Sentencia CP-222-17 — Registro 11690
Resumen
En primera instancia se condenó al menor por el delito de Actos de Lujuria Agravados. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente alega la vulneración de los derechos fundamentales de Derecho de Presunción de inocencia, Debido Proceso y Juicio Previo contenidos en los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución respectivamente consignados en la constitución de la República a favor del acusado menor Y. P. E. C., en virtud que lo condena con insuficiencia de pruebas de cargo, por el delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio del niño J. A. A. T., siendo que el Ministerio Público formaliza acusación por un delito de Violación Especial, y solicita sentencia condenatoria. Esta Sala considera que constitucionalmente se afirma que para llegar a la condena de un acusado es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Y que, si no quedan probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender enervada la inicial inocencia por la culpabilidad y ha de absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. En el presente caso, como prueba de cargo, se encuentra la declaración de los testigos J. A. A. T., supuesto menor ofendido quien declaró: “Y. abuso de mi cuatro veces, desde mayo del dos mil quince hasta febrero del dos mil dieciséis., esa última vez que Y. abuso de él, iba a cortar donde Toño Reyes, el iba solito y se aprovechó de mí, iba para donde el papa de el, pues estaba enfermo y le decía vamos y lo agarraba fuerte, lo ponía hincado, le quitaba la ropa, y también Y, se la quitaba. Y. le ponía el pene en su ano, sí le ardía y sentía dolor, que lo penetraba hasta dentro, sentía que se le salía algo, no sabe que era.”; y la declaración de la testigo de referencia Juana Tejada Rosales, madre del menor, quien declaró: “...me contó de que el niño Y. P. estaba abusando sexualmente y que lo había agarrado por cuatro veces y que lo amenazaba para que no dijera a mí y le decía que si me decía a mí que lo iba a matar a él y si no a mí, que esa noche le confeso que fue a principio de marzo del año dos mil dieciséis, en el año dos mil quince menciono que le hecha liquido por el conducto, el conducto es el ano, si el ano, ese dos mil quince ni hizo nada, porque el papa está en silla de rueda no podía meterse a problemas, que su hijo se llama J. A. A.”. La Prueba Pericial de evaluación física practicada a la supuesta víctima donde se concluyó: “Que ratifica el dictamen presentado y que el tiempo transcurrido del hecho es de 19 días no como lo establece el dictamen de 9 días. En la parte de las conclusiones dice en el numeral tres, establece que no hay evidencias de lesiones antiguas o recientes a que se refiere, el numeral tres también establece que no se encontraron lesiones en las áreas para genitales y extra genitales, es decir no se encontró lesiones en dichas áreas.”; al Dictamen psicológico, el Juez Sentenciador no le otorga ningún valor probatorio debido a que a la fecha de su elaboración, el Ministerio Público no contaba aún con declaraciones en sede administrativa de la víctima y de la madre y debido a que la Psicóloga manifestó que solo tuvo a la vista de estas las declaraciones administrativas. Esta Sala observa que efectivamente la declaración del supuesto menor ofendido no es congruente con la prueba periférica del juicio, en este caso, con la prueba pericial de Dictamen de evaluación física practicada a la supuesta víctima pues esta determina que “no hay evidencias de lesiones antiguas o recientes, tampoco se encontraron lesiones en las áreas para genitales y extra genitales, es decir no se encontró lesiones en dichas áreas. Tampoco es congruente con la prueba sicológica practicada al menor, pues a esta el juzgador no le otorga ningún valor probatorio. Versión del menor ofendido que no es corrobora por la declaración de la testigo Juana Tejada Rosales, madre del menor, pues ser testigo de referencia, y ésta se limita a declarar solo lo su menor hijo (ofendido) le manifestó. En este caso, la Sala aprecia que el relato de la menor supuestamente ofendido J. A. A. T., no está respaldo por prueba aleatoria de cargo, por lo que una sentencia condenatoria no puede estar fundada por más veraz o creíble que parezca en la declaración de un testigo, en este caso del menor ofendido. En este caso, el Juez absuelve al menor acusado Y. P. E. C. del delito de Violación Especial del que fue acusado por el Ministerio Público, por insuficiencia de prueba, sin embargo, a lo condena por el delito de Actos de Lujuria Agravados, delito por el que no fue acusado, y el cual recayó prueba alguna en el juicio, por