Sentencia CP-19-19 — Registro 11445
Resumen
En primera instancia se absuelve al acusado del delito de estafa, se declara sin lugar el recurso interpuesto por los recurrentes.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal no identifica infracción al principio lógico de derivación, como postulado de razón suficiente, denunciado por el censor; el cual consistiría en señalar que, de los elementos de prueba descritos y analizados, no pueden derivarse las conclusiones que determinaron los juzgadores. En el caso de merito, la censora del fallo hace un mal planteamiento, en lugar de señalar los razonamientos esenciales a los que a su criterio erróneamente llegó el Tribunal de instancia luego de valorar la prueba, hace la suya propia mediante la cual concluye que no procede dictar una sentencia absolutoria por el delito de estafa, que a su criterio existió por considerar que las pruebas son conducentes a establecer el tipo penal en mención; lo anterior se desborda de la finalidad que persigue esté motivo en estudio. Transcribe casi de manera literal el Informe de Evaluación Técnica de Residencial París, elaborado por Comisiones de Trabajo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), y luego concluye que el Tribunal faltando a todas las reglas de la sana crítica, contradice los resultados de dicho informe. Es decir, la censora del fallo no especifica qué regla de la sana crítica es la que ha vulnerado el sentenciador al valorar dicho informe. Las imprecisiones señaladas vedan la posibilidad de respuesta de fondo por parte de esta Sala de lo Penal; se reitera, que no se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en una garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el tribunal de casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso interpuesto. No atender tal falta de claridad, pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, lo cual está vedado por el artículo 350 del Código Procesal Penal, siendo entonces lo consecuente declarar no ha lugar el motivo interpuesto.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. La censora del fallo citando como concepto de infracción la violación al debido proceso, cuestiona que la sentencia absolutoria fue emitida no el 7 de septiembre de 2017 como se manifiesta incorrectamente, sino que fue hasta el 17 de septiembre de 2018, incumpliendo con el plazo señalado en el artículo 340 del Código Procesal Penal. En atención a lo anterior, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que el conocimiento de los recursos de casación a resolver por esta Sala de lo Penal, queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios; como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por esta alzada porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional. Es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación conforme al principio iuria novit curia. En el presente caso, la censora del fallo hace un lacónico planteamiento del recurso de casación por infracción de precepto constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de no explicar suficientemente las razones por las cuales a su parecer se violentó el debido proceso. Debe tenerse presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el Tribunal de Justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de dar respuesta de fondo el lacónico planteamiento ha sido infructuoso, pues es huérfano de sentido, debiendo declararse no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle por excusa justificada de la magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 19-2019 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor Rubén Cuellar Santos, del delito de estafa, en perjuicio de Marlon Gonzalo Medina Castillo, Lidia María Casco Cruz, Javier Aníbal Zelaya Ochoa y Wendy Rosella Domínguez Valdez, por el cual fue acusado. Segundo: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Anabelly Suyapa Medina Moncada, en su condición de acusadora privada. Son partes en única instancia: la Abogada Anabelly Suyapa Medina Moncada, en su condición de apoderada privada de los señores Marlon Gonzalo Medina Castillo, Lidia María Casco Cruz, Javier Aníbal Zelaya Ochoa y Wendy Rosella Domínguez Valdez. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Analizados y valorados los distintos medios probatorios utilizados por las partes procésales durante la audiencia de debate, este Tribunal declara probado lo siguiente: Primero: En fecha 16 de diciembre del año 2009, el Señor Rubén Cuellar Santos, en su condición de Representante Legal, de la Sociedad Mercantil denominada R. Cuellar y Sucesores S, A. de C. V., presento solicitud de aprobación del anteproyecto urbanístico Residencial Paris, conocido como La Mesita, a inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), según expediente No. 35192008, identificado con la Clave Catastral No. 21-0088-001, por lo que la Junta de Análisis Técnico de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emitió la Resolución No. JAT-2-2009 aprobando a favor de la Sociedad R. Cuellar y Sucesores el Anteproyecto Urbanístico denominado Residencial Paris. Segundo: En fecha 11 de octubre del año 2010, Rubén Cuellar Santos en representación de R. Cuellar y Sucesores S. A. de C. V., vende el Lote No. 6, del Bloque E, de Residencial Paris, con un valor de cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta lempiras (Lps. 489,450.00) y con una extensión 175 metros que equivalen a 251 varas cuadradas, a la señora Ligia María Casco Cruz, mediante Escritura Pública No. 42.Tercero: Asimismo vendió en fecha 28 de octubre del año 2010, el Lote No, 7, del Bloque E, de Residencial Paris, con un valor de cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta lempiras (Lps. 489,450.00) y con una extensión de 175 metros que equivalen a 251 varas cuadradas, al señor Javier Aníbal Zelaya Ochoa, mediante Instrumento Público No. 96.Cuarto: En fecha 21 de junio del año 2012, también le fue vendido el Lote No. 9, del bloque E, de Residencial Paris, con un valor de cuatrocientos catorce mil novecientos cincuenta lempiras (Lps. 414,950.00) y con una extensión de 175 metros que equivalen a 251 varas cuadradas, al señor Marlon Gonzalo Medina Castillo mediante Instrumento Público No. 49. Estableciéndose en cada una de las Escritura Públicas ya mencionados la cláusula de Salva Guarda mediante el cual el Vendedor se compromete al saneamiento de esta venta con arreglo a derecho para el caso de evicción. Con las ventas de lotes anteriormente realizadas R. Cuellar y Sucesores contravino la disposición No. 20 de la Resolución JAT-2-2009, haciéndose acreedor de una sanción administrativa según el Plan de Arbitrios Vigente en las fechas de la venta. Quinto: Posteriormente de manera individual los compradores se avocaron a la Alcaldía Municipal a realizar los trámites a efecto de que se les extendiera los permisos de construcción, los cuales fueron autorizados por esta, sin que la Alcaldía a través de la Gerencia de Control de la Construcción le dieran seguimiento al desarrollo Urbanístico de Residencial Paris, con lo cual los compradores dieron inicio al desarrollo de sus viviendas, resultando que tiempo después las viviendas presentaban, grietas y fisuras en paredes, problemas de humedad en el suelo, poca capacidad soportante del terreno, asentamiento en el suelo, haciendo inhabitables las viviendas de los Lotes No. 6, 7 y 9 del Bloque E de Residencial Paris.