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Sentencia CP-191-17 — Registro 11679

Resumen

En primera instancia se condena a los imputados por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida y Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo.  El censor del fallo denuncia la infracción de ley por falta de aplicación del artículo 2 párrafo 2 del decreto legislativo Nº 184-2013, publicado en fecha 5 de octubre del 2013; del artículo 1 del decreto legislativo Nº 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014; y, del artículo 1 del decreto legislativo Nº 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, citados con relación a los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que el día tres de febrero del año dos mil quince, a eso de las once de la mañana, la Unidad de Comunicaciones de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal, recibió una llamada telefónica anónima denunciando que en unos de los pasajes de la Colonia La Unión de esta ciudad se encontraban varios individuos fuertemente armados. De inmediato se formaron dos equipos conformados por policías Cobras, preventivos, de investigación y se desplazaron a la colonia indicada. Al llegar e ingresar al segundo pasaje, 33 calle, observaron a Mauricio Alberto Aguilar Barahona, José Francisco Centeno Serrano, Wilfredo Galeas Castillo, Bryan Gerardo Zambrano Rosales y Anthony Gabriel Portillo Turcios, quienes portaban armas de fuego. Al percatarse de la presencia de la policía, corrieron e ingresaron a dos viviendas cercanas que se ubicaban una frente a la otra, siendo perseguidos por la policía quienes también ingresaron a las casas tras ellos. En una de las casas, de una sola planta construida de material selecto de bloque, sin pintar, se encontraban José Francisco Centeno Serrano, Wilfredo Galeas Castillo, Bryan Gerardo Zambrano Rosales, Anthony Gabriel Portillo Turcios y dos mujeres jóvenes, al practicar un registro a la vivienda formada por tres habitaciones, se encontró sobre una cama, una pistola marca Tanfolio, modelo Force, calibre 9mm, con número de serie AB81705, con su respectivo cargador de metal largo conteniendo 14 proyectiles sin percutir, con mecanismo de acción semi automático. En medio de los colchones de la cama se encontró un fusil de fabricación soviética, modelo AK-47, calibre 7.62 X 39 mm, con número de serie 1960, con su respectivo cargador de metal largo conteniendo 28 proyectiles, con mecanismo de acción semi automático y automático, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. Un radio de comunicación anaranjado con negro, marca Water proof cobra, 34 proyectiles sin percutir para arma corta y larga, tirados en el piso se encontraron dos chalecos antibalas color negro tipo policial. En la segunda casa de dos niveles, con número 601, pintada de verde fueron encontrados en la segunda planta los señores Mauricio Alberto Aguilar Barahona, otro individuo y dos menores de edad, encontrando en un cubículo un fusil marca Colt, modelo AR 15, calibre 223, con serie número BX988440, con un cargador metálico conteniendo 21 proyectiles sin percutir, un fusil marca Colt, AR-15, calibre 223, con serie número SP881008, con un cargador metálico conteniendo 23 cartuchos sin percutir, con mecanismo de acción semi automático, una pistola marca Tanfolio, modelo MAPP-1, calibre 9 mm, con serie no visible, con un cargador metálico conteniendo 10 cartuchos sin percutir, con mecanismo de acción semi automático. Todas las armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. En medio de los colchones de una cama se encontraron una granada fragmentaria de mano FMK-2 de fabricación argentina, de uso militar y una granada de humo M-34 de fabricación norteamericana, utilizada como medios de señalización, indicación de objetivo, marcaje de zona de aterrizaje o como pantalla para cubrir los movimientos de la unidades militares, un chalecos antibalas color negro con dos placas metálicas forradas con tela y un forro de chaleco antibalas color negro, tres radios de comunicación color anaranjado y gris de la marca Nokia, Motorola y Asumi. Por este hecho, los acusados antes mencionados fueron condenados por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido y portación ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, a la pena de nueve y cuatro años de reclusión respectivamente, más las penas accesorias correspondientes de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil. Sucede que, para la fecha del hecho objeto de juzgamiento, el tres de febrero de dos mil quince, se encontraba en vigencia el decreto legislativo número 63-2014, el cual prorroga la vigencia del decreto legislativo número 