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Sentencia CP-200-17 — Registro 11684

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito de asesinato. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurso es de absoluto improcedente, como consecuencia de haber sido elaborado sin tomar en cuenta ningún rigor casacional. A través del precepto autorizante seleccionado por el recurrente -artículo 362.1 del Código Procesal Penal- el cual expresa que se podrá interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia recurrida falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; se pueden desarrollar cuatro motivos distintos a saber y son los siguientes: 1. Falta de declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados. 2. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó probados no sea clara. 3. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó probados no sea terminante. 4. Que la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados sea contradictoria. Motivos que han sido ampliamente explicados y detallados de manera precedente, en qué consisten, en su alcance y en los efectos que conllevan para la corrección de la aplicación de la fundamentación fáctica. Sucede, en el caso actual, que el censor del fallo no seleccionó y explicó con precisión ninguno de los motivos contenidos en dicho precepto, sino que se dedicó exclusivamente a hacer alegatos propios de instancia, tales como que la prueba producida en el juicio es insuficiente para enervar el estado de inocencia del señor Oscar Nahúm Del Cid Díaz; en relación a la declaración del ofendido Marvin Antonio López Santos, considera que dicho testimonio es contradictorio en sí mismo y con la prueba científica, y, en relación a la declaración testifical del agente de policía Gerardo Isaac Zúniga Padilla, aprecia que la misma no es merecedora de credibilidad en virtud de no haberse presentado el acta de decomiso del celular del acusado, y del cual manifestó el testigo que había visto unos mensajes de texto sospechosos en los que relataba que iba a matar a una mujer. Entonces, lo que vemos es que sus argumentos en nada cuestionan la fundamentación fáctica de la sentencia por considerar que la misma no sea clara, terminante o contradictoria, siendo lo procedente desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor del fallo citando como concepto de infracción la violación al derecho de defensa, cuestiona que los elementos de prueba introducidos al debate son contradictorios y violentan el principio de contradicción. Además, añade, que no hace ninguna explicación adicional ya que es suficiente para fundamentar su recurso, citar solamente la infracción del precepto constitucional. En atención a lo anterior, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que el conocimiento de los recursos de casación a resolver por esta Sala de lo Penal, queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios; como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por esta alzada porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional. Es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación conforme al principio iuria novit curia. En el presente caso, el censor del fallo hace un lacónico planteamiento del recurso de casación por infracción de precepto constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de no explicar ni siquiera incipientemente las razones por las cuales -a su parecer- se violentó el derecho de defensa. Además, argumenta, que los medios de prueba son contradictorios. Es decir, no cuestiona la valoración probatoria elaborada por el juzgador, ya que, pasándola por alto, elabora su particular y subjetiva valoración probatoria y concluye a partir de ésta, que se violentó el derecho de defensa, así como también el debido proceso. El censor debe tener presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el tribunal de justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de entender el lacónico planteamiento ha sido infructuoso, pues es huérfano de sentido, debiendo declararse no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 200-2017 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Oscar Nahúm del Cid Díaz, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Fany Carolina Ríos Ortega, a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Condenó al señor Oscar Nahúm del Cid Díaz, como autor del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Marvin Antonio Santos López, a la pena de trece años y cuatro meses de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Declaró al señor Oscar Nahúm del Cid Díaz, responsable civilmente. Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No procede declarar el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado José Martín Torres Bueso. Son partes en única instancia: El Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Oscar Nahúm del Cid Díaz, como recurrente; y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNO: El día lunes Veinte (20) de Abril del año Dos Mil Quince (2015) como a las siete (7:00) de la noche, estaba en su casa de habitación, ubicada en el Barrio Suyapa de esta ciudad, el señor; MARVIN ANTONIO LOPEZ, cuando observó a OSCAR NAHUM DEL CID DIAZ, junto a otras dos personas las cuales identificó como Gerardo y un rubio, que estaban merodeando de manera sospechosa el frente de su casa. A eso de las siete y treinta (7:30 p.m.) de la noche de manera intempestiva entro el encausado OSCAR NAHÚM DEL CID DÍAZM a la vivienda disparando en múltiples ocasiones a su pareja, provocándole una laceración cerebral la que produjo la muerte instantánea de FANY CAROLINA RIOS ORTEGA, en el mismo acto disparo contra la humanidad de MARVIN ANTONIO LOPEZ SANTOS, provocándole varias heridas de gravedad determinado clínicamente como Hemotórax izquierdo y procediendo nuevamente a dispararle a la ofendida para asegurar el resultado, cuando se prestaba a disparar nuevamente contra Marvin Antonio López, se quedó sin munición manifestando que basura me quede sin tiros, pero ya están muertos, y procedió a salir huyendo del lugar. DOS: Posteriormente la investigación dirigida por la D.N.I.C., y la declaración del ofendido MARVIN ANTONIO LOPEZ SANTOS, se logró identificar plenamente al señor OSCAR NAHUM EL CID DIAZ, como el responsable de intentar causarle la muerte y quitarle la vida a su compañera de hogar. FANY CAROLINA RIOS ORTEGA, por lo que se procedió a su captura y ser remitido ante las Autoridades competentes para deducirle responsabilidad.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Que se basa en medios de prueba o elementos probatorios que faltan a la declaración de los Hechos que el Tribunal estimo aprobados y que a la vez son contradictorios. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Que se basa en medios o elementos probatorios que faltan a la verdad ya que los mismos son contradictorios entre sí, tomando en cuenta que la valoración de las pruebas, la sana critica el órgano jurisdiccional, formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida (Articulo 202 del Código Procesal Penal). El Tribunal considero como Hechos Probados que el día Lunes 20 de Abril del años dos mil quince, como a las siete de la noche, estaba en su casa de habitación ubicada en el Barrio Suyapa de esta Ciudad, el Señor MARVIN ANTONIO LOPEZ cuando observo a OSCAR NAHUN DEL CID DIAZ junto a otras dos personas a las cuales identifico como GERARDO y un RUBIO que estaban merodeando de manera sospechosa el frente de su casa a eso de las 7:30 pm, de manera intempestiva entro el encausado OSCAR NAUN DEL CID DIAZ a la vivienda disparando en múltiples ocasiones a su pareja, provocándole una Laceración Cerebral la que produjo la muerte instantánea de FANY CAROLINA RIOS ORTEGA en el mismo acto disparo contra la humanidad de MARVIN ANTONIO LOPEZ SANTOS provocándole varias heridas de gravedad terminado clínicamente como Hemotórax Izquierdo y procediendo nuevamente a disparar a la ofendida para asegurar el resultado, cuando se prestaba a disparar nuevamente contra MARVIN ANTONIO LOPEZ SANTOS se quedó sin munición, manifestando, que basura, me quede sin tiros pero ya están muertos, y procedió a salir huyendo del lugar. El Tribunal de Sentencia valoro en conjunto las pruebas practicadas en juicio conforme a las reglas de la sana crítica y llego a las conclusiones que se agregó la declaración con formalidades de la prueba anticipada del testigo MARV1N ANTONIO LOPEZ SANTOS de quien se consigna, dijo, que el 20 de abril del 2015 a las 7:00pm yo estaba en la puerta de la casa, cuando mire tres tipos sospechosos, yo me metí para dentro y mire uno estaba en el cuarto, yo mire que se tiro para afuera, como yo no tengo problemas, cuando en eso entro el tipo y le disparo a mi esposa, cuando ella cayo boca abajo, el luego me tira a mi seis disparos, en la cara, brazos y estomago y cuando ella estaba en el suelo le hizo otro tiro este hombre, señalando al imputado. Este Tribunal le da total credibilidad a dicho Testigo y se refiere que aunado del resto de la prueba evacuada es patente la congruencia que existe en relación a los incidentes y circunstancias que rodearon al hecho que se enjuicia, aportando una multitud de certeros indicios, como la hora de ocurrencia, lugar de ocurrencia, el tipo de arma, el número de participantes, la declaración de prueba anticipada, con la que consideran establecer un fallo de culpabilidad. También hace alusión el Tribunal sobre la declaración del Señor GERARDO ZUNIGA PADILLA quien declaro que estaba asignado a la Policía de La Entrada, Copan y que había recibido denuncias que por el Sector del Cementerio y de la Iglesia Mormona (La Entrada, Copan) estaban asaltando y que detuvo en cierta ocasión a mi representado decomisándole una arma de fuego y un teléfono móvil donde habían mensajes amenazantes y que reporto dicho hecho a la DPI antes DNIC quienes no le tomaron importancia al Celular y que allí decían que iban a matar a una mujer y que luego de eso se imaginó que este muchacho fue al juzgado por lo de Portación Ilegal y que puso en conocimiento del Jefe Departamental lo de los mensajes, porque yo lo vi después que me dijeron en el Juzgado de que iba a salir libre, lo fui a ver y en efecto ya había salido libre, a los días de la detención por la portación ilegal de armas, apareció muerta la mujer en el Barrio Suyapa de La Entrada, Nueva Arcadia, Copan; y el Tribunal valora esta declaración de forma indiciaria, manifestando que si bien es cierto no es testigo presencial de los hechos está íntimamente relacionado y se incorpora otros medios de prueba documentales como acta de inspección, dictamen de autopsia, acta de levantamiento de cadáver, dictamen forense de las heridas que tenía el ofendido MARVIN ANTONIO LOPEZ SANTOS, manifestando el Tribunal a que las pericias referidas le dan total credibilidad. La Declaración del