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Sentencia CP-203-17 — Registro 13110

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras y Portación Ilegal de Arma de Guerra, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia de la retroactividad de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Corresponde a esta Sala de lo Penal, como vigilante de la legalidad, verificar la existencia de repercusiones en el ámbito procesal de la denuncia hecha por la censora, en los términos señalados líneas atrás (no así las penales, las cuales corresponden al Ministerio Público); en ese sentido aún en el caso de que no se considerara como válida el acta de autorización de ingreso a la vivienda dada por la madre del imputado y que fue evacuada como prueba en el debate, la censora no ha si capaz de explicar a este tribunal de casación de qué manera el allanamiento y la detención practicada a su representado y que califica como ilícitas, afectan el proceso penal, en especial no establece con qué medios de prueba se acredita la supuesta violación al domicilio de su representado. Es importante establecer que la captura del imputado tampoco se ha dado por un hallazgo inevitable, como lo hace ver la acusación, pues el hallazgo inevitable se da cuándo, practicándose un allanamiento ilícito, se encuentra prueba de manera inevitable o independiente del acto ilícito y puede perfectamente ser valorada por el Juzgador, pero el caso subjudice se trata de un delito infragranti, pues el agente de investigación que estaba practicando el allanamiento para dar con la captura del hermano del acusado Jonathan Abel Ordoñez Irías, observó cuando éste tira una bolsa al techo de su casa, que resultó ser una arma de fuego prohibida y además encuentra droga; esto sin duda alguna es un delito cometido frente a la autoridad policial, que si bien no iba en busca del acusado, al ver las acciones de este y tal como lo manda sus obligaciones, tuvieron que tomar acciones para su aprehensión y la recolección de las evidencias. Este Supremo Tribunal ha estudiado la base probatoria de la sentencia emitida, determinando que la posición de la defensa se encuentra ausente de prueba que confirme su posición, se cuenta con prueba de cargo suficiente de declaraciones testificales de agentes de policía y prueba documental que determina que el allanamiento y la captura del imputado se dieron en los términos que los plantea la acusación y al no existir prueba que contradiga el contenido de las mismas, esta Sala de lo Penal no tiene por qué dudar de su veracidad, más se insiste que, en lo que corresponde a la repercusión penal será menester del Ministerio Público la investigación y la persecución de toda persona que haya cometido un delito, incluyendo los allanamientos o detenciones ilegales en perjuicio del acusado en caso de que se hubiesen dado, más ello no lo exculpa de las imputaciones penales que se le formulen, ni invalida las actuaciones procesales o la sentencia condenatoria dictada en su contra. Razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jonathan Abel Ordoñez Irías, como autor responsable de los delitos consumados de: 1) Facilitación del local para el tráfico de drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras, imponiéndole una principal de seis (06) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00); 2) Portación ilegal de armas de guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de ocho (8) años de reclusión y multa de Cinco mil Lempiras. 3) Imponiendo además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Penas de prisión que sumadas hacen un total de 14 años. La primera conducta reprochada al acusado está prevista en el nuevo Código Penal decreto 130-2017, como delito de tráfico de droga en el artículo 311, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su protocolo de modificación; y en las listas de sustancias psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas a imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando la cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: iii. Diez mil (10.000) gramos de marihuana; iv. Mil (1000) gramos de hachís; v. Dos mil (2000) gramos de cocaína; vi. Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; vii.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; viii. Doscientos (200) gramos de droga sintética; o v. Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso del señor Jonathan Abel Ordoñez Irías, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 273,6 gramos de marihuana dentro de una bolsa y 12,9 gramos en otra bolsa, haciendo un total de 286,5 gramos de marihuana, misma que no excede los diez mil gramos. La marihuana es considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; por lo que la pena señalada para la conducta del acusado se castiga en el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. En cuanto a la segunda conducta condenada al señor Jonathan Abel Ordoñez Irías, en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jonathan Abel la pena de 8 años de reclusión por un delito de Portación ilegal de armas de guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y multa de Cinco mil Lempiras. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 artículo 580, el delito de Tenencia o porte ilegal de armas, se penaliza así: 1.) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. 2.) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En el caso del señor Jonathan Abel Ordoñez Irías el arma encontrada es de uso prohibido, siendo encontrada en la casa del acusado, por lo que no procede el aumento de 1/3. La pena a imponer sería de cuatro (4) a seis (6) años de prisión. A partir de lo anterior, si sumamos ambas penas abstractas conforme a la nueva legislación penal de los delitos condenados al señor Jonathan Abel Ordoñez Irías, es decir Trafico de Drogas y Tenencia de armas prohibidas, los nuevos límites abstractos serian de ocho (8) a trece (13) años de prisión. El acusado fue condenado a seis (6) años por facilitación del local para el tráfico de drogas y ocho años 8 años por portación ilegal de arma de guerra, si sumamos ambas penas nos dan un total de 14 años de prisión, pena que excede el límite establecido por el nuevo código penal, además solo el delito de Tráfico de Drogas trae consigo la pena de multa y en el caso de la Tenencia de Arma Prohibida no posee multa como si aparece contemplado en el derogado Código Penal; procediendo por tanto la aplicación del nuevo código penal, para el acusado Jonathan Abel Ordoñez Irías pues le resulta más beneficioso. Para la determinación de las nuevas penas se debe considerar las agravantes y atenuantes que el Juez A-quo utilizó para la señalización de la pena concreta, en el presente caso en la audiencia de individualización de la pena, tanto el ente acusador como la defensa establecieron que al no existir atenuantes ni agravantes procedía la aplicación de las penas mínimas de ambos delitos. Conforme lo regula el artículo 70 numeral 1 inciso “a” del Código Penal decreto 130-2017, cuando no concurran agravantes ni atenuantes la pena se fija dentro del marco establecido y tomando en cuenta las circunstancias personales del delincuente o la mayor o menor peligrosidad; de los hechos probados se puede deducir que el ahora acusado tenia en su casa un arma de fuego de uso militar y por tanto prohibido para el ciudadano común, por lo que se puede deducir una peligrosidad media. En ese sentido es procedente imponer al ciudadano Jonathan Abel Ordoñez Irías y conforme a la nueva legislación penal, por el delito de Tráfico de Drogas la pena de cinco (5) años de prisión, así como una multa de 200 días a razón de 30 lempiras por día, haciendo un total de seis mil (L 6,000.00) lempiras de multa. Por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Prohibidas, a la pena de cinco (5) años de prisión y localización permanente de un (1) año; así como imponerle al acusado la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Art. 42 del NCP) por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún (21) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 203-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual; Primero: condenó al señor Jonathan Abel Ordóñez Irías, del delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras. Segundo: condenó al señor Jonathan Abel Ordóñez Irías, del delito de Portación Ilegal de Arma de Guerra, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras. Tercero: condenó al señor Jonathan Abel Ordóñez Irías, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: declaró el comiso del arma de fuego tipo sub ametralladora, marca CZ, modelo CZ25, calibre 9mm, sin serie, con cargador y 18 cartuchos sin percutir y se ordena la destrucción en la fase de ejecución de la sentencia de 273,6 gramos de marihuana y seis envoltorios de papel periódico con un peso neto total de 12,9 gramos de marihuana. Quinto: Se declara le responsabilidad civil del señor Jonathan Abel Ordóñez Irías. Sexto: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la Abogada Josefina Pavón Duron, en su condición de defensora pública del imputado. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides Garcia Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos del señor Jonathan Abel Ordóñez Irías, como parte recurrente, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida y el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, en su condición de procurador judicial de la Procuraduría General de la República, como parte recurrida. II. Hechos Probados PRIMERO: El día miércoles veinticuatro de diciembre de dos mil catorce a eso de la seis de la mañana el joven JONATHAN ABEL ORDOÑEZ IRIAS, se encontraba en su casa de habitación ubicada en el sector nueve de la colonia 21 de octubre del municipio del Distrito Central, en dicha vivienda JONATHAN ABEL tenía doscientos setenta y tres como seis (273,6 g) gramos de marihuana dentro de una bolsa plástica color negro y doce coma nueve (12,9) gramos de marihuana en seis envoltorios de papel periódico, con el propósito de distribuirlos a terceras personas. SEGUNDO: Ese mismo día y hora agentes de investigación y policías militares llegaron hasta la vivienda para hacer efectiva una orden de captura y solicitaron autorización a la señora Norma Esperanza Irías para ingresar a la misma; al percatarse JONATHAN ABEL de su presencia corrió por el pasillo hasta el patio de la casa llevando consigo un arma de fuego tipo sub ametralladora, marca CZ, modelo CZ25, calibre 9mm, sin serie, que tenía puesto un cargador con dieciocho cartuchos sin percutir, la cual tiró al techo de su vivienda junto con la bolsa negra que contenía marihuana.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en los artículos 82 y 99 en relación con los artículos 303 y 307 de la constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82, 99, 303 y 307 de la constitución de la República que establecen: “Que el derecho de defensa es inviolable, asimismo dispone, que la justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado y que la ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas”. Artículo 99.- “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”.- Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias, por una parte al manifestar: Que con la prueba testifical aportada por el Ministerio Fiscal específicamente la de una agente de investigación y otro un policía militar, quienes declararon respecto a los hallazgos encontrados el día veinticuatro de diciembre de dos mil catorce consistentes en una arma de fuego tipo sub ametralladora marca CZ calibre 9mm y 273,6 gramos de marihuana así como seis envoltorios de papel periódico conteniendo 12.9 gramos de marihuana, los que constituyen prueba directa de la existencia de dicha evidencia en la casa donde vivía el acusado Jonathan Abel Ordoñez ubicada en la colonia 21 de octubre de la ciudad de Tegucigalpa. Conforme a las declaraciones de estos testigos ellos acudieron al lugar en donde se produjo el hallazgo de la droga y el arma de fuego en cumplimiento de sus funciones a fin de ejecutar una orden de captura librada por Juez competente, al tener información que las personas que se iban a capturar residían en dicho lugar, esto último se ha visto confirmado por los testigos de defensa, en especial el señor David Daniel Ordoñez quien admitió que se había ordenado su captura y que en esa vivienda habitaba en compañía de su madre y su hermano Jonathan con lo que ha quedado acreditada la relación directa del imputado con la vivienda. La defensa del imputado al analizar el expediente en su conjunto observo desprenderse del mismo que el del Tribunal Sentenciador debió declarar nulo lo relacionado a la prueba recabada en el lugar del hecho con respecto al allanamiento de la vivienda de la señora NORMA ESPERANZA IRIAS GOMEZ y que erróneamente lo consideró como prueba de valor para condenar a mi representado, en vista que al momento de ingresar a la vivienda no existió autorización por los habitantes de esta, donde obtuvieron la evidencia supuestamente decomisada, invadiéndose de esta forma el domicilio de la señora Norma Esperanza, lugar donde se encontraba el imputado por lo que la ilegalidad de dicho acto proviene no solo de la vulneración de una norma de orden procesal o de una simple omisión de una formalidad, sino por el contrario de un comportamiento que compromete el respeto del marco constitucional, al vulnerarse directamente lo que la constitución no tolera ni permite, que se procediera a la entrada y registro de una morada, sin el previo control de legalidad del acto efectuado en este caso por el tribunal sentenciador, cuando esta situación acontecía, por lo que el acto cuestionado debía ser declarado nulo, porque la vulneración de una garantía constitucional acarrea de pleno derecho, nulidad del acto viciado, por imperativo constitucional. Consideramos y como se manifestó antes el Tribunal sentenciador debió declarar nulo lo relacionado al Allanamiento de Morada propiedad de la señora Norma Esperanza Irías y que erróneamente se consideró como prueba de valor por parte del Tribunal, lo cual no es cierto y nos deja la duda razonable si observamos detenidamente la declaración de dicha señora esta fue terminante al manifestar que era la mamá de Jonathan y que el día veinticuatro de diciembre de dos mil catorce a las cinco de la mañana estaban durmiendo Jonathan, David, la muchacha que les acompaña y su hijo pequeño; que ella escuchó ruidos y los perros ladrando y preguntó quien estaba allí y le respondieron que la policía, les dijo que iba por la llave, cuando regresó ya estaban en porch, David le dijo que no abriera porque podría ser policía falsa, cuando les abre les pregunto que querían y le dijeron que era por un cateo, les pidió la orden y no le enseñaron nada, se pasaron dos policías para el patio, entraron al primer cuarto y sacaron a Jonathan y se lo llevaron, luego estaban en el comedor con unos policías que querían que firmara una hoja cuando yo estaba haciendo eso llevaron a Jonathan al patio y le tomaron una foto con el arma, se lo llevaron no lo volvió a ver, ella sabia que David tenía una orden de captura pero no le dijeron eso, solo le dijeron que iban hacer un cateo. Considerando el hecho que los agentes se encontraban a las cinco de la mañana (5:00 a.m.) dentro de la propiedad privada de la señora Norma Esperanza Irías la cual era su morada en ese momento, esta acción es objeto de injerencias arbitrarias o abusivas del domicilio, la cual tutela cualquier espacio físico aislado del exterior cerrado o parcialmente abierto en el que despliega el ámbito de privacidad de las personas, con independencia de su carácter habitual, permanente o estable, la cual no es oficina estatal o salón de ventas que estén abiertos al publico y de libre acceso, sino que es constitutivo de una dependencia dentro del hogar, es decir una dependencia contigua al hogar, como ser el porch de su casa de habitación, debiendo cualquier persona respetar el área destinada de manera exclusiva al particular, por lo que la recolección de esa prueba se hizo irrespetando garantías constitucionales, en el entendido que la ley limita el uso de ese tipo de actuaciones para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Honorables Magistrados consideramos que la prueba recolectada por el agente de investigación criminal y policía militar proveniente de una acción ilegal por parte de estos, y la cual fue vertida en juicio es prueba ilícita (espuria) o prohibida, que es aquél medio de prueba que resulta por si mismo capaz de proporcionar elementos que permitan llegar a constatar la existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico prohíbe utilizar, es decir que estaríamos ante una prueba ilícita testifical por vinculo procesal por la forma en que se obtuvo, por lo que creemos que la prueba es el elemento procesal mas susceptible de ser alterada, pues su manipulación se puede dar en varios momentos: a) a la hora de formarla, b) a la hora de aplicarla; y c) al momento de decisión Judicial. Queremos manifestar que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los mas estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana critica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de esta. Y como es lógico, los efectos que de ella profanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba ilícita no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Sabemos que el Tribunal sentenciador le dio valor probatorio a la prueba recolectada por los Investigadores de la DNIC y Policía Militar quienes allanaron propiedad privada sin previa autorización de su dueño, lo cual nos lleva a dudar de la veracidad de la declaración de los testigos de cargo que fueran valorados por la el Tribunal para condenar al imputado, por lo que consideramos que esta praxis también violento derechos fundamentales, que unidos a otros elementos corroboran los hechos, considerándose como se dijo antes una injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, por consiguiente no puede constituir prueba acusatoria si este es el único medio de prueba. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos “VENERAR” nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “fin justifique los medios” de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Partimos del hecho que un testimonio es una prueba licita; una confesión es una prueba licita; pero si aquél o esta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la violación a la privacidad del domicilio, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que sea consecuencia de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece para la obtención de la prueba. El hacerlo así seria pretender hacer justicia violando la ley, lo que seria una “paradoja jurídica”, por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna. Y los únicos vehículos que nos llevaran a aquel destino son las garantías. Por consiguiente haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar por FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y ALMACENAMIENTO DE ARMA PROHIBIDA a mi representado JONATHAN ABEL ORDOÑEZ IRIAS manifestando el Tribunal considerarla como prueba de valor, esto es una flagrante violación al derecho de defensa del imputado, lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Asimismo tomando en cuenta lo que establece el ordenamiento procesal penal en la doctrina denominada teoría de los frutos del árbol envenenado según la cual todo lo que sea resultado de un acto ilícito, será igualmente ilícito, y tratándose de actos de prueba no podrán ser valorados como tales para enervar el estado de inocencia del imputado. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencias tomo en cuenta una prueba ilícita propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo el tribunal bajo el argumento de considerarlo como prueba de valor, para así condenar a mi representado por FACILITACION DE LOCAL PARA TRAFICO ILICITO DE DROGA Y ALMACENAMIENTO DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, resolución con la cual no esta de acuerdo la defensa del indiciado, por violentarse no solo garantías constitucionales como ser el artículo 99, procesales artículo 200; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 12 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y artículo 17 No.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” IV. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia apertura (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). La esencia del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 82 y 99 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: violación al derecho de defensa y a la inviolabilidad del domicilio *Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó la recurrente que conforme a las declaraciones testificales de los agentes de investigación, ellos acuden a la casa del imputado en orden a sus funciones y para cumplir una orden de captura contra el señor David Daniel Ordoñez y que en esa vivienda habitaba con su madre y su hermano Jonathan; pero para la defensa se debió declarar la prueba recaba nula pues al momento de ingresar a la vivienda no existió autorización por sus habitantes y fue ahí donde obtuvieron la evidencia; violentándose así el derecho de defensa y la inviolabilidad del domicilio que establece nuestra carta marga. Del Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio[1] En aras de dar una respuesta a lo planteado en el recurso y evaluar la compatibilidad de lo señalado por el Tribunal de Sentencia con las normas constitucionales y legales, la Sala de lo Penal, considera oportuno definir lo concerniente al Derecho a la Intimidad y a una de sus garantías como ser la inviolabilidad del domicilio. El principio a la intimidad, atribuible solamente a las personas naturales, deriva del artículo 76 superior cuando señala que “se garantiza el derecho a la intimidad personal…”, debiendo entenderse como tal, en su aspecto positivo, como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio la información de índole personal que desee sea conocida y determinar la identidad y el número de personas que desee tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho de toda persona que no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello. Con el fin de resguardar el derecho a la intimidad en uno de los lugares donde precisamente la persona desarrolla el mayor número de actividades de índole privada personal y familiar, el constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda aquel derecho, en este específico ámbito. El domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del domicilio: A) Elementos Objetivos: 1) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; 2) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; 3) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. B) Elementos Subjetivos: 1) Que el espacio físico esté siendo usado -permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; 2) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio -con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores- puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual sólo tenga acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir, que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada; de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un estado de necesidad o delito flagrante: 1) Ingreso y/o registro autorizado es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: i) Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; ii) Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; iii) Hacerse acompañar los agentes de la autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigo de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; iv) Sólo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; v) Que se le permita a uno de las personas moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; vi) Los agentes de la autoridad deberán abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la perpetración de un delito, sus instrumentos o efectos; vii) Dejar constancia en acta, de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio. 2) El allanamiento de un lugar como un acto de investigación consistente en la penetración de un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento, al que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República, es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar en donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá realizarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde; el constituyente apreció que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad entre el principio pro-societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio para la práctica de estas diligencias. El órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad podrá ordenar un allanamiento cuando resulte la necesidad racional para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El decreto judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el órgano jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aún con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 del Código Procesal Penal, será calificado como ilegal. 3) Finalmente, en cuanto a los allanamientos por un estado de necesidad o delito flagrante, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir, que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aún fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para pedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial, sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público puede practicar un allanamiento: A) El Ministerio Público, cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i) Ante casos de flagrancia, entendiéndose como tal cuando la persona sea sorprendida cometiendo el delito, cuando la persona se dirija a cometer el delito o cuando sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito, tal y como lo conceptualiza el artículo 175 numeral 1 del Código Procesal Penal; ii) Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito; iii) Para evitar la fuga de un delincuente; iv) Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias; v) En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes. El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad judicial competente en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando por qué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivó la práctica de la diligencia. B) La Policía Preventiva o la Dirección General de Investigación Criminal, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; ii) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; iii) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; iv) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. En estos casos, la autoridad policial deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia, o en su caso, se deberá consignar su negativa de no hacerlo. Los agentes de policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. La práctica de un allanamiento con violación a lo relacionado constituye un delito, tipificado en los artículos 202 y 203 del Código Penal, mismo que es de orden público; ahora bien, cuando el allanamiento ilegal se produce en perjuicio del acusado, puede tener repercusiones en dos sentidos: a) En el ámbito penal, ajeno al proceso penal que se conoce en contra de la persona acusada (que se convertiría en ofendida de un allanamiento ilegal). En este caso, el Ministerio Público deberá proceder criminalmente en contra de la persona o personas que hayan cometido un allanamiento ilegal, una detención ilegal, en su caso, y en general todo acto que esté tipificado como delito sin importar que estos actos hayan sido cometidos en perjuicio de una persona que esté siendo investigada o procesada por un delito. La Sala de lo Penal, quiere ser clara respecto a que un allanamiento ilegal o una detención ilegal en perjuicio del acusado no nulifica el proceso criminal en contra de éste, no lo exime de responsabilidad de los actos criminales que pudiese haber cometido y por tanto no podrán oponerse estos hechos como argumentos de defensa exculpatorios, como bien lo señala el artículo 101 del Código Procesal Penal en su último párrafo; b) En el ámbito procesal, la repercusión de un allanamiento o una detención practicada fuera del marco de la ley, tiene como imperativa consecuencia su declaratoria de ilicitud, así como todo acto de investigación, elemento u objeto de prueba que haya sido obtenida como consecuencia única e inmediata de dicho acto ilegal, ordenado así por el artículo 200 del Código Procesal Penal y en respeto de los derechos fundamentales regulados en la Constitución de la República y los derechos humanos reconocidos en los tratados y convenios suscritos internacionalmente por el Estado de Honduras. Nuevamente la Sala de lo Penal, recalca que la ilicitud declarada de un allanamiento o de una detención ilegal produce efectos procesales en cuanto a que estas actuaciones y todas aquellas que le deriven por dependencia única, no podrán ser utilizadas como medios probatorios en el proceso penal en contra del acusado, más no imposibilita al Estado de Honduras de iniciar y sustentar un proceso penal en contra del acusado, basándose en todas las actuaciones y medios de prueba que hayan sido practicadas y obtenidas lícitamente, ello, como igualmente ya se indicó, sin perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal de todas aquellas personas que hayan cometido los actos ilícitos de allanamiento, detención u otros. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Corresponde a esta Sala de lo Penal, como vigilante de la legalidad, verificar la existencia de repercusiones en el ámbito procesal de la denuncia hecha por la censora, en los términos señalados líneas atrás (no así las penales, las cuales corresponden al Ministerio Público); en ese sentido aún en el caso de que no se considerara como válida el acta de autorización de ingreso a la vivienda dada por la madre del imputado y que fue evacuada como prueba en el debate, la censora no ha si capaz de explicar a este tribunal de casación de qué manera el allanamiento y la detención practicada a su representado y que califica como ilícitas, afectan el proceso penal, en especial no establece con qué medios de prueba se acredita la supuesta violación al domicilio de su representado. Es importante establecer que la captura del imputado tampoco se ha dado por un hallazgo inevitable, como lo hace ver la acusación, pues el hallazgo inevitable se da cuándo, practicándose un allanamiento ilícito, se encuentra prueba de manera inevitable o independiente del acto ilícito y puede perfectamente ser valorada por el Juzgador, pero el caso subjudice se trata de un delito infragranti, pues el agente de investigación que estaba practicando el allanamiento para dar con la captura del hermano del acusado Jonathan Abel Ordoñez Irías, observó cuando éste tira una bolsa al techo de su casa, que resultó ser una arma de fuego prohibida y además encuentra droga; esto sin duda alguna es un delito cometido frente a la autoridad policial, que si bien no iba en busca del acusado, al ver las acciones de este y tal como lo manda sus obligaciones, tuvieron que tomar acciones para su aprehensión y la recolección de las evidencias. Este Supremo Tribunal ha estudiado la base probatoria de la sentencia emitida, determinando que la posición de la defensa se encuentra ausente de prueba que confirme su posición, se cuenta con prueba de cargo suficiente de declaraciones testificales de agentes de policía y prueba documental que determina que el allanamiento y la captura del imputado se dieron en los términos que los plantea la acusación y al no existir prueba que contradiga el contenido de las mismas, esta Sala de lo Penal no tiene por qué dudar de su veracidad, más se insiste que, en lo que corresponde a la repercusión penal será menester del Ministerio Público la investigación y la persecución de toda persona que haya cometido un delito, incluyendo los allanamientos o detenciones ilegales en perjuicio del acusado en caso de que se hubiesen dado, más ello no lo exculpa de las imputaciones penales que se le formulen, ni invalida las actuaciones procesales o la sentencia condenatoria dictada en su contra. Razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. V. Decisión. Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la defensa privada del acusado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jonathan Abel Ordoñez Irías, como autor responsable de los delitos consumados de: 1) Facilitación del local para el tráfico de drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras, imponiéndole una principal de seis (06) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00); 2) Portación ilegal de armas de guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de ocho (8) años de reclusión y multa de Cinco mil Lempiras. 3) Imponiendo además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Penas de prisión que sumadas hacen un total de 14 años. La primera conducta reprochada al acusado está prevista en el nuevo Código Penal decreto 130-2017, como delito de tráfico de droga en el artículo 311, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su protocolo de modificación; y en las listas de sustancias psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas a imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando la cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: iii. Diez mil (10.000) gramos de marihuana; iv. Mil (1000) gramos de hachís; v. Dos mil (2000) gramos de cocaína; vi. Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; vii.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; viii. Doscientos (200) gramos de droga sintética; o v. Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso del señor Jonathan Abel Ordoñez Irías, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 273,6 gramos de marihuana dentro de una bolsa y 12,9 gramos en otra bolsa, haciendo un total de 286,5 gramos de marihuana, misma que no excede los diez mil gramos. La marihuana es considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; por lo que la pena señalada para la conducta del acusado se castiga en el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. En cuanto a la segunda conducta condenada al señor Jonathan Abel Ordoñez Irías, en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jonathan Abel la pena de 8 años de reclusión por un delito de Portación ilegal de armas de guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y multa de Cinco mil Lempiras. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 artículo 580, el delito de Tenencia o porte ilegal de armas, se penaliza así: 1.) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. 2.) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En el caso del señor Jonathan Abel Ordoñez Irías el arma encontrada es de uso prohibido, siendo encontrada en la casa del acusado, por lo que no procede el aumento de 1/3. La pena a imponer sería de cuatro (4) a seis (6) años de prisión. A partir de lo anterior, si sumamos ambas penas abstractas conforme a la nueva legislación penal de los delitos condenados al señor Jonathan Abel Ordoñez Irías, es decir Trafico de Drogas y Tenencia de armas prohibidas, los nuevos límites abstractos serian de ocho (8) a trece (13) años de prisión. El acusado fue condenado a seis (6) años por facilitación del local para el tráfico de drogas y ocho años 8 años por portación ilegal de arma de guerra, si sumamos ambas penas nos dan un total de 14 años de prisión, pena que excede el límite establecido por el nuevo código penal, además solo el delito de Tráfico de Drogas trae consigo la pena de multa y en el caso de la Tenencia de Arma Prohibida no posee multa como si aparece contemplado en el derogado Código Penal; procediendo por tanto la aplicación del nuevo código penal, para el acusado Jonathan Abel Ordoñez Irías pues le resulta más beneficioso. Para la determinación de las nuevas penas se debe considerar las agravantes y atenuantes que el Juez A-quo utilizó para la señalización de la pena concreta, en el presente caso en la audiencia de individualización de la pena, tanto el ente acusador como la defensa establecieron que al no existir atenuantes ni agravantes procedía la aplicación de las penas mínimas de ambos delitos. Conforme lo regula el artículo 70 numeral 1 inciso “a” del Código Penal decreto 130-2017, cuando no concurran agravantes ni atenuantes la pena se fija dentro del marco establecido y tomando en cuenta las circunstancias personales del delincuente o la mayor o menor peligrosidad; de los hechos probados se puede deducir que el ahora acusado tenia en su casa un arma de fuego de uso militar y por tanto prohibido para el ciudadano común, por lo que se puede deducir una peligrosidad media. En ese sentido es procedente imponer al ciudadano Jonathan Abel Ordoñez Irías y conforme a la nueva legislación penal, por el delito de Tráfico de Drogas la pena de cinco (5) años de prisión, así como una multa de 200 días a razón de 30 lempiras por día, haciendo un total de seis mil (L 6,000.00) lempiras de multa. Por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Prohibidas, a la pena de cinco (5) años de prisión y localización permanente de un (1) año; así como imponerle al acusado la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Art. 42 del NCP) por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Josefina Pavón Durón, en su condición de defensora pública del señor Jonathan Abel Ordoñez Irías. Segundo: Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos tercero, quinto, sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Tercero: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Jonathan Abel Ordoñez Irías; en consecuencia, reforma los pronunciamientos primero, segundo y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i) Que debemos condenar y condenamos al acusado Jonathan Abel Ordoñez Irías como autor del delito consumado de Tráfico de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de cinco (5) años de prisión; así como a la multa de 200 días a razón de 30 lempiras por día, haciendo un total de seis mil (L 6,000.00) lempiras de multa. ii) Que debemos condenar y condenamos al acusado Jonathan Abel Ordoñez Irías como autor del delito consumado de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Prohibida en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de cinco (5) años de prisión y localización permanente de un (1) año. iii) Se condena al señor Jonathan Abel Ordoñez Irías a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y además a la suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Art. 42 del NCP) por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. Rafael Bustillo Romero Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-203-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 308-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 24 de enero de 2013.