Sentencia CP-216-16 — Registro 11999
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de estafa, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Opinión de la Sala sobre el caso específico: Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el censor del fallo que se impugna plantea un recurso de casación de infracción de ley sustantiva fundado en la aplicación indebida del contenido artículo 240 del Código Penal del Código Penal, precepto legal que prescribe: “Comete el delito de Estafa quien, con nombre supuesto, falsos títulos, influencias o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho, propio o ajeno”. Considera el censor del fallo impugnado que los hechos declarados probados por el Juzgador señalan que es la señora Rosario Godoy Pérez quien gestiona la transacción al ofrecer en venta dos lotes de terreno a la señora Dominga Lazo Cárcamo y el señor Dionisio Irías confía en las gestiones realizadas por esta a quien le ha otorgado poder. Esgrime que los elementos requeridos para el delito de Estafa se configuran en la acción desplegada por la señora Rosario Godoy Pérez, no así en la participación del acusado Florencio Irías pues en su caso, no hay engaño, ni disposición patrimonial producto de error y engaño que haya efectuado Florencio Irías. Por lo que hay incongruencia entre los hechos declarados probados con el delito de Estafa de que se le acusa. El juzgador de instancia declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: Mediante escritura pública 183 de fecha 17 de marzo de 2003, que aparece otorgada por los señores Dionisio Irías García y Florencio Irías García, aparece que los mismos dieron en venta un inmueble ubicado en Quebrada Seca, perteneciente al sitio La Hoya de Tegucigalpa, inscrita en el 45 folios 76 al 77 del Tomo 3 Libro 1, cuya medida databa del año 1896 y que decía ser capaz contener un medio de maíz de sembradura, el cual fue objeto de remedida y actualizadas sus colindancias, determinándose que el mismo constaba de cuarenta mil varas cuadradas, el cual fue vendido a Lotificadora Amarateca S.A., lo cual quedó inscrito tres meses después, es decir en fecha 18 de Junio de 2003 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Dicha transacción fue gestionada por la señora Rosario Godoy Pérez, con la anuencia del señor Florencio Irías, quien procedió a firmar dicha escritura pública en la fecha indicada en la misma. Segundo: Posteriormente, la señora Rosario Godoy Pérez ofreció en venta dos lotes de terreno a la señora Dominga Lazo Cárcamo, por el precio convenido de ochocientos treinta mil lempiras, los cuales se pagaron en tres cuotas, la primera por un valor de cuatrocientos treinta mil, la segunda por doscientos setenta y cinco mil y una tercera por veinticinco mil lempiras, a cambio de lo cual se le dieron los recibos respectivos firmados por la señora Rosario Godoy y Florencio Irías, otorgándosele a la señora Dominga Lazo Cárcamo dos escrituras de compraventa, correspondientes respectivamente a dos fracciones del mismo inmueble, que sabían que se le había vendido anteriormente a Lotificadora Amarateca y cuyo asiento era el mismo número 45, folio 76 al 77 del Tomo 3 del Libro 1 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, por ende se vendieron cuando ya no se podía disponer de los mismos. Dichas escrituras no pudieron ser inscritas en el Registro de la Propiedad antes citado, ahora Instituto de la Propiedad, porque también presentaba problemas de individualización y ubicación exacta del inmueble, debido a otras inscripciones de venta de terrenos de otros familiares de los señores Florencio y Dionisio Irías, que también se habían declarado herederos. Tercero: El señor Dionisio Irías, firmó las escrituras a favor de la señora Dominga Lazo Cárcamo luego de confiar en las gestiones realizadas por la señora Rosario Godoy, a quien le había otorgado poder y luego de que su sobrino, el señor Florencio Irías, le dijera que ya le habían pagado el dinero a la señora Rosario Godoy Pérez por los terrenos vendidos a la señora Dominga Lazo Cárcamo, desconociendo la cantidad original por la que se realizó la venta, tal como consta en los recibos otorgados. De igual forma, en fecha no determinada, el señor Dionisio Irías firmó una escritura de compraventa a favor de Lotificadora Amarateca, desconociéndose si fue antes de las escrituras otorgadas a favor de la señora Dominga Lazo Cárcamo.” Esta Sala considera que, los elementos esenciales para la existencia del delito de estafa son: engaño, error, disposición patrimonial, perjuicio y provecho propio o ajeno. El primer elemento hace referencia a la conducta engañosa, esta consiste en una simulación o disimulación capaz de inducir a error a una o varias personas. Puede consistir en la afirmación de hechos falsos como en la desfiguración de los verdaderos. La conducta engañosa debe ser suficientemente idónea para provocar un error en otra persona. Se produce un error cuando a consecuencia de la acción engañosa se ha causado una suposición falsa. La acción engañosa debe ser causa de ese error, debe existir pues una relación de causalidad entre ambos. El que el engaño sea causa adecuada para producir error, es una cuestión que debe resolverse en atención a las diversas circunstancias concurrentes. Es suficiente con que en abstracto pueda racionalmente ejercer influencia en el ánimo del sujeto pasivo que le mueva a hacer la disposición patrimonial. Pero también