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Sentencia CP-214-16 — Registro 11998

Resumen

En primera instancia se condenó a la imputada como autora directa de un delito de usurpación en perjuicio de una propiedad. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este apartado valorativo es que recae el objeto de recurso, pues el censor del fallo considera que el sentenciador infringió la regla de la lógica en su principio de razón suficiente al valorar el acervo probatorio evacuado en juicio. De manera previa, la Sala de lo Penal considera importante apuntar que el principio denunciado como infringido (razón suficiente), es aquél por el cual toda conclusión requiere de una razón suficiente que justifique su existencia, es por ello que se debe auditar si las inferencias intelectivas alcanzadas por el sentenciador a manera de conclusión, se encuentran racionalmente encadenadas a la prueba valorada, es decir, no falsean o no se apartan de su elemento probatorio; más no es labor de la Sala de lo Penal realizar una valoración probatoria sustitutiva a la realizada por el sentenciador, pues es éste el único facultado para realizar dicha función valorativa al cumplir los principios de inmediación, contradicción, publicidad y oralidad que rigen la actividad de la prueba. Cuando nos remitimos a la valoración probatoria (descriptiva e intelectiva), nos damos cuenta de que los razonamientos valorativos del sentenciador alcanzados a manera de conclusión se encuentran objetivamente derivados de su elemento probatorio, pues la prueba documental consistente en la certificación de la sentencia definitiva emitida el 11 de abril de 2002, por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán, en la demanda ordinaria de reivindicación de dominio e indemnización de daños y perjuicios interpuesta por la señora María Concepción Zapata de Navarro contra la señora Juana Josefina Rodas (acusada), en relación al bien inmueble inscrito a favor de la demandante bajo el asiento No. 93 del Tomo 191 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, acreditó para el Tribunal de Sentencia que la demanda fue declarada con lugar, y, en consecuencia, se condenó en aquella instancia a la señora Juana Josefina Rodas a la restitución inmediata de la fracción del bien inmueble que ocupaba. Asimismo, el testimonio de escritura pública número 290 autorizada por el Notario Mario Tejeda Cáceres, acreditó para el Tribunal de Sentencia que la señora María Concepción Zapata de Navarro (demandante en la acción civil) vendió a la señora Carmen Lucía Pavón Ochoa de Cáceres (ofendida en la causa penal), una fracción de terreno consistente en cinco mil setecientos cuarenta punto ochenta metros cuadrados, equivalentes a ocho mil doscientos treinta y tres punto cero dos varas cuadradas, dentro del cual se encontraba la fracción de terreno que ya había sido ordenada su restitución inmediata por la jurisdicción civil mediante sentencia firme. El sentenciador en su valoración intelectiva también toma en cuenta la circunstancia fáctica bajo la cual la señora Carmen Lucía Pavón Ochoa (ofendida) realizó la compraventa del bien inmueble a la señora María Concepción Zapata, pues su fin era evitar que se ejecutara la orden de desalojo en contra de la acusada que había sido ordenado por la jurisdicción civil, pues se acreditó en instancia la existencia de una relación de amistad previa entre el esposo de la ofendida y el esposo de la acusada, por lo que se convino comprar el bien inmueble y posteriormente la acusada debía pagar el monto de la fracción de terreno que ocupaba a la compradora, condición que no solamente incumplió, sino que decidió ejercer clandestinamente derechos reales sobre una parcela de terreno más amplia a la que ocupaba inicialmente (544 mts2 más). Esta circunstancia se dio por acreditada para el sentenciador a partir del dictamen pericial emitido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Ingeniera Civil Lesbia Concepción Martínez Contreras y la prueba testifical consistente en las declaraciones de la señora María Concepción Zapata Chávez, Carmen Lucía Pavón Ochoa, Arnulfo de Jesús Cáceres Murillo, Catalino Mejía Ramírez, Lizeth Coello Galo, Santos Julián Oseguera Ruíz y Lily Janeth Enamorado Calderón. A partir de lo expuesto, no puede darse la razón al recurrente al argumentar que no hay razón suficiente para concluir el elemento dolo en la comisión del hecho punible, pues según los elementos de prueba, los cuales al ser valorados en instancia reflejaron el conocimiento previo que tenía la acusada de la ajenidad del bien inmueble de la cual disponía, ya se había disipado toda duda sobre quién era legalmente la titular del bien inmueble, y aún teniendo ese conocimiento emprendió su acción de ejercer derechos reales sobre una superficie que rebasaba los límites de la fracción de terreno que ocupaba inicialmente, sin contar