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogada Anabelly Suyapa Medina Castillo, defensora privada, procedió a formalizar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los siguientes vicios: 1) 2) 3) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Previo a explicar nuestro motivo, conviene aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de prueba conforme a las reglas de la sana crítica así: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el Código Procesal Penal, es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A-quo.- Debe de mantener una relación clara, precisay circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la aplicación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva.- En ese apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además porque un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Según el artículo 202 del Código Procesal Penal, el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración le permite al juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por este vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba y que se convierte en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados. El Honorable Tribunal de Sentencia incurrió en graves quebrantos a la regla de la sana crítica, específicamente a los principios de razón suficiente, derivación y causalidad. Al observar el recurrente que los jueces absuelven sin razón al querellado por extraer en exceso conclusiones que por sí misma la prueba no le permite extraer, y descalificándola sin razón para hacerlo. PRIMERO: Siendo así resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de mostrar que ha seguido los principios lógicos a los que está obligado el Juzgador, en vista que, en el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal y de manera específica lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; transgrediendo la regla de la Razón Suficiente en su elemento de la Derivación en su característica de Suficiencia, en la manera que a continuación desarrollo: Para el Juzgador la prueba aportada al debate fue insuficiente para demostrar las acciones realizadas por el acusado, el grado de participación que éste tuvo en los hechos, a pesar de existir dos informes de instituciones estatales que establecen la mala calidad de la compactación de suelos realizada por el querellado a efectos de poder vender unos lotes que no tenían las condiciones para poder construir en ellos (Medio de Prueba No. 7 Parte querellante, Informe de Resultado de Perforación del Departamento de Geotecnia de la entonces llamada Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda sobre Residencial París), que es un documento auténtico, pero que para el Tribunal "no merece valor probatorio, ya que las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia le indican al Tribunal que no se puede comprar un bien mueble o inmueble, sin que reúna las características básicas de lícito comercio, y se demostró que la lotificadora tenía sus papeles en regla, de lo contrario las instituciones bancarias no otorgarían préstamos, los que previo a su aceptación realizan análisis de factibilidad", lo cual NO es un razonamiento lógico debido a que lo que dice el informe es que los lotes vendidos por el querellado no fueron debidamente compactados ni rellenados como lo indican las normas del caso, no se refieren a préstamos no otros asuntos financieros, ilógico, ¿cómo pasó de una mala compactación de suelo, realizada en forma ilegal y contra toda prescripción a los análisis de factibilidad de instituciones bancarias?.; Además hace una incorrecta valoración probatoria ya que no es lo mismo tener documentos de propiedad de un inmueble "en regla", que tener un permiso para la construcción de un proyecto, el querellado únicamente tenía el permiso del "anteproyecto" que expresamente le prohibía la venta de lotes y sin embargo lo hizo, lesionando bienes protegidos de las víctimas. Motivaciones Insuficientes o Contradictorias: El Tribunal A Quo le resta valor probatorio al medio de prueba número 8.- Informe Evaluación Técnica Residencial Paris elaborado por Comisiones de Trabajo Ad-Hoc del SINAGER (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos) realizado en Tegucigalpa, M.D.C., en el mes de junio del año 2015. En la descripción que hace de este medio de prueba no incluye lo toral de dicho medio que sí fue acreditado enjuicio que obra en el expediente desde el FOLIO 148 — 251 y que de la página 14 a la página 20 del mismo se encuentra lo siguiente: INFORME NARRATIVO LEGAL En atención a la convocatoria del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER presidido por COPECO, y en el marco de las acciones conjuntas que se están realizando en varios temas de Gestión de Riesgos en el Distrito Central, se solicitó información referente al proyecto Residencial Paris, tanto de la Gerencia de Control de la Construcción como la Gerencia de Prevención y Mitigación, se informa lo siguiente: 1.Mediante Expediente 3519-2008 la Empresa R. CUELLAR & SUCESORES, S.A. DEC.V. solicitó a la Alcaldía Municipal, la aprobación del anteproyecto Urbanístico Residencial Paris, siendo aprobado en fecha 18 de marzo del 2009, bajo Resolución JAT-2-2009 con una vigencia de dos años para darle tiempo a la Empresa a cumplir los veinte (20) requisitos exigidos en dicha resolución. Se hizo mención a lo descrito en el Artículo 104 de las Normas Transitorias de Actualización de la Zonificación y Normas de Fraccionamiento, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central que establece que la aprobación del anteproyecto NO autoriza a sus desarrolladores la venta de los lotes, el inicio de obras civiles y la publicación de avisos por los medios de comunicación, por lo cual en el mismo se da la advertencia respectiva. 2. Posteriormente se solicitó permiso de Obras Complementarias, para la construcción de un Muro de Estabilización de Taludes y Movimiento de Tierra; aprobándose mediante de Licencia de Obra N°559-2009, emitida en fecha 24 de marzo del 2009. Dicha licencia fue condicionada a respetar el derecho de cauce del Rio San José, establecido de 50.00 metros en ambos lados del centro del cauce, según consta en acuerdo del consejo Metropolitano no. 554 de fecha 05 de enero de 1977. 3. En fecha 08 de Diciembre del 2009, la empresa R. Cuellar y Sucesores S.A. de C.V. ingresan expediente solicitando la aprobación del Proyecto Final de la Urbanización denominada "Residencial Paris", generándose el expediente No. 3246-2009 el cual queda retenido por no contar con todos los requisitos solicitados y por el incumplimiento a lo autorizado bajo Licencia de Obra N° 559-2009.4. En el año 2010 se realizaron inspecciones de campo por parte de esta Gerencia, verificando que la empresa R. CUELLAR Y SUCESORES S.A. DE C.V. no había dado cumplimiento con las condiciones establecidas en la Licencia de Obra N° 559-2009, a continuación se detalla la cronología de eventos y acciones tomadas en esa fecha: a. El día 14 de enero del 2010, en inspección de campo rutinaria, se detectó que la construcción del muro de estabilización de taludes no respetaba el retiro de 50.00 m del cauce del Rio San José y se habían producido deslizamientos de tierra, depositándose desechos de material en el rio. b. En fecha 28 de enero de 2010 se elabora el primer reporte de paralización por las causas anteriormente mencionadas. En fecha 02 de febrero de 2010 se realizó la primera paralización a dicho proyecto, por parte del Juzgado Municipal de Justicia. c. En fecha 17 de febrero del 2010 se realizó una segunda inspección del sitio, para constatar la paralización del proyecto, verificando que los trabajos de construcción de muro y movimientos de tierra no fueron interrumpidos por parte de la empresa R: CUELLAR Y SUCESORES S.A. DE C.V., por lo que se realizó reporte de paralización, donde compareció el señor Jesús Donaldo Rubí Duarte, como responsable del proyecto.d. En vista que la Empresa R. CUELLAR Y SUCESORES S.A. DE C.V. hizo caso omiso a las paralizaciones antes indicadas, en fecha 16 de marzo de 2010, se remitió a la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Publico el expediente en mención, luego de agotarse el proceso administrativo realizado en la GCC. En fecha 22 de marzo de 2010 se remitió a la Fiscalía del Medio Ambiente, del Ministerio Público el expediente en mención. 