Sentencia CP-219-17 — Registro 17604
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados por el delito de asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el recurso no es de recibo. El recurrente alega por la vía de un motivo de casación de infracción de ley la aplicación indebida del artículo 117.1 en relación con el artículo 27.2, ambos del Código Penal, por calificar el hecho declarado probado, como constitutivo de Asesinato en perjuicio de los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, según lo dispuesto en el artículo 117.1 del Código Penal, que establece el delito de Asesinato ejecutado con Alevosía. El Artículo 27.2 del Código Penal define la alevosía diciendo que: “Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”. Considera que del cuadro fáctico resulta que se produjeron las muertes a los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, pero que no se describe de forma objetiva, el modo o la manera utilizada para darles muerte, pues el juzgador solo atribuye dicho suceso a varias personas, entre ellas al imputado Julio César Castellanos Campos, por lo que las acciones narradas en el hecho único declarado probado no se subsumen en el tipo penal de Asesinato. Esta Sala considera que, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que si la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica. En este caso, el hecho único que el tribunal de juicio declara terminantemente probado es el siguientes: “Primero: En fecha treinta de diciembre del año dos mil trece a las tres de la tarde en el lugar conocido como Los Linderos en el Municipio de la Iguala, Lempira; fallecieron Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno a consecuencia de varias heridas con arma blanca y arma de fuego el primero y el segundo producto de una herida con arma de fuego, causadas por José Nahúm Sorto López, Julio Cesar Castellanos Campos y Elmer Adali García Sorto.” Esta Sala aprecia que el cuadro fáctico de la sentencia que se impugna que se subsume perfectamente en el tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117 del Código Penal que dispone: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía…”. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. La alevosía se presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental, es el aprovechamiento de una situación de indefensión y la falta de riesgo para su persona al momento de cometer la acción ilícita. En este caso, la alevosía del acusado Julio César Castellanos Campos, es de desvalimiento o con abuso de superioridad, en virtud de que junto a otros dos acompañantes, coloca en indefensión y desamparo a los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, a quienes atacan conjunta y simultáneamente con armas blancas y armas de fuego provocándoles a ambos las heridas que les causan su muerte. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la sentencia recurrida no incurre en vicio que de lugar a casación por infracción de Ley, por aplicación indebida del artículo 117.1 del Código Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."el recurso no es de recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de derivación y postulado de identidad, al tener por probado con la prueba de los Testigos Protegidos claves “A” y “B”, el lugar donde ocurrió el hecho y que los autores del hecho ilícito fueron los señores José Nahun Sorto, Julio Cesar Castellanos, Elmer Adali García y otro. Reprocha en valor probatorio que el Juzgador otorga al Dictamen Pericial de Documentología, ratificado por el Perito Oficial Carlos Rene Paz, el que concluye que: “no se encontró afinidad con las muestras de escritura por que las firmas están remarcadas y por tal razonan perdido características generales e individualizantes, por lo tanto, es imposible determinar que las misma hayan sido puesta por José Nahun Sorto López”. Asimismo, con las diligencias para mejor proveer el tribunal de juicio ordena la práctica de una inspección al libro de novedades del mes de diciembre del año dos mil trece de la sede policial de Agua Caliente, Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, logrando verificar que aparece el nombre del acusado el día de los hechos, por estar supuestamente de turno, pero el tribunal le resta credibilidad porque “solo aparece el nombre de él y no su firma, pues el nombre lo puede poner cualquier persona”. Resta Credibilidad a las declaraciones testificales de la prueba de descargo rendida por los señores Misael Armando Castillo, José Luis Menodaz Andrés y Anabel España, a pesar de ser concordantes al ubicar al acusado José Nahun Sorto en el Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, el día de los hechos de los cuales existe registro en dos libros oficiales de la Policía, al “no estar afianzada” por otra prueba que la sustente. Esta Sala observa que, en el presente caso, el juzgador da credibilidad a lo declarado en la audiencia de juicio Testigos Protegidos claves “A” y “B”, el lugar donde ocurrió el hecho y que los autores del hecho ilícito fueron los señores José Nahun Sorto, Julio Cesar Castellanos, Elmer Adali García y otro, por considerar que con coincidentes en los hechos y no haber incurrido en inconsistencias ni contradicciones. Y resta credibilidad a los testigos de descargo por no estar afianzadas por otro medio de prueba, debido a que el auto para mejor proveer consistente en la práctica de una inspección al libro de novedades de la sede policial de Agua Caliente, Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, no es concluyente. Esta Sala aprecia que los razonamientos vertidos por el juzgador para dotar de credibilidad a los testigos de cargo y restar credibilidad a los testigos de descargo, son lógicos, coherentes y suficientes para concluir que el acusado José Nahun Sorto López, se encontraba junto a otros tres personas en el lugar, día y hora de los hechos y no de turno en la sede policial de agua caliente Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, por lo que son válidos los argumentos que hacen concluir el tribunal que el acusado José Nahun Sorto López participó junto a otros en los hechos ilícitos que se le imputan, y que dieron como resultado en la muerte violenta de los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la sentencia recurrida no infringe las reglas de la sana crítica, en la regla de la lógica, en sus postulados de derivación, por entender que los razonamientos de los jueces de sentencia, están constituidos por deducciones lógicas, razonables y suficientes originadas en las pruebas vertidas en el juicio..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-219-2017 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha dos de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual: Primero: Condenó al señor José Nahúm Sorto López, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Daniel Paz Sorto, a la pena de veinticinco años de reclusión; Segundo: Condenó al señor José Nahúm Sorto López, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Daniel Paz Moreno, a la pena de veinticinco años de reclusión; Tercero: Condenó al señor José Nahúm Sorto López, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Se declaró al señor José Nahúm Sorto López, responsable civilmente de la reparación de los daños materiales y morales y de la compensación de los gastos ocasionados por el delito por el que fue condenado; Quinto: Condenó al señor Julio César Castellanos Campos, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Daniel Paz Sorto, a la pena de veintitrés años y seis meses de reclusión; Sexto: Condenó al señor Julio César Castellanos Campos, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Daniel Paz Moreno, a la pena de veintitrés años y seis meses de reclusión; Séptimo: Condenó al señor Julio César Castellanos Campos, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Octavo: Se declaró al señor José Nahúm Sorto López, responsable civilmente de la reparación de los daños materiales y morales y de la compensación de los gastos ocasionados por el delito por el que fue condenado; Noveno: Condenó al señor Elmer Adali García Sorto, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Daniel Paz Sorto, a la pena de veinticuatro años de reclusión; Décimo: Condenó al señor Elmer Adali García Sorto, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Daniel Paz Moreno, a la pena de veinticuatro años de reclusión; Décimo Primero: Condenó al señor Elmer Adali García Sorto, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Décimo Segundo: Se declaró al señor Elmer Adali García Sorto, responsable civilmente de la reparación de los daños materiales y morales y de la compensación de los gastos ocasionados por el delito por el que fue condenado; Décimo Tercero: Sin Costas; Décimo Cuarto: No procede el comiso. Son Partes: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos del señor Julio César Castellanos Campos, como parte recurrente; los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos del señor Elmer Adali García Sorto, como parte recurrente; el Abogado Tony Wilson Martínez Álvarez, en su condición de defensor privado del señor José Nahúm Sorto López, como parte recurrente; y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “PRIMERO. En fecha treinta de diciembre del año dos mil trece a las tres de la tarde en el lugar conocido como Los Linderos en el Municipio de la Iguala, Lempira; fallecieron Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno a consecuencia de varias heridas con arma blanca y arma de fuego el primero y el segundo producto de una herida con arma de fuego, causadas por José Nahúm Sorto López, Julio Cesar Castellanos Campos y Elmer Adali García Sorto.” Recurso de Casación: La recurrente Abogada Sandra Elizabeth Urbina Pineda, en su condición de defensora pública del señor Julio César Castellanos Campos procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de Ley, de la manera siguiente: INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN ÚNICO: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 117.1 en relación con el artículo 27.2, ambos del Código Penal. Autoriza el presente motivo de casación el artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN PRIMERO: Convenimos que en un recurso de casación por infracción de ley, como el presente, prevalece, como norma general, el respeto absoluto a los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, considerándolos como verdades indiscutibles. SEGUNDO: La declaración de hechos probados reviste una innegable importancia, pues son el resultado de la labor de valoración de las pruebas que, oportunamente, fueron evacuadas en la causa y que responden a la pregunta ¿Qué se tiene por demostrado?; por tal razón en ellos el Juzgador debe consignar una descripción completa, concreta, clara y suficiente del acontecimiento histórico que se tiene por cierto, explicando los modos de conductas observadas por las personas que intervinieron en los mismos y que tengan relevancia penal, ello responde a una exigencia de seguridad jurídica, pues solo de esa manera las partes podemos ejercer control sobre la actividad jurisdiccional. TERCERO: En el caso de mérito, el Juzgador, luego de valorar la prueba evacuada en juicio, declaró terminantemente probados, los HECHOS siguientes: “PRIMERO.- En fecha treinta de diciembre del año dos mil trece a las tres de la tarde en el lugar conocido como Los Linderos en el municipio de la Iguala, Lempira; fallecieron Daniel Paz Sorto y Daniel Paz moreno a consecuencia de varias heridas con arma blanca y arma de fuego el primero y el segundo producto de una herida con arma de fuego, causadas por José Nahúm Sorto López., Julio César Castellanos Campos y Elmer Adalid García Sorto”. CUARTO: En relación al señor JULIO CÉSAR CASTELLANOS CAMPOS el transcrito hecho probado fue calificado por el Juzgador como constitutivo de ASESINATO en perjuicio de los señores DANIEL PAZ SORTO y DANIEL PAZ MORENO, justificando la decisión en lo dispuesto en el artículo 117.1 del Código Penal, que establece que es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2)... Por su parte el Artículo 27.2 del Código Penal define la alevosía diciendo que: “Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”. QUINTO: De las disposiciones legales referidas se desprende que la idea fundamental de la alevosía es el empleo procurado o aprovechado de circunstancias de hecho con las que el agente asegure la realización de su conducta ilícita sin peligro o riesgo para su persona, por ello la calificación de la alevosía es de naturaleza objetiva, consiste en el empleo consciente y voluntario de circunstancia para la ejecución de la acción típica buscando el autor un doble propósito, por una parte asegurar la realización de los elementos del tipo penal y por la otra, eludir o minimizar todo riesgo para sí, que pudiera derivarse de la reacción defensiva del ofendido. SEXTO: Al analizar los hechos declarados probados en el fallo impugnado, a la luz de las exigencias del debido proceso y apelando al respeto absoluto del principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse que las descripciones referidas en el cuadro fáctico y que produjeron las muertes a los señores DANIEL PAZ SORTO y DANIEL PAZ MORENO, no describen, de forma objetiva, el modo o la manera utilizada para darles muerte a los ofendidos, pues el Juzgador, de manera cerrada, únicamente hace mención a las causas de las muertes de los occisos y atribuye dicho suceso a varias personas, entre ellas al imputado JULIO CÉSAR CASTELLANOS CAMPOS. De lo anterior se desprende que las acciones narradas en el hecho único declarado probado no se subsumen en el tipo penal de ASESINATO como erróneamente fue calificado por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Lempira, produciéndose con ello la denunciada infracción de ley por aplicación indebida del artículo 117.1 en relación al artículo 27.2 ambos del Código Penal, debiendo, ese más alto Tribunal, declarar la aplicación indebida de los señalados artículos, calificando adecuadamente el referido cuadro fáctico y graduando la pena al correcto tipo penal.” La recurrente Abogada Elsy Karina Domínguez Sánchez, en su condición de defensora pública del señor Elmer Adali García Sorto procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal y falta de aplicación del artículo 116 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Cuando se interpone recurso de casación por infracción de ley, solo le corresponde al Tribunal de Casación actuar como controlador de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte del Tribunal de alzada, de la interpretación de la ley hagan los tribunales de sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídicamente. Esa tarea de controlador jurídico asignada al tribunal de casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados). La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente, que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde. El hecho y el precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando no armonizan cabe hablar de aplicación indebida. La aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia.[1] En nuestro caso, el juzgador declaró como Hecho Probado el siguiente: PRIMERO: En fecha treinta de diciembre del año dos mil trece a las tres de la tarde en el lugar conocido como Los Linderos en el Municipio de la Iguala, Lempira; fallecieron Daniel Paz Osorto y Daniel Paz Moreno a consecuencia de varias heridas con arma de blanca y arma de fuego el primero y el segundo producto de una herida con arma de fuego, causadas por José Nahúm Sorto López, Julio Cesar Castellanos Campos y Elmer Adali García Sorto. Siendo condenado mi representado por el delito de asesinato, a las penas de 24 años de reclusión por cada víctima. De lo dicho anterior, compete realizar el análisis jurídico del tipo penal que se denuncia ha sido indebidamente aplicado por el Tribunal de Sentencia. El artículo 117 del Código Penal establece: Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y 4) Con ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena de asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiera mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañe de robo o violación la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. Aquí el objeto material del delito es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito. La conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida. La modalidad criminosa, entendida como la forma de lleva a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo mediante alevosía, premeditación, ensañamiento, etc. La penalidad está fijada por el legislador con una sanción de 20-30 años de reclusión y hasta privación de por vida de la libertad en ciertos casos. Elemento subjetivo: el dolo especifico de matar (animus necandi) de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. De lo anterior se hace necesario establecer en que consiste la Alevosía, se puede definir “La cuestión de la alevosía es menos discutible en et caso de durmientes, sobre todo cuando esta situación de sueño ha sido provocada por el sujeto activo, suministrando, por ejemplo, un narcótico a la víctima o esperando a que esta se duerma para matarla. No cabe duda de que aquí si se busca y se crea el aseguramiento de la ejecución y se evita toda posibilidad de defensa. Lo decisivo en la alevosía es, por tanto, el aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia de riesgo ante la defensa que pueda hacer el ofendido, de ahí que se estime siempre alevosa la muerte a traición o por sorpresa”.