Sentencia CP-206-17 — Registro 13111
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de La Administración Pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Para esta Sala de Casación resulta difícil dar una respuesta adecuada a los planteamientos del recurrente, pues lastimosamente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para desarrollar su impugnación; en primer lugar establece que el artículo vulnerado es el 90 de la Constitución de la República, pero el recurso planteado refiere a defectos procesales; por otro parte señala como motivo la inobservancia a las reglas del correcto pensamiento humano, pero no fue capaz de señalar de manera puntual cuál regla considera violentada, es decir la lógica, la psicología o la experiencia común y para continuar con sus desaciertos el recurrente no fue capaz de identificar en el fallo cuáles fueron esos razonamientos erróneos del Sentenciador; lo que en efecto realiza el censor es una revaloración del material probatorio externando según su criterio cual es el valor probatorio que el Juzgador debió darle a cada medio de prueba, pero este proceso mental está vedado en esta etapa casacional, pues dicha tarea compete únicamente al Juez quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. Al realizar un análisis de los juicios de valor del Juez A-quo, es posible detectar en ellos la aplicación de las reglas del correcto pensamiento humano en el momento de valorar la prueba, pues se dio a la tarea no solo de establecer la valoración descriptiva de la prueba, sino que además establece en un apartado cuál es la valoración intelectiva que le otorga a cada medio de prueba evacuado en el juicio, para el caso en el subtítulo “Valoración de la Prueba” (Página 11) numeral primero del fallo recurrido, el Sentenciador establece que le confiere credibilidad a las declaraciones de los testigos Evelin Claudeth Calderon Vigil y Telis Marilú Moncada Ilias, pues de ellas se extrae que el acusado Héctor Ulises Valladares Rodriguez laboraba en el Centro Educacional Nueva Esmeralda como director y con la responsabilidad de administrar los fondos por matricula gratis; la testigo Evelin Calderón en su condición de auditora del Tribunal Superior de cuentas realizó las investigaciones de la denuncia y comprobó ciertas irregularidades, también se reunió con la junta directiva de padres de familia y el acusado; estableció que los fondos desembolsados ascienden a la cantidad de 40,300.00 lempiras, del cual y según resultado de la auditoria sólo se utilizaron 8,804.00 lempiras, considerando la auditora que fueron indebidamente utilizados 23,644.44 lempiras; explicó la testigo que le solicitó al imputado Héctor Ulises Valladares Rodriguez la documentación, pero éste le manifestó que no tenía ningún informe económico, constató que el acusado nunca liquidó desde el año 2007 al 2011, así como el faltante de 23,644.44 lempiras de los cuales el ahora encartado no logró justificar. Estableció también el Juzgador que con la declaración de la testigo Telis Marilu Moncada, quien fungía como presidenta de los padres de familia de la referida escuela, se dejó constancia que en esa reunión el acusado Héctor Ulises Valladares aceptó haber tomado ese dinero; además se corroboró con prueba documental, es decir con el informe especial del Tribunal Superior de Cuentas, el pliego de los desembolsos efectuados por parte del ministerio de Educación al programa de matrícula gratis, los contratos de trabajo y facturas de gastos de la escuela entre otra documentación; los cuales establecen que el ahora imputado Héctor Ulises Valladares Rodriguez, fungía como director de la escuela y que tenía a su cargo fondos provenientes del programa de matrícula gratis; por lo que se probó que no hay informes económicos, ni liquidaciones realizadas por el imputado en relación a esos fondos recibidos, concediéndole credibilidad a los testigos y a la prueba documental. Para esta Sala de Casación los razonamientos del Juez A-quo son coherentes y concatenados, pues ha extraído de las pruebas juicios de valor adecuados y conformes a las reglas del correcto pensamiento humano; las pruebas presentadas por el ente acusador son contundentes y sin lugar a dudas la declaración de la auditora del Tribunal Superior de Cuentas es clara en determinar los hallazgos encontrados en su auditoria y los faltantes de dinero que no logró justificar el director de la escuela y ahora imputado, además de la reunión que sostuvo con los padres de familia aceptando que el dinero no se utilizó todo para la escuela, es más el encartado presentó un deposito que realizó a la Secretaría de Educación del dinero faltante, aceptando de esta manera que parte de ese dinero no se había utilizado para el fin para el cual fue destinado, pero esto no lo exime de la responsabilidad de utilizar correctamente los bienes que el Estado pone en su custodia. En tal sentido el Sentenciador ha externado juicios de valor correctos y lógico, teniendo como base de sus argumentos a las reglas de la sana crítica, por lo que este primer motivo debe ser declarado no ha lugar. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de Casación nuevamente encuentra deficiente técnica recursiva del censor al momento de plantear y desarrollar su impugnación. Señaló violación a los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, los cuales refieren a la presunción de inocencia y al debido proceso, pero al momento de desarrollar su recurso establece que el elemento intelectual y volitivo del dolo no se cumplen en las presentes diligencias, sin embargo, esos alegatos son propios de un recurso de casación donde se denuncia infracción de ley sustantiva y no quebranto a algún derecho constitucional. En el caso sometido a estudio, esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva a la sentencia y no encuentra vicio alguno que merezca reproche casacional por vulneración de los derechos a la presunción de inocencia o al debido proceso, que fue el motivo invocado por el recurrente; existe suficiente legajo probatorio para sustentar el fallo condenatorio, las pruebas fueron valoradas tomando como base las reglas de la sana crítica y las mismas fueron recabadas mediante los procedimientos legales que establece nuestra ley procesal, además que se respetó en todo momento los derechos y garantías del imputado. Tal como lo establecimos en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, existen dos declaraciones testificales y una prueba documental que son de vital importancia en el presente caso, nos referimos a la declaración de la auditora del Tribunal Superior de Cuentas Evelin Claudeth Calderon Vigil, quien fue la encargada de realizar las investigaciones sobre el manejo de los fondos confiados al imputado Héctor Ulises Valladares Rodriguez, quien pudo constatar que el referido acusado nunca rindió cuentas de los fondos recibos, tampoco tenía documentación de soporte o informes financieros; afirmó la auditora que se reunió con los padres de familia de escuela y que en esa reunión el profesor Héctor Ulises aceptó que había utilizado el dinero no para fines de bienes de la escuela; todo lo cual fue confirmado con la declaración de la señora Telis Marilu Moncada quien también afirmó que se había llevado a cabo esa reunión. Así mismo se cuenta con el informe del Tribunal Superior de cuentas el cual es contundente en cuanto a determinar que el ahora imputado, cuando fungió como director de la escuela Nueva Esmeralda del Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, se le encontró un faltante de los fondos que fueron administrados por el referido maestro que ascendía a la cantidad de 23,444.40 cantidad que no pudo ser justificada por el encartado. En ese orden de ideas, existe suficiente prueba que determina la responsabilidad del acusado en los hechos investigados, razones que tomó en consideración el A-quo para dictar un fallo condenatorio, respetándose en todo momento los derechos y garantías que poseen las personas sometidas a un proceso penal y resultando su derecho a la presunción de inocencia legalmente vencido por las pruebas aportadas, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 206-2017 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual; Primero: Condenó al señor Héctor Ulises Valladares Rodríguez, como autor del delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de seis años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Héctor Ulises Valladares Rodríguez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Héctor Ulises Valladares Rodríguez, a favor del Estado de Honduras, la que será objeto de tasación en la fase de la ejecución de esta sentencia. Quinto: No procede el comiso. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional, el Abogado Andrés Enrique Asfura Rodríguez, en su condición de defensor privado del acusado. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Andrés Enrique Asfura Rodríguez, en su condición de defensor privado del imputado, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Que en los períodos comprendidos entre los años 2007 al 2011, se le entregó por parte de la Secretaría de Educación a la Escuela Nueva Esmeralda del Municipio de Guaimaca del Departamento de Francisco Morazán, la cantidad de cuarenta mil trescientos (40,300.00) lempiras, al señor Héctor Ulises Valladares Rodríguez, en concepto de Matricula Gratis, fondos que fueron administrados por el Señor Valladares Rodríguez, quien al hacerle una auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas se le encontró un faltante de veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (23,444.40) lempiras con cuarenta centavos, cantidad que no pudo ser justificada por el señor Héctor Ulises Valladares Rodríguez.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “MOTIVO INVOCAR: “Inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica en la valoración de la prueba”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. ARGUMENTO CENTRAL DEL RECURRENTE: El Tribunal al momento de valorar el legajo probatorio incorporado en juicio concluyo que mi representado el señor HECTOR ULISES VALLADARES RODRÍGUEZ, es culpable por el delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública y se le condenó a una prueba de 6 años de reclusión misma que se ha de computar desde el día en que fue aprendido por esta causa debiéndola cumplir en la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicada en la Aldea de Tamara Departamento de Francisco Morazán. En la valoración de pruebas que ha hecho el honorable Tribunal ha dejado de valorar que