Sentencia CP-19-17 — Registro 11933
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego, se absuelve por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Prohibida, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Los Motivo no son de Recibo. Este Tribunal de Casación estima que, en virtud de los dos motivos de casación invocados por el recurrente, es necesaria la revisión del cuadro fáctico que el Tribunal A-quo consideró como probado y determinar si existe correspondencia o no con la norma penal utilizada; además de realizar una revisión a la jurisprudencia que la Sala de lo Penal ha establecido en relación a lo que son armas de guerra y armas de uso comercial o personal. Los hechos probados revelan que el día 10 de mayo de 2015 el acusado Ángel Antonio Varela Reyes transitaba caminando por la Aldea Lucia, jurisdicción del municipio de Sonaguera, departamento de Colón, cuando fue requerido por la policía y al practicársele un registro personal se le encontró un arma de fuego tipo chimba de fabricación cacera o artesanal escopeta corta, calibre 410GA, en buen estado de funcionamiento. Los acontecimiento narrados establecen sin lugar a dudas que al acusado se le encuentra en posesión de un arma de fuego artesanal que si bien nunca podrá ser legalizada mediante el permiso correspondiente, como ya lo hemos establecido de manera jurisprudencial, tampoco puede considerarse la misma como un arma de guerra, debido a que estas no cuenta con la letalidad y potencia de un arma utilizada precisamente para conflictos bélicos y que son utilizadas por las fuerzas militares, en ese orden de ideas, mientras el legislador no determine cuál será la forma legal en tratar a las armas de fabricación casera y tal como lo hemos explicado en apartados anteriores, el principio de Favor Rei debe imperar y por ellos considerar a las armas de fabricación casera como un arma personal o comercial conforme el artículo 332-B del Código Penal, en tal sentido es procedente desestimar la presente impugnación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días de abril de dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 19-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, mediante la cual falló; Primero: Que debemos absolver al efecto absolvemos al acusado Ángel Antonio Varela Reyes, como autor penalmente responsable del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Prohibida en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras tipificado en el artículo 332-A del Código Penal. Segundo: Que debemos condenar y al efecto condenamos al acusado Ángel Antonio Varela Reyes, como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, imponiéndole la pena principal de tres años de reclusión. Tercero: Que debemos condenar y al efecto condenamos al acusado Ángel Antonio Varela Reyes, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. Cuarto: No procede declarar la responsabilidad civil del condenado Ángel Antonio Varela Reyes. Quinto: No procede condenar al señor Ángel Antonio Varela Reyes en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, el Abogado Lenin David Ramos Sandoval, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Karla María Arita Mendoza, fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. II. Hechos Probados “UNICO: El día domingo diez de mayo del año dos mil quince, en horas de la tarde, el señor Ángel Antonio Varela Reyes transitaba caminando por la orilla de la calle en la Aldea Lucio, Sector de Planes, jurisdicción del municipio de Sonaguera, departamento de Colón, cuando en ese momento fue requerido por una patrulla policial que transitaba por la zona, integrada por los policías preventivos Manuel de Jesús Castillo Medina y Orlin Edilberto Rosales Antúnez, quienes procedieron a realizarle un registro personal en algunas zonas de su cuerpo, encontrándole en su cintura un arma de fuego chimba de fabricación casera o artesanal, tipo escopeta corta, calibre 410 GA, empuñadura de madera de color café; y en la bolsa del pantalón dos cartuchos de escopeta sin percutir de calibre 410 GA, de la cual no presentó documentación alguna; y presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con mecanismo de acción sencillo, siendo capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería de escopeta calibre 410 GA para la cual fue creada, todo ello según los resultados de la pericia balística forense; por lo que la autoridad policial procedió al decomiso de dicha arma de fuego juntamente con los dos cartuchos y a la detención del señor Ángel Antonio Varela Reyes, quien fue puesto juntamente con la evidencia decomisada a la orden de las autoridades correspondientes.