Sentencia CP-22-17 — Registro 11220
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados por los delitos de Apropiación Indebida Continuada y Apropiación Indebida Continuada, en su Grado de Participación de Cómplice, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. El censor presenta un recurso de casación por quebrantamiento de forma, alegando carencia de motivaciones fácticas o jurídicas, ya que son insuficientes o incompletas estableciendo que existe infracción por aplicación indebida del artículo 31 en relación al artículo 242.8 del Código Penal y en el desarrollo del mismo el recurrente omite confrontar el análisis intelectivo del Tribunal de Sentencia con los principios de las reglas de la sana crítica desde su perspectiva transgredida. En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Es importante advertir que el motivo por el cual el censor ha interpuesto el recurso de casación por quebrantamiento de forma estriba en determinar si existe o no suficiente motivación fáctica de la sentencia, que de respuesta a los aspectos debatidos; mediante el motivo no debe pretenderse que esta Corte de Casación audite lo concerniente a la correcta o no, valoración probatoria por fidelidad a las reglas de la sana crítica, sino simplemente la suficiencia de razonamientos que puedan hacer saber a cualquier lector las apreciaciones de los juzgadores. Para el censor el vicio se focaliza en la aplicación indebida de una norma sustantiva como es el artículo 31 del Código Penal referente a la participación en el delito en relación con el artículo 242.8 del mismo cuerpo legal; sin embargo, el reclamo es improcedente pues al establecer y desarrollar en este motivo por quebrantamiento de forma la aplicación indebida de una norma sustantiva, lo cual pertenece a un motivo de casación diferente al plasmado por el casacionista, lo que en efecto produce su inadmisibilidad. En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Para esta Sala de lo Penal, el Tribunal de Sentencia explicó de manera suficiente por qué fue de recibo la teoría de la acusación, motivación que fue tanto probatoria como jurídica: en los apartados primero, segundo, tercero y cuarto de la motivación probatoria el Tribunal de Sentencia hace el análisis intelectivo de las pruebas testificales de Odalis Rigoberto Zúñiga Caracio, Ritza Yolanda Martínez Hernández, Gustavo Adolfo Coello Valladares y Javier Candelario Vaquedano Osorio; prueba documental como son el informe ratificado por el señor Gustavo Coello Valladares, constancias de trabajo de Luis Urbina y Wilmer Obed Castillo; constancia de trabajo de Adolfo Coello Valladares y Odalis Zúñiga; expediente interno correspondiente al señor Luis Urbina, constancia del señor Rafael Hasbun, copia autenticada de la personería jurídica y estatus de asociación del Hospital Vicente Dantoni, acta de inspección ocular con su respectivo álbum fotográfico, ratificado por Jaime Rolando Mejía Gonzáles; prueba pericial como ser el dictamen pericial, ratificado por la señora Irma Mireya Paredes Alemán; y en la que el órgano jurisdiccional dio credibilidad y valor probatorio, procurando ser claro al especificar que con dichos medios de prueba fue posible acreditar que: “Desde los años 2001 hasta diciembre 2008, los señores Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, laboraron en el hospital Dantony, de esta ciudad de La Ceiba, Atlántida, en los cargos de asistente de jefe de almacén el primero y ayudante de almacén el segundo; cuyas funciones eran las de recepción de los proveedores y distribución interna, de los medicamentos a los distintos departamentos del hospital. cada uno de los señores Luis Enrique y Wilmer Obed, mantenían un usuario con una clave personal e intransferible para acceso al sistema informático, el de Luis Enrique, era “LURBINA”, y el de Wilmer Obed “WCASTILL”, mediante las cuales se hacían los cargos de los medicamentos que eran solicitados por los distintos departamentos del hospital, a través de los requerimientos denominados “OR” (orden de requisición). Durante los años mencionados, Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, utilizando cada uno, su usuario con la clave personal, realizaron varias transacciones en las que se autorizaba la salida de medicamentos con órdenes de requisiciones (OR) repetidas y que ya habían sido utilizadas anteriormente para la entrega de medicamentos; las transacciones que facilitaban la salida de medicamentos con órdenes de requisición repetidas, las hechas por el señor Luis Enrique Urbina Gómez, ascienden a la cantidad de L.573,616.04; y las autorizadas por el señor Wilmer Obed Castillo Nelson, a la cantidad de L.15,226.20”. En este marco entonces, la respuesta dada por los señores jueces se articula con la motivación, valoración y fundamentación desplegada respecto al porqué consideró acreditado el delito de apropiación indebida continuada, formando entre ambos un todo argumentativo que apoya la decisión que se adopta al final y, por tanto, resulta inexistente el vicio que denuncia el censor en su recurso, relativo a que la sentencia tiene una insuficiente motivación fáctica y jurídica..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; Las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso mencionado el conflicto jurídico planteado por el pretensor en cuanto a la participación criminal que se le atribuye a los imputados Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, en el caso que nos ocupa y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, a esta Sala de lo Penal, le corresponde analizar si la forma en que el tribunal A-quo llega a la conclusión de que los imputados son responsables de la comisión del delito mencionado, ha sido un razonamiento suficiente y adecuado generado a partir de medios de pruebas objetivos que relacionados en su conjunto permitan arribar a tal conclusión. En el caso actual, en la declaración testifical de Odalis Rigoberto Zúñiga Caracio, Gerente de Recursos Humanos del Hospital D´Antony, entre otras cosas estableció: “ …en la administración para el cierre del año 2008 se encontraron algunas inconsistencias en el uso de medicamentos, dichas inconsistencias eran que los volúmenes gastados no tenían una relación congruente con los procedimientos los cuales se usan los medicamentos, se ordenó una auditoria especifica de esos medicamentos y básicamente eran medicamentos anestésicos…la auditoria se hizo en enero de 2009 revelo como participantes a Luis Urbina y Wilmer Castillo…a ellos se les concedió los usuarios a dichos empleados en su momento, se entrega el usuario y se les notifica la importancia de la privacidad del usuario y su adecuado manejos de las contraseñas…” a preguntas de las partes, también manifestó: “ los encausados eran en ese entonces era un asistente del jefe de almacén Luis Urbina y Wilmer es un empleado almacenista…en el caso de Castillo el perfil de él no tiene un usuario como titular, pero en el momento que se daba ausencias de otros empleados él era promovido de carácter interino para ocupar esos puestos…cuando un usuario como estos le va a entregar un medicamento