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Sentencia CP-198-17 — Registro 11682

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito homicidio simple, por haberse acreditado que actuó bajo la causa de justificación eximente de la responsabilidad penal de la legítima defensa propia o personal. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Después de analizar el recurso de casación interpuesto por la acusación pública, la Sala de lo Penal considera necesario hacer una distinción entre aquellos argumentos que conciernen al vicio denunciado, como por ejemplo, cuando el recurrente arguye que a partir de los medios de prueba testificales evacuados en juicio no se logra extraer la dinámica de los hechos, o bien, que a partir de la prueba pericial no puede concluirse que el hoy occiso Camilo Vásquez, se aprestaba a hacer uso de su arma de fuego para disparar en contra de la humanidad del acusado Víctor Manuel Zerón antes de que éste le disparara, pues estos argumentos sí conciernen a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente; y aquellos argumentos recursivos que nada tienen que ver con el vicio denunciado, como por ejemplo, cuando el recurrente arguye que la declaración testifical del agente de policía Gustavo Eduardo Maradiaga, no resulta creíble y apegado a la lógica porque no es posible que un policía en servicio va a llegar a una escena del crimen y no va a intervenir en ella, o bien, que conforme a las normas de la experiencia, si el hoy occiso hubiese portado al momento de los hechos un arma de fuego, no hubiese buscado como primer opción atacar a su contrincante con una piedra, pues estos últimos argumentos, distan mucho de atacar la valoración intelectiva realizada por la instancia, y más parecen asemejarse a una particular y subjetiva valoración probatoria realizada por el recurrente, lo cual no se ajusta a la debida técnica recursiva y desborda el motivo casacional. En este sentido, la Sala de lo Penal delimitará su auditoría de racionalidad a aquellos argumentos que sí se circunscriban al motivo invocado, analizando si la valoración la prueba elaborada por la instancia, específicamente en lo que respecta a las declaraciones testificales de Gloria Argentina Morales, Mario Aroldo Leiva Zerón, Mario Rubén Morales, Gustavo Eduardo Maradiaga y la del imputado Víctor Manuel Zerón, así como también la de los dictámenes médico forense practicado al imputado y de exhumación de cadáver realizado al ofendido Camilo Vásquez, corresponden a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, o si, por el contrario, vulnera dicha regla, lo que daría paso a declarar ha lugar al motivo y casar la sentencia recurrida. Así las cosas, arguye el recurrente que el sentenciador en el numeral siete de la valoración de la prueba, vulneró la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, puesto que del relato de los testigos Mario Rubén y Mario Aroldo, no se desprende que los hechos hayan sucedido de la forma que describe el ente jurisdiccional, por cuanto, el primero, Mario Rubén, expresó con claridad que la víctima recogió una piedra y se la lanzó al rostro del imputado, lo que provocó que éste cayera al suelo, y de éste testimonio el sentenciador concluyó que cuando llegó el señor Camilo Vásquez, hizo el impulso de sacar su arma de fuego, lo que no resulta acorde con el del dicho del deponente; aunado a lo anterior, arguye que lo manifestado por el otro testigo, Mario Aroldo, corrobora la manera en cómo se produce el hecho delictivo, que de ningún modo conducen a tener por establecido que el acusado haya actuado en legítima defensa. A partir de lo expuesto, corresponde a la Sala de lo Penal analizar en primer término la premisa probatoria, esto es, los testimonios precitados de Mario Rubén y Mario Aroldo, junto con su premisa valorativa realizada por la instancia, ello para comprobar si la conclusión alcanzada por el sentenciador, de que el acusado actuó amparado en una causa de justificación de legítima defensa, que excluye la antijuricidad de su conducta, y por tanto, lo exime de responsabilidad penal, corresponde a una estructura silogística concordante. Cuando nos remitimos a la valoración descriptiva de estos testimonios (f. 173v y 174), se evidencia que el señor Mario Aroldo Leiva Zerón declaró lo siguiente: “Estaba en su casa realizando tareas cuando llegó el acusado pidiéndole que lo acompañara, fueron a la policía a interponer la denuncia, luego fueron a la casa de la esposa del acusado, no se pusieron de acuerdo y se fueron para la casa de su padre (de la esposa), ahí estuvieron cuando llegó su padre pero éste llegó enojado, hablaron pero su padre seguía enojado tirándole una pedrada al acusado, luego se tomó el arma y fue cuando Víctor Manuel Zerón le disparó.” Entretanto, el señor Mario Rubén Morales, declaró: “Estando en la casa llegó Víctor Manuel Zerón diciéndole que iba a buscar a su padre (del declarante) para que arreglaran un problema, estuvieron como media hora hablando tranquilos, en eso llegó su padre entró a la casa y volvió a salir, diciéndole el acusado que quería que hablaran y su padre le dijo que no quería que hablaran, se dijeron sus palabras y su padre tomó la piedra contra su hermano (hermano del acusado) y fue cuando Víctor Manuel Zerón sacó el arma de fuego y sin mediar palabra le disparó.” La Sala de lo Penal observa que el recurrente parece obviar que el sentenciador valoró de forma conjunta y armónica toda la prueba producida en debate, no solamente las declaraciones anteriormente citadas, sino también, estas aunadas a la declaración del agente de policía Gustavo Eduardo Rivera Maradiaga y la declaración del propio imputado Víctor Manuel Zerón; así como también con la prueba documental y pericial allegada a juicio. A partir de los testimonios evacuados en juicio, el sentenciador derivó la existencia de una agresión ilegítima de parte del hoy occiso Camilo Vásquez, hacia el señor Víctor Manuel Zerón, pues los testigos fueron unánimes al manifestar que el primero lanzó una piedra al rostro del acusado, lo que según el dictamen pericial de evaluación física causó una herida contuso cortante en el tabique nasal, así como también, del testimonio del señor Mario Aroldo Leiva Zerón y del imputado Víctor Zerón, se acredita que el occiso luego de realizar esta acción, dispuso a tomarse el arma de fuego que traía consigo para seguir en su dinámica de ataque, versión que al sentenciador le resultó también corroborada con la declaración del agente de policía Gustavo Eduardo Rivera Maradiaga, quien relató que al llegar a la escena del crimen observó un arma de fuego a lado del señor Camilo Vásquez. Asimismo, las declaraciones le resultaron corroboradas con el dictamen de exhumación de cadáver, pues se acreditó objetivamente para el sentenciador que las dos heridas encontradas en el cuerpo del señor Camilo Vásquez, tenían trayectoria de abajo hacia arriba, a partir de lo cual le resulta verosímil la versión del acusado que accionó su arma de fuego desde el suelo después de recibir la herida de piedra en su rostro. La Sala de lo Penal entiende que la versión razonada por el juzgador trata de una agresión ilegítima que fue actual e inminente, actual porque el acusado fue agredido con un objeto contuso en su rostro, e inminente ya que según los relatos y la valoración, el occiso se aprestaba a hacer uso de su arma de fuego en contra del acusado. Asimismo, al analizar la racionalidad del criterio valorativo, también parece acertado concluir la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión ilegítima, pues al hacer la comparación se deduce la existencia de proporcionalidad entre el inminente medio empleado por el atacante y el del que legítimamente se defiende. Y finalmente, en relación al tercer elemento, esto es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, resulta evidente para el sentenciador, y lógicamente derivado para esta Sala Casacional, que no existió por parte del señor Víctor Manuel Zerón, provocación para con el señor Camilo Vásquez, pues todos los testigos son unánimes en manifestar que el primero llegó a casa del segundo con la intención de hablar, y que más bien fue el occiso Camilo Vásquez, quien reaccionó de forma airada y agredió al señor Zerón, todo ello derivado por la instancia a partir de la valoración conjunta y armónica de la prueba producida. Por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal no da razón al recurrente, pues la valoración intelectiva dada por la instancia deriva del acervo probatorio, es coherente y suficiente para mantener un juicio de veracidad. El motivo decae y debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 198-2017, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Absolver de toda responsabilidad penal al ciudadano Víctor Manuel Zerón, de la causa penal que se le venía siguiendo por suponerlo responsable del delito homicidio simple, en perjuicio de Camilo Vásquez, por haberse acreditado que actuó bajo la causa de justificación eximente de la responsabilidad penal de la legítima defensa propia o personal. Segundo: No procede condena en costas al Ministerio Público. Tercero: No procede declarar responsabilidad civil ni comiso alguno. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Jesús Samuel Paz Del Cid, fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, los Abogados Mario Reniery Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Este Tribunal de Sentencia valorando todos los elementos de prueba allegados en legal y debida forma al debate, declara y estima los hechos probados siguientes: PRIMERO: En fecha diez (10) de enero del año dos mil once (2011) en el barrio brisas del rio del municipio de el Paraíso Copán, a eso de las cuatro con treinta (4:30pm) minutos de la tarde, el señor VICTOR MANUEL ZERON llego a casa de su suegro CAMILO VÁSQUEZ pero este no se encontraba, por lo que decidió esperarlo en la acera por el lapso de una media hora, estando conversando amenamente durante ese tiempo con un cuñado y su hermano que le acompaño, en eso llego el señor CAMILO VÁSQUEZ ingreso a su casa y volvió a salir, tratando el señor VICTOR MANUEL ZERON entablar platica con él, a lo que este de forma enojada le contesto que no tenía nada que hablar expresándose de forma malcriada y tomando una piedra pegándosela al acusado en la cara específicamente en el tabique nasal, cayendo el acusado al suelo, herida que le inhabilito por cinco días según dictamen.- SEGUNDO: posteriormente el señor CAMILO VÁSQUEZ, intento hacer uso de su arma de fuego que portase, por lo que al acusado no le quedo más que sacar de igual forma el arma de fuego e disparar en dos ocasiones contra la humanidad del señor CAMILO VÁSQUEZ, cayendo este herido, por lo que llamo a la policía el encartado poniendo en conocimiento lo sucedido pidiendo fueran por él, a lo que le contestaron que no tenían los medios para trasladarse e ir por él, por lo que decidió pedirle a su hermano que condujera el carro en el que se transportaban y que lo llevara a la posta policial, donde se presento voluntariamente entregando su respectivas arma de fuego, aquel transcurso de ese tiempo fue informado de la posta, al policía Gustavo Eduardo Rivera Madariaga quien andaba por el centro de dicho pueblo, por lo que se persono al hecho aun observando al señor CAMILO VÁSQUEZ tirado en el suelo en el momento fue auxiliado, percatándose que al lado del herido estaba también tirada el arma de fuego que portaba el ofendido, en ese preciso momento fue informado nuevamente que el acusado se encontraba en la posta policía porque se había presentado voluntariamente, siendo remito a la autoridad competente.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado Jesús Samuel Paz Del Cid, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el juzgador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica, prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: TESTIFICAL: 1. GLORIA ARGENTINA MORALES; Quien a preguntas del Ministerio Público responde: Que el día 10 de Enero de 2011, fecha en que se produjo la muerte violenta de su padre, el ciudadano CAMILO VÁSQUEZ, este no andaba armado, pues lo había visto cuando le pidió unas partidas de nacimiento de sus hijos para matricularlos en la escuela. 2. MARIO AROLDO LEIVA ZERÓN, Quien manifiesta entre otras cosas, que el día de los hechos acompañó al acusado a la casa de su suegro, CAMILO VASQUEZ, ya que le iba a enseñar unas fotografías para demostrar que su hija le había sido infiel, por lo que el occiso se molestó y le dijo que esas pruebas eran falsas y comenzaron a discutir, refiere que la víctima amenazó al imputado diciéndole que le tenía que dejar todo a su hija; señala, que cuando llegó don Camilo hizo el impulso de sacar la pistola, la cual andaba en la cintura tapada, era una 38. A las preguntas del Ministerio Público responde: Cuando don Víctor miró que el señor CAMILO le tiró la piedra en la cara, se sacó el arma y le hizo dos disparos, fue muy rápido. 3. MARIO RUBÉN MORALES. Quien expresa: que estaba en su casa de habitación cuando llegó el imputado a buscar a CAMILO VÁSQUEZ para resolver un asunto, pero este no había regresado aún. Continúa relatando, que al llegar el ahora occiso a la casa, se pusieron a hablar y como su hermano MARIO AROLDO LEIVA ZERÓN opinó que lo que decía el imputado era cierto, entonces se dijeron unas cosas, luego su papá agarró una piedra e iba para encima del cipote, en ese momento el acusado Víctor sacó su escuadra, fue cuando su papá se volteó y le pegó la pedrada, él se paró y buscó si andaba pistola, pero su padre no andaba, agregó, que el arma de fuego que poseía el occiso era un revólver calibre 22, cromado y niquelado, el cual encontró en un maletín situado en el cuarto del mismo. También menciona, la ausencia de policías en los alrededores de la vivienda. DOCUMENTAL: 1. Denuncia de Violencia Doméstica, Que obra a folio 40 del expediente de mérito, en la que se consigna que en fecha 21 de diciembre de 2010, Gloria Argentina Morales denunció malos tratos de parte de Víctor Manuel Zerón. 