Sentencia CP-196-17 — Registro 11681
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados por el delito de Almacenamiento Ilegal de Arma, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Minsiterio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal de manera previa considera necesario precisar que el presente motivo obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre la base de unos hechos ya preestablecidos, que han de ser fijados al efecto por el Tribunal de Instancia. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es aplicar, en discordancia con el sentenciador, un enfoque jurídico que se le ha dado a unos hechos probados e inalterables. La técnica de la casación exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, es decir, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción de los hechos probados, es o no, correcta jurídicamente, de modo que no puede salirse del contenido de tales hechos. Tomando como referencia las anteriores precisiones conceptuales, la Sala de lo Penal realiza un análisis de juridicidad de los hechos probados de la sentencia, los cuales resultan inalterables en casación, contraponiéndolos con el tipo penal de almacenamiento ilegal de arma de fuego contemplado en el artículo 332-B del Código Penal, seleccionado por el tribunal a quo y, el artículo 332-A del Código Penal, el cual la impetrante considera infringido por su falta de aplicación. Así las cosas, los hechos probados de la instancia establecen que el treinta y uno de agosto del dos mil catorce, en la colonia Asentamientos Humanos sector de la Colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, Cortés, agentes de la Policía Militar allanaron un inmueble en el que en una de sus habitaciones encontraron a los señores Gerson Nahún Martínez Cruz y Luis David Recinos Laínez, teniendo a su disposición dos armas de fabricación casera (chimbas) y una pistola marca Girsan, color negro, calibre 9mm, con serie T6368-06D00205. Los señores Gerson Nahún Martínez Cruz y Luis David Recinos Laínez, no contaban con el permiso correspondiente de la autoridad competente. Al confrontar estos hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia con el precepto contenido en el artículo 332-B del Código Penal, concluye esta Sala de lo Penal que sí existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose de manera precisa con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado. Ha referido esta Sala de lo Penal que un arma de fuego no industrial, casera o artesanal, no puede equiparase a un arma de guerra, en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que contienen. Las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas con el injusto típico contenido en el artículo 332-A del Código Penal, ya que las armas de guerra poseen un diseño de alto impacto destructivo e implican el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial; o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de las armas de fuego caseras que usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra. Se consideran entonces armas de uso personal confeccionadas artesanalmente. Por estas razones, afirma esta Sala de lo Penal que los acusados son responsables penalmente de un delito de almacenamiento ilegal de arma de fuego de uso personal, pues almacenaban un arma de fuego de fabricación casera; conducta que representa un peligro para el bien jurídico de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado bajo la administración de los acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que su comportamiento merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B y no el del 332-A del Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 332, literal A (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 196-2017, conociendo del recurso de casación por infracción de ley interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Gerson Nahún Martínez Cruz, del delito de Almacenamiento de Arma Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó al señor Gerson Nahún Martínez Cruz, como autor del delito de Almacenamiento Ilegal de Arma, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena principal de tres años de reclusión. Tercero: Absolvió al señor Luis David Recinos Laínez, del delito de Almacenamiento de Arma Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Cuarto: Condenó al señor Luis David Recinos Laínez, como autor del delito de Almacenamiento Ilegal de Arma, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena principal de tres años de reclusión. Quinto: Se condena también a Gerson Nahun Martínez Cruz y Luis David Recinos Laínez, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Sexto: Se declaró la responsabilidad civil a los señores Gerson Nahun Martínez Cruz y Luis David Recinos Laínez de los daños y perjuicios ocasionados por el delito. Séptimo: No procede condenar en costa a los señores Gerson Nahun Martínez Cruz y Luis David Recinos Laínez. Octavo: Se declaró el comiso de un arma de fuego tipo pistola, marca Girsan, modelo YAVUZ16Z1RVE, calibre 9 mm, serie T6368-06D00205 color negro. Dos armas de fabricación casera (tipo chimbas) y una arma de juguete tipo escopeta, de estas armas (casera y de juguete) se ordena su destrucción. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, la Abogada Yojana María Sandoval, fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Ilse Adela Fuentes, fiscal del Ministerio Público, como recurrente. Hechos Probados de la instancia “Valorando las pruebas practicadas en juicio de acuerdo con los criterios de la sana critica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO: El día 31 de agosto del 2014, en la Colonia Asentamientos Humanos sector de la Colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, Cortés, agentes de la Policía Militar allanaron un inmueble en el que una de sus habitaciones encontraron a los señores GERSON NAUN MARTINEZ CRUZ y LUIS DAVID RECINOS LAINEZ teniendo a su disposición dos armas de fabricación casera (chimbas) y una pistola marca girsan, color negro, calibre 9mm, con serie T6368-06D00205. Los señores GERSON NAUN MARTINEZ CRUZ y LUIS DAVID RECINOS LAINEZ no contaban con el permiso correspondiente de la autoridad competente.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. La parte recurrente, Abogada Yojana María Sandoval, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal EXPOSICION DEL MOTIVO: El A quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: UNICO: “El día 31 de Agosto del 2014, en la Colonia Asentamientos Humanos sector de la Colonia Rivera Hernández de San Pedro Su la, Cortés; agentes de la Policía Militar allanaron un inmueble en el que una de sus habitaciones encontraron a los señores GERSON NAÚN MARTÍNEZ CRUZ y LUIS DAVID RECINOS LAÍNEZ, teniendo a su disposición dos armas de fabricación casera (chimba) y una pistola marca girsan, color negro, calibre 9mm, con serie T6368-06D00205. Los señores GERSON NAÚN MARTÍNEZ CRUZ y LUIS DAVID RECINOS LAÍZIEZ no contaban con el permiso correspondiente de la autoridad competente”. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que los imputados mantenían a su disposición en una de las habitaciones de la casa donde ellos se encontraban, dos armas de fabricación casera (chimbas); sin embargo, emite sentencia absolviéndolos de toda responsabilidad penal, por considerar que dichas armas no pueden considerarse “de guerra”. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps. 10 ,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar el por qué no considera que el hecho probado se enmarca en el artículo 332-A del Código Penal, es así que en el citado apartado establece “Este no es el caso de las armas de fuego de manufactura artesanal (dos “chimbas”). Estas son inclusive menos letales que las armas de carácter comercial, cuya portación o almacenamiento está permitida en el tráfico y comercio de las personas (siempre que en el caso concreto haya un permiso individualizado). El principio de lesividad es fundamental al momento de resolver conflictos de imputación a nivel del tipo de injusto penal completo. Es así como concluimos que los acusados no deben purgar una pena correspondiente a la represión propia de armas de fuego de guerra o de combate, cuando es contrario al entendimiento humano, que las armas de fabricación casera pudieran usarse en esos menesteres bélicos”. Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de mantener o tener a su disposición armas de fuego artesanales (chimbas) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Almacenamiento Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia (Artículo 332-A del Código Penal) y conforme los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde los sujetos activos son los imputados GERSON NAÚN MARTÍNEZ CRUZ y LUIS DAVID RECINOS LAÍNEZ, quienes tomaron parte directa en la ejecución del mismo al almacenar dos artefactos de fabricación casera, prohibidos por la ley, acción que se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal, en virtud de que, aunado a lo anterior, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal, defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: ‘sólo se podrán poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A del Código Penal, dado que los imputados fueron encontrados teniendo a su disposición las armas en una de las habitaciones del inmueble allanado, siendo dichas armas de fabricación casera y sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibidas y por considerarlas armas de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recuso de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. *Precepto autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 332-A del Código Penal. *Concepto de la Infracción: falta de aplicación; y, *Pretensión: resolver conforme a ley. Expresa la censora del fallo que el juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar el por qué no considera que el hecho probado se enmarca en el artículo 332-A del Código Penal, es así que en el citado apartado establece que las armas de fuego de manufactura artesanal son inclusive menos letales que las armas de carácter comercial, cuya portación o almacenamiento está permitida en el tráfico y comercio de las personas (siempre que en el caso concreto haya un permiso individualizado), por lo que los acusados no deben purgar una pena correspondiente a la represión propia de armas de fuego de guerra o de combate. Considera la censora del fallo a partir de lo expuesto, que el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de mantener, o tener a su disposición armas de fuego artesanales no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Almacenamiento Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones subjetivas, para explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia (Artículo 332-A del Código