el dictamen que presento el Ministerio Público de una certificación en la que se establece en la página segunda reglón 24 de arriba hacia abajo “Que se emite la presente resolución hasta esta fecha en virtud del exceso de trabajo” una auditoria que se practicó supuestamente el 6 de Octubre del año 2011 y vienen a emitir una resolución el 25 de Octubre del año 2016, seis años después de supuestamente realizar una auditoría. Vulnerando con esto lo establecido en el artículo 90 Constitucional que establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades. derechos y garantías que la ley establece como es posible que se haya emitido una resolución de una auditoria que ni siquiera se le había puesto en conocimiento a mi patrocinado para que este pudiera realizar las acciones legales correspondientes e impugnar tal auditoria y tal resolución. Pues el artículo 59 Constitucional establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado que todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Pues no basta con emitir una responsabilidad civil para decretar una acción meramente penal pues es necesario realizar un análisis de los hechos probados y la exacta configuración del delito pues estos son: El Elemento Objetivo determinado por la acción típica, es decir, la, realización por parte del sujeto activo de la acción descrita en el tipo penal. El artículo 370 del Código Penal nos establece que el funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsela confiado interviene en dichos autos por cualquier causa será penado con reclusión de 2 a 5 años si el valor de aquellos no excede de Un mil lempiras y de 6 a 12 años si sobre pasa dicha cantidad, mas inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión en la fundamentación jurídica realizada por el honorable tribunal en el numeral tercero párrafo cuarto el tribunal manifiesta “Que la acción del señor HECTOR ULISESS VALLADAARES RODRIGUEZ, se vuelve dolosa una vez que procede a retirar cantidades de dinero de la cuenta que tiene a su cargo para realizar proyectos en el centro educativo que él maneja sin invertir en dicho centro el dinero retirado” cómo es posible que se haya realizado entonces según la testigo EVELIN CLAUDETH CALDERON VIGIL que ella haya manifestado en su deposición a preguntas del Ministerio Público que se le presentó por parte de mi representado gastos incurridos para la construcción de un kiosco que acabada de realizar así como también copia de los contratos firmado por el maestro de obra que realizó dicha construcción así como facturas de otros materiales utilizados para el centro educativo del cual él presta sus servicios. A preguntas hechas por el Ministerio Público a la testigo TELIS MARILU MONCADA ILIAS, manifestó que el profesor HECTOR ULISES VALLADARES RODRIGUEZ acepto en la reunión de padres de familia que había agarrado ese dinero no para uso personal de él, sino que para la escuela yo era presidenta de padres de familia, yo era la encargada de reunir y cerrar la sesión pero si el dinero que el profesor tomo de la cuenta bancaria a preguntas de la defensa respondió ese año se pintó la escuela, se compró una chapiadora, rastrillos, caseteras, el kiosco y otras cosas pero las facturas las perdió cuando llegaron los del Tribunal Superior de Cuentas como no había factura el manifestó que iba a reponer dicho dinero y para nosotros quedo claro y la asamblea acepto que devolviera el dinero pues estaban los proyectos pequeños en la escuela así lo hizo el profesor y devolvió el dinero que le hacía falta de las facturas. El segundo elemento es el elemento subjetivo o tendencial, que está determinado por la intención o el ánimo de realizar la acción típica descrita en la ley, en ningún momento mi patrocinado tomo dicho recursos para beneficio propios o de un tercero ya que su intención siempre fue la de invertirlo en la escuela. Al grado tal que se acreditó haber reintegrado el dinero que se utilizó en la reparación de la escuela (Pintura, kiosco, chapeadora, caseteras, material didáctico entre otros) pero como no tenía las facturas se responsabilizó como un buen padre de familia y devolvió las cantidades de las cuales no tenía factura por perdida o extravió de las mismas. Quedando claro, para que la prueba sea capaz de imponerse ante el estado de inocencia, destruyendo esta verdad interina por ser una presunción JURIS TANTUM que ampara al imputado mientras no sea demostrada su culpabilidad que es lo que ha ocurrido en el caso del señor VALLADARES RODRIGUEZ y siendo por tanto que el sistema de la sana crítica implica pues, que el juzgador pueda valorar en sentencia con absoluta libertad toda aquella prueba que ha sido introducida legalmente al proceso por las partes excluyendo otras pruebas que no han sido debatidas en el propio juicio oral en consecuencia la sana crítica no es otra cosa que la apreciación de la prueba de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia que constituye reglas del sentido común, de la experiencia que proporciona la vida atendiendo para todo ello la perspicacia normal de un hombre juicioso y ponderado es decir con los testigos de cargos y los documentos presentados en juicio como ser las declaraciones testificales y en donde se establece que efectivamente el profesor HECHOR ULISES VALLADARES