Sentencia CP-208-18 — Registro 11995
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado por los delitos de delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, Almacenamiento de Munición de Guerra o de Combate en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras y como autor del delito de Uso de Documento Público Falso, en perjuicio de la Fe Pública. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley por el delito de Uso de documento público y quedando los demás motivos de la sentencia firmes.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. LOS MOTIVOS NO SON DE RECIBO. El recurrente ha señalado en el primer motivo de casación que el sentenciador interpretó de forma errónea el artículo 332A del Código Penal y en el segundo motivo estableció la aplicación indebida de ese mismo precepto penal, pues según los hechos probados no se observan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de almacenamiento ilegal de arma o munición de guerra. Esta Sala de lo Penal considera que, el referido artículo 332 A del Código Penal, nos presenta varios supuestos en los cuales se puede subsumir el delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra, uno de ellos “almacenar” sin autorización armas o materiales de guerra. Confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal; el primer elemento objetivo en el cuadro fáctico aparece cuando el sentenciador afirma que, al momento del allanamiento a la vivienda del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, se encontró un vehículo tipo camioneta, color dorada, marca land cruiser propiedad del acusado, en cuyo interior no solo se encontró el arma de fuego Five Seven USG, sino que además 45 proyectiles sin percutir, tanto punta azul y punta hueca, capaces éstos últimos de perforar chalecos blindados grado 3, por lo cual no son permitidos por la ley; posteriormente como elemento subjetivo lo vemos plasmado al afirmar que el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, era el propietario del vehículo en el que se encontraron el arma y los proyectiles; así como el hecho de que uno de sus abogados se presentó a solicitar la devolución del arma encontrada con un permiso no autorizado por autoridad competente para portarla, mismo que estaba a nombre del señor Sarmiento Escobar. El reclamante afirmó que se interpretó y por ende se aplicó incorrectamente la norma penal del 332A del Código Penal, pues el sentenciador no incluyó en el relato de hechos probados uno de los elementos objetivos del tipo, es decir que las municiones encontradas en el vehículo propiedad del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar eran armas de guerra o de combate; al respecto recuerda este Tribunal de Casación que, si el Sentenciador hubiera señalado que las municiones encontradas son de “guerra o cambate” sin lugar a dudas hubiese incurrido en el vicio de predeterminación del fallo, yerro que también contiene reproche casacional, por esa razón no era estrictamente necesario señalar que las municiones eran de guerra o combate; ahora bien el juzgador estableció en su cuadro fáctico como una verdad incuestionable, que dentro de las municiones encontradas estaban los proyectiles punta hueca, que son capaces de perforar chalecos blindados grado 3, por lo que no son permitidos por la ley, al consignar esa verdad, el Sentenciador dota a los hechos probados del elemento objetivo necesario para encuadrar la acción del imputado en el delito de almacenamiento ilegal de armas de guerra, pues la municiones capaces de atravesar chalecos antibalas son aquellas utilizadas en conflictos armados o de combate, pues es lógico que dichas municiones no se encuentran al alcance de la población en general, sino que son utilizadas únicamente por la fuerza armada, al grado tal que ese tipo de armamentos no se encuentran a la venta en la Armería; en tal sentido desde el momento en que el A-quo señaló que las municiones encontradas en el vehículo del acusado son capaces de perforar chalecos blindados y por tanto son ilegales, cumple con todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal requerido en el artículo 332A del Código Penal, por tanto el Tribunal de Sentencia interpretó y por ende aplicó de forma correcta la norma penal utilizada para encuadrar la acción cometida por el imputado Ramón Daniel Sarmiento Escobar, en relación al delito de almacenamiento de municiones de guerra o combate, razones suficientes para desestimar los dos primeros motivos de casación por infracción de ley..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Esta Sala de Casación al analizar los hechos probados y los argumentos del censor, observa que en efecto la fundamentación fáctica es carente de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de uso de documento falso; en el numeral primero de los sucesos probados el a-quo relata la forma en que se elaboró y obtuvo el permiso para portar armas N° OP-715481-67403, mismo que está a nombre del señor Ramon Daniel Sarmiento Escobar, estableciéndose como verdad incuestionable que se emitió un documento original, todo ello sin presentar la documentación requerida por el Registro Nacional de Armas, por lo que el mismo fue extendido y obtenido de forma irregular. En el numeral tercero se habla en el momento en que el abogado Jose Maria Alonzo Herrera, en representación del acusado, se presentó a la Fiscalía del Ministerio Público presentando un escrito en el que se personaba y ofrecía colaborar con la investigación con ocasión del allanamiento realizado a su representado, acompañando copia autenticada del permiso para portar armas a nombre de Ramón Daniel Sarmiento Escobar. Del relato de hechos probados se colige como verdades, que el propio Tribunal de Sentencia no establece que dicho permiso sea ilusorio, todo lo contrario, afirma en el primer hecho probado “emitiéndose un documento original” sin presentar la documentación requerida para su registro y por ende fue obtenido de forma irregular; por tanto en el cuadro fáctico que debe aceptarse tal como fueron consignados por el a-quo, se advierte que se emitió un documento original, que no se presentó la documentación requerida y que fue extendido dicho permiso de forma irregular, pero no determina de forma clara y precisa que ese documento tiene las características para considerarlo como simulado, en tal sentido no aparecen en los hechos antes referidos la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de “uso de documentos falsos” por tanto es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación y dictar la sentencia que en derecho corresponda...
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días de abril de dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 208-2018 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, como autor del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más una multa de cinco mil lempiras. Segundo: Condenó al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, como autor del delito de Almacenamiento de Munición de Guerra o de Combate, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión. Tercero: Condenó al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, como autor del delito de Uso de Documento Público Falso, en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de cuatro años de reclusión, penas que hacen un total de quince años de reclusión y las que deberá cumplir una en pos de la otra. Cuarto: Condenó al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, a las penas accesorias de: 1) Inhabilitación absoluta por el delito de Almacenamiento de Munición de Guerra o de Combate. 2) Inhabilitación Especial, por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial y Uso de Documento Público Falso, y 3) Interdicción Civil. Todas durante el tiempo de duración de la condena principal. Quinto: Se declaró al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, responsable civilmente. Sexto: Se condenó al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. Séptimo: Se declaró el comiso de: 1) Un arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo FIVE-SEVEN USG, calibre 5.7x28mm, serie ·386198213, con un cargador y, 2) Un permiso para portar armas NºOP-715481-67403, a nombre de Ramón Daniel Sarmiento Escobar, referido al arma de fuego antes descrita. Octavo: Se ordenó al Ministerio Público instruir diligencias investigativas en contra del señor Adán Antonio Matamoros Cruz, por la posible comisión de los delitos de Falso Testimonio, Abuso de Autoridad y Falsificación de Ideología de un Documento Público. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional, el abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de Defensor Privado del imputado. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de Defensor Privado del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, como parte recurrente y la Abogada Ilse Adela Fuentes, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha nueve de febrero del 2011, una persona no identificada, ingresó datos al sistema de cómputo del Registro Nacional de Armas ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, entre ellos, el número de TGR 607526, de seis dígitos, lo cual no correspondía a un dato real, ya que los recibos de TGR constaban de siete dígitos y se ingresaron además, los datos del arma de fuego marca FNH, serie 386198213, emitiéndose un documento original consistente en el Permiso Para Portar Armas número OP-7 15481- 67403, a nombre de RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, incluyendo su número de tarjeta de identidad; todo ello, sin presentar dicha persona, la documentación requerida para el registro de la referida arma de fuego, como ser el documento de adquisición del arma de fuego y el recibo TGR de siete dígitos, entre otros, ni la toma de sus huellas digitales y las pruebas patrones de proyectiles disparados por dicha arma, cuyos casquillos deben formar parte del expediente del arma de fuego registrada, al efecto de su posterior emisión del carnet del Permiso Para Portar Armas; el cual fue extendido y obtenido, por ende, de forma irregular, por lo que el señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, no contaba con un permiso legalmente emitido que le autorizara tener en su poder dicha arma de fuego, cuyo ingreso a Honduras, provenía de una venta clandestina de un lote de armas realizada de parte de un ciudadano de Estados Unidos de Norteamérica. SEGUNDO: El dieciocho de mayo del año 2015, a eso de las diez y treinta minutos de la mañana, la Policía Militar del Orden Público realizó un allanamiento, en la colonia Bella Vista, de la ciudad de Juticalpa, Olancho, en la vivienda habitada por el señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, en cuyo perímetro interior se encontraba estacionado un vehículo tipo camioneta, color dorada, marca Land Cruiser, placa PCH 8038, en el cual se encontró un arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo Five Seven USG, calibre 5.7x28 mm, serie 386198213, con un cargador y 45 proyectiles sin percutir del mismo calibre, entre los cuales se encontraban proyectiles de punta azul y proyectiles de punta hueca, en una cantidad no determinada, capaces éstos últimos de perforar chalecos blindados grado 3, por lo cual, no son permitidos por la ley; siendo tanto el arma de fuego como los proyectiles descritos, propiedad del señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR y encontrándose dicha arma de fuego en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. TERCERO: En fecha veintisiete de mayo del año 2015, el Abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, se presentó ante Fiscales del Ministerio Público, presentando un escrito en el cual se personaba y ofrecía colaborar con la investigación de los hechos acaecidos con ocasión del allanamiento antes relacionado; acompañando a dicho escrito fotocopias autenticadas de un escrito de poder otorgado a su persona por el señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, así como por otras dos personas, reclamando objetos decomisados al señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, en el allanamiento de fecha dieciocho de mayo del año 2015, entre ellos, el arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo Five Seven USG, calibre 5.7x28 mm, serie 386198213, así como otras armas y municiones, aduciendo que eran armas matriculadas con permisos autenticados que al efecto presentó, entre ellos, la copia autenticada del Permiso Para Portar Armas número OP-715481-67403, a nombre de RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, el cual le fue proporcionado por el mismo, para tal trámite.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO. Infracción por interpretación errónea del artículo 332-A del Código Penal, en relación al artículo 8 numeral 4) de la Ley de Control de Armas de Fuego. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO 1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 360 del Código Procesal Penal, que sirve de cauce procesal para este motivo, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Pues bien honorable Sala de Casación Penal, la sentencia que ahora impugno, por esta vía, es violatoria por interpretación errónea del artículo 332-A del Código Penal, norma esta que describe el delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIÓN DE GUERRA O DE COMBATE, en vista que de la declaración de hechos probados que contiene el fallo impugnado, no se aprecian los elementos objetivos del delito de calificado por el tribunal sentenciador y adecuado, según la sentencia, en el artículo 332-A del texto penal invocado; en consecuencia no se desprende que el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar haya cometido la infracción por la cual se le condenó. 2. Efectivamente, al realizar el proceso de subsunción, esto es, el análisis jurídico para encuadrar la conducta estimada como probada en una norma penal de carácter sustantivo, nos damos cuenta, y así lo comprobará la honorable Sala de Casación, que no aparecen descritas en el factum los elementos del delito por el cual se condenó a mi cliente, o que apareciendo descritos algunos hechos, el tribunal sentenciador les ha atribuido un carácter que no tienen, por ende, ha hecho una errónea interpretación de dicha norma en perjuicio del acusado. Para comprobar lo anterior, empezaremos con transcribir aquí la declaración de hechos probados del tribunal sentenciador. SEGUNDO: El dieciocho de mayo del año 2015, a eso de las diez y treinta minutos de la mañana, la Policía Militar del Orden Público realizó un allanamiento, en la colonia Vella Vista, de la ciudad de Juticalpa, Olancho en la vivienda habitada por el señor RAMÓN DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, en cuyo perímetro interior se encontraba estacionado un vehículo tipo camioneta, color dorada, marca Land Cruiser, placa PCH 8038, en el cual se encontró un arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo Five Seven USG, calibre 5.7 x 28mm, serie 386198213, con un cargador y 45 proyectiles sin percutir del mismo calibre, entre los cuales se encontraban proyectiles de punta azul y proyectiles de punta hueca, en una cantidad no determinada, capaces estos últimos de perforar chalecos blindados grado 3, por lo cual, no son permitidos por la ley: siendo tanto el arma de fuego como los proyectiles descritos, propiedad del señor RAMÓN DANIEL SARMIENTO ESCOBAR y encontrándose dicha arma de fuego, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. 3. La declaración de hechos probados constituye el cimiento o piedra angular de toda sentencia penal, en ellos, el tribunal juzgador redefine un hecho histórico que es el objeto del juicio penal. En dicho cuadro fáctico, el tribunal de sentencia describe una verdad real e histórica, estimando de manera clara y terminante aquellos hechos que estimó probados, conforme a los medios de prueba legalmente practicados en la vista pública. De esa verdad incuestionable se derivarán las consecuencias de naturaleza jurídica, entre ellas, la adecuación o subsunción de la misma en una norma concreta de la ley penal sustantiva. 4. Pues bien, el párrafo transcrito en el párrafo 2 de este memorial, es la reconstrucción histórica de los hechos llevados a juicio y por los que se acusó a mi defendido, y lo que el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, estimó se habían demostrado. Este relato fáctico, para los efectos de este recurso de casación, respetaremos en virtud de considerarse el mismo como intangible, según la reiterada doctrina de esa Sala. Efectivamente, como lo tiene reafirmado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad revisar, por parte del tribunal de casación, la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia que se impugna y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En ese orden de ideas, a la Sala de lo Penal, tratándose del recurso de casación por infracción de ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia[1]. 