con la autorización debida y aún en contra de la voluntad de su propietaria, quien en reiteradas ocasiones le había pedido que desalojara el bien inmueble. Por ello, se concluye, que la prueba ha sido valorada de conformidad a la regla de la lógica, existe coherencia y concordancia entre el elemento prueba y la inferencia intelectiva derivada. Encuentra razón suficiente para construir la premisa fáctica de la sentencia, pues tal fundamento de juicio nace a partir de la valoración conjunta de los medios de prueba anteriormente citados, son juicios derivados y están intrínsecamente relacionados con la prueba, lo que excluye la posibilidad de infracción al principio lógico de razón suficiente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 214-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenar a la acusada Juana Josefina Rodas Pérez, como autora directa de un delito de usurpación en perjuicio de la propiedad de Carmen Lucía Pavón Ochoa a la pena de dos años con seis meses de reclusión. Segundo: Se le impone a la acusada Juana Josefina Rodas Pérez, las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. Tercero: Se declara a la acusada Juana Josefina Rodas Pérez, responsable civilmente de los perjuicios ocasionados a la señora Carmen Lucía Pavón Ochoa, así como al desalojo del bien inmueble usurpado por el cual se le condena para el caso de que actualmente el inmueble siga usurpado por la condena. Cuarto: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Se ordena desalojar el inmueble objeto de controversia a la señora Juana Josefina Rodas Pérez, una vez se encuentre firme la presente sentencia. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Jacobo Noel Reyes Matute, en su condición de defensor público de la señora Juana Josefina Rodas Pérez. Son partes en única instancia: el Abogado Jacobo Noel Reyes Matute, en su condición de defensor público de la señora Juana Josefina Rodas Pérez, como recurrente; la Abogada Miriam Emilda García, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Los Integrantes de este Tribunal de Sentencia, valorando las pruebas evacuadas durante el debate conforme a reglas de la sana crítica y en congruencia con la formalización de acusación y contestación de cargos efectuadas durante la audiencia preliminar, de los hechos descritos en los antecedentes procesales del auto de apertura juicio y los expuestos durante el inicio del debate, se dan por acreditados los siguientes hechos: PRIMERO: En el año dos mil tres, la señora CARMEN LUCÍA PAVÓN OCHOA compró a la señora MARÍA CONCEPCIÓN ZAPATA un predio de terreno con un área de cinco mil setecientas cuarenta punto ochenta metros cuadrados ubicado en el sector conocido con el nombre “Guachipilín” de la colonia La Era Número Uno de Tegucigalpa con el fin de evitar la ejecución de una orden judicial de desalojo de dicho terreno contra la señora JUANA JOSEFINA RODAS PÉREZ en el cual ocupaba un área de ciento veintiséis metros cuadrados dentro del inmueble que era propiedad de la señora MARÍA CONCEPCIÓN ZAPATA desde mil novecientos setenta y siete, el cual a partir del año dos mil tres pasó a ser propiedad de la señora CARMEN LUCÍA PAVÓN OCHOA mediante la compra venta en mención. SEGUNDO: El trece de agosto del dos mil cuatro, el terreno en mención fue inscrito a favor de la señora CARMEN LUCÍA PAVÓN OCHOA en Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Francisco Morazán (cuyas funciones ahora las asume el Instituto de la Propiedad) en el asiento número noventa y nueve (99) del tomo cuatro mil trescientos siete (4307). TERCERO: A partir del año dos mil tres, la señora JUANA JOSEFINA RODAS PÉREZ aprovechó con el tiempo para hacer construcciones sobrepasando la cantidad de terreno en el cual tenía construida su casa de habitación en una extensión de seiscientos setenta puntos veinticinco metros cuadrados (equivalentes a novecientos sesenta y uno punto treinta y una varas cuadradas) del terreno de la señora CARMEN LUCÍA PAVÓN OCHOA.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado Jacobo Noel Reyes Matute, procedió a formalizar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador en la Valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Crítica”. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la comprendida en el artículo 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 N.3 del Código Procesal Penal. EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Este sistema de valoración, que implementa nuestra norma legal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Valorando la prueba practicadas en el acto del Juicio Oral Público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, el Tribunal declaró expresa y terminante probados los hechos siguientes: “PRIMERO: En el año dos mil tres, la señora CARMEN LUCÍA PAVÓN OCHOA, compró a la señora MARÍA CONCEPCIÓN ZAPATA, un predio de terreno con un área de cinco mil setecientas cuarenta punto ochenta metros cuadrados ubicado en el sector conocido con el nombre “Guachipilin” de la Colonia La Era Número Uno de Tegucigalpa, con el fin de evitar la ejecución de una orden judicial de desalojo de dicho terreno contra la señora Juana Josefina Rodas Pérez en el cual ocupaba un área de ciento veintiséis metros cuadrados dentro del inmueble que era propiedad de la señora MARÍA CONCEPCIÓN ZAPATA, desde mil novecientos setenta y siete, el cual a partir del año dos mil tres pasó a ser propiedad de la señora CARMEN LUCÍA PAVÓN OCHOA, mediante la compra venta en mención. SEGUNDO: El trece de agosto del dos mil cuatro, el terreno en mención fue inscrito a favor de la señora CARMEN LUCÍA PAVÓN OCHOA, en Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Francisco Morazán, (cuyas funciones ahora las asume el Instituto de la Propiedad) en el asiento número noventa y nueve (99) del tomo cuatro mil trescientos siete (4307). TERCERO: A partir del año dos mil tres, la señora JUANA JOSEFINA RODAS PÉREZ, aprovechó con el tiempo para hacer construcciones sobrepasando la cantidad de terreno en el cual tenía construida su casa de habitación en una extensión de seiscientos setenta punto veinticinco metros cuadrados (equivalentes a novecientos sesenta y uno punto treinta y un vara cuadrada) del terreno de la señora CARMEN LUCÍA PAVÓN OCHOA”. Los hechos para ser considerados probados por el sentenciador deben, de forma imperativa, tener un sustento probatorio a través de los razonamientos que realice el Juez y necesariamente deben quedar así plasmados en la valoración de la prueba de la sentencia; al analizar la prueba evacuada en el caso sub-judice, podremos descubrir Honorable Corte, que de la valoración de la prueba que hace el Juez, no pueden derivarse el relato de los hechos probados, ya que las reglas del correcto entendimiento humano, de la experiencia, de la Psicología y la lógica, las reglas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancias de la vida, para lo cual debe de partirse de la condición de hombre que tiene el juzgador, esas conclusiones no tiene la exactitud de los principios lógicos tradicionales, sino que son contingentes y variables. Las reglas de la Psicología referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos. Las reglas de la lógica son leyes del pensamiento que se presentan en nuestro raciocinio como evidentes o indiscutibles cuando analizamos nuestros pensamientos. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia (concordancia entre sus elementos) y Derivación (en que cada pensamiento provenga de otro con el cual está íntimamente relacionado, de tal manera que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente). De la ley de la coherencia se deducen los principios formales del pensamiento, a saber: a) Identidad, b) Contradicción, c) Tercero excluido y a su vez de la ley de derivación se extrae el principio de la razón suficiente (todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad). Por lo que esta Defensa considera que la sentencia impugnada no respetó en la fundamentación probatoria intelectiva, las reglas expuestas anteriormente, de tal manera que incurrió en un vicio in procedendo que invalida la sentencia. La Doctrina Penal define la Sana Crítica de la siguiente manera: La Sana Crítica es aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la recta razón y el criterio racional puesto en juicio. Es analizar sinceramente y sin malicia las opiniones expuestas acerca de cualquier asunto, Las reglas que la constituyen no están expuestas en la ley. Se trata de un proceso intelectual interno y subjetivo del que analiza una opinión expuesta por otro, o sea es una materia esencialmente de apreciación y por lo mismo, de hecho cuya estimación corresponde a los jueces de fondo” De lo expuesto se torna necesario el análisis de los medios de prueba evacuados durante el proceso, los cuales constan en el Acta de Debate y se refieren a lo siguiente: Primero: Testimonio de Escritura número 290 autorizada por el Notario Mario Tejeda Cáceres en fecha 30 de octubre del 2003, al cual se le acompaña un plano topográfico con las colindancias del inmueble, se establece que la señora María Concepción Zapata de Navarro vendió a la señora Carmen Lucía Pavón Ochoa de Cáceres, una fracción de un terreno de cinco mil setecientos cuarenta punto ochenta metros cuadrados equivalentes a ocho mil doscientos treinta y tres pintos cero dos varas cuadradas, inscrita bajo el N.99 del tomo 4307. Segundo: Certificación de sentencia definitiva emitida el once de abril del dos mil dos en la demanda ordinaria de reivindicación de dominio e indemnización de daños y perjuicios interpuesta por la señora María Concepción Zapata de Navarro contra la señora Juana Josefina Rodas en relación con el inmueble Inscrito bajo el asiento 93 del tomo 191 Tercero: Acta de Inspección