a otro usuario aparte de documentación en físico que le va a entregar, hay una transacción digital allí nos queda el control de los estados financieros, allí genera un cargo histórico para ver si lo que tengo en pantalla está en lo físico…el conocimiento que tuve es que se encontraron salidas de estos medicamentos donde había una transacción inicial debidamente soportada y también estaba documentada y que hubo un receptor y se la llevó y firmó un medicamento pero luego después se hizo una segunda transacción sin el recibo en físico del mismo,… en aquel momento reveló había un tercer participante que corresponde al nombre de Carlos Carranza, tuvimos conocimiento que decidió conciliar…”. En cuanto a la declaración testifical de la señora Ritza Yolanda Martínez Hernández, jefa del almacén, entre otras cosas manifestó: “ …yo fui a vacaciones y cuando llegue en el 2009 me llamaron por parte de la administración para una reunión y me informaron que había problemas con los cargos que se hacían con los departamento de operaciones y limpieza, en la reunión estaba presente Baquedano, Odali Zúñiga y Luis Urbina, allí dijeron que se habían hechos cargos duplicados y estando allí únicamente Luis se disculpó por el abuso de confianza básicamente el acepto que había cometido un error y que él quería una oportunidad.” A preguntas de las partes, manifestó: “…dentro de su perfil era podía hacer cargo podía imprimir pedidos, ingresaba productos que venían del exterior y también compras locales del país… el señor Luis tiene acceso a este sistema…Wilmer tenía acceso interino normalmente él está en el recibo de las diferentes droguerías… en la reunión el señor Urbina lo que recuerdo era que estaba muy apenado y su intención era resarcir el daño que había hecho…en ese tiempo cuando un departamento necesitaba algo, en ese tiempo elaboraba un documento en el sistema allí se pide la cantidad y la unidad del producto, luego le daban un acuso de recibo posteriormente entregado el producto se procedía hacer la descarga del inventario y esa descarga lo que la hacía Luis y cuando era interinato era Wilmer pero esto era muy esporádico…una “OP” es orden de compra, una “OR” es un pedido…la solicitud la imprimía solo Luis,…el sistema opera la 24 horas…” En cuanto al testigo Gustavo Adolfo Coello Valladares, Auditor, entre otras cosas manifestó: “En el año 2008 para cierre del año se realiza varias auditorias… nos enfocamos en realizar todas las salidas del departamento del hospital, hacemos comparaciones de las cantidades recibidas con lo que el almacén registro como salidas, había inconsistencias que había transacciones superiores, es decir se entregaron al solicitante una cantidad menor a lo que realizó…nos fuimos al 2007 también estaban las mismas inconsistencias, luego la administración amplio más la revisión hasta llegar al 2001…básicamente lo que revisamos las solicitudes de OR es una solicitud que los diferentes departamentos hacen al almacén solicitando productos, el departamento interesado es la sala de operaciones que son los que más utilizan los analgésicos, este departamento archivan una copia que es la que suministra el almacén, nosotros solicitamos la información al departamento de operaciones y nos mandan y la verifican contra los registros en nuestro sistema contable y de allí sacamos la referencia que están establecidas en nuestro informe. A preguntas de las partes, manifestó entre otras cosas: “esas cantidades que rebajaba el almacén era superiores a las que fueron registradas, lo que pedía era menos de lo que se entregaba…en las transacciones irregulares las personas que lo hacían eran de los usuarios Lurbina y Wcastillo, ellos son empleados del hospital del almacén que era el departamento que se producían las transacciones inconsistentes… el total del dinero o de la pérdida monetaria del hospital fue de 625 mil lempiras en total, el cargo que tenía los empleados Lurbina era de asistente de almacén y Wcastillo es el encargado de recibir todas las compras de productos que vienen de los proveedores, el total de transacciones eran aproximadamente 330 transacciones, el usuario de Lurbina tenía más transacciones de las 330 como 6 tiene Wcastillo, sabemos que cada usuario tiene su propia contraseña, es intransferible y de mucha responsabilidad, cada usuario indica nombre y siempre apuntaba a Lurbina y Wcastilllo, cuando se elaboró informe la administración decidió llamar a Luis Urbina se plantearon los problemas él accedió a que estaba tomado esos medicamentos…en el sistema se podían hacer transacciones más que la primera, esta primera se tenía que llenar todos los requisitos como ser las existentes de una solicitud y una aprobación acuse de recibido original, la segunda transacción se daba de forma irregular y esta lo elaboraba simplemente el usuario Lurbina sin tener documento de respaldo a mano…” . Con la declaración testifical del señor Javier Candelario Vaquedano Osorio, entre otras cosas manifestó: “…durante la auditoria de almacén fue cuando se detectó inconsistencias de duplicidad de algunos productos, se revisó se analizó, y se dio que era analgésicos de departamento de operaciones y estos no cuadraban con la demanda de operaciones…decidimos hacer otra reunión con Luis Urbina y allí participaron la doctora Ritza, mi persona, el auditor el Abogado Odalis Zúniga y se le hizo ver que había unos problemas con la duplicidad de algún consumo fue allí donde el señor Luis, nos hizo ver que él era el que hizo esa duplicidad y luego lleno una carta que llego a la Doctora Tirza donde él decía que se comprometía a resarcir el daño…”. Así mismo se presentaron las siguientes pruebas documentales, como son: el informe ratificado por el señor Gustavo Coello Valladares, constancias de trabajo de Luis Urbina y Wilmer Obed Castillo; constancia de trabajo de Adolfo Coello Valladares y Odalis Zúñiga; expediente interno correspondiente al señor Luis Urbina, constancia del señor Rafael Hasbun, copia autenticada de la personería jurídica y estatus de asociación del Hospital Vicente Dantoni, acta de inspección ocular con su respectivo álbum fotográfico, ratificado por Jaime Rolando Mejía Gonzáles; con la prueba pericial consistente en el dictamen pericial ratificado por la señora Irma Mireya Paredes Alemán, en la conclusión estableció que el usuario Lurbina se apropió de quinientos setenta y tres mil seiscientos dieciséis con cuatro centavos (L 573,616,04) que representan el 91.63% del valor faltante y el señor Carranza un total de treinta y siete mil ciento cincuenta y uno con treinta y cinco centavos (L 37,151.35) que representa un 5.93% del valor faltante, el señor Wcastillo con un total de quince mil doscientos veintiséis con veinte centavos (L 15,226,20) que representa un 2.43% del valor faltante, el total sustraído al Hospital Dantoni es de seiscientos veinticinco mil novecientos noventa y tres con cincuenta y siete centavos (L 625,993.57), las defraudaciones eran momentos o días después de las horas diferentes de oficina temprano por la mañana o después de la hora de salida… en los casos donde aparece en cero las OR fue que