RODRIGUEZ utilizó dichos recursos para pagar mano de obra y materiales para la construcción de un kiosco, una chapeadora, pintura de toda la escuela, rastrillos, escobas, material de aseo, material didáctico entre otros. Así mismo se encuentra la resolución 29-DDFM-2012 de la Dirección Departamental de Francisco Morazán que se encuentra en los folios 213 al 215 del expediente de mérito, constancia de la Secretaria de Educación adjunta con documentos de liquidación que se encuentra en los folios 85 al 93 Constancia emitida por el encargado de la unidad de revisión de informe de matrícula gratis y fondos propios de la Secretaria de Educación de fecha 28 de noviembre del 2012 y que se encuentra a folio 253 así como la notificación del Tribunal Superior de Cuentas de fecha 23 de Abril del 2014 que se encuentra en los folio 232 se acredita fehacientemente y sin duda alguna que mi patrocinado cumplió con lo establecido en el reglamento especial emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación en lo referente a la liquidación y cumplimentación de los recursos otorgados de la matricula gratis a favor de la escuela Nueva Esmeralda del Municipio de Guaimaca Departamento de Francisco Morazán. Como es entonces posible que se emita una Resolución Seis Años Después sin haber tomado ni siquiera toda esta documentación de respaldo en una auditoria que se practicó supuestamente el 6 de octubre del 2011 y se viene a emitir Una Resolución El 25 De Octubre Del 2016, Seis Años Después y ni siquiera se le puso en conocimiento a mi patrocinado para su impugnación ni mucho menos para que se pudiera defender en esa instancia Administrativa. Es por eso que las reglas de la sana crítica son ante todo LAS REGLAS DEL CORRECTO ENTENDIMIENTO HUMANO, es decir, bajo este sistema el juez no está limitado a medios de pruebas tipificados por la ley (Testigos de cargo, dictámenes periciales, consultores, reconstrucción de los hechos y demás medios de pruebas) por tanto el Tribunal es Soberano en la valoración de la prueba no estando sujeto más que a los imperativos del razonamiento lógico de la rectitud y de la fundamentación o motivación es por ello que recurro pues lo que ha hecho el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán es violentar la garantía constitucional contemplada en su artículo 89 como lo es la presunción de inocencia es fácil manifestar que una persona es culpable por haber cometido un delito o falta pero lo difícil de esto es probar esa culpabilidad y que al Tribunal no le quede duda alguna de que la persona que está siendo imputada se cumple en ella los requisitos facticos y jurídicos establecidos en la Constitución y en las leyes. Pues este recurrente sigue manifestando la presunción de inocencia de su representado, con todos los medios de pruebas allegados al expediente o al juicio se sigue sosteniendo que en el presente caso concreto se ha violado el artículo 90 constitucional y por lo tanto procede a declarar con lugar el presente motivo de casación para los efectos de que la Corte Suprema de Justicia al declarar que habido infracción del precepto constitucional invocado case el fallo recurrido y resuelva el caso de acuerdo con la ley aplicable y por ello declare la inocencia de mi representado en virtud de que la ley es una declaración de la voluntad soberana del pueblo que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite, en consecuencia cuando se incorporaron medios de prueba que no se pusieron oportunamente por la parte acusadora como es en el caso de dicha auditoría practicada supuestamente el 5 de octubre del año 2011 y su respectiva resolución emitida el 25 de octubre del año 2016 pues no fueron propuestos disconformidad a lo establecido en artículo 320 párrafo segundo en relación con el artículo 322 del código Procesal Penal.” Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “SEGUNDO MOTIVO: Lo promueve la violación a los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. NORMAS PROCESALES VULNERADAS: El debido proceso se vulnera por inobservancia de lo dispuesto en el artículo 341,342,343 y 344 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Honorable tribunal de sentencia al emitir su fallo condenatorio vulnera los principios constitucionales consagrados en los artículos 89 y 90 al establecer que nuestro patrocinado utilizó dichos recursos económicos para provechos propios pero de qué cantidad se está hablando en primer lugar, en segundo lugar como lo hemos manifestado en apartados anteriores no fueron recursos utilizados para ´él mismo sino para ser invertidos en la Escuela Nueva Esmeralda del Municipio de Guaimaca del Departamento de Francisco Morazán sino como quedó demostrado que dicho recurso fueron a un cien por ciento en la escuela y como lo hace ver el Honorable Tribunal al traer a dos Maestros y Jurisconsultos como lo es MUÑOZ CONDE y MERCEDES GARCIA ARAN en su obra, DERECHO PENAL PARTE GENERAL pagina 269,270 y 271 al definir el Dolo como la consciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito y el cual se compone de dos elementos:1. Elemento intelectual: que el sujeto de la acción debe saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como Acción Típica, es decir, a de saber, por ejemplo que si mata es Homicidio o que si se apodera de algo ajeno es hurto que si utiliza los recursos provenientes del Estado para cosas propias de él incurre en el delito de malversación de caudales públicos en pocas palabras debe saber lo que hace. En el caso que nos ocupa mi representado no ha actuado con Dolo pues quedo plenamente establecido que los recursos fueron utilizados para el mejoramiento de dicha escuela pues nunca tuvo la intención de quedarse con esos recursos pues lo único que él no tenia eran las facturas o recibos en su poder pero que las obras sí estaban por consiguiente no se da este primer elemento. 