lo que incurre en in infracción del derecho de presunción o estado de inocencia del menor del acusado, al condenarlo e imponerle a este una pena sin prueba de cargo que acredite se haya cometido. La Sala considera que en un proceso penal que se considere justo, debe primar el respeto absoluto al debido proceso, que engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: juicio previo, presunción de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, que incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial predeterminado por la ley. Por las razones expuestas, la sentencia recurrida que condena al menor acusado acusado menor Y. P. E. C. por el delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio del menor J. A. A. T., sin prueba suficiente de cargo, ha vulnerado el derecho al Debido Proceso por no haber enervado el derecho fundamental de Presunción de inocencia, contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020). El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-222-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual: Primero: Absolvió al menor Y. P. E. C., del delito de Violación Especial, en perjuicio del niño J. A. A. T.; Segundo: Condenó al menor Y. P. E. C., como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio del niño J. A. A. T., a la pena de tres años como sanción privativa de libertad en el Centro; Tercero: No procede el comiso por no haber sido puesta a la disposición del Juzgado pieza de convicción o ejecución alguna; Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y José Roberto Izaguirre Santos, en su condición de Defensores Públicos del menor Y. P. E. C., como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “UNICO: Que el niño J. A. A. T., ha sido víctima de abuso sexual diferente al acceso carnal por parte del menor Y. P. E. C., los abusos fueron en varias ocasiones la primera vez que sucedieron los abusos se encontraba en la casa de habitación del niño acusado ubicada en aldea Santa Ana del municipio de Ceguaca, departamento de Santa Bárbara, y que la víctima recibía amenazas diciéndole que si contaba lo sucedido le pasaría algo malo a él y a su madre.” III. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Wilmer Candelario Hernández Erazo, en su condición de Defensor Público del acusado Y. P. E. C., procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado se responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; el articulo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.-) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado.- Artículo 2.-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal establece como hecho probado que mi defendido ha cometido el delito de actos de lujuria agravados en perjuicio del niño J. A. A. T., tal como lo establece en el hecho probado: UNICO: Que el niño J. A. A.T., ha sido víctima de abuso sexual diferente al acceso carnal por parte del menor Y. P. E. C., los abusos fueron en varias ocasiones la primera vez que sucedieron los abusos se encontraba en la casa de habitación del niño acusado ubicada en aldea Santa Ana del Municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Bárbara, y que la víctima recibía amenazas diciéndole que si contaba lo sucedido le pasaría algo malo a el y a su madre. Del anterior hecho trascrito, el Tribunal Sentenciador llegó a la convicción que mi representado ha cometido la infracción penal de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de J. A. A. T.. El Ministerio Público formaliza acusación por un delito de Violación Especial, solicitando una sentencia condenatoria. En el juicio oral y público el supuesto menor ofendido declaró: “Y. abuso de mi cuatro veces, desde mayo del dos mil quince hasta febrero del dos mil dieciséis., esa última vez que Y. abuso de él, iba a cortar donde Toño Reyes, el iba solito y se aprovechó de mí, iba para donde el papa de el, pues estaba enfermo y le decía vamos y lo agarraba fuerte, lo ponía hincado, le quitaba la ropa, y también Y. se la quitaba. Y. le ponía el pene en su ano, sí le ardía y sentía dolor, que lo penetraba hasta dentro, sentía que se le salía algo, no sabe que era. Se evacuo como prueba pericial, en la evaluación física practicada a la supuesta víctima donde se concluyó: que ratifica el dictamen presentado y que el tiempo transcurrido del hecho es de 19 días no como lo establece el dictamen de 9 días. En la parte de las conclusiones dice en el numeral tres, establece que no hay evidencias de lesiones antiguas o recientes a que se refiere, el numeral tres también establece que no se encontraron lesiones en las áreas para genitales y extra genitales, es decir no se encontró lesiones en dichas áreas. También compareció en el juicio oral y público la señora JUANA TEJADA ROSALES, madre del menor: “...me contó de que el niño Y. P. estaba abusando sexualmente y que lo había agarrado por cuatro veces y que lo amenazaba para que no dijera a mi y le decía que si me decía a mí que lo iba a matar a el y si no a mi, que esa noche le confeso que fue a principio de marzo del año dos mil dieciséis, en el año dos mil quince menciono que le hecha liquido por el conducto, el conducto es el ano, si el ano, ese dos mil quince ni hizo nada, porque el papa esta en silla de rueda no podía meterse a problemas, que su hijo se llama J. A. A.”