184-2013, por un periodo de seis meses a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. El término de prorroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el Decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, y venció el 06 de abril de 2015, quedando en suspenso -pero no derogando- la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y algunos de los verbos rectores del delito contenido en el artículo 332-B del Código Penal, quedando excluido, por tanto, las conductas (punibles) relacionadas con las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de su prórroga es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que las personas que portaban un arma de fuego comercial sin autorización o un arma de fuego de uso prohibido durante el tiempo de la veda tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar o entregar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que los acusados fueron capturados en la colonia La Unión, al intentar huir de la autoridad policial y tratando de ocultar las armas de uso comercial y prohibido que portaban; circunstancias a partir de la cuales se colige objetivamente que la intencionalidad de los acusados no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar las armas de fuego prohibidas y de uso comercial, con la finalidad de que ésta procediera a su registro y/o destrucción respectivamente. Por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332 literales A y B del Código Penal, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales seleccionados. No cabe duda entonces que los acusados son responsables penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego prohibida y de un delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, pues portaban al momento de suscitarse los hechos, un fusil marca Colt, modelo AR 15, calibre 223, con serie número BX988440, con un cargador metálico color verde, un fusil marca Colt, AR-15, calibre 223, con serie numero SP881008, con un cargador metálico color gris, una pistola marca Tanfolio, modelo MAPP-1, calibre 9mm, con serie no visible, con un cargado metálico pavón color negro, una pistola marca Tanfolio, modelo Force, calibre 9 mm, con número de serie AB81705, con su respectivo cargador de metal largo, un fusil de fabricación soviética, modelo ak-47, calibre 7.62 x 39 mm, con número de serie 1960, con su respectivo cargador, 18 cartuchos sin percutir calibre 9 mm y 16 cartuchos sin percutir calibre 5.56 mm/.223, dos chalecos color negro tipo policial y tres radios de comunicación color naranja y negro marca Cobra; ello sin contar con el permiso de la autoridad competente; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo instrumentos altamente destructivos y aptos para herir o incluso matar, han estado en posesión de los acusados al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento de los procesados merezca el reproche penal previsto en el artículo 332 literales A y B del Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 191-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolver a los señores Mauricio Alberto Aguilar Barahona, José Francisco Centeno Serrano, Wilfredo Galeas Castillo, Bryan Gerardo Zambrano Rosales y Anthony Gabriel Portillo Turcios, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenar a los señores Mauricio Alberto Aguilar Barahona, José Francisco Centeno Serrano, Wilfredo Galeas Castillo, Bryan Gerardo Zambrano Rosales y Anthony Gabriel Portillo Turcios, como autores del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena principal de nueve años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Condenar a los señores Mauricio Alberto Aguilar Barahona, José Francisco Centeno Serrano, Wilfredo Galeas Castillo, Bryan Gerardo Zambrano Rosales y Anthony Gabriel Portillo Turcios, como autores del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de cuatro años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, las que deben cumplir una en pos de la otra. Cuarto: Se declara la responsabilidad civil de los señores Mauricio Alberto Aguilar Barahona, José Francisco Centeno Serrano, Wilfredo Galeas Castillo, Bryan Gerardo Zambrano Rosales y Anthony Gabriel Portillo Turcios. Quinto: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: Se declara el comiso de las siguientes armas de fuego y otros objetos: un fusil marca Colt, modelo AR 15, calibre 223, con serie número BX988440, con un cargador metálico color verde, un fusil marca Colt, AR-15, calibre 223, con serie numero SP881008, con un cargador metálico color gris, una pistola marca Tanfolio, modelo MAPP-1, calibre 9mm, con serie no visible, con un cargado metálico pavón color negro, una pistola marca Tanfolio, modelo Force, calibre 9 mm, con número de serie AB81705, con su respectivo cargador de metal largo, un fusil de fabricación soviética, modelo ak-47, calibre 7.62 x 39 mm, con número de serie 1960, con su respectivo cargador, 18 cartuchos sin percutir calibre 9 mm y 16 cartuchos sin percutir calibre 5.56 mm/.223, dos chalecos color negro tipo policial y tres radios de comunicación color naranja y negro marca Cobra. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado Christian Fajardo Hernández. Son partes en única instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García y Alba Regina Paniagua Pacheco, defensores públicos de los señores Mauricio Alberto Aguilar Barahona, José Francisco Centeno Serrano, Wilfredo Galeas Castillo, Bryan Gerardo Zambrano Rosales y Anthony Gabriel Portillo Turcios; como recurrentes; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. Hechos Probados de la Instancia “Habiendo valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal, por unanimidad de votos declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El día tres (03) de febrero del año dos mil quince (2015), a eso de las once de la mañana, la Unidad de Comunicaciones de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal, recibió una llamada telefónica anónima denunciando que en unos de los pasajes de la Colonia La Unión de esta ciudad se encontraban varios individuos fuertemente armados. De inmediato se formaron dos equipos conformados por policías Cobras, preventivos, de investigación y se desplazaron a la colonia indicada. Al llegar e ingresar al segundo pasaje, 33 calle, observaron a MAURICIO ALBERTO AGUILAR BARAHONA, JOSE FRANCISCO CENTENO SERRANO, WILFREDO GALEAS CASTILLO, BRYAN GERARDO ZAMBRANO ROSALES y ANTHONY GABRIEL PORTILLO TURCIOS quienes portaban armas de fuego. Al percatarse de la presencia de la policía, corrieron e ingresaron a dos viviendas cercanas que se ubicaban una frente a la otra, siendo perseguidos por la policía quienes también ingresaron a las casas tras ellos. En una de las casas, de una sola planta construida de material selecto de bloque, sin pintar, se encontraban JOSE FRANCISCO CENTENO SERRANO, WILFREDO GALEAS CASTILLO, BRYAN GERARDO ZAMBRANO ROSALES, ANTHONY GABRIEL PORTILLO TURCIOS y dos mujeres jóvenes, al practicar un registro a la vivienda formada por tres habitaciones, se encontró sobre una cama, una pistola marca Tanfolio, modelo Force, calibre 9mm, con número de serie AB81705, con su respectivo cargador de metal largo conteniendo 14 proyectiles sin percutir, con mecanismo de acción semi automático. En medio de Tos colchones de -la cama se encontró un fusil de fabricación soviética, modelo AK-47, calibre 7.62 X 39 mm, con número de serie 1960, con su respectivo cargador de metal largo conteniendo 28 proyectiles, con mecanismo de acción semi automático y automático, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. Un radio de comunicación anaranjado con negro, marca Water poof cobra, 34 proyectiles sin percutir para arma corta y larga, tirados en el piso se encontraron dos chalecos antibalas color negro tipo policial. En la segunda casa de dos niveles, con número 601, pintada de verde fueron encontrados en la segunda planta los señores MAURICIO ALBERTO AGUILAR BARAHONA, otro individuo y dos menores de edad, encontrando en un cubículo un fusil marca Colt, modelo AR 15, calibre 223, con serie número BX988440, con un cargador metálico conteniendo 21 proyectiles sin percutir, un fusil marca Colt, AR-15, calibre 223, con serie número SP881008, con un cargador metálico conteniendo 23 cartuchos sin percutir, con mecanismo de acción semi automático, una pistola marca Tanfolio, modelo MAPP-1, calibre 9 mm, con serie no visible, con un cargador metálico conteniendo 10 cartuchos sin percutir, con mecanismo de acción semi automático. Todas las armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. En medio de los colchones de una cama se encontraron una granada fragmentaria de mano FMK-2 de fabricación argentina, de uso militar y una granada de humo M-34 de fabricación norteamericana, utilizada como medios de señalización, indicación de objetivo, marcaje de zona de aterrizaje o como pantalla para cubrir los movimientos de la unidades militares, un chalecos antibalas color negro con dos placas metálicas forradas con tela y un forro de chaleco antibalas color negro, tres radios de comunicación color anaranjado y gris de la marca Nokia, Motorola y Asumi.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Christian Fajardo Hernández, en su condición de defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por Falta de aplicación del Artículo 2 párrafo 2 del Decreto N. 184-2013, emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y Articulo 1 del Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014, y Articulo 1 del Decreto N°. 