testigo ofendido, esta Defensa la encuentra totalmente contradictoria, compartiendo, EL VOTO PARTICULAR DISIDENTE, del Juez MARCO ANTONIO ALVAREZ ZALDIVAR, ya que efectivamente, este hace una relación sobre los hechos declarados como probados y de igual manera no compartimos el criterio del resto de los Jueces, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, que derivaron, en razonamientos equívocos en cuanto a las pruebas de cargo, que llevaron a la mayoría del Tribunal a considerar probados los hechos que reflejan la responsabilidad de nuestro representado en el hecho de que se le acusa, la declaración con la formalidad de prueba anticipada del ofendido MARVIN ANTONIO LOPEZ SANTOS, de quien ya expusimos su declaración, asimismo la declaración del testigo GERARDO ISAAC ZUNIGA PADILLA, declaración de la cual hemos hecho referencia, estas declaraciones dejan dudas claras sobre la participación de mi representado en los hechos por los cuales se le condeno, especialmente la declaración del ofendido MARVIN ANTONIO LOPEZ SANTOS, rendida con la formalidad de Prueba Anticipada, el testigo en su relato establece que el estaba parado en la puerta de su casa cuando observo tres personas, pero cuando entra a la casa, ve a una persona en el cuarto que después se tira para fuera, continua relatando: yo me entre para dentro y mire que estaba en el cuarto, yo mire que se tiro para fuera, pero como yo no tengo problemas. Con lo cual queda duda, como o por donde entro esa persona al cuarto, que después se aventó, ya que si el estaba parado en la puerta tuvo que haberlo visto pasar a su lado, debido a que nadie había entrado a su casa, y ante las preguntas del Fiscal, de cuantas personas entraron a su casa, este respondió, solamente El. También hay duda siempre en su misma declaración al relatar la dinámica de los hechos establece que entro el tipo y le disparo a su esposa y esta cayo boca abajo, sigue relatando y me tira a mi seis tiros en la cara, brazo y estomago, pero raramente en el dictamen de medicina forense que relaciona una revisión al expediente clínico del testigo y que corre a folio 97 y 98 presenta herida en parte posterior del tórax, es decir en la espalda, en la zona Inguinal, cerca de la zona genital y mano derecha, ninguna herida de bala en la cara, estomago, pierna y costilla como lo relato, por lo que no concuerda lo narro con la prueba científica del dictamen forense ya relacionado. Sigue relatando y expone que cuando su esposa esta en el suelo, le hace otro disparo, pero según dictamen de autopsia que corre a folio 94 y 95 el cuerpo de la occisa presenta 7 heridas de arma de fuego, con trayectoria de abajo para arriba, ninguna de ella de arriba hacia abajo y según lo establece este testigo a su esposa le hicieron un disparo cuando cayo boca abajo, por lo cual debería presentar una herida de bala con trayecto de arriba hacia abajo. También aunado a ello, ,al ratificarse el dictamen de autopsia, la perito forense estableció que según el historial médico legal, una persona encapuchada era la que había disparado lo que genera dudas y nos hace preguntarnos, por que aparece el nombre de OSCAR NAHUN DEL CID en el acta de inspección ocular y el álbum fotográfico, lo que nos indica que tales documentos se realizaron el mismo día del hecho a los pocos minutos de su ocurrencia, no es posible que el investigador a esa hora sepa el nombre completo de un sospechoso que en ese momento era encapuchado, tomando en cuenta que en ese momento, el historial medico se refiere a que el atacante fue una persona encapuchada, la razón lógica es que el nombre se obtuvo del libro de novedades de la policía, ya que el encauzado fue detenido por el otro testigo policía GERARDO ISAAC ZUNIGA PADILLA, al hacer el análisis de dicha declaración, este testigo manifestó que decomiso un celular y que vio unos mensajes pero en ningún momento en el proceso, no se acompaño un acta de decomiso de dicho celular por lo que no debió tomarse como un indicio de participación ya que debió complementarse con otros medios probatorios lo que deja duda sobre su declaración ya que si este Testigo consideraba, que por esos mensajes, mi representado es el autor del hecho no es menos cierto que sus dichos se tuvieron que vincular con esos medios de prueba documentales, por lo que esta DEFENSA considera que quien inculpa al Señor OSCAR NAHUN DEL CID por el delito que se le acusa es el Testigo Policía ZUNIGA PADILLA por lo que reiteramos y compartimos el Criterio del Juez Disidente ya que con estas declaraciones de Cargo no se puede sostener un Criterio de Culpabilidad, ya que subsiste la duda sobre la participación del Imputado, ya que la declaración de Prueba Anticipada dejan dudas en el relato y no coincide con la Prueba Científica ni la dinámica del Hecho y la Declaración del Policía GERARDO ISAAC ZUNIGA PADILLA no fue sustentada con otro medio de prueba, por lo que consideramos que dejan dudas en cuanto a la participación de OSCAR NAHUN DEL CID en el hecho de que se le imputa y como todos sabemos la Duda Favorece al Reo.- EXPLICACION DEL MOTIVO: Es de dejar claro, que este Recurso de Casación, consiste en señalar que el Tribunal aprecio Prueba contradictoria y que no es suficiente para estimar fehacientemente probado el hecho que se le imputa al Señor OSCAR NAHUN DEL CID DIAZ, por un posible delito de ASESINATO en perjuicio de FANY CAROLINA RIOS ORTEGA y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en Perjuicio de MARVIN ANTONIO LOPEZ SANTOS sumado a ello la Sentencia fue dictada en fecha dieciocho de Julio del año dos mil dieciséis 18/7/2016, pero la misma fue notificada a esta Defensa el Quince de Febrero del año dos mil diecisiete 15/2/2017. Lo que incluso hace nula dicha sentencia por no haberse respetado los términos que establece la ley.