar en la Empresa CADELGA—FERTICA S.A., cuya actividad es la comercialización de Insumos Agrícolas, siendo contratado para desempeñar el cargo de Administrador de la tienda que dicha empresa tiene en esta ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, y debido a que en fecha dos de septiembre del año dos mil once rebotó el cheque de Banco Atlántida número 09001370 por la cantidad de trescientos cincuenta mil lempiras exactos (Lps.350,000.00), la empresa procedió a realizar una auditoría a la tienda, detectando con la misma que el señor Ferrera Palacios había cometido varias irregularidades en perjuicio de la empresa, entre las cuales se detectó que existían varios recibos originales a nombre de determinado cliente, pero la copia que el señor Raúl Francisco Palacios Ferrera enviaba a la oficina principal de la empresa situada en la ciudad de San Pedro Sula era a nombre de otro cliente y por otro valor diferente al de la factura original, recibiendo así mismo de manera continua cantidades que los clientes adeudaban a la empresa, y no entregando dichas cantidades de dinero a la empresa, por los clientes que ya habían hecho efectivos su crédito aparecían como clientes morosos con la empresa. SEGUNDO: El faltante producto de la auditoría practicada a la tienda Juticalpa de la empresa Cadelga-Fertica S.A. durante la gestión como administrador de la del señor Raúl Francisco Palacios Ferrera suma en total la cantidad de tres millones dieciocho mil ciento veintiséis lempiras con veintinueve centavos (Lps.3,018,126.29), razón por la cual fue presentada por la Apoderada Legal de la empresa denuncia en su contra, y posteriormente fue presentado el respectivo requerimiento fiscal por parte del ente acusador por los delitos de APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de Cadelga-Fertica S.A. presentándose el señor Palacios Ferrera voluntariamente al Juzgado primero de Letras de este Departamento de Olancho para su enjuiciamiento. Como podéis observar Honorables Magistrados, el relato que hace el ente Juzgador en cuanto a la autoría de mi patrocinado no es claro ni terminante, ya que el Tribunal se limita a establecer en su hecho probado primero que mi cliente inició a laborar como administrador para la empresa Cadelga-Fertica, y que debido a que rebotó un cheque la empresa procedió a realizar una auditoría encontrando varias irregularidades (Sin embargo solo menciona una irregularidad) que existen varios recibos originales a nombre de determinado cliente, pero la copia que mi cliente enviaba a la oficina principal era por un valor distinto recibiendo asimismo de manera continua cantidades que los clientes adeudaban pero no entregaba dichas cantidades; En su segundo hecho declarado como probado el Tribunal sea establecer el faltante producto de una auditoría realizada, y que producto de ello se interpuso la denuncia penal. Esta declaración de hechos probados ni es clara, ni mucho menos terminante. Según LÓPEZ ZÚNIGA/FERNÁNDEZ ENTRALGO “la declaración de los hechos probados son la base para que el juzgador aplique el presupuesto de hecho, ya que son esos acontecimientos que estructura el juzgador partiendo del análisis de las pruebas las que determinan la consecuencia jurídica y en consecuencia la absolución o condena del imputado”, es decir que esta narración de los hechos probados realizada por el ente juzgador debe necesariamente establecer de manera precisa cual fue la conducta de mi cliente, la cantidad exacta de clientes de los que supuestamente recibió dinero y no lo entregó, así como la cantidad de recibos y la cantidad de dinero de cada uno de ellos que mi cliente supuestamente falsificó. En el caso subjudice el Tribunal únicamente hizo una transcripción de lo narrado por el ente acusador en su requerimiento fiscal, sin detallar en ningún momento con sus propias palabras cada una de las acciones u omisiones penalmente relevantes de mi cliente, amen a ello se limitó a transcribir la supuesta cantidad apropiada, pero en ningún momento determinó como llegó a la conclusión que en efecto esa fue la cantidad exacta de la que mi cliente supuestamente se apropió. Honorables Magistrados, los hechos probados son el sustento de la sentencia, si éstos no están claramente definidos constituye una flagrante violación a lo preceptuado por nuestro ordenamiento jurídico, y es que esa declaración de hechos probados, constituye la subsunción de la conducta típica y por ende la consecuencia jurídica que de ella se deriva, en el caso particular el Tribunal debió haber establecido como mi cliente abusando de una condición recibió un bien que no era de su propiedad y que teniendo la obligación de entregarlo no lo hizo, pero además la cantidad exacta que para el Tribunal el imputado se apropió, y evidentemente como llegó a esa conclusión, en ningún momento se describe o expresa de voz del juzgador que el señor RAÚL FRANCISCO PALACIOS FERRERA haya ejecutado acciones u omisiones que constituyan los tipos penales por lo que condenó a mi cliente, aspecto que constituye el vicio de casación en la Forma que se encuentra comprendido en el numeral uno (1) del artículo 362 del Código Procesal Penal, por no ser claro y