5. El Ministerio Publico, a través de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, emite Certificación el 16 de diciembre de 2010 la cual expresa lo siguiente: referente a las diligencias de investigación contenidas en el expediente interno No 0801-2010-05146 interpuesta contra el Sr. Luis Felipe Lozano Herrera en su condición de Presidente del Consejo Administrativo y Gerente General de la Empresa Inmobiliaria Su Casa S.A. de C.V. (Desarrollador del Proyecto Residencial Paris) por suponerlo responsable del delito de daños agravados, todo en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS. En fecha 18 de mayo el denunciado solicitó que se le aplicara la medida alterna de un criterio de oportunidad en la que se compromete a la reparación del daño ambiental. Que habiéndose aplicado el criterio de oportunidad en sede, administrativa (el Ministerio Público), a favor del Representante Legal de la Empresa Mercantil Inmobiliaria Su Casa S.A. de C.V. el Señor Luis Felipe Lozano Herrera habiendo cumplido con el Acta de Compromiso adquirido en esta Fiscalía por el daño causado, esta Fiscalía en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 30 del Código Procesal Penal es del criterio que se proceda al archivo administrativo del caso y Resuelve tener por desestimada la denuncia No 0801-2010-05146 por haberse cumplido con las medidas de mitigación del Acta de Compromiso del Criterio de Oportunidad por el denunciado, en tal sentido se procede al archivo administrativo del caso. 6. Mediante escritura pública no. 16 de fecha 15 de marzo del 2010, inscrita en el Instituto de la Propiedad, bajo número 74 tomo 5268, misma que se realizó sin la aprobación del respectivo plano del proyecto de Urbanización y estando con dos paralizaciones el proyecto. 7. En los archivos que obran en la Gerencia de Control de la Construcción se encontró la aprobación del proyecto final de Residencial Paris es aprobado por la Junta de Análisis Técnico mediante Resolución JAT-001-2012, en fecha 15 de febrero del 2012. Mismo que estuvo retenido desde el 2010, en tanto la Fiscalía se pronunciara. 8. En fecha 17 de febrero del 2012 se emite informe de zona de riesgo No. 04/GPM/AMDC/2012, en el cual se informan las situaciones de amenazas, se recomienda hacer estudios previos o pruebas necesarias por un personal capacitado en esta área que sirvan de base para el diseño de obras de mitigación o de prevención necesarias, según sea la zona de estudio. El informe concluye que la lotificación Residencial es Habitable y Construible siempre que se lleven a cabo las siguientes recomendaciones como: individualizar las líneas de aguas lluvias, bajarle la carga a los ángulos de reposo, las viviendas cimentarse sobre suelo firme. En campo se observó un avance del 60% de las recomendaciones descritas.9. Cabe mencionar que se comentó, por parte del desarrollador que se realizaron estudios por la empresa de GEODESH, pero se aclara que esta Alcaldía no avala ningún estudio de suelo, no los interpreta ni cuestiona ya que son de exclusiva responsabilidad de las Empresas que los suscriban tal como lo dice el Reglamento de Construcción en el artículo 17: Los planos de estructuras, la memoria de Calculo y el estudio de suelo, serán de exclusiva responsabilidad de los profesionales competentes que los suscriban. Corresponderá a sí mismo a dichos profesionales asistir al constructor para que las estructuras que se ejecuten de acuerdo a los planos elaborados.10. Luego se generaron alrededor de 65 informes de zonas de riesgo para solicitud de permisos de construcción posteriormente, de los cuales la mayoría de ellos estaban descritos como habitables y construibles siempre y cuando el urbanizador realizara las respectivas medidas de mitigación, algunos predios estaban ubicados en zonas de alta amenaza (de acuerdo al mapa multiamenaza elaborado por PNUD e implementado por AMDC), como los bloques G-10, G-30, H-9, G-l, F-3, G-4, G-9, G-28, G-29 Y G-7 que por estar en zona de alta amenaza se declararon NO HABITABLE Y NO CONSTRUIBLE.11. En fecha 18 de julio del año 2012 se genera informe No. 122/GPM/AMDC/2012 donde se manifiesta la problemática de un deslizamiento que ocurrió el 3 de julio del mismo año, en el bloque D, expresando a la vez que el propietario de la Residencial Paris, R.Cuellar y Sucesores, no han ejecutado las recomendaciones dadas anteriormente.Además se informan que se es necesario que la urbanizadora proceda lo más pronto posible con las medidas de Mitigación indicadas entre los taludes del bloque A, D y E, dejando bermas y terrazas. 12. En fecha 19 de febrero del año 2013 se informó al desarrollador mediante OFICIO no. 017-GPM-AMDC-2013, emitido por la Gerencia de Prevención y Mitigación, y luego de realizar la inspección al sitio, se menciona que existe intención por parte de sus representantes (propietario del Proyecto), de realizar obras de Mitigación por lo que se le dan las recomendaciones y observaciones, tanto en el bloque H, del bloque D, que realizasen cortes planteados y tratamientos de Taludes en los perfiles de las estaciones y planos enviados (mencionan que la información presentada esta incompleta), además deberán realizar las mismas medidas de mitigación en los taludes frente al bloque S, debiendo presentar la información debidamente avalada, firmada por el ingeniero diseñador o responsable.13. En fecha 10 de julio del 2013, se emite OFICIO NO. 095-GPM-AMDC-2013, de la Gerencia de Prevención y Mitigación dirigido a la Gerencia de Control de la Construcción: informando sobre la responsabilidad que tiene el desarrollador sobre la construcción de los muros y del desarrollo de la urbanización; además informan sobre el pronunciamiento plasmado en nota ingresada por del desarrollador, de que ellos no acatarán las medidas de mitigación porque ellos cumplen con los factores de seguridad y además desacreditan al personal de la Gerencia. Por lo anteriormente expuesto informaron a Control de la Construcción que se solicitara a COPECO que se pronuncie sobre el estatus de Residencial Paris. 14. En fecha 17 de julio del 2013 se solicitó a COPECO mediante OFICIO NO. 103/GPM/AMDC/2013, acompañamiento técnico en proyecto Paris recomendaciones sobre obras construidas y cortes de talud realizados. 15. Mediante memorando no. 195/GPM/AMDC-2013 de fecha 10 de diciembre del 2013, la Gerencia de Prevención y Mitigación, informa a Control de la Construcción; que, en vista que los desarrolladores no han presentado estudios, planos medidas, pruebas y obras de Mitigación, se hará trabajo en conjunto con personal de COPECO para conocer mediante pruebas y análisis Geológicos, o situación de la Urbanización, informando las amenazas y riesgos a la que está expuesta. Además se informan que se esperara el resultado de Análisis con el respectivo informe para proceder con las emisiones de zonas de riesgo para la Residencial Paris. 