5. Dicho lo anterior, partiré de la descripción típica del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIÓN DE GUERRA O DE COMBATE, previsto y sancionado por el artículo 332-A del Código Penal, según el cual, La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, serán sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de CINCO MIL (L. 5,000.00) a DIEZ MIL (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada. (…). 6. Honorable Sala de Casación penal, de acuerdo a la descripción típica del antes citado artículo 332-A del Código Penal, se cometerá el delito apreciado por el Tribunal de Sentencia cuando una persona en particular, no autorizada legalmente, cometa cualquiera de las conductas decritas en el tipo, es decir, fabricar, almancenar, transportar, usar, tarficar, ingresar o sacar del país, armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate. Para lo que aquí interesa, los objetos del delito lo serán, en todo caso, las armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate. Pues bien, armas de guerra o de combate y los exposivos y las municiones del mismo carácter serán aquellos que se encuentren clasificados así los por las leyes de la República, pues no existen armas, municiones, explosivos o materiales de guerra o de combate por naturaleza, por ende, deben ser determinadas legalmente. 7. La doctrina jurisprudencial de esa Sala, ha dicho que los delitos previstos en el artículo 332-A y 332-B inclusive, se constituyen en tipos penales uniofensivos al amparar un bien jurídico específico, esto es la Seguridad Interior del estado de Honduras. Son de peligro abstracto, pues no se requiere en manera alguna un resultado concreto, pues de lo que se trata es anticipar una protección a bienes jurídicos concretos que pueden ser afectados. Se trata también de conductos penales consideradas de mera actividad ya que la descripción del tipo se agota con la simple acción del autor sin que se requiera la producción de un resultado concreto[2]. 8. Pues bien, dejando a un lado las consideraciones de orden doctrinario, en el presente caso, de la declaración de hechos probados de la sentencia que se impugna, y que se ha transcrito supra, se tiene como una verdad incuestionable lo siguiente: que fueron encontrados en el interior de un vehículo propiedad del acusado, 45 proyectiles sin percutir del mismo calibre, entre los cuales se encontraban proyectiles de punta azul y proyectiles de punta hueca, en una cantidad no determinada, capaces estos últimos de perforar chalecos blindados grado 3, por lo cual, no son permitidos por la ley. De acuerdo a esta declaración de hechos probados, que constituyen una verdad material e histórica del evento redefinido en el juicio, esos cuarenta y cinco (45) proyectiles, no constituyen municiones o material de guerra o de combate, como lo afirma el tribunal sentenciador en la fundamentación de su fallo y en la decisión final en la que condena a mi cliente por el delito en cuestión. Es aquí entonces en donde se encuentra el error del tribunal de sentencia, pues ha interpretado de manera errónea la norma sustantiva invocada en este recurso, pues dado los hechos probados de la sentencia, en la que no se afirma por ningún lado que dichos proyectiles sean de guerra o de combate, sino que, por el contrario, se afirma como verdad que no son permitidos por la ley, por ser capaces de perforar chalecos blindados grado 3. Pero es el caso que lo que la norma penal señala como elemento objetivo del tipo es el carácter de los materiales, municiones o explosivos, es decir, que sean de guerra o de combate, no siemplemente que tengan carácter ilegal, como es la afirmación absoluta del tribunal sentenciador. 9. Si bien el tribunal de sentencia que condena a mi cliente, para justificar la calificación dada a los hechos probados, establece en la fundamentación del fallo, que de acuerdo al artículo 8 numeral 4) de la Ley de Control de Armas de Fuego, son armas y municiones prohibidas, entre otras, los proyectiles perforantes de protectores blindados, explosivos, prefragmentados o de detonación o cualquier otro prohibido en Convenciones internacionales ratificados por Honduras, no es menos cierto que el requisito fundamental del tipo no es al carácter ilegal de las armas, municiones, y demás efectos, sino el hecho de que éstos constituyan armas o efectos de guerra o de combate. En ese orden de ideas, como el tribunal de sentencia no podía extraer de ningún medio de prueba válidamente producido en el juicio, como verdad incuestionable el carácter o naturaleza de los proyectiles, solamente pudo decir que estos efectos le pertenecen al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar y que los mismos no son permitidos por la ley, pero nunca se afirma, en dicha declaración de hechos probados, que dichos proyectiles sean de guerra o de combate. 10. Una cosa es que los proyectiles, munciones o materiales no sean permitidos por la ley, y otra cosa muy distinta es que el Estado de Honduras los haya clasificado como material o munición de guerra o de combate. El reproche jurídico penal se hace depender en estos casos, no del hecho de que lo poseido, usado o de cualquier modo transportado, tenga carácter ilegal, sino del hecho fundamental que esos efectos poseídos o transportados, en este caso munciciones, sean de aquelos de deban ser utilizados en una guerra o en un combate, por ende, las únicas personas autorizadas para usarlas, poseerlas o transportales son los miembros de las Fuerzas Armadas o el Ejercito regular, pues ellos son quienes asisten, en todo caso, en ese tipo hostilidades. 11. Si bien el artículo 8 numeral 4) de la Ley de Control del Armas de fuego, describe como prohibida una munición que es capaz de perforar chalecos protectores blindados, no está diciendo con ello que sean proyectiles para usar en una guerra convencional o irregular o en un combate dentro de las hostilidades propias de estos eventos, sino que, por el contrario, lo que regula es que dichos proyectiles no son permitidos por legalmente, siendo esto distinto a poseer munciones de guerra o de combate. 12. Conforme a lo anterior el tribunal de sentencia que condena a mi representado a una pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, atribuyéndole la autoría en un delito de Almacenamiento de munición de guerra o de combate, ha incurrido en un error de interpretación errónea o indebida, que es una de las formas de infracción de ley, pues dicho tribunal ha citado y aplicado en la sentencia una ley en concreto, es decir, el artículo 332-A del Código Penal, y el artículo 8 No. 4) de la Ley de Control de Armas de Fuego, otorgandoles un sentido distinto al que tienen. Asi pues, Honorable Sala, respetando la declaración hechos probados precedentes, se puede afirmar, con contundencia, que de los mismos no se pueden extractar los elementos objetivos del delito de almacenamiento de munición de guerra o de combate por el cual fue condenado el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, es decir, esos hechos probados no se pueden subsumir a adecuar a lo dispuesto en el artículos 332-A del Código Penal, con relación al artículo 8 en su numeral 4) de la Ley de Control de Armas de Fuego. No se determina en los hechos probados de la sentencia que los proyectiles encontrados en el vehículo automotor del acusado señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar son de guerra o de combate, por ende, se ha efectuado una errónea interpretación de estas normas sustantivas de carácter penal, siendo inaplicables a este caso. 13. En Conclusión, honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el delito de Almacenamiento de munición de guerra o de combate, previsto por el artículo 332-A del Código Penal, no se encuentra descrito en la declaración de hechos probados, que en este caso son una verdad incuestionable. El elemento objetivo del tipo, es decir, el carácter o naturaleza de los proyectiles, considerados como municiones, en la forma como los ha definido el tribunal no se corresponden en lo absoluto con los requerimientos que el legislador se propuso al momento de la creación de la norma penal. Por ende, el Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal, al haber condenado al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar como autor responsable de un delito de almacenamiento de munición de guerra o de combate, interpretó erróneamente el artículo 332-A antes citado, produciendo de esta manera una infracción o violación a una ley penal de carácter sustantivo, misma que sirvió para resolver el caso, en la forma ya dicha. APLICACIÓN PRETENDIDA. Al no haberse determinado y así declarado como probados, de manera palmaria, los elementos objetivos del tipo, previstos en el artículo 332-A del Código Penal, no puede hablarse entonces de un delito de almacenamiento de municiones de guerra o de combate, y al haberse condenado al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar por este delito, es evidente que el tribunal ha infringido, por errónea interpretación, la norma que contiene la infracción penal, es decir, el artículo 332-A del Código Penal, pues de acuerdo a los hechos probados no se configura dicho delito. Procede en consecuencia, con la estimación de este motivo de casación, que la Sala de lo Penal declare la inexistencia de dicha infracción penal, en consecuencia, absuelva libremente de toda responsabilidad a mi defendido.” “SEGUNDO MOTIVO. Infracción por aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal, en relación al artículo 8 numeral 4) de la Ley de Control de Armas de Fuego. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO 14. Honorable Sala de lo Penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 360 del Código Procesal Penal, norma invocada como precepto autorizante para este motivo de casación, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Conforme a la doctrina de esa Ilustrada Sala[3] se apreciará la infracción de una ley penal de carácter sustantivo, no solamente cuando la misma haya sido erróneamente interpretada por el tribunal a un caso concreto, dado los hechos probados, como ocurre en el primer motivo de casación expuesto, sino también cuando, existiendo una total falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo, se aprecia que el tribunal sentenciador aplicó indebidamente aquella norma penal de carácter sustantivo, resultando así que, debiendo aplicarse correctamente el resultado del fallo debe ser otro totalmente distinto al proferido. 15. Pues bien Ilustrada Sala de Casación Penal, la sentencia que ahora impugno, por esta vía, es violatoria por aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal, norma esta que describe el delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIÓN DE GUERRA O DE COMBATE, en vista que de la declaración de hechos probados que contiene el fallo impugnado, no se aprecian los elementos objetivos del delito de calificado por el tribunal sentenciador y adecuado, según la sentencia, en el artículo 332-A del texto penal invocado; en consecuencia no se desprende que el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar haya cometido la infracción por la cual se le condenó. Efectivamente, dada la errónea interpretación que el tribunal sentenciador realizó del artículo 332.A del Código Penal, relacionándolo con el artículo 8 en su numeral 4), fue aplicado indebidamente, no correspondiendo dicha aplicación al caso concreto partiendo de la declaración de hechos estimados probados. 16. La descripción típica del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIÓN DE GUERRA O DE COMBATE, previsto y sancionado por el artículo 332-A del Código Penal, es la siguiente, La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, serán sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de CINCO MIL (L. 5,000.00) a DIEZ MIL (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada. (…). 17. Este precepto penal procede su aplicación correcta toda vez que una persona determinada haya realizado en su totalidad cualquiera de las conductas típicas enunciadas en la norma y que son amenazadas por un reproche jurídico penal. Efectivamente, como ya se avanzó en los argumentos del primero motivo de casación de este recurso, procede apreciar la aplicación correcta de la norma si las armas, materiales o municiones que se le hayan ocupado a una persona, tienen el carácter o se le atribuido por ley la naturaleza de ser destinados para la guerra o para el combate, no simplemente que los estos efectos o materiales tengan el carácter de ser prohibidos. Es que la norma así lo establece con claridad, no habla de que hayan sido prohibidos. En ese orden de ideas, si el tribunal encuentra la prueba suficiente para declarar con certeza positiva que las municiones encontradas a una determinada persona son de guerra o de combate, así debe dejarlo dicho en su declaración de hechos probados. Sin embargo, el tribunal de sentencia que condenó a mí representado, lo que declaró como una verdad incuestionable, de la cual partimos para este análisis, en su apartado segundo es lo siguiente: El dieciocho de mayo del año 2015, a eso de las diez y treinta minutos de la mañana, la Policía Militar del Orden Público realizó un allanamiento, en la colonia Vella Vista, de la ciudad de Juticalpa, Olancho en la vivienda habitada por el señor RAMÓN DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, en cuyo perímetro interior se encontraba estacionado un vehículo tipo camioneta, color dorada, marca Land Cruiser, placa PCH 8038, en el cual se encontró un arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo Five Seven USG, calibre 5.7 x 28mm, serie 386198213, con un cargador y 45 proyectiles sin percutir del mismo calibre, entre los cuales se encontraban proyectiles de punta azul y proyectiles de punta hueca, en una cantidad no determinada, capaces estos últimos de perforar chalecos blindados grado 3, por lo cual, no son permitidos por la ley: siendo tanto el arma de fuego como los proyectiles descritos, propiedad del señor RAMÓN DANIEL SARMIENTO ESCOBAR y encontrándose dicha arma de fuego, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. 18. No se encuentra descrita en ningún apartado de los hechos probados el hecho de que los cuarenta y cinco (45) proyectiles encontrados en el vehículo del señor Sarmiento Escobar, sean de aquellos que deben ser empleados en una guerra o en un combate. En ese orden de ideas, no existe correspondencia absoluta entre la declaración de hechos probados y la norma penal sustantiva que se aplicó por el tribunal sentenciador, deviniendo entonces en que la misma fue aplicada indebidamente. Como ya se avanzó antes, el tribunal sentenciador recurre a la Ley de Control de Armas de Fuego para atribuir el carácter de “prohibido” a esos cuarenta y cinco (45) proyectiles, que en su artículo 8 numeral 4), establece lo siguiente: son armas y municiones prohibidas, entre otras, los proyectiles perforantes de protectores blindados, explosivos, prefragmentados o de detonación o cualquier otro prohibido en Convenciones internacionales ratificados por Honduras. Sin embargo, por mucho que haya invocado esta norma, no se puede completar la declaración de hechos probados in mente, agregando el carácter o naturaleza que el artículo 332-A exige como requisito objetivo del tipo. En primer lugar, la norma de carácter administrativo invocada por el tribunal y transcrita en este párrafo, no dice que lo descrito en ella sea para ser utilizado en eventos de guerra o en combates, sino que, con toda claridad los declara como municiones prohibidas, que es una cosa totalmente distinta. Siendo así las cosas, al haber aplicado esta norma a los hechos declarados como probado, el tribunal lo ha hecho de manera indebida, pues los aplicado a un hecho o hechos que no contienen las descripciones típicas exigidas por aquella. 19. Como ya es pacífica doctrina para la materia de casación por infracción de ley, la declaración de hechos probados constituye el cimiento o piedra angular de toda sentencia penal. En ellos el tribunal juzgador redefine un hecho histórico que es el objeto del juicio penal. En dicho cuadro fáctico, el tribunal de sentencia describe una verdad real e histórica, estimando de manera clara y terminante aquellos hechos que estimó probados conforme a los medios de prueba legalmente practicados en la vista pública. De esa verdad incuestionable se derivarán las consecuencias de naturaleza jurídica, entre ellas, la adecuación o subsunción de la misma en una norma concreta de la ley penal sustantiva. Por esta razón, para que el tribunal sentenciador haya concluido, sin infringir ley penal sustantiva alguna, que el acusado, señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar cometió un delito de almacenamiento de municiones de guerra o de combate, debió describir dicho carácter de las municiones en los hechos probados, toda vez que haya tenido prueba suficiente para declararlo como una verdad incuestionable. Al no haberlo hecho así, y haber aplicado a esos hechos probados una norma penal como es el artículo 332-A, que dice que se sancionará con reclusión a quien, entre otras cosas, almacene municiones de guerra o de combate, ha infringido por la vía de la aplicación indebida. 