[2] Es así que podemos establecer que existirá la alevosía, cuando el agente provoque o se aproveche de una situación ventajosa para asegurar su agresión, y no correr riesgo alguno para su persona. En nuestro caso, al hacer el análisis del factum, no se desprende que el imputado ELMER ADALI GARCIA SORTO haya realizado alguna acción que diera como resultado la alevosía. Por eso la importancia de la congruencia entre factum y la norma infringida, se centra, que el juzgador debe plasmar en el hecho probado tanto las acciones típicas, como los aspectos subjetivos del tipo penal, como puede apreciarse honorable Tribunal de casación, en el apartado de los hechos probados, no se describe la conducta típica necesaria para concluir que el acusado incurrió en el delito de Asesinato. Según PALACIOS MEJIA, la declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, es entonces; “el arranque”, Es un presupuesto necesario del fallo, porque mediante ella se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento (subsunción) jurídico del caso debatido en el proceso; pero no integra propiamente la motivación de su decisión[3]. La importancia del hecho probado en la sentencia penal, lo constituye que debe reunir todos los elementos de la tipicidad del delito requerido para llegar a una condena y todos los elementos fácticos en que se fundamenta la sentencia, es una parte fundamental del fallo, el cual debe consignarse de manera precisa y circunstancial el hecho que se tuvo por demostrado que, evidentemente, ha de coincidir con lo acusado. La consignación del relato factico en la sentencia es fundamental, puesto que constituye la premisa fáctica del silogismo en que la misma consiste, y supone el pronunciamiento sobre lo que es realmente objeto del proceso (los hechos). Debe rechazarse, así, la construcción de un relato de hechos por remisión al contenido de las actuaciones, sea el contenido de una pericia o de un documento que obre en las actuaciones. La declaración de Hecho probados de la sentencia deberá consistir en un auténtico relato factico, por eso es su vital importancia en la sentencia. Con lo argumentado, se deja en evidencia que el honorable Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, aplicó indebidamente el artículo 117 del Código Penal, al subsumir equivocadamente la conducta del imputado en el delito de asesinato, pues del mismo se desprende que los imputados José Nahúm Sorto López, Julio Cesar Castellanos Campos y Elmer Adali Sorto le quitaron la vida a los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, a consecuencia de varias heridas con arma blanca y arma de fuego, pero en el factum de la sentencia cuestionada no concurre ninguna circunstancia que haga entender que fue de manera alevosa. Es así que hay una falta de aplicación del artículo 116 del Código Penal, donde establece; que comete el delito de homicidio Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en el tipo penal de asesinato e incurrirá en una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. INTERPRETACION PRETENDIDA Los Juzgadores incurrieron en la sentencia en aplicación indebida, al invocar el artículo 117 N. 1 del código penal que se refiere al delito de Asesinato que es ajeno a la verdad consignada en el hecho probado, apreciándose la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados, por lo que pretendemos que el Tribunal de Casación califique la conducta descrita en el delito de HOMICIDIO SIMPLE fundamentado en el artículo 116 del Código Penal.” El recurrente Abogado Tony Wilson Martínez Álvarez, en su condición de defensor privado del señor José Nahúm Sorto López, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: ÚNICO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, POR NO HABER OBSERVADO EL JUZGADOR LAS REGLA DE LA SANA CRÍTICA PRECEPTO PROCESAL AUTORIZANTE: Sirven de fundamentos autorizantes para el planteamiento de este primer motivo de casación por infracción de ley o de doctrina legal los artículos 359 y 362 numeral 3), del Código Procesal Penal. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 en su preámbulo y el numeral 3, en lo que se refiere a la inobservancia del Juzgador de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba; artículo que dice: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1)…; 2)...; 3) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídica, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica;...” del Código Procesal Penal. EXPLICACIONES DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMERO: El presente motivo, lo sustenta la infracción cometida por el Tribunal de Sentencia, al haber infringido las reglas de valoración probatoria, en cuanto a los argumentos y razonamientos intelectivos de la prueba que dio por cierto erradamente lo contenido en el numeral “UNO” de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, y que se transcribe literalmente así: “PRIMERO. -En fecha treinta de diciembre del año dos mil trece a las tres de la tarde en e/lugar conocido como lo Linderos en el municipio de la Iguala, Lempira; fallecieron Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno a consecuencia de varias heridas de arma blanca y arma de fuego el primero y el segundo producto de una herida con arma de fuego, causadas por JOSE NAHUN SORTO LOPEZ, JULIO CESAR CASTELLANOS CAMPOS Y ELMER ADALI GARCIA SORTO.” Estos hechos dieron como consecuencia, que en la parte resolutiva de la Sentencia se le declarara culpable al señor JOSE NAHUN SORTO LOPEZ, como autor del delito de ASESINATO en perjuicio de DANIEL PAZ SORTO Y DANIEL PAZ MORENO; aun y cuando la prueba evacuada en el curso del juicio oral y público, respecto de la participación de mi representado fue insuficiente y contradictoria; por lo tanto, los razonamientos expuestos en la valoración intelectiva de los Juzgadores de Instancia son discordantes y alejados de los elementales principios de la sana crítica racional. El Código Procesal Penal, en su artículo 202, dispone que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Con relación a este mandato procedimental, que implica el respecto a las garantías mínimas de un debido proceso legal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, que establece que: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”; también se ha consignado por el legislador en la norma adjetiva penal, otras disposiciones legales que obligan a los Juzgadores a respetar estas reglas de valoración probatoria entre ellas: Preámbulo del artículo 336 del Código Procesal Penal: “El Tribunal para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica.”; así en este sentido también, el artículo 338 del mismo cuerpo legal en su regla cuarta, numeral segundo, sobre la estructura de la sentencia que dice: “...2) Valoración de la prueba. Seguidamente, se expondrán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en el juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción o a partir de indicios, igualmente declarados probados.” Antes de empezar a explicar o exponer los vicios de Casación que adolece la sentencia que se recurre, trataremos de plasmar el significado de cada una de esas normas o Leyes que integran la lógica la cual está formada por las siguientes: a) Ley de Identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente. LEY DE IDENTIDAD: Conforme a esta Ley, el Tribunal a través del elenco probatorio que le oferte la acusación, está obligado a identificar plenamente a los participantes en el juicio, especialmente al o los autores del delito, su grado de participación, la infracción cometida etc. LEY DE CONTRADICCION: Esta Ley de la Lógica se transgrede cuando el Tribunal en una sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación; es decir esta Ley se violenta, cuando el fallo es contradictorio lo que equivale que el sentenciador en una parte del fallo exprese que algo es y en otra parte exprese totalmente lo contrario. LEY DE TERCERO EXCLUIDO: Esta Ley se viola cuando los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el juicio oral o debate, de tal manera que sería ilógica una sentencia donde se que el imputado es inocente o culpable según el caso, cuando los elementos de prueba con que el Juzgador sustentó el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor. LEY DE RAZON SUFICIENTE: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica razonable, bien sea de culpabilidad o de inocencia; implica entonces que si el juzgador en su fallo establece conclusiones carentes de razón o lógicos, la consecuencia inmediata es la infracción de la Ley de Razón Suficiente que contiene la lógica como regla de la Sana Crítica. La PSICOLOGIA que es otra de las reglas de la Sana Critica, esta es considerada como una ciencia empírica, del pensamiento humano que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir que esta regla de la Sana Critica, no es más que aquellos razonamientos Psicológicos que el juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de dictar su veredicto. En lo que respecta a la experiencia común, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto humano como verdades indiscutibles; en otras palabras, la experiencia común son aquellas vivencias que el Juez como persona o ciudadano de una determinada comunidad ha tenido o vivido bien sea a título