. De lo dicho por la testigo, se puede concluir que es un testigo de referencia, pues no percibió a través de sus sentidos lo que realmente sucedió, solamente repite lo que manifestó el menor. En cuanto a la demás probanza, haciendo referencia al dictamen psicológico, el Juez Sentenciador no le da valor probatorio al mismo, ya que en la fecha de la elaboración, el Ministerio Público no contaba con declaraciones en sede administrativa y la Psicóloga manifestó que las declaraciones administrativas de la victima y de la madre las tuvo a la vista. En referencia a la declaración del supuesto ofendido y haciendo un análisis del mismo, encontramos varias inconsistente pues manifestó que desde hace 4 años es victima de abusos sexuales por parte de mi representado, pero al momento de hacerle la evaluaciones no se le encontró ningún signo de tales abusos, considerando que el menor manifestó que desde hace tiempo ha sido victima de abuso sexual. Ahora bien es importante hacer un análisis sobre el ilícito de actos de lujuria, el mismo consiste en hacer victimas a otra u otras personas de actos lujuriosos distintos al acceso carnal, y será agravada cuando la victima sea menor de 14 años. Al analizar el relato inconsistente del menor, podemos observar que en ningún momento se refiere a dichos actos, pues solamente se refirió a que supuestamente mi defendido le introducía el pene en su ano, pero como ya lo estableció el Sentenciador dicho relato no es coherente con el dictamen medico, pero eso no quiere decir que si no pega en una cosa tiene que pegar en la otra (actos de lujuria). Para dotar de plena credibilidad la declaración de la victima, especialmente cuando es la única prueba de cargo, es necesario que la misma contenga verosimilitud, es decir que ha de estar rodeado de corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso, lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito debe estar apoyado en algún dato, y no solamente a la pura manifestación subjetiva de la victima. Sobre este extremo ya la Sala de lo Penal ha establecido: “...de manera que es razonable inferirír que el testimonio de la menor pudo ser inducido por las presiones familiares, por lo tanto, el relato de la menor de edad queda huérfano de credibilidad y de respaldo probatorio que permitan arribar a conclusiones distintas a las que arribó el Tribunal de Sentencia, la inverosimilitud del testimonio de la ofendida que no fue corroborado por otro elemento probatorio hace imposible tomarlo como base para un fallo distinto del pronunciado en primera instancia, por ello esta Sala de lo Penal reitera que en casos como este en que solo se cuenta con el testimonio de la ofendida con las inconsistencias señaladas, “no hay forma de apariencia, de que con esa única declaración al no contarse con otros elementos periféricos adicionales y debidamente enlazados en orden a su presencia u oportunidad física para la comisión del hecho delictivo o a la oportunidad material para cometerlo, se pueda llegar de manera lógica y coherente a deducir la culpabilidad del acusado cuando el soporte probatorio ya referido, no es concluyente para determinar dicha culpabilidad, debiendo tenerse presente también que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le imputa, ya que el onus probando corresponde a quien acusa”[1]La existencia de prueba de cargos suficiente, requiere una triple comprobación: 1. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en el.- 2. Que las pruebas sean validas, es decir que hayan sido obtenidas o incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su practica.- 3. En tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máxima de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.