Sentencia CP-199-17 — Registro 11683
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de de homicidio simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. El recurso es de absoluto improcedente, como consecuencia de haber sido elaborado sin tomar en cuenta ningún rigor casacional. A través del precepto autorizante seleccionado por el recurrente -artículo 362.1 del Código Procesal Penal- el cual expresa que se podrá interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia recurrida falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; se pueden desarrollar cuatro motivos distintos, a saber son los siguientes: 1. Falta de declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados. 2. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea clara. 3. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea terminante. 4. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados sea contradictoria. Motivos que han sido ampliamente explicados y detallados de manera precedente, en lo que consisten, en su alcance y en los efectos que conllevan para la corrección de la aplicación de la fundamentación fáctica. Sucede, en el caso actual, que el censor del fallo no seleccionó y explicó con precisión ninguno de los motivos contenidos en dicho precepto, sino que se dedicó exclusivamente a hacer alegatos propios de instancia, tales como que la prueba producida en el juicio es insuficiente para enervar el estado de inocencia del señor Luis Urrea; en relación a la declaración del Testigo Protegido P4, considera que dicho testimonio es contradictorio, y, en relación a la declaración testifical de la señora Victoria Barrera Díaz, aprecia que la misma no es merecedora de credibilidad en virtud de ser testigo de referencia. Entonces, lo que vemos es que sus argumentos en nada cuestionan la fundamentación fáctica de la sentencia por considerar que la misma no sea clara, terminante o contradictoria, siendo lo procedente desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[2] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."El recurso no es de recibo. El censor del fallo citando como concepto de infracción la violación al derecho de defensa, cuestiona que los elementos de prueba introducidos al debate son contradictorios y violentan el principio de contradicción. Además, añade, que no hace ninguna explicación adicional ya que es suficiente para fundamentar su recurso, citar solamente la infracción del precepto constitucional. En atención a lo anterior, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que el conocimiento de los recursos de casación a resolver por esta Sala de lo Penal, queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios; como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por esta alzada porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional. Es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación conforme al principio iuria novit curia. En el presente caso, el censor del fallo hace un lacónico planteamiento del recurso de casación por infracción de precepto constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de no explicar ni siquiera incipientemente las razones por las cuales a su parecer se violentó el derecho de defensa. Además, argumenta, que los medios de prueba son contradictorios. Es decir, no cuestiona la valoración probatoria elaborada por el juzgador, ya que pasándola por alto, elabora su particular y subjetiva valoración probatoria y concluye a partir de ésta, que se violentó el derecho de defensa. El censor del fallo debe tener presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el tribunal de justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de entender el lacónico planteamiento ha sido infructuoso, pues es huérfano de sentido, debiendo declararse no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 199-2017 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Luis Urrea, como autor responsable del delito de homicidio simple, en perjuicio del señor Marco Antonio Melgar, a la pena de quince años de reclusión, debiendo computar esta pena de reclusión, desde el día en que fue aprehendido por esta causa, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de Ejecución competente. Segundo: Condenó al señor Luis Urrea, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Declaró al señor Luis Urrea, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito que es condenado. Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al condenado Luis Urrea. Quinto: No se decreta el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado José Martín Torres Bueso. Es parte en única instancia: El Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Luis Urrea, como recurrente. Hechos Probados de la Instancia “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNO: El día martes once (11) de mayo del año dos mil cuatro, como a eso de las cinco de la tarde, el señor MARCO ANTONIO MELGAR caminaba frente a la casa de habitación de la señora Alba Luz Menjivar Urrea, la cual está ubicada en la aldea la Zumbadora del Municipio de San Antonio, Copán, frente a la carretera que conduce al municipio de el Paraíso, cuando fue atacado con arma de fuego por el acusado LUIS URREA, ya que personas que transitaban por el lugar escucharon los disparos y observaron cuando el acusado disparaba contra la humanidad del señor MARCO ANTONIO MELGAR quien cayó al suelo, los cuales ocasionaron su muerte, luego salió corriendo el señor Luis Urrea por la parte de atrás de la casa de la señora Alba Luz Menjivar Urrea. DOS: Horas después a eso de las nueve de la noche se hicieron presente las autoridades correspondientes encontrando ya el cadáver del señor Marco Antonio Melgar en el interior de la vivienda de la señora Alba Luz Menjivar Urrea, quien presentaba aproximadamente diez (10) heridas con orifico de entrada producidas por proyectil de arma de fuego; 1- En el glúteo derecho sin orificio de salida, 2.