Sentencia CP-214-17 — Registro 13113
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados por los delitos de asesinato y por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. resolviendo No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ante lo denunciado por el recurrente ha realizado una revisión exhaustiva de la sentencia y analiza que el Sentenciador en el numeral octavo de su valoración probatoria, explica las razones por las cuales apartó de valoración al dictamen pericial practicado al arma decomisada a los acusados; advierte el juzgador que se violentaron garantías constitucionales que rigen las normas procesales en el debido proceso, así como el principio de igualdad entre las partes, de contradicción, asistencia y defensa, ya que la causa dio inicio en fecha 12 de enero de 2013 con la presentación del requerimiento fiscal y se aprecia que la solicitud de la pericia del arma decomisada fue peticionada a Medicina Forense de manera unilateral por parte del Ministerio Público en fecha 14 de enero de 2013 y realizada el 15 de ese mismo mes y año, es decir cuando la causa ya estaba judicializada, obviándose así el control jurisdiccional que debe regir los actos procedimentales, violentando con ello la garantía del debido proceso, considerando dicha prueba como prohibida que carece de valor probatorio. Para esta Sala de Casación, los argumentos que ha establecido el sentenciador para apartar de valoración el dictamen pericial del arma encontrada a los acusados reviste de legalidad y fundamento procesal, pues si bien refiere el artículo 273 del Código Procesal Penal la posibilidad que el Ministerio Público practique pericias sin contar con autorización judicial, al final de dicho artículo establece una excepción, cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los tratados internaciones de los que Honduras forme parte; en el caso sometido a juicio estamos hablando de una pericia de mucha importancia para la investigación que se practicó sin control jurisdiccional aun y a pesar que la causa ya se encontraba bajo la tutela del Juez de Garantías, recordemos que el artículo 273 forma parte del Capítulo II referente a la investigación preliminar, en dicha etapa el Ministerio Público cuenta con todas las facultades señaladas por la ley para citar a personas, tomar declaraciones, practicar inspecciones, realizar pericias y adoptar medidas urgentes para preservar elementos de prueba; pero todas esas facultades son conferidas al ente acusador en el entendido de que aún no existe un Juez de Garantías que vele por dicho procedimiento pues la causa se encuentra precisamente en investigación, pero una vez presentado el requerimiento fiscal, el garante y responsable de ese proceso es el Juez de Garantías quien velará para que todos los procedimientos se lleven a cabo conforme al debido proceso y a los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. El artículo 242 del Código Procesal Penal establece que el Tribunal de Sentencia competente y durante la etapa preparatoria, el Ministerio Publico o el Juez, con conocimiento de las partes, cuando se haya de practicar prueba pericial, seleccionará los peritos. Una vez investido judicialmente, el perito procederá a cumplir el encargo recibido, la autoridad que lo nombró, la comunicará a las partes, para que pueda presenciar su práctica. Ante tales disposiciones este artículo confirma que, si bien el Ministerio Público tiene la potestad de ordenar la práctica de pruebas, estás se harán en la parte investigativa del proceso, pero una vez que dicha causa este bajo el control judicial, será el Juez quien ordene esas pruebas periciales. En el caso sometido a estudio es evidente el error del ente acusador al ordenar de forma deliberada y unilateral una prueba pericial tan importante, sin tener ninguna urgencia o peligro de perdida de la misma, volviendo esa pericia espuria por violentarse normas procedimentales y sin la posibilidad que la misma será valorada por el Juzgador, en ese orden de ideas la decisión del Sentenciador al excluir de valoración dicha prueba pericial fue correcta y totalmente legal; pues de permitir dichas prácticas erróneas seria abrir una puerta muy delicada para posibles abusos. Por tales motivos es procedente desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún (21) días del mes de octubre dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 214-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual; Primero: Absolvió a los señores Edwin Ricardo Serrano Membreño y Jaime Emanuel Corea Bonilla, del delito de Asesinato en perjuicio del señor Jorge Ausberto Moreno Molina. Segundo: Absolvió al señor Edwin Ricardo Serrano Membreño, del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: No procede condenar en costas. Cuarto: Se ordena la devolución del objeto ya descrito que ingreso como evidencia a juicio, a quien demuestre ser su legítimo propietario. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Foad Alejandro Castillo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y las Abogadas Alba Regina Paniagua y Dinabel López Durón, en su condición de defensoras públicas del señor Edwin Ricardo Serrano Membreño, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha doce de enero del año dos mil trece , aproximadamente a los once de la mañana, por la treinta y tres calle de esta ciudad de San Pedro Sula a inmediaciones de la colonia San José cinco, se conducía el señor JORGE AUSBURTO MORENO MOLINA a bordo de un vehículo tipo pick up, color rojo marca Mitsubishi , cuando sorpresivamente fue interceptado por los ocupantes de un vehículo taxi, tipo turismo, marca Citroen, sin placa con número de registro 2791, propiedad de Conapol quienes dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad del señor Moreno Molina , impactándole ocho proyectiles causándole heridas que le provocaron la muerte de manera inmediata. SEGUNDO: Una hora cuarenta minutos más tarde, agentes de la policía observaron cuando los señores EDWIN RICARDO SERRANO MEMBREÑO Y JAIME EMANUEL COREA BONILLA, se bajaron de un vehículo tipo taxi con número 2791 que se encontraba estacionado en una avenida de la colonia Felipe Zelaya, a quienes dan captura para luego ponerlos a la orden de autoridad competente.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: UNICO MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescribe: Articulo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO como ser el Dictamen de Balística Número 2013-0801-0502-0293, realizado por Perito HARRY REYES LANZA, consistente en dictamen de análisis comparativo del arma de fuego tipo pistola, marca SARSIL MAZ, 97B, calibre 9MM, con serie T1102-07G00445; que fue encontrada en el vehículo donde se conducían los acusados el día que ocurrieron los hechos y que fueron aprehendidos; con los casquillos que fueron encontrados en la escena y las ojivas recuperadas en el cuerpo de la víctima, en el cual se concluyó que dicha arma si percudió esos casquillos y disparó las balas encontradas en el cuerpo del occiso; asimismo que dicha arma se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. El sentenciador excluyó esa prueba y la consideró invalida, porque a su criterio se violentaron normas esenciales de procedimiento, con infracción del Principio de igualdad de las partes, de contradicción, asistencia y defensa, ya que la causa dio inicio en fecha doce de enero del año dos mil trece, con la presentación del Requerimiento Fiscal y se aprecia que la solicitud de la pericia fue peticionada a Medicina Forense de manera unilateral por parte del Ministerio Público, en fecha catorce de enero del año dos mil trece y realizada el quince de enero de ese mismo año, dos días después de la presentación del Requerimiento, es decir estando ya judicializada la causa y se obvió el control jurisdiccional que debe regir en las actuaciones procedimentales, violentando con ellos la garantía del debido proceso y convirtiéndose la pericia en una prueba prohibida, que carece de valor probatorio para atribuir al arma señalada y que fue objeto de análisis, se encuentra en buen estado de funcionamiento, así como para establecer que la misma disparó las balas recuperadas en la autopsia número 2013-0501-0401-91, practicada al señor Jorge Ausberto Moreno Molina y que también disparó las balas contenidas en los depósitos uno y tres del material remitido para análisis. Ante el cuestionamiento del sentenciador debemos establecer que el artículo 273 del Código Procesal Penal, en los numerales 3 y 4, legitima al Ministerio Público para realizar pericias en todos los campos de la Criminalística y de la Medicina Forense; asimismo para adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse y para la realización de esas diligencias, el mismo artículo señala que no se necesita autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y de los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. En el presente caso, en fecha once de enero del año dos mil trece, aproximadamente a las once de la mañana, el señor Jorge Ausberto Moreno Molina se conducía en un vehículo Mitsubishi, en compañía de otra persona con identidad desconocida; por la 33 Calle de la ciudad de San Pedro Sula, cuando fue interceptado por un vehículo tipo taxi con registro 279, del que le hicieron varios disparos, que le ocasionaros la muerte y de inmediato las personas que se conducían en el taxi 2791 escaparon del lugar, siendo perseguidos por la Policía, la cual logró dar con Paradero en la colonia Felipe Zelaya; el vehículo era conducido por el señor Edwin Serrano y el señor Jaime Corea iba como pasajero y al realizar inspección en la guantera del vehículo se encontró el arma tipo pistola, marca SARSIL MAZ, 97B, calibre 9MM, con serie T1102-07G00445, de la cual ninguno de los acusados portaba documentación que acreditase su registro y al ser analizada dicha arma por el Perito de Balística se encontró que la misma se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y que a la vez percutió