terminante el hecho probado que el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, ha estimado como tal en la sentencia que por este acto se recurre y como efecto o consecuencia jurídica el Alto Tribunal de Justicia a través de la Sala Penal, deberá proceder a anular la sentencia dictada así como al debate o juicio, para que el mismo sea realizado de nuevo con la concurrencia de otros Jueces para que subsanen los vicios cometidos en esta oportunidad.” “SEGUNDO MOTIVO: “Que la sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. La sentencia dictada por el Tribunal sentenciador debe basarse única y exclusivamente en aquellos medios de prueba que hayan sido propuestos y evacuados oportunamente, y bajo ningún argumento se podrá considerar algo que no haya sido vertido en juicio oral y público. Aunque la sentencia no haga referencia expresa a un medio de prueba, lo cierto es que el Tribunal establece en su valoración de los medios de prueba, que da por acreditado y lo señala en su considerando sexto “Con la prueba descrita anteriormente concluimos que el imputado es responsable de los hechos por los que fue acusado, que se producen por el hecho de que el acusado se apropió de manera continua de cantidades que los clientes cancelaban a favor de la empresa y quien reportaba cantidades diferentes”. Y es que el Tribunal condena por dos tipos penales, aún y cuando en su declaración de hechos probados únicamente refiere de una irregularidad en torno a la supuesta auditoría, que es la supuesta alteración en los recibos y facturas que el ente acusador presentó, es decir la base de la sentencia está en la falsificación de documentos privados, ahora bien, como llegó el Tribunal a la conclusión que los recibos y facturas han sido alteradas.? Cuando el ente acusador en ningún momento presentó ningún dictamen pericial llámese de grafología forense o de documentoscopia forense, ya que la única forma de determinar si un documento sea público o privado adolece de vicios es mediante una pericia forense, pero además la única forma de determinar si un documento ha sido alterado por determinada persona es a través de una pericia a su escritura. En el caso particular no existe ni uno ni lo otro, y sin embargo el Tribunal da por sentado en su valoración de la prueba que fue mi cliente quien incurrió en una apropiación indebida aprovechándose de su condición para falsificar documentos alterando de esta manera las cantidades de dinero que algunos clientes le entregaron, aún y cuando tampoco establece cual fue la cantidad que de cada cliente alteró, y sin embargo establece que en efecto la cantidad asciende a más de Tres Millones de Lempiras. En consecuencia, jurídica el Alto Tribunal de Justicia a través de la Sala Penal, deberá proceder a anular la sentencia dictada, así como al debate o juicio, para que el mismo sea realizado de nuevo con la concurrencia otros Jueces para que subsanen los vicios cometidos en esta oportunidad.” “TERCER MOTIVO: “Motivación contradictoria entre los hechos probados y la valoración de la prueba”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el segundo párrafo del numeral 3 del artículo 362 del Código procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. Los numerales 1 y 2 de la sección cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal prescribe: Numeral 2, Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Como ya hemos referido, el Tribunal juzgador valora la prueba sobre unos testigos que esgrime fueron congruentes, pero que en todo caso con ellos en ningún momento acreditó bajo qué aspectos técnicos o científicos los documentos fueron supuestamente alterados, y por lo tanto en ellos se aprecia que existe una falsificación de documentos privados, ya que ninguno de los testigos fue propuesto como perito técnico calificado ni en documentoscopia ni mucho menos en grafología forense, pero además ninguno de los documentos señalados por el Juzgador en su sentencia fue objeto de pericia alguna por parte de cualquiera de estos peritos cualificados. Amen a ello, hace referencia a una serie de documentos que detalla, sin embargo al observar esa valoración no detalla que tipo de operación realizó para determinar la cantidad de lo supuestamente apropiado, sino que simplemente se limita a señalar algunos documentos, de los que al verificarlos son fotocopias, pero que además al revisar dos auténticas que obran en el expediente de mérito a folio 78 y 79, no desglosa en ningún momento una cantidad próxima a los tres millones de lempiras, ello concatenado con la pretensión fiscal, se observa que el Tribunal dictó un fallo únicamente por complacer al dicho ente acusador, sin observar en ningún momento las reglas que controlan la motivación de la sentencia. CUARTO MOTIVO: “Que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. La sana crítica o sana crítica racional como lo establece la doctrina, está formada por un conjunto de normas o Leyes, en la cual el Juzgador está obligado a respetar al momento de decidir o resolver una causa o asunto puesto a su consideración, las que analizadas en su conjunto vienen a constituir aquellos principios del recto entendimiento humano, como lo son