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, relacionado con artículo 96 y 221 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. Los Preceptos Penales sustantivos que se invocan como infringidos por violación o falta de aplicación prescriben lo siguiente: Artículo 2 Párrafo 2, del Decreto N. 184-20 13: “Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por el termino de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva de dicha lectura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este termino de un año, las personas que tengan en el poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha Institución”. Artículo 1 del Decreto N. 63-2014: “Prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el Decreto N°. 184-2013, de fecha 1 de septiembre de 2013, el cual establece un periodo de veda por un (1) año para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro, por un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del decreto referido”. Artículo 1 del Decreto N°. 60-2015: “Prorrogar a partir de la fecha de vencimiento del Decreto N° 63-2014 de fecha 19 de Agosto de 2014, la vigencia por un periodo hasta el 31 de Diciembre de 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, al realizar los trámites correspondientes para dicho registro. Toda arma corta o larga, que cuente con el permiso balístico correspondiente puede ser traspasada y matriculada de un propietario a otro”. Articulo 96. “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia c penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Articulo 221. “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el diario oficial La Gaceta, podrá sin embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este articulo y ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación”. Artículos que ha infringido el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establecen estas disposiciones, además un delito no puede castigarse más que con la pena que estuviera prevista por la ley al tiempo de su comisión. Estos principios se asientan en la función garantista de los derechos fundamentales del principio de legalidad en general, por las razones siguientes: El Juzgador en referencia declaró como hecho probado el siguiente: “UNICO: El día tres (3) de febrero del año dos mil quince (2015) a eso de las once de la mañana, la unidad de comunicaciones de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal, recibió una llamada telefónica anónima denunciando que en uno de los pasajes de la colonia La Unión de esta ciudad se encontraban varios individuos fuertemente armados. De inmediato se formaron dos equipos formados por policías cobras, preventivos, de investigación y se desplazaron a la colonia indicada. Al llegar e ingresar al segundo pasaje, 33 calle, observaron a MAURICIO ALBERTO AGUILAR BARAHONA, JOSE FRANCISCO CENTENO SERRANO, WILFREDO GALEAS CASTILLO, BRYAN GERARDO ZAMBRANO ROSALES Y ANTHONY GABRIEL PORTILLO TURCIOS, quienes portaban armas de fuego. Al percatarse de la presencia de la policía, corrieron e ingresaron a dos viviendas cercanas que se ubicaban una frente a la otra, siendo perseguidos por la policía quienes también ingresaron a las casas tras ellos. En una de las casas de una sola planta construida de material selecto de bloque sin pintar, se encontraban JOSE FRANCISCO CENTENO SERRANO, WILFREDO GALEAS CASTILLO, BRYAN GERARDO ZAMBRANO ROSALES, ANTHONY GABRIEL PORTILLO TURCIOS y dos mujeres jóvenes, al practicar un registro a la vivienda formada por tres habitaciones, se encontró sobre una cama, una pistola marca tanfolio, modelo forcé, calibre 9mm con número de serie AB8 1705, con su respectivo cargador de metal largo conteniendo 14 proyectiles sin percutir, con mecanismo de acción semiautomático. En medio de los colchones de la cama se encontró un fusil de fabricación soviética, modelo AK47, calibre 7.62 X 39mm, con número de serie 1960, con su respectivo cargador de metal largo conteniendo 28 proyectiles, con mecanismo de acción semiautomático y automático, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. Un radio de comunicación anaranjado con negro, marca Water poof cobra, 34 proyectiles sin percutir para arma corta y larga, tirados en el piso se encontraron dos chalecos color negro tipo policial. En la segunda casa de dos niveles con numero 601, pintada de verde fueron encontrados en la segunda planta los señores MAURICIO ALBERTO AGUILAR BARAHONA, otro individuo y dos menores de edad, encontrando en un cubículo un fusil marca colt, modelo