- [2] De esta triple comprobación, podemos observar primeramente, que los miembros del tribunal sentenciador apoyaron la existencia de un hecho fáctico, mediante la declaración de una única declaración, misma que es inconsistente y que esta huérfana de respaldo probatorio. Es de agregar que el Juez absuelve ante la insuficiencia probatoria de un delito de violación especial, pero condena a mi representado por un delito de actos de lujuria, convirtiéndose prácticamente en un acusador, ya que se tratan de los mismos hechos, pero aun así, el Ministerio Público no probó la existencia del delito de VIOLACION ESPECIAL mucho menos el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO, pues de la raquítica prueba evacuada en el debate, es razonable concluir que no se enervo el estado de inocencia del cual goza mi defendido. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa Pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, ya que al imponerle a mi defendido una pena sin haberse comprobado la existencia del delito de actos de lujuria, se ha violentando los preceptos constitucionales de presunción de inocencia y vencimiento en juicio, en consecuencia solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria.” IV. FUNDAMENTACIÓN Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por violación de los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Vioación del contenido de los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, y se dicte la sentencia de casación que en derecho corresponda. Resumen Infracción de Precepto Constitucional por violación de los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Artículo 89 de la Constitución de la República: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado se responsabilidad por autoridad competente”; artículo 90 de la CR: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; y articulo 94 de la CR: “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.” En relación a los artículos 1 del Código Procesal Penal. Juicio Previo: “Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado”, y artículo 2 del CPP, Estado de inocencia: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” El Tribunal establece como hecho probado que menor Y. P. E. Castellanos, ha cometido el delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio del niño J. A. A. T.. El Ministerio Público formaliza acusación por un delito de Violación Especial, y solicita sentencia condenatoria. En el juicio oral y público el supuesto menor ofendido declaró: “Y. abuso de mi cuatro veces, desde mayo del dos mil quince hasta febrero del dos mil dieciséis., esa última vez que Y. abuso de él, iba a cortar donde Toño Reyes, el iba solito y se aprovechó de mí, iba para donde el papa de el, pues estaba enfermo y le decía vamos y lo agarraba fuerte, lo ponía hincado, le quitaba la ropa, y también Y. se la quitaba. Y. le ponía el pene en su ano, sí le ardía y sentía dolor, que lo penetraba hasta dentro, sentía que se le salía algo, no sabe que era.” Se evacuo como Prueba Pericial de evaluación física practicada a la supuesta víctima donde se concluyó: “Que ratifica el dictamen presentado y que el tiempo transcurrido del hecho es de 19 días no como lo establece el dictamen de 9 días. En la parte de las conclusiones dice en el numeral tres, establece que no hay evidencias de lesiones antiguas o recientes a que se refiere, el numeral tres también establece que no se encontraron lesiones en las áreas para genitales y extra genitales, es decir no se encontró lesiones en dichas áreas.” Compareció en el juicio oral y público la señora Juana Tejada Rosales, madre del menor, quien declaró que: “...me contó de que el niño Y. P. estaba abusando sexualmente y que lo había agarrado por cuatro veces y que lo amenazaba para que no dijera a mí y le decía que si me decía a mí que lo iba a matar a él y si no a mí, que esa noche le confeso que fue a principio de marzo del año dos mil dieciséis, en el año dos mil quince menciono que le hecha liquido por el conducto, el conducto es el ano, si el ano, ese dos mil quince ni hizo nada, porque el papa está en silla de rueda no podía meterse a problemas, que su hijo se llama J. A. A.”. De su declaración se puede concluir que es un testigo de referencia, pues no percibió a través de sus sentidos lo que realmente sucedió, solamente repite lo que manifestó el menor. Al dictamen psicológico, el Juez Sentenciador no le da valor probatorio debido a que, en la fecha de la elaboración, el Ministerio Público no contaba con declaraciones en sede administrativa y la Psicóloga manifestó que solo tuvo a la vista las declaraciones administrativas de la víctima y de la madre. La declaración del supuesto ofendido tiene varias inconsistente pues dijo que desde hace 4 años es víctima de abusos sexuales por parte del menor acusado, pero en las evaluaciones no se le encontró ningún signo de tales abusos, considerando que el menor dijo que desde hace tiempo