16. En fecha 29 de enero del 2014 mediante Oficio no. 017 GPM/AMDC/2014, se solicita apoyo de COPECO, después de haber realizado en conjunto inspección en residencial Paris con personal de la Gerencia de Control de la Construcción y la Gerencia de Prevención y Mitigación. 17. En fecha 18 de febrero del año 2014, la comisión Permanente de Contingencias COPECO, emitió informe de Inspección denominado Evaluación geológica de la Residencial Paris, elaborado por la Dirección de Gestión de la Prevención, en donde concluyen que deberán seguir realizando estudios Geológicos y Geomorfológicos para identificar las zonas de ladera inestable, no construir en laderas cercanas a los ríos y establecen un retiro de 200.00 metros del centro del cauce del Rio San José. Cabe mencionar que dicho informe se recibió en la solicitud de zona de Riesgo ingresado por un contribuyente, anexado al expediente no. 30-01-2015 recibido en fecha 15 de enero del presente año, antes de esta fecha, no se obtuvo conocimiento del mismo. 18. En fecha 18 de mayo del 2014, el desarrollador ingreso el estudio del suelo, 1era etapa, elaborado por el Geólogo Juan Carlos Andino, donde establece zonificación Geológica de lotes que no recomiendan sean desarrollados, que representan alta amenaza, específicamente los que están colindando con el rio, eliminando alrededor de 140 lotes. Además en dicha nota ingresada por el desarrollador, establecen que para el mes de Junio estarán ingresando la segunda parte del estudio.19. El desarrollador realizo el segundo Informe Geológico-Geofísico realizado por GEOCONSULT (no ingresaron a la Gerencia de Prevención y Mitigación), la segunda parte del estudio, indicando mediante estas pruebas los valores recomendables para el diseño de cimentaciones. Además se hace la observación de las viviendas fisuradas que se encontraban no eran producto de la condición Geológica si no de fallas constructivas.20. En fecha 19 de septiembre del 2014, COPECO, realizo segundo pronunciamiento denominado Observaciones al informe Primera etapa Contrato de Servicios Profesionales de Consultoría de Geología y Geotécnica; Urbanización Residencial Paris, donde concluyen finalmente que es recomendable hacer más sondeos; pruebas de Geotecnia y Geofísica para conocer el comportamiento de los suelos, de lo contrario NO SE DEBE DE CONSTRUIR VIVIENDAS. 21. Se tiene conocimiento de que los desarrolladores realizaron un tercer estudio denominado Informe Geotécnico Residencial Paris, elaborado por el Ing. Marcio Alvarado Enamorado, realizado en fecha septiembre del 2014. Se realizaron estudios Geotécnicos en los suelos en las zonas de menor capacidad de soporte, y que presentan cierto grado de inestabilidad, brindando recomendaciones técnicas de diseño y construcción en lo que corresponde a las cimentaciones y zonas inestables, resaltando la necesidad a los propietarios de la Urbanización de la construcción de obras de mitigación para disminuir o evitar los riesgos, asegurando estabilidad de taludes en corte y relleno, muros construidos desde el 2012.22.Establecen además recomendaciones de medidas de mitigación para realizar el talud ubicado en la parte posterior del bloque A, D, H, I y J; estableciendo siempre que el diseño final de lo propuesto, se debe hacer por un especialista estructural avalado por la UNAH. 23. Como no se tenía conocimiento de este estudio, se remitió a COPECO, para que dieran sus observaciones al mismo, ya que estos estudios fueron requeridos en el último informe de esta dependencia.24. A la fecha no se han emitido informes de Riesgos ni licencias de obra en tanto no se obtenga un pronunciamiento oficial de la Comisión Inter-institucional de conformidad a lo que establece el sistema Nacional de Riesgos. 25. Desde el año 2012 hasta el día de hoy, se han ingresado en esta Gerencia 46 solicitudes para trámite de Licencia de Obra de Residencial Paris, de las cuales 36 Licencias ya han sido aprobadas y entregadas, tomando en cuenta las restricciones en los lotes antes descritos, las demás viviendas construidas se ejecutaron sin la respectiva licencia de obra (14), existen 405 lotes baldíos. 26.Cabe señalar según la Normativa vigente, sobre la responsabilidad del Propietario y del ejecutor, que esta establece de manera textual, lo siguiente: •Artículo 16: Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales, equipo o insumos defectuosos, sin perjuicio de las acciones legales que puedan interponer a su vez en contra de los proveedores, fabricantes y subcontratistas. •Artículo 17: Los planos de estructuras, la memoria de cálculo y el estudio de Mecánica de suelos que incluirá cuando corresponda, serán de exclusiva responsabilidad de los profesionales que los suscriban. Corresponderá a sí mismo a dichos profesionales asistir al constructor para que las estructuras que se ejecuten de acuerdo a los respectivos planos y especificaciones técnicas del permiso de edificación otorgado. •Artículo 20: El propietario, el planificador y el ejecutor de obras serán responsables solidaria y mancomunadamente en el ámbito de su competencia de garantizar la vida de las personas. OBSERVACIONES AL APARTADO LEGAL Existió incumplimiento por parte del desarrollador en cuanto a lo siguiente: 1. No cumplió con lo descrito en la licencia de obra por muros y movimientos de tierra, la cual establecía que deberá respetar el derecho de cauce del Rio San José establecido de50.00 metros en ambos lados del centro del cauce, según consta en acuerdo del consejo Metropolitano no. 554 de fecha 05 de enero de 1977. 2. Ingresó solicitud de aprobación final del proyecto incompleta, pendiente de la presentación de requisitos. 3. No suspendió la construcción de obras cuando se realizaron las respectivas paralizaciones realizadas por el Departamento Municipal de Justicia. 4. Individualizado todos los lotes residenciales del proyecto mediante escritura pública, inscrita en el Instituto de la propiedad en el año 2010, sin contar en esa fecha, con el respectivo plano autorizado por la Alcaldía Municipal. 5. En el año 2011, empezó el desarrollo de obras urbanísticas sin contar con la autorización correspondiente. 6. En varias ocasiones se comprometió a realizar medidas de mitigación de obras, por los deslizamientos ocurridos desde 2012 y 2013, que a la fecha no se han realizado. CONCLUSIONES AL APARTADO LEGAL Se concluye que durante el proceso de ejecución del Proyecto Residencial Paris (movimientos de tierra, muros de contención, y la mayoría de obras urbanísticas) se incumplió tanto con la Normativa Municipal, así como con las restricciones emitidas y la respectivas condiciones propuestas en dichas autorizaciones, sumado a las malas prácticas constructivas ejecutadas (tal como lo confirma la Evaluación de la Vulnerabilidad estructural apartado 8.2 de este informe); por lo cual incidieron en la vulnerabilidad de dicho proyecto. De conformidad a lo establecido en los artículos 4, párrafo segundo de la Ley de SINAGER; 16, 17 y 20 de Normativa Municipal de Construcción Vigente son directamente responsables: el propietario, el desarrollador y el ejecutor de forma mancomunadamente solidaria, así como Todo aquel que por acción omisión, ponga en peligro, amenace o provoque daños a las personas y/o a sus bienes." Como puede constarse con este informe no se le autorizó a la Empresa representada por el imputado la venta de lotes y más bien en fecha 02 de febrero de 2010 se realizó la primera paralización a dicho proyecto, por parte del Juzgado Municipal de Justicia, y luego se suscitó otra paralización en fecha 17 de febrero del 2010 se realizó una segunda inspección del sitio, para constatar