AR 15, calibre 223, con serie numeroBX98844O, con un cargador metálico conteniendo 21 proyectiles sin percutir, un fusil marca colt Ar-15, calibre 223, con serie numero SP88 1008, con un cargador metálico conteniendo 23 cartuchos sin percutir, con mecanismo de acción sami automático, una pistola mara tanfolio, modelo MAPP-1, calibre 9mm, con serie no visible, con un cargador metálico conteniendo 10 cartuchos sin percutir, con mecanismos de acción semiautomático. Todas las armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. En medio de los colchones de una cama se encontraron una granada fragmentaria de mano FMK-2 de fabricación argentina, de uso militar y una granada de humo M-34 de fabricación norteamericana, utilizada como medios de señalización, indicación de objetivo, marcaje de zona de aterrizaje o como pantalla para cubrir los movimientos de las unidades militares, un chaleco antibalas color negro con dos placas metálicas forrados con tela y un forro de chaleco antibalas color negro, tres radios de comunicación color anaranjado y gris de la marca nokia, Motorola y asumí”. Esta declaración de hechos probados consignados por el Tribunal de sentencia, aparece como verdad incuestionable, que agentes de investigación realizaron un operativo en los pasajes , 33 Calle de la colonia La Unión el día tres de febrero del año dos mil quince, encontraron a MAURICIO ALBERTO AGUILAR BARAHONA, JOSE FRANCISCO CENTENO SERRANO, WILFREDO GALEAS CASTILLO, BRYAN GERARDO ZAMBRANOÑ ROSALES Y ANTHONY GABREL PORTILLO TURCIOS, que portaban armas de fuego, encontrándoles una pistola marca tanfolio, modelo forcé, calibre 9mm con número de serie AB81705, con su respectivo cargador de metal largo conteniendo 14 proyectiles sin percutir, con mecanismo de acción semiautomático. En medio de los colchones de la cama se encontró un fusil de fabricación soviética, modelo AK47, calibre 7.62 X 39mm, con número de serie 1960, con su respectivo cargador de metal largo conteniendo 28 proyectiles, con mecanismo de acción semiautomático y automático, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. Un radio de comunicación anaranjado con negro, marca Water poof cobra, 34 proyectiles sin percutir para arma corta y larga, tirados en el piso se encontraron dos chalecos color negro tipo policial. En la segunda casa de dos niveles con numero 601, pintada de verde fueron encontrados en la segunda planta los señores MAURICIO ALBERTO AGUILAR BARAHONA, otro individuo y dos menores de edad, encontrando en un cubículo un fusil marca colt, modelo AR 15, calibre 223, con serie numeroBX98844O, con un cargador metálico conteniendo 21 proyectiles sin percutir, un fusil marca colt Ar-15, calibre 223, con serie numero SP88 1008, con un cargador metálico conteniendo 23 cartuchos sin percutir, con mecanismo de acción sami automático, una pistola mara tanfolio, modelo MAPP- 1, calibre 9mm, con serie no visible, con un cargador metálico conteniendo 10 cartuchos sin percutir, con mecanismos de acción semiautomático. Todas las armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. En medio de los colchones de una cama se encontraron una granada fragmentaria de mano FMK-2 de fabricación argentina, de uso militar y una granada de humo M-34 de fabricación norteamericana, utilizada como medios de señalización, indicación de objetivo, marcaje de zona de aterrizaje o como pantalla para cubrir los movimientos de las unidades militares, un chaleco antibalas color negro con dos placas metálicas forrados con tela y un forro de chaleco antibalas color negro, tres radios de comunicación color anaranjado y gris de la marca nokia, Motorola y asumí”. De estos puntos es que resulta claramente identificada la infracción por violación a los artículos 2 Párrafo 2 del Decreto N. 184-2013, emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y Articulo 1 del Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014, y Articulo 1 del Decreto N°. 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, citado en relación con artículo 96 y 221 de la Constitución de la República, si se entiende que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la infracción por violación es la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución de la cuestión debatida, es decir se produce cuando el Juez pasa por alto la existencia de una norma legal reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia. Pues resulta claro que al entrar en vigencia el Artículo 2 del Decreto Legislativo N. 184-2013 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 5 de octubre del 2013 y que este fuera prorrogado según Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014 y Articulo 1 del Decreto N°. 