- En el estomago dos pulgadas abajo del ombligo, con un centímetro de diámetro de salida, en la parte de atrás, lado izquierdo de la columna vertebral, 3.- En el abdomen, dos pulgadas arriba del ombligo, con salida de tres pulgadas en la misma parte; 4.- En el estomago con salida en el costado derecho; 5.- En el costado derecho con salida en el mismo lado tres pulgadas debajo de la costilla; 6.- En la parte encima de la mano izquierda, con salida a dos pulgadas y media de separación de la misma mano; 7.- Frente de la garganta con salida en la parte de atrás; 8.- En el cráneo a la altura de la ceja izquierda, salida en la parte de atrás del cráneo; 9.- En el pómulo izquierdo con salida en la parte derecha del cráneo; 10.- Una pulgada al lado derecho de la nariz con salida en la sien izquierda, cadáver que fue entregado a su señora esposa Victoria Barrera Díaz. Una vez hechas las diligencias de merito el referido acusado fue aprehendido y puesto a la orden de la autoridad judicial para su enjuiciamiento por los hechos en referencia.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. El recurrente, Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Que se basa en medios de prueba o elementos probatorios que faltan a la declaración de los Hechos que el Tribunal estimo aprobados y que a la vez son contradictorios. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. explicación del motivo: Que se basa en medios o elementos probatorios que faltan a la verdad ya que los mismos son contradictorios entre sí, tomando en cuenta que la valoración de las pruebas, la sana critica el órgano jurisdiccional, formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida (Artículo 202 del Código Procesal Penal).El Tribunal considero como Hechos Probados que el día 11 de Mayo del 2004 como a eso de las 5:00 de la tarde, el Señor MARCO ANTONIO MELGAR caminaba frente a la casa de habitación de la Señora ALBA LUZ MENJIVAR URREA la cual está ubicada en la Aldea La Zumbadora del Municipio de San Antonio, Copan frente a la carretera que conduce al Municipio de El Paraíso Copan, cuando fue atacado con arma de fuego por el Acusado LUIS URREA ya que personas que transitaban por el lugar escucharon los disparos y observaron cuando el acusado disparaba contra la humanidad del Señor MARCO ANTONIO MELGAR quien cayó al suelo, los cuales ocasionaron su muerte, luego salió corriendo el Señor LUIS URREA por la parte de atrás de la casa de la Señora ALBA LUZ MENJIVAR URREA, haciéndose presente las autoridades correspondientes y encontrando el cadáver del Señor MARCO ANTONIO MELGAR en el interior de dicha vivienda y quien presentaba aproximadamente 10 heridas producidas por Arma de Fuego. El Tribunal de Sentencia valoro en conjunto las pruebas practicadas en juicio conforme a las reglas de la sana crítica y llego a las conclusiones que se agregó la declaración con formalidades de la prueba anticipada del testigo protegido P4 quien argumento que el día once de mayo del año dos mil cuatro a eso de las cinco de la tarde, cuando él se disponía a visitar un familiar en la comunidad de la Zumbadora, como a tres casas arriba de la iglesia católica frente a la casa de la hermana del acusado, escucho unos disparos por lo que se paró a ver, observando que era el señor LUIS URREA quien disparaba contra el Señor MARCO ANTONIO MELGAR quien cayo al suelo, luego el imputado salió corriendo con el arma en la mano por un lado y el con otras personas que también iban pasando en ese momento por la calle corrieron para atrás de un callejón asustados de lo que habían visto y que después supo que el señor LUIS URREA se fue para Estados Unidos y que al tiempo regreso y siguió cometiendo delitos.- Este testigo al rendir su testimonio en Audiencia Inicial y en Debate entra en serias contradicciones, también el Tribunal valora la Prueba de la Señora VICTORIA BARRERA DIAZ quien es un testigo de referencia ya que la misma no presencio los hechos, por lo cual el Tribunal no debió valorar como medio de prueba dicha declaración, así mismo se evacuaron ciertos medios de prueba documentales, pero esta Defensa considera que los mismos no son suficientes para suponer responsable a nuestro representado del Delito que se le acusa ya que como dijimos anteriormente el supuesto Testigo Presencial de los Hechos, Testigo Protegido P4 entra en serias contradicciones, además consideramos que el Tribunal no aprecio ni le dio valor probatorio a la prueba que incorporo esta Defensa como ser las declaraciones de los Testigos BENIGNO REYES, JUSTINO RAMOS URREA Y JOSE ALBERTO DIAZ REYES quienes son testigos claros en manifestar el lugar donde se encontraba el Señor LUIS URREA el día que se le dio muerte al Señor MARCO ANTONIO MELGAR, razón por la cual no pudo haber sido el Señor LUIS URREA quien cometió dicho delito pues no puede haberse encontrado en dos lugares a la vez; declaraciones que son creíbles y desvirtúan la declaración del Testigo Protegido y el Tribunal no tomo en consideración, valorando la sola declaración de un testigo protegido que a toda luces revelo que no presencio los hechos.