la paralización del proyecto, verificando que los trabajos de construcción de muro y movimientos de tierra no fueron interrumpidos por parte de la empresa R: CUELLAR Y SUCESORES S.A. DE C.V., por 10 que se realizó reporte de paralización, sin embargo, Honorable Tribunal, el imputado vendió uno de esos lotes de terreno a la señora LIGIA MARÍA CASCO CRUZ, mediante Instrumento Público No. 42 de fecha 11 de octubre de 2010, en el que manifiesta que dicho proyecto que ha sido aprobado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, lo cual es evidentemente un engaño, una argucia, además de ocultarle las 2 paralizaciones que ya tenía el anteproyecto, pues no tenía permiso como proyecto sino PROHIBICIÓN DE VENDER como lotificadora y configura el delito de estafa, misma situación que con las otras víctimas, sin embargo el Tribunal hace referencia en el medio de prueba únicamente a las Conclusiones Finales y Recomendaciones del medio de prueba, sobre las obras realizadas en contra de las respectivas órdenes de paralización del proyecto, la prohibición expresa para la venta de lotes mientras no cumpliera con las indicaciones ordenadas en la autorización del anteproyecto de Residencial París (no permiso de proyecto, sino ante proyecto), no obstante, el Tribunal violentando las reglas de la lógica, le resta valor probatorio a esta prueba de cargo tan importante por tratarse de un documento público auténtico y deriva el asunto en civil y dice que no es un ilícito penal, lo cual CONTRADICE lo expresado en el informe, que "establece que la aprobación del anteproyecto NO autoriza a sus desarrolladores la venta de los lotes, el inicio de obras civiles y la publicación de avisos por los medios de comunicación, por lo cual en el mismo se da la advertencia respectiva."El querellado infringiendo lo establecido en las normas respectivas, empezó a vender lotes entre ellos a mis representados, estableciendo que contaba con todos los permisos respectivos, lo cual era falso, utilizó astucias y engaños para con las víctimas y el Tribunal faltando a todas las reglas de la sana crítica, se ha esmerado en buscar excusas a la conducta delictiva del querellado y ha desmerecido todos los medios probatorios aportados por la parte querellante, entre ellos peritajes, informes y dictámenes emitidos por instituciones públicas, y peritos que fueron a ratificar sus dictámenes, quitándoles todo valor probatorio y acomodando sus valoraciones a favor del querellado, a tal extremo que en los hechos que considera probados sólo hace mención de lo que favorece al querellado y no hace mención de los hechos que lo inculpan del delito de estafa. Conjeturando lo antes expuesto con la valoración de la que fue objeto esta probanza, es interesante acotar lo expresado por el autor José Cafferata Nores, en su obra "La Prueba en el Proceso Penal"[1], que en relación al descrédito valorativo de las pericias refiere: "Para expresar que el dictamen pericial no vincula al Tribunal, se ha dicho comúnmente que el juez es peritos peritorum. Para ello no significa que la ley crea en la omnisciencia del juez. Tan sólo le confiere el poder (y el deber) de someter a su crítica las conclusiones periciales... La irregularidad del trámite de las operaciones periciales, la ausencia o deficiencia de los fundamentos, la falta de claridad, precisión o lógica de las conclusiones, o su contradicción con hechos notorios, normas de experiencia u otras pruebas de la causa, permitirán al tribunal no seguir el dictamen. Empero, en tales supuestos no podrá disponer sin más su descalificación probatoria, pues al versar sobre pruebas que no pueden ser descubiertas ni valoradas sin el auxilio de conocimientos especializados, el tribunal no podrá suplir per se la intervención pericial. En consecuencia, en estos casos deberá intentar, previamente, la aclaración o ampliación del dictamen, o bien ordenar una nueva pericia. La prescindencia lisa y llana de la pericia, sin extremar los recaudos podría configurar una hipótesis de arbitrariedad en la selección o en la valoración de la prueba, capaz de causar la anulación de la sentencia”. En consecuencia la acusación privada, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar las pruebas antes señaladas, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL SEGUNDO MOTIVO: Infracción por violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 340 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El precepto constitucional establecido en el artículo 90 dice: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece." En relación al artículo 340 del Código Procesal Penal que establece: "La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada. Cumplido lo anterior, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secretario entregará a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta. Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes. En tal caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación….”; sin embargo, la sentencia que dice incorrectamente que fue emitida por este Tribunal en fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete (7/9/2017), le consta a este Tribunal de Sentencia que en realidad fue dictada un año después de esa fecha y que me fue notificada en fecha 17 de septiembre de 2018, ya que las diferentes fechas señaladas nunca se cumplieron, se nos dieron infinidad de pretextos y violentando el principio procesal de concentración fue dictada un año después, por lo cual me fue notificada hasta el 17 de septiembre de 2018, lo cual lesiona el principio del debido proceso. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley, es decir que el objetivo de este tipo de recurso es la salvaguarda del debido proceso como garantía constitucional reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. *Precepto autorizante: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: infracción a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente; y, *Pretensión: declarar ha lugar el recurso y casar la sentencia recurrida. La censora del fallo arguye que la sentencia no ha sido provista de un razonamiento intelectivo capaz de mostrar que ha seguido los principios lógicos a los que está obligado el juzgador, infringiendo con ello el artículo 202 del Código Procesal Penal y transgrediendo la regla lógica de la razón suficiente en su elemento de derivación, en su característica de suficiencia. Expresa que el sentenciador concluyó que la prueba es insuficiente para acreditar las acciones realizadas por el acusado a pesar de existir dos informes de instituciones estatales que establecen la mala calidad de la compactación de suelos realizada por el querellado a efecto de poder vender unos lotes que no tenían las condiciones para poder construir en ellos (Informe de Resultado de Perforación del Departamento de Geotecnia de la entonces llamada Secretaría de Estado en los despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda SOPTRAVI), y al cual el Tribunal de Sentencia no le merece valor probatorio porque según las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, no se puede comprar un bien inmueble sin que reúna las características básicas de lícito comercio, y lo cual es así porque la lotificadora demostró que tenía los papeles en regla, de lo contrario las instituciones bancarias no otorgarían los prestamos. Lo anterior considera la censora del fallo no es un razonamiento lógico debido a que el informe establece que los lotes no fueron debidamente compactados ni rellenados, no se refieren a préstamos u otros asuntos financieros para que el juzgador se refiera sobre ese aspecto. Además, también lo considera como una errónea derivación porque no es lo mismo tener documentos de propiedad de un inmueble que tener los “documentos en regla”, ya que el querellado únicamente tenía el permiso del anteproyecto que expresamente prohibía la venta de lotes, y aún así los vendió a sus representados. Continúa arguyendo la censora del fallo que el sentenciador le resta valor probatorio al Informe de Evaluación Técnica de Residencial París, elaborado por Comisiones de Trabajo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), sobre el cual, la censora expresa entre otras cosas lo siguiente: 1. La aprobación del anteproyecto no autoriza a sus desarrolladores la venta de los lotes, el inicio de obras civiles y la publicación de avisos por los medios de comunicación, por lo cual en el mismo se da la advertencia respectiva. 