2. Elemento Volitivo: para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario además querer realizarlos lo que no se debe identificar con el móvil del sujeto activo pues este puede ser simplemente lucrativo, político, de venganza y siempre el delito cometido se calificara de Doloso. En el Caso que nos ocupa no se ha dado el elemento lucrativo pues al contrario mi patrocinado al verificar que no tenía la factura para dicho respaldo aún cuando la obra y los materiales estaban en el centro educativo formando parte del todo ejemplo pintura, kiosco, podadoras, material didáctico entre otras, decide por recomendaciones del mismo Tribunal Superior de Cuentas regresar o pagar de su propio peculio dicho faltante no porque faltara porque repetimos las obras estaban hechas sino porque no tenía las facturas para acreditarlo contablemente pero si físicamente se encontraban en el centro educativo el elemento político donde se da este elemento político, si él lo que ha hecho es ayudar a los niños en su educación y aún en las obras él ha proporcionado recursos para alimentos aguas y refrescos tal y como lo manifestó la presidenta de padres de familia en dicho periodo. De venganza cual sería el motivo de nuestro patrocinado de tratar de vengarse de los niños que él cuida y protege y educa para formar hombres y mujeres de bien que le sirvan al Estado, a la Sociedad y a la familia como base fundamental del hogar concluimos que no se ha cometido dicho delito ni mucho menos se ha causado un perjuicio a la administración pública y que su actuar no se enmarca dentro de los presupuestos legitimadores para el delito del cual fue condenado. La Constitución de la República proclama en su artículo 303 que la justicia se imparte de forma gratuita por los tribunales, y que además, toda persona sometida a juicio es inocente hasta la declaración de su culpabilidad, principios que han de primar sobre cualquier legislación secundaria. Bajo tales consideraciones, en el derecho penal, la persona que es acusada por la comisión de un delito tiene el derecho a defenderse de la acusación, derecho que le es reconocido tanto en la Constitución de la República como en los tratos y convenios internaciones de los que Honduras forma parte y las leyes secundarias, en tal sentido, mi patrocinado al no dársele la oportunidad de desvirtuar administrativamente un pliego de responsabilidad civil de una supuesta auditoría realizada el 5 de octubre del año 2011 y emitida la resolución según el ente acusadora el 25 de octubre del año 2016, seis años después vulnera el principio del debido proceso y el principio de inocencia aún cuando se presentó una excepción por parte de la defensa la cual fue declarada conforme al artículo 320, 46 numeral segundo del Código Procesal Penal de la falta de acción cuando no haya debido de promoverse o cuando no pueda precederse en virtud de que la acción penal se deriva de una acción civil y la cual no fue notificada a mi patrocinado pues este hubiera presentado las impugnaciones de dicha acción en El Tribunal Superior de Cuentas y que dicha acción fue noticiada única y exclusivamente por la Secretaria de Educación la que se encuentra agregado a folio 213 y 214 y en la cual se le dio el finiquito correspondiente a mi representado en tal virtud se vulneró no solo el derecho de defensa de mi patrocinado sino también el estado de inocencia y del debido proceso. El debido y oportuno respeto del precepto constitucional de presunción de inocencia, garantiza la efectiva vigencia, asegurando la dignidad de ciudadano presunto inocente.- La presunción de inocencia es un derecho subjetivo, reconocido a nivel internacional.- Este derecho no solo alcanza al ámbito jurisdiccional, sino también a la Etapa Preliminar Y La Investigación Fiscal. Influye en el proceso penal, básicamente en lo que respecta a la actividad probatoria; Pues es necesario la existencia de pruebas plenas, suficientes e idóneas sobre la responsabilidad del actor en la comisión de un delito.- En la práctica, como lo es conocido por todos, se pone en jaque el principio de inocencia, a través de la Administración de la Justicia Penal, lo cual se evidencia con los numerosos detenidos (procesados) en los establecimientos penales, que viven una situación de hacinamiento esperando una sentencia.- La presunción de inocencia, pese que ha sido elevada a la categoría de derecho, se convierte en anodino debido a factores exógenos. Dichos factores provienen del arraigo al sistema inquisitivo, que tenia la función de aherrojar al imputado, creando una “cultura de culpabilidad”.