ha sido víctima de abuso sexual. Asimismo, que refiere que el menor acusado le introducía el pene en su ano, lo que no es coherente con el dictamen médico, y que tampoco se corresponde con actos de lujuria. La declaración de la víctima, es la única prueba de cargo, por lo que es necesario que contenga verosimilitud, y que este rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo en el proceso, por lo que es razonable deducir que el testimonio de la menor pudo ser inducido por las presiones familiares. El relato de la menor de edad queda huérfano de credibilidad y de respaldo probatorio que permitan arribar a conclusiones distintas al Tribunal de Sentencia. El Juez absuelve ante la insuficiencia probatoria de un delito de violación especial, pero condena al menor acusado por un delito de actos de lujuria, pero el Ministerio Público no probó la existencia del delito de Violación Especial, y menos el de Actos de Lujuria Agravado, por la raquítica prueba evacuada en el debate, por lo que aprecia que es razonable concluir que no se enervo el estado de inocencia del menor acusado, y que al imponerle una pena sin haber sido comprobada la existencia del delito de actos de lujuria, se le ha violentando a este el derecho la presunción de inocencia. Concepto general del Recurso El Consultor Internacional Don J. L. L. M., considera que el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[3] Concepto especifico del Recurso Para el examen del motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Cuando en vía casacional se alega la infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "A quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de Defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un Juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del Juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. Juicio Previo. ¨A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente¨. Nadie puede ser castigado sin haber sido previamente juzgado y sentenciado mediante el debido proceso. Esto significa que el individuo debe ser acusado de la comisión de un hecho ilícito concreto, presentándose pruebas en su contra; y debe tener la oportunidad de defenderse alegando sus derechos y presentando las pruebas que tenga para demostrar su inocencia. Entonces, en base a estos elementos, el juez juzgará los hechos y finalmente dictará sentencia, absolviendo o condenando; solo en este último caso, mediante sentencia condenatoria surgida del debido ¨juicio previo¨, el individuo podrá ser castigado. De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. El recurrente alega la vulneración de los derechos fundamentales de Derecho de Presunción de inocencia, Debido Proceso y Juicio Previo contenidos en los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución respectivamente consignados en la constitución de la República a favor del acusado menor Y. P. E. C., en virtud que lo condena con insuficiencia de pruebas de cargo, por el delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio del niño J. A. A. T., siendo que el Ministerio Público formaliza acusación por un delito de Violación Especial, y solicita sentencia condenatoria. Esta Sala considera que constitucionalmente se afirma que para llegar a la condena de un acusado es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Y que, si no quedan probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender enervada la inicial inocencia por la culpabilidad y ha de absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. En el presente caso, como prueba de cargo, se encuentra la declaración de los testigos J. A. A. T., supuesto menor ofendido quien declaró: “Y. abuso de mi cuatro veces, desde mayo del dos mil quince hasta febrero del dos mil dieciséis., esa última vez que Y. abuso de él, iba a cortar donde Toño Reyes, el iba solito y se aprovechó de mí, iba para donde el papa de el, pues estaba enfermo y le decía vamos y lo agarraba fuerte, lo ponía hincado, le quitaba la ropa, y también Y, se la quitaba. Y. le ponía el pene en su ano, sí le ardía y sentía dolor, que lo penetraba hasta dentro, sentía que se le salía algo, no sabe que era.”; y la declaración de la testigo de referencia Juana Tejada Rosales, madre del menor, quien declaró: “...me contó de que el niño Y. P. estaba abusando sexualmente y que lo había agarrado por cuatro veces y que lo amenazaba para que no dijera a mí y le decía que si me decía a mí que lo iba a matar a él y si no a mí, que esa noche le confeso que fue a principio de marzo del año dos mil dieciséis, en el año dos mil quince menciono que le hecha liquido por el conducto, el conducto es el ano, si el ano, ese dos mil quince ni hizo nada, porque el papa está en silla de rueda no podía meterse a problemas, que su hijo se llama J. A. A.”