no hay petición de ninguna dependencia de ninguna bodega al almacén de medicamentos…los montos faltantes salen de la comparación de las OR…el número de veces que aparecen los usuarios es la cantidad que hicieron transacciones contables desde su computadora…”. El tribunal sentenciador, al realizar la valoración intelectiva de la prueba evacuada en el acto del juicio oral y público, establece como argumentos de su razonamiento, en primer término, que con las declaraciones de los testigos Odalis Rigoberto Zúniga, Ritza Yolanda Martínez, Gustavo Adolfo Coello Valladares y Javier Candelario Vaquedano, quedó acreditado que las funciones de los acusados eran las de recepción de los proveedores y distribución interna de los medicamentos a los diferentes departamentos del Hospital Dantoni. Estableciendo que las declaraciones son coincidentes entre sí por lo que merecen credibilidad. Constata esta Sala de lo Penal, que el sentenciador realizó un análisis pormenorizado de cada declaración evacuada, y que se arribó a las siguientes convicciones: De la declaración de Odalis Rigoberto Zúniga, se llega a establecer que dentro de las atribuciones de Luis Urbina estaba la de hacer cargos e imprimir pedidos de departamentos, teniendo acceso al sistema. Además, que Wilmer Castillo, tenía acceso en interinatos, al procedimiento de carga, salida y descarga de inventario. Similar convicción adquiere del testigo Gustavo Adolfo Coello. De acuerdo a la valoración realizada por el tribunal, las declaraciones son coherentes entre sí. Conforme a la valoración realizada por el tribunal, con estas declaraciones también llegan al convencimiento que Luis Urbina y Wilmer Castillo, tenían un usuario del sistema, con clave personal e intransferible, mediante las cuales hacían los descargos de los medicamentos, quedando acreditado -a juicio del tribunal- que Luis Urbina era titular del usuario LUrbina y que Wilmer Castillo no tenía usuario permanente, pero tenía el usuario WCastillo, quedando acreditado que ambos eran encargados de digitación de salida, pasando 2 o 3 días y hacían referencia a la misma orden de requisición. Estas declaraciones son estimadas como creíbles por el tribunal, el que además las analiza junto con la constancia emitida por el señor Rafael Hasbun, con la que se prueba que las contraseñas de usuario no pueden compartirse con ninguna persona y que el usuario LUrbina pertenece a Luis Urbina, y WCastillo a Wilmer Castillo. En consecuencia, la prueba ha sido valorada individualmente y en su conjunto, como proceso previo para arribar a una conclusión.
Por otro lado, el A quo también desarrolla la valoración realizada respecto a la prueba pericial, de la cual establece que, con la pericia realizada por Irma Mireya Paredes Alemán, quedo acreditado el procedimiento para la emisión de una orden de requisición y su aprobación y que en el proceso se encuentran vinculados los acusados, quienes en sus funciones estaba preparar el producto y entregarlo al departamento solicitante. Para el Tribunal de Sentencia, las pruebas testificales, documentales y pericial se entrelazan y respaldan entre sí, y con las que queda acreditado que los acusados falsificaban los documentos de consumo adulterando las cantidades entregadas a través de orden de requisición, mencionando dos o tres veces el mismo número de orden de requisición a pesar de que éste es un documento único, probándose con la pericia a criterio del sentenciador, que el total de lo sustraído asciende a quinientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos lempiras con veinticuatro centavos, defraudaciones que ocurrían en momentos o días después de las horas de oficina, temprano por la mañana o después de la hora de oficina. De acuerdo a la valoración individual y conjunta realizada por el A quo, la prueba pericial se concatena con los testimonios de cargo evacuados, resultando toda la prueba en su conjunto, creíble, coherente y suficiente para sustentar las conclusiones realizadas por el juzgador. En consecuencia, el tribunal a quo ha aplicado de forma certera los razonamientos de instancia conforme a las reglas de la sana críica fundamentalmente conforme a la lógica y la derivación, expresada con razones suficientes debidamente fundadas en las pruebas como fruto de una valoración conjunta y armónica, por ello no procede el motivo de casación invocada...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 22-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha doce de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Primero: Condenó al señor Luis Enrique Urbina Gómez, como autor del delito de Apropiación Indebida Continuada, en su grado de participación de Cómplice, en perjuicio del Hospital Vicente D’Antoni a la pena principal de seis años, ocho meses de reclusión más una multa de cincuenta y siete mil trescientos sesenta y un lempiras, con sesenta centavos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señor Wilmer Obed Castillo Nelson, como autor del delito de Apropiación Indebida Continuada, en su Grado de Participación de Cómplice, en perjuicio del Hospital Vicente D’ Antoni a la pena principal de cuatro años, cinco meses, diez días de reclusión más una multa de un mil quinientos veintidós lempiras, con sesenta y dos centavos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: No procede condenar a los señores Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: Se le declara la responsabilidad civil de los señores Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson. Son Partes: El Abogado Joel Edgardo Serrano Cárcamo, en su condición de defensor privado de los señores Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, como parte recurrente, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público y la Abogada Roselia María Martínez Hernández, en su condición de acusadora privada del Hospital Vicente D’Antoni, como partes recurridas. Hechos Probados “Valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo con los reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Desde los años 2001 hasta diciembre de 2008, los señores Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, laboraron en el Hospital D Antoni, de esta ciudad de La Ceiba Atlántida; en los cargos de asistente de Jefe de Almacén el primero y cuya funciones eran la de recepción de los proveedores y distribución interna, de los medicamentos a los distintos departamentos del hospital. Cada uno de los señores Luis Enrique y Wilmer Obed, mantenían un usuario con una clave personal e intransferible para acceso al sistema informático, el de Luis Enrique, era “LURBINA”, y el de Wilmer Obed, “WCASTILL”., mediante las cuales se hacían los descargos de los medicamentos que eran solicitados por los distintos departamentos del Hospital, a través de los requerimientos denominados “OR” (orden de requisición). SEGUNDO: Durante los años mencionados, Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, utilizando cada uno, su usuario con la clave personal, realizaron varias transacciones en las que se autorizaba la salida de medicamentos con órdenes de requisiciones (OR), repetidas, y que ya habían sido utilizadas anteriormente para la entrega de medicamentos; las transacciones que facilitaban la salida de medicamentos con órdenes de requisición repetidas, las hechas por el señor Luis Enrique Urbina Gómez, ascienden a la cantidad de L.573,616.04; y las autorizadas por el señor Wilmer Obed Castillo Nelson, a la cantidad de L. 15,226.20..” Recurso de Casación, Motivos y Argumentos El recurrente Abogado Joel Edgardo Serrano Cárcamo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Contener la sentencia impugnada motivaciones insuficientes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Para los efectos de este motivo de casación se citan como infringidos, los preceptos de orden procesal, contenidos en el párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 141, en relación al 338, cuarta parte, numeral 3 del Código Procesal Penal, que dicen: “Artículo 141... Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución y, en su caso, las pruebas tenidas a cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos”. “Artículo 338: ... Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: “...3) Fundamentación Jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas; y de las penas que se impongan, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados”. Expuesto lo anterior, se encuentra que la sentencia contiene motivaciones jurídicas insuficientes, en base a lo siguiente: 1.- El sentenciador establece en el hecho probado segundo: “Que durante los años mencionados, Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, utilizando cada uno, su usuario con la clave personal, realizaron varias transacciones en las que se autorizaba la salida de medicamentos con órdenes de requisiciones (OR) repetidas, y que ya habían sido utilizadas anteriormente para la entrega de medicamentos; las transacciones que facilitaban la salida de medicamentos con órdenes de requisición repetidas, las hechas por el señor Luis Enrique Urbina Gómez, ascienden a la cantidad de L. 573,616.04; y las autorizadas por el señor Wilmer Obed Castillo Nelson, a la cantidad de L. 15,226.20. En el pronunciamiento segundo de la “Motivación Jurídica”, el tribunal sentenciador declara aplicable el artículo 31 del Código Penal, y en la parte final del pronunciamiento Tercero, expone: “...Cumpliéndose los elementos objetivos del tipo tales como que en perjuicio del Hospital Dantoni, se distrajeron cosas muebles, en este caso los medicamentos, que estaban a cargo y siendo administrados por los acusados, al ser Urbina Gómez, Jefe de Almacén y el señor Castillo Nelson, ayudante de almacén, por lo que dichos medicamentos estaban bajo su depósito y administración, teniendo la obligación de conservación, de entrega y devolución, según el requerimiento, y al salir de manera fraudulenta de la esfera de posesión del Hospital Dantoni, los acusados colaboraban de manera anterior y simultánea con dicha conducta, al girar órdenes de requisición, repetidas y que ya habían sido utilizadas anteriormente para la entrega de otros medicamentos; con estas transacciones se cooperaba para la salida ilegal del producto con las órdenes duplicadas, previamente elaboradas por los acusados...”. Condenándonos en la parte dispositiva de la sentencia, por un delito de apropiación indebida continuada, en su grado de participación de cómplice, en perjuicio del Hospital Vicente D’antoni. 1.1 La motivación insuficiente o incompleta de la sentencia, se produce, cuando profiere condena por un delito de apropiación indebida continuada en su grado de participación de complicidad, omitiendo motivar si esto es posible desde el punto de vista jurídico-penal, cuando no hay condena del autor del delito en la presente sentencia. Entendiendo por autor, “al que toma parte directa en la ejecución del hecho y se le puede imputar el delito como suyo, de acuerdo al artículo 32 del Código Penal y aclarando que la participación es intervención, en hecho ajeno. En efecto, el partícipe se haya en una posición secundaria respecto al autor. El hecho principal pertenece al autor, no al partícipe. Este no realiza el tipo principal, sino un tipo dependiente de aquel, la participación puede consistir en una conducta de inducción o de cooperación. El partícipe contribuye a causar el hecho del autor, sea interponiendo una condición propiamente causal del mismo (así el inductor y el cooperador necesario), sea favoreciendo eficazmente su realización (lo que basta para la complicidad). 1.2. Sostiene Mir Puig,[1] que el fundamento del castigo de la participación conduce, como se ve, al principio de la teoría de la participación: el principio de accesoriedad limitada de la participación, lo que significa que la participación es accesoria respecto al hecho del autor, pero también, por otra parte, que depende de éste hasta cierto punto. En este contexto, habiéndose declarado como hecho probado en la esencia, que los procesados, utilizando cada uno su usuario con clave personal, realizaron varias transacciones en las que se autorizaba la salida de medicamentos, por lo cual se les condena como cómplices del delito de apropiación indebida cometido por un autor o autores no determinados en la sentencia, cabe preguntar?: • ¿Es posible la condena de partícipes en un delito de apropiación indebida cuyo autor es indeterminado en la sentencia? • ¿Qué pasa si ese “autor” no es personalmente imputable? •¿Qué pasa si para la participación dolosa en un hecho (como el imputado) se requiere el dolo del autor principal? • ¿Es precisa, la relación de causalidad entre los actos de cooperación y el delito cometido por el autor? • ¿Se puede condenar a los cooperadores y dejar impune al verdadero autor en sentido estricto del hecho, es justo y legal esto? La respuesta no se hace esperar, todos estos aspectos relevantes y determinantes no fueron analizados en la motivación jurídica de la sentencia, lo que se traduce en motivación incompleta o insuficiente, que nos produce agravios y lesión, en tanto en cuanto, nos lleva a la infracción por falta de aplicación en todo su contexto de los preceptos de orden procesal citados, es decir, los artículos 141, en relación al 338 cuarta parte, numeral 3 del Código Procesal Penal, lo que a su vez produce la infracción por aplicación indebida del artículo 31 en relación al 242.8 del Código Penal, toda vez que se nos condena en el grado de participación de complicidad del delito de apropiación indebida imputado, cometido por un autor ejecutivo indeterminado en la sentencia, que por ello mismo, pone al descubierto que ese “autor” es el verdadero responsable del curso causal de la acción, titular de la misma, responsable de la lesión al bien jurídico protegido y naturalmente beneficiario directo del delito. 1.3. Enseña Femando De La Rúa, que “la motivación, a la vez que es un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico. Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consignan habitualmente en los “considerandos” de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución. Continúa diciendo el autor que “El tribunal de juicio tiene el deber de suministrar las razones jurídicas de su fallo. Debe enunciar el porqué de su decisión. Debe, en una palabra, fundamentar la sentencia y justificar la decisión jurisdiccional. Esto constituye la motivación”. Concluye el Jurista argentino que “por su contenido, la motivación debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica”.[2] En el presente caso, la sentencia es motivada, pero no en forma completa, en los términos que lo exige el párrafo segundo y tercero artículo 141 del CPP, donde se establece que los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación… la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho, en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, de conformidad al artículo 338 ya citado. Como la sentencia no llegó a motivar sobre el aspecto censurado en este apartado, es decir, sobre los fundamentos tenidos en cuenta por el tribunal para condenamos en el grado de participación de complicidad (partícipes) de un delito (hecho) de apropiación indebida cuyo autor no ha sido determinado en la propia sentencia, se produce por falta de motivación sobre este punto, la infracción por falta de aplicación de los preceptos de orden procesal citados como infringidos y como consecuencia de ello, la infracción por aplicación indebida del artículo 31 en relación al 242.8 del Código Penal, en forma que se ha dejado demostrado.” “SEGUNDO MOTIVO: Contener la sentencia impugnada motivaciones contradictorias. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Para efectos del presente motivo, se citan como infringidos el artículo 202, en relación al artículo 338 regla cuarta, numeral 2, del Código Procesal Penal, que dicen: “Artículo 338: Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 2. Valoración de la Prueba: Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas enjuicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados....”. 1. El sentenciador establece en el pronunciamiento Tercero, del apartado de “valoración intelectiva de la prueba en relación con los hechos probados”, lo siguiente: “...Con la prueba pericial elaborada por la perito Irma Mireya Paredes Alemán, se establece que los acusados falsificaban los documentos de consumo, adulterando las cantidades entregadas a través de la OR el cual es un documento único, en el sentido que solamente se podían solicitar medicamentos una sola vez, y de acuerdo con la prueba pericial, se establece que los acusados a través de los documentos de consumo mencionaban dos o tres la OR con su mismo número correlativo, y se adulteraban las OR, que quedaban en los archivos del almacén, para perjudicar de esa forma pecuniariamente al Hospital. Las sustracciones electrónicas se hacían después de que registraban la OR o requisiciones y las defraudaciones las realizaban momentos o días después y se efectuaban en diferentes horas de oficina”. (el resaltado es nuestro). Con esta misma pericia se probó que los montos defraudados se distribuyeron así entre los acusados, el usuario Lurbina que pertenece al acusado Luis Enrique Urbina Gómez, con un total de quinientos setenta y tres mil seiscientos dieciséis con cuatro centavos (L.573,616.04) como valor faltante; y el usuario Wcastillo, que pertenece a Wilmer Obed Castillo Nelson, con un total de quince mil doscientos veintiséis con veinte centavos (L. 15,226.20) como valor faltante; el total de lo sustraído al Hospital D’antoni, por los acusados en base al valor de los productos, es de quinientos ochenta y ocho mil, ochocientos cuarenta y dos con veinticuatro centavos (L. 588,842.24), dichas defraudaciones eran momentos o días después de las horas de oficina temprano por la mañana o después de la hora de salida.” (el resaltado es nuestro). 1.1 Sobre la fundamentación, la Jurisprudencia Costarricense, ha venido explicando: “...debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga).[3] 1.2 La contradicción en la fundamentación probatoria de la sentencia, se pone de manifiesto, al motivar, por un lado, que las defraudaciones las realizaban momentos o días después y que se efectuaban en diferentes horas de oficina, lo que entra en directa y frontal contradicción con lo afirmado en el siguiente párrafo, donde se sostiene, que dichas defraudaciones eran momentos o días después de las horas de oficina; temprano por la mañana o después de la hora de salida, lo que se traduce en vicios de fundamentación, por infracción de las reglas lógicas de la coherencia y la derivación, respectivamente, veamos. Según Femando de la Rúa, se entiende por coherencia de los pensamientos la concordancia o conveniencia entre sus elementos, de la cual se deducen los principios formales del pensamiento de: a) identidad; b) de contradicción: dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente, no pueden ser ambos verdaderos; y c) el tercero excluido. La derivación implica que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado. De esta ley se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual, todo juicio para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad.[4] El vicio de motivación denunciado en el presente motivo, que infringe las leyes de la coherencia y la derivación, por violación de los principios de contradicción y de razón suficiente, se produce al sostener en la motivación probatoria dos razonamientos, de fondo, contradictorios e irreconciliables entre sí, al establecer en el primer párrafo del numeral tercero “que las defraudaciones las realizaban… en diferentes horas de oficina”, y en el segundo párrafo se fundamenta en un juicio opuesto al anterior, es decir, “que dichas defraudaciones era en momentos o días después de las horas de oficina...” Nótese, que estos razonamientos son juicios de derivación que el sentenciador hace tomando como base la prueba pericial de Irma Mireya Paredes, en la cual descansa el fundamento de la condena, y al revisar en el acta del debate su contenido, no se aprecia tal contradicción, sin embargo el vicio se afirma y presenta palmariamente en la sentencia impugnada y además se traduce en agravios, por infracción de los preceptos de orden procesal ya apuntados, es decir, el artículo 202, en relación al 338, regla tercera, numeral 2 del Código Procesal Penal, pues dos juicios opuestos entre sí, no pueden ser ambos verdaderos, uno es falso, situación concreta que evidencia la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba por parte del sentenciador, y a su vez, la falta de razón suficiente en la conclusión valorativa esgrimida, que es base para la condena, en la forma que se deja demostrado.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. primer motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: que la sentencia impugnada contenga motivaciones insuficientes. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. *Pretensión: Sin determinar por el pretensor. Establece el recurrente que el tribunal sentenciador no motivó en forma completa sobre el grado de participación de complicidad por el cual fueron condenados sus representados, infringiendo con ello el artículo 141 párrafo segundo y tercero del Código Procesal Penal y como consecuencia la aplicación indebida del artículo 31 en relación al 242.8 del Código Penal. De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar porqué una norma legal debe regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legitima y respetuosa de la sana critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación legítima y respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el motivo de casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas -condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuándo existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuándo tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué éstas están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su primer motivo. El recurso no es de recibo. El censor presenta un recurso de casación por quebrantamiento de forma, alegando carencia de motivaciones fácticas o jurídicas, ya que son insuficientes o incompletas estableciendo que existe infracción por aplicación indebida del artículo 31 en relación al artículo 242.8 del Código Penal y en el desarrollo del mismo el recurrente omite confrontar el análisis intelectivo del Tribunal de Sentencia con los principios de las reglas de la sana crítica desde su perspectiva transgredida. En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Es importante advertir que el motivo por el cual el censor ha interpuesto el recurso de casación por quebrantamiento de forma estriba en determinar si existe o no suficiente motivación fáctica de la sentencia, que de respuesta a los aspectos debatidos; mediante el motivo no debe pretenderse que esta Corte de Casación audite lo concerniente a la correcta o no, valoración probatoria por fidelidad a las reglas de la sana crítica, sino simplemente la suficiencia de razonamientos que puedan hacer saber a cualquier lector las apreciaciones de los juzgadores. Para el censor el vicio se focaliza en la aplicación indebida de una norma sustantiva como es el artículo 31 del Código Penal referente a la participación en el delito en relación con el artículo 242.8 del mismo cuerpo legal; sin embargo, el reclamo es improcedente pues al establecer y desarrollar en este motivo por quebrantamiento de forma la aplicación indebida de una norma sustantiva, lo cual pertenece a un motivo de casación diferente al plasmado por el casacionista, lo que en efecto produce su inadmisibilidad. En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Para esta Sala de lo Penal, el Tribunal de Sentencia explicó de manera suficiente por qué fue de recibo la teoría de la acusación, motivación que fue tanto probatoria como jurídica: en los apartados primero, segundo, tercero y cuarto de la motivación probatoria el Tribunal de Sentencia hace el análisis intelectivo de las pruebas testificales de Odalis Rigoberto Zúñiga Caracio, Ritza Yolanda Martínez Hernández, Gustavo Adolfo Coello Valladares y Javier Candelario Vaquedano Osorio; prueba documental como son el informe ratificado por el señor Gustavo Coello Valladares, constancias de trabajo de Luis Urbina y Wilmer Obed Castillo; constancia de trabajo de Adolfo Coello Valladares y Odalis Zúñiga; expediente interno correspondiente al señor Luis Urbina, constancia del señor Rafael Hasbun, copia autenticada de la personería jurídica y estatus de asociación del Hospital Vicente Dantoni, acta de inspección ocular con su respectivo álbum fotográfico, ratificado por Jaime Rolando Mejía Gonzáles; prueba pericial como ser el dictamen pericial, ratificado por la señora Irma Mireya Paredes Alemán; y en la que el órgano jurisdiccional dio credibilidad y valor probatorio, procurando ser claro al especificar que con dichos medios de prueba fue posible acreditar que: “Desde los años 2001 hasta diciembre 2008, los señores Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, laboraron en el hospital Dantony, de esta ciudad de La Ceiba, Atlántida, en los cargos de asistente de jefe de almacén el primero y ayudante de almacén el segundo; cuyas funciones eran las de recepción de los proveedores y distribución interna, de los medicamentos a los distintos departamentos del hospital. cada uno de los señores Luis Enrique y Wilmer Obed, mantenían un usuario con una clave personal e intransferible para acceso al sistema informático, el de Luis Enrique, era “LURBINA”, y el de Wilmer Obed “WCASTILL”, mediante las cuales se hacían los cargos de los medicamentos que eran solicitados por los distintos departamentos del hospital, a través de los requerimientos denominados “OR” (orden de requisición). Durante los años mencionados, Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, utilizando cada uno, su usuario con la clave personal, realizaron varias transacciones en las que se autorizaba la salida de medicamentos con órdenes de requisiciones (OR) repetidas y que ya habían sido utilizadas anteriormente para la entrega de medicamentos; las transacciones que facilitaban la salida de medicamentos con órdenes de requisición repetidas, las hechas por el señor Luis Enrique Urbina Gómez, ascienden a la cantidad de L.573,616.04; y las autorizadas por el señor Wilmer Obed Castillo Nelson, a la cantidad de L.15,226.20”. En este marco entonces, la respuesta dada por los señores jueces se articula con la motivación, valoración y fundamentación desplegada respecto al porqué consideró acreditado el delito de apropiación indebida continuada, formando entre ambos un todo argumentativo que apoya la decisión que se adopta al final y, por tanto, resulta inexistente el vicio que denuncia el censor en su recurso, relativo a que la sentencia tiene una insuficiente motivación fáctica y jurídica. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. segundo motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 en relación con el artículo 338 regla cuarta, numeral 2 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. *Pretensión: Sin determinar por el pretensor. Establece el recurrente que el vicio se produce en la valoración de la sana crítica que infringe las leyes de la coherencia y derivación, por violación de los principios de contradicción y de razón suficiente, ya que en la motivación probatoria se producen dos razonamientos de fondo, contradictorios e irreconciliables entre sí, al establecer en el primer párrafo del numeral tercero: “Que las defraudaciones las realizaban…en diferentes horas de oficina”, y en el segundo párrafo se fundamenta en juicio opuesto al anterior, es decir, “Que dichas defraudaciones era en momentos o días después de las horas de oficina”. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: • Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. • Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o • Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes; o iii. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su segundo motivo. El recurso no es de recibo. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; Las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso mencionado el conflicto jurídico planteado por el pretensor en cuanto a la participación criminal que se le atribuye a los imputados Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, en el caso que nos ocupa y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, a esta Sala de lo Penal, le corresponde analizar si la forma en que el tribunal A-quo llega a la conclusión de que los imputados son responsables de la comisión del delito mencionado, ha sido un razonamiento suficiente y adecuado generado a partir de medios de pruebas objetivos que relacionados en su conjunto permitan arribar a tal conclusión. En el caso actual, en la declaración testifical de Odalis Rigoberto Zúñiga Caracio, Gerente de Recursos Humanos del Hospital D´Antony, entre otras cosas estableció: “ …en la administración para el cierre del año 2008 se encontraron algunas inconsistencias en el uso de medicamentos, dichas inconsistencias eran que los volúmenes gastados no tenían una relación congruente con los procedimientos los cuales se usan los medicamentos, se ordenó una auditoria especifica de esos medicamentos y básicamente eran medicamentos anestésicos…la auditoria se hizo en enero de 2009 revelo como participantes a Luis Urbina y Wilmer Castillo…a ellos se les concedió los usuarios a dichos empleados en su momento, se entrega el usuario y se les notifica la importancia de la privacidad del usuario y su adecuado manejos de las contraseñas…” a preguntas de las partes, también manifestó: “ los encausados eran en ese entonces era un asistente del jefe de almacén Luis Urbina y Wilmer es un empleado almacenista…en el caso de Castillo el perfil de él no tiene un usuario como titular, pero en el momento que se daba ausencias de otros empleados él era promovido de carácter interino para ocupar esos puestos…cuando un usuario como estos le va a entregar un medicamento a otro usuario aparte de documentación en físico que le va a entregar, hay una transacción digital allí nos queda el control de los estados financieros, allí genera un cargo histórico para ver si lo que tengo en pantalla está en lo físico…el conocimiento que tuve es que se encontraron salidas de estos medicamentos donde había una transacción inicial debidamente soportada y también estaba documentada y que hubo un receptor y se la llevó y firmó un medicamento pero luego después se hizo una segunda transacción sin el recibo en físico del mismo,… en aquel momento reveló había un tercer participante que corresponde al nombre de Carlos Carranza, tuvimos conocimiento que decidió conciliar…”. En cuanto a la declaración testifical de la señora Ritza Yolanda Martínez Hernández, jefa del almacén, entre otras cosas manifestó: “ …yo fui a vacaciones y cuando llegue en el 2009 me llamaron por parte de la administración para una reunión y me informaron que había problemas con los cargos que se hacían con los departamento de operaciones y limpieza, en la reunión estaba presente Baquedano, Odali Zúñiga y Luis Urbina, allí dijeron que se habían hechos cargos duplicados y estando allí únicamente Luis se disculpó por el abuso de confianza básicamente el acepto que había cometido un error y que él quería una oportunidad.” A preguntas de las partes, manifestó: “…dentro de su perfil era podía hacer cargo podía imprimir pedidos, ingresaba productos que venían del exterior y también compras locales del país… el señor Luis tiene acceso a este sistema…Wilmer tenía acceso interino normalmente él está en el recibo de las diferentes droguerías… en la reunión el señor Urbina lo que recuerdo era que estaba muy apenado y su intención era resarcir el daño que había hecho…en ese tiempo cuando un departamento necesitaba algo, en ese tiempo elaboraba un documento en el sistema allí se pide la cantidad y la unidad del producto, luego le daban un acuso de recibo posteriormente entregado el producto se procedía hacer la descarga del inventario y esa descarga lo que la hacía Luis y cuando era interinato era Wilmer pero esto era muy esporádico…una “OP” es orden de compra, una “OR” es un pedido…la solicitud la imprimía solo Luis,…el sistema opera la 24 horas…” En cuanto al testigo Gustavo Adolfo Coello Valladares, Auditor, entre otras cosas manifestó: “En el año 2008 para cierre del año se realiza varias auditorias… nos enfocamos en realizar todas las salidas del departamento del hospital, hacemos comparaciones de las cantidades recibidas con lo que el almacén registro como salidas, había inconsistencias que había transacciones superiores, es decir se entregaron al solicitante una cantidad menor a lo que realizó…nos fuimos al 2007 también estaban las mismas inconsistencias, luego la administración amplio más la revisión hasta llegar al 2001…básicamente lo que revisamos las solicitudes de OR es una solicitud que los diferentes departamentos hacen al almacén solicitando productos, el departamento interesado es la sala de operaciones que son los que más utilizan los analgésicos, este departamento archivan una copia que es la que suministra el almacén, nosotros solicitamos la información al departamento de operaciones y nos mandan y la verifican contra los registros en nuestro sistema contable y de allí sacamos la referencia que están establecidas en nuestro informe. A preguntas de las partes, manifestó entre otras cosas: “esas cantidades que rebajaba el almacén era superiores a las que fueron registradas, lo que pedía era menos de lo que se entregaba…en las transacciones irregulares las personas que lo hacían eran de los usuarios Lurbina y Wcastillo, ellos son empleados del hospital del almacén que era el departamento que se producían las transacciones inconsistentes… el total del dinero o de la pérdida monetaria del hospital fue de 625 mil lempiras en total, el cargo que tenía los empleados Lurbina era de asistente de almacén y Wcastillo es el encargado de recibir todas las compras de productos que vienen de los proveedores, el total de transacciones eran aproximadamente 330 transacciones, el usuario de Lurbina tenía más transacciones de las 330 como 6 tiene Wcastillo, sabemos que cada usuario tiene su propia contraseña, es intransferible y de mucha responsabilidad, cada usuario indica nombre y siempre apuntaba a Lurbina y Wcastilllo, cuando se elaboró informe la administración decidió llamar a Luis Urbina se plantearon los problemas él accedió a que estaba tomado esos medicamentos…en el sistema se podían hacer transacciones más que la primera, esta primera se tenía que llenar todos los requisitos como ser las existentes de una solicitud y una aprobación acuse de recibido original, la segunda transacción se daba de forma irregular y esta lo elaboraba simplemente el usuario Lurbina sin tener documento de respaldo a mano…” . Con la declaración testifical del señor Javier Candelario Vaquedano Osorio, entre otras cosas manifestó: “…durante la auditoria de almacén fue cuando se detectó inconsistencias de duplicidad de algunos productos, se revisó se analizó, y se dio que era analgésicos de departamento de operaciones y estos no cuadraban con la demanda de operaciones…decidimos hacer otra reunión con Luis Urbina y allí participaron la doctora Ritza, mi persona, el auditor el Abogado Odalis Zúniga y se le hizo ver que había unos problemas con la duplicidad de algún consumo