2. Acta de Inspección Ocular al lugar de los hechos, ratificada por la Agente Paula Francisca Martínez, la cual se practicó en fecha 10 de enero de 2011. Entre lo más relevante se determina la presencia de tres indicios: dos casquillos color amarillo y una ojiva color amarillo. Asimismo se constatan las características del lugar de los hechos. 3. Acta de Levantamiento de Cadáver, incorporada al juicio mediante lectura autorizada; se desprende de ella que el occiso presentaba seis orificios, sin identificar si estos son de entrada o de salida. 4. Dictamen Médico Forense practicado al Imputado, el cual establece que el sindicado fue evaluado el 11 de enero de 2011, y como derivación de ello se comprobó que sufrió una lesión en su tabique nasal que e ocasionó 5 días de incapacidad. 5. Dictamen pericial de exhumación, realizado por la Doctora Lía Margarita Paz el 13 de diciembre de 2012 a las 12:25 horas. Sus hallazgos son los siguientes: causa de muerte laceración de órganos toraco abdominales. Lesiones encontradas, dos heridas; una de trayecto de abajo hacia arriba en órganos toraco abdominales con orificio de salida en región tórax y otra con orificio de entrada en región lateral izquierda del abdomen. PRUEBA DE LA DEFENSA: 1. GUSTAVO EDUARDO RIVERA MARADIAGA (Policía) quien dice que llegó al lugar del problema, cuando recibió una llamada en donde le comunicaban un hecho acaecido en el Barrio Las Brisas de la ciudad de El Paraíso, Copán, y que se acercó un poco sin bajarse del carro y miró a una persona herida en el suelo que estaba siendo auxiliada, cuando están levantando a la persona queda un arma calibre 38 y piensa que fue recogida por un hijo del ahora difunto. A preguntas del Ministerio Público responde: Que llegó a una distancia de una cuadra y media; refiere que no recogió el arma porque andaba solo y no quiso exponer su vida, y además no instruyó a nadie para su posterior búsqueda, porque él es quien se encontraba a cargo y los demás policías estaban en la clínica. 2. VICTOR MANUEL ZERON (imputado), quien dice que llegó a la casa de su suegro y este se enfureció cuando le mostró documentos que mostraba la infidelidad de su hija, se enfureció y recogió una prueba que le lanzó pegándole en la nariz, la cual le fracturó, el sintió el baño de sangre se fue hacia atrás y vio que el ofendido se maniato la pistola, él se sacó la pistola que andaba sin permiso y le disparó por dos veces, no lo hizo con intención de matarlo, porque él lo respeto.” Al examinar en su conjunto la prueba antes descrita, se aprecia que la conclusión a la que ha llegado el Tribunal A-quo, en cuanto a la causa que excluye la antijuricidad de las acciones del acusado no obedece a una acertada valoración de la probanza incorporada legalmente al juicio, conforme a las Reglas de la Sana Crítica, y por el contrario ha vulnerado las mismas, creando un marco fáctico alejado de la realidad, fundamentado básicamente en la declaración rendida por el imputado y el resto del acervo probatorio lo ajusta a dicha versión. Refiere el juzgador en el numeral séptimo del apartado de valoración probatoria, que ha quedado acreditado fehacientemente con las declaraciones de MARIO RUBÉN MORALES y MARIO AROLDO LEIVA, que el ahora occiso el momento de los hechos, atacó al acusado con una piedra, pegándosela en la cara y posteriormente no cesando en su ataque sacó su arma de fuego para intentar dispararle al señor VICTOR MANUEL ZERON, por lo que éste se vio obligado a usar el arma de fuego que portaba y dispararle en dos ocasiones, causándole la muerte; de igual manera señala, que con la declaración del policía GUSTAVO EDUARDO RIVERA, que fue la primera autoridad que asiste a la escena, se estableció que efectivamente se encontraba tirada un arma de fuego junto al herido, siendo levantada la misma por un hijo del ofendido, información que lo hace arribar a la conclusión que el señor CAMILO VASQUEZ, si portaba un arma de fuego, como también que quiso hacer uso de la misma, por lo que la lógica le indica que si el arma fue observada de esa forma es porque el ofendido la sacó con la intención de agredir al acusado…. Lo aseverado por