- Señalo la Sentencia SP-436-2012 de Fecha 28 de Julio del 2016 Dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en la causa contra LESVY YANIRA VILLEDA HERNANDEZ Y NORLIN ROLANDO RAMIREZ MENDOZA por el Delito de Asesinato Agravado y Robo en perjuicio de MARCO TULIO VILLEDA en la que se decreto Nulidad del Debate por violación a las formalidades al Debido Proceso, como a los términos establecidos por la ley. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. MOTIVO UNICO: Para efectos de este motivo se cita como infringido el Artículo 82 Constitucional que garantiza “El derecho de defensa es inviolable...” Artículo 90 Constitucional que garantiza “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece: El derecho de defensa se violenta en relación al Artículo 14, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Estas violaciones se consumaron con la incorporación de elementos probatorios introducidos al debate, que son contradictorios, en violación al Principio de CONTRADICCIÓN, que conlleva consigo al violación al derecho de defensa como al debido proceso. No se hace mayor explicación en virtud de que este recurso el mismo Código Procesal Penal establece que este Recurso de Infracción de Preceptos Constitucionales, será suficiente para fundamentarlo, la infracción del precepto constitucional.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. *Concepto de la infracción: que se basa en medios de prueba o elementos probatorios que faltan a la declaración de los hechos que el Tribunal estimó aprobados y que a la vez son contradictorios. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: declarar ha lugar el recurso. El censor del fallo inicia la exposición de su recurso en una cita literal de los hechos probados de la sentencia, de la declaración del ofendido Marvin Antonio López Santos y de la posterior valoración intelectiva realizada por el sentenciador a dicha declaración. Después, arguye no estar de acuerdo con el criterio valorativo esgrimido, ya que las declaraciones testificales dejan dudas sobre la participación del acusado en los hechos por los cuales se le condenó, especialmente con la declaración del ofendido Marvin Antonio López Santos, rendida con la formalidad de prueba anticipada, ya que el testigo en su relato establece que él estaba parado en la puerta de su casa cuando observó tres personas, pero cuando entró a la casa, ve a una persona en el cuarto que después tira para fuera, con lo cual queda la duda cómo o por dónde entró esa persona al cuarto. También hay duda en la misma declaración al relatar la dinámica de los hechos, establece que entró el tipo y le disparó a su esposa y ésta cayó boca abajo, pero el dictamen de medicina forense que relaciona una revisión al expediente clínico del testigo, que presenta una herida en la parte posterior del tórax, en la zona inguinal, cerca de la zona genital y mano derecha, más ninguna herida de bala en la cara, estómago, pierna y costilla como lo relató el testigo, por lo que no concuerda su declaración con la prueba científica. En relación a la declaración de Gerardo Isaac Zúniga Padilla, considera que al hacer un análisis de dicha declaración, manifestó el decomiso de un celular y vio unos mensajes pero no se acompañó acta de decomiso de dicho celular por lo que no debió tomarse como indicio. En definitiva, concluye que el tribunal apreció prueba contradictoria e insuficiente para estimar fehacientemente probado el hecho que se le imputa al señor Oscar Nahúm Del Cid Díaz. Sumado a que la sentencia fue dictada el 18 de julio de 2016, pero la misma fue notificada hasta el 15 de febrero de 2017, lo que hace nula dicha sentencia. De la declaración de los hechos probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde el juzgador hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que el juzgador determina la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos, que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y, 2. Requisitos de fondo: a. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando el juzgador los redacta entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008). “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp 129-2009). b. Terminantes: “…los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); y, c. Coherentes: exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…” (sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera[1], esta Sala de lo Penal señala que se requerirán como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que en el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del juzgador, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación del acusado en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo que no se puede saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso es de absoluto improcedente, como consecuencia de haber sido elaborado sin tomar en cuenta ningún rigor casacional. A través del precepto autorizante seleccionado por el recurrente -artículo 362.1 del Código Procesal Penal- el cual expresa que se podrá interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia recurrida falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; se pueden desarrollar cuatro motivos distintos a saber y son los siguientes: 1. Falta de declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados. 2. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó probados no sea clara. 3. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó probados no sea terminante. 4. Que la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados sea contradictoria. Motivos que han sido ampliamente explicados y detallados de manera precedente, en qué consisten, en su alcance y en los efectos que conllevan para la corrección de la aplicación de la fundamentación fáctica. Sucede, en el caso actual, que el censor del fallo no seleccionó y explicó con precisión ninguno de los motivos contenidos en dicho precepto, sino que se dedicó exclusivamente a hacer alegatos propios de instancia, tales como que la prueba producida en el juicio es insuficiente para enervar el estado de inocencia del señor Oscar Nahúm Del Cid Díaz; en relación a la declaración del ofendido Marvin Antonio López Santos, considera que dicho testimonio es contradictorio en sí mismo y con la prueba científica, y, en relación a la declaración testifical del agente de policía Gerardo Isaac Zúniga Padilla, aprecia que la misma no es merecedora de credibilidad en virtud de no haberse presentado el acta de decomiso del celular del acusado, y del cual manifestó el testigo que había visto unos mensajes de texto sospechosos en los que relataba que iba a matar a una mujer. Entonces, lo que vemos es que sus argumentos en nada cuestionan la fundamentación fáctica de la sentencia por considerar que la misma no sea clara, terminante o contradictoria, siendo lo procedente desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[2] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 82 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: infracción al derecho de defensa. *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. Explica el recurrente que las violaciones se consumaron con la incorporación de elementos probatorios introducidos al debate que son contradictorios, en violación al principio de contradicción que conlleva consigo la violación al derecho de defensa y al debido proceso. Así como que no hace mayor explicación ya que para este recurso será suficiente para fundamentarlo, citar la infracción del precepto constitucional. Del derecho a la defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. En relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora; entretanto el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal Penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta, por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídica procesal, dando sucede que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: 1. Imposibilidad de mutación de dichos hechos, dado que de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y, la obligación del tribunal de sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El censor del fallo citando como concepto de infracción la violación al derecho de defensa, cuestiona que los elementos de prueba introducidos al debate son contradictorios y violentan el principio de contradicción. Además, añade, que no hace ninguna explicación adicional ya que es suficiente para fundamentar su recurso, citar solamente la infracción del precepto constitucional. En atención a lo anterior, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que el conocimiento de los recursos de casación a resolver por esta Sala de lo Penal, queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios; como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por esta alzada porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional. Es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación conforme al principio iuria novit curia. En el presente caso, el censor del fallo hace un lacónico planteamiento del recurso de casación por infracción de precepto constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de no explicar ni siquiera incipientemente las razones por las cuales -a su parecer- se violentó el derecho de defensa. Además, argumenta, que los medios de prueba son contradictorios. Es decir, no cuestiona la valoración probatoria elaborada por el juzgador, ya que, pasándola por alto, elabora su particular y subjetiva valoración probatoria y concluye a partir de ésta, que se violentó el derecho de defensa, así como también el debido proceso. El censor debe tener presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el tribunal de justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de entender el lacónico planteamiento ha sido infructuoso, pues es huérfano de sentido, debiendo declararse no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. DECISIÓN. No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en único motivo, interpuesto por el Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Oscar Nahúm Del Cid Díaz; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en único motivo, interpuesto por el Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Oscar Nahúm Del Cid Díaz; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia, departamento de Copán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-200-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011.- pág. 118

[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.