20. Honorable Sala, respetando la declaración hechos probados precedente, pues son intangibles para los efectos de este recurso, se puede afirmar con contundencia, que de los mismos no se pueden extraer los elementos objetivos del delito de almacenamiento de municiones de guerra o de combate por el cual fue condenado el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, es decir, los hechos probados no se pueden subsumir o adecuar a lo dispuesto por el artículo 332-A del Código Penal, pues hace falta en ellos la exigencia de que las municiones descritas en número de cuarenta y cinco (45) proyectiles haya sido declaradas contundentemente como de guerra o de combate. Se repite nuevamente, no se aprecia de los hechos probados que el acusado tantas veces relacionado, haya tenido en almacenamiento o siquiera en posesión municiones catalogadas como de guerra o de combate. En la parte del factum en donde se mencionada y describen los cuarenta y cinco proyectiles encontrados en el vehículo del acusado, no describe la condición esencial de ser esas municiones para la guerra o para el combate, como lo requiere la norma penal que fue indebidamente aplicada por el tribunal sentenciador. 21. En conclusión, Ilustrada Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el delito de almacenamiento de municiones de guerra o de combate por el que se condenó al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, previsto y sancionado por el artículo 332-A del Código Penal, no se encuentra descrito en la declaración de hechos probados, que en este caso es una verdad incuestionable, misma que no se puede modificar. El elemento esencial del tipo, que tuvo en cuenta el legislador para atribuir a las conductas descritas en el mismo, un reproche jurídico penal, es que lo poseído o almacenado no solamente sea prohibido por la ley, sino que, además, tenga el carácter de ser para guerra o para el combate. Por ende, el Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal, al haber condenado al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar como autor responsable de un delito de almacenamiento de municiones de guerra o de combate, aplicó indebidamente el artículo 332-A del Código Penal, produciendo de esta manera una infracción o violación a una ley penal de carácter sustantivo, misma que sirvió para resolver el caso, en la forma ya dicha. APLICACIÓN PRETENDIDA. Al no haberse descrito, de manera palmaria, los elementos objetivos del tipo, previstos en el artículo 332-A del Código Penal, no puede calificarse los hechos declarados como probados como constitutivos de un delito de almacenamiento de municiones de guerra o de combate, y al haberse condenado al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar por este delito, es evidente que el tribunal ha infringido, por aplicación indebida, las normas que contienen las infracciones penales, es decir, el artículo 332-A del Código Penal, pues de acuerdo a los hechos probados no se configura dicho delito. Procede en consecuencia, con la estimación de este motivo de casación, que la Sala de lo Penal declare la inexistencia de dicha infracción penal, pues los hechos probados no cumplen con la exigencia de tipicidad, en consecuencia, se debe absolver libremente de toda responsabilidad al acusado en referencia.” “TERCER MOTIVO. Infracción por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO 22. Honorable Sala de lo Penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 360 del Código Procesal Penal, norma invocada como precepto autorizante para este motivo de casación, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Conforme a la doctrina de esa Ilustrada Sala[4] se apreciará la infracción de una ley penal de carácter sustantivo, no solamente cuando la misma haya sido erróneamente interpretada por el tribunal a un caso concreto, como ocurre en el primer motivo de casación expuesto, sino también cuando, dado los hechos probados, existiendo una total falta de correspondencia entre esos hechos probados y el fallo, se aprecia que el tribunal sentenciador aplicó indebidamente una norma penal de carácter sustantivo, resultando así que, debiendo aplicarse correctamente la norma penal sustantiva, el resultado del fallo debe ser otro totalmente distinto al proferido. 23. Se trata pues de un error en el cual el tribunal sentenciador incurre, pues tiene la creencia que los hechos probados pueden subsumirse en ese determinado precepto penal de carácter sustantivo, por ende lo aplica sin que se den todos o cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, resultando así infringida la norma por la vía de la aplicación indebida. 24. En el presente caso, existe una indebida aplicación del artículo 332-B del Código Penal que sanciona el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, a partir de la declaración de los hechos probados del fallo. Resulta pues que esa declaración de hechos probados, si bien describe el hallazgo del arma de fuego en el interior del vehículo del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, pero en dicha declaración de hechos probados no se describe la circunstancias típica de que dicha arma de fuego se encontraba en poder o en posesión del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar. Al no haberse descrito en el relato de hechos probados, la circunstancia típica de posesión del arma, o cualquiera de las exigidas por el tipo penal, no se puede completar la hipótesis adecuada a la norma, cometiéndose así la infracción denunciada. 25. La descripción típica del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, previsto y sancionado por el artículo 332-B del Código Penal, es la siguiente, Quién sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas, o explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionadas con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. 26. Este precepto penal procede su aplicación correcta toda vez que una persona determinada haya realizado en su totalidad cualquiera de las conductas típicas enunciadas en la norma y que son amenazadas por un reproche jurídico penal. Efectivamente, como ya se avanzó en los argumentos del primero motivo de casación de este recurso, procede apreciar la aplicación correcta de la norma si las armas o municiones que se le hayan ocupado a una persona, aun tiendo el carácter de ser de aquellas de lícito comercio, sean poseías o u otro modo transportadas de manera lícita, es decir, con los documentos de propiedad y los permisos de la autoridad administrativa correspondiente. De acuerdo a la jurisprudencia de esa Sala de lo Penal, para la determinación correcta del ilícito es necesario que se recurra a la Ley de Control de Armas de Fuego, a efecto de establecer que aspecto de esta última norma fueron obviados o infringidos por un poseedor de un arma comercial, para que dicha posesión caiga dentro de lo ilícito, y así de esa manera exigir el respectivo reproche jurídico penal. 27. Como bien lo tiene establecido la jurisprudencia de esa Ilustrada Sala, se trata de un delito de mera actividad, pues el delito se consuma o se agota con la simple acción del autor de cualquiera de las conductas enunciadas, es decir, poseer, usar, transportar entre otras. También se sostiene que se trata de un tipo penal unisubjetivo, ya que puede ser llevado a cabo el delito por una sola persona, sin la concurrencia de otras. En cuanto al bien jurídico protegido por la Ley Penal, que es la que se ofende o daña con la norma lo es la seguridad interior del Estado de Honduras, de aquí que, se trate de una infracción penal de carácter uniofensivo, pues no transgrede más que un bien jurídico protegido. 28. Teniendo el tribunal sentenciador, acreditados todos los elementos del delito acreditados con la prueba suficiente, podrá redactar los hechos probados, y luego adecuarlos a la norma penal en cuestión, pudiendo resultar congruencia entre ellos. En esa descripción de hechos probados, que se tendrán como verdades incuestionables, deberá el tribunal sentenciador describir todos los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal, entre ellos, y especialmente, las acciones típicas, de una manera precisa, coherente, clara y terminante. En el presente caso en que se ha condenado a mi representado como autor responsable de un delito de Posesión ilegal de un arma comercial, el tribunal sentenciador debió dejar efectivamente probado el hecho de que mi representado en un determinado día, se encontraba en posesión de un arma de fuego comercial sin estar autorizado para ello. Sin embargo, al examinar la declaración de hechos probados, nos encontramos que en dicha declaración de hechos probados no se encuentra descrita dicha conducta de manera, clara y terminante. Veamos por qué. 29. El tribunal de sentencia que condenó a mí representado, lo que declaró como una verdad incuestionable, de la cual partimos para este análisis, en su apartado segundo es lo siguiente: HECHO SEGUNDO El dieciocho de mayo del año 2015, a eso de las diez y treinta minutos de la mañana, la Policía Militar del Orden Público realizó un allanamiento, en la colonia Vella Vista, de la ciudad de Juticalpa, Olancho en la vivienda habitada por el señor RAMÓN DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, en cuyo perímetro interior se encontraba estacionado un vehículo tipo camioneta, color dorada, marca Land Cruiser, placa PCH 8038, en el cual se encontró un arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo Five Seven USG, calibre 5.7 x 28mm, serie 386198213, con un cargador y 45 proyectiles sin percutir del mismo calibre, entre los cuales se encontraban proyectiles de punta azul y proyectiles de punta hueca, en una cantidad no determinada, capaces estos últimos de perforar chalecos blindados grado 3, por lo cual, no son permitidos por la ley: siendo tanto el arma de fuego como los proyectiles descritos, propiedad del señor RAMÓN DANIEL SARMIENTO ESCOBAR y encontrándose dicha arma de fuego, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. 30. Pues bien, honorable Sala de lo Penal, partiendo de este hecho probado de la sentencia, que para los efectos de este recurso, es una verdad incuestionable, no aparece en manera alguna establecido el hecho de la posesión de dicha arma de fuego de tipo comercial por parte del acusado ese día en cuestión. Por qué digo esto? Si analizamos bien el factum, mismo que no se cuestiona en lo absoluto, no se dice que al momento del allanamiento realizado por la Policía el día 18 de mayo de 2015, el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar haya sido encontrado en posesión de aquella arma de fuego descrita. Lo que se dice es que, producto de ese allanamiento se encontró en el interior de un vehículo, estacionado en la casa del acusado, un arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo Five Seven USG, calibre 5.7 x 28mm, serie 386198213, con un cargador y 45 proyectiles sin percutir del mismo calibre, sin describirse en ese apartado de los hechos probados en posesión de quien se encontraba dicha arma de fuego. 31. Si bien se puede decir que en el hecho probado segundo que se analiza se dice que el arma encontrada es propiedad del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, así como los proyectiles encontrados junto a ella, no es menos cierto que esa no es la acción típica del delito por el cual se condenó a mí representado, sino la de poseer. Describir la conducta típica en el hecho probado implicaba decir con la debida claridad y coherencia posible, que el arma estaba en posesión del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar el día 18 de mayo de 2015, aspecto que no se encuentra determinado en el factum de manera clara y terminante. Por esta razón se puede concluir que, dado el hecho probado en el que describe el hallazgo del arma de fuego en cuestión, el día 18 de mayo de 2015 el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar no se encontraba en posesión del arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo Five Seven USG, calibre 5.7 x 28mm, serie 386198213, con un cargador y 45 proyectiles sin percutir del mismo calibre, y al haberse aplicado el artículo 332-A del Código Penal, condenándolo como autor de un delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, se ha infringido por la vía de la aplicación indebida esa norma penal de carácter sustantivo. 32. Tribunal de Casación Penal, tener en cuenta que estoy respetando el relato fáctico, no se está cuestionando en lo absoluto, al decir que en ese hecho probado no se encuentra descrita la posesión del arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo Five Seven USG, calibre 5.7 x 28mm, serie 386198213, con un cargador y 45 proyectiles sin percutir del mismo calibre, no es cuestionar o atacar la declaración de hechos probados, simplemente no lo dicen y lo que se dice en este recurso es justamente lo que describen los hechos. 33. Honorable Sala de Casación Penal, también en el presente caso en que se ha condenado a mi representado como autor responsable de un delito de Posesión ilegal de un arma comercial, el tribunal sentenciador ha incurrido en el vicio de la indebida aplicación de la norma penal sustantiva ya relacionada, (332-B del Código Penal), pues no aparece probado en la declaración de hechos tenida como tal, el carácter ilegal de dicho acto de posesión. No se describe la circunstancia de que mi representado justo el día 18 de mayo de 2015, se encontraba en posesión de un arma de fuego comercial sin estar autorizado para ello. Veamos por qué. 34. Retomando la declaración de hechos probados en su párrafo segundo, encontramos lo siguiente: siendo tanto el arma de fuego como los proyectiles descritos, propiedad del señor RAMÓN DANIEL SARMIENTO ESCOBAR y encontrándose dicha arma de fuego, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. El carácter ilegal de cualquier acto de los descritos en el artículo 332-A del Código Penal, invocado como infringido, deviene del hecho de que el poseedor del arma de fuego en el momento en que es encontrado en posesión del arma de fuego, o en momentos inmediatos cuando fuese requerido no tenga los documentos que acrediten ser propietario de dicha arma de fuego, así como el correspondiente permiso de portar dicha arma. 35. Si bien el tribunal sentenciador en el hecho declarado como probado primero, describe acciones cometidos por persona no identifica, cometidas el día 9 de febrero de 2011, según las cuales se ingresó al sistema de cómputo del Registro de Armas de Fuego de la Secretaría de Seguridad, se dice de manera irregular, esta conducta no fue perpetrada por el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, pues en dicha declaración de hechos no se afirma así. En ese orden de ideas, la circunstancia de la ilegalidad de posesión del arma de fuego que el tribunal sentenciador le atribuye a mi representado no aparece descrita en el hecho probado del día 18 de mayo de 2015, no siendo posible unir el hecho probado primero al segundo, pues se trata de un hecho atribuido a una persona no identificada que realizó la conducta encaminada a ingresar datos de una arma de fuego en particular, por ende no se puede concluir en que los eventos de un hecho probado, acontecidos en otro tiempo y en otro escenarios sean “agregados” al hecho probado segundo, que es el toral, pues es el hecho que describe el acto de hallazgo y ocupación del arma de fuego encontrada en un lugar, por parte de la autoridad competente. 36. Por otra parte, Ilustrado Tribunal de Casación, el hecho de la ilegal posesión no se encuentra demostrado, aunque se haga elucubración a partir de otros hechos probados como lo hace el tribunal sentenciador. En efecto, si bien el tribunal de Sentencia que condenó a mi representado declaró como probado que el señor Abogado José María Alonzo Herrera compareció en estrados del Ministerio Público solicitando la devolución de un arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo Five Seven USG, calibre 5.7 x 28mm, serie 386198213, esto el día 27 de mayo de 2015, acompañando a dicha petición una copia autenticada del permiso de portar armas número OP-715481-67403 a nombre del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, no es menos cierto que en dicha declaración de hechos probados no se afirma de manera categórica y terminante que dicho documento presentado sea ilegítimo o tenga carácter ilegal. En efecto, lo que se dice y se aprecia con la debida claridad es que se presentó un documento con numeración OP-715481-67403 a nombre del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, pero no se aprecia en dicha declaración la circunstancia de que ese documento sea ilegal, no siendo así, no se puede adecuar este hecho declarado como probado al artículo 332-A del Código Penal, por ende, el Tribunal de Sentencia ha infringido esta norma por la vía de la aplicación indebida. 