ocular la cual se ilustra con fotografías del lugar, se establece que esta diligencia se realizó en fecha doce de febrero del dos mil nueve en la Colonia La Era, sector Guachipilín, el cual es un terreno dividido en seis lotes, el primero ubicado a la orilla de la calle principal cercado con postes de luz y alambre de púas, encontrándosele al lado de este hay una vivienda de ladrillo, sin repellar y parte de tablas en el cual habita la acusada, el cual tiene un muro perimetral de maya metálica, frente hay un callejón. Tercero: Contrato privado de Compra Venta de fecha once de junio de 1994 entre los señores María Concepción Zapata de Navarro, Rodolfo Benítez Bueso, Antolino Ríos Espinal y Catalino Mejía Ramírez, se acordó celebrar una promesa venta del inmueble de diecisiete mil ochocientos noventa y cuatro punto cincuenta y tres varas cuadradas denominado Guachipilín, estableciéndose como condiciones el pago de una prima de treinta y cinco mil lempiras pagaderos el once de junio de mil novecientos noventa y cuatro con un plazo se gracia de cinco años para pagar la totalidad de la deuda y traspasar el bien inmueble a su favor, y estando pendiente el pago de la totalidad de la deuda por el valor del inmueble los compradores no podrán extender escrituras de propiedad, únicamente la señora Navarro podrá extender escrituras públicas sobre lotes de terreno totalmente pagados cuyas cantidades las percibirá la señora Navarro. Cuarto: Contrato de Promesa de Venta de una parcela de terreno celebrado en fecha once de abril de mil novecientos noventa y cuatro entre los señores Rodolfo Benítez Bueso, Antolino Ríos Espinal y Catalino Mejía Ramírez (vendedores)y miembros de la Empresa Servicios Múltiples) y la señora Juana Josefina Rodas como compradora, se establece que los vendedores afirmaban ser dueños de un terreno de veinticuatro mil ciento siete varas cuadradas ubicado en la Colonia La Era, acordando venderle a la señora Juana Josefina Rodas una parcela de terreno en mención fraccionado con el número seis del bloque 7 por el monto de seis mil ochocientos sesenta y siete lempiras con treinta y seis centavos con una extensión de ciento ochenta punto setenta y dos varas, con una prima de setecientos punto ochenta lempiras y el resto en cuotas mensuales pagaderas en veinticuatro mensualidades. Quinto: Recibo número 001110 del 15 de noviembre del año dos mil seis se establece que la señora Juana Josefina Rodas pagó a favor de la empresa de Servicios Múltiples de Honduras, S. de R.L. de C. V., la cantidad de cuatro mil quinientos setenta y ocho lempiras con veinticuatro centavos en concepto de traspaso de terreno que anteriormente era del señor José Santos Rodríguez. Sexto: Recibo número 001047 de fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y seis, se establece que la señora Juana Josefina Rodas pagó a favor de la Empresa de Servicios Múltiples de Honduras S de R. L. de C. V., la cantidad de quinientos doce Lempiras con cuatro centavos, en concepto de cancelación total de la deuda por compra del lote de terreno número seis del bloque siete. Séptimo: Dos recibos de fechas nueve de enero de mil novecientos noventa y cinco y trece de septiembre de mil novecientos noventa y seis, se establece que la señora Juana Josefina Rodas pagó en dos ocasiones la cantidad de ciento cincuenta lempiras en cada fecha en conceptos de pago de pegue de agua potable en la Colonia La Era y pago de proyecto de agua potable de agua potable de la colonia La Era. Octavo: Declaración de Doña María Concepción Zapata Chevez, quien manifiesta que en el año de mil novecientos noventa y cuatro le vendió el terreno a Catalino y Antolino, posteriormente a doña Carmen en el dos mil tres, ellos compraron una parte de la totalidad del terreno que inicialmente se les vendió, la escrituraron , la otra parte le quedó a su persona porque faltaba el pago del valor del resto del terreno, la sentencia emitida por el Juzgado de lo civil tenía orden de desalojo por eso la señora Carmen compró para que no desalojaran a las personas que están en la fracción del terreno que no pagaron Catalino y Antolino, y que ellos les habían vendido un lote de terreno a Juana Josefina Rodas, y que fue una de las primeras compradoras, que doña Juana tenía una casa dentro de la propiedad. Noveno: Testigo Catalino Mejía Ramírez, manifestó que el once de junio de mil novecientos noventa y cuatro se hizo el trato con la señora María Concepción Zapata, se paso tractor y se realizaron otras actividades en el lugar para lotificarlo, la primera mujer que compró y construyó su casita en el lugar fue doña Juana, al principio Doña Juana solo le compró el pedacito en el que construyó su casa, después mediante reventa compro los demás lotes, no sabe a quién se los compró, doña Juana les pagaba mensualmente en la Oficina, ella plantó arboles, incluso un aguacate, Décimo: Testigo Lizeth