2. Posteriormente se solicitó permiso de Obras Complementarias, para la construcción de un Muro de Estabilización de Taludes y Movimiento de Tierra; aprobándose mediante de Licencia de Obra N°559-2009, emitida en fecha 24 de marzo del 2009. Dicha licencia fue condicionada a respetar el derecho de cauce del Rio San José, establecido de 50.00 metros en ambos lados del centro del cauce, según consta en acuerdo del consejo Metropolitano no. 554 de fecha 05 de enero de 1977. 3. En fecha 08 de Diciembre del 2009, la empresa R. Cuellar y Sucesores S.A. de C.V. ingresan expediente solicitando la aprobación del Proyecto Final de la Urbanización denominada "Residencial Paris", generándose el expediente No. 3246-2009 el cual queda retenido por no contar con todos los requisitos solicitados y por el incumplimiento a lo autorizado bajo Licencia de Obra N° 559-2009. 4. En el año 2010 se realizaron inspecciones de campo por parte de esta Gerencia, verificando que la empresa R. CUELLAR Y SUCESORES S.A. DE C.V. no había dado cumplimiento con las condiciones establecidas en la Licencia de Obra N° 559-2009, a continuación se detalla la cronología de eventos y acciones tomadas en esa fecha: a. El día 14 de enero del 2010, en inspección de campo rutinaria, se detectó que la construcción del muro de estabilización de taludes no respetaba el retiro de 50.00 m del cauce del Rio San José y se habían producido deslizamientos de tierra, depositándose desechos de material en el rio. b. En fecha 28 de enero de 2010 se elabora el primer reporte de paralización por las causas anteriormente mencionadas. En fecha 02 de febrero de 2010 se realizó la primera paralización a dicho proyecto, por parte del Juzgado Municipal de Justicia. c. En fecha 17 de febrero del 2010 se realizó una segunda inspección del sitio, para constatar la paralización del proyecto, verificando que los trabajos de construcción de muro y movimientos de tierra no fueron interrumpidos por parte de la empresa R. CUELLAR Y SUCESORES S.A. DE C.V., por lo que se realizó reporte de paralización, donde compareció el señor Jesús Donaldo Rubí Duarte, como responsable del proyecto. d. En vista que la Empresa R. CUELLAR Y SUCESORES S.A. DE C.V. hizo caso omiso a las paralizaciones antes indicadas, en fecha 16 de marzo de 2010, se remitió a la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Publico el expediente en mención, luego de agotarse el proceso administrativo realizado en la GCC. En fecha 22 de marzo de 2010 se remitió a la Fiscalía del Medio Ambiente, del Ministerio Público el expediente en mención. 5. El Ministerio Publico, a través de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, emite Certificación el 16 de diciembre de 2010 la cual expresa lo siguiente: referente a las diligencias de investigación contenidas en el expediente interno No 0801-2010-05146 interpuesta contra el Sr. Luis Felipe Lozano Herrera en su condición de Presidente del Consejo Administrativo y Gerente General de la Empresa Inmobiliaria Su Casa S.A. de C.V. (Desarrollador del Proyecto Residencial Paris) por suponerlo responsable del delito de daños agravados, todo en perjuicio del Estado de Honduras. En fecha 18 de mayo el denunciado solicitó que se le aplicara la medida alterna de un criterio de oportunidad en la que se compromete a la reparación del daño ambiental. Que habiéndose aplicado el criterio de oportunidad en sede, administrativa (el Ministerio Público), a favor del Representante Legal de la Empresa Mercantil Inmobiliaria Su Casa S.A. de C.V. el Señor Luis Felipe Lozano Herrera habiendo cumplido con el Acta de Compromiso adquirido en esta Fiscalía por el daño causado, esta Fiscalía en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 30 del Código Procesal Penal es del criterio que se proceda al archivo administrativo del caso y Resuelve tener por desestimada la denuncia No 0801-2010-05146 por haberse cumplido con las medidas de mitigación del Acta de Compromiso del Criterio de Oportunidad por el denunciado, en tal sentido se procede al archivo administrativo del caso. 6. Mediante escritura pública no. 16 de fecha 15 de marzo del 2010, inscrita en el Instituto de la Propiedad, bajo número 74 tomo 5268, misma que se realizó sin la aprobación del respectivo plano del proyecto de Urbanización y estando con dos paralizaciones el proyecto. 7. En los archivos que obran en la Gerencia de Control de la Construcción se encontró la aprobación del proyecto final de Residencial Paris es aprobado por la Junta de Análisis Técnico mediante Resolución JAT-001-2012, en fecha 15 de febrero del 2012. Mismo que estuvo retenido desde el 2010, en tanto la Fiscalía se pronunciara. 8. En fecha 17 de febrero del 2012 se emite informe de zona de riesgo No. 04/GPM/AMDC/2012, en el cual se informan las situaciones de amenazas, se recomienda hacer estudios previos o pruebas necesarias por un personal capacitado en esta área que sirvan de base para el diseño de obras de mitigación o de prevención necesarias, según sea la zona de estudio. El informe concluye que la lotificación Residencial es habitable y construible siempre que se lleven a cabo las siguientes recomendaciones como: individualizar las líneas de aguas lluvias, bajarle la carga a los ángulos de reposo, las viviendas cimentarse sobre suelo firme. En campo se observó un avance del 60% de las recomendaciones descritas. 9. Cabe mencionar que se comentó, por parte del desarrollador que se realizaron estudios por la empresa de GEODESH, pero se aclara que esta Alcaldía no avala ningún estudio de suelo, no los interpreta ni cuestiona ya que son de exclusiva responsabilidad de las Empresas que los suscriban tal como lo dice el Reglamento de Construcción en el artículo 17: Los planos de estructuras, la memoria de Calculo y el estudio de suelo, serán de exclusiva responsabilidad de los profesionales competentes que los suscriban. Corresponderá a sí mismo a dichos profesionales asistir al constructor para que las estructuras que se ejecuten de acuerdo a los planos elaborados. 10. Luego se generaron alrededor de 65 informes de zonas de riesgo para solicitud de permisos de construcción posteriormente, de los cuales la mayoría de ellos estaban descritos como habitables y construibles siempre y cuando el urbanizador realizara las respectivas medidas de mitigación, algunos predios estaban ubicados en zonas de alta amenaza (de acuerdo al mapa multiamenaza elaborado por PNUD e implementado por AMDC), como los bloques G-10, G-30, H-9, G-l, F-3, G-4, G-9, G-28, G-29 Y G-7 que por estar en zona de alta amenaza se declararon NO HABITABLE Y NO CONSTRUIBLE. 