las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. La lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de Identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente. Entre los medios de prueba que fueron propuestos y evacuados en el juicio oral y público, se encuentran las declaraciones de varios testigos quienes declararon sobre hechos supuestamente acontecidos, sin embargo el Tribunal no observó que varios de estos testigos eran deudores de la Sociedad Mercantil Cadelga-Fertica S.A., esta condición los pone en una posición de interesados en desprenderse de una obligación pecuniaria para con su acreedor, razón por la cual no sería extraño que faltaran a la verdad con tal de desobligarse de una obligación financiera. Nuestra norma procesal obliga de manera precisa al Juzgador para que garantice en todo momento los derechos de la persona imputada y en su accionar deberá mantener un criterio pro reo, ahora bien, en el caso particular tal como expuse durante el debate toda la prueba propuesta en ningún momento fue investigada por el Ministerio Público, ya que en ningún momento solicitó a la unidad de análisis y delitos financieros auditorías independientes, que elaborados por peritos del Ministerio Público realizaran todos las investigaciones para determinar que en efecto hubo una alteración en los documentos privados y que esa alteración había sido realizada por mi patrocinado señor RAÚL FRANCISCO PALACIOS FERRERA. Estos aspectos debieron ser analizados por el Juzgador al momento de tomar una decisión, pero además debió ser expuesto en la sentencia, sin embargo Honorables Magistrados todos estos aspectos hoy esbozados siquiera fueron considerados, en ese sentido el Tribunal se mostró parcializado y tomó una decisión en la que todas las reglas que rigen el proceso penal no las observó por lo que a criterio de esta parte actora el presente recurso debe enmendar dichas circunstancias y emitir un fallo que declare con lugar, casando la sentencia y dictar lo que en derecho corresponda.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Resumen del recurso de casación por quebrantamiento de forma. Primer motivo. *Norma autorizante citada: artículo 362.1 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: no determinado por el censor. *Concepto de la infracción: la declaración de los hechos probados no es clara y terminante. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo en virtud de que el vicio se comete en la redacción del fallo. *Petición: declarar ha lugar el recurso interpuesto. El recurrente denuncia que los hechos probados de la sentencia no son claros ni terminantes, debido a que no establecen cuál fue la conducta del señor Raúl Francisco Palacios Ferrera, ni la cantidad exacta del supuesto dinero que recibió y no entregó, así como la cantidad de recibos que supuestamente falsificó. Continúa alegando que el sentenciador se limitó a hacer una transcripción de lo narrado por el ente acusador en su requerimiento fiscal, sin detallar con sus propias palabras cada una de las acciones u omisiones penalmente relevantes. De la declaración de los hechos probados Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate, y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben de ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, serán estos los hechos que deben de ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que, si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); c. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores no deben de hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los juzgadores deben de hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011. pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la procedencia del primer motivo. El primer motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal destaca que el vicio denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que, por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. En el caso actual, sucede que el impugnante reclama una cuestión que no concierne al vicio denunciado, ni al precepto citado como autorizante, pues si los hechos probados no establecen -según el recurrente- las acciones penalmente relevantes realizadas por el señor Raúl Francisco Palacios Ferrera, no es algo que atañe a la falta de claridad o a la falta de precisión de la base fáctica de la sentencia, sino más bien, en todo caso, a una aplicación indebida de una norma penal sustantiva, lo cual debe denunciarse desde la premisa normativa del artículo 360 del Código Procesal Penal. Se evidencia entonces que el impetrante confunde la falta de claridad o la falta de precisión de los hechos probados -vicios procesales que tienen una significación jurídica distinta y que no deben emplearse como sinónimos- con la insuficiencia fáctica para poder aplicar el o los tipos penales seleccionados por el juzgador, lo cual, como se dijo, corresponde a una vía casacional distinta. En este sentido, al ser el primer motivo interpuesto en abierta discordancia con lo establecido en el artículo 362.1 del Código Procesal Penal, y de acuerdo con lo fijado por la jurisprudencia de esta Sala de lo Penal, corresponde desestimar