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, y que manifiesta: “Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por el termino de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva de dicha lectura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Y que las personas que tengan en poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha Institución.” Para que este precepto tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras para que una persona sorprendida en dichos ilícitos pueda ampararse en esta disposición para que no le sea aplicado el articulo 332- literal A y B del Código Penal, es necesario que al momento de haberse producido la Portación Ilegal de Arma de fuego Comercial y la Portación Ilegal de arma de fuego prohibida, se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo. Analizando los mencionados decretos en el caso que nos ocupa se trata de una disposición temporal vigente, y por lo tanto debió aplicarse a mis representados de manera retroactiva en fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, y en base a que La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el diario oficial La Gaceta, en consecuencia debió aplicársele la norma prescrita en el articulo párrafo dos del decreto indicado, por cuanto que a esa nueva ley (Decreto) es de materia penal y favorece desde luego a mis poderdantes, ya que en fecha tres de febrero del año dos mil quince en que sucedieron los hechos , al dictar la sentencia en fecha 17 de enero del año dos mil diecisiete, ya no se encontraba vigente el Decreto contentivo de la Prorroga. por lo tanto se les debió aplicar la retroactividad de la ley o sea que para que una persona sorprendida en posesión ilegal de armas prohibidas o comerciales, pueda ampararse en esta disposición, para que no le sea aplicado el articulo 332-A y B del Código Penal, es necesario que al momento de producirse los ilícitos se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo para que puedan hacer entrega de las armas consideradas de uso ilegal o proceder con la documentación respectiva a realizar los trámites correspondientes de registro, a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha Institución, está en relación a la Portación Ilegal de Arma de fuego Prohibida y Arma Comercial, que justamente es lo que se puede interpretar en este caso, y así se afirma que el sentenciador al haber condenado a mis patrocinados, ha producido en consecuencia la infracción de los Preceptos Penales sustantivos que se invocan. INTERPRETACION PRETENDIDA. Partiendo de la declaración de los hechos probados, consideramos que la Infracción de falta de aplicación del Articulo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013, emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y Articulo 1 del Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014, y Articulo 1 del Decreto N°.60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, relacionado con artículo 96 y 221 de la Constitución de la República, se pretende que se admita y se declare con lugar el presente Recurso, case la sentencia recurrida y proceda a revocarla dictando una nueva, absolviendo a mi representados de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida y a la Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recuso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa pública. Único motivo. *Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: decreto legislativo Nº 184-2013, publicado el 5 de octubre de 2013; decreto legislativo Nº 63-2014, publicado el 6 de noviembre de 2014; y decreto legislativo 60-2015 publicado el 8 de septiembre de 2015. Todos relacionados con los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República *Concepto de la Infracción: falta de aplicación; y, *Pretensión: resolver conforme a derecho. Expresa el censor del fallo que a partir del análisis del hecho probado de la sentencia claramente se identifica la infracción de ley por falta de aplicación del artículo 2 párrafo 2 del decreto legislativo Nº 184-2013, publicado en fecha 5 de octubre del 2013; del artículo 1 del decreto legislativo Nº 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014; y, del artículo 1 del decreto legislativo Nº 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, citados en relación con los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República. Continúa manifestando que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la infracción por la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución de la cuestión debatida, se produce cuando el juez pasa por alto la existencia de una norma legal reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia. Así