- La garantía de la inocencia es una opción por la inmunidad de los inocentes, aún a riesgo de la impunidad de un culpable. Por todo lo anterior considero procedente que se declare con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en este motivo, casar la sentencia recurrida y en consecuencia declarar la nulidad absoluta de la misma y del debate en que se pronunció y ordenar que se celebre un nuevo juicio de conformidad con la Ley.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP).El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. *Reclamación ex-ante: sin determinar por el Pretensor. *Pretensión: que se declare ha lugar el presente motivo de casación. Explicó el recurrente que en la valoración de pruebas que ha hecho el honorable Tribunal de Sentencia ha dejado de valorar que, el dictamen que presentó el Ministerio Público de una certificación se establece en la página segunda reglón 24 de arriba hacia abajo: “que se emite la presente resolución hasta esta fecha en virtud del exceso de trabajo” referente una auditoria que se practicó supuestamente el 06 de octubre de 2011 y vienen a emitir una resolución el 25 de octubre de 2016; vulnerando con esto el artículo 90 de la Constitución, pues cómo es posible que se haya emitido una resolución de una auditoría que ni siquiera se le había puesto en conocimiento al imputado para que este pudiera realizar las acciones legales correspondientes e impugnar tal auditoria y tal resolución. Del Principio de Debida Técnica en el recurso de casación penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para esta Sala de Casación resulta difícil dar una respuesta adecuada a los planteamientos del recurrente, pues lastimosamente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para desarrollar su impugnación; en primer lugar establece que el artículo vulnerado es el 90 de la Constitución de la República, pero el recurso planteado refiere a defectos procesales; por otro parte señala como motivo la inobservancia a las reglas del correcto pensamiento humano, pero no fue capaz de señalar de manera puntual cuál regla considera violentada, es decir la lógica, la psicología o la experiencia común y para continuar con sus desaciertos el recurrente no fue capaz de identificar en el fallo cuáles fueron esos razonamientos erróneos del Sentenciador; lo que en efecto realiza el censor es una revaloración del material probatorio externando según su criterio cual es el valor probatorio que el Juzgador debió darle a cada medio de prueba, pero este proceso mental está vedado en esta etapa casacional, pues dicha tarea compete únicamente al Juez quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. Al realizar un análisis de los juicios de valor del Juez A-quo, es posible detectar en ellos la aplicación de las reglas del correcto pensamiento humano en el momento de valorar la prueba, pues se dio a la tarea no solo de establecer la valoración descriptiva de la prueba, sino que además establece en un apartado cuál es la valoración intelectiva que le otorga a cada medio de prueba evacuado en el juicio, para el caso en el subtítulo “Valoración de la Prueba” (Página 11) numeral primero del fallo recurrido, el Sentenciador establece que le confiere credibilidad a las declaraciones de los testigos Evelin Claudeth Calderon Vigil y Telis Marilú Moncada Ilias, pues de ellas se extrae que el acusado Héctor Ulises Valladares Rodriguez laboraba en el Centro Educacional Nueva Esmeralda como director y con la responsabilidad de administrar los fondos por matricula gratis; la testigo Evelin Calderón en su condición de auditora del Tribunal Superior de cuentas realizó las investigaciones de la denuncia y comprobó ciertas irregularidades, también se reunió con la junta directiva de padres de familia y el acusado; estableció que los fondos desembolsados ascienden a la cantidad de 40,300.00 lempiras, del cual y según resultado de la auditoria sólo se utilizaron 8,804.00 lempiras, considerando la auditora que fueron indebidamente utilizados 23,644.44 lempiras; explicó la testigo que le solicitó al imputado Héctor Ulises Valladares Rodriguez la documentación, pero éste le manifestó que no tenía ningún informe económico, constató que el acusado nunca liquidó desde el año 2007 al 2011, así como el faltante de 23,644.44 lempiras de los cuales el ahora encartado no logró justificar. Estableció también el Juzgador que con la declaración de la testigo Telis Marilu Moncada, quien fungía como presidenta de los padres de familia de la referida escuela, se dejó constancia que en esa reunión el acusado Héctor Ulises Valladares aceptó haber tomado ese dinero; además se corroboró con prueba documental, es decir con el informe especial del Tribunal Superior de Cuentas, el pliego de los desembolsos efectuados por parte del ministerio de Educación al programa de matrícula gratis, los contratos de trabajo y facturas de gastos de la escuela entre otra documentación; los cuales establecen que el ahora imputado Héctor Ulises Valladares Rodriguez, fungía como director de la escuela y que tenía a su cargo fondos provenientes del programa de matrícula gratis; por lo que se probó que no hay informes económicos, ni liquidaciones realizadas por el imputado en relación a esos fondos recibidos, concediéndole credibilidad a los testigos y a la prueba documental. Para esta Sala de Casación los razonamientos del Juez A-quo son coherentes y concatenados, pues