el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma. Resumen del recurso de casación por quebrantamiento de forma. Segundo motivo. Norma autorizante citada: artículo 362.2 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: no determinado por el censor. *Concepto de la infracción: que la sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. *Acciones de saneamiento: se hizo el reclamo oportunamente. *Petición: declarar ha lugar el recurso interpuesto. Alega el recurrente que el sentenciador establece en su valoración probatoria que el imputado es responsable de los hechos por los cuales fue acusado, que se producen por haberse apropiado de manera continua de cantidades que los clientes cancelaban a favor de la empresa y quien reportaba diferentes cantidades a la misma. A partir de lo expuesto, argumenta que la sentencia se basa en la falsificación de documentos privados y el Ministerio Público en ningún momento presentó dictamen pericial de grafología forense o documentología forense que permitiese arribar a tal conclusión. De la Procedencia del Segundo Motivo El segundo motivo no es de recibo. Establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, que el sentenciador para resolver el caso objeto de controversia, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. Esto con el fin de observar y realizar los principios de contradicción, oralidad y publicidad que rigen la actividad de la prueba. Y es que el propio Código Procesal Penal establece la forma en que deberán ser incorporados legalmente los medios de prueba a juicio, así, por ejemplo, en el caso de los testigos y peritos, éstos deben ofrecer sus declaraciones en audiencia pública sin que sea posible la lectura de sus testimonios o pericias, salvo los presupuestos excepcionales establecidos en el artículo 311 del mismo texto normativo. A partir de lo expuesto, podemos concluir que el vicio reglado en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, existirá cuando se introduzcan por lecturas pruebas no circunscritas al carácter excepcional que engloba la taxatividad de la norma (ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 27 de julio de 2010, recaída en el expediente SP 192-2009). Sucede, sin embargo, que en el caso presente el recurrente desconoce el alcance del presente motivo, pues su argumento consiste en denunciar que el sentenciador no tiene razón suficiente para concluir la falsedad documental de los recibos enviados por el acusado a la empresa CADELGA FERTICA S.A., una cuestión que nada tiene que ver con la incorporación indebida de un medio de prueba a juicio, sino más bien, a la falta de suficiencia (principio integrador de la derivación lógica) para concluir la falsedad de la prueba documental que sirvió de base para el dictado de condena. La premisa normativa citada como autorizante por el recurrente, nada tiene que ver con la explicación que hace del propio motivo, pues es ilógico denunciar que la sentencia se basa en un medio de prueba no incorporado legalmente a juicio, cuando el propio denunciante manifiesta que los medios de prueba periciales cuya incorporación demanda para acreditar la falsedad de la prueba documental, no fueron evacuados en juicio. Por esa razón, el segundo motivo debe ser desestimado. Resumen del recurso de casación por quebrantamiento de forma. Tercer motivo. *Norma autorizante citada: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: motivación contradictoria entre los hechos probados y la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo en virtud de que el vicio se comete en la redacción del fallo. *Petición: declarar ha lugar el recurso interpuesto. Reitera que, a partir de la prueba testifical evacuada en juicio, no puede concluirse que los documentos privados fueran supuestamente alterados, pues ningún testigo fue propuesto como perito de grafología forense o documentología forense. Además de ello, alega que el juzgador no desglosa la cantidad de los tres millones de lempiras por los cuales condenó al acusado. Concepto de motivación contradictoria La sentencia judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guardar coherencia entre cada parte y éstas con el todo. Las sentencias deben de contar con la cualidad de logicidad, de modo que deberá contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. La sentencia, para que se revista de validez, debe de contener una adecuada y suficiente motivación, la cual es un producto intelectual de los juzgadores en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose en una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación los juzgadores demuestran que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. La motivación demuestra su eficiencia cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber el por qué el Órgano Sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, enterándose del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso y a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente. Es tanta la importancia que tiene una debida motivación, que el legislador determinó en el artículo 141 del Código Procesal Penal, sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, coherente y consecuente; nulidad