Penal) y conforme los hechos fijados por el tribunal, considera que quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde los sujetos activos son los imputados Gerson Nahúm Martínez Cruz y Luis David Recinos Laínez, quienes tomaron parte directa en la ejecución del mismo al almacenar dos artefactos de fabricación casera, prohibidos por la ley, acción que se subsume en la normativa penal del artículo 332-A del Código Penal, en virtud de que se trata de armas para las cuales el Estado de Honduras no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal, defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud de que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal). Se ha podido constatar por parte de esta Sala de lo Penal, la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B. Sin embargo, tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, en los fallos No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, fijando doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga a hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente con base n ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto que en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de uso personal: el artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento penal a las armas de fabricación casera o artesanal. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y otros similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de las veces, de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente. Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal, al término armas de uso personal, si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal de manera previa considera necesario precisar que el presente motivo obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre la base de unos hechos ya preestablecidos, que han de ser fijados al efecto por el Tribunal de Instancia. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es aplicar, en discordancia con el sentenciador, un enfoque jurídico que se le ha dado a unos hechos probados e inalterables. La técnica de la casación exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, es decir, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción de los hechos probados, es o no, correcta jurídicamente, de modo que no puede salirse del contenido de tales hechos. Tomando como referencia las anteriores precisiones conceptuales, la Sala de lo Penal realiza un análisis de juridicidad de los hechos probados de la sentencia, los cuales resultan inalterables en casación, contraponiéndolos con el tipo penal de almacenamiento ilegal de arma de fuego contemplado en el artículo 332-B del Código Penal, seleccionado por el tribunal a quo y, el artículo 332-A del Código Penal, el cual la impetrante considera infringido por su falta de aplicación. Así las cosas, los hechos probados de la instancia establecen que el treinta y uno de agosto del dos mil catorce, en la colonia Asentamientos Humanos sector de la Colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, Cortés, agentes de la Policía Militar allanaron un inmueble en el que en una de sus habitaciones encontraron a los señores Gerson Nahún Martínez Cruz y Luis David Recinos Laínez, teniendo a su disposición dos armas de fabricación casera (chimbas) y una pistola marca Girsan, color negro, calibre 9mm, con serie T6368-06D00205. Los señores Gerson Nahún Martínez Cruz y Luis David Recinos Laínez, no contaban con el permiso correspondiente de la autoridad competente. Al confrontar estos hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia con el precepto contenido en el artículo 332-B del Código Penal, concluye esta Sala de lo Penal que sí existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose de manera precisa con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado. Ha referido esta Sala de lo Penal que un arma de fuego no industrial, casera o artesanal, no puede equiparase a un arma de guerra, en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que contienen. Las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas con el injusto típico contenido en el artículo 332-A del Código Penal, ya que las armas de guerra poseen un diseño de alto impacto destructivo e implican el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial; o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de las armas de fuego caseras que usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra. Se consideran entonces armas de uso personal confeccionadas artesanalmente. Por estas razones, afirma esta Sala de lo Penal que los acusados son responsables penalmente de un delito de almacenamiento ilegal de arma de fuego de uso personal, pues almacenaban un arma de fuego de fabricación casera; conducta que representa un peligro para el bien jurídico de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado bajo la administración de los acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que su comportamiento merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B y no el del 332-A del Código Penal. DECISIÓN. No Ha lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 363 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Yojana María Sandoval, en su condición de fiscal del Ministerio Público; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-196-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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