el Tribunal transgrede la regla de la lógica en el principio de Derivación, en su apartado de razón suficiente y su característica de veracidad, puesto que del relato ofrecido por los testigos MARIO RUBEN Y MARIO AROLDO no se desprende que los hechos hayan sucedido de la manera que describe el ente jurisdiccional, por cuanto, el primero ha expresado con claridad, que la víctima recogió una piedra y se la lanzó al rostro al imputado, por lo que éste le disparó cayendo al suelo e incluso menciona que fue muy rápido, entonces, se logra determinar, que la acción de disparar no fue más que una reacción de cólera o venganza de parte del enjuiciado, pues el otro extremo, que cuando llegó el señor CAMILO VASQUEZ, hizo el impulso de sacar su arma de fuego, no resulta acorde con el resto del dicho del deponente; aunado al hecho, que lo manifestado por el otro testigo corrobora la manera como se produce el suceso delictivo, que de ningún modo conducen a tener por establecido que el acusado haya actuado al amparo de la causal de justificación de Legítima Defensa. En cuanto al relato del policía GUSTAVO EDUARDO MARADIAGA, invocado por el Tribunal para ubicar el comportamiento del imputado en a figura de Legítima Defensa, debemos referir, que el mismo no resulta creíble y apegado a la lógica, en virtud, que como un policía en servicio va a llegar a una escena y ni siquiera se va a bajar de su vehículo, entonces, con qué finalidad acude al llamado policial, mucho menos se puede creer que observó que junto al herido había un arma de fuego, cuando estaba ubicado a una cuadra y media y más aún, se torna alejado de las máximas de la experiencia, que al ver dicha arma no haya decomisado la misma siendo una autoridad, ni muchos menos informado a los otros policías que llegan al lugar del hecho, de la existencia del arma y la identidad de la persona que la recogió, por lo que es evidente que esta versión la ofrece, para favorecer la versión del acusado y el juzgador arbitrariamente, apartándose de su obligación de valorar la probanza conforme a las reglas de la sana crítica, le otorga un valor que no merece, dando por acreditado la existencia de un arma con la mera afirmación de un servidor público, que ni siquiera intervino en la escena, a pesar de referir en su deposición qua a él le correspondía decomisar la supuesta arma que estaba al lado del ofendido porque los otros policías estaba en la clínica. En ese mismo sentido, el ente jurisdiccional fundamenta su sentencia absolutoria en las resultas de los dictámenes de exhumación SPS-049-12 y de evaluación física al imputado, extrayendo conclusiones que no se desprenden de tal pericia, que valora de manera conjunta con la versión del acusado, pues al afirmar que los disparos tienen una trayectoria de abajo hacia arriba porque el imputado estaba en el suelo y al ver que no cesaba la conducta agresiva intentando sacar el arma la víctima, desde allí disparó para defenderse, es producto de la imaginación del Tribunal, que no se desprende de la probanza producida legalmente en el juicio, lo que si puede concluirse al estimar la prueba en su conjunto y no de manera aislada como ha hecho el Tribunal, es que si el enjuiciado puede haber caído a causa de la pedrada que recibió y desde esa posición disparar al ahora occiso, ya que no se puede tener por acreditado un extremo tan relevante, como es la existencia de un arma en manos de la víctima, con la declaración falaz de un policía, que describe un comportamiento alejado de la lógica y el sentido común. Debemos resaltar, que el fallo que hoy se cuestiona a través de esta vía impugnativa, refleja la errada valoración del juzgador, apartado del sistema de valoración probatoria vigente en nuestra normativa penal adjetiva, comprendiendo el mismo como una de sus reglas, las máximas de experiencia, que consisten en conocimientos generalizados, con base a determinada general de vida, por o que para cualquier ciudadano con un mínimo de inteligencia será evidente que en una situación de conflicto, una persona equipada con un arma de fuego, no buscará como primera opción una piedra para atacar a su contrincante, sino que acudirá al uso del arma que porta, de manera, que si el ofendido hubiese realmente llevado consigo un arma de fuego no se hubiera colocado en franca desventaja y desproporcionalidad. Es por ello, que el ente jurisdiccional no puede arribar a una conclusión de concurrencia de la causal de legítima defensa, basado en dos declaraciones testificales que mencionan la existencia de un arma en manos de la víctima, sin considerar el resto de circunstancias que rodean el caso. Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, vemos que al concluir el juzgador que con la prueba incorporada al debate se logró determinar que existe una legítima defensa del encausado, vulnera a regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de veracidad, en vista que al examinar el contenido de la probanza no le otorgó el mérito que realmente posee, pues de otra manera hubiera adquirido la certeza de que el acusado no está amparado en una causa de justificación que exime a antijuridicidad; ya que, a la luz de las pruebas, fue un exceso de parte del acusado después de recibir la pedrada, disparar en dos ocasiones al ofendido hasta quitarle la vida, no existiendo proporcionalidad entre su accionar y la agresión recibida, la cual en el caso subjudice está marcada por el medio que el imputado utilizó para defenderse, pues la actuación de quien se defiende debe ser suficiente para evitar o repeler la agresión ilegítima de la que es víctima; si va más allá de eso, actúa en exceso. Bajo los argumentos expresados, no actúa en legítima defensa quien luego de sufrir una pedrada (agresión ilegítima), desenfunda su arma, ataca a su agresor y lo mata. En este caso se trata de una reacción de venganza y no de legítima defensa, por lo que la motivación de la sentencia no es derivada, es decir, irrespeta el principio de razón suficiente. Ello significa que la prueba en la que se apoyan las conclusiones a las que se llega en la sentencia, son el fundamento para otro desenlace; o expresado de otro modo, los elementos probatorios invocados en su sustento son material para una Sentencia Condenatoria por el delito de Homicidio Simple, dada la inexistencia de la causa de justificación invocada. En síntesis, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio allegado al juicio efectuada por el ente sentenciador, se vulneraron como antes se expuso, la regla lógica en su principio de derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de veracidad, así como las máximas de la experiencia defectos in procedendo relevantes para ejecutar una censura del fallo. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: resolver conforme a derecho. El censor del fallo arguye que el sentenciador en el numeral siete de la valoración de la prueba, infringió la regla lógica de derivación en su apartado de razón suficiente en su característica de veracidad, pues considera que del relato de los testigos Mario Rubén y Mario Aroldo, no se desprende que los hechos hayan sucedido de la forma que describe el ente jurisdiccional, por cuanto, el primero, ha expresado con claridad que la víctima recogió una piedra y se la lanzó al rostro del imputado, y éste del impacto cayó al suelo. Entonces, se logra determinar para el recurrente que la acción del acusado de disparar en contra del ofendido, no fue más que una reacción de cólera o de venganza, pues el extremo de que cuando llegó el señor Camilo Vásquez, hizo el impulso de sacar su arma de fuego, no resulta acorde con el dicho del deponente. Aunado a lo anterior, expresa que lo manifestado por el otro testigo corrobora la manera en cómo se produce el hecho delictivo, que de ningún modo conducen a tener por establecido que el acusado haya actuado en legítima defensa. En lo concerniente a la declaración testifical del policía Gustavo Eduardo Maradiaga, considera el recurrente que el mismo no resulta creíble y aplicado a la lógica, y se cuestiona que cómo un policía va a llegar a una escena del crimen y no se va a bajar de su vehículo, tampoco se puede creer que observó junto al herido un arma de fuego cuando estaba a una distancia de una cuadra y media. Concluye, que es evidente que el declarante ofrece dicha versión para favorecer al imputado. De la valoración intelectiva de la prueba pericial de exhumación y evaluación física SPS-049-12, cuestiona que el sentenciador a partir de la misma no puede concluir que el ofendido estaba intentando sacar su arma de fuego, pues tal aseveración es producto de su imaginación. No puede tenerse por acreditado un extremo tan relevante a partir de la prueba pericial. También, expresa, que debe tenerse presente al momento de valorar la prueba, las reglas de la experiencia, que consisten en los conocimientos generalizados de la vida de cualquier ciudadano con un mínimo de inteligencia. A partir de tal regla, el censor del fallo considera que si el ofendido hubiese llevado consigo un arma de fuego, no buscara como primera opción una piedra para atacar a su contrincante, sino que acudiría a su arma de fuego. Por lo anteriormente expuesto, considera que el Tribunal de Sentencia al concluir la existencia de una legítima defensa, vulneró la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente en su característica de veracidad. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado.De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Después de analizar el recurso de casación interpuesto por la acusación pública, la Sala de lo Penal considera necesario hacer una distinción entre aquellos argumentos que conciernen al vicio denunciado, como por ejemplo, cuando el recurrente arguye que a partir de los medios de prueba testificales evacuados en juicio no se logra extraer la dinámica de los hechos, o bien, que a partir de la prueba pericial no puede concluirse que el hoy occiso Camilo Vásquez, se aprestaba a hacer uso de su arma de fuego para disparar en contra de la humanidad del acusado Víctor Manuel Zerón antes de que éste le disparara, pues estos argumentos sí conciernen a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente; y aquellos argumentos recursivos que nada tienen que ver con el vicio denunciado, como por ejemplo, cuando el recurrente arguye que la declaración testifical del agente de policía Gustavo Eduardo Maradiaga, no resulta creíble y apegado a la lógica porque no es posible que un policía en servicio va a llegar a una escena del crimen y no va a intervenir en ella, o bien, que conforme a las normas de la experiencia, si el hoy occiso hubiese portado al momento de los hechos un arma de fuego, no hubiese buscado como primer opción atacar a su contrincante con una piedra, pues estos últimos argumentos, distan mucho de atacar la valoración intelectiva realizada por la instancia, y más parecen asemejarse a una particular y subjetiva valoración probatoria realizada por el recurrente, lo cual no se ajusta a la debida técnica recursiva y desborda el motivo casacional. En este sentido, la Sala de lo Penal delimitará su auditoría de racionalidad a aquellos argumentos que sí se circunscriban al motivo invocado, analizando si la valoración la prueba elaborada por la instancia, específicamente en lo que respecta a las declaraciones testificales de Gloria Argentina Morales, Mario Aroldo Leiva Zerón, Mario Rubén Morales, Gustavo Eduardo Maradiaga y la del imputado Víctor Manuel Zerón, así como también la de los dictámenes médico forense practicado al imputado y de exhumación de cadáver realizado al ofendido Camilo Vásquez, corresponden a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, o si, por el contrario, vulnera dicha regla, lo que daría paso a declarar ha lugar al motivo y casar la sentencia recurrida. Así las cosas, arguye el recurrente que el sentenciador en el numeral siete de la valoración de la prueba, vulneró la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, puesto que del relato de los testigos Mario Rubén y Mario Aroldo, no se desprende que los hechos hayan sucedido de la forma que describe el ente jurisdiccional, por cuanto, el primero, Mario Rubén, expresó con claridad que la víctima recogió una piedra y se la lanzó al rostro del imputado, lo que provocó que éste cayera al suelo, y de éste testimonio el sentenciador concluyó que cuando llegó el señor Camilo Vásquez, hizo el impulso de sacar su arma de fuego, lo que no resulta acorde con el del dicho del deponente; aunado a lo anterior, arguye que lo manifestado por el otro testigo, Mario Aroldo, corrobora la manera en cómo se produce el hecho delictivo, que de ningún modo conducen a tener por establecido que el acusado haya actuado en legítima defensa. A partir de lo expuesto, corresponde a la Sala de lo Penal analizar en primer término la premisa probatoria, esto es, los testimonios precitados de Mario Rubén y Mario Aroldo, junto con su premisa valorativa realizada por la instancia, ello para comprobar si la conclusión alcanzada por el sentenciador, de que el acusado actuó amparado en una causa de justificación de legítima defensa, que excluye la antijuricidad de su conducta, y por tanto, lo exime de responsabilidad penal, corresponde a una estructura silogística concordante. Cuando nos remitimos a la valoración descriptiva de estos testimonios (f. 173v y 174), se evidencia que el señor Mario Aroldo Leiva Zerón declaró lo siguiente: “Estaba en su casa realizando tareas cuando llegó el acusado pidiéndole que lo acompañara, fueron a la policía a interponer la denuncia, luego fueron a la casa de la esposa del acusado, no se pusieron de acuerdo y se fueron