37. En conclusión, el delito de posesión ilegal de arma comercial por el que se condenó al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, previsto y sancionado por el artículo 332-B del Código Penal, no se encuentra descrito en la declaración de hechos probados, que en este caso es una verdad incuestionable, misma que no se puede modificar. El elemento esencial del tipo, por una parte, el hecho de la posesión inmediata del arma en el momento de haber encontrado aquella, y por otra parte, la ilegalidad de la posesión, en todo caso, no fueron descritos en esa declaración de hechos probados. Por ende, el Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal, al haber condenado al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar como autor responsable de un delito de posesión ilegal de arma comercial, aplicó indebidamente el artículo 332-B del Código Penal, produciendo de esta manera una infracción o violación a una ley penal de carácter sustantivo, misma que sirvió para resolver el caso, en la forma ya dicha. APLICACIÓN PRETENDIDA. Al no haberse descrito, de manera palmaria, los elementos objetivos del tipo, previstos en el artículo 332-B del Código Penal, no puede calificarse los hechos declarados como probados como constitutivos de un delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, y al haberse condenado al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar por este delito, es evidente que el tribunal ha infringido, por aplicación indebida, las normas que contienen las infracciones penales, es decir, el artículo 332-A del Código Penal, pues de acuerdo a los hechos probados no se configura dicho delito. Procede en consecuencia, con la estimación de este motivo de casación, que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, declare la inexistencia de dicha infracción penal, pues los hechos probados no cumplen con la exigencia de tipicidad, en consecuencia, se debe absolver libremente de toda responsabilidad al acusado en referencia por este delito.” “CUARTO MOTIVO. Infracción por aplicación indebida del artículo 289 del Código Penal, en relación con el 284 numeral 4) del mismo Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO 38. Honorable Sala de lo Penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 360 del Código Procesal Penal, norma invocada como precepto autorizante para este motivo de casación, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Conforme a la doctrina de esa Ilustrada Sala[5] se apreciará la infracción de una ley penal de carácter sustantivo, no solamente cuando la misma haya sido erróneamente interpretada por el tribunal a un caso concreto, como ocurre en el primer motivo de casación expuesto, sino también cuando, dado los hechos probados, se aprecia que el tribunal sentenciador aplicó indebidamente una norma penal de carácter sustantivo, por lo que existe una total falta de correspondencia entre esos hechos probados y el fallo, resultando así que, debiendo aplicarse correctamente la norma penal sustantiva, el resultado del fallo debe ser otro totalmente distinto al proferido. Se trata pues de un error en el cual el tribunal sentenciador incurre, pues tiene la creencia que los hechos probados pueden subsumirse en ese determinado precepto penal de carácter sustantivo, por ende, lo aplica sin que se den todos o cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, resultando así infringida la norma por la vía de la aplicación indebida. 39. Pues bien honorable Sala de Casación Penal, por esta vía y por ese motivo de casación se impugna la parte de la sentencia en la que se determina el delito de uso de documento falso, previsto y sancionado por el artículo 289 en relación al 284 No. 4) del Código Penal y la consecuencia condena por este delito contra mi representado Ramón Daniel Sarmiento Escobar, en virtud de que el tribunal sentenciador ha infringido esas disposiciones penales de carácter sustantivo por la vía de aplicación indebida, pues de partiendo de la declaración de hechos probados de la sentencia, las normas penales en cuestión no son aplicables al caso concreto. Efectivamente, dada la interpretación que el tribunal sentenciador realizó del artículo 289 del Código Penal, relacionándolo con el artículo 284 en su numeral 4), aquel fue aplicado indebidamente, no correspondiendo dicha aplicación al caso concreto, todo ello partiendo de la declaración de hechos estimados probados. 40. La descripción típica del delito de USO DE DOCUMEMTO PÚBLICO FALSO, previsto por el artículo 289 y sancionado por el artículo 284 del Código Penal, es la siguiente, Quien, a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte serán sancionado como si fuera autor de la falsedad. 41. Esta norma penal se hace depender de la descripción típica de las falsedades documentales establecidas en el artículo 284 en sus diferentes hipótesis, para determinar la existencia de la falsedad documental, y del preámbulo de dicho precepto para la determinación de la pena correspondiente. Entonces el artículo 284 del Código Penal que invocó el tribunal sentenciador tiene la redacción del tenor siguiente: Será sancionado con reclusión de tres (3) a nueve (9) años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1). (…) 4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 42. De acuerdo a lo determinado por el tribunal de sentencia que conoció el caso de nuestro defendido, se cometió primero un delito de Falsificación de documentos Públicos por la vía de la falsedad ideológica de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 284 del Código Penal, toda vez que se extendió un permiso de portación de armas de fuego sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la ley. Analizó el tribunal sentenciador que toda vez que el Abogado José María Alonzo Herrera se presentó en estados del Ministerio Público, como apoderado del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, y junto a un poder acompañó el documento que tiene esta numeración: OP-715481-67403 a nombre del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, éste estaba haciendo uso de un documento público falso, todo ello, partiendo de la declaración de hechos probados. No obstante, se insiste, el tribunal sentenciador ha hecho una aplicación indebida de dicho artículo pues no resulta de los hechos probados demostrada tal entidad delictiva. 43. Es necesario recordar y, además, transcribir la declaración de hechos probados del tribunal sentenciador y que da lugar a la indebida aplicación del artículo 289 del Código Penal que ha sido infringido. PRIMERO: En fecha nueve de febrero del 2011, una persona no identificada, ingreso datos al sistema de cómputo del Registro Nacional de Armas ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, entre ellos, el número de TGR 607586, de seis dígitos, lo cual no correspondía a un dato real, ya que los recibos de TGR constaban de siente dígitos y se ingresaron además, los datos del arma de fuego marca FNH, serie 386198213, emitiéndose un documento original consistente en el Permiso Para Poder Portar Armas número OP-715481-67403, a nombre de RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, incluyendo su número de tarjeta de identidad; todo ello, sin presentar dicha persona, la documentación requerida para el registro de la referida arma de fuego, como ser el documento de adquisición del arma de fuego y el recibo TGR de siete dígitos, entre otros, ni la toma de sus huellas digitales y las pruebas patrones de proyectiles disparados por dicha arma, cuyos casquillos deben formar parte del expediente del arma de fuego registrada, al afecto de su posterior emisión del carnet del Permiso Para Portar Armas; el cual fue extendido y obtenido, por ende, de forma irregular, por lo que el señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, no contaba con un permiso legalmente emitido que le autorizara tener en su poder dicha arma de fuego, cuyo ingreso a Honduras, provenía de una venta clandestina de un lote de armas realizada de parte de un ciudadano de Estados Unidos de Norteamérica TERCERO: En fecha veintisiete de mayo del año 2015, el Abogado JOSE MARIA ALONZO HERRERA, se presentó ante Fiscales del Ministerio Publico, presentando un escrito en el cual se personaban y ofrecía colaborar con la investigación de los hechos acaecidos con ocasión del allanamiento antes relacionado; acompañando a dicho escrito fotocopias autenticadas de un escrito de poder otorgado a su persona por el señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, así como por otras dos personas, reclamando objetos decomisados al señor RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, en el allanamiento de fecha dieciocho de mayo del año 2015, entre ellos, el arma de fuego tipo pistola, marca FN, modelo Five Seven USG, calibre 5.7x28mm, serie 386198213, así como otras armas y municiones, aduciendo que eran armas matriculadas con permisos autenticados que al efecto presentó, entre ellos, la copia autenticada del Permiso Para Poder Portar Armas número OP-715481-67403, a nombre de RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, el cual le fue proporcionado por el mismo, para tal tramite. 44. Pues bien, honorable Sala de Casación penal, los anteriores párrafos contienen lo que el Tribunal de Sentencia ha declarado como una verdad incuestionable y de la cual partió para establecer la existencia del delito de uso de documento falso, atribuyendo tal entidad delictiva a nuestro representado Ramón Daniel Sarmiento Escobar. 45. De acuerdo a la doctrina jurisprudencial de esa Sala, para efecto de proteger la Fe Pública, el legislador ha creado una serie de tipos penales en pro de defensa de éste bien jurídico, a los que agrupa en el título IX del Libro Segundo del Código Penal, entre los cuales se encuentra la Falsificación de Documentos Públicos y el Uso de Documento Falso, contenidos en los artículos 284 y 289 respectivamente, lo que obliga a estudiar quienes son funcionario público, que es un documento, cuando es de carácter público y como puede ser objeto de falsificación. 46. También es importante señalar que el delito de Falsificación de Documentos Públicos, en general, previsto y sancionado por el artículo 284 numeral 4) del Código Penal, es un típico delito contra la Fe Pública del Estado de Honduras, que se configura, de acuerdo a nuestra ley penal, no solamente con la concurrencia de los elementos objetivos consistentes en la acciones típicas de alterar la verdad de los hechos verdaderos, afirmar hechos falsos mediante acciones materiales e ideológicas, tales son las distintas modalidades comisivas que se consignan en el tipo penal expuesto, sino que, hay un elemento de tipo objetivo que se debe cumplir, y es que, a resultas de dicha alteración de hechos que mute la realidad, debe existir un perjuicio. Este perjuicio debe serlo a la propia fe pública en tanto en cuanto se altera la realidad de los hechos, afectando la seguridad jurídica, pero debe haber un perjuicio contra un tercero, pues no se concibe infracción penal alguna sin que exista un daño a un bien jurídico protegido. De no existir perjuicio o daño ocasionado con una infracción, no tiene caso que el Derecho Penal actué pues no cabe exigir un reproche jurídico penal por algo que no ha causado ningún daño. 47. Ese perjuicio de que se habla se trata de la trascendencia objetiva de la acción de acuerdo a la cual, en palabras de CREUS[6], la tipicidad no se conforma con la mera realización de las conductas típicas enunciadas en el antes citado artículo 284 del Código Penal, en sus respectivos numerales. Conforme a lo dicho por este autor, para que se configure el ataque a la fe pública como bien jurídico protegido, es imprescindible que la acción falsaria importe la presentación de lo no verdadero como verdadero, de lo no cierto como cierto, mediante un contenido del documento que verdaderamente no existió o del cambio de ese contenido que auténticamente existió. Esta cuestión que tiene que ver con la tipicidad en el delito de Falsificación de documentos públicos debe ser declarada como probada en cuanto al delito de Falsificación de Documentos en sus distintas modalidades. 48. Dejando a un lado las consideraciones doctrinarias relativas al tipo penal de Falsificación de Documentos, es más que pertinente referirme al delito de uso de documento público, previsto por el artículo 289 del Código Penal por el cual se condenó a mí representado con pena de reclusión de CUATRO AÑOS, para dejar establecido cómo es que se produjo la infracción denunciada. 49. Como se trata de una infracción penal simple, el delito de uso de documento falso se configura con una única conducta típica, esta es la de hacer uso, es decir, utilizar el documento falso en cualquier otro acto (público o privado) de acuerdo con su destino probatorio. De lo anterior se puede afirmar que el uso requiere, en principio, una actividad del autor, por eso debe ser cometido mediante una acción concreta de hacer uso del documento. Es importante señalar que cuando se habla de hacer uso, se hace referencia al empleo del documento, no simplemente poseerlo o tenerlo, sino buscar hacer con el documento aquello para lo que ha sido concebido. 50. También es importante señalar que el requerimiento del perjuicio es un requisito de la tipicidad para este delito de uso de documento público, aunque no se encuentre taxativamente enunciado en el artículo 289 del Código Penal, pero si existe reconocimiento de la doctrina mayoritaria en ese sentido pues así lo informan, además, los principios generales de las falsedades documentales. A los elementos objetivos del tipo debe agregarse como elemento subjetivo el empleo del dolo directo. Éste requiere el conocimiento cierto de la falsedad del documento y la voluntad de utilizarlo como tal según su finalidad probatoria. En ese orden de ideas, cuando de estructurar los hechos probados de la sentencia se trata, debe hacerse en relación a los elementos objetivos y subjetivos como efectivamente se ha dejado establecido. 51. Conforme a la declaración de hechos probados de la sentencia que se impugna por esta vía, los elementos objetivos de hacer uso del documento por parte de nuestro defendido y el subjetivo de tener conocimiento de la falsedad del documento no se encuentra presente en el presente caso, por lo que al haber aplicado el tribunal de sentencia el artículo 289 del Código Penal, lo ha hecho infringiendo dicha norma por la vía de la aplicación indebida. En efecto, si repasamos el hecho probado primero de la sentencia, lo que se destaca y se afirma en el mismo es que una persona no identificada ingresó datos en el registro de armas de fuego y como consecuencia se emitió un documento original consistente en el Permiso Para Poder Portar Armas número OP-715481-67403, a nombre de RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR, incluyendo su número de tarjeta de identidad. También se deja probado en dicho hecho que dicho permiso de portar arma de fuego fue obtenido de forma irregular. 52. En este hecho probado no aparece descrito el carácter de la falsedad del documento en el momento en que éste fue elaborado, sino que dicha elaboración y obtención lo fue de manera irregular. Este aspecto es de importancia capital, pues la irregularidad en la obtención de un documento no es equivalente a la falsedad del mismo. Lo irregular en cuanto a la obtención del documento dice relación en cuanto al hecho de haber obviado alguno de los requisitos para la obtención del mismo, sin embargo, la nulidad del documento dice relación a que este es absolutamente inexistente en cuanto a su validez, por haberse falseado la verdad. En todo caso, no se aprecia en el hecho probado primero de la sentencia la circunstancia de que el documento que, según el hecho probado tercero de la misma sentencia, fue presentado por el abogado JOSE MARIA ALONZO HERRERA en estrados del Ministerio Público tenga el carácter de falso. En ese orden de ideas, si el documento “Permiso Para Poder Portar Armas número OP-715481-67403”, a nombre de RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR no fue declarado por el tribunal de sentencia como falso, no puede hablarse de uno de documento público falso. 