debe tenerse en cuenta la personalidad del sujeto, su inteligencia, su edad, sus relaciones con el sujeto activo, etc. El engañado a consecuencia del error debe realizar una disposición patrimonial, es decir, la entrega de una cosa o la prestación de un servicio, lo mismo da que consista en un hacer que un omitir. El engaño puede actuar sobre el perjudicado o sobre otra persona. La disposición patrimonial debe haber producido un perjuicio en el engañado o en un tercero y de manera coetánea un provecho o beneficio para el sujeto pasivo o para un tercero. Por eso la estafa se ubica dentro de los delitos patrimoniales de “enriquecimiento”. Este provecho debe ser la finalidad del autor al cometer el delito, por lo que es de extraordinaria importancia para la caracterización de la tipicidad, pues ésta, como en otros delitos patrimoniales, requiere un elemento subjetivo específico: el ánimo de lucro. Dentro del tipo subjetivo se requiere, además, el dolo que debe abarcar o referirse a los elementos objetivos es decir al engaño, al error, a la disposición patrimonial y a la causación de un perjuicio. De la lectura del relato fáctico de la sentencia recurrida, revela que el acusado señor Florencio Irías García, y otra persona dieron en venta el inmueble ubicado en Quebrada Seca, perteneciente al sitio La Hoya de Tegucigalpa, inscrita en No. 45, folios 76 al 77 del Tomo 3 Libro 1, con extensión superficial cuya remedida resultó ser cuarenta mil varas cuadradas, a la Lotificadora Amarateca S.A., inscrita el 18 de junio de 2003 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, en transacción gestionada por la señora Rosario Godoy Pérez, con plena anuencia del señor Florencio Irías, quien firma la escritura pública de tradición. Asimismo, que con fecha posterior, a la venta de dicho inmueble la señora Rosario Godoy Pérez, representante del acusado Florencio Irías García, ofreció también en venta dos lotes del mismo terreno, a la señora Dominga Lazo Cárcamo, por el precio convenido de ochocientos treinta mil lempiras, pagado en tres cuotas, la primera por un valor de cuatrocientos treinta mil, la segunda por doscientos setenta y cinco mil y una tercera por veinticinco mil lempiras, a cambio de lo cual se le dieron los recibos respectivos firmados por la señora Rosario Godoy y Florencio Irías, por lo que este último otorga a favor la señora Dominga Lazo Cárcamo dos escrituras de compraventa, correspondientes a las dos fracciones del inmueble, que sabían que el mismo ya había vendido a la Lotificadora Amarateca. En este caso, la acción engañosa desplegada por el acusado Florencio Irías, consiste en aprobar las gestiones de venta realizada la señora Dominga Lazo Cárcamo, en la acción de vender dos lotes de terreno del inmueble inscrito en el asiento No.45, folio 76 al 77 del Tomo 3 del Libro 1 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, con plena consciencia y conocimiento que días antes había vendido dicho inmueble a favor de la Sociedad Lotificadora Amarateca, S.A., y haber recibido por dicha venta, sin causa legal la suma de ochocientos treinta mil lempiras, en tres pagos, la primera por un valor de cuatrocientos treinta mil, la segunda por doscientos setenta y cinco mil y una tercera por veinticinco mil lempiras, a cambio de lo cual se le dieron a esta tres recibos firmados tanto por la señora Rosario Godoy, como por el acusado señor Florencio Irías; y además procediendo el señor Florencio Irías, a autorizar con su firma a favor de la señora Dominga Lazo Cárcamo dos testimonios de escrituras públicas, que la interesada nunca pudo inscribir a su favor en el Instituto de la Propiedad. De todo ello se deriva que la acción desplegada por el acusado Florencio Irías, es realizada en concierto de voluntades y de forma conjunta con la señora Rosario Godoy Pérez, realizada con plena consciencia y conocimiento que los dos lotes del inmueble inscrito en el No.45, folio 76 al 77 del Tomo 3 del Libro 1 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, con anterioridad había sido vendidos a la Lotificadora Amarateca. Por lo anterior, las acciones desplegadas por el acusado Florencio Irías, se subsumen perfectamente en el delito de estafa tipificada y sancionados en los Artículos 240 del Código Penal, por lo que la sentencia impugnada no incurre en manera alguna en infracción de ley por aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de Estafa..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020); el Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente en el Recurso de Casación número S.P.216-2016 por Infracción de Ley interpuesto contra la Sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Primero: Condenó a los señores Rosario Godoy Pérez y Florencio Irías García, como autores del delito de Estafa, en perjuicio de la señora Dominga Lazo Cárcamo a la pena de Seis Años de Reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señores Rosario Godoy Pérez y Florencio Irías García, como autores del delito de Estafa, en perjuicio de la señora Dominga Lazo Cárcamo, a la pena de multa consistente en Ochenta y Tres Mil Lempiras, cantidad que deberá ser enterada a la Tesorería General de la República.- Tercero: Absolvió al señor Dionisio Irías García, del delito de Estafa, en perjuicio de Dominga Lazo Cárcamo.- Cuarto: Se le declara la Responsabilidad Civil de los señores Rosario Godoy Pérez y Florencio Irías García.