Patricia Coello Gallo, manifestó que cuando Doña Juana Josefina Rodas Pérez, compró el terreno número uno, junto con ella, el terreno está ubicado en la Colonia La Era, en el lugar Guachipilín, se lo compró a Doña Reina Rodríguez, cuando los adquirió allí no había nada, ella construyó unos cuartos. Décimo Primero: Testigo Santos Julián Oseguera Ruíz, manifestó que la señora Juana Josefina Rodas compró un lote de terreno a Santos Adalid Cabrera por el año dos mil dos, ubicado en la Colonia La Era, conocido como Guachipilín, Al hacer un análisis de la prueba descrita, claramente se evidencia que las conclusiones a las que ha arribado el sentenciador violentan el principio lógico de la derivación, el cual exige que todo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, es decir que la valoración deber ser verdadera, al apoyarse en la exactitud de la probanza, en el caso sub-judice, el sentenciador ignoró que la imputada, siempre tuvo el consentimiento de los distintos propietario que tuvieron la propiedad en su momento, por lo que no se determina que se cometió el delito de usurpación, pues se tenía el conocimiento del uso y goce del inmueble, Como se puede observar la señora Juana Josefina Rodas Pérez, es una compradora de buena fe, pues establecen los medios de prueba con los recibos número 001110 de fecha 15 de noviembre del dos mil seis y número 001047 del 9 de julio mil novecientos noventa y seis, y el Contrato de Compra Venta, entre la imputada y a Empresa de Servicios Múltiples, misma que estaba autorizada para tales actos, en virtud de haber firmado un contrato Privado con la señora María Concepción Zapata, y además hay testigos que dan fe que la imputada compró otros terrenos en reventa a los señores Santos Adalid Cabrera y a Reina Rodríguez, tomando posesión de ellos ya que las compras que hizo las adquirió de buena fe, por lo que no se ha acreditado que mi representada haya despojado a la señora Carmen Lucía Pavón Ochoa, el terreno en mención, por lo que no concurren todos los elementos objetivos del tipo del delito de mérito tipificado en el artículo 227 del Código Penal. Si los señores de la empresa Servicios Múltiples carecían de Títulos de Propiedad fidedignos y adecuados para concederle a la señora Juana Josefina Rodas Pérez la legítima propiedad de lotes de terreno, a sabiendas la señora María Concepción Zapata, se colige que estaban actuando ellos de mala fe, y porque no decirlo, cometiendo delito de estafa, los que deberían de ser castigados penalmente., por aprovecharse de personas incautas como lo es la señora Juana Josefina Rodas Pérez. Por lo anteriormente relacionado la función del Juez consiste en juzgar si se está cometiendo o no un delito y en caso afirmativo hacer cesar los efectos de ese injusto o sea la señora Juana Josefina Rodas Pérez ocupaba el inmueble con derecho, pues había firmado contrato privado de compra venta y con la anuencia de la segunda propietaria, misma que ya estaba entendida que mi representada tenía el uso y goce de dichos lotes, o sea que no existe apropiación con dolo, es decir que ella estuviera consiente de la ajenidad del inmueble, pues cuando ella decidió construir, ya había celebrado contratos Privados de Compra venta, y se consideraba legítima dueña y jamás pensó que en algún momento podría ser desalojada. Y dentro de esta línea de pensamiento bien se ha destacado que el elemento tipicidad, propio de la valoración jurídico penal, consecuencia del principio constitucional Nullum Crimen, sine lege, puede conducir a declarar a un hecho ilícito civil, no obstante, no ser ilícito penal por no encuadrar en un tipo penal. Por lo que se considera que en el fallo recurrido se ha violado la sana crítica por no responder a las reglas del recto entendimiento humano en su postulado de la derivación, ya que ésta se extrae del principio de la razón suficiente o sea que todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirme o niega con la pretensión de que sea verdad. En consecuencia, procede que la Sala de lo Penal anule el fallo en virtud de la clara violación que hemos venido exponiendo en el transcurso del presente recurso, que se lleve a cabo un nuevo debate con un nuevo Juez, que, si aplique de forma correcta estas reglas y los hechos probados, por lo que solicitamos sea declarado con lugar el presente recurso. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL YERRO: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente recurso se presenta en el fallo mismo, por lo que solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Resumen del recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Norma autorizante citada: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: infracción a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo en virtud de que el vicio se comete en la redacción del fallo. *Petición: declarar ha lugar el recurso interpuesto. El censor del fallo denuncia la infracción a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, pues según argumenta el sentenciador ignora que la imputada siempre tuvo consentimiento de los diferentes propietarios que tuvieron la titularidad dominical del bien inmueble y que ella fue compradora de buena fe, lo que acreditó con los recibos 001110 de fecha 15 de noviembre de 1996 y recibo número 001047 de fecha 9 de julio de 1996, así como el contrato de compraventa celebrado entre la imputada y la empresa Servicios Múltiples, quien estaba autorizada para tales actos según el contrato privado suscrito entre esta empresa y la señora María Concepción Zapata.Además, argumenta, que la prueba testifical también acredita la buena fe de la señora Rodas Pérez al momento de comprar los lotes de terreno, y que la segunda propietaria (Carmen Lucía Pavón Ochoa) tenía conocimiento al momento de adquirir el inmueble, que la imputada tenía el uso y goce de dichos lotes, por lo que no hay razón suficiente para concluir el elemento dolo. Del delito de usurpación El artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) e ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de usurpación, previsto en el artículo 227 del Código Penal cuya finalidad es la protección del derecho a la propiedad de los bienes inmuebles (artículo 602 del Código Civil) y además la protección de la titularidad de los derechos reales enumerados en el artículo 610 del Código Civil. El tipo penal contempla que será sancionado de dos (2) a cuatro (4) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes quien usurpe un bien inmueble o derecho real, entendiéndose por usurpar cualquier conducta humana que implique disponer de un bien inmueble tal como lo haría su legítimo dueño o que implique el disfrute de un derecho real destinado a otra persona y por sobre de ésta, con indiferencia si se realiza con o sin violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 15 de abril del 2008 recaída en el expediente SP 098-2007). La Usurpación se diferencia de la mera detentación, debido a que requiere cierta permanencia en la conducta que revelen la intencionalidad. Son los elementos objetivos del tipo penal en estudio: 1. Sujeto activo: El artículo identifica al sujeto activo con la voz “Quien” refiriéndose a cualquier persona, sin que se requiera que tenga alguna cualidad en especial. El Sujeto activo puede ser tanto una persona distinta a aquella que es el titular del derecho real cuyo ejercicio está siendo suplantado, como una persona que sea comunero con otra, a la cual impide el ejercicio del derecho real; 2. Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica de derecho privado, que es titular o cotitular del derecho real que está siendo ejercido por el sujeto activo; cuando el sujeto pasivo sea el Estado de Honduras, el tipo penal a aplicar será el contenido en el artículo 231 del Código Penal; 3. Objeto material del delito: Se trata de cualquiera de los derechos reales (Art. 610 del Código Civil), inherentes a un bien inmueble (artículo 602 del Código Civil), el mismo suelo) y todo aquello adherido a él o que formen parte de él, como las edificaciones, plantaciones, cultivos, bosques, ríos, lagunas, playas, etc. 4. Conducta criminosa: Usurpar implica una conducta realizada por el sujeto activo, quien sin estar legitimado ejerce un derecho real, impidiendo a la vez que la persona cuyo título confiere tal derecho pueda ejercerla. La usurpación puede ser la consecuencia de: a. Tomar de manera clandestina la posesión del bien inmueble ello por la ausencia del titular del derecho o de alguna persona que le represente; b. Quitar de la tenencia o posesión al titular del derecho real o a la persona que le esté representando, o, c. Impedir la ocupación total o parcialmente del bien inmueble al titular del derecho real o a la persona que le represente. Como consecuencia, el delito existe tanto cuando el sujeto activo desplazase al sujeto activo como cuando le impida la ocupación. La usurpación puede ser parcial o total: es parcial cuando el sujeto pasivo le es despojado o le es impedido poder ejercer el derecho real en una sección del bien inmueble, la cual es demarcada e independizada del total por el sujeto activo; y es total cuando el sujeto pasivo no puede ejercer su derecho real en ninguna sección o unidad del bien inmueble. En resumen, la conducta de usurpar puede ser como consecuencia de: invasión al bien inmueble ejerciendo un derecho real impropio, mantenimiento de un derecho real del cual ya se ha dejado de ser titular o expulsando al titular del bien inmueble. Es importante señalar que la conducta de usurpar no se limita a meros actos de perturbación del ejercicio real (tipificados en el artículo 229 del Código Penal), sino en actos que vayan dirigidos a subrogarse ilegítimamente el derecho real que pertenecen al titular. 