ha extraído de las pruebas juicios de valor adecuados y conformes a las reglas del correcto pensamiento humano; las pruebas presentadas por el ente acusador son contundentes y sin lugar a dudas la declaración de la auditora del Tribunal Superior de Cuentas es clara en determinar los hallazgos encontrados en su auditoria y los faltantes de dinero que no logró justificar el director de la escuela y ahora imputado, además de la reunión que sostuvo con los padres de familia aceptando que el dinero no se utilizó todo para la escuela, es más el encartado presentó un deposito que realizó a la Secretaría de Educación del dinero faltante, aceptando de esta manera que parte de ese dinero no se había utilizado para el fin para el cual fue destinado, pero esto no lo exime de la responsabilidad de utilizar correctamente los bienes que el Estado pone en su custodia. En tal sentido el Sentenciador ha externado juicios de valor correctos y lógico, teniendo como base de sus argumentos a las reglas de la sana crítica, por lo que este primer motivo debe ser declarado no ha lugar. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentales (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Constitucional que se denuncia infringida: 89 y 90 de la Constitución de la República. Pero también establece normas procesales vulneradas: 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: violación a la presunción de inocencia y debido proceso *Pretensión: que se declare ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, que se declare la nulidad absoluta de la sentencia recurrida. Explicó el recurrente que al emitir el Sentenciador un fallo condenatorio, vulneró los principios constitucionales consagrados en los artículos 89 y 90, al establecer que el acusado utilizó recursos económicos del Estado para provecho propio. Establece el censor que en el presente caso no se ha dado el elemento lucrativo, pues al contrario el imputado al verificar que no tenía factura para dicho respaldo, aun y cuando la obra y los materiales estaban en el centro educativo, por recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas regresó y pagó de su propio peculio el faltante. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal)[2]. El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese[3]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación nuevamente encuentra deficiente técnica recursiva del censor al momento de plantear y desarrollar su impugnación. Señaló violación a los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, los cuales refieren a la presunción de inocencia y al debido proceso, pero al momento de desarrollar su recurso establece que el elemento intelectual y volitivo del dolo no se cumplen en las presentes diligencias, sin embargo, esos alegatos son propios de un recurso de casación donde se denuncia infracción de ley sustantiva y no quebranto a algún derecho constitucional. En el caso sometido a estudio, esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva a la sentencia y no encuentra vicio alguno que merezca reproche casacional por vulneración de los derechos a la presunción de inocencia o al debido proceso, que fue el motivo invocado por el recurrente; existe suficiente legajo probatorio para sustentar el fallo condenatorio, las pruebas fueron valoradas tomando como base las reglas de la sana crítica y las mismas fueron recabadas mediante los procedimientos legales que establece nuestra ley procesal, además que se respetó en todo momento los derechos y garantías del imputado. Tal como lo establecimos en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, existen dos declaraciones testificales y una prueba documental que son de vital importancia en el presente caso, nos referimos a la declaración de la auditora del Tribunal Superior de Cuentas Evelin Claudeth Calderon Vigil, quien fue la encargada de realizar las investigaciones sobre el manejo de los fondos confiados al imputado Héctor Ulises Valladares Rodriguez, quien pudo constatar que el referido acusado nunca rindió cuentas de los fondos recibos, tampoco tenía documentación de soporte o informes financieros; afirmó la auditora que se reunió con los padres de familia de escuela y que en esa reunión el profesor Héctor Ulises aceptó que había utilizado el dinero no para fines de bienes de la escuela; todo lo cual fue confirmado con la declaración de la señora Telis Marilu Moncada quien también afirmó que se había llevado a cabo esa reunión. Así mismo se cuenta con el informe del Tribunal Superior de cuentas el cual es contundente en cuanto a determinar que el ahora imputado, cuando fungió como director de la escuela Nueva Esmeralda del Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, se le encontró un faltante de los fondos que fueron administrados por el referido maestro que ascendía a la cantidad de 23,444.40 cantidad que no pudo ser justificada por el encartado. En ese orden de ideas, existe suficiente prueba que determina la responsabilidad del acusado en los hechos investigados, razones que tomó en consideración el A-quo para dictar un fallo condenatorio, respetándose en todo momento los derechos y garantías que poseen las personas sometidas a un proceso penal y resultando su derecho a la presunción de inocencia legalmente vencido por las pruebas aportadas, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma y el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, ambos en sus únicos motivos, interpuestos por la defensa privada del acusado. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1.Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2.Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3.Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la Norma más Favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá de realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restara del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: Se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las Penas No Concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Héctor Ulises Valladares Rodríguez, la pena de 6 años de reclusión más inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure su condena, por el delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 474, el delito de Malversación por Apropiación, se penaliza así: *Con las penas de prisión de cuatro (4) a seis (6) años. *Multa por una cantidad igual o hasta al triple del valor de lo malversado. *Inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. En el artículo 478 último párrafo, se establecen como agravantes específicas: Se deben imponer las penas respectivamente previstas en cada supuesto, incrementadas en un tercio (1/3), si concurre alguna de las circunstancias siguientes. 1. Los hechos recaen en bienes públicos de valor histórico, cultural o artístico, o 2. Los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, la salud o instituciones de previsión social. Resulta necesario determinar si la educación es considerada como un servicio público de primera necesidad o no; para esta Sala de lo Penal la educación no solo es un derecho humano, sino que es un servicio público esencial, cuyo resguardo y control compete al Estado. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas[4] precisó: “La educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. Desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente…” Esta afirmación es tan vigente y comprobada que permite traslucir la indudable condición del derecho a la educación como un servicio público esencial de todo régimen democrático. En efecto, el derecho a la educación permite la plena realización de otros derechos fundamentales, por cuanto la formación en valores, técnica y académica es un presupuesto indispensable para participar plenamente en la vida social y política del país. La UNESCO reconoce que es “un derecho clave, puesto que permite el completo ejercicio y disfrute de todos los demás derechos humanos. Todos los derechos pueden disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educación mínima”. Si la educación es condición para el ejercicio efectivo y pleno de todos los demás derechos que garantizan las sociedades democráticas y los estados constitucionales, no puede quedar interrogante alguna sobre su configuración irrenunciable de servicio primario. En cuanto al imputado Héctor Ulises Valladares Rodríguez, al tratarse de fondos destinados a la educación, como un servicio público de primera necesidad, tendría que agravarse su pena en 1/3, resultando un nuevo rango de pena entre 6 a 8 años de reclusión; pero además debe establecerse una pena de multa por un valor igual o hasta el triple del valor de lo defraudado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión. En conclusión, para esta Sala de Casación en el presente caso del señor Héctor Ulises Valladares Rodríguez, no le beneficia la aplicación del nuevo Código Penal decreto 130-2017, pues fue condenado a la pena de 6 años, que aparece como pena mínima del delito agravado de Malversación por Apropiación; pero además debería imponérsele una pena de multa por un valor igual o hasta el triple de lo malversado, multa que no aparece señalada en el derogado código penal; también debe imponerse inhabilitación absoluta por el doble de la pena de prisión impuesta; la pena de inhabilitación absoluta en el derogado Código Penal también debería aplicarse por el doble de la pena de prisión, pero por error judicial se le impuso la inhabilitación absoluta solo por el tiempo que dure la pena de prisión. En ese sentido no procede la aplicación del decreto 130-2017 pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Andrés Enrique Asfura Rodríguez, en su condición de Defensor Privado del señor Héctor Ulises Valladares Rodríguez a quien se le condenó por el delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. Segundo: declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Andrés Enrique Asfura Rodríguez, en su condición de Defensor Privado del señor Héctor Ulises Valladares Rodríguez a quien se le condenó por el delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. Tercero: declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiún de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-206-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012
[2] Ver Sentencia Penal N° SP 175-2011, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de junio del dos mil trece.
[3] Ver Sentencia Penal N° SP 02-2009, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil diez.
[4] Observación General 13, del 8 de diciembre de 1999.