11. En fecha 18 de julio del año 2012 se genera informe No. 122/GPM/AMDC/2012 donde se manifiesta la problemática de un deslizamiento que ocurrió el 3 de julio del mismo año, en el bloque D, expresando a la vez que el propietario de la Residencial Paris, R. Cuellar y Sucesores, no han ejecutado las recomendaciones dadas anteriormente. Además se informan que se es necesario que la urbanizadora proceda lo más pronto posible con las medidas de Mitigación indicadas entre los taludes del bloque A, D y E, dejando bermas y terrazas. 12. En fecha 19 de febrero del año 2013 se informó al desarrollador mediante oficio no. 017-GPM-AMDC-2013, emitido por la Gerencia de Prevención y Mitigación, y luego de realizar la inspección al sitio, se menciona que existe intención por parte de sus representantes (propietario del Proyecto), de realizar obras de Mitigación por lo que se le dan las recomendaciones y observaciones, tanto en el bloque H, del bloque D, que realizasen cortes planteados y tratamientos de Taludes en los perfiles de las estaciones y planos enviados (mencionan que la información presentada esta incompleta), además deberán realizar las mismas medidas de mitigación en los taludes frente al bloque S, debiendo presentar la información debidamente avalada, firmada por el ingeniero diseñador o responsable. 13. En fecha 10 de julio del 2013, se emite oficio No. 095-GPM-AMDC-2013, de la Gerencia de Prevención y Mitigación dirigido a la Gerencia de Control de la Construcción: informando sobre la responsabilidad que tiene el desarrollador sobre la construcción de los muros y del desarrollo de la urbanización; además informan sobre el pronunciamiento plasmado en nota ingresada por del desarrollador, de que ellos no acatarán las medidas de mitigación porque ellos cumplen con los factores de seguridad y además desacreditan al personal de la Gerencia. Por lo anteriormente expuesto informaron a Control de la Construcción que se solicitara a COPECO que se pronuncie sobre el estatus de Residencial Paris. 14. En fecha 17 de julio del 2013 se solicitó a COPECO mediante oficio No. 103/GPM/AMDC/2013, acompañamiento técnico en proyecto Paris recomendaciones sobre obras construidas y cortes de talud realizados. 15. Mediante memorando no. 195/GPM/AMDC-2013 de fecha 10 de diciembre del 2013, la Gerencia de Prevención y Mitigación, informa a Control de la Construcción; que, en vista que los desarrolladores no han presentado estudios, planos medidas, pruebas y obras de Mitigación, se hará trabajo en conjunto con personal de COPECO para conocer mediante pruebas y análisis Geológicos, o situación de la Urbanización, informando las amenazas y riesgos a la que está expuesta. Además se informan que se esperara el resultado de Análisis con el respectivo informe para proceder con las emisiones de zonas de riesgo para Residencial Paris. 16. En fecha 29 de enero del 2014 mediante Oficio no. 017 GPM/AMDC/2014, se solicita apoyo de COPECO, después de haber realizado en conjunto inspección en residencial Paris con personal de la Gerencia de Control de la Construcción y la Gerencia de Prevención y Mitigación. 17. En fecha 18 de febrero del año 2014, la comisión Permanente de Contingencias COPECO, emitió informe de Inspección denominado Evaluación geológica de la Residencial Paris, elaborado por la Dirección de Gestión de la Prevención, en donde concluyen que deberán seguir realizando estudios Geológicos y Geomorfológicos para identificar las zonas de ladera inestable, no construir en laderas cercanas a los ríos y establecen un retiro de 200.00 metros del centro del cauce del Rio San José. Cabe mencionar que dicho informe se recibió en la solicitud de zona de Riesgo ingresado por un contribuyente, anexado al expediente no. 30-01-2015 recibido en fecha 15 de enero del presente año, antes de esta fecha, no se obtuvo conocimiento del mismo. 18. En fecha 18 de mayo del 2014, el desarrollador ingreso el estudio del suelo, 1era etapa, elaborado por el Geólogo Juan Carlos Andino, donde establece zonificación Geológica de lotes que no recomiendan sean desarrollados, que representan alta amenaza, específicamente los que están colindando con el rio, eliminando alrededor de 140 lotes. Además en dicha nota ingresada por el desarrollador, establecen que para el mes de Junio estarán ingresando la segunda parte del estudio. 19. El desarrollador realizo el segundo Informe Geológico-Geofísico realizado por GEOCONSULT (no ingresaron a la Gerencia de Prevención y Mitigación), la segunda parte del estudio, indicando mediante estas pruebas los valores recomendables para el diseño de cimentaciones. Además se hace la observación de las viviendas fisuradas que se encontraban no eran producto de la condición Geológica si no de fallas constructivas. 20. En fecha 19 de septiembre del 2014, COPECO, realizo segundo pronunciamiento denominado Observaciones al informe Primera etapa Contrato de Servicios Profesionales de Consultoría de Geología y Geotécnica; Urbanización Residencial Paris, donde concluyen finalmente que es recomendable hacer más sondeos; pruebas de Geotecnia y Geofísica para conocer el comportamiento de los suelos, de lo contrario no se debe de construir viviendas. 21. Se tiene conocimiento de que los desarrolladores realizaron un tercer estudio denominado Informe Geotécnico Residencial Paris, elaborado por el Ing. Marcio Alvarado Enamorado, realizado en fecha septiembre del 2014. Se realizaron estudios Geotécnicos en los suelos en las zonas de menor capacidad de soporte, y que presentan cierto grado de inestabilidad, brindando recomendaciones técnicas de diseño y construcción en lo que corresponde a las cimentaciones y zonas inestables, resaltando la necesidad a los propietarios de la Urbanización de la construcción de obras de mitigación para disminuir o evitar los riesgos, asegurando estabilidad de taludes en corte y relleno, muros construidos desde el 2012. 22. Establecen además recomendaciones de medidas de mitigación para realizar el talud ubicado en la parte posterior del bloque A, D, H, I y J; estableciendo siempre que el diseño final de lo propuesto, se debe hacer por un especialista estructural avalado por la UNAH. 23. Como no se tenía conocimiento de este estudio, se remitió a COPECO, para que dieran sus observaciones al mismo, ya que estos estudios fueron requeridos en el último informe de esta dependencia. 24. A la fecha no se han emitido informes de Riesgos ni licencias de obra en tanto no se obtenga un pronunciamiento oficial de la Comisión Inter-institucional de conformidad a lo que establece el sistema Nacional de Riesgos. 25. Desde el año 2012 hasta el día de hoy, se han ingresado en esta Gerencia 46 solicitudes para trámite de Licencia de Obra de Residencial Paris, de las cuales 36 Licencias ya han sido aprobadas y entregadas, tomando en cuenta las restricciones en los lotes antes descritos, las demás viviendas construidas se ejecutaron sin la respectiva licencia de obra (14), existen 405 lotes baldíos. 26. Cabe señalar según la normativa vigente, sobre la responsabilidad del propietario y del ejecutor, que esta establece de manera textual, lo siguiente: •Artículo 16: Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales, equipo o insumos defectuosos, sin perjuicio de las acciones legales que puedan interponer a su vez en contra de los proveedores, fabricantes y subcontratistas. •Artículo 17: Los planos de estructuras, la memoria de cálculo y el estudio de mecánica de suelos que incluirá cuando corresponda, serán de exclusiva responsabilidad de los profesionales que los suscriban. Corresponderá a sí mismo a dichos profesionales asistir al constructor para que las estructuras que se ejecuten de acuerdo a los respectivos planos y especificaciones técnicas del permiso de edificación otorgado. •Artículo 20: El propietario, el planificador y el ejecutor de obras serán responsables solidaria y mancomunadamente en el ámbito de su competencia de garantizar la vida de las personas. 