53. Por otra parte, si analizamos el hecho probado tercero de la sentencia, lo que se declara probado, entre otras cosas, es que en fecha veintisiete de mayo del año 2015 el abogado JOSE MARIA ALONZO HERRERA, se presentó ante Fiscales del Ministerio Publico presentando un escrito en el cual se personaba y ofrecía colaborar con la investigación. Además, que presentó un poder junto al cual acompañó el documento “Permiso para poder portar armas número OP-715481-67403”, a nombre de RAMON DANIEL SARMIENTO ESCOBAR. Pues bien, honorable Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Sentencia, que condenó a mi representado por un delito de uso de documento público falso, entendió erróneamente que había fijado en el hecho probado la conducta típica del delito por el cual condenó a nuestro representado, es decir, la acción de hacer uso, no obstante, apreciamos, y así debe apreciarlo ese alto tribunal, dicha acción no se encuentra descrita en el factum. Efectivamente, el hacer uso del documento por parte del imputado Ramón Daniel Sarmiento Escobar no es un hecho probado en la sentencia. 54. El tribunal sentenciador entiende que por el hecho de que el abogado que compareció a estrados del Ministerio Público presentando un documento, que ni siquiera fue declarado falso según el hecho probado primero, el señor RAMÓN DANIEL SARMIENTO ESCOBAR ha hecho uso de un documento falso, por ende, ha incurrido en el delito previsto por el artículo 189 del Código Penal. Sin embargo, del factum no aparece descrita la acción típica de hacer uso del documento falso, atribuida a la persona que se condenó por ese delito. El hecho de que el abogado haya presentado aquel documento, que se insiste no es falso de acuerdo a la declaración de hechos probados sino tan solo irregular, no implica que quien haya otorgado el poder para que lo representara administrativamente ante el Ministerio Público, lo haya autorizado para que presentara aquel documento a sabiendas de que el mismo era falso. 55. Es importante que se tenga muy en cuenta, que toda la acción descrita en el apartado tercero de la sentencia es atribuida por el Tribunal de Sentencia al señor JOSE MARIA ALONZO HERRERA, abogado del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, por ende, si de atribuir alguna conducta criminosa se tratara debería serlo a este, no a nuestro representado. La interpretación que hace el tribunal sentenciador respecto a este hecho probado y la norma penal 289 es absolutamente errónea dando lugar a la aplicación indebida de ésta, no aparece en ninguna parte de este apartado que nuestro representado haya hecho uso del documento en cuestión, se trate de un documento irregular o falso, lo cierto es que no existe ninguna conducta atribuible al acusado en referencia. 56. Por otra parte, se ha dicho en los apartados anteriores de esta exposición que el delito de uso de documento falso requiera para su debida configuración de la concurrencia de un elemento subjetivo determinado por el dolo directo de conocer la falsedad y la voluntad de hacer uso del documento falso. La jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha reconocido la exigencia de ese dolo falsario consistente en la conciencia y voluntad de representar como verdadero algo que no lo es[7]. Para ello, sostiene esa Sala de lo Penal, se configura el delito de uso de documento falso cuando una persona teniendo conocimiento previo de la falsedad de un documento público, hace uso de él en el tráfico jurídico. Pues bien, si examinamos el factum de la sentencia que ahora se impugna, no se describe en manera alguna el elemento subjetivo del tipo, es decir, que al momento de presentar dicho documento ate estrados del Ministerio Público, quien lo haya hecho lo hizo con conocimiento pleno de dicha falsedad documental. 57. En conclusión, al no haberse descrito en los hechos probados, utilizados e invocados por el tribunal sentenciador para atribuir responsabilidad penal a nuestro representado, los elementos objetivos del tipo: ser falso el documento relacionado en ellos, atribuyendo dicha falsedad al acusado Ramón Daniel Sarmiento Escobar; y el elemento subjetivo: tener conocimiento el supuesto autor del hecho de la falsedad del documento y la conciencia de dicha falsedad, la aplicación del artículo 289 del Código Penal al caso concreto se ha efectuado indebidamente, por lo que se ha infringido esa norma penal sustantiva por la vía de la aplicación indebida. APLICACIÓN PRETENDIDA. Al no haberse descrito, de manera palmaria, los elementos objetivos y subjetivos del tipo, previstos en el artículo 289 del Código Penal, no puede calificarse los hechos declarados como probados como constitutivos de un delito de uso de documento público falso, y al haberse condenado al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar por este delito, es evidente que el tribunal ha infringido, por aplicación indebida, la normas que contiene la infracción penal en referencia. De acuerdo a los hechos probados no se configura dicho delito. Procede en consecuencia, con la estimación de este motivo de casación, que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, declare la inexistencia de dicha infracción penal, pues los hechos probados no cumplen con la exigencia de tipicidad, en consecuencia, se debe absolver libremente de toda responsabilidad al acusado en referencia por este delito.” Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. ÚNICO MOTIVO: Infracción del artículo 82 de la Constitución de la República, en relación directa con los artículos 14, 15 y 101 del Código Procesal Penal, que proclaman y garantizan el derecho de defensa, proscribiendo todo tipo de indefensión. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO 58. La Constitución de la República proclama y garantiza el derecho de defensa en su artículo 82 al decir que: El derecho de defensa es inviolable. (…). La expresiva fórmula de la norma constitucional antes citada, proclama el derecho a no sufrir indefensión, caracterizando el derecho de defensa como un Derecho Humano, esencial para hacer viable otros derechos y garantías procesales. El texto constitucional lo que establece, en principio, es toda prohibición a sufrir indefensión en cualquier tipo de procedimiento. Siguiendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional español, por indefensión debemos entender toda aquella situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, los órganos jurisdiccionales en el curso del proceso impiden a las partes el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando su capacidad de ejercitar, bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción, siempre que dicha indefensión tenga un carácter material, es decir, que produzca un efectivo y real menoscabo del derecho de defenderse. 59. La indefensión pues, con relevancia constitucional, queda circunscrita a los casos en que la misma sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales eventos, es decir, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia[8], ha entendido, igualmente, que la indefensión debe tener el carácter de material, es decir, cuando la parte que la alega ha tenido todas las oportunidades de proponer medios de prueba, contradecir la prueba contraria, no se puede hablar de vulneración al derecho de defensa. La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el derecho de defensa en varios casos. Entre otras, la sentencia de 11 de agosto de 2009, recurso de casación CP-32207, inter alia dijo lo siguiente, Esta Sala de lo Penal estima que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa Material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación, o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se produce elementos probatorios, que sirvan de base no solo a la acusación, sino a la sentencia que resolverá definitivamente la situación; 2) Derecho de Petición, o derecho del acusado de formular a la autoridad judicial todas aquellas observaciones o peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; y 3) Derecho al conocimiento, o derecho del acusado de conocer inmediatamente y de forma comprensible cuáles son sus derechos como acusado. 60. En el mismo sentido, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha entendido que la indefensión se produce, no cuando la resolución proferida por el órgano competente es contraria a las pretensiones del litigante, sino cuando aquel órgano lo ha privado de todo derecho a hacer alegaciones, proponer y evacuar pruebas, poniéndolo en una situación de desigualdad implicando que las posibilidades de defensa resultan absolutamente nulas. En la sentencia de 16 de septiembre de 2009, del amparo número 465-P192-09, la Sala de lo Constitucional puntualiza los requisitos que deben concurrir en cada caso, para que se pueda alegar indefensión. Para mejor ilustración se transcribe lo esencial de esta sentencia, en la cual, inter alia, se dijo lo siguiente: Que el derecho de defensa se considera infringido cuando a los litigantes se les limita la posibilidad real de ser oídos, o se les mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional de los órganos judiciales el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. 61. Honorable Sala Suprema, habiendo expuesto la connotación del derecho de defensa en el proceso penal y las implicaciones que la indefensión supone para la persona imputada, expondré cómo es que se produce la violación al derecho de defensa del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, al momento del dictado de la sentencia que le condena como autor de los delitos de ALMACENAMIENTO DE MUNICIÓN DE GUERRA O DE COMBATE, POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL Y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. 62. En el desarrollo de la defensa del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar se puso de manifiesto cuestiones incidentales relativas a la exclusión de medios de prueba, que a entender de la defensa no podrían ser evacuados ni valorados por ser violatorios de derechos fundamentales del acusado. En la fase incidental del debate, la defensa del imputado en referencia, argumentó que la pericia llevada a cabo por el señor LUIS GUILLERMO ORTEGA PAZZETY, adolece del vicio de nulidad de atentar contra el derecho de defensa que proclama y garantiza la Constitución de la República en su artículo 69 y que prescribe, además, el Código Procesal Penal en su artículos 14, 15 y que se materializa e individualiza respecto a la persona imputada o simplemente investigada en su artículo 101 en diferentes apartados. 63. La defensa cuestionó dicha pericia, argumentando que al momento de su realización por el perito en cuestión, el señor ramón Daniel Sarmiento Escobar, si bien es cierto no había sido detenido por los cuerpos de la Policía Nacional, tenía la condición de persona investigada, estatus éste que para los efectos del respeto de las libertad fundamentales es equiparable a la de una persona imputada. Haciendo uso de los argumentos y la documentación obrante en los antecedentes del proceso, se señaló que la pericia en cuestión fue realizada, efectivamente, el día uno de junio de 2015, fecha esta cuando el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar ya contaba con un defensor, pues se había enterado que estaba siendo objeto de investigación, puesto que, desde el día 18 de mayo de 2015, su domicilio había sido allanado y registrado por el Ministerio Público, y precisamente, la pericia a realizarse versaría o versó sobre objetos encontrado tras el registro de su domicilio particular. La defensa en su ocasión argumentó que al haberse practicado la pericia sin la respectiva notificación a la defensa del imputado y sin su presencia, vulneraba el derecho de defensa contenido en el antes citado artículo 69 de la Constitución de la República, en relación directa con los artículo 14, 15, 101 párrafo final, 242 y 277 del Código Procesal Penal. Utilizó como cauce procesal la vía de la nulidad de los actos del proceso, estimando que la misma procedía por estar autorizada por el artículo 166 en su numeral 7 del Código Procesal Penal. 64. Para el planteo de este argumento casacional es necesario citar los preceptos legales antes expuestos, a saber: Artículo 82 de la Constitución de la República proclama que el derecho de defensa en inviolable. Relacionado con este precepto, el Código Procesal penal prescribe una serie de garantías procesales, desde aquellas de carácter general como las establecidas en el artículo 14 y 15, que se refieren a la proclamación del derecho de defensa en general, como otros específicas en materia probatoria como lo dicho por el artículo 242, en cuanto en tanto establece la obligatoriedad de que el defensor del imputado, ya constituido como tal, se encuentre presente en el momento de la realización de la pericia y tener conocimiento de ella. 65. El Tribunal de Sentencia que conoció del juicio, como cuestiones previas abordó el tema de los incidentes planteados por la defensa. Resolvió el relativo a la nulidad del peritaje realizado sobre el arma y los proyectiles encontrados en el allanamiento, argumentando, entre otras cosas, que en tanto en cuanto el Ministerio Público, hasta el día uno de junio de 2015 no había presentado requerimiento fiscal contra el señor Ramón Daniel Sarmiento escobar, éste no tenía la condición de persona imputada, por ende, no le asistía el derecho a estar presente con su defensor en los actos que impliquen actos de prueba. Argumentó el Tribunal de Sentencia que antes de presentarse requerimiento Fiscal, el ahora acusado, solo tenía la condición de investigado y como tal, no podía exigir que se le notificara previamente la realización de una diligencia de investigación. Concluyó el tribunal sentenciador, que con la realización de la pericia no hubo vulneración de ningún derecho fundamental al acusado, aun y cuando ya se hubiese constituido en defensor al tenor de lo dispuesto en el Código Procesal Penal. 66. Honorable Sala de Casación Penal, lo resuelto por el tribunal sentenciador en la sentencia que condena a mi representado es absolutamente un atentado con sus derechos y libertades fundamentales, especialmente contra su legítimo derecho de defensa que se proclama en la Constitución de la República y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Al haber desestimado un incidente de nulidad de actos procesales, cuyo propósito era el de que se excluyera del acervo probatorio un medio de prueba, pre-constituido en la fase preparatoria del proceso, por ser el mismo violatorio del derecho de defensa del acusado, se propició por parte del tribunal sentenciador un quebranto al derecho del acusado al contradictorio durante la realización del medio de prueba. De haberse estimado dicho incidente de nulidad, el medio de prueba cuestionado como nulo, que luego fue admitido y valorado positivamente a favor de la acusación, no se hubiera producido en el acto del juicio, por ende, este medio de prueba no podía arrojar conclusiones inculpatorias contra mi representado. 67. El tribunal sentenciador se equivoca cuando sostiene en el fallo que no existía el derecho del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar a que su abogado estuviera presente en el momento de la realización de la pericia, pues toda la doctrina y jurisprudencia procesal, así como aquella que versa sobre Derechos Humanos, demanda la necesaria asistencia del abogado en todos los actos del proceso que impliquen la realización de actos de prueba. 68. La defensa es un derecho que viene siendo proclamado como esencial por las convenciones internacionales de protección de los Derechos Humanos. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, se lo coloca como uno de los pilares básicos en un Estado democrático de derecho. Por esta razón, en su artículo 11 este instrumento nos dice que toda persona acusada de delito, tendrá derecho a defenderse en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de dic. 1966), el derecho de defensa aparece englobado en el conjunto de garantías mínimas a las que toda persona acusada de delito debe gozar. Así, en su artículo 14 este instrumento convencional nos recuerda que: durante el proceso toda persona acusada de un delito, tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: entre otras, e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. 69. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, igual que lo hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 8 dispone que el derecho de defensa es parte de las garantías mínimas a las que una persona acusada debe acceder. Este convenio internacional en materia de Derechos Humanos, que nos concierne en su aplicación y observancia por ser Honduras país parte, declara que toda persona acusada de delito tiene derecho, entre otras, a las siguientes garantías mínimas: derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. 