pues, le resulta claro que al entrar en vigencia dichos preceptos que establecen por el término de un año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de La Armería, proceda con la documentación respectiva, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; y que las personas que tengan en poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha institución. Y que para que este precepto tenga aplicación en el caso de autos, resulta necesario -en principio- que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras para que una persona sorprendida en dichos ilícitos pueda ampararse en esta disposición para que no le sea aplicado el articulo 332- literales A y B del Código Penal, es necesario que al momento de haberse producido la Portación Ilegal de Arma de fuego Comercial y la Portación Ilegal de arma de fuego prohibida, se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo. Concluye, en definitiva, que al analizar los mencionados decretos en relación con el caso que nos ocupa, se trata de una disposición temporal vigente y por lo tanto debió aplicarse. Del principio de retroactividad de la ley penal La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82). Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de éstas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficien al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudiquen, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160). En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El censor del fallo denuncia la infracción de ley por falta de aplicación del artículo 2 párrafo 2 del decreto legislativo Nº 184-2013, publicado en fecha 5 de octubre del 2013; del artículo 1 del decreto legislativo Nº 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014; y, del artículo 1 del decreto legislativo Nº 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, citados con relación a los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que el día tres de febrero del año dos mil quince, a eso de las once de la mañana, la Unidad de Comunicaciones de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal, recibió una llamada telefónica anónima denunciando que en unos de los pasajes de la Colonia La Unión de esta ciudad se encontraban varios individuos fuertemente armados. De inmediato se formaron dos equipos conformados por policías Cobras, preventivos, de investigación y se desplazaron a la colonia indicada. Al llegar e ingresar al segundo pasaje, 33 calle, observaron a Mauricio Alberto Aguilar Barahona, José Francisco Centeno Serrano, Wilfredo Galeas Castillo, Bryan Gerardo Zambrano Rosales y Anthony Gabriel Portillo Turcios, quienes portaban armas de fuego. Al percatarse de la presencia de la policía, corrieron e ingresaron a dos viviendas cercanas que se ubicaban una frente a la otra, siendo perseguidos por la policía quienes también ingresaron a las casas tras ellos. En una de las casas, de una sola planta construida de material selecto de bloque, sin pintar, se encontraban José Francisco Centeno Serrano, Wilfredo Galeas Castillo, Bryan Gerardo Zambrano Rosales, Anthony Gabriel Portillo Turcios y dos mujeres jóvenes, al practicar un registro a la vivienda formada por tres habitaciones, se encontró sobre una cama, una pistola marca Tanfolio, modelo Force, calibre 9mm, con número de serie AB81705, con su respectivo cargador de metal largo conteniendo 14 proyectiles sin percutir, con mecanismo de acción semi automático. En medio de los colchones de la cama se encontró un fusil de fabricación soviética, modelo AK-47, calibre 7.62 X 39 mm, con número de serie 1960, con su respectivo cargador de metal largo conteniendo 28 proyectiles, con mecanismo de acción semi automático y automático, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. Un radio de comunicación anaranjado con negro, marca Water proof cobra, 34 proyectiles sin percutir para arma corta y larga, tirados en el piso se encontraron dos chalecos antibalas color negro tipo policial. En la segunda casa de dos niveles, con número 601, pintada de verde fueron encontrados en la segunda planta los señores Mauricio Alberto Aguilar Barahona, otro individuo y dos menores de edad, encontrando en un cubículo un fusil marca Colt, modelo AR 15, calibre 223, con serie número BX988440, con un cargador metálico conteniendo 21 proyectiles sin percutir, un fusil marca Colt, AR-15, calibre 223, con serie número SP881008, con un cargador metálico conteniendo 23 cartuchos sin percutir, con mecanismo de acción semi automático, una pistola marca Tanfolio, modelo MAPP-1, calibre 9 mm, con serie no visible, con un cargador metálico conteniendo 10 cartuchos sin percutir, con mecanismo de acción semi