. La Prueba Pericial de evaluación física practicada a la supuesta víctima donde se concluyó: “Que ratifica el dictamen presentado y que el tiempo transcurrido del hecho es de 19 días no como lo establece el dictamen de 9 días. En la parte de las conclusiones dice en el numeral tres, establece que no hay evidencias de lesiones antiguas o recientes a que se refiere, el numeral tres también establece que no se encontraron lesiones en las áreas para genitales y extra genitales, es decir no se encontró lesiones en dichas áreas.”; al Dictamen psicológico, el Juez Sentenciador no le otorga ningún valor probatorio debido a que a la fecha de su elaboración, el Ministerio Público no contaba aún con declaraciones en sede administrativa de la víctima y de la madre y debido a que la Psicóloga manifestó que solo tuvo a la vista de estas las declaraciones administrativas. Esta Sala observa que efectivamente la declaración del supuesto menor ofendido no es congruente con la prueba periférica del juicio, en este caso, con la prueba pericial de Dictamen de evaluación física practicada a la supuesta víctima pues esta determina que “no hay evidencias de lesiones antiguas o recientes, tampoco se encontraron lesiones en las áreas para genitales y extra genitales, es decir no se encontró lesiones en dichas áreas. Tampoco es congruente con la prueba sicológica practicada al menor, pues a esta el juzgador no le otorga ningún valor probatorio. Versión del menor ofendido que no es corrobora por la declaración de la testigo Juana Tejada Rosales, madre del menor, pues ser testigo de referencia, y ésta se limita a declarar solo lo su menor hijo (ofendido) le manifestó. En este caso, la Sala aprecia que el relato de la menor supuestamente ofendido J. A. A. T., no está respaldo por prueba aleatoria de cargo, por lo que una sentencia condenatoria no puede estar fundada por más veraz o creíble que parezca en la declaración de un testigo, en este caso del menor ofendido. En este caso, el Juez absuelve al menor acusado Y. P. E. C. del delito de Violación Especial del que fue acusado por el Ministerio Público, por insuficiencia de prueba, sin embargo, a lo condena por el delito de Actos de Lujuria Agravados, delito por el que no fue acusado, y el cual recayó prueba alguna en el juicio, por lo que incurre en in infracción del derecho de presunción o estado de inocencia del menor del acusado, al condenarlo e imponerle a este una pena sin prueba de cargo que acredite se haya cometido. La Sala considera que en un proceso penal que se considere justo, debe primar el respeto absoluto al debido proceso, que engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: juicio previo, presunción de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, que incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial predeterminado por la ley. Por las razones expuestas, la sentencia recurrida que condena al menor acusado acusado menor Y. P. E. C. por el delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio del menor J. A. A. T., sin prueba suficiente de cargo, ha vulnerado el derecho al Debido Proceso por no haber enervado el derecho fundamental de Presunción de inocencia, contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. V. DECISIÓN. La Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de precepto constitucional, invocado por el Abogado Wilmer Candelario Hernández Erazo, en su condición de Defensor Público del acusado Y. P. E. C.. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 18 y 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Wilmer Candelario Hernández Erazo, en su condición de Defensor Público del acenusado Y. P. E. C.; Segundo: Casa la Sentencia de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara; Tercero: Falla: Absolver al menor Y.P. E. C., como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio del niño J. A. A. T.; Segundo: Mantener incólume e inalterable la sentencia recurrida, en la parte en que absuelve al menor Y.P. E. C., del delito de Violación Especial, en perjuicio del niño J. A. A. T.; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes para que ejecute la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-222-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Véase sentencia de fecha 10 de enero del 2013, dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
[2] Sentencia de la Sala Penal N=17-2008, de fecha 11 de agosto del 2009, Pág. 10.-
[3] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñoz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.