5. Modalidad criminosa: Constituida por la forma en llevar a cabo el verbo rector. En el tipo penal simple el delito no exige ninguna forma determinada para llevar a cabo la modalidad criminosa, por lo que ésta puede ser llevada a cabo mediante engaño, intimidación o violencia contra las personas o fuerza en contra de las cosas, o simplemente por el mero ejercicio clandestino del derecho real conociendo que pertenece a otro y queriendo ejercerlo, sin que el quantum de la pena se vea afectada como consecuencia de ejecutar el delito mediante alguna de esas modalidades; 2. Bien jurídico protegido: Es la protección al derecho de propiedad sobre un bien inmueble, que no solo abarca el dominio, sino todos los derechos reales que de él pueden emanar, como ser: posesión, dominio, usufructo, uso y habitación, y las servidumbres activas. 3. Penalidad: Conmina el legislador la conducta reprochada en el delito con la pena de reclusión de dos (02) a cuatro (04) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes. Como Elemento Subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo y con un propósito de lucro, el cual se pone en manifiesto cuando el sujeto activo mantiene su actuar aun cuando ha sido requerido fehacientemente para que cese del apoderamiento del bien inmueble; por el contrario, no da paso a la existencia del delito por ausencia de dolo, en los casos en donde entre los colindantes surja conflicto por linderos dudosos o ignorados, cuando exista alteración de los linderos sin un apoderamiento lucrativo o cuando el sujeto activo se conduzca con la creencia de estar en el ejercicio de un derecho legítimo por ausencia de determinación de la titularidad del derecho de propiedad o del derecho real en cuestión o porque cree haberla adquirido del que en apariencia la ostentaba legalmente, o cuando dicha titularidad este siendo disputada en el fuero civil, siendo en este último caso procedente diferir la causa al ámbito civil tal como lo ordena el artículo 54 del Código Procesal Penal. Así las cosas, el delito de usurpación reúne las siguientes características: 1. Por su estructura: a. Tipo penal básico: Al describir el modelo de comportamiento de manera independiente a otros tipos penales; b. Tipo penal simple: Por describir un único modelo de comportamiento; 2. Por su contenido: a. Tipo penal de resultado: dado que se requiere la materialización del resultado el cual es cuando el sujeto activo ejerce ocupación sobre un bien inmueble o disfruta un derecho real en perjuicio del verdadero dueño o legitimo titular, respectivamente; b. Tipo penal de conducta permanente: en virtud de que el comportamiento se renueva de manera continua mientras se esté realizando la acción de usurpar; c. Tipo penal de comisión: ya que se exige la realización de una acción para efectuar del delito; d. Tipo penal cerrado o determinado: debido a que el artículo 227 del Código Penal describe el tipo penal con precisión, desprendiéndose con toda claridad la conducta prohibida; 3. Según el sujeto activo: a. Tipo penal unisubjetivo: el tipo penal puede ser realizado a partir de la participación de una sola persona; aunque la practica forense nos enseña que es común que sea cometido por un grupo de personas; b. Tipo penal común: debido a que puede constituirse como sujeto activo cualquier persona sin la necesidad de tener calidades especiales; y 4. Por el bien jurídico tutelado: a. Tipo penal mono ofensivo: al proteger un bien jurídico especifico, cual es la propiedad privada ejercida sobre los bienes inmuebles; y, b. Tipo penal de lesión: El delito de usurpación se considera consumado al darse materialmente una lesión al bien jurídico protegido, en ese sentido el sujeto pasivo deberá de ver disminuido o anulado su derecho a la propiedad del bien inmueble o el ejercicio a un derecho real específico .De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: a. El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” b. El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. c. El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: en donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este apartado valorativo es que recae el objeto de recurso, pues el censor del fallo considera que el sentenciador infringió la regla de la lógica en su principio de razón suficiente al valorar el acervo probatorio evacuado en juicio. De manera previa, la Sala de lo Penal considera importante apuntar que el principio denunciado como infringido (razón suficiente), es aquél por el cual toda conclusión requiere de una razón suficiente que justifique su existencia, es por ello que se debe auditar si las inferencias intelectivas alcanzadas por el sentenciador a manera de conclusión, se encuentran racionalmente encadenadas a la prueba valorada, es decir, no falsean o no se apartan de su elemento probatorio; más no es labor de la Sala de lo Penal realizar una valoración probatoria sustitutiva a