- No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La abogada Sofía Lozano Canales, Defensora Pública del señor Florencio Irías García, como parte recurrente; la abogada Ela Paredes Bromfield, Fiscal en representación del Ministerio Público, y la abogada Tirsa Naara Díaz Lupian, Acusadora Privada, como partes recurridas. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Mediante escritura pública 183 de fecha 17 de marzo de 2003, que aparece otorgada por los señores DIONISIO IRÍAS GARCÍA Y FLORENCIO IRÍAS GARCÍA, aparece que los mismos dieron en venta un inmueble ubicado en Quebrada Seca, perteneciente al sitio La Hoya de Tegucigalpa, inscrita en el 45 folios 76 al 77 del Tomo 3 Libro 1, cuya medida databa del año 1896 y que decía ser capaz contener un medio de maíz de sembradura, el cual fue objeto de remedida y actualizadas sus colindancias, determinándose que el mismo constaba de cuarenta mil varas cuadradas, el cual fue vendido a Lotificadora Amarateca S.A., lo cual quedó inscrito tres meses después, es decir en fecha 18 de Junio de 2003 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Dicha transacción fue gestionada por la señora ROSARIO GODOY PÉREZ, con la anuencia del señor FLORENCIO IRÍAS, quien procedió a firmar dicha escritura pública en la fecha indicada en la misma. SEGUNDO: Posteriormente, la señora Rosario Godoy Pérez ofreció en venta dos lotes de terreno a la señora Dominga Lazo Cárcamo, por el precio convenido de ochocientos treinta mil lempiras, los cuales se pagaron en tres cuotas, la primera por un valor de cuatrocientos treinta mil, la segunda por doscientos setenta y cinco mil y una tercera por veinticinco mil lempiras, a cambio de lo cual se le dieron los recibos respectivos firmados por la señora Rosario Godoy y Florencio Irías, otorgándosele a la señora Dominga Lazo Cárcamo dos escrituras de compraventa, correspondientes respectivamente a dos fracciones del mismo inmueble, que sabían que se le había vendido anteriormente a Lotificadora Amarateca y cuyo asiento era el mismo número 45, folio 76 al 77 del Tomo 3 del Libro 1 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, por ende se vendieron cuando ya no se podía disponer de los mismos. Dichas escrituras no pudieron ser inscritas en el Registro de la Propiedad antes citado, ahora Instituto de la Propiedad, porque también presentaba problemas de individualización y ubicación exacta del inmueble, debido a otras inscripciones de venta de terrenos de otros familiares de los señores Florencio y Dionisio Irías, que también se habían declarado herederos. TERCERO: El señor Dionisio Irías, firmó las escrituras a favor de la señora Dominga Lazo Cárcamo luego de confiar en las gestiones realizadas por la señora Rosario Godoy, a quien le había otorgado poder y luego de que su sobrino, el señor Florencio Irías, le dijera que ya le habían pagado el dinero a la señora Rosario Godoy Pérez por los terrenos vendidos a la señora Dominga Lazo Cárcamo, desconociendo la cantidad original por la que se realizó la venta, tal como consta en los recibos otorgados. De igual forma, en fecha no determinada, el señor Dionisio Irías firmó una escritura de compraventa a favor de Lotificadora Amarateca, desconociéndose si fue antes de las escrituras otorgadas a favor de la señora Dominga Lazo Cárcamo.” III. RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Sofía Lozano Canales, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 240 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero Del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO En los casos de recursos de casación por Infracción de Ley, como el que nos ocupa, por disposición legal del artículo 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación en ningún caso podrá modificar los hechos que las sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo mientras ese cuadro fáctico no se modifique, es legalmente posible revisar su encuadramiento a una determinada norma jurídica; siendo ésta la pretensión del presente recurso de casación en el que la decisión del juzgador no se ajusta a las previsiones del legislador al regular el tipo penal de ESTAFA. En consecuencia, la norma sustantiva infringida es el artículo 240 de Código Penal vigente que establece: “Comete el delito de Estafa quien, con nombre supuesto, falsos títulos, influencias o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho, propio o ajeno”. Artículo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece este artículo.- EL Tribunal en referencia declaro como probado los siguientes hechos: “PRIMERO: Mediante escritura pública 183 de fecha 17 de marzo de 2003, que aparece otorgada por los señores DIONISIO IRÍAS Y FLORENCIO IRÍAS GARCÍA, aparece que los mismos dieron en venta un inmueble ubicado en Quebrada Seca, perteneciente al sitio La Hoya de Tegucigalpa, inscrita en el 45 folios 76 al 77 del Tomo 3 Libro 1, cuya medida data del año 1896 y que decía ser capaz contener un medio de maíz de sembradura, el cual fue objeto de remedida y actualizadas sus colindancias, determinándose que el mismo constaba de cuarenta mil varas cuadradas, el cual fue vendido a Lotificadora Amarateca S.A. lo cual quedó inscrito tres meses después, es decir en fecha 18 de junio de 2003 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Dicha transacción fue gestionada por la señora ROSARIO GODOY PÉREZ, con la anuencia del señor FLORENCIO IRÍAS, quien procedió a firmar dicha escritura pública en fecha indicada en la misma. SEGUNDO: posteriormente, la señora Rosario Godoy Pérez ofreció en venta dos lotes de terreno a la señora Dominga Lazo Cárcamo, por el precio convenido de ochocientos treinta mil lempiras, los cuales se pagaron en tres cuotas, la primera por un valor de cuatrocientos treinta mil, la segunda por doscientos sesenta y cinco mil y una tercera por veinticinco mil lempiras a cambio de lo cual se le dieron los recibos respectivos firmados por la señora Rosario Godoy y Florencio Irías otorgándosele a la señora Dominga Lazo Cárcamo dos escrituras de compraventa, correspondientes respectivamente a dos fracciones del mismo inmueble, que sabían que se le había vendido anteriormente a Lotificadora Amarateca y cuyo asiento era el mismo número 45, folio 76 al 77 del Tomo 3 del Libro 1 del registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, por ende se vendieron cuando ya no se podía disponer de los mismos. Dichas escrituras no pudieron ser inscritas en el Registro de la Propiedad antes citado, ahora instituto de la Propiedad, porque también presentaba problemas de individualización y ubicación exacta del inmueble, debido a otras inscripciones de venta de terrenos de otros familiares de los señores Florencio y Dionisio Irías, que también se habían declarado herederos, TERCERO: El señor Dionisio Irías, formó las escrituras a favor de la señora Dominga Lazo Cárcamo luego de confiar en las gestiones realizadas por la señora Rosario Godoy, a quien le había otorgado poder y luego de que su sobrino, el señor Florencio Irías, le dijera que ya le habían pagado el dinero a la señora Rosario Godoy Pérez por los terrenos vendidos a la señora Dominga Lazo Cárcamo, desconociendo la cantidad original por la que se realizó la venta, tal como consta en los recibos otorgados. De igual forma, en fecha no determinada, el señor Dionisio Irías firmó una escritura de compraventa a favor de Lotificadora Amarateca, desconociéndose si fue antes de las escrituras otorgadas a favor de la señora Dominga Lazo Cárcamo.” PRIMERO: Al analizar el contenido de estos tres hechos probados podemos observar que en el hecho primero y segundo la persona de la señora Rosario Godoy Pérez es quien primeramente gestionó la transacción, para luego ofrecer en venta los dos lotes de terreno a la ofendida señora Dominga Lazo Cárcamo; asimismo en el hecho tercero quedó establecido que el señor Dionisio Irías fue quien le confió las gestiones realizadas por la señora Rosario Godoy a quien le había otorgado poder, por lo que el Tribunal debió analizar que los elementos requeridos para establecer el delito de Estafa era únicamente para la señora Rosario Godoy Pérez, como se puede apreciar del conjunto del relato fáctico que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles. Es allí según nuestro criterio, el hecho de no parecer encajar la participación del acusado Florencio Irías en el supuesto acto delictivo de Estafa que se le imputa como autor, pues al examinar estos tres hechos probados antes transcritos nos encontramos que el Tribunal sentenciador argumentó en su fundamentación jurídica que la versión acusadora resultó más creíble al Tribunal, conforme al planteamiento de la valoración de la prueba que se realizó en el Juicio Oral y Público y de la cual se desprendió que efectivamente quien gestionó dicha transacción y ofreció en venta dichos terrenos fue la señora Rosario Godoy Pérez, y nunca el señor Florencio Irías tal y como lo consideró el Tribunal para imputarle el tipo penal de Estafa, tanto en sus elementos objetivos como en sus elementos subjetivos en el cual para el Tribunal el acusado tuvo una participación a título de autor. La sentencia penal, por disposición expresa del artículo 338 del Código Procesal Penal, es un cuerpo sistemático por lo que su redacción debe respetar esos presupuestos normativos, distinguiendo, de manera clara, los aspectos fácticos de los jurídicos para permitir un apropiado control sobre ellos, por eso mismo, los elementos del tipo objetivos del delito, los grados de ejecución y los relativos a las circunstancias agravantes deben constar, en todo caso, en el apartado de los hechos probados de la sentencia, sin que, válidamente, sea posible completarlos, en perjuicio del imputado, con el contenido de la fundamentación jurídica u otro apartado de la sentencia.- Es de hacer notar que en el fallo recurrido no se establece en los hechos estimados y declarados probados ni el engaño ni el error, mucho menos la disposición patrimonial producto del error y engaño que haya efectuado nuestro representado Florencio Irías, por el contrario si se configuraba y apreciaba para con la señora Rosario Godoy Pérez; no aparece nuestro representado simplemente debió haberse tomado en cuenta la no escolaridad del mismo (analfabeta) y por ende haber sido una víctima de la señora Rosario Godoy, por lo que nunca se tipificaría dichos hechos como estafa para nuestro representado. SEGUNDO: Dicho lo anterior esta defensa considera que la descripción efectuada por el tribunal sentenciador en los hechos declarados probados en cuanto al imputado Florencio Irías no se subsumen en la norma penal del artículo 240 del Código penal vigente, y siendo que estos constituyen la base sobre la que se plasma la sentencia penal, somos del criterio que ninguno de los medios de prueba presentados por el ente acusador, dieron motivo para pensar que el señor Florencio Irías fuese el responsable del delito de Estafa por el que fuera acusado, por el contrario para que se de la Estafa, debe hacer caer en error a la víctima, engaño a través de palabras o maquinaciones insidiosas que lleguen a constituir engaño bastante, tal y como lo hizo la señora Rosario Godoy Pérez, y que lo confirmó la misma ofendida Dominga Lazo Cárcamo en su declaración como tal, no enmarcándose de esta forma en lo que establece el artículo 240 del Código penal, por lo tanto no se configura el delito de Estafa para con mi representado el señor Florencio Irías. Por consiguiente reconocemos que la redacción del tipo penal de Estafa prevista en el artículo 240 del Código Penal no es la más adecuada en vista que no se da un criterio jurídico del alcance de dicho concepto cuando se produce sin haber quedado acreditado que Florencio Irías el día del hecho haya actuado con ardid, engaño o cualquiera de las circunstancias que configura el delito de Estafa, más bien el ofendido como se dijo antes es una persona analfabeta que fue utilizado y engañado por la señora Rosario Godoy para cometer tal ilícito penal.- Tal y como lo ilustra un jurista muy conocido Juan Bustos Ramírez, en su obra manual de derecho penal, parte Especial, páginas 226, 227 y 228. Los elementos de la Estafa son, el engaño, el error, la disposición patrimonial, el perjuicio, entre todos los cuales ha de existir una relación de antecedente o consecuente, y el ánimo de lucro.- Recordemos Honorables Magistrados que el factum del fallo está orientado a subsumir la acción imputada en el tipo penal contenido en el artículo 240 del Código Penal vigente como acción consumada, de tal manera que la calificación del hecho debe de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo no se circunscribe como verdad que Florencio Irías haya engañado, hecho caer en error o de disposición patrimonial en el ilícito de Estafa en el lugar antes descrito a título de autor y en este caso se produce una incongruencia entre los hechos estimados y declarados probados con el delito del cual se le acusa. De lo anterior se desprende que la conducta narrada en los hechos declarados probados por el Tribunal Sentenciador no se subsume en el delito de “Estafa” que se le imputa a mi representado Florencio Irías como erróneamente fue calificado, debiendo para tal efecto anularse dicho fallo condenatorio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Recurso de Casación por Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal. Motivo Único: *Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. *Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia recurrida, y de inmediato dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen: Casación de infracción de ley por aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal. que establece: “Comete el delito de Estafa quien, con nombre supuesto, falsos títulos, influencias o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho, propio o ajeno”. En el hecho primero y segundo declarados probados señala que la señora Rosario Godoy Pérez es la que gestiona la transacción al ofrecer en venta dos lotes de terreno a la señora Dominga Lazo Cárcamo. El señor Dionisio Irías confía en las gestiones realizadas por la señora Rosario Godoy a quien le otorgó poder. Los elementos requeridos para el delito de Estafa son solo para la señora Rosario Godoy Pérez, dado que del relato fáctico no encaja la participación del acusado Florencio Irías en el supuesto acto de Estafa que se le imputa como autor. No se establece en los hechos declarados probados el engaño, ni el error, menos la disposición patrimonial producto del error y engaño que haya efectuado el señor Florencio Irías, el que si se configura y aprecia para la señora Rosario Godoy Pérez. El tribunal debió haber tomado en cuenta la no escolaridad del acusado (analfabeta)siendo a la vez una víctima de la señora Rosario Godoy. En cuanto al imputado Florencio Irías los hechos probados no se subsumen en el artículo 240 del Código Penal. Ninguno de los medios de prueba del ente acusador, dan motivo a pensar que el señor Florencio Irías fue responsable del delito de Estafa por el que fuera acusado. No se circunscribe como verdad que Florencio Irías haya engañado, hecho caer en error o de disposición patrimonial en el ilícito de Estafa, a título de autor y en este caso, por lo que se produce una incongruencia entre los hechos estimados y declarados probados con el delito del cual se le acusa. A.1) Concepto General: A través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. A2) Concepto Específico: “El legislador ofrece una aproximación al concepto de estafa en el artículo 240, al señalar que comete este delito quien «valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno». Pero el concepto tiene que completarse con los preceptos siguientes, relativos a la estafa y a otros fraudes: tiene que haber un desplazamiento patrimonial (precisamente en función de su cuantía se establecen las penas del art. 241), en perjuicio del sujeto pasivo (art. 243). En fin, de la lectura de los artículos 240, 242 y 243 puede extraerse una definición de este delito: cometen estafa quienes, con ánimo de lucro (en provecho propio o ajeno), utilizan engaño bastante y adecuado para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición o desplazamiento patrimonial en su propio perjuicio o en el de otro. Los elementos típicos que recoge esta definición son: Engaño, error, acto de disposición, perjuicio y ánimo de lucro. A) Engaño. El requisito o elemento esencial y diferencial del delito de estafa es el engaño antecedente, causante y bastante. Consiste en la patraña, superchería, ardid o maquinación insidiosa de que se vale el infractor para inducir a error al ofendido, viciando su voluntad y su consentimiento y determinándole a realizar una prestación o desplazamiento patrimonial que, de otra suerte, no hubiera efectuado. a) Engaño anterior. Para el delito de estafa el engaño ha de ser anterior o, al menos, coetáneo al acto de disposición y al consiguiente perjuicio patrimonial, toda vez que tal engaño debe ser el origen del error del disponente. Precisamente el momento en que se produce el engaño es especialmente relevante para delimitar y diferenciar la estafa de otros ilícitos que sólo tienen trascendencia civil. b) Engaño bastante. Que el engaño sea bastante, supone que no cualquier engaño es típico, sino tan sólo aquel que tenga un mínimo de idoneidad abstracta para producir el engaño en otro. Con frase bien expresiva, señalaba Carrara que mediante la estafa se protege el patrimonio ajeno, no simplemente la estulticia. B) Error. Puede entender como error el conocimiento equivocado o juicio falso de la realidad, total o parcialmente relevante, a que se llega como consecuencia de la conducta engañosa del sujeto activo. Tiene que estar en relación de causalidad con el engaño. El artículo 240 del CP exige que la conducta del agente «induzca» a otro a error. De ahí que cuando el error procede de la ignorancia absoluta del sujeto pasivo o de creencias previas adoptadas por el mismo, se niegue la existencia de estafa. No obstante, aprovecharse de la credulidad e ignorancia de quienes carecen de formación suficiente, para lograr de ellos un desplazamiento patrimonial, por parte de charlatanes, adivinos, brujos, etc., es considerado por el legislador hondureño como una falta contra el patrimonio, tipificada en el artículo 400.4) del CP, que puede estimarse como falta de estafa, pues no deja de ser un engaño ofrecer adivinar el futuro o curar el cáncer de una persona tocándole con las manos o diciendo unas palabras mágicas. C) Acto de disposición. Puede consistir tanto en una acción positiva (dar una cosa, constituir un gravamen sobre un bien, prestar algún servicio, renunciar a un derecho, etc.), como en una omisión que produzca el perjuicio señalado en la Ley (por ejemplo, dejar prescribir la acción de reclamación de lo debido por promesas después reveladas como falsas). El acto de disposición ha de ser realizado por la persona del engañado, que es el sujeto pasivo del delito, precisamente a consecuencia del error (se exige otra vez la relación de causalidad entre estos elementos). El perjuicio de tal acto de disposición provoca puede recaer sobre el propio disponente (sujeto pasivo de la acción y del delito) o sobre un tercero (sujeto pasivo del delito). En la figura llamada «estafa procesal» el engaño y el error se producen sobre el juez, quien realiza el acto de disposición al dictar una determinada resolución. D) Perjuicio. Puede recaer tanto en el propio disponente (sujeto pasivo de la acción engañosa), como en un tercero (sujeto pasivo del perjuicio). Esta última modalidad es la llamada estafa «en triángulo», en el que la persona destinataria del engaño no es la perjudicada, es decir, se engaña a una persona, quien sufre el error, en tanto que el perjudicado es un tercero. Hay que distinguir tres conceptos diferentes: Valor de lo defraudado, perjuicio causado y lucro obtenido. a) Valor de lo defraudado. Coincide con el valor del acto de disposición. Es éste el que determina la gravedad del delito de estafa y la correspondiente pena y multa (art. 241 del CP), y también sirve para diferenciar entre el delito y la falta que, según lo ya expuesto, depende de que, cantidad defraudada supere o no diez lempiras; b) Perjuicio causado. Es el perjuicio efectivo derivado del delito, entendido como la disminución patrimonial del engañado o del perjudicado. Corresponde a la cantidad que deberá exigirse en concepto de responsabilidad civil, que puede ser superior al valor de lo defraudado, porque existan perjuicios derivados o lucro cesante. El engaño cosiste en que el sujeto activo, a sabiendas y con ánimo de lucro, entrega una cosa o proporciona un servicio distinto del acordado, aunque sea del mismo valor económico. El daño patrimonial depende de la existencia de una disminución del patrimonio vinculada causalmente con la disposición patrimonial erróneamente motivada. El perjuicio patrimonial causado por la estafa consiste en la disminución del patrimonio sufrida por causa de la disposición patrimonial realizada. c) Lucro obtenido. Se corresponde con los incrementos habido en el patrimonio del sujeto activo como consecuencia de la incorporación del valor de lo defraudado y su posterior transformación. Este incremento patrimonial es ajeno al valor de lo defraudado y al perjuicio causado, de suerte que no servirá para determinar la gravedad del delito ni tampoco el alcance de la responsabilidad civil. E) Ánimo de lucro. Aunque no se mencione expresamente, está incluido en la expresión «en provecho propio o ajeno», del artículo 240 del CP. Se trata de un elemento subjetivo del injusto, que consiste en la intención del sujeto activo de obtener una ventaja o enriquecimiento patrimonial, que puede ser para sí mismo o para un tercero. Como en otros delitos de enriquecimiento –ya lo señalamos anteriormente al tratar el robo–, el concepto de ánimo de lucro es muy amplio, por cuanto se extiende a cualquier ventaja, provecho, beneficio o utilidad, incluso la meramente contemplativa o de ulterior beneficencia”. [1] A.3) De la Procedencia Recurso. el Recurso No es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico: Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el censor del fallo que se impugna plantea un recurso de casación de infracción de ley sustantiva fundado en la aplicación indebida del contenido artículo 240 del Código Penal del Código Penal, precepto legal que prescribe: “Comete el delito de Estafa quien, con nombre supuesto, falsos títulos, influencias o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho, propio o ajeno”. Considera el censor del fallo impugnado que los hechos declarados probados por el Juzgador señalan que es la señora Rosario Godoy Pérez quien gestiona la transacción al ofrecer en venta dos lotes de terreno a la señora Dominga Lazo Cárcamo y el señor Dionisio Irías confía en las gestiones realizadas por esta a quien le ha otorgado poder. Esgrime que los elementos requeridos para el delito de Estafa se configuran en la acción desplegada por la señora Rosario Godoy Pérez, no así en la participación del acusado Florencio Irías pues en su caso, no hay engaño, ni disposición patrimonial producto de error y engaño que haya efectuado Florencio Irías. Por lo que hay incongruencia entre los hechos declarados probados con el delito de Estafa de que se le acusa. El juzgador de instancia declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: Mediante escritura pública 183 de fecha 17 de marzo de 2003, que aparece otorgada por los señores Dionisio Irías García y Florencio Irías García, aparece que los mismos dieron en venta un inmueble ubicado en Quebrada Seca, perteneciente al sitio La Hoya de Tegucigalpa, inscrita en el 45 folios 76 al 77 del Tomo 3 Libro 1, cuya medida databa del año 1896 y que decía ser capaz contener un medio de maíz de sembradura, el cual fue objeto de remedida y actualizadas sus colindancias, determinándose que el mismo constaba de cuarenta mil varas cuadradas, el cual fue vendido a Lotificadora Amarateca S.A., lo cual quedó inscrito tres meses después, es decir en fecha 18 de Junio de 2003 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Dicha transacción fue gestionada por la señora Rosario Godoy Pérez, con la anuencia del señor Florencio Irías, quien procedió a firmar dicha escritura pública en la fecha indicada en la misma. Segundo: Posteriormente, la señora Rosario Godoy Pérez ofreció en venta dos lotes de terreno a la señora Dominga Lazo Cárcamo, por el precio convenido de ochocientos treinta mil lempiras, los cuales se pagaron en tres cuotas, la primera por un valor de cuatrocientos treinta mil, la segunda por doscientos setenta y cinco mil y una tercera por veinticinco mil lempiras, a cambio de lo cual se le dieron los recibos respectivos firmados por la señora Rosario Godoy y Florencio Irías, otorgándosele a la señora Dominga Lazo Cárcamo dos escrituras de compraventa, correspondientes respectivamente a dos fracciones del mismo inmueble, que sabían que se le había vendido anteriormente a Lotificadora Amarateca y cuyo asiento era el mismo número 45, folio 76 al 77 del Tomo 3 del Libro 1 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, por ende se vendieron cuando ya no se podía disponer de los mismos. Dichas escrituras no pudieron ser inscritas en el Registro de la Propiedad antes citado, ahora Instituto de la Propiedad, porque también presentaba problemas de individualización y ubicación exacta del inmueble, debido a otras inscripciones de venta de terrenos de otros familiares de los señores Florencio y Dionisio Irías, que también se habían declarado herederos. Tercero: El señor Dionisio Irías, firmó las escrituras a favor de la señora Dominga Lazo Cárcamo luego de confiar en las gestiones realizadas por la señora Rosario Godoy, a quien le había otorgado poder y luego de que su sobrino, el señor Florencio Irías, le dijera que ya le habían pagado el dinero a la señora Rosario Godoy Pérez por los terrenos vendidos a la señora Dominga Lazo Cárcamo, desconociendo la cantidad original por la que se realizó la venta, tal como consta en los recibos otorgados. De igual forma, en fecha no determinada, el señor Dionisio Irías firmó una escritura de compraventa a favor de Lotificadora Amarateca, desconociéndose si fue antes de las escrituras otorgadas a favor de la señora Dominga Lazo Cárcamo.” Esta Sala considera que, los elementos esenciales para la existencia del delito de estafa son: engaño, error, disposición patrimonial, perjuicio y provecho propio o ajeno. El primer elemento hace referencia a la conducta engañosa, esta consiste en una simulación o disimulación capaz de inducir a error a una o varias personas. Puede consistir en la afirmación de hechos falsos como en la desfiguración de los verdaderos. La conducta engañosa debe ser suficientemente idónea para provocar un error en otra persona. Se produce un error cuando a consecuencia de la acción engañosa se ha causado una suposición falsa. La acción engañosa debe ser causa de ese error, debe existir pues una relación de causalidad entre ambos. El que el engaño sea causa adecuada para producir error, es una cuestión que debe resolverse en atención a las diversas circunstancias concurrentes. Es suficiente con que en abstracto pueda racionalmente ejercer influencia en el ánimo del sujeto pasivo que le mueva a hacer la disposición patrimonial. Pero también debe tenerse en cuenta la personalidad del sujeto, su inteligencia, su edad, sus relaciones con el sujeto activo, etc. El engañado a consecuencia del error debe realizar una disposición patrimonial, es decir, la entrega de una cosa o la prestación de un servicio, lo mismo da que consista en un hacer que un omitir. El engaño puede actuar sobre el perjudicado o sobre otra persona. La disposición patrimonial debe haber producido un perjuicio en el engañado o en un tercero y de manera coetánea un provecho o beneficio para el sujeto pasivo o para un tercero. Por eso la estafa se ubica dentro de los delitos patrimoniales de “enriquecimiento”. Este provecho debe ser la finalidad del autor al cometer el delito, por lo que es de extraordinaria importancia para la caracterización de la tipicidad, pues ésta, como en otros delitos patrimoniales, requiere un elemento subjetivo específico: el ánimo de lucro. Dentro del tipo subjetivo se requiere, además, el dolo que debe abarcar o referirse a los elementos objetivos es decir al engaño, al error, a la disposición patrimonial y a la causación de un perjuicio. De la lectura del relato fáctico de la sentencia recurrida, revela que el acusado señor Florencio Irías García, y otra persona dieron en venta el inmueble ubicado en Quebrada Seca, perteneciente al sitio La Hoya de Tegucigalpa, inscrita en No. 45, folios 76 al 77 del Tomo 3 Libro 1, con extensión superficial cuya remedida resultó ser cuarenta mil varas cuadradas, a la Lotificadora Amarateca S.A., inscrita el 18 de junio de 2003 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, en transacción gestionada por la señora Rosario Godoy Pérez, con plena anuencia del señor Florencio Irías, quien firma la escritura pública de tradición. Asimismo, que con fecha posterior, a la venta de dicho inmueble la señora Rosario Godoy Pérez, representante del acusado Florencio Irías García, ofreció también en venta dos lotes del mismo terreno, a la señora Dominga Lazo Cárcamo, por el precio convenido de ochocientos treinta mil lempiras, pagado en tres cuotas, la primera por un valor de cuatrocientos treinta mil, la segunda por doscientos setenta y cinco mil y una tercera por veinticinco mil lempiras, a cambio de lo cual se le dieron los recibos respectivos firmados por la señora Rosario Godoy y Florencio Irías, por lo que este último otorga a favor la señora Dominga Lazo Cárcamo dos escrituras de compraventa, correspondientes a las dos fracciones del inmueble, que sabían que el mismo ya había vendido a la Lotificadora Amarateca. En este caso, la acción engañosa desplegada por el acusado Florencio Irías, consiste en aprobar las gestiones de venta realizada la señora Dominga Lazo Cárcamo, en la acción de vender dos lotes de terreno del inmueble inscrito en el asiento No.45, folio 76 al 77 del Tomo 3 del Libro 1 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, con plena consciencia y conocimiento que días antes había vendido dicho inmueble a favor de la Sociedad Lotificadora Amarateca, S.A., y haber recibido por dicha venta, sin causa legal la suma de ochocientos treinta mil lempiras, en tres pagos, la primera por un valor de cuatrocientos treinta mil, la segunda por doscientos setenta y cinco mil y una tercera por veinticinco mil lempiras, a cambio de lo cual se le dieron a esta tres recibos firmados tanto por la señora Rosario Godoy, como por el acusado señor Florencio Irías; y además procediendo el señor Florencio Irías, a autorizar con su firma a favor de la señora Dominga Lazo Cárcamo dos testimonios de escrituras públicas, que la interesada nunca pudo inscribir a su favor en el Instituto de la Propiedad. De todo ello se deriva que la acción desplegada por el acusado Florencio Irías, es realizada en concierto de voluntades y de forma conjunta con la señora Rosario Godoy Pérez, realizada con plena consciencia y conocimiento que los dos lotes del inmueble inscrito en el No.45, folio 76 al 77 del Tomo 3 del Libro 1 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, con anterioridad había sido vendidos a la Lotificadora Amarateca. Por lo anterior, las acciones desplegadas por el acusado Florencio Irías, se subsumen perfectamente en el delito de estafa tipificada y sancionados en los Artículos 240 del Código Penal, por lo que la sentencia impugnada no incurre en manera alguna en infracción de ley por aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de Estafa. V. DECISIÓN. Esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley, invocado por el recurrente. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 240 del Código Penal; y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en único motivo, interpuesto por la abogada Sofía Lozano Canales, Defensora Pública del señor Florencio Irías García, en la causa en que se condena a los señores Rosario Godoy Pérez y Florencio Irías García, como autores del delito de Estafa, en perjuicio de la señora Dominga Lazo Cárcamo; Segundo: Declarar Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GÚZMAN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-216-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Manual de Derecho Penal. Volumen 1. Parte Especial. Consultor Internacional Dr. Manuel Estrella Ruiz. Páginas 334-348.