personal o bien apreciándolo en otros individuos, pero que ello le sirve como punto de partida al momento de resolver un asunto controvertido que ha sido sometido a su decisión. Honorables Magistrado, podréis apreciar al análisis de la sentencia recurrida, que en el apartado identificado con el número “UNO”, de la Valoración de la Prueba, el Tribunal de Sentencia de Gracias, Lempira, tener por acreditado con los testigos protegidos denominados claves “A” y “B” por ser creíbles puesto que ambos fueron “claros y precisos en sus dichos, no existiendo ni inconsistencias ni contradicciones entre ellos, con las que se prueba donde ocurrió el hecho y quienes fueron los autores del mismo, quedando establecido que fueron JOSE NAHUN SORTO, JULIO CESAR CASTELLANOS, ELMER ADALI GARCIA Y OTRO...” Extremos que explica el tribunal tener por acreditado según lo que exponen a continuación: “el día lunes triente de diciembre del año dos mil trece a las tres de la tarde en e/lugar conocido como Los Linderos del Municipio de la Iguala, Lempira; ellos iban de una aldea para otra cuando observaron que Nahúm Sorto, Julo Cesar Castellanos, Elmer Adali García, Elvin Paz y Donato Miranda, salieron de un matorral y mataron a Daniel Paz Sorto Y Daniel Paz Moreno, manifestaron que Nahun Sorto le disparo con un arma de fuego larga a Daniel Paz Sorto y cuando este estaba en el suelo Julio Cesar y Elmer Adalid lo hirieron con un arma blanca hasta causarle la muerte, y Daniel Paz Moreno salió corriendo, que Donato Miranda le disparó causándole la muerte, manifiestan que ellos se escondieron porque sintieron temor, observaron los hechos a treinta metros de distancia, identifican a Nahun Sorto con las características de alto, grueso y que no es chele ni trigueño, a Julio Cesar Castellanos lo identifican como una persona gruesa y trigueña y a Elmer Adán García como una persona de piel clara y ojos amarillos y al girar el biombo donde se encuentran los testigos cada uno en su momento, identifican a los hoy encausados como las personas que cometieron el hecho.” Lo establecido por los Juzgadores en este apartado de la sentencia, son el producto de la valoración probatoria realizada, según lo expresan, sin embargo, si eso es lo que se logró acreditar para ellos, es manifiesto que se ha infringido el principio lógico de derivación, porque las circunstancias fácticas descritas, no se puede sostener razonable y suficientemente para establecer que JOSE NAHUN SORTO LOPEZ haya participado en la comisión de las muertes de los ofendidos. Es preciso resaltar que esta prueba constituye el elemento más directo sobre la dinámica de los hechos, sin embargo, es contradictoria entre sí; y en relación con otra prueba de descargo, y además es poco confiable si partimos de lo siguiente: -El testigo clave “A” describe a cinco personas como los agresores y el testigo clave “B” describe a cuatro personas como los agresores. Testigo clave “A” que luego de cometer el hecho los agresores salieron caminado en cambio el “B” dice que salieron corriendo. -La Vestimenta según testigo “A” del ofendido Daniel Paz Sorto era: camisa blanca pantalón jean azul; en cambio el Juez de Paz JOSE FELIPE MARTINEZ en su acta de levantamiento dice que vestía camisa color verde tierno, Jean azul y burros negro. -Testigo “A” que Nahúm Sorto le dispara por la espalda a la altura del hombro a Daniel Paz Sorto, el Juez de paz JOSE FELIPE MARTINEZ en su acta de levantamiento describe que este ofendido tenía varias heridas de arma blanca en cráneo y cuello; y herida por arma de fuego a la altura del estómago. Por lo tanto, no presentaba heridas por la espalda como lo afirma el testigo protegido. -La posición de los cadáveres era de tres metros de distancia entre uno y otro; en cambio el Juez de paz describe que la distancia entre los cadáveres de los ofendidos era de cincuenta metros. Es evidente las contradicciones de los testigos siendo poco confiable, que puedan demostrar razonablemente y suficientemente que fue JOSE NAHUN SORTO LOPEZ quien participo en os hechos y que disparó el arma de fuego larga que le causó la muerte al señor DANIEL PAZ SORTO, siendo poco creíble además de las contradicciones expuestas que hayan presenciado los hechos con lujo de detalles, siendo ambos testigos estaban escondidos, temiendo por sus vidas, apreciando únicamente ciertos detalles de la dinámica y sin percatarse de otros más fácilmente perceptibles. En este sentido el Tribunal infundadamente y en quebrantamiento del principio de razón suficiente, yerra al definir como probado que fue JOSE NAHUN SORTO LOPEZ, quien disparo contra DANIEL PAZ SORTO, sin que la prueba sea confiable y por ser insuficientes que le permitan arribar a ese grado de convicción de certeza positiva necesaria para establecerlo en los hechos probados de la sentencia, lo que implica un sustancial error argumentativo que se traduce en perjuicio para mi representado y evidente infracción a las reglas de valoración probatoria exigidas en un debido proceso legal, elevando a un hecho probado como se ha señalado al inicio de la explicación del presente motivo casacional. SEGUNDO: Se incorporó a la vista pública y fueron sometidos al contradictorio, un dictamen pericial documentología, ratificado por el Perito Oficial CARLOS RENE PAZ, quien manifestó en su documento que recibió para su análisis un libro de novedades Asignado a la jefatura departamental de Ocotepeque, una acta de lectura de derechos de fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince, folio 22, correspondiente a JOSE NAHUN SORTO LOPEZ, para compáralo con muestrario de escritura de manuscritos, firmas y números de JOSE NAHUN SORTO. La fiscalía solicito comparar muestras calígrafas de JOSE NAHUN SORTO con las novedades del veintinueve de diciembre del año dos mil trece y del Diez de enero del año dos mil catorce, refiriendo el perito que ambos presentan las mismas características escriturales y que fueron hechas por mi representado. También se solcito comparar las firmas que obran a folio 152 a nombre de JOSE NAHUN SORTO turno entrante, la firma que obra a folio 153 del mismo libro, estampada por el imputado como policía, y la firma que obra a folio 159, con la firma del acta de lectura de derechos de JOSE NAHUN SORTO, comprobándose que todas las firmas de estos documentos presentan las mismas características escriturales. Luego con respecto al muestrario de escritura que contiene los manuscritos de mi representado se compararon las novedades de fecha 29 de Diciembre del 2013, con las novedades del 30 de 12 del 2013, para determinar si fueron escritas por la misma persona, concluyendo el perito que estas firmas “presentan características escriturales diferentes a las que se observan en las firma de JOSE NAHUN SORTO”, agrega que no se encontró afinidad con las muestras de escritura por que las “las firmas están remarcadas y por tal razonan perdido características generales e individualizantes, por lo tanto es imposible determinar que las misma hayan sido puesta por JOSE NAHUN SORTO”; de lo que se desprende que las conclusiones de este dictamen no son categóricas.- La Conclusión probatoria que es así con un peso sustancial en cuanto al aporte que debió dar a la convicción judicial y que ha sido tergiversada por los Juzgadores sin argumento alguno; convertir un hecho cierto en otro distinto, implica quebrantar el principio de la lógica de identidad, pues esa conclusión es así, y no podrá ser diferente, al afirmarse por parte del Tribunal de Sentencia, que “no se ha establecido que el imputado JOSE NAHUN SORTO se encontraba realizando turno en las fechas veintinueve y treinta de diciembre del año dos mil trece en la jefatura departamental de Ocotepeque, por lo cual se logró la finalidad de este medio de prueba para quien lo propuso”, existiendo con ello una infracción a las reglas de valoración de la prueba. Pruebe de ello es que se ordena como diligencia para mejor proveer la práctica de una inspección al libro de novedades del mes de diciembre del año dos mil trece de la sede policial de agua caliente Ocotepeque departamento de Ocotepeque lográndose verificar que aparece el nombre de mi representado el día de los hechos, ya que se encontraba de turno, sin embargo, el tribunal le resta credibilidad porque solo aparece el nombre de él y no su firma, pues el nombre lo puede poner cualquier persona”. Estos argumentos fueron evidenciados y son concordantes con las declaraciones testificales de la prueba aportada por la defensa por los señores MISAEL ARMANDO CASTILLO, JOSE LUIS MENODAZ ANDRES Y ANABEL ESPAÑA, quienes ubican al señor JOSE NAHUN SORTO en el municipio de Ocotepeque departamento de Ocotepeque, el día de los hechos, de los cuales existe registro en dos libros oficiales de la policía, y el tribunal erróneamente no les da credibilidad al “no estar afianzada” por otra prueba que la sustente. Conclusiones de las pruebas antes referidas, y que han sido indebidamente valoradas y ha llevado a