27. OBSERVACIONES AL APARTADO LEGAL. Existió incumplimiento por parte del desarrollador en cuanto a lo siguiente: 1. No cumplió con lo descrito en la licencia de obra por muros y movimientos de tierra, la cual establecía que deberá respetar el derecho de cauce del Rio San José establecido de 50.00 metros en ambos lados del centro del cauce, según consta en acuerdo del consejo Metropolitano no. 554 de fecha 05 de enero de 1977. 2. Ingresó solicitud de aprobación final del proyecto incompleta, pendiente de la presentación de requisitos. 3. No suspendió la construcción de obras cuando se realizaron las respectivas paralizaciones realizadas por el Departamento Municipal de Justicia. 4. Individualizado todos los lotes residenciales del proyecto mediante escritura pública, inscrita en el Instituto de la propiedad en el año 2010, sin contar en esa fecha, con el respectivo plano autorizado por la Alcaldía Municipal. 5. En el año 2011, empezó el desarrollo de obras urbanísticas sin contar con la autorización correspondiente. 6. En varias ocasiones se comprometió a realizar medidas de mitigación de obras, por los deslizamientos ocurridos desde 2012 y 2013, que a la fecha no se han realizado. 28. CONCLUSIONES AL APARTADO LEGAL Se concluye que durante el proceso de ejecución del Proyecto Residencial Paris (movimientos de tierra, muros de contención, y la mayoría de obras urbanísticas) se incumplió tanto con la Normativa Municipal, así como con las restricciones emitidas y la respectivas condiciones propuestas en dichas autorizaciones, sumado a las malas prácticas constructivas ejecutadas (tal como lo confirma la Evaluación de la Vulnerabilidad estructural apartado 8.2 de este informe); por lo cual incidieron en la vulnerabilidad de dicho proyecto. De conformidad a lo establecido en los artículos 4, párrafo segundo de la Ley de SINAGER; 16, 17 y 20 de Normativa Municipal de Construcción Vigente son directamente responsables: el propietario, el desarrollador y el ejecutor de forma mancomunadamente solidaria, así como Todo aquel que por acción omisión, ponga en peligro, amenace o provoque daños a las personas y/o a sus bienes." Concluye a partir de lo expuesto, que el querellado infringiendo lo establecido en las normas respectivas, empezó a vender lotes estableciendo que contaba con todos los permisos respectivos, lo cual era falso, utilizó engaños para con las víctimas y el Tribunal de Sentencia faltando a todas las reglas de la sana crítica, se esmera en buscar excusas a la conducta delictiva del querellado y desmerece pericias, informes y dictámenes emitidos por instituciones públicas, quitándoles todo valor probatorio y acomodando sus valoraciones a favor del querellado. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III..No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal no identifica infracción al principio lógico de derivación, como postulado de razón suficiente, denunciado por el censor; el cual consistiría en señalar que, de los elementos de prueba descritos y analizados, no pueden derivarse las conclusiones que determinaron los juzgadores. En el caso de merito, la censora del fallo hace un mal planteamiento, en lugar de señalar los razonamientos esenciales a los que a su criterio erróneamente llegó el Tribunal de instancia luego de valorar la prueba, hace la suya propia mediante la cual concluye que no procede dictar una sentencia absolutoria por el delito de estafa, que a su criterio existió por considerar que las pruebas son conducentes a establecer el tipo penal en mención; lo anterior se desborda de la finalidad que persigue esté motivo en estudio. Transcribe casi de manera literal el Informe de Evaluación Técnica de Residencial París, elaborado por Comisiones de Trabajo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), y luego concluye que el Tribunal faltando a todas las reglas de la sana crítica, contradice los resultados de dicho informe. Es decir, la censora del fallo no especifica qué regla de la sana crítica es la que ha vulnerado el sentenciador al valorar dicho informe. Las imprecisiones señaladas vedan la posibilidad de respuesta de fondo por parte de esta Sala de lo Penal; se reitera, que no se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en una garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el tribunal de casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso interpuesto. No atender tal falta de claridad, pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, lo cual está vedado por el artículo 350 del Código Procesal Penal, siendo entonces lo consecuente declarar no ha lugar el motivo interpuesto. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[2] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: infracción al debido proceso. *Pretensión: declarar ha lugar el recurso y casar la sentencia recurrida. La censora del fallo delata la infracción al artículo 90 de la Constitución de la República que contiene la garantía del debido proceso, ello por argumentar que la sentencia fue emitida no el 7 de septiembre de 2017 como se manifiesta incorrectamente, sino que fue hasta el 17 de septiembre de 2018, incumpliendo con el plazo señalado en el artículo 340 del Código Procesal Penal y lesionado con ello el debido proceso. Del debido proceso La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La censora del fallo citando como concepto de infracción la violación al debido proceso, cuestiona que la sentencia absolutoria fue emitida no el 7 de septiembre de 2017 como se manifiesta incorrectamente, sino que fue hasta el 17 de septiembre de 2018, incumpliendo con el plazo señalado en el artículo 340 del Código Procesal Penal. En atención a lo anterior, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que el conocimiento de los recursos de casación a resolver por esta Sala de lo Penal, queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios; como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por esta alzada porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional. Es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad por el Tribunal de Casación conforme al principio iuria novit curia. En el presente caso, la censora del fallo hace un lacónico planteamiento del recurso de casación por infracción de precepto constitucional que resulta imposible resolver, como consecuencia de no explicar suficientemente las razones por las cuales a su parecer se violentó el debido proceso. Debe tenerse presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencias de un derecho fundamental y lo dispuesto por el Tribunal de Justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de dar respuesta de fondo el lacónico planteamiento ha sido infructuoso, pues es huérfano de sentido, debiendo declararse no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Quebrantamiento de Forma en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362.3 y 363 del Código Procesal Penal, Falla: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del dos mil veintiuno. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-19-2019.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]CafferataNores, José. La Prueba en el Proceso Penal. 3 a edición. Ediciones Desalma. Buenos Aires, Argentina 1998. Pág.85.
[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.