70. El derecho de defensa, en su aspecto de defensa propia o material, se concretiza en el artículo 101 del Código Procesal Penal que hace relación a los derechos del imputado. Este precepto además de organizar el catálogo de derechos del justiciable, en su penúltimo párrafo establece el derecho a estar presente en todos los actos del proceso que impliquen incorporación de pruebas, con las salvedades ya establecidas. El segundo párrafo del artículo 14 del Código Procesal Penal, se corresponde con el antes citado párrafo último, según el cual, toda persona imputada, no sólo tiene derecho a estar presente en aquellos actos procesales, destinados a la producción e incorporación de elementos de prueba, sino que tiene derecho a formular peticiones y observaciones con relación a dichos actos. Es que el proceso, en general, y el juicio o debate en particular, viene a ser un derecho del imputado. Como tal, éste debe estar presente en los actos del mismo, especialmente en aquellos que impliquen producción de pruebas. 71. Por todo lo anterior, cuando el tribunal sentenciador desestimó el incidente de nulidad planteado por la defensa, haciendo en la sentencia que resolvió el caso, vulneró el derecho de defensa de mi cliente, pues por una parte, no solamente supuso una vulneración de dichos preceptos perse, sino que además, dicha vulneración posibilitó una ventaja procesal para el Ministerio Público que contó con un medio probatorio en el cual el acusado ni su defensa tuvo control alguno, ni posibilidad de contradecirlo en el momento de su elaboración. Así las cosas, la violación del derecho de defensa ha sido de manera efectiva, implicando que la misma ha posibilitado la ruptura del debido proceso. 72. El tribunal sentenciador para sostener su fallo en el que desestima la petición de nulidad del medio de prueba pericial, sostiene erróneamente que el señor Ramón Daniel sarmiento Escobar no tenía la condición de imputado al momento en que el perito realizó su pericia y ofreció sus resultados, simplemente porque aún no se le había presentado requerimiento fiscal. Es esta una falacia que no puede ser sostenida válidamente. Es un derecho irrenunciable del imputado contar con la asistencia técnica de un Profesional del Derecho desde el momento mismo en que sea enterado de que se le persigue penalmente, en su caso, para hacer efectivo el derecho de defensa que se proclama como inviolable en el artículo 82 de la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece como garantía mínima de toda persona imputada: contar con la asistencia de un abogado, que puede ser nombrado por el órgano jurisdiccional, en caso de ser necesario. La falta de Defensor en los actos del proceso produce la nulidad absoluta de aquellos. Para el caso, la declaración del imputado, conforme el artículo 289 de Código, deberá recibirse, bajo pena de nulidad, con la presencia del defensor. 73. Si bien el artículo 101 en su preámbulo del Código Procesal Penal establece que la condición de imputado se adquiere con la presentación de un requerimiento fiscal, o por la querella en los casos de acción privada, y cuando haya sido privada cautelarmente de su libertad, lo cierto es que, una lectura detallada de todos los preceptos de Código Procesal Penal, la proclamación como inviolable que hace la Constitución de la República y los Tratados Sobre Derechos Humanos de los que Honduras es parte, no deben llevar a la conclusión de que, aun cuando no se haya presentado un requerimiento fiscal contra determinada persona, estando ésta en condición de investigada por el Ministerio Público, debe respetársele el legítimo de derecho de defensa, por ende, tal carácter es equiparable a la de imputado. Se puede corroborar fácilmente tal argumento con la sola constatación de lo dispuesto en los últimos párrafos del artículo 101 del Código Procesal Penal, que disponen la siguiente: La persona que sea objeto de investigación por el Ministerio Público, aunque no tenga la condición de imputada, tendrá derecho a presentarse, en su caso, con o sin Profesional del Derecho que lo asista, ante el Ministerio Público para que se le informe sobre los hechos que se le atribuyen y para que se le escuche. La Policía Nacional, el Ministerio Público y los jueces, harán saber, de manera inmediata y comprensible, a la persona imputada o a la que, sin serlo aún, pero siendo objeto de investigación por el Ministerio Público, comparezca ante este para ser oída, todos los derechos a que el presente artículo se refiere, lo cual se hará constar en acta que deberá ser firmada por la persona que ha comparecido o consignarse su negativa. 74. Como se puede ver, el Código Procesal penal, recepcionando todo lo establecido en la Constitución de la República y los Tratados Sobre Derechos Humanos de los que Honduras es parte, da un reconocimiento expreso de persona imputada a aquella que está siendo investigada por el Ministerio Público, para todo aquello que le pueda favorecer. Si no fuera así, qué sentido tendría entonces el derecho que tiene de ser informada y de que se le escuche en relación a los hechos de la acusación. Si el derecho de ser escuchado, es una derecho fundamental también proclamado por la Constitución de la República en su artículo 95 no tendría ningún sentido reconocerle ese derecho a una persona investigada sin posibilitarle estar presente en los actos del proceso que implique producción de medios de prueba. 75. Una muestra más de ese reconocimiento de imputada a la persona simplemente investigada por el Ministerio Público nos la da la reforma legislativa introducida al Código Procesal Penal mediante el Decreto No. 74-2013 de 8 de mayo de 2013, que modifica la redacción original del texto del artículo 107 respecto a la regulación legal para la práctica de exámenes corporales a la persona imputada. Efectivamente, con la reforma en cuestión el precepto se lee de la siguiente manera: Para la determinación de la verdad, el órgano jurisdiccional podrá, a petición de parte interesada, ordenar, de ser necesario, que se practiquen a la persona imputada o sospechosa de haber participado en la comisión de un delito, exámenes corporales o extracciones de muestras que técnica y científicamente sean útiles, confiables y proporcionadas para aquel fin, siempre que no entrañen peligro para su salud. (lo resaltado del texto es de mi redacción) 76. Como se puede apreciar con la debida facilidad, el legislador hondureño, aún en los momentos en que la seguridad pública está demandando más sacrificio de los derechos de las personas sospechosas e imputadas, ha considerado que debe garantizarse a aquellas personas que están siendo objeto de investigación, todo el respeto de sus derechos fundamentales, y por otra parte, hacer del proceso de investigación y juzgamiento o debido proceso legal. Por esta razón es que, a partir de la reforma en cuestión, cuando se trate de la práctica de pruebas o exámenes corporales que comprometan los derechos a la intimidad o la integridad corporal, éstas deben practicarse siempre mediante la respectiva orden judicial. En ese orden de cosas, si para la práctica de diligencias o actos encaminados a la obtención de medios de prueba en los que el imputado o investigado sea objeto, es necesario extender el carácter de persona imputada con el reconocimiento de todos sus derechos, no puede hacer menos que lo mismo en todos aquellos casos en los que se practiquen actos de prueba, cuando la persona sujeta de investigación ha sido impuesta de dichos actos. Esta exigencia cobra mayor fuerza cuando el acto de prueba deba realizarse sobre objetos que se asegura han sido encontrados en la propiedad de la persona objeto de investigación, como ocurre en el presente caso. 77. No me puedo cansar de insistir en decir que el derecho de defensa que proclama el artículo 82 de la Constitución, no debe tener limitaciones en cuanto a su ejercicio. De todo lo anterior resulta fácil determinar que toda persona que, aunque no tenga la condición de imputada, con el sólo hecho de saber que se le está investigando, tiene derecho a que se le informe sobre el contenido de las investigaciones que se practican. Lo dicho por el artículo 101 está en completa correspondencia y armonía con lo que dispone el artículo 276 del Código Procesal Penal. La finalidad de las normas en referencia es potenciar el derecho de defensa nunca limitarlo como lo ha hecho el tribunal sentenciador con el falo que ha pronunciado. 78. Es que el derecho de la persona imputada o simplemente investigada no se agota con el simple hecho de cumplir una obligación estatal de informar, sino que comprende el derecho del sujeto pasivo de la investigación a ser escuchado por la autoridad correspondiente. Ser escuchado en la investigación, no solamente supone el hecho de que se permita a una persona declarar como testigo o como sospechoso, según el caso, sino a presentar argumentos y medios de prueba a efecto de desvirtuar los hechos. 79. En relación a este derecho, resulta interesante lo que sostuvo la Corte de Apelación Especial, designada para conocer el caso de un ex presidente de la República[9], que al ponderar los derechos que asisten a la persona imputada, aún sin tener ese carácter en la fase de investigación, entendió que si bien no se puede desconocer que la función del Ministerio Público es investigar para preparar la acusación, tampoco se puede ignorar que esa investigación deberá encaminarse con el respeto absoluto de los derechos fundamentales. En todo caso, sostuvo esa Corte Especial, debe mantenerse un equilibrio entre la eficacia de la investigación y el respeto a los derechos y garantías individuales. Concretamente, en el auto de 2 de mayo de 2011, Recurso de apelación VP-12-A y VP-B-11, ese tribunal especial dijo, inter alia, lo siguiente: También no es menos cierto que, con base en el principio de igualdad de armas, lógico corolario del de contradicción, en relación al principio de objetividad que deben informar la actuación fiscal y el de lealtad para con la justicia, desarrollados en los artículos 4 y 12 del Código Procesal Penal, tanto el imputado como su defensor, tienen derecho a presentar los elementos de probatorios de que dispongan en cualquier etapa del proceso, incluso durante la investigación preliminar y a ser informado, de forma general, sobre los hechos por los cuales se le investiga, así como a que se le escuche lo que tenga a bien expresar al respecto, debiendo la actuación fiscal ponderar si con ello se pone o no en peligro la efectividad en la persecución penal. Es decir, que el sistema acusatorio contempla como su principal finalidad -que deben mantenerse en equilibrio complementario- la eficacia en la persecución penal y el respeto a los derechos y garantías fundamentales y es, en ese sentido, que el órgano jurisdiccional debe encaminar su labor. 80. Constatándose una gravísima violación al derecho de defensa del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, con relevancia constitucional, dicha infracción no puede ser subsanada, pues de lo que se trata es que el tribunal que conoció del juicio oral, de haber constatado esa violación al derecho de defensa, estaba en la obligación de estimar el incidente de nulidad de la pericia en cuestión, excluyéndola del acervo probatorio, como resultado de dicha exclusión, el tribunal de sentencia no hubiera podido arribar a las conclusiones probatorias que dieron lugar a la declaración de hechos probados que luego calificó como actos delictivos. Como consecuencia de ello, los hechos probados debieron ser redactados de tal modo que no serían constitutivos de infracción penal alguna, siendo lo procedente que se hubiera dictado una sentencia absolutoria. Por esta razón, en sede de casación, esa honorable Sala de lo Penal, estimando este motivo del recurso por infracción de precepto constitucional, debe dictar una sentencia absolutoria a favor de mi defendido.” IV. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Observa esta Sala de lo Penal, que el primer y segundo motivo de casación por infracción de ley, poseen el mismo fundamento y similares argumentos, por lo que, para guardar la logicidad de la Sentencia, se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. Primer Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332A del Código Penal en relación al 8 numeral 4 de la Ley de Control de Armas. *Concepto de la infracción: interpretación errónea del delito de almacenamiento de munición de guerra o de combate. *Pretensión: que se dicte una sentencia donde se absuelva al imputado. Explicó el recurrente que de la declaración de hechos probados no se aprecian los elementos objetivos del delito señalado en el artículo 332A del Código Penal, pues el juzgador ha interpretado erróneamente el precepto penal, ya que en los hechos no se afirma por ningún lado que dichos proyectiles sean de guerra o de combate, sino que, por el contrario, se afirma como verdad que no son permitidos por la ley por ser capaces de perforar chalecos blindados. Segundo Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332A del Código Penal en relación al 8 numeral 4 de la Ley de Control de Armas. *Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de almacenamiento de munición de guerra o de combate. *Pretensión: que se dicte una sentencia donde se absuelva al imputado. Explicó el recurrente que de la declaración de hechos probados no se aprecian los elementos objetivos del delito señalado en el artículo 332A del Código Penal, pues ha aplicado incorrectamente el precepto penal, ya que no se encuentra descrito en ningún apartado de los hechos probados que los 45 proyectiles encontrados en el vehículo del señor Sarmiento Escobar, sean de aquellos que deben ser empleados en una guerra o en un combate, por lo que no existe correspondencia entre la declaración de hechos probados y la norma penal sustantiva que aplicó el sentenciador. Del Delito de Almacenamiento Ilegal de Arma o munición de Guerra (Artículo 332A del Código Penal). El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello deberán de obtener permiso por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, siempre que cumplan los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27: 1) Formulario con sus datos personales y residencia; 2) Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma; la persona interesada sólo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipula los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas. Pero además la ley es específica, en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir, que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3) Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4) Pago de la matrícula municipal; y 5) Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello, la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello, contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales, encontramos en el artículo 332-A que establece: “La persona no autorizada, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5,000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” Constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna. 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior. 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, traficar, ingresar o sacar del país, adquirir, suministrar o vender armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate. 4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos, sin tener la autorización para hacerlo. ii) Que el arma, la munición, explosivo o material tenga la categoría de guerra o de combate. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. El tipo penal en estudio tiene las siguientes características: A) Según su Estructura: 1) Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente modelos de comportamiento humano; 2) Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son diez los modelos de comportamiento descritos en la norma, cada uno con la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica distinta; B) Según su Contenido: 1) Tipo Penal de Mera Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota con la acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; 2) Tipo Penal describe Conductas Instantáneas y Conductas Permanente: i) Instantáneas: las de fabricar, suministrar, vender, sacar o ingresar al país armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, por ser modelos de comportamiento que se agotan en un solo momento; ii) Permanente: las de traficar, almacenar, transportar, poseer y usar, armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, debido a que el comportamiento del autor se renueva de manera continua entretanto este realizando la acción; 3) Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; 4) Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las diez circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; C) Según El Sujeto Activo: 1) Tipo Penal Unisubjetivo, por ser un tipo penal que puede ser realizado por una sola persona, sin participación de terceros; 2) Tipo Penal de Sujeto Activo Común, ya que el sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad o categoría especifica; D) Según El Bien Jurídico Protegido: 1) Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico especifico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice para que se consume el delito. De la Procedencia del Recurso. Los Motivos no son de Recibo. El recurrente ha señalado en el primer motivo de casación que el sentenciador interpretó de forma errónea el artículo 332A del Código Penal y en el segundo motivo estableció la aplicación indebida de ese mismo precepto penal, pues según los hechos probados no se observan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de almacenamiento ilegal de arma o munición de guerra. Esta Sala de lo Penal considera que, el referido artículo 332 A del Código Penal, nos presenta varios supuestos en los cuales se puede subsumir el delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra, uno de ellos “almacenar” sin autorización armas o materiales de guerra. Confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal; el primer elemento objetivo en el cuadro fáctico aparece cuando el sentenciador afirma que, al momento del allanamiento a la vivienda del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, se encontró un vehículo tipo camioneta, color dorada, marca land cruiser propiedad del acusado, en cuyo interior no solo se encontró el arma de fuego Five Seven USG, sino que además 45 proyectiles sin percutir, tanto punta azul y punta hueca, capaces éstos últimos de perforar chalecos blindados grado 3, por lo cual no son permitidos por la ley; posteriormente como elemento subjetivo lo vemos plasmado al afirmar que el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, era el propietario del vehículo en el que se encontraron el arma y los proyectiles; así como el hecho de que uno de sus abogados se presentó a solicitar la devolución del arma encontrada con un permiso no autorizado por autoridad competente para portarla, mismo que estaba a nombre del señor Sarmiento Escobar. El reclamante afirmó que se interpretó y por ende se aplicó incorrectamente la norma penal del 332A del Código Penal, pues el sentenciador no incluyó en el relato de hechos probados uno de los elementos objetivos del tipo, es decir que las municiones encontradas en el vehículo propiedad del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar eran armas de guerra o de combate; al respecto recuerda este Tribunal de Casación que, si el Sentenciador hubiera señalado que las municiones encontradas son de “guerra o cambate” sin lugar a dudas hubiese incurrido en el vicio de predeterminación del fallo, yerro que también contiene reproche casacional, por esa razón no era estrictamente necesario señalar que las municiones eran de guerra o combate; ahora bien el juzgador estableció en su cuadro fáctico como una verdad incuestionable, que dentro de las municiones encontradas estaban los proyectiles punta hueca, que son capaces de perforar chalecos blindados grado 3, por lo que no son permitidos por la ley, al consignar esa verdad, el Sentenciador dota a los hechos probados del elemento objetivo necesario para encuadrar la acción del imputado en el delito de almacenamiento ilegal de armas de guerra, pues la municiones capaces de atravesar chalecos antibalas son aquellas utilizadas en conflictos armados o de combate, pues es lógico que dichas municiones no se encuentran al alcance de la población en general, sino que son utilizadas únicamente por la fuerza armada, al grado tal que ese tipo de armamentos no se encuentran a la venta en la Armería; en tal sentido desde el momento en que el A-quo señaló que las municiones encontradas en el vehículo del acusado son capaces de perforar chalecos blindados y por tanto son ilegales, cumple con todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal requerido en el artículo 332A del Código Penal, por tanto el Tribunal de Sentencia interpretó y por ende aplicó de forma correcta la norma penal utilizada para encuadrar la acción cometida por el imputado Ramón Daniel Sarmiento Escobar, en relación al delito de almacenamiento de municiones de guerra o combate, razones suficientes para desestimar los dos primeros motivos de casación por infracción de ley. Tercer Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332B del Código Penal. *Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de posesión ilegal de arma comercial. *Pretensión: que se dicte una sentencia donde se absuelva al imputado. Explicó el recurrente que, en el presente caso, existe indebida aplicación del artículo 332B del Código Penal que sanciona el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, pues en la declaración de hechos probados si bien se describe el hallazgo del arma de fuego en el interior del vehículo del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, no se describe la circunstancia típica de que dicha arma de fuego se encontraba en poder o en posesión de su representado. Del Delito de Posesión de Arma de Fuego Comercial[10]. El artículo 332-B determina que: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”. Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; ii) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; iii) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. El tipo penal en estudio tiene las siguientes características: A) Según su Estructura: 1) Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente modelos de comportamiento humano; 2) Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son nueve los modelos de comportamiento descritos en la norma, cada uno con la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica distinta; B) Según su Contenido: 1) Tipo Penal de Mera Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota con la acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; 2) Tipo Penal describe Conductas Instantáneas y Conductas Permanente: i) Instantáneas: las de fabricar, suministrar, vender, sacar o ingresar al país el arma de fuego, por ser modelos de comportamiento que se agotan en un solo momento; ii) Permanente: las de almacenar, transportar, poseer y usar, el arma de fuego, debido a que el comportamiento del autor se renueva de manera continua entretanto este realizando la acción; 3) Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; 4) Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las nueve circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; C) Según El Sujeto Activo: 1) Tipo Penal Unisubjetivo, por ser un tipo penal que puede ser realizado por una sola persona, sin participación de terceros; 2) Tipo Penal de Sujeto Activo Común, ya que el sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad o categoría especifica; D) Según El Bien Jurídico Protegido: 1) Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico específico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice para que se consume el delito. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación al analizar los hechos probados encuentra que hay total correspondencia con la norma penal utilizada por el A-quo para señalar el delito de posesión ilegal de arma comercial, pues en los mismo se señala que el arma incautada en el allanamiento realizado a la casa del acusado y posteriormente encontrada en un vehículo, son propiedad del imputado, aunado a eso establecen también los hechos que un Abogado en representación del acusado se presentó ante la fiscalía del Ministerio Público para reclamar los objetos decomisados al señor Sarmiento Escobar entre ellos el arma de fuego tipo pistola marca FN modelo five seven USG, aduciendo que eran armas matriculadas con permisos autenticados que al efecto presentó entre ellos copia autenticada del permiso para portar armas a nombre del acusado; tal como lo establece el recurrente, el cuadro fáctico no revela que al acusado Ramón Daniel Sarmiento Escobar se le haya decomisado personalmente el arma five seven USG, sin embargo si se establece como verdad incuestionable que dicha arma es de su propiedad, es decir que estaba a su plena disposición y uso en el momento que quisiera, se confirma además que era de su propiedad porque ejercía sobre ellos el dominio al presentarse uno de sus abogados a reclamar su devolución con la presentación de documentos que acreditaban la pertenencia de la misma al ahora acusado, en ese sentido la posesión no corresponde únicamente a tenerla consigo el acusado, sino que a la disposición que tenia de la misma; cumpliéndose así el elemento objetivo del tipo penal del artículo 332B. El tipo objetivo es la parte externa del delito. En él se describen la acción, el objeto de la acción, en su caso el resultado, las circunstancias externas del hecho y las cualidades de los sujetos. Con el tipo objetivo se cumplen algunas de las exigencias necesarias que determinar la aparición de una acción típica, pero no las suficientes. Para cumplir con las condiciones mínimas del ilícito se requiere además de la presencia de otro grupo de circunstancias internas que conforman el tipo subjetivo. Por tanto, para conformar la totalidad del Tipo Penal, se requiere además del Elemento Subjetivo consistente en el “Dolo”, que se entiende simplemente como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Del dolo se derivan dos elementos: el primero, “Intelectual”, el sujeto de la acción debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica; y el segundo, “Volitivo”, para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos. Así, en la redacción de Hechos Probados, encontramos igualmente el elemento subjetivo del tipo, tal como lo hace ver el A-quo, cuando establece que uno de los abogados del acusado Sarmiento Escobar se presentó ante las autoridades fiscales a solicitar la devolución del arma propiedad del acusado presentado un permiso de portación, que posteriormente se determinó que era irregular y el referido permiso se encuentra a nombre del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar, pues fue él quien al concederle poder al profesional del derecho para reclamar el arma decomisado, establece su intención y voluntad de portar un arma y presentar un permiso irregular a su nombre. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que el Tribunal A-quo adecuó de manera correcta los hechos probados con la norma penal del artículo 332B referente al delito de posesión ilegal de arma comercial, no existiendo el supuesto vicio denunciado por el recurrente, siendo procedente desestimar el presente motivo de casación. Cuarto Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal.*Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 289 en relación al 284 numeral 4 del Código Penal. *Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de uso de documentos falsos. *Pretensión: que se dicte una sentencia donde se absuelva al imputado. Explicó el recurrente que el tipo penal de falsificación de documentos públicos dentro de sus elementos objetivos exige que debe cumplirse un perjuicio a la fe pública. Por otro lado, el caso específico del delito de uso de documento falsos, el elemento objetivo requiere hacer uso del documento y el subjetivo saber que ese documento es falso. En primer lugar, en los hechos probados no aparece descrito el carácter de falsedad del documento, sino que fue obtenido de manera irregular, conceptos que no son lo mismo; en el cuadro fáctico se revela que el documento fue presentado por el Abogado José Maria Alonzo Herrera ante el Ministerio Público, pero si el Tribunal de Sentencia no lo declaró falso, no puede hablarse de uso de documento falso. Del Delito de Falsificación y Uso de Documentos Falsos. En su desarrollo histórico, la sociedad ha creado signos, señas, claves y registros de manifestaciones humanas a los que ha atribuido un significado de fuerza de verdad y/o legitimidad, y que han permitido entablar y agilizar una serie de relaciones humanas con la confianza necesaria entre las partes interesadas y frente a terceros, esa confianza es la Fe Pública. Esos signos, señales, claves y registros de manifestaciones humanas, representan una verdad formal de la que hacen prueba, permitiendo su tráfico entre las relaciones personales al amparo del crédito atribuido a éstos, es pues que sin la fe pública no existiría esa confianza y las relaciones sociales se verían atrofiadas por la falta de credibilidad, generando desconfianza entre los semejantes, incertidumbre, falta de seguridad jurídica y en general desorganización social. La significancia atribuida a los signos, señas, claves y registro de manifestaciones humanas puede derivar de la fe pública social o de la fe pública estatal; la primera tiene su amparo a la buena fe de los individuos en sus relaciones sociales en los que no tiene intervención el Estado, mientras la segunda tiene su amparo ya sea porque el Estado haya autorizado a particulares para dar fe sobre hechos, actos o convenciones realizadas por miembros de la sociedad en pro de sus intereses personales o porque sea el propio Estado el encargado de la elaboración de esos signos, claves, señales y registros de manifestaciones humanas por conducto de sus funcionarios a los que inviste de fe pública por delegación de la ley. Para efecto de proteger la Fe Pública, el legislador ha creado una serie de tipos penales en pro de defensa de éste bien jurídico, a los que agrupa en el título IX del Libro Segundo del Código Penal, entre los cuales se encuentra la Falsificación de Documentos Públicos y el Uso de Documento Falso, contenidos en los artículos 284 y 289 respectivamente, lo que obliga a estudiar quienes son funcionario público, que es un documento, cuando es de carácter público y como puede ser objeto de falsificación: 1) Se consideran funcionario públicos los comprendidos en el artículo 393 del Código Penal; 2) Documento en general es todo aquello en donde queda plasmado una expresión humana, explicando Cuello Calón[11], que para efectos legales deberá de reunir los siguientes elementos: a) Ha de ser escrito: confeccionado con caracteres alfabéticos, numéricos o taquigráficos, aptos para expresar el pensamiento humano y que puedan ser explicados e interpretados por otros; b) Ha de estar escrito en cosa mueble; c) Autor identificado o identificable; y d) Apto para producir efectos jurídicos; 3) Son documentos públicos aquellos que determina el Código Procesal Civil en su artículo 271[12]; 4) El documento público puede ser adulterado por la falsificación material o por la falsedad ideológica: a) La falsificación material acontece cuando existiendo de previo un documento público legítimo se procede a alterar el mismo agregando, borrando o cambiando datos contenidos en él, de modo que sufra modificación en su sentido o significado; b) La falsedad ideológica puede producirse de dos maneras: i) Por veracidad: cuando en la confección del documento público, el funcionario público encargado de su elaboración agrega, omite o tergiversa datos distintos a la realidad, cambiándole el significado o sentido del documento; ii) Por Legitimidad: cuando el documento que es considerado de carácter público por suponer estar dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil, en realidad haya sido confeccionado por una persona distinta al funcionario público autorizado por la ley. Los conceptos anteriores están comprendidos en el tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos indicando el artículo 284 del Código Penal que “Será sancionado con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1) Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rubrica; 2) Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido; 3) Atribuyendo a las que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho; 4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos; 5) Alterando las fechas y cantidades verdaderas; 6) Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido; 7) Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original; 8) Intercalando indebidamente cualquier escritura en un protocolo, registro o libro oficial; y 9) Destruyendo, mutilando, suprimiendo u ocultando un documento.” Son elementos objetivos del tipo penal en cuestión: a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b) Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras como guardador de la fe pública estatal; c) Objeto material del delito es un documento de carácter público, catalogado así por estar comprendido dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso hacer en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero; d) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, descrito en el tipo penal mediante nueve supuestos de hecho, cada uno constitutivo de un delito independiente: Los supuestos de los numerales 1, 5, 6 y 8 están dentro de las falsificaciones materiales, los supuestos de los numerales 2 y 3 están dentro de la falsedad ideológica, los supuestos de los numerales 4 y 7 pueden ser cometidos de ambas maneras, y el supuesto del numeral 9 en realidad no se ajusta al concepto de falsificación material o falsedad ideológica, sino que implica la destrucción total o parcial de dicho documento, así como su ocultamiento, que se castiga bajo la pena indicada en el artículo 284 del Código Penal; e) La Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción principal de tres (3) a nueve (9) años de reclusión, a la que debe de sumarse la inhabilitación absoluta de dos (2) a diez (10) años cuando se trate de un delito de falsificación material o falsedad ideológica por veracidad de un documento público cuya autoría sea de un funcionario público quien lo haya ejecutado con abuso de su cargo, que no es más que el documento haya sido confeccionado con ocasión del ejercicio del cargo público, conforme lo ordena el artículo 290 del Código Penal. Como acotación adicional debe de mencionarse que es aplicable el artículo 290 del Código Penal al Notario Público quien para efectos penales también es un funcionario público, al realizar una función por delegación del Estado, quien en definitiva es el originario de la fe pública, debiendo ajustar su actuar a las directrices del Estado y someterse a su supervisión, a través de la Contraloría del Notariado del Poder Judicial, conclusión que se desprende del artículo 1 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, 2, 3 y 5 del Código del Notariado y 393 del Código Penal. Como elemento subjetivo el tipo penal de falsificación de documentos públicos es el dolo falsario consistente en la conciencia y voluntad de representar como verdadero algo que no lo es (Ver sentencia del 11 de junio del 2009 en Exp 040-2008). Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos: A) Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Compuesto: Ya que describe varios modelos de comportamiento, cada uno capaz de configurar un delito independiente; B) Según su Contenido; i) Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la falsificación de documento público; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal cerrado porque los supuestos de hecho determinan con precisión las circunstancias típicas, de tal manera que las conductas prohibidas se desprende con claridad en los nueve numerales de la norma; C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la fe pública; ii) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. Como delito relacionado a la Falsificación de Documentos Públicos, encontramos el delito de Uso de Documento Público Falso, contenido en el artículo 289 del Código Penal que establece que constituye delito cuando una persona teniendo conocimiento previo de la falsedad de un documento público, hace uso de él en el tráfico jurídico, es pues que para la existencia de este delito debe de concurrir los siguientes requisitos: 1) Existencia previa de un documento público falso, en los términos de los artículos 284 del Código Penal; 2) Que el autor del delito tenga conocimiento previo respecto a la falsedad del documento público (Elemento subjetivo); 3) Que el documento público sea utilizado en el tráfico jurídico inherentes a las relaciones sociales; y 4) Que el autor del uso de documento público falso no haya tenido participación alguna en la falsificación del documento público. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala de Casación al analizar los hechos probados y los argumentos del censor, observa que en efecto la fundamentación fáctica es carente de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de uso de documento falso; en el numeral primero de los sucesos probados el a-quo relata la forma en que se elaboró y obtuvo el permiso para portar armas N° OP-715481-67403, mismo que está a nombre del señor Ramon Daniel Sarmiento Escobar, estableciéndose como verdad incuestionable que se emitió un documento original, todo ello sin presentar la documentación requerida por el Registro Nacional de Armas, por lo que el mismo fue extendido y obtenido de forma irregular. En el numeral tercero se habla en el momento en que el abogado Jose Maria Alonzo Herrera, en representación del acusado, se presentó a la Fiscalía del Ministerio Público presentando un escrito en el que se personaba y ofrecía colaborar con la investigación con ocasión del allanamiento realizado a su representado, acompañando copia autenticada del permiso para portar armas a nombre de Ramón Daniel Sarmiento Escobar. Del relato de hechos probados se colige como verdades, que el propio Tribunal de Sentencia no establece que dicho permiso sea ilusorio, todo lo contrario, afirma en el primer hecho probado “emitiéndose un documento original” sin presentar la documentación requerida para su registro y por ende fue obtenido de forma irregular; por tanto en el cuadro fáctico que debe aceptarse tal como fueron consignados por el a-quo, se advierte que se emitió un documento original, que no se presentó la documentación requerida y que fue extendido dicho permiso de forma irregular, pero no determina de forma clara y precisa que ese documento tiene las características para considerarlo como simulado, en tal sentido no aparecen en los hechos antes referidos la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de “uso de documentos falsos” por tanto es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación y dictar la sentencia que en derecho corresponda. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentales (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único *Norma Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Constitucional que se denuncia Infringida: artículo 82 de la Constitución de la República, en relación a los artículos14, 15 y 101 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: violación al derecho de defensa. *Pretensión: Que se dicte sentencia absolutoria a favor del acusado. Explicó el recurrente que en la fase incidental del debate la defensa del imputado argumentó que la pericia llevada a cabo por el señor Luis Guillermo Ortega Pazzety adolece del vicio de nulidad por atentar contra el derecho de defensa, pues si bien al momento en que se realizó la pericia el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar no había sido detenido por las autoridades de investigación, éste tenía ya la condición de persona investigada, estatus que para los efectos del respeto de la libertad fundamental es equiparable a la de una persona imputada. Del Derecho de Defensa. el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa Material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación, o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se produce elementos probatorios, que sirvan de base no solo a la acusación, sino a la sentencia que resolverá definitivamente la situación; 2) Derecho de Petición, o derecho del acusado de formular a la autoridad judicial todas aquellas observaciones o peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; y 3) Derecho al conocimiento, o derecho del acusado de conocer inmediatamente y de forma comprensible cuáles son sus derechos como acusado. Por su parte la defensa Técnica, es el derecho del acusado de ser asistido por un profesional del derecho desde el primer acto del procedimiento, en cualquier actuación policial o judicial que señale al imputado como participe de un hecho punible. Esta Sala de lo Penal reitera que uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, condicionando la acción punitiva del Estado a la observación de dicho derecho, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona llevada a juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, en ese sentido, al valorar el derecho de defensa en relación con los imputados habrá que precisar cómo se posibilita el ejercicio de ese derecho, ¿Cuándo posibilita la ley el derecho a la defensa del justiciable? Así encontramos una serie de disposiciones procesales que permiten la intervención del procesado aún inclusive en la etapa de investigación del proceso, aparece instituido el derecho de defensa como una potestad del justiciable de presentarse ante el ente de investigación si así lo desea, proponer prueba en esa etapa si así lo quiere, declarar si así lo desea y decir todo cuanto estime en su descargo, al igual que durante la etapa del juicio, le está permitido proponer cuantas pruebas estime pertinentes en su defensa, respetando siempre los momentos procesales a efecto de garantizar la igualdad de partes en el proceso, concretizándose de esta manera el derecho de defensa material y técnica, se concibe pues, como una facultad en manos del encartado quien decide el ejercicio o no de esa facultad que le ha otorgado la ley, respetando las formas procesales constituidas para esos propósitos. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación al revisar los argumentos del censor no encuentra que en las presentes actuaciones se haya trasgredido el derecho de defensa del imputado, al haberse ordenado y practicado durante la etapa investigativa del proceso un dictamen pericial de las armas y municiones encontradas en el vehículo propiedad del justiciable. La Defensa del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar presentó durante la etapa incidental del debate, incidente de nulidad de la perica practicada por el señor Luis Guillermo Ortega Pazzety, pues argumenta que, si bien la misma se practicó durante la etapa de investigación, un abogado del acusado Sarmiento Escobar se había presentado ante las oficinas del Ministerio Público ofreciendo colaboración ante el allanamiento realizado a la casa del habitación de su representado y a pesar de ello, se ordenó la práctica de la pericia sin contar con el conocimiento de la defensa, aduciendo por tanto violación al derecho de defensa. Esta Sala de lo Penal hace suyos los argumentos vertidos por el Sentenciador al momento de resolver el incidente planteado por la defensa, en el sentido de que, cuando se ordenó la práctica de la prueba, el imputado Ramón Daniel Sarmiento Escobar no tenía en efecto la condición de imputado, por tanto no podía de gozar de todos los derechos que le asisten, sino que únicamente tenía el estado de investigado, ahora bien, no debemos olvidar que la ley procesal faculta al Ministerio Público a practicar las pruebas que consideren necesarias durante la etapa investigativa (Artículo 273 numeral 3 del Código Procesal Penal), es más podrá llevarlas a cabo aun sin contar con autorización judicial, pues las mismas constituyen parte de esa investigación que posteriormente será presentada al Juez para determinar o no la procedencia del requerimiento fiscal presentado. Por otra parte, existen momentos procesales para hacer ver al juzgador nuestra inconformidad con ciertos actos procesales, en el caso de análisis si la defensa consideró que el dictamen pericial de las armas atentaba contra el derecho de defensa del acusado, durante las primeras audiencias la etapa preparatoria se debió presentar la nulidad de dichos acto procesal, pues se tuvo conocimiento del mismo desde el inicio de la investigación, pero al no hacerlo la defensa, consintió con su pasividad el acto que ahora reclama como violatorio de los derechos del imputado, por tanto no puede reclamarlo ahora como motivo de casación. La interrogante a la cual debemos llegar es, si la pericia que cuestiona la defensa tendría un resultado diferente si se le hubiera notificado de la práctica de la misma, pues definitivamente que no, al conformarse la pericia en una habilidad que debe ser realizada únicamente por el experto, en la cual ninguna de las partes puede estar presente en su elaboración y conformación, el resultado por tanto sería exactamente el mismo. Nuestra Código Procesal Penal establece que, si tenemos algún cuestionamiento sobre alguna practica de alguna prueba, debe realizarse en el momento procesal oportuno y ante el Juez competente, pues si no se realiza la protesta respectiva el acto procesal no puede reclamarse luego, pues la parte que se considera afectada consintió ese acto violatorio, por tal razón no considera esta Sala de lo Penal que la práctica de la pericia de las armas encontrada al acusado se haya realizado en violación a su derecho de defensa, por lo que, este motivo de casación por infracción de precepto constitucional debe ser desestimado. Decisión Se declara parcialmente ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en un motivo y no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la defensa del acusado. V. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 332A, 332B, 284 numeral 4 del Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de Defensor Privado del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer, segundo y tercer motivo, interpuesto por el Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de Defensor Privado del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar. Tercero. Declara parcialmente Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su cuarto motivo, interpuesto por el Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de Defensor Privado del señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar. Cuarto: Casa parcialmente la sentencia recurrida en el sentido siguiente: Absolver de toda responsabilidad penal al señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar por el delito de Uso de Documentos Falsos en perjuicio de La Fe Pública. Quinto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en relación a la condena contra el señor Ramón Daniel Sarmiento Escobar por los delitos de Posesión Ilegal de Arma Comercial y Almacenamiento de Munición de Guerra o combate en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; penas de reclusión que hacen un total de once (11) años, las que deberá cumplir el condenado una en pos de otra, comenzando por las más graves, en la Penitenciaría Nacional de Támara, departamento de Francisco Morazán o en el lugar que designe el Juez de Ejecución, computándole el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por esta causa. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-208-2018.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de 3 de diciembre de 2010, Recurso de Casación n° 336-08. Sentencia de 17 de mayo de 2012, Recurso de Casación n° SP-131-2009. Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Base de Datos de Jurisprudencia Penal. DVD.
[2] Entre muchas, sentencia de 17 de enero de 2013, recurso de casación No SP. 248-2010. Base de datos de Jurisprudencia, www.poderjudicial.gob.hn.
[3] Por muchas, sentencia de xxxx; recurso de casación SP- 130-2010; y sentencia de 17 de enero de 2013, recurso de casación No SP. 248-2010. Base de datos de Jurisprudencia, www.poderjudicial.gob.hn.
[4] Por muchas, sentencia de xxxx; recurso de casación SP- 130-2010; y sentencia de 17 de enero de 2013, recurso de casación No SP. 248-2010. Base de datos de Jurisprudencia, www.poderjudicial.gob.hn.
[5] Por muchas, sentencia de xxxx; recurso de casación SP- 130-2010; y sentencia de 17 de enero de 2013, recurso de casación No SP. 248-2010. Base de datos de Jurisprudencia, www.poderjudicial.gob.hn.
[6] CREUS, Carlos; Derecho Penal. Parte Especial. Tomo 2. 3ra. Edición actualizada; 1ra. Reimpresión. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma; Buenos Aires (Argentina) 1991. Pág. 427 -428.
[7] Sentencia de fecha 25 de abril de 2013, recurso de casación penal SP. 208-2011; además, sentencia de 11 de junio de 2011, recurso de casación penal 040-2008. Base de Datos de Jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en www.poderjudicial.gob.hn
[8] Sentencia de 6 de febrero de 2007, Recurso de Casación nº.118-2006, Base de Datos de Jurisprudencia Penal. Formato DVD.
[9] Caso del señor José Manuel Zelaya Rosales, acusado por el Ministerio Público tras los hechos del Golpe de Estado de 28 de junio de 2009.
[10] Sentencia de Casación Penal N° SP 248-2010, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 17 de enero de 2013.
[11] Citado por Diego Diez, Alfredo, en Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen II, Proyecto de Fortalecimiento de la Carrera Judicial de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, agosto del 2006, Pag, 18.
[12] Entre los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 271 del Código Procesal Penal, están los comprendidos en los artículos 11.60 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 151 del Código Procesal Civil, 23 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, 218 y 229 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 5 del Código del Notariado, 828 del Código de Comercio, entre otros.