error manifiesto en las conclusiones a las que arribó el Juzgador, por lo afirmado por el Tribunal Sentenciador afirma en el apartado “TRES”, “DOCE” y “CATORCE” de la valoración de la prueba abiertamente contradictoria, violentando la lógica. A este respecto, cabe resaltar lo siguiente: a) el Tribunal de Sentencia, parte de un argumento falso para pretender desacreditar la confiabilidad de la prueba de cargo y descargo, y es afirmar que JOSE NAHUN SORTO no estaba en el municipio de Ocotepeque, y para ello parte de un dictamen documento lógico que no es concluyente pues el perito establece la imposibilidad de practicar la pericia y asociar firmas, si la escritura ha sido remarcada, como es posible entonces que el tribunal afirme este argumento falaz, debilitando con ello la propia conclusión del Tribunal. Se le concede total credibilidad a lo expuesto expresamente en el apartado TRES transcrito de la valoración probatoria, al dictamen pericial de DOCUMENTOLOGIA, que afirma en sus conclusiones la imposibilidad material de determinar si las firmas estampadas en el libro de novedades de la jefatura departamental de Ocotepeque de fechas veintinueve y treinta de diciembre del año dos mil trece, fueron hechas por que JOSE NAHUN SORTO pues las mismas están remarcadas y han perdido sus características generales e individualizantes; sin embargo, el Tribunal de Sentencia, dice que con esta prueba no se ha establecido que el imputado se encontraba de turno esos días, logrando la finalidad para quien lo propuso; lo que constituye un argumento totalmente contradictorio en relación con otros medios de prueba como las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa y la misma diligencias para mejor proveer ordenada por el tribunal, con los cuales se acredita que el señor que JOSE NAHUN SORTO en fecha treinta de diciembre del año dos mil trece se encontraba laborando en distintas oficinas de la policía de Ocotepeque; evidenciando la infracción al principio de identidad, contradicción y razón suficiente, que es imperativo respetar, para llegar a la convicción de que fue nuestro patrocinado quien en el lugar conocido como los linderos municipio de La Iguala departamento de Lempira a las tres de la tarde disparó en contra del señor DANIEL PAZ SORTO. Si se concede credibilidad a las pruebas de cargo, como lo ha expresado el Tribunal de Sentencia, y que se refieren indudablemente a la dinámica de los hechos y la participación de mi representado, resulta contradictorio primero en cuanto a la dinámica de los hechos y lo referido por los testigos protegidos “A” y “B”; relacionándolo además con lo expuesto en el acta de levantamiento de cadáver y lo expresado por el juez de paz JOSE FELIPE MARTINEZ las conjeturas que les han llevado a los Juzgadores a convencerse viciadamente, de que los hechos ocurrieron tal como los han expresado en el apartados “UNO” y “DOS” de la valoración de la prueba de la sentencia que hoy se recurre; pues resulta alejado de toda lógica que en las condiciones descritas, por las contradicciones expuestas en los numerales anteriores y la credibilidad de estos testigos, no existiendo razones probatorias que puedan sostener razonablemente, la presunción a la que arribó el Tribunal de Sentencia, lo que implica un vicio formal de la sentencia en el proceso de valoración intelectiva de la prueba, y por tanto la procedencia del motivo de casación que se invoca. Con estas circunstancias venidas de la propia sentencia, en donde se produce la infracción a las reglas de la valoración probatoria, señaladas en los artículos 202, 336 y 338 regla cuarta numeral 2), ha hecho imposible su subsanación por otras vías, sino por vía de este recurso de casación, con la confianza que este máximo Tribunal de Justicia, corroborará los extremos expuestos y corregirá la infracción cometida por el Juzgador de primera instancia en la sentencia recurrida, con la que se ha mancillado la garantía fundamental de presunción o estado de inocencia, reconocida en el artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras, el artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1.4.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos entre otros instrumentos normativos de protección de los Derechos Humanos. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA: En virtud de que mi representado fue declarado culpable de dos delitos d ASESINATO, por consecuencia de un error in procedendo, en vista de haberse valorado las pruebas infringiendo las reglas de la sana crítica, especialmente el, principio de derivación e identidad. Este motivo tiene como reproche la violación de estas reglas de valoración, en cuanto a la prueba estimada para la acreditación de la supuesta participación de nuestro representado en el delito referido, para cuya condena sirvió de fundamentación fáctica esencialmente el hecho probado UNICO de la sentencia recurrida, que no tiene sustento probatorio, resultando por tanto arbitraria e infundada la decisión de condena, ya que con las pruebas evacuadas en el juicio, respecto de la dinámica del hecho y participación de nuestro defendido, no hace posible como podréis apreciar Honorable y Altísimo Tribunal e Casación, derivar una convicción de culpabilidad de mi representado. Razón por la cual se solicita que se case o anule la sentencia recurrida, por haber infringido en la valoración de la prueba, que le sustenta, las reglas de la lógica, ordenando el reenvío para que se corrija el error procesal de infracción en la valoración de la prueba cometida por el Tribunal de Sentencia, celebrándose un nuevo juicio en su momento con otros Jueces distintos a los que ya hayan intervenido. Se solicita a la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el señalamiento de audiencia para la explicación oral de los motivos del recurso, considerando que en el presente caso, se cumple con las disposiciones procesales atinentes al señalamiento de este acto procedimental, ya que la pena impuesta a mi patrocinado supera los ocho años como lo exige el artículo 367 reformado del Código Procesal Penal, y en ejercicio del derecho a contar con un recurso eficaz conforme a lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 8.2 literal h, en relación con el artículo 25. Con el acostumbrado respeto, solicito se me conceda el señalamiento de audiencia en la sustanciación del presente recurso de casación en todos sus motivos.” Fundamentación Recurso de Casación de infracción de ley por aplicación indebida del artículo 117.1 en relación con el artículo 27.2, ambos del Código Penal. Interpuesto por la Abogada Sandra Elizabeth Urbina Pineda, en su condición de defensora pública del acusado señor Julio César Castellanos Campos. Único Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aaplicación indebida del artículo 117.1 en relación con el artículo 27.2, ambos del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Resumen: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 117.1 en relación con el artículo 27.2, ambos del Código Penal. Luego de valorar la prueba evacuada en juicio, el juzgador declaró hechos probados, los que calificó como constitutivo de Asesinato en perjuicio de los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, justificando la decisión en lo dispuesto en el artículo 117.1 del Código Penal, que establece que es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2).. El Artículo 27.2 del Código Penal define la alevosía diciendo que: “Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”. La idea fundamental de la alevosía es el empleo procurado o aprovechado de circunstancias de hecho con las que el agente asegure la realización de su conducta ilícita sin peligro o riesgo para su persona. En el fallo impugnado, a la luz de las exigencias del debido proceso y principio de legalidad, puede apreciarse que en el cuadro fáctico y que produjeron las muertes a los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, no describen, de forma objetiva, el modo o la manera utilizada para darles muerte a los ofendidos, pues el juzgador, únicamente hace mención a las causas de las muertes de los occisos y atribuye dicho suceso a varias personas, entre ellas al imputado Julio César Castellanos Campos, de lo que se desprende que las acciones narradas en el hecho único declarado probado no se subsumen en el tipo penal de Asesinato. Concepto General del Recurso Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1) Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- Es importante anotar que, debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Concepto Específico Asesinato. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía; 2. Con premeditación conocida; 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. Como se ve, el Código tipifica el asesinato como delito autónomo, después del de homicidio, mediante la enumeración de una serie de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del artículo 27. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 117. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte como asesinato y, las restantes, dejan de ser elementos constitutivos del delito para actuar como agravantes genéricas del artículo 27. Comunes al homicidio son las cuestiones en torno al bien jurídico protegido (la vida humana independiente), los sujetos activo y pasivo del tipo básico, la causalidad y las formas imperfectas. Cabe resaltar que, en cuanto al sujeto pasivo del tipo cualificado del homicidio no tiene su correspondencia en el asesinato. Así, el asesinato de una autoridad judicial con ocasión o en ejercicio de sus funciones no tiene un tratamiento específico en términos de mayor pena, a diferencia de lo que sucede en el homicidio. En fin, si se da muerte a una autoridad de las mencionadas en el artículo 116.II, concurriendo las circunstancias del artículo 117, habrá que acudir a las normas sobre concurso de leyes del artículo 2.A. Específica del asesinato es una rica problemática que pasamos a exponer a continuación, centrándonos en las circunstancias que constituyen elementos constitutivos del tipo. A) Alevosía. Su definición legal se recoge en el artículo 27.2 del Código Penal: Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. De acuerdo con esta definición, la alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental (aparte del aseguramiento de la ejecución), es el aprovechamiento de una situación de indefensión y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. Partiendo de esta idea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español distingue tres modalidades de alevosía. a) La llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. b) La alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. c) La alevosía de desvalimiento (que roza el abuso de superioridad), en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de personas desvalidas por su edad (ancianos, niños), por su invalidez física o psíquica (enfermos graves), o por estar en estado de inconsciencia (personas ebrias en fase letárgica o comatosa, drogadas, dormidas o privadas de conocimiento)”.[4] De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega por la vía de un motivo de casación de infracción de ley la aplicación indebida del artículo 117.1 en relación con el artículo 27.2, ambos del Código Penal, por calificar el hecho declarado probado, como constitutivo de Asesinato en perjuicio de los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, según lo dispuesto en el artículo 117.1 del Código Penal, que establece el delito de Asesinato ejecutado con Alevosía. El Artículo 27.2 del Código Penal define la alevosía diciendo que: “Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”. Considera que del cuadro fáctico resulta que se produjeron las muertes a los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, pero que no se describe de forma objetiva, el modo o la manera utilizada para darles muerte, pues el juzgador solo atribuye dicho suceso a varias personas, entre ellas al imputado Julio César Castellanos Campos, por lo que las acciones narradas en el hecho único declarado probado no se subsumen en el tipo penal de Asesinato. Esta Sala considera que, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que si la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica. En este caso, el hecho único que el tribunal de juicio declara terminantemente probado es el siguientes: “Primero: En fecha treinta de diciembre del año dos mil trece a las tres de la tarde en el lugar conocido como Los Linderos en el Municipio de la Iguala, Lempira; fallecieron Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno a consecuencia de varias heridas con arma blanca y arma de fuego el primero y el segundo producto de una herida con arma de fuego, causadas por José Nahúm Sorto López, Julio Cesar Castellanos Campos y Elmer Adali García Sorto.” Esta Sala aprecia que el cuadro fáctico de la sentencia que se impugna que se subsume perfectamente en el tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117 del Código Penal que dispone: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía…”. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. La alevosía se presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental, es el aprovechamiento de una situación de indefensión y la falta de riesgo para su persona al momento de cometer la acción ilícita. En este caso, la alevosía del acusado Julio César Castellanos Campos, es de desvalimiento o con abuso de superioridad, en virtud de que junto a otros dos acompañantes, coloca en indefensión y desamparo a los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, a quienes atacan conjunta y simultáneamente con armas blancas y armas de fuego provocándoles a ambos las heridas que les causan su muerte. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la sentencia recurrida no incurre en vicio que de lugar a casación por infracción de Ley, por aplicación indebida del artículo 117.1 del Código Penal. Recurso de Casación de infracción de ley por aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal y falta de aplicación del artículo 116 del mismo cuerpo legal. Interpuesto por Abogada Elsy Karina Domínguez Sánchez, en su condición de defensora pública del acusado señor Elmer Adali García Sorto. Único Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal y falta de aplicación del artículo 116 del mismo cuerpo legal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Resumen: Infracción de Ley penal sustantiva por aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal y falta de aplicación del artículo 116 del mismo cuerpo legal. Al realizar el análisis jurídico del tipo penal que se denuncia ha sido indebidamente aplicado por el Tribunal de Sentencia, resulta que el artículo 117 del Código Penal establece: “Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y 4) Con ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena de asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiera mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañe de robo o violación la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad.” La Alevosía, se puede definir como “La cuestión de la alevosía es menos discutible en el caso de durmientes, sobre todo cuando esta situación de sueño ha sido provocada por el sujeto activo, suministrando, por ejemplo, un narcótico a la víctima o esperando a que esta se duerma para matarla.” Al hacer el análisis del factum, no se desprende que el imputado Elmer Adali García Sorto haya realizado alguna acción que diera como resultado la alevosía, dado que no se describe la conducta típica necesaria para concluir que el acusado incurrió en el delito de Asesinato, lo que deja evidenciado que el Tribunal de Sentencia aplicó indebidamente el artículo 117 del Código Penal, al subsumir equivocadamente la conducta del imputado en el delito de asesinato, pues del factum de la sentencia cuestionada no concurre ninguna circunstancia que haga entender que fue de manera alevosa. Concluye que lo que hay es una falta de aplicación del artículo 116 del Código Penal, donde establece; que comete el delito de homicidio, quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en el tipo penal de asesinato e incurrirá en una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. Concepto General del Recurso Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1) Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- Es importante anotar que, debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Concepto Específico Asesinato. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía; 2. Con premeditación conocida; 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. Como se ve, el Código tipifica el asesinato como delito autónomo, después del de homicidio, mediante la enumeración de una serie de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del artículo 27. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 117. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte como asesinato y, las restantes, dejan de ser elementos constitutivos del delito para actuar como agravantes genéricas del artículo 27. Comunes al homicidio son las cuestiones en torno al bien jurídico protegido (la vida humana independiente), los sujetos activo y pasivo del tipo básico, la causalidad y las formas imperfectas. Cabe resaltar que, en cuanto al sujeto pasivo del tipo cualificado del homicidio no tiene su correspondencia en el asesinato. Así, el asesinato de una autoridad judicial con ocasión o en ejercicio de sus funciones no tiene un tratamiento específico en términos de mayor pena, a diferencia de lo que sucede en el homicidio. En fin, si se da muerte a una autoridad de las mencionadas en el artículo 116.II, concurriendo las circunstancias del artículo 117, habrá que acudir a las normas sobre concurso de leyes del artículo 2.A. Específica del asesinato es una rica problemática que pasamos a exponer a continuación, centrándonos en las circunstancias que constituyen elementos constitutivos del tipo. A) Alevosía. Su definición legal se recoge en el artículo 27.2 del Código Penal: Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. De acuerdo con esta definición, la alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental (aparte del aseguramiento de la ejecución), es el aprovechamiento de una situación de indefensión y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. Partiendo de esta idea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español distingue tres modalidades de alevosía. a) La llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. b) La alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. c) La alevosía de desvalimiento (que roza el abuso de superioridad), en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de personas desvalidas por su edad (ancianos, niños), por su invalidez física o psíquica (enfermos graves), o por estar en estado de inconsciencia (personas ebrias en fase letárgica o comatosa, drogadas, dormidas o privadas de conocimiento)”.[5] De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega por la vía de un motivo de casación de infracción de ley la aplicación indebida aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal, y la falta de aplicación del artículo 116 del mismo cuerpo legal. Considera que al hacer el análisis del factum, no se desprende que el imputado Elmer Adali García Sorto haya realizado alguna acción que diera como resultado la alevosía, dado que no se describe la conducta típica necesaria para concluir que el acusado incurrió en el delito de Asesinato, lo que deja evidenciado que el Tribunal de Sentencia aplicó indebidamente el artículo 117 del Código Penal, al subsumir equivocadamente la conducta del imputado en el delito de asesinato, pues del factum de la sentencia cuestionada no concurre ninguna circunstancia que haga entender que fue de manera alevosa, por lo que considera que el juzgador incurre en una falta de aplicación del artículo 116 del Código Penal, que tipifica el delito de homicidio. Esta Sala considera que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que si la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica. En este caso, el hecho único que el tribunal de juicio declara terminantemente probado es el siguientes: “Primero: En fecha treinta de diciembre del año dos mil trece a las tres de la tarde en el lugar conocido como Los Linderos en el Municipio de la Iguala, Lempira; fallecieron Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno a consecuencia de varias heridas con arma blanca y arma de fuego el primero y el segundo producto de una herida con arma de fuego, causadas por José Nahúm Sorto López, Julio Cesar Castellanos Campos y Elmer Adali García Sorto.” El cuadro fáctico de la sentencia que se impugna se subsume perfectamente en el tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 117 del Código Penal que dispone: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía…”. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. La alevosía se presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental, es el aprovechamiento de una situación de indefensión y la falta de riesgo para su persona al momento de cometer la acción ilícita. En este caso, la alevosía del acusado Elmer Adali García Sorto, es de desvalimiento o con abuso de superioridad, en virtud que junto a otros dos acompañantes, coloca en indefensión y desamparo a los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, a quienes atacan conjunta y simultáneamente con armas blancas y armas de fuego provocándoles a ambos las heridas que les causan la muerte. Alega el recurrente que lo que hay es una falta de aplicación del artículo 116 del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de Homicidio, de la manera siguiente: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en el tipo penal de asesinato e incurrirá en una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.” Esta Sala aprecia que el recurrente incurre en infracción al principio de Debida Técnica Recursiva, en virtud de que, en un solo motivo de infracción de ley sustantiva, incorpora dos alegatos distintos de infracción de ley que para mayor claridad y comprensión se debieron de presentar en forma separada, por lo que no se pronuncia sobre su contenido, y dado que considera que el hecho declarado probado se subsume en el delito de Asesinato, con alevosía. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la sentencia recurrida no incurre en vicio que de lugar a casación por infracción de Ley, por aplicación indebida del artículo 117 y la falta de aplicación del artículo 116, ambos del Código Penal, alegado por el recurrente. Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Interpuesto por el Abogado Tony Wilson Martínez Álvarez, en su condición de defensor privado del señor José Nahúm Sorto López. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Quebrantamiento de forma, por no haber observado el juzgador las reglas de la sana crítica que dieron como consecuencia, en la parte resolutiva de la sentencia se declare culpable al señor José Nahun Sorto López, como autor del delito de Asesinato en perjuicio de Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno, aun y cuando la prueba evacuada en el curso del juicio oral y público, respecto de la participación de del acusado fue insuficiente y contradictoria. En el apartado identificado con el número “Uno”, de la valoración de la prueba, el Tribunal de Sentencia dijo tener por acreditado con los Testigos Protegidos claves “A” y “B” por ser “claros y precisos en sus dichos, no existiendo inconsistencias ni contradicciones entre ellos, con las que se prueba donde ocurrió el hecho y que los autores del mismo fueron José Nahun Sorto, Julio Cesar Castellanos, Elmer Adali García y otro. Este apartado de la sentencia es producto de la valoración probatoria realizada, según lo expresan los testigos protegidos, sin embargo, se ha infringido el principio lógico de derivación, porque con las circunstancias fácticas descritas, no se puede sostener razonable y suficientemente para establecer que José Nahun Sorto López haya participado en la comisión de las muertes de los ofendidos, debido a que las declaraciones de los testigos son contradictorias entre sí, contradicciones que hacen que los testigos sean poco confiables. El tribunal infundadamente y en quebrantamiento del principio de razón suficiente, yerra al definir como probado que fue José Nahun Sorto López, quien disparó contra Daniel Paz Sorto, sin que la prueba sea confiable y por ser insuficientes para arribar a dicha convicción. Se incorporó a la vista pública y fueron sometidos al contradictorio, un Dictamen Pericial de Documentología, ratificado por el Perito Oficial Carlos Rene Paz, quien manifestó en su documento que recibió para su análisis un libro de novedades asignado a la Jefatura Departamental de Ocotepeque, un acta de lectura de derechos de fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince (folio 22), correspondiente a José Nahun Sorto López, para compararlo con muestrario de escritura de manuscritos, firmas y números del acusado, comprobándose que todas las firmas de estos documentos presentan las mismas características escriturales, concluyendo el Perito que estas firmas “presentan características escriturales diferentes a las que se observan en las firma de José Nahun Sorto López”, agrega que “no se encontró afinidad con las muestras de escritura por que las las firmas están remarcadas y por tal razonan perdido características generales e individualizantes, por lo tanto es imposible determinar que las misma hayan sido puesta por José Nahun Sorto López”, por lo que se desprende que las conclusiones del dictamen no son categóricas. Lo anterior, implica quebrantar el principio de la lógica de identidad, al afirmar el Tribunal de Sentencia, que “no se ha establecido que el imputado José Nahun Sorto se encontraba realizando turno en las fechas veintinueve y treinta de diciembre del año dos mil trece en la jefatura departamental de Ocotepeque, por lo cual se logró la finalidad de este medio de prueba para quien lo propuso”. El tribunal ordena como diligencia para mejor proveer la práctica de una inspección al libro de novedades del mes de diciembre del año dos mil trece de la sede policial de agua caliente Ocotepeque departamento de Ocotepeque logrando verificar que aparece el nombre del acusado el día de los hechos, ya que se encontraba de turno, sin embargo, el tribunal le resta credibilidad porque “solo aparece el nombre de él y no su firma, pues el nombre lo puede poner cualquier persona”. Estos hechos son concordantes con las declaraciones testificales de la prueba de descargo por los señores Misael Armando Castillo, José Luis Menodaz Andrés y Anabel España, quienes ubican al señor José Nahun Sorto en el Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, el día de los hechos, de los cuales existe registro en dos libros oficiales de la Policía, pero el tribunal erróneamente no les da credibilidad al “no estar afianzada” por otra prueba que la sustente. El Tribunal Sentenciador afirma en el apartado “Tres”, “Doce” y “Catorce” de la valoración de la prueba abiertamente contradictoria, violentando la lógica, porque parte de un argumento falso para pretender desacreditar la confiabilidad de la prueba al afirmar que José Nahun Sorto no estaba en el Municipio de Ocotepeque, y para ello parte de un Dictamen Documental que no es concluyente, pues el Perito establece la imposibilidad de practicar la pericia y asociar firmas, si la escritura ha sido remarcada. El tribunal afirma este argumento falaz, debilitando con ello la propia conclusión del tribunal, en virtud que dice que con esta prueba no se ha establecido que el imputado se encontraba de turno esos días, lo que constituye un argumento contradictorio en relación con otros medios de prueba como las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa y la misma diligencias para mejor proveer ordenada por el tribunal, con los cuales se acredita que el señor que José Nahun Sorto en fecha treinta de diciembre del año dos mil trece se encontraba laborando en distintas oficinas de la policía de Ocotepeque. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[6]. Concepto específico: El Tribunal de Sentencia infringe el principio lógico de derivación de identidad, en virtud de tener por probado con la prueba de los Testigos Protegidos claves “A” y “B”, por ser claros y precisos en sus dichos, sin inconsistencias ni contradicciones sobre el lugar donde ocurrió el hecho y en que los autores de estos son los señores José Nahun Sorto, Julio Cesar Castellanos, Elmer Adali García y otro. El Dictamen Pericial de Documentología, ratificado por el Perito Oficial Carlos Rene Paz, concluye que “no se encontró afinidad con las muestras de escritura por que las firmas están remarcadas y por tal razonan perdido características generales e individualizantes, por lo tanto, es imposible determinar que las misma hayan sido puesta por José Nahun Sorto López”. Con las diligencias para mejor proveer se ordena la práctica de una inspección al libro de novedades del mes de diciembre del año dos mil trece de la sede policial de Agua Caliente, Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque logrando verificar que aparece el nombre del acusado el día de los hechos, ya que se encontraba de turno, pero el tribunal le resta credibilidad porque “solo aparece el nombre de él y no su firma, pues el nombre lo puede poner cualquier persona”. Las declaraciones testificales de la prueba de descargo rendida por los señores Misael Armando Castillo, José Luis Menodaz Andrés y Anabel España, son concordantes y ubican al señor José Nahun Sorto en el Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, el día de los hechos de los cuales existe registro en dos libros oficiales de la Policía, sin embargo, el tribunal no les da credibilidad al “no estar afianzada” por otra prueba que la sustente. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de derivación y postulado de identidad, al tener por probado con la prueba de los Testigos Protegidos claves “A” y “B”, el lugar donde ocurrió el hecho y que los autores del hecho ilícito fueron los señores José Nahun Sorto, Julio Cesar Castellanos, Elmer Adali García y otro. Reprocha en valor probatorio que el Juzgador otorga al Dictamen Pericial de Documentología, ratificado por el Perito Oficial Carlos Rene Paz, el que concluye que: “no se encontró afinidad con las muestras de escritura por que las firmas están remarcadas y por tal razonan perdido características generales e individualizantes, por lo tanto, es imposible determinar que las misma hayan sido puesta por José Nahun Sorto López”. Asimismo, con las diligencias para mejor proveer el tribunal de juicio ordena la práctica de una inspección al libro de novedades del mes de diciembre del año dos mil trece de la sede policial de Agua Caliente, Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, logrando verificar que aparece el nombre del acusado el día de los hechos, por estar supuestamente de turno, pero el tribunal le resta credibilidad porque “solo aparece el nombre de él y no su firma, pues el nombre lo puede poner cualquier persona”. Resta Credibilidad a las declaraciones testificales de la prueba de descargo rendida por los señores Misael Armando Castillo, José Luis Menodaz Andrés y Anabel España, a pesar de ser concordantes al ubicar al acusado José Nahun Sorto en el Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, el día de los hechos de los cuales existe registro en dos libros oficiales de la Policía, al “no estar afianzada” por otra prueba que la sustente. Esta Sala observa que, en el presente caso, el juzgador da credibilidad a lo declarado en la audiencia de juicio Testigos Protegidos claves “A” y “B”, el lugar donde ocurrió el hecho y que los autores del hecho ilícito fueron los señores José Nahun Sorto, Julio Cesar Castellanos, Elmer Adali García y otro, por considerar que con coincidentes en los hechos y no haber incurrido en inconsistencias ni contradicciones. Y resta credibilidad a los testigos de descargo por no estar afianzadas por otro medio de prueba, debido a que el auto para mejor proveer consistente en la práctica de una inspección al libro de novedades de la sede policial de Agua Caliente, Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, no es concluyente. Esta Sala aprecia que los razonamientos vertidos por el juzgador para dotar de credibilidad a los testigos de cargo y restar credibilidad a los testigos de descargo, son lógicos, coherentes y suficientes para concluir que el acusado José Nahun Sorto López, se encontraba junto a otros tres personas en el lugar, día y hora de los hechos y no de turno en la sede policial de agua caliente Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, por lo que son válidos los argumentos que hacen concluir el tribunal que el acusado José Nahun Sorto López participó junto a otros en los hechos ilícitos que se le imputan, y que dieron como resultado en la muerte violenta de los señores Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la sentencia recurrida no infringe las reglas de la sana crítica, en la regla de la lógica, en sus postulados de derivación, por entender que los razonamientos de los jueces de sentencia, están constituidos por deducciones lógicas, razonables y suficientes originadas en las pruebas vertidas en el juicio. Decisión: esta Sala declara: 1) No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley sustantiva, invocado por la Abogada Sandra Elizabeth Urbina Pineda, en su condición de defensora pública del acusado señor Julio César Castellanos Campos; 2) No ha lugar el motivo único de casación por infracción de ley sustantiva invocado por la Abogada Elsy Karina Domínguez Sánchez, en su condición de defensora pública del acusado señor Elmer Adali García Sorto; y, 3) No ha lugar el motivo único de casación por quebrantamiento de forma invocado por el Abogado Tony Wilson Martínez Álvarez, en su condición de defensor privado del señor José Nahúm Sorto López. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Sandra Elizabeth Urbina Pineda, en su condición de defensora pública del acusado señor Julio César Castellanos Campos; declara No Ha Lugar el motivo único de casación de infracción de ley sustantiva invocado por la Abogada Elsy Karina Domínguez Sánchez, en su condición de defensora pública del acusado señor Elmer Adali García Sorto; y declara No Ha Lugar el motivo único de casación por quebrantamiento de forma invocado por el Abogado Tony Wilson Martínez Álvarez, en su condición de defensor privado del señor José Nahúm Sorto López, en la causa instruida contra los señores Julio César Castellanos Campos, Elmer Adali García Sorto y José Nahúm Sorto López, a quienes se le condenó como autores del delito de Asesinato, en perjuicio de Daniel Paz Sorto y Daniel Paz Moreno. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dos de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-219-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Vid. entre otras, Sentencias dictadas por la Sala Penal en los Recursos de Casación N° SP-129-2009 de fecha 28 de octubre de 2010; N° SP-250-2009, de fecha 13 de abril de 20111 N°. SP-240-201 1 de fecha 16 de mayo de 2013 y N°. SP-208-201 1 de fecha 25 de abril de 2013.
[2] Muñoz Conde, Francisco/Derecho Penal/ Parte Especial/Décimo sexta edición. Pág. 51.
[3] López Zúñiga/Fernández Entrango / Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Declaración de los Hechos Probados/ Pág. 527
[4] Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. Alfredo de Diego Diez. Páginas 23 a 25.
[5] Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. Alfredo de Diego Diez. Páginas 23 a 25.
[6] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005