fue allí donde el señor Luis, nos hizo ver que él era el que hizo esa duplicidad y luego lleno una carta que llego a la Doctora Tirza donde él decía que se comprometía a resarcir el daño…”. Así mismo se presentaron las siguientes pruebas documentales, como son: el informe ratificado por el señor Gustavo Coello Valladares, constancias de trabajo de Luis Urbina y Wilmer Obed Castillo; constancia de trabajo de Adolfo Coello Valladares y Odalis Zúñiga; expediente interno correspondiente al señor Luis Urbina, constancia del señor Rafael Hasbun, copia autenticada de la personería jurídica y estatus de asociación del Hospital Vicente Dantoni, acta de inspección ocular con su respectivo álbum fotográfico, ratificado por Jaime Rolando Mejía Gonzáles; con la prueba pericial consistente en el dictamen pericial ratificado por la señora Irma Mireya Paredes Alemán, en la conclusión estableció que el usuario Lurbina se apropió de quinientos setenta y tres mil seiscientos dieciséis con cuatro centavos (L 573,616,04) que representan el 91.63% del valor faltante y el señor Carranza un total de treinta y siete mil ciento cincuenta y uno con treinta y cinco centavos (L 37,151.35) que representa un 5.93% del valor faltante, el señor Wcastillo con un total de quince mil doscientos veintiséis con veinte centavos (L 15,226,20) que representa un 2.43% del valor faltante, el total sustraído al Hospital Dantoni es de seiscientos veinticinco mil novecientos noventa y tres con cincuenta y siete centavos (L 625,993.57), las defraudaciones eran momentos o días después de las horas diferentes de oficina temprano por la mañana o después de la hora de salida… en los casos donde aparece en cero las OR fue que no hay petición de ninguna dependencia de ninguna bodega al almacén de medicamentos…los montos faltantes salen de la comparación de las OR…el número de veces que aparecen los usuarios es la cantidad que hicieron transacciones contables desde su computadora…”. El tribunal sentenciador, al realizar la valoración intelectiva de la prueba evacuada en el acto del juicio oral y público, establece como argumentos de su razonamiento, en primer término, que con las declaraciones de los testigos Odalis Rigoberto Zúniga, Ritza Yolanda Martínez, Gustavo Adolfo Coello Valladares y Javier Candelario Vaquedano, quedó acreditado que las funciones de los acusados eran las de recepción de los proveedores y distribución interna de los medicamentos a los diferentes departamentos del Hospital Dantoni. Estableciendo que las declaraciones son coincidentes entre sí por lo que merecen credibilidad. Constata esta Sala de lo Penal, que el sentenciador realizó un análisis pormenorizado de cada declaración evacuada, y que se arribó a las siguientes convicciones: De la declaración de Odalis Rigoberto Zúniga, se llega a establecer que dentro de las atribuciones de Luis Urbina estaba la de hacer cargos e imprimir pedidos de departamentos, teniendo acceso al sistema. Además, que Wilmer Castillo, tenía acceso en interinatos, al procedimiento de carga, salida y descarga de inventario. Similar convicción adquiere del testigo Gustavo Adolfo Coello. De acuerdo a la valoración realizada por el tribunal, las declaraciones son coherentes entre sí. Conforme a la valoración realizada por el tribunal, con estas declaraciones también llegan al convencimiento que Luis Urbina y Wilmer Castillo, tenían un usuario del sistema, con clave personal e intransferible, mediante las cuales hacían los descargos de los medicamentos, quedando acreditado -a juicio del tribunal- que Luis Urbina era titular del usuario LUrbina y que Wilmer Castillo no tenía usuario permanente, pero tenía el usuario WCastillo, quedando acreditado que ambos eran encargados de digitación de salida, pasando 2 o 3 días y hacían referencia a la misma orden de requisición. Estas declaraciones son estimadas como creíbles por el tribunal, el que además las analiza junto con la constancia emitida por el señor Rafael Hasbun, con la que se prueba que las contraseñas de usuario no pueden compartirse con ninguna persona y que el usuario LUrbina pertenece a Luis Urbina, y WCastillo a Wilmer Castillo. En consecuencia, la prueba ha sido valorada individualmente y en su conjunto, como proceso previo para arribar a una conclusión.
Por otro lado, el A quo también desarrolla la valoración realizada respecto a la prueba pericial, de la cual establece que, con la pericia realizada por Irma Mireya Paredes Alemán, quedo acreditado el procedimiento para la emisión de una orden de requisición y su aprobación y que en el proceso se encuentran vinculados los acusados, quienes en sus funciones estaba preparar el producto y entregarlo al departamento solicitante. Para el Tribunal de Sentencia, las pruebas testificales, documentales y pericial se entrelazan y respaldan entre sí, y con las que queda acreditado que los acusados falsificaban los documentos de consumo adulterando las cantidades entregadas a través de orden de requisición, mencionando dos o tres veces el mismo número de orden de requisición a pesar de que éste es un documento único, probándose con la pericia a criterio del sentenciador, que el total de lo sustraído asciende a quinientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos lempiras con veinticuatro centavos, defraudaciones que ocurrían en momentos o días después de las horas de oficina, temprano por la mañana o después de la hora de oficina. De acuerdo a la valoración individual y conjunta realizada por el A quo, la prueba pericial se concatena con los testimonios de cargo evacuados, resultando toda la prueba en su conjunto, creíble, coherente y suficiente para sustentar las conclusiones realizadas por el juzgador. En consecuencia, el tribunal a quo ha aplicado de forma certera los razonamientos de instancia conforme a las reglas de la sana críica fundamentalmente conforme a la lógica y la derivación, expresada con razones suficientes debidamente fundadas en las pruebas como fruto de una valoración conjunta y armónica, por ello no procede el motivo de casación invocada. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal; Falla: PRIMERO: Declara NO Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por el Abogado Joel Edgardo Serrano Cárcamo, actuando en su condición de defensor privado de los señores Luis Enrique Urbina Gómez y Wilmer Obed Castillo Nelson, a quien se le sigue proceso por el delito de apropiación indebida continuada, en perjuicio de Hospital Vicente Dantoni. SEGUNDO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. FIRMA Y SELLO. María del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-22-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Mir Puig, Santiago, Derecho Penal Parte General, quinta edición, Barcelona, 1988.
[2] Fernando de la Rúa, citado en Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño Tomo II, Corte Suprema de Justicia, Honduras, 2002, pag.417.
[3] Llobet Rodríguez, Javier, Proceso Penal Comentado, San José, Costa Rica, Imprenta y Litografía Mundo, 1998.
[4] De la Rúa, Fernando, “La Casación Penal”, Ediciones de Palpa, Buenos Aires, 1994, pags. 154 y 155.