para la casa de su padre (de la esposa), ahí estuvieron cuando llegó su padre pero éste llegó enojado, hablaron pero su padre seguía enojado tirándole una pedrada al acusado, luego se tomó el arma y fue cuando Víctor Manuel Zerón le disparó.” Entretanto, el señor Mario Rubén Morales, declaró: “Estando en la casa llegó Víctor Manuel Zerón diciéndole que iba a buscar a su padre (del declarante) para que arreglaran un problema, estuvieron como media hora hablando tranquilos, en eso llegó su padre entró a la casa y volvió a salir, diciéndole el acusado que quería que hablaran y su padre le dijo que no quería que hablaran, se dijeron sus palabras y su padre tomó la piedra contra su hermano (hermano del acusado) y fue cuando Víctor Manuel Zerón sacó el arma de fuego y sin mediar palabra le disparó.” La Sala de lo Penal observa que el recurrente parece obviar que el sentenciador valoró de forma conjunta y armónica toda la prueba producida en debate, no solamente las declaraciones anteriormente citadas, sino también, estas aunadas a la declaración del agente de policía Gustavo Eduardo Rivera Maradiaga y la declaración del propio imputado Víctor Manuel Zerón; así como también con la prueba documental y pericial allegada a juicio. A partir de los testimonios evacuados en juicio, el sentenciador derivó la existencia de una agresión ilegítima de parte del hoy occiso Camilo Vásquez, hacia el señor Víctor Manuel Zerón, pues los testigos fueron unánimes al manifestar que el primero lanzó una piedra al rostro del acusado, lo que según el dictamen pericial de evaluación física causó una herida contuso cortante en el tabique nasal, así como también, del testimonio del señor Mario Aroldo Leiva Zerón y del imputado Víctor Zerón, se acredita que el occiso luego de realizar esta acción, dispuso a tomarse el arma de fuego que traía consigo para seguir en su dinámica de ataque, versión que al sentenciador le resultó también corroborada con la declaración del agente de policía Gustavo Eduardo Rivera Maradiaga, quien relató que al llegar a la escena del crimen observó un arma de fuego a lado del señor Camilo Vásquez. Asimismo, las declaraciones le resultaron corroboradas con el dictamen de exhumación de cadáver, pues se acreditó objetivamente para el sentenciador que las dos heridas encontradas en el cuerpo del señor Camilo Vásquez, tenían trayectoria de abajo hacia arriba, a partir de lo cual le resulta verosímil la versión del acusado que accionó su arma de fuego desde el suelo después de recibir la herida de piedra en su rostro. La Sala de lo Penal entiende que la versión razonada por el juzgador trata de una agresión ilegítima que fue actual e inminente, actual porque el acusado fue agredido con un objeto contuso en su rostro, e inminente ya que según los relatos y la valoración, el occiso se aprestaba a hacer uso de su arma de fuego en contra del acusado. Asimismo, al analizar la racionalidad del criterio valorativo, también parece acertado concluir la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión ilegítima, pues al hacer la comparación se deduce la existencia de proporcionalidad entre el inminente medio empleado por el atacante y el del que legítimamente se defiende. Y finalmente, en relación al tercer elemento, esto es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, resulta evidente para el sentenciador, y lógicamente derivado para esta Sala Casacional, que no existió por parte del señor Víctor Manuel Zerón, provocación para con el señor Camilo Vásquez, pues todos los testigos son unánimes en manifestar que el primero llegó a casa del segundo con la intención de hablar, y que más bien fue el occiso Camilo Vásquez, quien reaccionó de forma airada y agredió al señor Zerón, todo ello derivado por la instancia a partir de la valoración conjunta y armónica de la prueba producida. Por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal no da razón al recurrente, pues la valoración intelectiva dada por la instancia deriva del acervo probatorio, es coherente y suficiente para mantener un juicio de veracidad. El motivo decae y debe ser desestimado. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Jesús Samuel Paz Del Cid, fiscal del Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Jesús Samuel Paz Del Cid, en su condición de fiscal del Ministerio Público; 2) Declara firme la sentencia absolutoria de fecha ocho de diciembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-198-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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