automático. Todas las armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. En medio de los colchones de una cama se encontraron una granada fragmentaria de mano FMK-2 de fabricación argentina, de uso militar y una granada de humo M-34 de fabricación norteamericana, utilizada como medios de señalización, indicación de objetivo, marcaje de zona de aterrizaje o como pantalla para cubrir los movimientos de la unidades militares, un chalecos antibalas color negro con dos placas metálicas forradas con tela y un forro de chaleco antibalas color negro, tres radios de comunicación color anaranjado y gris de la marca Nokia, Motorola y Asumi. Por este hecho, los acusados antes mencionados fueron condenados por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido y portación ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, a la pena de nueve y cuatro años de reclusión respectivamente, más las penas accesorias correspondientes de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil. Sucede que, para la fecha del hecho objeto de juzgamiento, el tres de febrero de dos mil quince, se encontraba en vigencia el decreto legislativo número 63-2014, el cual prorroga la vigencia del decreto legislativo número 184-2013, por un periodo de seis meses a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. El término de prorroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el Decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, y venció el 06 de abril de 2015, quedando en suspenso -pero no derogando- la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y algunos de los verbos rectores del delito contenido en el artículo 332-B del Código Penal, quedando excluido, por tanto, las conductas (punibles) relacionadas con las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de su prórroga es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que las personas que portaban un arma de fuego comercial sin autorización o un arma de fuego de uso prohibido durante el tiempo de la veda tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar o entregar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que los acusados fueron capturados en la colonia La Unión, al intentar huir de la autoridad policial y tratando de ocultar las armas de uso comercial y prohibido que portaban; circunstancias a partir de la cuales se colige objetivamente que la intencionalidad de los acusados no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar las armas de fuego prohibidas y de uso comercial, con la finalidad de que ésta procediera a su registro y/o destrucción respectivamente. Por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332 literales A y B del Código Penal, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales seleccionados. No cabe duda entonces que los acusados son responsables penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego prohibida y de un delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, pues portaban al momento de suscitarse los hechos, un fusil marca Colt, modelo AR 15, calibre 223, con serie número BX988440, con un cargador metálico color verde, un fusil marca Colt, AR-15, calibre 223, con serie numero SP881008, con un cargador metálico color gris, una pistola marca Tanfolio, modelo MAPP-1, calibre 9mm, con serie no visible, con un cargado metálico pavón color negro, una pistola marca Tanfolio, modelo Force, calibre 9 mm, con número de serie AB81705, con su respectivo cargador de metal largo, un fusil de fabricación soviética, modelo ak-47, calibre 7.62 x 39 mm, con número de serie 1960, con su respectivo cargador, 18 cartuchos sin percutir calibre 9 mm y 16 cartuchos sin percutir calibre 5.56 mm/.223, dos chalecos color negro tipo policial y tres radios de comunicación color naranja y negro marca Cobra; ello sin contar con el permiso de la autoridad competente; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo instrumentos altamente destructivos y aptos para herir o incluso matar, han estado en posesión de los acusados al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento de los procesados merezca el reproche penal previsto en el artículo 332 literales A y B del Código Penal. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la defensa pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Christian Fajardo Hernández, en su condición de defensor público de los señores Mauricio Alberto Aguilar Barahona, José Francisco Centeno Serrano, Wilfredo Galeas Castillo, Bryan Gerardo Zambrano Rosales y Anthony Gabriel Portillo Turcios; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-191-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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