que puede ser decretada como consecuencia de un recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales, así, el artículo 362.3 del mismo cuerpo legal advierte como vicios, entre otros, una motivación contradictoria. La cualidad de logicidad, exigida en las actividades particulares como la construcción de los hechos declarados probados (artículo 362.1 del Código Procesal Penal) o en el proceso de razonamiento valorativo de la prueba (artículo 362.3 del Código Procesal Penal), igualmente, es exigido como requisito general en la construcción de la sentencia, pues esta como un todo único debe de contener pronunciamientos coherentes y articulados, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. Para que el vicio sea atendible, la contradicción debe de ser esencial, es pues que se trate de manifestaciones esenciales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento son afirmaciones colisionantes, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, con planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí, es la imposibilidad de definir cuáles de dichos planteamientos es el correcto, o cuáles de ellos apuntalan la decisión adoptada, provocando su invalidez y consecuentemente la necesidad de declararla nula para que tal vicio sea corregido, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. De la procedencia del tercer motivo El tercer motivo no es de recibo. El pretensor no hace un planteamiento correcto, pues identifica como contradicción lo dicho por los testigos de cargo y lo afirmado por el Tribunal de Sentencia en su valoración probatoria, lo cual, en estricto derecho, no es contradicción, pues no se trata de dos afirmaciones (positivas o negativas) hechas por el Tribunal de Sentencia que revelen verdades contrapuestas, no coexistentes en una misma realidad por su carácter excluyente. Se produce el vicio in procedendo, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintos apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. Entonces el primer paso de identificación del vicio, no ha sido realizado por el recurrente, pues como se dijo, resalta como contradicción lo dicho por los testigos y lo manifestado por el Tribunal de Sentencia en su valoración probatoria, lo que implica una mala técnica recursiva y la desestimación de su tercer motivo. Resumen del recurso de casación por quebrantamiento de forma. Cuarto motivo. *Norma autorizante citada: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: infracción a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo en virtud de que el vicio se comete en la redacción del fallo. *Petición: declarar ha lugar el recurso interpuesto. Arguye el recurrente que el sentenciador no valoró que varios de los testigos eran deudores de la empresa CADELGA FERTIDA S.A., y que esa condición los pone en una posición de interesados, por lo cual no sería extraño que faltaran a la verdad. Además, arguye, que no se realizaron todos los actos investigativos para determinar la supuesta alteración de los documentos privados. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: a. El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” b. El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. c. El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV, Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: en donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del cuarto motivo. El cuarto motivo no es de recibo. En reiteradas sentencias la Sala de lo Penal se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Este proceso de identificación del vicio y su posterior explicación y comprobación no ha sido realizado en manera alguna por la recurrente, pues se limita a exponer en su recurso alegatos propios de instancia y a hacer una particular valoración del acervo probatorio, pues pone en entredicho la ausencia de la incredibilidad subjetiva de los testigos de cargo y manifiesta que el ente acusador no aportó prueba para acreditar la alteración de los documentos privados. Nada nos dice de la disconformidad entre la valoración intelectiva de la prueba con el contenido de la regla integradora de la sana crítica, y no puede ni debe esta Sala de lo Penal hacer las veces del impugnante e identificar oficiosamente aquellos postulados intelectivos que no sean congruentes con las reglas citadas como infringidas, pues el artículo 350 del Código Procesal Penal es claro en apuntar que la sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido de impugnación. En este sentido, al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación esgrimidas por la recurrente, la Sala de lo Penal desestima el cuarto motivo de casación por quebrantamiento de forma, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica recursiva. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus cuatro motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus cuatro motivos, interpuesto por el Abogado Denie Estuardo Lorenzana, en su condición de defensor privado del señor Raúl Francisco Palacios Ferrera; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-234-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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