los casquillos que fueron encontrados en la escena del crimen y las balas recuperadas en el cuerpo de la víctima. Y no obstante a que ya se había presentado el Requerimiento Fiscal nos encontramos en la etapa preparatoria del proceso, en el cual ente acusador se encontraba legitimado para realizar esa diligencia, es decir no necesitaba autorización judicial como lo estableció el Juzgador , ya que quien practica la pericia es un Perito Oficial del Ministerio Público, por ende no requería juramentación en esa etapa del proceso y en ningún momento se violentaron derechos fundamentales al acusado, ya que como parte de las diligencias, en las cuales la Policía Nacional también está legitimada se procedió al decomiso del arma de fuego, la que fue objeto de comparación con otros elementos que fueron encontrados en el escenario de los hechos y el cuerpo de la víctima, además de que no era necesaria la juramentación del perito, no se violentaron normas de procedimiento y principios que rigen el proceso como los de Igualdad y Defensa y la parte contraria tenía el momento procesal oportuno para hacer uso del contradictorio en relación a ese medio de prueba. Así las cosas, resulta evidente el grave error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión el dictamen de Balística practicado al arma que le fue decomisada a los acusados en el vehículo que se conducían en el momento de la comisión del ilícito, la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y cuya comparación con los demás indicios encontrados en la escena del crimen resultó positiva, diligencia que como ya lo indicamos cumplía con los presupuestos procesales para su admisión, en consecuencia se acredita la legitimidad de la misma y por ende al suponer un rechazo expreso en los extremos descritos en el fallo antes señalado se excluyó su valor probatorio que es decisivo en el presente proceso. Conforme a lo expuesto se concluye, que si el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, recurrido hubiere apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado que los imputados EDWIN RICARDO SERRANO MEMBREÑO y JAIME EMANUEL COREA BONILLA, eran responsables del delito de ASESINATO, cometido en perjuicio de JORGE AUSBERTO MORENO MOLINA y de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO; en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio." Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando:
No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y
Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: articulo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: exclusión de prueba de valor decisivo. Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio en el acto de sentenciar no ha podido efectuarse reclamación alguna. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que el Tribunal de Sentencia excluyó prueba de valor decisivo como el dictamen de balística número 2013-0801-0502-0293 realizado por el perito Harry Reyes Lanza, referente al análisis comparativo del arma de fuego tipo pistola marca Sarsil MAZ, 97B, que fue encontrada en el vehículo donde se conducían los acusados el día que ocurrieron los hechos y que fueron aprehendidos, con los casquillos que fueron encontrados en la escena y las ojivas recuperadas en el cuerpo de la víctima, en el cual se concluyó que dicha arma si percutió esos casquillos y disparó las balas encontradas en el cuerpo de la víctima. El sentenciador excluye esta prueba pues a su criterio en su elaboración se infringió el principio de igualdad de las partes, de contradicción, asistencia y defensa, pues el mismo fue practicado por orden del Ministerio Público cuando la causa ya se encontraba judicializada. De los motivos de casación que surgen del artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Este numeral contiene diferentes vicios, que merecen ser analizados de forma separada: a) Que la sentencia se base en medios de prueba no incorporados legalmente al juicio. El Artículo 338, sección cuarta, numeral 2, del Código Procesal Penal de Honduras (CPP), indica, en el apartado "Valoración de la prueba", que el tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. El vicio ocurriría entonces, cuando el juzgador fundamente su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si los elementos de convicción se hubieran practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen al proceso penal en la actividad probatoria (y no se tratase de las excepciones que a esos principios establece la ley). Es aplicable el vicio, en consecuencia, al caso en que la sentencia se basara en prueba prohibida o prueba ilícita, puesto que en ambos supuestos se estaría vulnerando la "garantía judicial" del principio de legalidad, según la cual el juicio penal debe desarrollarse de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, siendo indudable que cuando se ha practicado algún medio de prueba violentando la ley o derechos fundamentales estaríamos ante una práctica ilegal de pruebas que no podrían dar