- EXPLICACION DEL MOTIVO: Es de dejar claro, que este Recurso de Casación, consiste en señalar que el Tribunal aprecio Prueba contradictoria y que no es suficiente para estimar fehacientemente probado el hecho que se le imputa al Señor LUIS URREA por un posible delito de HOMICIDIO en perjuicio de MARCO ANTONIO MELGAR sumado a ello la Sentencia fue dictada en fecha dos de junio del año dos mil quince 02/06/2015 y notificada el día quince de febrero del año dos mil diecisiete 15/02/2017. Lo que incluso hace nula dicha sentencia por no haberse respetado los términos que establece la ley.- Señalo la Sentencia SP-436-2012 de Fecha 28 de Julio del 2016 Dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en la causa contra LESVY YANIRA VILLEDA HERNANDEZ Y NORLIN ROLANDO RAMIREZ MENDOZA por el Delito de Asesinato Agravado y Robo en perjuicio de MARCO TULIO VILLEDA en la que se decreto Nulidad del Debate por violación a las formalidades al Debido Proceso, como a los términos establecidos por la ley. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. MOTIVO UNICO: Para efectos de este motivo se cita como infringido el Artículo 82 Constitucional que garantiza “El derecho de defensa es inviolable...” Artículo90 Constitucional que garantiza “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece: El derecho de defensa se violenta en relación al Artículo 14, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Estas violaciones se consumaron con la incorporación de elementos probatorios introducidos al debate, que son contradictorios, en violación al principio de CONTRADICCION, que conlleva consigo la violación al derecho de defensa como al debido proceso.- No se hace mayor explicación en virtud de que este recurso el mismo Código Procesal Penal establece que este Recurso de Infracción de Preceptos Constitucionales, será suficiente para fundamentarlo, la infracción del precepto constitucional.” Fundamentación Jurídica Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. *Concepto de la infracción: la sentencia se basa en medios de prueba o elementos probatorios que faltan a la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados y que a la vez son contradictorios. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: declarar ha lugar el recurso, anular la sentencia recurrida y ordenar la repetición del juicio. El censor del fallo inicia la exposición de su recurso en una cita literal de los hechos probados de la sentencia y de la declaración testifical ofrecida por el Testigo Protegido P4, la cual considera que no fue valorada conforme a las reglas de la sana crítica porque esta declaración entra en serias contradicciones. Seguidamente, expresa, que el sentenciador también valoró la declaración testifical rendida por la señora Victoria Barrera Díaz, de la cual considera que se trata de una testigo de referencia y por lo cual el Tribunal de Sentencia no debió valorar dicha declaración. Asimismo, denuncia, que el sentenciador no le dio valor probatorio a las declaraciones testificales aportadas por la defensa, esto es, a la de los señores Benigno Reyes, Justino Ramos Urrea y José Alberto Días Reyes, quienes son claros en manifestar en dónde se encontraba el señor Luis Urrea el día que se le dio muerte al señor Marco Antonio Melgar. Finalmente, explica que el motivo consiste en señalar que el sentenciador apreció prueba contradictoria y que no es suficiente para estimar fehacientemente probado el hecho que se le imputa al señor Luis Urrea. De la declaración de los hechos probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde el juzgador hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que el juzgador determina la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y, 2. Requisitos de fondo: a.. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando el juzgador los redacta entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008). “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Ootubre del 2010 en el Exp 129-2009). b. Terminantes: “…los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); y, c. Coherentes: exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…” (sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera[1], esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del juzgador, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación del acusado en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso es de absoluto improcedente, como consecuencia de haber sido elaborado sin tomar en cuenta ningún rigor casacional. A través del precepto autorizante seleccionado por el recurrente -artículo 362.1 del Código Procesal Penal- el cual expresa que se podrá interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia recurrida falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; se pueden desarrollar cuatro motivos distintos, a saber son los siguientes: 1. Falta de declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados. 2. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea clara. 3. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea terminante. 4. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados sea contradictoria. Motivos que han sido ampliamente explicados y detallados de manera precedente, en lo que consisten, en su alcance y en los efectos que conllevan para la corrección de la aplicación de la fundamentación fáctica. Sucede, en el caso actual, que el censor del fallo no seleccionó y explicó con precisión ninguno de los motivos contenidos en dicho precepto, sino que se dedicó exclusivamente a hacer alegatos propios de instancia, tales como que la prueba producida en el juicio es insuficiente para enervar el estado de inocencia del señor Luis Urrea; en relación a la declaración del Testigo Protegido P4, considera que dicho testimonio es contradictorio, y, en relación a la declaración testifical de la señora Victoria Barrera Díaz, aprecia que la misma no es merecedora de credibilidad en virtud de ser testigo de referencia. Entonces, lo que vemos es que sus argumentos en nada cuestionan la fundamentación fáctica de la sentencia por considerar que la misma no sea clara, terminante o contradictoria, siendo lo procedente desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[2] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 82 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: infracción al derecho de defensa. *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. Explica el recurrente que las violaciones se consumaron con la incorporación de elementos probatorios introducidos al debate que son contradictorios, en violación al principio de contradicción que conlleva consigo la violación al derecho de defensa y al debido proceso. Así como que no hace mayor explicación ya que para este recurso será suficiente para fundamentarlo, citar la infracción del precepto constitucional. Del derecho a la defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. En relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal Penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa –técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídica procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa: el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: 1. Imposibilidad de mutación de dichos hechos dado que de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal de que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y, la obligación del tribunal de sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues, de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El censor del fallo citando como concepto de infracción la violación al derecho de defensa, cuestiona que los elementos de prueba introducidos al debate son contradictorios y violentan el principio de contradicción. Además, añade, que no hace ninguna explicación adicional ya que es suficiente para fundamentar su recurso, citar solamente la infracción del precepto constitucional. En atención a lo anterior, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que el conocimiento de los recursos de casación a resolver por esta Sala de lo Penal, queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios; como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por esta alzada porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional. Es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación conforme al principio iuria novit curia. En el presente caso, el censor del fallo hace un lacónico planteamiento del recurso de casación por infracción de precepto constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de no explicar ni siquiera incipientemente las razones por las cuales a su parecer se violentó el derecho de defensa. Además, argumenta, que los medios de prueba son contradictorios. Es decir, no cuestiona la valoración probatoria elaborada por el juzgador, ya que pasándola por alto, elabora su particular y subjetiva valoración probatoria y concluye a partir de ésta, que se violentó el derecho de defensa. El censor del fallo debe tener presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar, además de que la claridad en el recurso exige que cada vicio debe ser planteado en motivos separados; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el tribunal de justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de entender el lacónico planteamiento ha sido infructuoso, pues es huérfano de sentido, debiendo declararse no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Decisión. No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en único motivo, interpuesto por el Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Luis Urrea; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en único motivo, interpuesto por el Abogado José Martín Torres Bueso, defensor privado del señor Luis Urrea; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dos de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-199-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011.- pág. 118
[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.