la realizada por el sentenciador, pues es éste el único facultado para realizar dicha función valorativa al cumplir los principios de inmediación, contradicción, publicidad y oralidad que rigen la actividad de la prueba. Cuando nos remitimos a la valoración probatoria (descriptiva e intelectiva), nos damos cuenta de que los razonamientos valorativos del sentenciador alcanzados a manera de conclusión se encuentran objetivamente derivados de su elemento probatorio, pues la prueba documental consistente en la certificación de la sentencia definitiva emitida el 11 de abril de 2002, por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán, en la demanda ordinaria de reivindicación de dominio e indemnización de daños y perjuicios interpuesta por la señora María Concepción Zapata de Navarro contra la señora Juana Josefina Rodas (acusada), en relación al bien inmueble inscrito a favor de la demandante bajo el asiento No. 93 del Tomo 191 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, acreditó para el Tribunal de Sentencia que la demanda fue declarada con lugar, y, en consecuencia, se condenó en aquella instancia a la señora Juana Josefina Rodas a la restitución inmediata de la fracción del bien inmueble que ocupaba. Asimismo, el testimonio de escritura pública número 290 autorizada por el Notario Mario Tejeda Cáceres, acreditó para el Tribunal de Sentencia que la señora María Concepción Zapata de Navarro (demandante en la acción civil) vendió a la señora Carmen Lucía Pavón Ochoa de Cáceres (ofendida en la causa penal), una fracción de terreno consistente en cinco mil setecientos cuarenta punto ochenta metros cuadrados, equivalentes a ocho mil doscientos treinta y tres punto cero dos varas cuadradas, dentro del cual se encontraba la fracción de terreno que ya había sido ordenada su restitución inmediata por la jurisdicción civil mediante sentencia firme. El sentenciador en su valoración intelectiva también toma en cuenta la circunstancia fáctica bajo la cual la señora Carmen Lucía Pavón Ochoa (ofendida) realizó la compraventa del bien inmueble a la señora María Concepción Zapata, pues su fin era evitar que se ejecutara la orden de desalojo en contra de la acusada que había sido ordenado por la jurisdicción civil, pues se acreditó en instancia la existencia de una relación de amistad previa entre el esposo de la ofendida y el esposo de la acusada, por lo que se convino comprar el bien inmueble y posteriormente la acusada debía pagar el monto de la fracción de terreno que ocupaba a la compradora, condición que no solamente incumplió, sino que decidió ejercer clandestinamente derechos reales sobre una parcela de terreno más amplia a la que ocupaba inicialmente (544 mts2 más). Esta circunstancia se dio por acreditada para el sentenciador a partir del dictamen pericial emitido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Ingeniera Civil Lesbia Concepción Martínez Contreras y la prueba testifical consistente en las declaraciones de la señora María Concepción Zapata Chávez, Carmen Lucía Pavón Ochoa, Arnulfo de Jesús Cáceres Murillo, Catalino Mejía Ramírez, Lizeth Coello Galo, Santos Julián Oseguera Ruíz y Lily Janeth Enamorado Calderón. A partir de lo expuesto, no puede darse la razón al recurrente al argumentar que no hay razón suficiente para concluir el elemento dolo en la comisión del hecho punible, pues según los elementos de prueba, los cuales al ser valorados en instancia reflejaron el conocimiento previo que tenía la acusada de la ajenidad del bien inmueble de la cual disponía, ya se había disipado toda duda sobre quién era legalmente la titular del bien inmueble, y aún teniendo ese conocimiento emprendió su acción de ejercer derechos reales sobre una superficie que rebasaba los límites de la fracción de terreno que ocupaba inicialmente, sin contar con la autorización debida y aún en contra de la voluntad de su propietaria, quien en reiteradas ocasiones le había pedido que desalojara el bien inmueble. Por ello, se concluye, que la prueba ha sido valorada de conformidad a la regla de la lógica, existe coherencia y concordancia entre el elemento prueba y la inferencia intelectiva derivada. Encuentra razón suficiente para construir la premisa fáctica de la sentencia, pues tal fundamento de juicio nace a partir de la valoración conjunta de los medios de prueba anteriormente citados, son juicios derivados y están intrínsecamente relacionados con la prueba, lo que excluye la posibilidad de infracción al principio lógico de razón suficiente. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Jacobo Noel Reyes Matute, en su condición de defensor público de la señora Juana Josefina Rodas Pérez; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GÚZMAN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-214-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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