validez a la sentencia, por tratarse, como se observó en el apartado de la motivación, de una fundamentación ilegítima. Asimismo, se observaría el vicio cuando el tribunal utilice como elemento de convicción algún elemento no incorporado en el acto de debate, puesto que legalmente éste es el momento en que desfilarán ante los ojos del juzgador y las partes los elementos de convicción, de tal suerte que se infringiría el artículo 336, primer párrafo, que demanda que los jueces de juicio sólo tendrán en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. Ante esas situaciones. resulta incuestionable que se produciría un estado de indefensión en perjuicio de la parte afectada por el fallo basado en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio, lo que a su vez generaría una vulneración al principio acusatorio, puesto que ubicaría al órgano jurisdiccional en una posición de interés con dicha incorporación ilegítima de prueba. b) Que la sentencia se base en medios de prueba incorporados por lectura en violación a las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del CPP. El Artículo 311 del CPP es la norma que autoriza la incorporación por lectura de la prueba, como excepción al principio de oralidad que rige los actos procesales del debate, específicamente las diligencias de prueba. De ello resulta que el vicio citado existiría cuando se introduzcan por lectura pruebas no referidas en los casos que esa disposición señala, puesto que son los únicos que el CPP autoriza, según lo consigna el párrafo final del mismo; así, como cuando tratándose de esos casos autorizados, se infrinjan las reglas establecidas para esa incorporación (como por ejemplo, que tratándose de una prueba anticipada recibida al ofendido cuya muerte se temía, éste haya sobrevivido al ataque y estaba disponible a declarar en el debate y no fue citado a ese efecto; asimismo, si la lectura de la prueba es realizada por los Abogados y no por el secretario del Tribunal de Sentencia). c) Que la sentencia excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. Este motivo resulta de dos hipótesis: la sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio refleja entonces la infracción de los artículos: a) 202, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336, que señala que el tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto; y, c) 338, sección cuarta, numeral 2, que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que, si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que, en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción, el juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso en que el tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la prueba y esa excursión es correcta, y aún si la prueba ha sido valorada, aunque lo fuera de forma desacertada, debiéndose en ambos supuestos rechazar el motivo (en el segundo caso, el ataque casacional se produciría de conformidad al motivo a referirse en el numeral 3 del Art. 362 CCP. Pero no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración) de la prueba, es necesario que ella sea de valor decisivo. Los límites de esa determinación tendrán que establecerlos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al resolver sobre el planteamiento de este motivo, pero indudablemente esa consideración dependerá del caso en particular. Lo que sí se puede adelantar, es que este motivo implicará, como señala DE LA RÚA, efectuar la operación de inclusión mental hipotética, en cuyo caso, de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del juez, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieren sido necesariamente distintas. Por eso se recalca que la consideración de “decisivas” dependerá de cada caso en particular. Lo cierto es que el estudio de este vicio, no nos debe conducir a las conclusiones jurisprudenciales del pasado que el vicio de error de hecho en la valoración de la prueba, que informaba el antiguo Código de Procedimientos Penales, llevó a la Corte Suprema de Justicia, cuando rechazaba prueba pericial, testifical o confrontaciones (reconocimientos), porque no constituían "documentos o actos auténticos", a pesar de contener un importante peso conviccional (por supuesto que esas conclusiones tenían como justificantes el sistema procesal escrito y la concepción del vicio de "error de hecho en la valoración de la prueba" que informaba la vieja casación, partiendo de un sistema de prueba tasada). Ahora, podrá considerarse como prueba decisiva, no sólo cierta prueba restringidamente establecida, sino cualquiera, basándose en el principio de libertad probatoria que ahora rige la materia, por lo que podrán constituirlas los dictámenes periciales, los reconocimientos, la prueba documental, etc., siempre que, recurriendo al juicio de inclusión hipotética arriba apuntado, conduzca a modificar la reconstrucción del hecho efectuada por el tribunal de instancia. Ello significa que este vicio (junto con la vulneración de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba) conllevará a la revisión de los hechos probados, puesto que la mentada operación hipotética tendrá que proyectarse en el relato histórico de la sentencia cuestionada, lo que implicará un ataque indirecto al factum. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ante lo denunciado por el recurrente ha realizado una revisión exhaustiva de la sentencia y analiza que el Sentenciador en el numeral octavo de su valoración probatoria, explica las razones por las cuales apartó de valoración al dictamen pericial practicado al arma decomisada a los acusados; advierte el juzgador que se violentaron garantías constitucionales que rigen las normas procesales en el debido proceso, así como el principio de igualdad entre las partes, de contradicción, asistencia y defensa, ya que la causa dio inicio en fecha 12 de enero de 2013 con la presentación del requerimiento fiscal y se aprecia que la solicitud de la pericia del arma decomisada fue peticionada a Medicina Forense de manera unilateral por parte del Ministerio Público en fecha 14 de enero de 2013 y realizada el 15 de ese mismo mes y año, es decir cuando la causa ya estaba judicializada, obviándose así el control jurisdiccional que debe regir los actos procedimentales, violentando con ello la garantía del debido proceso, considerando dicha prueba como prohibida que carece de valor probatorio. Para esta Sala de Casación, los argumentos que ha establecido el sentenciador para apartar de valoración el dictamen pericial del arma encontrada a los acusados reviste de legalidad y fundamento procesal, pues si bien refiere el artículo 273 del Código Procesal Penal la posibilidad que el Ministerio Público practique pericias sin contar con autorización judicial, al final de dicho artículo establece una excepción, cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los tratados internaciones de los que Honduras forme parte; en el caso sometido a juicio estamos hablando de una pericia de mucha importancia para la investigación que se practicó sin control jurisdiccional aun y a pesar que la causa ya se encontraba bajo la tutela del Juez de Garantías, recordemos que el artículo 273 forma parte del Capítulo II referente a la investigación preliminar, en dicha etapa el Ministerio Público cuenta con todas las facultades señaladas por la ley para citar a personas, tomar declaraciones, practicar inspecciones, realizar pericias y adoptar medidas urgentes para preservar elementos de prueba; pero todas esas facultades son conferidas al ente acusador en el entendido de que aún no existe un Juez de Garantías que vele por dicho procedimiento pues la causa se encuentra precisamente en investigación, pero una vez presentado el requerimiento fiscal, el garante y responsable de ese proceso es el Juez de Garantías quien velará para que todos los procedimientos se lleven a cabo conforme al debido proceso y a los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. El artículo 242 del Código Procesal Penal establece que el Tribunal de Sentencia competente y durante la etapa preparatoria, el Ministerio Publico o el Juez, con conocimiento de las partes, cuando se haya de practicar prueba pericial, seleccionará los peritos. Una vez investido judicialmente, el perito procederá a cumplir el encargo recibido, la autoridad que lo nombró, la comunicará a las partes, para que pueda presenciar su práctica. Ante tales disposiciones este artículo confirma que, si bien el Ministerio Público tiene la potestad de ordenar la práctica de pruebas, estás se harán en la parte investigativa del proceso, pero una vez que dicha causa este bajo el control judicial, será el Juez quien ordene esas pruebas periciales. En el caso sometido a estudio es evidente el error del ente acusador al ordenar de forma deliberada y unilateral una prueba pericial tan importante, sin tener ninguna urgencia o peligro de perdida de la misma, volviendo esa pericia espuria por violentarse normas procedimentales y sin la posibilidad que la misma será valorada por el Juzgador, en ese orden de ideas la decisión del Sentenciador al excluir de valoración dicha prueba pericial fue correcta y totalmente legal; pues de permitir dichas prácticas erróneas seria abrir una puerta muy delicada para posibles abusos. Por tales motivos es procedente desestimar el presente recurso de casación. Decisión. Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 242, 273, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Fredy Alvarado, en su condición de fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra los señores Edwin Ricardo Serrano Membreño y Jaime Emanuel Corea Bonilla a quienes se les absolvió por el delito de Asesinato en perjuicio de Jorge Ausberto Moreno Molina y por el delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha doce de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Rafael Bustillo Romero Magistrado Coordinador Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-214-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL