Sentencia CP-203-15 — Registro 11686
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de homicidio simple, robo y Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Segundo Motivo EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. Para poder dar respuesta a lo planteado por el censor tenemos que avocarnos a la declaración de hechos probados del Tribunal de Sentencia en el presente caso (F. 195), los cuales están transcritos líneas atrás y que en resumen señalan: 1. El 27 de mayo de 2013, aproximadamente a las 12:10 del mediodía, en el lugar conocido como El Trapiche del municipio de Lepaera, departamento de Lempira, el señor Edwin Arnulfo Alcántara Hernández, fue despojado de una motocicleta de su propiedad, por parte de dos sujetos, a quienes identificó como Jerson Geovany Mejia Castellon y Yoni Eliud Ponce Mejia quienes le salieron al paso en la carretera, apuntándole con armas de fuego, informando vía telefónica a su hermano de nombre Oscar y a otras personas de su familia acerca de lo sucedido y de la ruta que tomaron los individuos en las motocicletas. 2. A las 12:45 de la mañana, el ciudadano Alex Orlando Alcántara Erazo quien ya había sido informado acerca de lo sucedido a su tío Edwin Arnulfo Alcántara, sale al paso a interceptar a los señores Jerson Geovany Mejia Castellon y Yoni Eliu Ponce Mejia, que son los que despojaron de la motocicleta a su pariente, y para tratar de recuperar la moto hace dos disparos de advertencia al aire, a lo que los individuos responden disparando contra la humanidad del señor Alex Orlando Alcántara Erazo, quien cae al suelo herido, situación que aprovecha Jerson Geovany Mejia Castellon, para propinarle un certero disparo en la cabeza y a la vez llevarse el arma propiedad del ahora difunto Alex Orlando Alcántara Erazo, para finalmente alejarse del lugar en la motocicleta color gris. 3. Posteriormente a ese hecho violento, ese mismo día a las 02:05 de la tarde, una patrulla de la policía, intercepta a dos individuos que se transportaban en una motocicleta color gris, por lo cual la policía da detención a los señores Jerson Geovany Mejia Castellon y Yoni Eliu Ponce Mejia, a quienes los miembros de la Policía Nacional Preventiva, le verifican un cacheo (registro personal), y les encuentran portando armas de fuego sin el permiso correspondiente, al señor Jerson Geovany Mejia Castellon, le encuentran dos armas de fuego, una calibre nueve milímetros, marca ASTRA, serie 8608B, modelo A100 pavón niquelado, con su respectivo cargador con 9 proyectiles sin percutir; otra tipo pistola, calibre 3.80 mm, marca DAEWOOD, serie CA000164, con su respectivo cargador conteniendo un proyectil sin percutir, y a Yoni Eliu Ponce Mejia se le encontró un arma de fuego tipo pistola, marca RUGER, calibre 9 mm, serie 307-35346, pavón negro, con su respectivo cargador conteniendo 5 proyectiles sin percutir, todo lo cual le fue decomisado a los sospechosos por no contar con documentación alguna de las armas. Concluye esta Sala de lo Penal que carece de razón el recurrente, pues en su planteamiento hace un análisis fragmentado de los hechos declarados probados, señalando que existe un vacío al no referir los juzgadores de que individuos está hablando, ni que clase de arma se refiere, ni si ambos individuos al disparar dieron en el blanco, más ello no es así, pues el hecho probado es uno solo, el cual hace un relato continuo de sucesos, determinando que fue en la misma fecha que se narra en el hecho primero a eso de las 12:45 de la mañana que el ciudadano Alex Orlando Alcantara Erazo sale al paso a interceptar a los señores Jerson Geovany Mejia Castellon y Yoni Eliu Ponce Mejia que son los que despojaron de la motocicleta a su pariente y para tratar de recuperarla hace dos disparos de advertencia al aire, a lo que los individuos responden disparando contra la humanidad del señor Alex Orlando Alcántara Erazo, quien cae al suelo herido, situación que aprovecha Jerson Geovany Mejia Castellon para propinarle un certero disparo en la cabeza y a la vez para llevarse el arma propiedad del difunto; ante lo anterior es claro que los individuos referidos en el hecho segundo son Jerson Geovany Mejia Castellon y Yoni Eliu Ponce Mejia quienes disparan contra la humanidad de la víctima, quien cae herido, situación aprovechada por Jerson Geovany Mejia Castellon para propinarle un certero disparo en la cabeza, en cuanto a que tipo de arma se refiere, es la utilizada para hacer disparos de advertencias de parte del occiso. El hecho probado que sustenta la sentencia venida en casación obedece a los requisitos mínimos exigidos por la legislación procesal penal, al ser expresados en forma conclusiva, inequívoca y categórica..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Cuarto Motivo. EL CUARTO MOTIVO NO ES DE RECIBO. El censor ha planteado como vicio de la sentencia la dolencia de una insuficiente motivación, del cual se deduce -por su desarrollo- ser fáctica, luego alega que dicha motivación es inexistente, más un reproche por no haberse valorado conforme a las reglas de la sana crítica; la sentencia ofrece al lector la descripción (casi literal) de todos los medios de prueba que fueron propuestos y evacuados en la audiencia de debate, luego de lo cual los juzgadores plasman los diferentes razonamientos intelectivos que les merecen cada prueba, calificando su fuerza acreditativa; véase que el apartado de “Valoración Probatorio” (f. 196 al 200 ), dando las explicaciones que desarrollan los juzgadores sobre los convencimientos que arriban con cada medio de prueba. El censor confunde en su planteamiento lo que es una insuficiente motivación fáctica con carencia de motivación, para luego denunciar una errónea valoración de la prueba, mismos que entran en contradicción, sea porque la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o jurídica o porque en su lugar es insuficiente, pero no ambas a la vez, asimismo, entra en divorcio al motivo planteado al quejarse de que la valoración de la prueba fue errónea y que por ello no pueden ser objeto de respuesta por este Tribunal, Por lo expuesto, el motivo deviene improcedente. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. *Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Civil. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso; y, *Remedio de saneamiento presentado contra el vicio denunciado: no determinado por el censor; *Pretensión: No determinado por el censor. Refiere el recurrente, que, en la motivación de los medios de prueba, encontró que el sentenciador inobservó el debido proceso, ante la no apreciación de las reglas de la sana crítica y con ello ha coartado el estado de inocencia De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Recurso carece de contenido; El censor señala que la sentencia violenta el artículo 90 de la Constitución que reconoce el derecho fundamental a un debido proceso penal, sin explicar los alcances de dichos derechos ni como su violación se ve materializada en la sentencia, pues solo refiere que no hubo apreciación a las reglas de la sana crítica por lo que se ha coartado el estado de inocencia. Es de tener presente que una adecuada técnica recursiva obliga al recurrente no solo a identificar debidamente el recurso que interpone, el motivo en que se basa y el concepto de la infracción o vicio que se alega, sino que además un debido desarrollo argumentativo que explique dicho vicio con claridad y precisión: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. Sumado a lo anterior el censor debe hacer la debida comprobación de la existencia del vicio, haciendo la confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. En el recurso que ahora se resuelve nada de lo anterior es aportado por el censor, pues en un lacónico planteamiento, solo se limita a señalar que fue violentado el artículo 90 de la Constitución de la República, sin explicar en concreto cual es el vicio, como fue supuestamente producido, cuáles fueron las consecuencias de éste y cuál es el remedio procesal que se pretende; el mencionar que la prueba presentada en el debate fue erróneamente valorada, no satisface los requerimientos necesarios de claridad y precisión expuestos, debiendo por tanto declararse sin lugar el recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de noviembre del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Jerson Geovany Mejia Castellón, como autor responsable de: 1.- Un delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Alex Orlando Alcántara Erazo, a la pena de quince (15) años de reclusión. 2.- Un delito de Robo en perjuicio del señor Alex Orlando Alcántara Erazo, a la pena de cinco (5) años de reclusión.- 3.- Un delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión; todos en concurso real y que hacen un total de veintitrés (23) años de reclusión.- Segundo: Condenó a Jerson Geovany Mejia Castellón, por los delitos de homicidio simple y robo, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, y como consecuencia de la pena de reclusión por el delito de portación ilegal de armas, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Declaró la responsabilidad civil del condenado Jerson Geovany Mejia Castellón, debiendo responder por la indemnización de los daños morales y económicos a los familiares ofendidos del difunto Alex Orlando Alcántara Erazo.- Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Quinto: Condenó a Yoni Eliu Ponce Mejia, como autor responsable de: 1. Un delito de Homicidio Simple en perjuicio de Alex Orlando Alcántara Erazo a la pena de quince (15) años de reclusión. 2. Un delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, todos en concurso real y que hacen un total de dieciocho (18) años de reclusión. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Reynaldo Antonio Hernández, actuando en su condición de Defensor Privado de los encausados Jerson Geovany Mejía Castellón y Yony Eliu Ponce Mejía. Son partes en única instancia: EL Abogado Reynaldo Antonio Hernández, defensor privado en su condición de recurrente, y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El veintisiete de mayo del año dos mil trece aproximadamente a las doce con diez minutos del medio día, en el lugar conocido como El Trapichito del Municipio de Lepaera, departamento de Lempira, el señor EDWIN ARNULFO ALCANTARA HERNANDEZ, fue despojado de una motocicleta de su propiedad, por parte de dos sujetos, a quienes identificó como JERSON GEOVANY MEJIA CASTELLON y YONI ELIUD PONCE MEJIA, los cuales se encontraban en la carretera recostados en el asiento de una motocicleta, quienes le salieron al paso en la carretera apuntándole con armas de fuego, luego de realizar esta acción lo facinerosos se alejaron del lugar por la carretera que conduce a la aldea de Jagua, por lo cual vía telefónica informó a su hermano de nombre OSCAR y a otras personas de su familia, acerca de lo sucedido y de la ruta que tomaron los individuos en las motocicletas. SEGUNDO: Luego de este hecho, en la misma fecha pero a las doce y cuarenta cinco de la mañana, en la aldea la Jagua el ciudadano ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, quien ya había sido informado acerca de lo sucedido a su tío EDWIN ARNULFO ALCANTARA, sale al paso a interceptar los señores JERSON GEOVANY MEJIA CASTELLON y YONI ELIU PONCE MEJIA, que con los que despojaron de la motocicleta a su pariente, y para tratar de recuperar la moto hace dos disparos de advertencia al aire, a lo que los individuos responden disparando contra la humanidad del señor ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, quien cae al suelo herido, situación que aprovecha JERSON GEOVANY MEJIA CASTELLON, para propinarle un certero disparo en la cabeza y a la vez llevarse el arma propiedad del ahora difunto ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, para finalmente alejarse del lugar en la motocicleta color gris. TERCERO: Posteriormente a ese hecho violento, ese mismo día a las dos de la tarde con cinco minutos, en la aldea Talanguera del municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara, una patrulla de la policía, intercepta a dos individuos que se transportaban en una motocicleta color gris, por lo cual la policía da detención a los señores JERSON GEOVANY MEJIA CASTELLON y YONI ELIU PONCE MEJIA, a quienes los miembros de la Policía Nacional Preventiva, le verifican un cacheo (registro personal), y les encuentran portando armas de fuego sin el permiso correspondiente, al señor JERSON GEOVANY MEJIA CASTELLON, le encuentran dos armas de fuego, una calibre nueve milímetros, marca ASTRA, serie 8608B, modelo A100 pavón niquelado, con su respectivo cargador con 9 proyectiles sin percutir; otra tipo pistola, calibre 3.80 mm, marca DAEWOOD, serie CA000164, con su respectivo cargador conteniendo un proyectil sin percutir, y a YONI ELIU PONCE MEJIA se le encontró un arma de fuego tipo pistola, marca RUGER, calibre 9 mm, serie 307-35346, pavón negro, con su respectivo cargador conteniendo 5 proyectiles sin percutir, todo lo cual le fue decomisado a los sospechosos por no contar con documentación alguna de las armas.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Reynaldo Antonio Hernández, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO NUMERO UNO El presente motivo de casación es por La Incongruencia de la sentencia y la pretensión del Ministerio Público; porque el Tribunal Sentenciador ha declarado probado el hecho número uno en el que cuyo contenido no ha sido pretensión de la acusación en el juicio oral y público. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: UNO.- El Código Procesal Penal en su artículo 337 establece lo siguiente: “Congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas” La sentencia que hoy recurro, en su primer hecho establece: “El veintisiete de mayo del año dos mil trece, aproximadamente a las doce con diez minutos del medio día, en el lugar conocido como el trapichito del municipio de Lepaera, departamento de Lempira, el señor Edwin Arturo Alcántara Hernández fue despojado de una motocicleta de su propiedad por parte de dos sujetos, a quienes identificó como Jerson Geovany García Castellón y Yony Eliud Ponce Mejía, los cuales se encontraban en el asiento de una motocicleta, quienes le salieron al paso en la carretera apuntándole con arma de fuego, luego de realizar esta acción los facinerosos se alejaron del lugar por la carretera que conduce a la aldea Jagaua, por lo cual vía telefónica informó a su hermano Oscar y a otras personas de su familia a cerca de lo sucedido y de la ruta que tomaron los individuos en las motocicletas”. DOS.-Consta en el acta de debate que en efecto la acusación pública sí se refirió al despojo de la motocicleta por parte de los acusados en perjuicio de Edwin Arturo Alcántara Hernández; lo anterior si cabe en la normativa 337 de la ley adjetiva, cuando se refiere, que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que no sean descritas en la acusación, hasta aquí no hay problema alguno; sin embargo, este apostolado procesal es desarrollado como motivo de casación en el artículo 362 numeral 6, al enunciar que el recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los siguientes vicios: 6). La congruencia de la sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337. Podemos darnos cuenta al leer el acta de debate, que para el Ministerio Público nunca fue su pretensión formalizar acusación en contra de mis representados por el robo de una motocicleta en perjuicio de Edwin Arturo Alcántara Hernández; pero el sentenciador ha dado por probado esta circunstancia en el hecho primero cuando esta no fue pretensión del órgano acusador del Estado, violentando así, los artículos 362 numeral 6 y 337 del Código Procesal Penal y con ello apartándose el sentenciador del objeto del proceso penal, el que no identificó; como si no supiera que el objeto del proceso penal lo define el hecho punible y ese hecho probado número uno no está en correlación con los hechos punibles por los cuales formalizó el Ministerio Público. Honorable Magistrados, se han de preguntar, ¿Es que acaso este primer hecho declarado probado por el cual se recurre incide en la parte resolutiva? Os digo claramente que sí; si bien, no podemos negar que en la parte resolutiva no se está condenando por el delito de robo de la motocicleta; pero, como se ha dado por probado el robo de la misma en el hecho declarado probado número uno esto afecta la calificación jurídica y eventualmente la aplicación del principio non bis in iden lo cual también afecta el principio de cosa juzgado y cierra este círculo con la eventual inseguridad jurídica; y no me lo he invento yo, sino, pues lo afirma la doctrina internacional Alemana y Española, más la jurisprudencia Chilena, quienes han que ha establecido la unidad del concepto del objeto del proceso definido por el hecho punible, con exclusión de la calificación jurídica y del petitum de la acusación, tanto por el deber de correlación de la sentencia y la acusación con la pretensión de la parte acusadora, como también para la aplicación del principio non bis in iden en un eventual nuevo proceso por los mismos hechos, los cuales habrían sido declarados probados en un proceso anterior. Por lo tanto estamos seguros que al haber el sentenciador declarado probado un una circunstancia que no ha sido pretensión de quien acusa, también se ha violentado el principio de inmutabilidad de la sentencia, que no es otra cosa que la sentencia penal debe mantener la inmutabilidad del núcleo fáctico de la acusación, pues solo así se garantiza y satisface el deber de correlación y con ello se excluye la posibilidad de que se juzguen otros hechos diferentes a los de la acusación. Por otro lado, respecto a este hecho declarado probado mis representados, no se les ha dado la posibilidad de defenderse, pues el juzgador ha colocado a mis representados en desigualdad (principio de igualdad de las partes procesales), pues al no forma parte de la acusación inicial la variación que ha hecho quien ha juzgado, es evidente la indefensión; y es así que tal variación de las pretensiones de la acusación que ha hecho el juzgador está vigente y deja al descubierto la violación a los principios antes mencionados. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO NUMERO DOS El presente motivo de casación es porque el hecho probado número dos, no es claro ni es terminante. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral uno del código procesal penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: UNO.- El segundo hecho declarado como probado lo ha desarrollado el Juzgador de la siguiente amanera: “Luego de este hecho, en la misma fecha pero a las doce y cuarenta y cinco de la mañana, en la aldea Jugua, el ciudadano ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, quien ya había sido informado de lo sucedido a su tío EDWIN ARNULFO ALCANTARA, sale al paso a interceptar los señores JERSON GEOVANY MEJÍA CASTELLLON Y YONI ELIU PONCE MEJÍA, que son los que despojaron de la motocicleta a su pariente y para tratar de recuperar la moto hace dos disparos de advertencia al aire, a lo que los individuos responden disparando contra la humanidad del señor ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, quien cae al suelo herido, situación que aprovecha JERSON GEOVANY MEJÍA CASTELLLON para propinarle un certero disparo en la cabeza y a la vez para llevarse el arma propiedad del ahora difunto ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, para finalmente alejarse del lugar en la motocicleta color gris”. DOS.-Establece el artículo 362 numeral uno, que el recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los siguientes vicios: 1) Que falte la declaración de hechos que el Tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante, o que sea contradictoria. Véase, que el hecho probado número dos, en lo resaltado en negrita, enuncia, “a lo que los individuos responden disparando contra la humanidad del señor ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO”; me pregunto ¿De que individuos está hablando el Juzgador?, a nuestro criterio, esto no es claro, acaso serán JERSON GEOVANY MEJÍA CASTELLLON Y YONI ELIU PONCE MEJÍA o serán los individuos que se han quedado en el pensamiento de los jueces juzgadores, puesto que no han dicho cuál es el nombre de esos individuos; por otra parte, a que clase de arma se refiere el tribunal, pues existen diferentes tipos de armas, verbigracia, armas blancas, armas de fuego, armas laser etc; se puede decir que este hecho es claro, me parece que está muy lejos de serlo; así las cosas a nuestro entender el tribunal de la causa no ha sido claro en cuanto a que personas se refiere que disparan contra ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, como no está claro que tipo de arma fue la que le sustrajo un individuo a ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, según el tribunal sentenciador; sin embargo, sin tener el hecho probado la claridad de quienes fueron las personas que dispararon contra la humanidad ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, en el apartado que corresponde ha condenado a mis dos representados por la muerte del señor Alcántara Erazo y a JERSON GEOVANY MEJÍA CASTELLLON por el robo de un arma que no se sabe qué tipo de arma es. TRES.- Según la real academia española ser terminante, es ser concluyente, ser claro, que termina, que no deja duda alguna. Traigo esto a colación, porque nuestra ley procesal penal en su artículo 362 numeral 1, exige en la sentencia penal, que los hechos declarados probados sean terminantes, lo cual no ha conseguido el sentenciador en el hecho probado número dos de la sentencia que hoy se recurre, lo cual queda al descubierto, cuando refiere, que ambos individuos dispararon contra la humanidad de ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, acaso el tribunal identificó en la motivación del hecho probado número dos que ambos individuos al disparar dieron en el blanco, llámese cuerpo con vida del señor ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, pues una cosa es que ambos hayan disparado y otra que ambos hayan acertado, lo cual no ha resultado probado; Con que prueba objetivamente confiable el Tribunal da por acreditado, que ambos acusados dieron muerte al señor Alcántara Erazo, lo que aquí digo está de manifiesto al decir el juzgador en su motivación, que el arma de fuego tipo pistola, calibre nueve milímetros, marca astra serie 8608b, modelo a100, pavón niquelado, con nueve proyectiles en su cargador sin percutir, decomisada a JERSON GEOVANY MEJÍA CASTELLLON, no fue disparado, para lo cual se basa en el acta de decomiso y el dictamen de balística; cómo es entonces, que el juzgador en este hecho probado dice que ambos individuos dispararon contra ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, si la prueba de balística le está diciendo que el arma de fuego que portaba JERSON GEOVANY MEJÍA CASTELLLON, no fue disparada; sin embargo en contraposición a la prueba anterior, el testigo de cargo presencial José Rodolfo Argueta Moreno ha dicho que ambos acusados desde las motocicletas dispararon contra el señor Alcántara Erazo, Cómo explica esto el Juzgador; no pasa lo mismo con el arma de fuego tipo pistola, calibre 380, marca daewood, serie ca000164 con solo proyectil sin percutir en su cargador, también decomisada a este acusado, pues esta fue disparado por el mismo señor Alcántara Erazo contra los acusados al tratar de recuperar la motocicleta, según el testigo de cargo Argueta Moreno; ¿Quien entonces, fue la persona que realmente acertó sus disparos en el cuerpo de la víctima, pues según la prueba de balística, acta de decomiso y el hecho probado número dos, el sentenciador, no ha sido concluyente en cuanto a quien realmente acertó sus disparos en ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, por el contario deja serias dudas de quien fue que lo hizo. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO NUMERO TRES El presente motivo de casación es porque el Juzgador en la valoración de la prueba no observó las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Nuestra ley adjetiva en su artículo 202, establece que las pruebas serán valoradas con arreglo a las reglas de la sana crítica; el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida; debemos de entender, que en esta norma, el legislador se ha referido de forma genérica, aunque entendemos perfectamente que dicha regla de valoración debe de ser observada para cualquier resolución que den los jueces y magistrados sea cual fuere la etapa del proceso en que se dicte una resolución, pues son estas leyes del correcto entendimiento humano las que deben de estar siempre presentes en nuestro raciocinio como necesidad indiscutible cuando analizamos nuestros pensamientos, a fin de arribar a una decisión correcta sustentada en varias razones para que esa verdad que hemos afirmado realmente lo sea y esas reglas deben de estar constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y la razón suficiente; Y es por ello que el sabio legislador en nuestro código procesal penal en la etapa del juicio oral y público, nos ha dicho lo mismo en el artículo 338 regla cuarta en su apartado dos, específicamente para la valoración de la prueba en la sentencia definitiva, lo cual transcribo literalmente. “Seguidamente se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos, justificado según las reglas de la sana critica, el valor que se les haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados”. DOS.- Ha entendido esta defensa, que la valoración en conjunto del testimonio del señor José Rodolfo Argueta Moreno y la prueba científica dictamen de balística ratificado por el perito forense Marlon Geovany Gonzales no arrojan el resultado que ha plasmado el sentenciador en la sentencia recurrida, pues mientras el primero ha dicho que ambos acusados dispararon contra ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, el segundo prueba científica dictamen de balística niega al primero al decir que el arma de fuego tipo pistola, calibre nueve milímetros, marca astra serie 8608b, modelo a100, pavón niquelado, con nueve proyectiles en su cargador sin percutir, decomisada a JERSON GEOVANY MEJÍA CASTELLLON, no fue disparado, lo cual nos lleva a la convicción que los jueces han valorado erróneamente la prueba, pues de no ser así la sentencia no fuera condenatoria, pues un elemento de prueba se contrapone al otro y no se complementan, de tal modo que la conclusión a la que ha arribado, no tiene sustento para señalar que se ha demostrado la culpabilidad sin lugar a dudas de los acusados en los delitos que se les imputa. La apreciación errónea y arbitraria que hizo el Tribunal Sentenciador de la prueba antes mencionada, lo enreda de tal modo, que no se deja ver la ley de la derivación, como parte del principio de la razón suficiente este como principio de la lógica formal; lo cual, no es otra cosa, que los juicios a los que arriba el Juzgador que pasan a ser realmente verdaderos porque los ha venido derivando uno en pos de otro pensamiento, sin dar un salto al vacío, los cuales deben ser coherentes y no excluyentes, pues sabido es que solo pueden ser verdaderos aquellos juicios o conocimientos que se pueden probar con un número suficiente de razones, para que lleve al convencimiento de que lo afirmado es verdad y aquí se ha afirmado que - JERSON GEOVANY MEJÍA CASTELLLON Y YONI ELIU PONCE MEJÍA son culpables del delito de homicidio simple y otros ya expresados en perjuicio de ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, sin tener razones suficientes, dando el juzgador un salto al vacío en su raciocinio o cadena de pensamientos, puesto que no encadena la de declaración del testigo presencial y el dictamen de balística, al contrario se contradicen, he aquí el vacío, pues el que ha juzgado al respecto no da explicación alguna de como armoniza estas pruebas para concluir como la ha hecho; y es que la razón suficiente también como parte de la motivación, es justificación de hechos, pero debe ser coherente, secuenciada, no contradictoria, pero a la afirmación que el Juzgador ha llegado es errónea, puesto que ha partido de una valoración errónea y arbitraria de los medios de prueba de cargo. Por otro lado; en la motivación de estos elementos de prueba, encuentro que el sentenciador inobservó el debido proceso, puesto que la no apreciación de las reglas de la sana crítica es violatorio al debido proceso y con ello, se ve coartado el estado de inocencia que le asiste a mis representados y todo por una apreciación errónea de la prueba por parte del juzgador, pues como lo he dicho, tanto el artículo 202 y 338 de nuestra ley procesal obliga al sentenciador a valorar la prueba en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana critica; sin embargo se olvida de la derivación y de la razón suficiente como parte de la lógica y esta como parte de las reglas de la sana critica, violentado así el debido proceso como formalidad y garantía para los procesados que establece en principio el artículo 90 de la Constitución de la República y que enseguida desarrollan los artículos 202 y 338 de nuestra ley adjetiva de cómo y bajo que reglas debe valorarse la prueba en el proceso penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO NUMERO CUATRO El presente motivo de casación es porque la sentencia que hoy se recurre su motivación es insuficiente. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: UNO.- La sentencia que hoy se recure, no es que no tenga motivación, si la hay, pero la misma es insuficiente y vacía de contenido razonable, pues la misma, no encuentra sustento en la prueba evacuada, desprendiéndose así, que la motivación que ha hecho el juzgador, ha sido a su arbitrio y no necesariamente asentada y construida sobre la base de la prueba valorada en su conjunto y con la aplicación de las reglas de la sana critica, pues tal y como ha sido plasmada, al parecer la mención del juzgador que ha aplicada tales reglas solo queda en una mera evocación dado a que no se dejan ver en la poca motivación expuesta, como tampoco ha dicho que valor ha dado a tales pruebas como y porque les ha creído; de igual manera, no se deja ver el proceso lógico y mental que ha seguido el juzgador para arribar a la conclusión de culpabilidad y posterior condena, puesto que la motivación no debe ser arbitraria, sino basada en derecho, pues la resoluciones judiciales no poder ser solo meras expresiones de voluntad, sino explicaciones razonables y razonadas de la norma jurídica aplicada, pues tal situación, no queda cumplida con solo una declaración de voluntad del Juzgador en un sentido u otro, es decir condenando o absolviendo, pues debe ser consecuencia de una exigencia de una exegesis racional del ordenamiento y no fruto de una arbitrariedad. DOS.- Basta darle una mirada a la supuesta motivación de la sentencia recurrida, para darse cuenta que la misma es prácticamente inexistente; para el caso, el primer numeral de la disque motivación apenas señala que las referidas pruebas son contundentes para determinar en que circunstancias resultó el deceso del señor ALEX ORLANDO ALCANTARA ERAZO, sin esmerarse en decirnos porque son contundentes; como quien dice, es así porque así lo digo yo, lo cual es arbitrario. Se agrega en el segundo párrafo de dicho numeral, que resulta incuestionable para este Tribunal de sentencia, la credibilidad que les asiste a los testigos Edwin Arnulfo Alcántara, José Rodolfo Argueta Moreno, Wilson David García y Ramón Bermúdez; de tal manera, que la credibilidad o confiablidad de la prueba es porque ya la tienen intrincadamente, al menos según la deja dicho aquí el juzgador, como si se tratara de prueba tasada y no de prueba que el Juzgador es quien le da la credibilidad de acuerdo a las reglas ya prestablecidas. Entrando al fondo de lo que nos ocupa veamos, que aunque no vale de nada, los jueces al valorar la declaración Edwin Arnulfo Alcántara en el primer hecho probado, se limita a transcribir la deposición del mismo, como si se tratara de cortar y pegar el acta de debate en la sentencia y se circunscribe a decir que “ este Tribunal le da a esta declaración credibilidad, ya que relata de manera cronológica como sucedieron los hechos…”, nos preguntamos señores magistrados ¿Será esto motivación?, ¿Se vislumbra aquí un razonamiento lógico del proceso mental seguido por los jueces para afirmar lo que han afirmado?, Que con que nos prueban los impartidores de justicia que la verdad que han declarado en efecto la es?, preguntas que no tienen respuesta, bueno si, y es que no es verdad la verdad declarada. Lo mismo sucede al valorar la declaración de José Rodolfo Argueta Moreno, apartado en el cual lo único de los jueces es lo siguiente: “ Para éstos tres jueces, la declaración que este testigo rindió en la sala de juicios cuenta con toda nuestra confianza en tanto lo hizo de manera espontánea, clara y sin denotar ningún sentimiento espurio, ni mal sano en contra de los imputados y por el contrario lo hace con el único pensamiento de que se aplique la justicia a los hechos por él presenciados y es debido a la credibilidad que nos merece este testimonio que la piedra angular en que sustentamos el contenido del hecho probado número dos de la presente sentencia, por lo tanto para este Tribunal resulta un hecho incuestionable que las personas que dieron muerte al señor Alex Orlando Alcántara Erazo… son Gerson Geovany Mejía Castellón y Yony Eliu Ponce Mejía… De nuevo entiendo que esto es lo que se conoce como argumentación vacía porque carece de contenido extraído de la prueba valorada mediante las reglas que establece el Código procesal penal, sino que han resultado de una arbitrariedad de los jueces que han juzgado. Dicho lo anterior debo decir que los juzgadores, por un lado han valorado erróneamente la prueba, no lo han hecho conforme a las reglas de la sana critica, no se valoró en su conjunto, pues si lo hubieran hecho se hubieran dado cuenta que el dictamen de balística, excluye la prueba testifical José Rodolfo Argueta Moreno, que como lo ha dicho el Tribunal, es su piedra angular de su declaración de condena; y, sin piedra angular no hubiera condena. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO NUMERO CINCO El presente motivo de casación es por violación a precepto constitucional. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo se encuentra comprendido en el artículo 361 único párrafo del código procesal penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En la motivación de estos elementos de prueba, encuentro que el sentenciador inobservó el debido proceso, puesto que la no apreciación de las reglas de la sana crítica es violatorio al debido proceso y con ello, se ve coartado el estado de inocencia que le asiste a mis representados y todo por una apreciación errónea de la prueba por parte del juzgador, pues como lo he dicho, tanto el artículo 202 y 338 de nuestra ley procesal obliga al sentenciador a valorar la prueba en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana critica; sin embargo se olvida de la derivación y de la razón suficiente como parte de la lógica y esta como parte de las reglas de la sana crítica, violentado así el debido proceso como formalidad y garantía para los procesados que establece en principio el artículo 90 de la Constitución de la República y que enseguida desarrollan los artículos 202 y 338 de nuestra ley adjetiva de cómo y bajo que reglas debe valorarse la prueba en el proceso penal, pues la valoración de la prueba en su conjunto con observancia de las reglas de la sana crítica es un derecho que el acusado tiene en el proceso penal y a la vez una garantía en el debido proceso para el control casacional que eventualmente pueda darse a través del respectivo recurso.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 337 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción expuesto: Incongruencia de la sentencia y la pretensión del Ministerio Público, siendo que los sentenciadores declararon en el hecho primero como probado cuando no ha sido pretensión de la acusación en el juicio oral y público. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Declarar la nulidad del fallo impugnado y del Juicio Oral y Público en el que fue dictado, con reenvió de la causa. Denuncia el recurrente, que nunca fue pretensión del ente fiscal formalizar acusación en contra de los acusados por el robo de una motocicleta, sin embargo, los sentenciadores han dado por probado esa circunstancia en el hecho primero cuando no fue pretensión del órgano acusador del Estado, con lo cual se ha violentado los artículo 362 numeral 6 y 337 del Código Procesal Penal; continuó en su denuncia el censor, que si bien no han sido condenado sus representados por el delito de robo de motocicleta, pero al ser declarado como probado afecta la calificación jurídica y eventual aplicación del principio non bis in ídem, el principio de cosa juzgada, provocando una inseguridad jurídica, asimismo no se les ha dado posibilidad de defensa colocando a los acusados en desigualdad. Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación El Proceso Penal vigente se basa en el Principio Acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado -quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación- de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa.- En relación, la Corte IDH, en sentencia del 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, dispuso: “54.- Uno de los derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2 de la Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra. - Asimismo, se debe respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de la prueba.”. (En el mismo sentido ver la Sentencia de la Corte IDH de 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México). El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el juzgador, a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la sentencia con la acusación. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de 11 de agosto de 2009 en el Exp 322-2007). El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1. Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2. Elemento Subjetivo: Prohíbe al juzgador extender el Ius Puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen, el sentido del Principio de Congruencia de la sentencia con la acusación exige que la sentencia debe versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación, es decir que debe mediar identidad entre los hechos que se informa al inculpado y aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia (En ese sentido ver las sentencias de la Corte IDH de 20 de junio de 2005 en el caso Fermín Ramirez vs Guatemala, párrafos 67 y 68 y de 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, párrafo 47), permitiendo que la persona imputada conozca oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad de ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo. (ver en ese sentido las sentencias de la Sala de lo Penal de 20 de junio de 2012 en Exp 308-2009 y de 18 de octubre de 2012, en Exp 065-2010). - La Corte IDH, en el caso Tibi vs Ecuador, señaló que: “28.- … el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones y omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos.[Esta información debe ser] expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al Juez[a] su versión de los hechos.”. Con todo, no debe entenderse que el juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, de forma que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado; el Principio de Congruencia no limita al actor o al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente a la planteada en la acusación.- La Corte IDH ha advertido que la calificación jurídica de los hechos que se le imputan a una persona puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación (ver sentencia del caso Fermín Ramirez vs Guatemala, óp. ci.t, párrafo 67 y 68).- En consecuencia la modificación de la calificación jurídica solo podrá realizarse cuando: 1. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación; 2. En el fáctum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, que hayan sido objeto de contradictorio y finalmente probados en el debate; y 3. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto, no podría reprochar penalmente un delito que conlleve una pena más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta (Art. 334 párrafo 5to, CPP). Ahora bien, como regla general el Principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal).- Como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal (reformado por Decreto 074-2013, a partir del 11 de diciembre de 2013) advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: 1. Hechos fijados en el Auto de Apertura a Juicio: La fase intermedia del proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio (Art. 265 CPP).- El Juez de Letras, siempre a la sombra del principio Indubio Pro Accusatione, evaluará si la acusación presentada en la audiencia preliminar tiene apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuyen los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; es muy importante resaltar que al juez de la Etapa Intermedia no le corresponde examinar la calificación jurídica de la acusación, de hecho el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal).- En caso de que la acusación no supere el examen del juez de la etapa intermedia, dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; en caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. 2. Ampliación de la acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a. Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b- Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación.- Para tal modificación, se requiere: i.- Que se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y ii.- Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación.- Señala el precepto legal que reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: a.- La corrección de errores materiales; b.- La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y en forma negativa c.- La introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en estos casos dispone el Código de Rito que se deberá proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. 3. Las Conclusiones del debate: En una inclusión, por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los apoderados legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contraprueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior, el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Por lo anterior se considerará vinculante para el tribunal en la etapa de conclusiones: a. La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; b. La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados en los términos señalados por la Corte IDH en la sentencia del caso Fermín Ramirez vs Guatemala (óp. cit.); y c. El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, con base en la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizará de manera conjunta con la prueba evacuada. En conclusión, la sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate y con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado. De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo no es de recibo. Es importante señalar que el presente motivo, ocurre cuando la decisión judicial no tiene identidad con la acusación formulada. Para dar respuesta a lo señalado por el recurrente es necesario hacer una revisión del proceso judicial; dio inicio el 28 de mayo de 2013, con la presentación de un Requerimiento Fiscal presentado por el Ministerio Público en contra de los acusados Jerson Jeovany Mejía Castellón y Yony Eliu Ponce Mejía, por suponerlos responsables como autores de los delitos de Robo de Vehículo (motocicleta), Homicidio y Robo en concurso ideal y Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, con base en los artículos 116, 217, 218D y 332B del Código Penal. Como consecuencia del requerimiento, el proceso fue transitado por la etapa preparatoria y mediante el acto de la audiencia inicial de fecha 31 de mayo de 2013, el juez resolvió dictar sobreseimiento provisional por el delito de robo de vehículo (motocicleta) al no haberse acreditado la propiedad del vehículo, decretando auto de formal prisión por los delitos de Homicidio Simple y Robo en perjuicio de Alex Orlando Alcántara Erazo y por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras (F.54), ante el sobreseimiento provisional por el delito de robo de vehículo (motocicleta), el ente fiscal solicitó la prosecución del proceso al contar con nuevos elementos de prueba, celebrándose audiencia el 07 de agosto de 2013 (F.76), dictándose nuevamente un sobreseimiento provisional a favor de los imputados Jerson Jeovany Mejía Castellón y Yony Eliu Ponce Mejía por el delito de Robo de vehículo (motocicleta) en perjuicio de Edwing Arnulfo Alcántara Hernández; por tal razón, ya en la etapa intermedia del proceso se celebró la audiencia preliminar en fecha 13 de noviembre de 2013, en donde el Ministerio Público formalizó cargos (vinculante para la audiencia de debate) indicando: “… formaliza acusación contra los imputados Jerson Jeovany Mejía Castellón y Yony Eliu Ponce Mejía de ser las personas que violentaron el bien jurídico protegido por la ley como es la vida y propiedad del señor Alex Orlando Alcántara Hernández; asimismo la Seguridad Interior del Estado Honduras, hecho ocurrido el día lunes veintisiete de mayo del año dos mil trece, en el municipio de Lepaera, Lempira, cuando el señor Alex Orlando Alcántara Hernández, fue desapoderado mediante violencia con arma de fuego para apoderarse de la motocicleta, si bien es cierto el Ministerio Público, no pudo acreditar la propiedad sobre este vehículo, pero no obstante es el indicio, resulta que el señor Edwin Arnulfo alcántara Hernández se comunica con su primo Alex Orlando Alcántara, quien ha sido expropiado de su motocicleta, por lo que el señor Alex Orlando Alcántara, decide interceptar a la altura de la aldea Tejeras, por el camino que conduce a los trabajaderos de Jagua, las personas que van a la motocicleta del señor Edwin Arnulfo Alcántara Hernández, siendo las doce cincuenta minutos dl medicina, no obstante el señor Alex Orlando Alcántara, quien portaba un arma de fuego apunta hacia la humanidad de las personas que llevan la motocicleta de Edwin Arnulfo Alcántara Hernández, pero no se intimidaron y comienzan a sacar sus armas de fuego y disparan a la humanidad de Alex Orlando Alcántara, cegándole la vida de manera instantánea, es así que es informada la policía del sector de Lempira, y Santa Bárbara, logrando la cultura de los imputados, y la motocicleta de Edwin Arnulfo Alcántara Hernández, el accionar de los imputados a sido de autores materiales directos, ya que tuvieron un concierto previo para cometer los hechos, dispararon hacia la humanidad de Alex Orlando Alcántara, surgió en la mente de ellos, porque el ofendido quería parar su tránsito en el sector de Tejeras, Lepaera, Lempira, después que le dispararon al ofendido se apoderaron del arma de fuego, y al momento de ser requerido y capturados por miembros de la policía se les decomisan armas de fuego, una de ellas las que portaba el occiso, de las cuales no portaba permiso de portación de armas, el accionar de los imputados está tipificado en el artículo 116, 217 y 332B reformados del Código Penal, que establece una pena el primero quince (15) años a veinte (20), el segundo de cinco (5) a nueve (9), y el tercero de tres (3) a seis (6) años de reclusión, su participación fue a título de autores materiales al tenor del artículo 32 del mismo cuerpo de leyes…” (F.86v). A consecuencia de dicha formalización el Juzgado de Letras dictó el 18 de noviembre del mismo año auto de apertura a juicio (f. 88) con base en los hechos expuestos en la formalización de cargos, indicando que los delitos a imputar serían Homicidio Simple y Robo en perjuicio de Alex Orlando Alcántara Erazo y Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Superada que fue la Etapa Intermedia, el proceso entró en etapa de juicio, dentro de la cual en fecha 14 de agosto de 2014 se celebró la audiencia de debate (F.172) en la cual el Ministerio Público desarrolló la formalización de la acusación describiendo un breve relato fáctico: que el día 27 de mayo de 2013, a eso de las 12:10 del mediodía el señor Edwin Arnulfo Alcántara Hernández se conducía hacia su casa de habitación localizada en la aldea de Jagua, Lempira, a la altura de aldea Tejeras le salieron dos individuos armados uno de ellos lo encañonó y le dijo que se bajara llevándose la motocicleta rumbo hacia Atima, Santa Bárbara; Edwin Arnulfo llamó a su hermano manifestándole lo sucedido, quien llamó al joven Alex Orlando Alcántara que se encontraba en la Aldea Jagua, Lempira para que estuviera pendiente de la situación, a eso de las 12:50 del mediodía el testigo José Rodolfo Argueta Moreno venía en su vehículo observó a las dos personas en motocicleta fue en eso que el joven Alex Orlando Alcántara hizo disparos de advertencia, por lo cual los imputados dispararon contra la humanidad del hoy ofendido para luego tomarle el arma de fuego que portaba, posteriormente se dieron a la fuga hacia el sector de Atimas, Santa Bárbara, explicó el Ministerio Público que fueron capturados por agentes policiales del lugar; terminó su explicación manifestando que tales hechos encuadran en el tipo penal de Homicidio, Robo y Portación Ilegal de arma de fuego comercial tipificado en los artículos 116, 217, 218 y 332B del Código Penal y que los acusados Jerson Jeovany Mejía Castellón y Yony Eliu Ponce Mejía son responsables a título de autor material (F.174v). Posteriormente, en sus conclusiones (F.186v), el Ministerio Público estableció los mismos hechos que vinculan al Tribunal de Sentencia para emitir su decisión final; como resultado del debate el a quo emitió sentencia declarando a los acusados penalmente responsables de los delitos de Homicidio, Robo y Portación Ilegal de Armas de fuego, sin hacer ningún pronunciamiento respecto a la imputación por Robo de vehículo (motocicleta). La Defensa de los acusados, luego de dictarse el sobreseimiento provisional por el delito de robo de vehículo (motocicleta) nunca fijó impedimento alguno, en relación al relato que hiciere el Ministerio Público en cuanto a los momentos anteriores de la muerte del señor Alex Orlando Alcántara Erazo, es decir, el desapoderamiento mediante violencia del vehículo tipo motocicleta al señor Edwin Arnulfo Alcántara Hernández, ante ello, la defensa guardó silencio. El recuento de las actuaciones procesales y de las exposiciones de las partes deja en evidencia la falta de razón de la recurrente respecto a la denuncia que plantea en su motivo de casación; los hechos declarados probados son aquellos que fueron planteados en la acusación y contra los cuales el acusado tuvo la oportunidad de ser oído y defenderse; es decir, la imputación hecha por el Ministerio Público gravitó a lo largo de todo el proceso, en consecuencia no existe violación al derecho de defensa, del cual hizo uso el recurrente cuando el juez de garantía resolvió decretar sobreseimiento provisional por el delito de robo de vehículo (motocicleta), tampoco hubo violación del principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación; ya que en el factum declarado probado se incluyeron hechos o circunstancias que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto de probanza y de contradictorio en el debate, que concluyó con una decisión judicial que tiene identidad con la acusación formulada. El alegato del recurrente que le afecta la calificación jurídica y eventualmente la aplicación del principio nom bis in ídem, dicho principio claramente se refiere a un doble juzgamiento; entendemos -no obstante- que al hacer referencia a enjuiciamiento se refiere al término amplio de procesamiento, entendido no como la etapa de juicio o debate propiamente dicho. Conforme a lo anterior, puede darse casos en que un proceso no supere la etapa preparatoria, finalizando con un sobreseimiento definitivo. En estos casos, aunque los hechos no fueron sometidos a una contienda entre partes en un juicio oral y público, en realidad han sido ya objeto de enjuiciamiento, debido a que el juzgador ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto a ellos haciendo una valoración de los mismos. La resolución que le puso fin al proceso, una vez que sea firme, tiene el valor de cosa juzgada. Así las cosas, el hecho de iniciar un nuevo proceso por estos mismos hechos, alegando no haber sido objeto de juicio, vulneraría, sin lugar a dudas, el principio de non bis in ídem, no siendo así en el caso subjudice, ya que a los acusados se les dictó un sobreseimiento provisional por el delito de robo de vehículo (motocicleta), el cual no tiene carácter de firme y se podrá ordenar la prosecución del proceso antes de transcurrir cinco años desde la fecha del sobreseimiento provisional; en consecuencia, procede desestimar este motivo de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente. *Concepto de la infracción expuesto: Que en el hecho probado número dos, los juzgadores no han sido claros ni terminantes. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Denuncia el censor, que el hecho probado número dos, no describe de que individuos está hablando el juzgador, ni a que arma se refiere el Tribunal, pues existen diversos tipos de armas, blancas, de fuego, laser etc., que el hecho probado no tiene claridad, de quienes fueron las personas que dispararon contra la humanidad de Alex Orlando Alcántara Erazo; sin embargo, se ha condenado a sus representantes de dicha muerte y por el robo de un arma, sin describirse el tipo de arma; ni ha sido concluyente en cuanto a quien realmente acertó sus disparos en la víctima. De la declaración de los Hechos Probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. El artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1.Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de Fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto serán estos los hechos que deben ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal. b. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (ver sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (ver sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp 129-2009). c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009). d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores no deben hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los juzgadores deben hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que en el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba. 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas. 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo No es de Recibo. Para poder dar respuesta a lo planteado por el censor tenemos que avocarnos a la declaración de hechos probados del Tribunal de Sentencia en el presente caso (F. 195), los cuales están transcritos líneas atrás y que en resumen señalan: 1. El 27 de mayo de 2013, aproximadamente a las 12:10 del mediodía, en el lugar conocido como El Trapiche del municipio de Lepaera, departamento de Lempira, el señor Edwin Arnulfo Alcántara Hernández, fue despojado de una motocicleta de su propiedad, por parte de dos sujetos, a quienes identificó como Jerson Geovany Mejia Castellon y Yoni Eliud Ponce Mejia quienes le salieron al paso en la carretera, apuntándole con armas de fuego, informando vía telefónica a su hermano de nombre Oscar y a otras personas de su familia acerca de lo sucedido y de la ruta que tomaron los individuos en las motocicletas. 2. A las 12:45 de la mañana, el ciudadano Alex Orlando Alcántara Erazo quien ya había sido informado acerca de lo sucedido a su tío Edwin Arnulfo Alcántara, sale al paso a interceptar a los señores Jerson Geovany Mejia Castellon y Yoni Eliu Ponce Mejia, que son los que despojaron de la motocicleta a su pariente, y para tratar de recuperar la moto hace dos disparos de advertencia al aire, a lo que los individuos responden disparando contra la humanidad del señor Alex Orlando Alcántara Erazo, quien cae al suelo herido, situación que aprovecha Jerson Geovany Mejia Castellon, para propinarle un certero disparo en la cabeza y a la vez llevarse el arma propiedad del ahora difunto Alex Orlando Alcántara Erazo, para finalmente alejarse del lugar en la motocicleta color gris. 3. Posteriormente a ese hecho violento, ese mismo día a las 02:05 de la tarde, una patrulla de la policía, intercepta a dos individuos que se transportaban en una motocicleta color gris, por lo cual la policía da detención a los señores Jerson Geovany Mejia Castellon y Yoni Eliu Ponce Mejia, a quienes los miembros de la Policía Nacional Preventiva, le verifican un cacheo (registro personal), y les encuentran portando armas de fuego sin el permiso correspondiente, al señor Jerson Geovany Mejia Castellon, le encuentran dos armas de fuego, una calibre nueve milímetros, marca ASTRA, serie 8608B, modelo A100 pavón niquelado, con su respectivo cargador con 9 proyectiles sin percutir; otra tipo pistola, calibre 3.80 mm, marca DAEWOOD, serie CA000164, con su respectivo cargador conteniendo un proyectil sin percutir, y a Yoni Eliu Ponce Mejia se le encontró un arma de fuego tipo pistola, marca RUGER, calibre 9 mm, serie 307-35346, pavón negro, con su respectivo cargador conteniendo 5 proyectiles sin percutir, todo lo cual le fue decomisado a los sospechosos por no contar con documentación alguna de las armas. Concluye esta Sala de lo Penal que carece de razón el recurrente, pues en su planteamiento hace un análisis fragmentado de los hechos declarados probados, señalando que existe un vacío al no referir los juzgadores de que individuos está hablando, ni que clase de arma se refiere, ni si ambos individuos al disparar dieron en el blanco, más ello no es así, pues el hecho probado es uno solo, el cual hace un relato continuo de sucesos, determinando que fue en la misma fecha que se narra en el hecho primero a eso de las 12:45 de la mañana que el ciudadano Alex Orlando Alcantara Erazo sale al paso a interceptar a los señores Jerson Geovany Mejia Castellon y Yoni Eliu Ponce Mejia que son los que despojaron de la motocicleta a su pariente y para tratar de recuperarla hace dos disparos de advertencia al aire, a lo que los individuos responden disparando contra la humanidad del señor Alex Orlando Alcántara Erazo, quien cae al suelo herido, situación que aprovecha Jerson Geovany Mejia Castellon para propinarle un certero disparo en la cabeza y a la vez para llevarse el arma propiedad del difunto; ante lo anterior es claro que los individuos referidos en el hecho segundo son Jerson Geovany Mejia Castellon y Yoni Eliu Ponce Mejia quienes disparan contra la humanidad de la víctima, quien cae herido, situación aprovechada por Jerson Geovany Mejia Castellon para propinarle un certero disparo en la cabeza, en cuanto a que tipo de arma se refiere, es la utilizada para hacer disparos de advertencias de parte del occiso. El hecho probado que sustenta la sentencia venida en casación obedece a los requisitos mínimos exigidos por la legislación procesal penal, al ser expresados en forma conclusiva, inequívoca y categórica. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Tercer Motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 y 338 regla cuarta apartado dos del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción del motivo: El juzgador en la valoración de la prueba no observó las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el censor. Alega el censor, haber llegado a la convicción que los jueces han valorado erróneamente la prueba, pues de no ser así, la sentencia no fuere condenatoria, siendo que el testimonio del señor José Rodolfo Argueta Moreno y la prueba científica: dictamen de balística ratificado por el perito forense Marlon Geovany Gonzáles no arrojan el resultado que ha plasmado el sentenciador en la sentencia recurrida (no describe cual resultado) para luego desbordase del motivo invocado y enfrascarse en encontrar que el sentenciador inobservó el debido proceso y limitó el estado de inocencia. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Tercer Motivo El Tercer Motivo No es de Recibo. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Critica corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; para ello es preciso que el recurrente no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice en la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cuál es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro.- La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana critica, mella negativamente en la suerte del recurso. Es insistente este Tribunal de Casación, en que el motivo de casación que nos ocupa no tiene por objeto la revisión de la prueba, no es el estudio de los elementos probatorios y la definición de la verdad que se acredita o que se desvirtúa con ellos, sino la revisión del argumento judicial; entonces, el reproche hecho a la carga acreditativa de la prueba o como debieron los jueces sentenciadores resolver (ejemplo reprochar porqué la sentencia fue condenatoria), exista o no verdad en lo señalado, resulta impropio en términos casacionales, no pudiendo ser de recibo. Por otra parte, el alegato se desborda del recurso invocado y ataca aspectos de violación al estado de inocencia, asimismo del debido proceso, que pudieron ser alegados desde otro orbita recursiva. Comparte el recurrente su apreciación de que el testimonio del señor José Rodolfo Argueta Moreno y la prueba científica dictamen de balística ratificado por el perito forense Marlon Geovany Gonzáles le llegan a la convicción que los jueces han valorado erróneamente la prueba, pues un medio de prueba se contrapone al otro; este último argumento recursivo repite el error señalado en cuanto a la confusión de la única instancia con una segunda instancia, ello porque el recurrente no dirige su ataque a la construcción argumentativa judicial en aras de demostrar separación del cauce que marca las reglas de la sana critica, sino que invita a la Sala de lo Penal a renovar la valoración probatoria y sobreponerla a la hecha por el A-Quo, lo que está lejos de las potestades legales que otorga la ley procesal a este ad quem. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el motivo planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Cuarto motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente. *Concepto de la infracción expuesto: La sentencia que se recurre, su motivación es insuficiente. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Reprocha el censor, que la sentencia recurrida, tiene motivación pero la misma es insuficiente y vacía de contenido razonable, desprendiéndose así, que la motivación que ha hecho el juzgador ha sido a su arbitrio y no necesariamente asentada y construida sobre la base de la prueba valorada en su conjunto, que la supuesta motivación es inexistente, para concluir el censor, que el sentenciador ha valorado erróneamente la prueba, no lo han hecho conforme a las reglas de la sana critica, no se valoró en su conjunto, de haberlo hecho, se hubieran percatado que el dictamen de balística excluye la prueba testifical del señor José Rodolfo Argueta Moreno. De la Insuficiencia de Motivación Fáctica En procura de explicar más ampliamente lo señalado, es procedente conceptualizar que es motivación y cuando existe carencia o insuficiencia de ésta. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece -como antagónico al concepto de motivación- la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco del Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que: la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión; indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a) En materia de Hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b) En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar porqué una norma legal debe regir un caso concreto. Añade además que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código referido, que las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legítima y respetuosa de la Sana Critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. (La motivación legítima y respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el motivo de casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas -condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado, es posible derivar cuándo existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuándo tales motivaciones son totalmente carentes: A) Carencia de motivación fáctica o jurídica: Acontece cuando la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; B) Motivación fáctica o jurídica insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio: cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué éstas están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De la Procedencia del Cuarto Motivo. El Cuarto Motivo No es de Recibo. El censor ha planteado como vicio de la sentencia la dolencia de una insuficiente motivación, del cual se deduce -por su desarrollo- ser fáctica, luego alega que dicha motivación es inexistente, más un reproche por no haberse valorado conforme a las reglas de la sana crítica; la sentencia ofrece al lector la descripción (casi literal) de todos los medios de prueba que fueron propuestos y evacuados en la audiencia de debate, luego de lo cual los juzgadores plasman los diferentes razonamientos intelectivos que les merecen cada prueba, calificando su fuerza acreditativa; véase que el apartado de “Valoración Probatorio” (f. 196 al 200 ), dando las explicaciones que desarrollan los juzgadores sobre los convencimientos que arriban con cada medio de prueba. El censor confunde en su planteamiento lo que es una insuficiente motivación fáctica con carencia de motivación, para luego denunciar una errónea valoración de la prueba, mismos que entran en contradicción, sea porque la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o jurídica o porque en su lugar es insuficiente, pero no ambas a la vez, asimismo, entra en divorcio al motivo planteado al quejarse de que la valoración de la prueba fue errónea y que por ello no pueden ser objeto de respuesta por este Tribunal, Por lo expuesto, el motivo deviene improcedente. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. *Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Civil. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso; y, *Remedio de saneamiento presentado contra el vicio denunciado: no determinado por el censor; *Pretensión: No determinado por el censor. Refiere el recurrente, que, en la motivación de los medios de prueba, encontró que el sentenciador inobservó el debido proceso, ante la no apreciación de las reglas de la sana crítica y con ello ha coartado el estado de inocencia De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo. El Recurso carece de contenido; El censor señala que la sentencia violenta el artículo 90 de la Constitución que reconoce el derecho fundamental a un debido proceso penal, sin explicar los alcances de dichos derechos ni como su violación se ve materializada en la sentencia, pues solo refiere que no hubo apreciación a las reglas de la sana crítica por lo que se ha coartado el estado de inocencia. Es de tener presente que una adecuada técnica recursiva obliga al recurrente no solo a identificar debidamente el recurso que interpone, el motivo en que se basa y el concepto de la infracción o vicio que se alega, sino que además un debido desarrollo argumentativo que explique dicho vicio con claridad y precisión: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. Sumado a lo anterior el censor debe hacer la debida comprobación de la existencia del vicio, haciendo la confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. En el recurso que ahora se resuelve nada de lo anterior es aportado por el censor, pues en un lacónico planteamiento, solo se limita a señalar que fue violentado el artículo 90 de la Constitución de la República, sin explicar en concreto cual es el vicio, como fue supuestamente producido, cuáles fueron las consecuencias de éste y cuál es el remedio procesal que se pretende; el mencionar que la prueba presentada en el debate fue erróneamente valorada, no satisface los requerimientos necesarios de claridad y precisión expuestos, debiendo por tanto declararse sin lugar el recurso. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus motivos primero, segundo, tercero y cuarto. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numerales 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus motivos primero, segundo, tercero y cuarto. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; ambos interpuestos por el Abogado Reynaldo Antonio Hernández, actuando en su condición de defensor privado de los encausados Jerson Geovany Mejía Castellón y Yony Eliu Ponce Mejía. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecisiete de noviembre del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Jerson Geovany Mejia Castellón por los delitos de Homicidio Simple, Robo y Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso comercial y a Yoni Eliu Ponce Mejía por los delitos de Homicidio Simple y Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso comercial, todos en concurso real y en perjuicio de Alex Orlando Alcántara Erazo y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-203-2015
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.