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del Artículo 332-B del Código Penal, en relación con los Artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El A-Quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: ÚNICO: “El día domingo diez de mayo del año dos mil quince, en horas de la tarde, el señor Ángel Antonio Varela Reyes transitaba caminando por la orilla de la calle de la Aldea Lucía, Sector de Planes, jurisdicción del municipio de Sonaguera, departamento de Colón, cuando en ese momento fue requerido por una patrulla policial que transitaba por la zona, integrada por los policías preventivos Manuel de Jesús Castillo Medina y Orlin Edilberto Rosales Antúnez, quienes procedieron a realizarle un registro personal en algunas zonas de su cuerpo, encontrándole en su cintura un arma de fuego chimba de fabricación casera o artesanal, tipo escopeta corta, calibre 410 GA, empuñadura de madera de color café; y en la bolsa del pantalón dos cartuchos de escopeta sin percutir de calibre 410 GA, de la cual no presentó documentación alguna; y presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con mecanismo de acción sencillo, siendo capaz de efectuar disparos con munición o cartuchería de escopeta calibre 410 GA para la cual fue creada, todo ello según los resultados de la pericia balística forense; por lo que la autoridad policial precedió al decomiso de dicha arma de fuego juntamente con los dos cartuchos y a la detención del señor Ángel Antonio Varela Reyes, quien fue puesto juntamente con la evidencia decomisada a la orden de la autoridad correspondientes.” Del referido cuadro fáctico se desprende, que la mayoría del Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego de fabricación casera, misma que se encontraba en buen estado de funcionamiento y en razón de ello, emite sentencia condenatoria imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión. Sin embargo, el A-Quo subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”... De la norma supra indicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes:..” Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nomina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en sí denominado comúnmente como “chimba”, (con apariencia de escopeta), independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el numeral cuarto del apartado de fundamentación jurídica cuando indica en relación al arma tipo chimba decomisada al enjuiciado: “Ángel Antonio Varela reyes, manifiesta su voluntad contraria a derecho, al poseer ilegalmente un arma de fuego tipo chimba de fabricación casera o artesanal…. sin permiso o autorización de la autoridad competente, lesionando de esa forma un bien jurídico protegido por la ley penal...” (Refiriéndose al 332-B). Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones, La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y malta de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps 10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador, en su mayoría, realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar el porqué el tipo que se adecua al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal, es así que en el citado apartado establece “El artículo 332-A del citado Código taxativamente establece:… El Tribunal considera infructuoso profundizar en la descripción de este tipo penal por cuanto que en la presente causa, ha quedado de manifiesto que no existen pruebas suficientes que señalen al acusado Ángel Antonio Varela Reyes, como autor de dicho delito...” Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado ÁNGEL ANTONIO VARELA REYES, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el articulo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. En ese sentido compartimos lo expresado por la Abogada, Carol Jaqueline Ortega, cuando ha expresado en el Octavo numeral, de su Voto Disidente que: “...La representación del Ministerio Público acuso por un delito de Portación ilegal de Arma de Fuego Prohibida…. para saber lo que se entiende por tales hay que acudir al decreto 30-2000 que contiene la Ley de Control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares en su artículo 8, allí se contiene un extenso catalogo de las armas cuya tenencia se prohíbe: siendo determinadas armas de fuego con mira infrarroja, láser automáticas, municiones, fabricación casera, etc; de esta normativa extra penal, que fundamentalmente se refiere a las armas de fuego, municiones, explosivos y otros. Como consecuencia de los dicho, resulta que la acción ejecutada de Ángel Antonio Varela Reyes, de poseer un arma de fuego de fabricación artesanal o casera calibre 410 GA, en buen estado mecánico operativo y por ende cazpa de efectuar disparos con la munición del calibre para la cual fue creada que a su vez constituye un arma prohibida por el Estado de Honduras, cae dentro del presupuesto previsto en la artículo 332-A del Código Penal,..” Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” IV. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa que, los dos motivos de casación por infracción de ley que ha interpuesto el recurrente, están íntimamente relacionados pues refieren a supuestas violaciones de normas penales en relación a los hechos probados, por lo que, para guardar la logicidad y coherencia de la sentencia penal se resolverán ambos motivos en un mismo aparado. Primer Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332-B del Código Penal, en relación a los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros similares. *Concepto de la infracción: aplicación Indebida del delito de portación ilegal de arma comercial. *Pretensión: que se case la sentencia recurrida. Explicó el recurrente que del cuadro fáctico se desprende, que la mayoría del Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego de fabricación casera, sin embargo el A-quo subsumió el actuar descrito en el artículo 332-B del Código Penal, del cual se desprende que exige el permiso de la autoridad competente, permiso que nunca podrá conseguirse con un arma de fabricación casera. Segundo Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332-A del Código Penal. *Concepto de la infracción: falta de aplicación del delito de portación ilegal de armas de guerra. *Pretensión: que se case la sentencia recurrida y en su caso se profiera otra conforme a la normativa citada. Explicó el recurrente que se logra evidenciar que el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de portación ilegal de armas de guerra, partiendo de los hechos, se estima que el A-quo incurrió en falta de aplicación del artículo 332A del Código Penal, pues el acusado fue encontrado portando un arma de fabricación casera sin contar con el permiso de autoridad competente. De la Clasificación de las Armas de Fuego. (Licitas o Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala qué debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe de basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de uso personal: El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. *Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. De las Armas de Fabricación Casera o Artesanal (Artículo 332-B del Código Penal). El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”.- Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de éste tipo de armas; Es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Art. 7.1 de la Ley de Control de Armas De Fuego. Municiones. Explosivos Y Otros Similares, en adelante Ley de Armas). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin.- Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente. Las armas de fabricación casera, contrario a la opinión externa por la Sección de Asesoría Técnico Jurídica de la Fiscalía General del Ministerio Público, en su Dictamen FGR-ATJN.2, del 05 de Noviembre de 2013, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación , adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno. Esta Sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta sala estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. De la Procedencia del Recurso. Los Motivo no son de Recibo. Este Tribunal de Casación estima que, en virtud de los dos motivos de casación invocados por el recurrente, es necesaria la revisión del cuadro fáctico que el Tribunal A-quo consideró como probado y determinar si existe correspondencia o no con la norma penal utilizada; además de realizar una revisión a la jurisprudencia que la Sala de lo Penal ha establecido en relación a lo que son armas de guerra y armas de uso comercial o personal. Los hechos probados revelan que el día 10 de mayo de 2015 el acusado Ángel Antonio Varela Reyes transitaba caminando por la Aldea Lucia, jurisdicción del municipio de Sonaguera, departamento de Colón, cuando fue requerido por la policía y al practicársele un registro personal se le encontró un arma de fuego tipo chimba de fabricación cacera o artesanal escopeta corta, calibre 410GA, en buen estado de funcionamiento. Los acontecimiento narrados establecen sin lugar a dudas que al acusado se le encuentra en posesión de un arma de fuego artesanal que si bien nunca podrá ser legalizada mediante el permiso correspondiente, como ya lo hemos establecido de manera jurisprudencial, tampoco puede considerarse la misma como un arma de guerra, debido a que estas no cuenta con la letalidad y potencia de un arma utilizada precisamente para conflictos bélicos y que son utilizadas por las fuerzas militares, en ese orden de ideas, mientras el legislador no determine cuál será la forma legal en tratar a las armas de fabricación casera y tal como lo hemos explicado en apartados anteriores, el principio de Favor Rei debe imperar y por ellos considerar a las armas de fabricación casera como un arma personal o comercial conforme el artículo 332-B del Código Penal, en tal sentido es procedente desestimar la presente impugnación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 332-B del Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Lenin David Ramos, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor Ángel Antonio Varela Reyes, a quien se le condenó por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-19-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
9 de 9